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n esta edición presentamos el tema denominado: “Placas Comerciales y Traspasos de Vehículos”. El autor comparte su opinión sobre la aplicación que la Administración Tributaria hace del artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos y sus Reformas, al obligar a Lic. Julio Abel García Alvarado un contribuyente a vender su vehículo Contador Público y Auditor cuando este tiene placas comerciales, Socio Defensa Fiscal Buró de Auditores “De León De para poder realizarle el cierre definitivo León & Asociados” de un negocio, o afiliarse a un impuesto cuando ha adquirido un vehículo con placas comerciales, para “tener derecho” a hacer el traspaso correspondiente. Exterioriza también lo que a su consideración sería un procedimiento a seguir por el fisco para darle cumplimiento correcto a lo regulado en el artículo 25 de la citada ley. En el segundo artículo se comparte el fragmento final del tema denominado: “CIUDADANO-CONTRIBUYENTE O CONTRIBUYENTE-ENEMIGO”. En el desarrollo de este artículo el Dr. Bayron De León, autor del mismo, presenta las reflexiones sobre el tema, basado en el libro intitulado: “Derecho penal del enemigo”, de los autores Günther Jakobs y Manuel Cancio Meliá. Aborda el problema de lo evidente y la desnuda coacción indicando que la práctica ha demostrado que lo evidente no es profundo, pues lo que para el fisco es evidente para el contribuyente es una utopía; y que en materia tributaria a un contribuyente no se le puede dar la categoría de “sujeto procesal”, pues no existe en su totalidad una verdadera tutela judicial. Concluye que la SAT cuenta con el monopolio de la violencia tributaria a favor del Estado, pues en Guatemala bajo un parámetro de legalidad, la Administración Tributaria como “autoridad” no cuenta con poder, sino con facultades administrativas; pero es evidente que la SAT actúa con “poder”, tanto sobre los contribuyentes como sobre los responsables tributarios, lo que da la apariencia que para la SAT todo contribuyente es un enemigo, pues los tratos así lo denotan.

Emilio Chuc Revista digital Buró “el sentido formal y material de los tributos”


PLACAS COMERCIALES Y TRASPASOS DE VEHÍCULOS

“CIUDADANOCONTRIBUYENTE O CONTRIBUYENTEENEMIGO”

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PLACAS COMERCIALES Y TRASPASOS DE VEHÍCULOS AUTOR:

Luis M. Aguilar Palacios

Contador Público y Auditor Msc. en Derecho Tributario


a. Obliga al contribuyente a hacer el traspaso de su vehículo con placas comerciales, en otras palabras, a “venderlo”, para poder realizarle el cierre definitivo de su negocio, o b. Lo obliga a inscribir un negocio cuando ha adquirido (enajenado) un vehículo con placas comerciales, para “tener derecho” a hacer el traspaso. El segundo párrafo del artículo en mención, indica:

“La Administración Tributaria únicamente proporcionará placas para uso comercial, de transporte de personas o carga, transporte escolar, uso agrícola, industrial, de construcción, de servicios o de distribuidor, a los vehículos propiedad de contribuyentes que se encuentren inscritos ante la Administración Tributaria como contribuyentes del Impuesto al Va-

lor Agregado y a otros impuestos si corresponde.”

Lo preceptuado anteriormente es claro, porque dice “…únicamente proporcio-

nará placas de uso comercial…”,

sin embargo, es mal interpretado por el personal de la SAT, ya que, para entenderlo mejor, debemos de ir a lo que indica el artículo 16 del Reglamento de dicha Ley:

“De conformidad con el artículo 25 de la Ley, la Administración Tributaria para asignar placas de la serie comercial…verificará que el propietario se encuentre inscrito como contribuyente del Impuesto al Valor Agregado y a otros impuestos cuando corresponda, y que se encuentre solvente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.”. La palabra clave aquí es “verificará”, no dice “inscribirá”, por lo tanto, el técnico o empleado de la Administración Tributaria: verificá que el propietario esté inscrito como contribuyente del Impuesto Valor Agregado y otro impuesto cuando corresponda, si no lo está, hacé lo que te indica el tercer párrafo del artículo 25 de la Ley:

“En los casos de enajenación de vehículos anteriormente mencionados, la Administración Tributaria debe verificar si el nuevo propietario se encuentra inscrito como Contribuyente del Impuesto al Valor Agregado y a otros impuestos si corresponde; en

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En esta ocasión comparto mi opinión con relación a lo que establece el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos y sus Reformas, Decreto número 70-94 del Congreso de la República de Guatemala, ya que en ocasiones nos hemos dado cuenta o lo hemos vivido en carne propia, cuando el personal de la Superintendencia de Administración Tributaria:

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caso contrario, la Administración Tributaria, de oficio, realizará el cambio de tipo y serie del distintivo de identificación de vehículo.” (Negrita y subrayado por el autor).

