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ISSN 0718-5561

Publicación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL T E C H O

P A R A

C H I L E

Primer - segundo semestre 2010

U N

Perspectivas de reconstrucción: Hacia un proceso participativo. Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010. Por Paloma del Villar Pobreza infantil en Chile: Una mirada a sus tendencias, dinámica e impacto en resultados educacionales. Por José Ramón Zubizarreta El derecho a una vivienda adecuada. Por Nicolás Espejo

Año 8 número 13

La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción. Por Joaquín Manzano y Emilia Valenzuela Desventajas más que pobreza: Derechos y el enfoque de las capacidades. Por José de la Cruz ¿Por qué conviene que Haití continúe siendo pobre? Por Alexander Kliwadenko y Sebastián Smart Entrevista a Pedro Güell Informe de Desarrollo Humano en Chile 2009, La manera de hacer las cosas.


EDITORIAL

Editorial

1

Investigación

2

Perspectivas de reconstrucción: Hacia un proceso participativo. Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010. Por Paloma del Villar

Investigación Directora CIS Javiera Pizarro

Equipo Publicación Paloma del Villar Javiera Pizarro María Paz Sagredo

13

Pobreza infantil en Chile: Una mirada a sus tendencias, dinámica e impacto en resultados educacionales. Por José Ramón Zubizarreta

Investigación

22

La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción. Por Joaquín Manzano y Emilia Valenzuela

Investigación

34

Bienestar habitacional y eficiencia energética de viviendas sociales industrializadas con estructura de madera. Por Marcelo González

Opinión

43

¿Por qué conviene que Haití continúe siendo pobre? Por Alexander Kliwadenko y Sebastián Smart

Colaboradores Patricio Domínguez Alexander Kliwadenko Sebastián Smart

Artículo

48

El derecho a una vivienda adecuada. Por Nicolás Espejo

Artículo

64

Desventajas más que pobreza: Derechos y el enfoque de las capacidades. Por José de la Cruz

Entrevista Diseño Gráfico Macarena Cortés M

ISSN 0718-5561

70

Pedro Güell, Informe de Desarrollo Humano en Chile 2009, La manera de hacer las cosas. Por María Paz Sagredo y Javiera Pizarro

Crónica

76

Cómo viven las familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010. Por Centro de Investigación Social (CIS), Un Techo para Chile

Reseña de libros

82

¿Es Chile un país católico? Comentarios a la nueva edición del texto homónimo de Alberto Hurtado. Por Patricio Domínguez Foto portada Zona afectada por terremoto y maremoto, Región del Maule, Chile

