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13 Consecuente con los reproches que durante meses le hizo su partido político a lo que se estaba negociando en La Habana, el Presidente puso en el centro de su argumentación una palabra que los colombianos escucharon incansablemente por parte de la oposición al proceso de paz mientras se discutían los acuerdos: impunidad. Así, y amparado precisamente por ese principio, el Gobierno Nacional especificó que objetaría seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, dejando claro que con ello Colombia podría, finalmente, buscar un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Esto significa que el Congreso deberá debatir sobre seis artículos objetados (Art. 7, 19, 63, 79, 150 y 153) y pronunciarse al respecto antes del 20 de julio de este año cuando se acaba la legislatura (ver cuadro).

El domingo 10 de marzo en horas de la noche, el Presidente Iván Duque le informó a la ciudadanía que objetaría seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP y que haría una Reforma Constitucional para modificar tres competencias específicas de la Jurisdicción que ya están consagradas en la Constitución Política.

Adicionalmente, el Ejecutivo anunció que presentaría un proyecto de Acto Legislativo para modificar tres competencias específicas de la JEP que ya están consagradas en la Constitución Política de Colombia gracias al Acto Legislativo 01/17, y el Congreso también deberá surtir su trámite respectivo. ¿Cuáles son estos tres contenidos? “En primer lugar, que los delitos permanentes que se sigan cometiendo después del primero de diciembre de 2016 no sean competencia de la JEP, sino de la justicia ordinaria. Segundo, que la competencia de los crímenes contra los menores no sea de la Jurisdicción Especial, sino de la ordinaria. Y tercero, que quienes vuelvan a delinquir no tengan una pérdida parcial sino total de los beneficios adquiridos por haberse sometido a la JEP”, aclaró el docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, Marcos Criado de Diego.

Para aclaración general, el Acto Legislativo es un procedimiento de reforma constitucional a través del Congreso de la República y que eventualmente puede someterse a un referendo. En este caso, el Acto Legislativo 01/17 fue el que creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y entre los órganos que lo componen está la JEP, conformada por una Ley Estatutaria, que es aquella que otorga las competencias y los procedimientos a la Jurisdicción, y por una Ley de Procedimiento. Frente a las declaraciones emitidas desde la Casa de Nariño esa misma noche, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares Prieto, remitió una carta a la opinión pública en la que dijo que recibía la decisión de objetar parcialmente la Ley Estatutaria, “con el respeto debido al señor Presidente y aplicando los principios que rigen el Estado de Derecho”. En esa misma misiva señaló, para tranquilidad de muchos, que la JEP seguirá funcionando plenamente, “ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del año pasado”. Poco después de la alocución de Iván Duque, la presidenta de ese tribunal, Patricia Linares Prieto, a través de una carta dirigida al primer mandatario, dijo que reconocía la decisión del Ejecutivo y aclaró que la JEP seguiría funcionando con normalidad desde que se inauguró.

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Edición 220 Especial Mejores Administraciones II  

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