Este párrafo le vuelve a decir al técnico o empleado de la SAT: que debe

verificar que esté inscrito,

caso contrario (o sea, si no está inscrito) de oficio1 se deberá cambiar de tipo y serie del distintivo del vehículo, es decir de Placas Comerciales a Particulares. Si aun así, no le queda claro al técnico de la SAT lo que tiene que hacer, el artículo 15 del Reglamento le da otra opción:

de forma justificada que al vehículo se le asignen placas particulares y la Administración Tributaria deberá asignar ese tipo de placas. La Administración Tributaria respetuosa de los procedimientos legales debería atender la petición del contribuyente y no imponer para “facilitarse” su trabajo el uso de placas comerciales. La Superintendencia de Administración Tributaria con el fin de minimizar el riesgo a ser engañada por un mal contribuyente -porque de todo hay en la viña del Señor-, podría requerir que el interesado justifique su solicitud de asignación de placas particulares a su vehículo, en lugar de placas comerciales, por medio de declaración jurada.

“En el caso de los vehículos a que se refieren los artículos 12 inciso b y 13 de la Ley, el Registro a solicitud justificada del contribuyente, les asignará placas de la serie particular o comercial.” En otras palabras el artículo indica el procedimiento a seguir por el técnico o empleado de la Administración Tributaria para la Asignación de Distintivos de Identificación a los vehículos. Por ejemplo: Un contribuyente propietario de una camioneta con capacidad para 10 pasajeros que usa la misma para transportar su numerosa familia, y que dicho vehículo no será usado para transporte urbano, extraurbano o de carga, puede solicitar

1. Se denomina actuación de oficio a un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte.


el personal de la Administración Tributaria mal interpreta, hace caso omiso e incumple lo preceptuado tanto en la Ley como en el Reglamento de dicho impuesto, específicamente en los artículos en referencia. Por desconocimiento de la Ley o por arbitrariedad, le es más fácil rechazar una gestión que proceder como lo obliga la Ley. Además, violan el derecho constitucional de “Propiedad Privada”2 del contribuyente, al no permitirle tener en propiedad un vehículo.

2. Artículo 39. Constitución Política de la Republica de Guatemala.

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En conclusión,

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“CIUDADANOCONTRIBUYENTE O CONTRIBUYENTEENEMIGO” AUTOR: Bayron Ines de León de León

Doctor en Derecho Tributario y Mercantil. Experto en Consultoría Tributaria y Defensa Fiscal.


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Parte II El problema de lo evidente y la desnuda coacción. Los artículos 70 y 90 del Código Tributario, describen los verbos rectores para la presunción de ilícitos tributarios y todo descansa en la evidencia, es una tentación para los auditores tributarios, consignar en sus informes de auditoría ese verbo, pues la utilización del mismo, puede llevar como destino de un procedimiento de fiscalización o investigación, el diligenciamiento de una denuncia ante el Ministerio Público -MP- y sobre eso que pese una posible acusación que tenga como natural desenlace la cárcel sobre el contribuyente objeto de la fiscalización. La práctica ha demostrado que lo evidente no es profundo, pues lo que

para el fisco es evidente para el contribuyente es una utopía;

realmente en materia tributaria a un contribuyente no se le puede dar la categoría de “sujeto procesal”, no existe en su totalidad una verdadera tutela judicial, no existe un verdadero procedimiento para solicitar la práctica de pruebas, normalmente el contribuyente es engañado y coaccionado por parte del fisco, lo someten a determinadas tentaciones que hacen que el propio contribuyente declare un indicio que él mismo desconoce.

Por lo que aparece en múltiples formas la desnuda coacción, vista desde varios ángulos y entre tantos la coacción psicológica; eso pone en peligro el decurso ordenado de los procedimientos y ulterior proceso, es decir, la SAT normalmente conduce su proceder viendo al contribuyente como enemigo. La situación es idéntica respecto de cualquier coacción de una intervención, pues el fisco aplica diversos procedimientos y medidas de las que el contribuyente nada sabe en el momento de su ejecución, porque las mismas funcionan mientras el contribuyente no las conozca. El fisco hace uso de diversos medios para obtener pruebas, aun sabiendo que el procedimiento sea ilegal, logra el fisco que al contribuyente en la medida que se interviene en su ámbito es excluido de su derecho. La SAT abole derechos de

modo jurídicamente ordenado.