B

cis@untechoparachile.cl

www.untechoparachile.cl/cis

El año 2010 estuvo marcado por grandes acontecimientos que marcaron nuestra historia. En enero un terremoto asoló a Haití, uno de los países más pobres del mundo, y en febrero, otro terremoto sacudió a Chile, siendo uno de los sismos más grandes registrados a nivel mundial. Ambos hechos marcaron la pauta de lo que sería este año y cambiaron el rumbo de este año, y de nuestra historia. Para el 2010, Un Techo para Chile había tomado la decisión de no construir más viviendas de emergencia, considerando que estábamos abocados a la meta de un 2010 sin campamentos, con 10.000 familias con quienes nos habíamos comprometido en su proceso de erradicación. Pero la naturaleza nos jugó una mala pasada, y en menos de 6 meses ya habíamos construido más de 20.000 viviendas de emergencia para las familias afectadas por el terremoto y el maremoto. Y no sólo construimos mediaguas, sino que también quisimos saber qué pensaban las familias afectadas respecto a lo que les tocó vivir, cuáles eran sus expectativas frente al proceso que comenzaban a enfrentar y que era lo que aspiraban de su futuro. Y a la vez, seguimos trabajando con las familias de campamentos con quienes nos habíamos comprometido, y nos dimos cuenta que el logro de una meta no es sólo cumplir con un objetivo, sino que dar cuenta de una gestión que no puede involucrar a un solo grupo de la sociedad. Soñar con un 2010 sin campamentos se tradujo entonces en perseguir ese sueño y poner todo a disposición para lograrlo. A lo largo del tiempo en que hemos luchado por esto no hemos callado, sino que más bien, hemos actuado y nos hemos permitido hacernos partícipes y autores de una sociedad más justa. Ya celebramos el Bicentenario de nuestra patria, en un año muy distinto a lo que todos esperábamos. La meta propuesta en gran parte se ha logrado, pero un excesivo exitismo o satisfacción no puede dejar a algunos abandonados. Una sociedad con familias aún viviendo en campamentos, con familias afectadas por el terremoto y el maremoto que aún no tienen un techo digno, con familias excluidas y marginadas no es la sociedad que queremos. Es fácil decir que soñamos con una sociedad más justa, pero es muy distinto tomar una opción real por hacerlo. La historia no es neutra, la sociedad la va forjando. Hoy nos paramos ante el desafío de cambiar nuestra historia, de nunca callar, de siempre denunciar y actuar por el bien común. En este número abordamos la pobreza y la marginalidad desde distintas perspectivas, por un lado abarcamos la visión de las familias afectadas por el terremoto y la importancia que le dan a la organización y participación comunitaria en el proceso de reconstrucción. También tocamos el fenómeno de la pobreza infantil, sus dinámicas, tendencias e impacto en resultados educacionales. Asimismo, se estudian las percepciones de los jóvenes respecto a la pobreza y los modelos de intervención social más comunes que existen actualmente en Chile; el derecho a una vivienda adecuada y una discusión teórica sobre el enfoque de capacidades como modelo de aproximación a la pobreza. En la perspectiva latinoamericana recogimos el testimonio sobre Haití, su pobreza y conformación actual. En definitiva, este número contiene diversas visiones de cómo trabajamos, dimensionamos y conceptualizamos la pobreza actualmente. Asimismo, nos permite visualizar uno de los ejes transversales que ha marcado este año, y da cuenta de cómo un fenómeno que no depende del ser humano puede cambiar en tan poco tiempo una realidad que parecía escrita. Con todo lo que ha pasado este año hemos reforzado la idea de que cambiar la cara de la pobreza, de la exclusión y de quienes hoy más sufren es tarea de todos.

editorial

INDICE

CIS

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

1


EDITORIAL

Editorial

1

Investigación

2

Perspectivas de reconstrucción: Hacia un proceso participativo. Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010. Por Paloma del Villar

Investigación Directora CIS Javiera Pizarro

Equipo Publicación Paloma del Villar Javiera Pizarro María Paz Sagredo

13

Pobreza infantil en Chile: Una mirada a sus tendencias, dinámica e impacto en resultados educacionales. Por José Ramón Zubizarreta

Investigación

22

La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción. Por Joaquín Manzano y Emilia Valenzuela

Investigación

34

Bienestar habitacional y eficiencia energética de viviendas sociales industrializadas con estructura de madera. Por Marcelo González

Opinión

43

¿Por qué conviene que Haití continúe siendo pobre? Por Alexander Kliwadenko y Sebastián Smart

Colaboradores Patricio Domínguez Alexander Kliwadenko Sebastián Smart

Artículo

48

El derecho a una vivienda adecuada. Por Nicolás Espejo

Artículo

64

Desventajas más que pobreza: Derechos y el enfoque de las capacidades. Por José de la Cruz

Entrevista Diseño Gráfico Macarena Cortés M

ISSN 0718-5561

70

Pedro Güell, Informe de Desarrollo Humano en Chile 2009, La manera de hacer las cosas. Por María Paz Sagredo y Javiera Pizarro

Crónica

76

Cómo viven las familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010. Por Centro de Investigación Social (CIS), Un Techo para Chile

Reseña de libros

82

¿Es Chile un país católico? Comentarios a la nueva edición del texto homónimo de Alberto Hurtado. Por Patricio Domínguez Foto portada Zona afectada por terremoto y maremoto, Región del Maule, Chile