Lo evidente para el fisco en materia tributaria, normalmente se logra al margen de un procedimiento administrativo ordenado.


La Administración Tributaria parece ser que puede proceder de dos modos con los contribuyentes que por sus conductas, caen en ilícitos tributarios: puede ver en ellos contribuyentes que delinquen, que han cometido un error, o contribuyentes a los que hay que impedir mediante la coacción que destruyan el ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, cualquiera de las enumeradas puede ser legítimo, también lo es, que pueden ser usadas de forma equivocada y lo segundo es lo más común. Por otro lado, no todo contribuyente es un enemigo, por principio de ordenamiento jurídico. El punto de partida al que se anuda la regulación de los ilícitos tributarios en Guatemala es la regulación de la conducta

actuada, toda vez que, en la conducta planeada no existe un daño materializado, por lo que el Código Penal únicamente advierte el hecho futuro. Por

tanto, la simple planificación de un ilícito tributario no ve consumada la conducta defraudadora, es necesaria la consumación del mismo por medio de una declaración de impuestos que provoca menoscabo en la recaudación tributaria.

Ante los panoramas citados, el ver a un contribuyente como enemigo y buscar el castigo administrativo y penal, en realidad no son el medio para el mantenimiento de la vigencia de la norma, a mi juicio los ilícitos tributarios no alcanzan la categoría de delitos de lesa humanidad, si bien es cierto, son el medio para alcanzar el bien común, también lo es, que nadie en su sano juicio está en disposición de desapegarse de sus bienes para trasladarlos a manos del Estado, es por ello que la Administración Tributaria, no debe observar a ningún contribuyente como enemigo, pues ella misma estaría distorsionando la eficacia del sistema normativo. En la práctica tributaria es más que sabido, que ocurren vulneraciones extremas de derechos humanos elementales de los Contribuyentes, al punto que la misma Corte de Constitucionalidad en el expediente número 3267-2018, fecha de sentencia 05 de agosto del año 2019. Considerando V. Último párrafo, de forma literal sentenció que: “…Por ello, se exhorta a los órganos jurisdiccionales y a la Administración Tributaria a observar en toda actuación el respeto debido a las garantías tuteladas por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos…”

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¿Contribuyentes cómo enemigos?

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Lo que quiere decir que, la SAT debe en todo procedimiento administrativo tributario, considerar los alcances de los Derechos de los obligados tributarios en su calidad de contribuyentes y responsables y comprometerse a respetarlos. El hecho de que Guatemala haya aceptado la competencia y jurisdicción de tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instituidos en el Pacto de San José de Costa Rica, cuya doctrina y decisiones son obligatorias para los Estados partes, asegura la aplicación efectiva de los derechos consagrados en tales instrumentos internacionales. Lo anterior ocurre, porque la Administración Tributaria es un lugar integrado por muchos profesionales no tienen claro el establecimiento de esas garantías convencionales para los contribuyentes, lo único que saben y les han enseñado es que se debe recaudar a cualquier costa y de que cualquier forma, lo que interesa es llegar a metas tributarias sin importar las formas, es por ello que esas garantías convencionales no son respetadas ni en mínimos rasgos; y esas alteraciones del ordenamiento jurídico por parte de la SAT, también se deben de considerar como perturbaciones de ese orden jurídico y debiera también de ser penado.


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En Conclusión. La SAT cuenta con el monopolio de la violencia tributaria a favor del Estado, en Guatemala bajo un parámetro de legalidad, la Administración Tributaria como “autoridad” no cuenta con poder, sino con facultades administrativas; pero es evidente que la SAT actúa con “poder”, tanto sobre los contribuyentes como con los responsables tributarios. Y ese poder exagerado, le resta certeza al Estado desde una óptica tributaria, no ofrece suficiente seguridad jurídica tributaria y el contribuyente mismo, se siente más un enemigo de la SAT que un ciudadano-contribuyente. El sujeto tributario ve en la SAT una entidad que tiene como intención eliminarle de la vida empresarial, jurídica y tributaria. Parece ser que para la SAT todo contribuyente es un enemigo, pues los tratos así lo denotan.

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