B

cis@untechoparachile.cl

www.untechoparachile.cl/cis

El año 2010 estuvo marcado por grandes acontecimientos que marcaron nuestra historia. En enero un terremoto asoló a Haití, uno de los países más pobres del mundo, y en febrero, otro terremoto sacudió a Chile, siendo uno de los sismos más grandes registrados a nivel mundial. Ambos hechos marcaron la pauta de lo que sería este año y cambiaron el rumbo de este año, y de nuestra historia. Para el 2010, Un Techo para Chile había tomado la decisión de no construir más viviendas de emergencia, considerando que estábamos abocados a la meta de un 2010 sin campamentos, con 10.000 familias con quienes nos habíamos comprometido en su proceso de erradicación. Pero la naturaleza nos jugó una mala pasada, y en menos de 6 meses ya habíamos construido más de 20.000 viviendas de emergencia para las familias afectadas por el terremoto y el maremoto. Y no sólo construimos mediaguas, sino que también quisimos saber qué pensaban las familias afectadas respecto a lo que les tocó vivir, cuáles eran sus expectativas frente al proceso que comenzaban a enfrentar y que era lo que aspiraban de su futuro. Y a la vez, seguimos trabajando con las familias de campamentos con quienes nos habíamos comprometido, y nos dimos cuenta que el logro de una meta no es sólo cumplir con un objetivo, sino que dar cuenta de una gestión que no puede involucrar a un solo grupo de la sociedad. Soñar con un 2010 sin campamentos se tradujo entonces en perseguir ese sueño y poner todo a disposición para lograrlo. A lo largo del tiempo en que hemos luchado por esto no hemos callado, sino que más bien, hemos actuado y nos hemos permitido hacernos partícipes y autores de una sociedad más justa. Ya celebramos el Bicentenario de nuestra patria, en un año muy distinto a lo que todos esperábamos. La meta propuesta en gran parte se ha logrado, pero un excesivo exitismo o satisfacción no puede dejar a algunos abandonados. Una sociedad con familias aún viviendo en campamentos, con familias afectadas por el terremoto y el maremoto que aún no tienen un techo digno, con familias excluidas y marginadas no es la sociedad que queremos. Es fácil decir que soñamos con una sociedad más justa, pero es muy distinto tomar una opción real por hacerlo. La historia no es neutra, la sociedad la va forjando. Hoy nos paramos ante el desafío de cambiar nuestra historia, de nunca callar, de siempre denunciar y actuar por el bien común. En este número abordamos la pobreza y la marginalidad desde distintas perspectivas, por un lado abarcamos la visión de las familias afectadas por el terremoto y la importancia que le dan a la organización y participación comunitaria en el proceso de reconstrucción. También tocamos el fenómeno de la pobreza infantil, sus dinámicas, tendencias e impacto en resultados educacionales. Asimismo, se estudian las percepciones de los jóvenes respecto a la pobreza y los modelos de intervención social más comunes que existen actualmente en Chile; el derecho a una vivienda adecuada y una discusión teórica sobre el enfoque de capacidades como modelo de aproximación a la pobreza. En la perspectiva latinoamericana recogimos el testimonio sobre Haití, su pobreza y conformación actual. En definitiva, este número contiene diversas visiones de cómo trabajamos, dimensionamos y conceptualizamos la pobreza actualmente. Asimismo, nos permite visualizar uno de los ejes transversales que ha marcado este año, y da cuenta de cómo un fenómeno que no depende del ser humano puede cambiar en tan poco tiempo una realidad que parecía escrita. Con todo lo que ha pasado este año hemos reforzado la idea de que cambiar la cara de la pobreza, de la exclusión y de quienes hoy más sufren es tarea de todos.

editorial

INDICE

CIS

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

1


1

Paloma del Villar Socióloga Pontificia Universidad Católica de Chile

El presente artículo muestra los resultados de un estudio que explora en las principales expectativas con respecto a la reconstrucción que configuran los afectados en las comunidades afectadas por el terremoto y maremoto ocurrido en la zona central y sur de Chile a principios del 2010. Se realizaron diversos focus groups con personas que perdieron sus viviendas en la catástrofe y entrevistas a informantes claves tales como dirigentes, funcionarios municipales y de las fuerzas públicas. Se tocaron temas relacionados con la reconstrucción y la organización comunitaria. A grandes rasgos, los resultados permiten sostener que existe una inquietud muy fuerte por participar en los procesos de reconstrucción y por solucionar las necesidades particulares de cada sector. La organización comunitaria aparece como una herramienta fundamental para los afectados, pero se encuentran muchas dificultades para su implementación, relacionadas con la falta de experiencia y el bajo capital social. Palabras claves: Catástrofe – reconstrucción – participación – organización comunitaria – localización – falta de información.

Introducción El pasado 27 de febrero un terremoto sacudió la mayor parte de la zona central y sur de Chile. Un posterior maremoto en la costa hizo desaparecer varias caletas y poblados y deterioró fuertemente a las ciudades emplazadas en la costa. Los daños ocasionados por la catás1 El informe completo de resultados del estudio realizado por el Centro de Investigación Social de Un Techo para Chile se encuentra en www.untechoparachile.cl/cis

2

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

trofe dejaron a miles de familias damnificadas. Muchas de ellas perdieron los logros de toda una vida y se han visto obligadas a reformular sus expectativas con respecto al futuro. La fase de reconstrucción recién comienza en algunos sectores, aunque fundamentalmente el país se encuentra en un proceso de organización de las acciones futuras. En este contexto, la correcta planificación y ejecución de la etapa de reconstrucción es de central importancia para las comunidades afectadas y el país en su conjunto.

Según Vargas (2002), en América Latina, gran parte de los desastres ocurren en la fase de reconstrucción. Esto, debido a que las políticas no logran la recuperación efectiva de las áreas afectadas. Un proceso de reconstrucción mal planificado y ejecutado podría derivar en graves consecuencias sociales que se mantienen por décadas, resultando en nuevas situaciones de vulnerabilidad. La reconstrucción de viviendas y comunidades tras las catástrofes naturales es un proceso continuo que comienza inmediatamente después del desastre y que demora varios años en concluir (Jha 2010). Según diversas experiencias internacionales, el éxito de este proceso está profundamente ligado al nivel de involucramiento de las comunidades en las soluciones entregadas. Al respecto, Vargas plantea que no considerar a quienes deben ser sujetos del proceso es “garantía de ilegitimidad del proceso de reconstrucción, independiente de la bondad de las propuestas técnicas y de la magnitud de los recursos invertidos” (Vargas 2002: 57). En este sentido, para lograr exitosamente la reconstrucción, es necesario que quienes diseñen las políticas consideren cómo quiere la gente participar, cuáles son las principales fortalezas y debilidades de las comunidades y reconozcan el derecho de los afectados a tomar decisiones que afectarán sus vidas (Jha, 2010). Sin embargo, los efectos de la catástrofe tienen asidero en carencias propias de las comunidades, las que hacen posibles las catástrofes y han sido nombradas como la vulnerabilidad social, que tiene que ver con el “bajo grado de organización y cohesión interna de comunidades que impide su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastre”

(Lavell 1993, 80). La participación ciudadana ha sido concebida como una herramienta mediante la cual la ciudadanía puede cristalizar sus demandas y movilizar sus intereses, con el fin de que estos se reflejen en el accionar público (Márquez, 2001). Sin embargo, los niveles de influencia de la participación ciudadana son diversos. Cuando los ciudadanos tienen incidencia en la toma de decisiones de las autoridades y son considerados como un actor central de las políticas, se está frente a un tipo de participación con alta influencia. Sin embargo, existen formas de participación ciudadana, que sólo contemplan la entrega de información a la ciudadanía o la consulta no vinculante, donde se pregunta por las preferencias, pero no hay mayor poder en la toma de decisiones. En este sentido, las metas de participación comunitaria deben sobrepasar el nivel informativo o pasivo - donde las comunidades son informadas de las medidas a tomar - y deben lograr un nivel interactivo2 donde las comunidades tengan poder en la toma de decisiones (Jha 2010). El presente artículo responde a la inquietud que surge tras la catástrofe de febrero, de indagar de manera exploratoria en las expectativas que poseen los afectados respecto de los futuros procesos de reconstrucción. Mediante el estudio de casos, se detectan los principales cambios en la organización comunitaria percibidos por los afectados, las expectativas de participación en la reconstrucción y se analizan las ventajas y limitaciones que detectan las comunidades, que podrían influir en proyectos de recuperación en el mediano y largo plazo. El objetivo principal fue establecer cuáles son las principales potencialidades de las comunidades que deben ser fomentadas, y las falencias que deben considerarse como elementos a trabajar para llevar a cabo un proceso integral de reconstrucción.

Metodología Se realizaron 8 focus grupos donde participaron 61 personas que perdieron sus viviendas en el terremoto y/o maremoto de febrero de 2010. Hubo casos de ciudades, pueblos y entidades rurales. Entre ellos cinco eran de sectores costeros y tres del interior. Se seleccionaron grupos diversos con el fin de tener una visión de los distintos contextos en que afectó el terremoto y maremoto. El detalle de los focus group se muestra en la tabla a continuación. 2 Sobre los tipos de participación en reconstrucción, ver “Comunity Organizing and Participation” en “Safer Houses, Stronger Comunities” editado por Jha (2010) para el Banco Mundial.

CIS

investigación

Perspectivas de reconstrucción: hacia un proceso participativo Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010

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1

Paloma del Villar Socióloga Pontificia Universidad Católica de Chile

El presente artículo muestra los resultados de un estudio que explora en las principales expectativas con respecto a la reconstrucción que configuran los afectados en las comunidades afectadas por el terremoto y maremoto ocurrido en la zona central y sur de Chile a principios del 2010. Se realizaron diversos focus groups con personas que perdieron sus viviendas en la catástrofe y entrevistas a informantes claves tales como dirigentes, funcionarios municipales y de las fuerzas públicas. Se tocaron temas relacionados con la reconstrucción y la organización comunitaria. A grandes rasgos, los resultados permiten sostener que existe una inquietud muy fuerte por participar en los procesos de reconstrucción y por solucionar las necesidades particulares de cada sector. La organización comunitaria aparece como una herramienta fundamental para los afectados, pero se encuentran muchas dificultades para su implementación, relacionadas con la falta de experiencia y el bajo capital social. Palabras claves: Catástrofe – reconstrucción – participación – organización comunitaria – localización – falta de información.

Introducción El pasado 27 de febrero un terremoto sacudió la mayor parte de la zona central y sur de Chile. Un posterior maremoto en la costa hizo desaparecer varias caletas y poblados y deterioró fuertemente a las ciudades emplazadas en la costa. Los daños ocasionados por la catás1 El informe completo de resultados del estudio realizado por el Centro de Investigación Social de Un Techo para Chile se encuentra en www.untechoparachile.cl/cis

2

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

trofe dejaron a miles de familias damnificadas. Muchas de ellas perdieron los logros de toda una vida y se han visto obligadas a reformular sus expectativas con respecto al futuro. La fase de reconstrucción recién comienza en algunos sectores, aunque fundamentalmente el país se encuentra en un proceso de organización de las acciones futuras. En este contexto, la correcta planificación y ejecución de la etapa de reconstrucción es de central importancia para las comunidades afectadas y el país en su conjunto.

Según Vargas (2002), en América Latina, gran parte de los desastres ocurren en la fase de reconstrucción. Esto, debido a que las políticas no logran la recuperación efectiva de las áreas afectadas. Un proceso de reconstrucción mal planificado y ejecutado podría derivar en graves consecuencias sociales que se mantienen por décadas, resultando en nuevas situaciones de vulnerabilidad. La reconstrucción de viviendas y comunidades tras las catástrofes naturales es un proceso continuo que comienza inmediatamente después del desastre y que demora varios años en concluir (Jha 2010). Según diversas experiencias internacionales, el éxito de este proceso está profundamente ligado al nivel de involucramiento de las comunidades en las soluciones entregadas. Al respecto, Vargas plantea que no considerar a quienes deben ser sujetos del proceso es “garantía de ilegitimidad del proceso de reconstrucción, independiente de la bondad de las propuestas técnicas y de la magnitud de los recursos invertidos” (Vargas 2002: 57). En este sentido, para lograr exitosamente la reconstrucción, es necesario que quienes diseñen las políticas consideren cómo quiere la gente participar, cuáles son las principales fortalezas y debilidades de las comunidades y reconozcan el derecho de los afectados a tomar decisiones que afectarán sus vidas (Jha, 2010). Sin embargo, los efectos de la catástrofe tienen asidero en carencias propias de las comunidades, las que hacen posibles las catástrofes y han sido nombradas como la vulnerabilidad social, que tiene que ver con el “bajo grado de organización y cohesión interna de comunidades que impide su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastre”

(Lavell 1993, 80). La participación ciudadana ha sido concebida como una herramienta mediante la cual la ciudadanía puede cristalizar sus demandas y movilizar sus intereses, con el fin de que estos se reflejen en el accionar público (Márquez, 2001). Sin embargo, los niveles de influencia de la participación ciudadana son diversos. Cuando los ciudadanos tienen incidencia en la toma de decisiones de las autoridades y son considerados como un actor central de las políticas, se está frente a un tipo de participación con alta influencia. Sin embargo, existen formas de participación ciudadana, que sólo contemplan la entrega de información a la ciudadanía o la consulta no vinculante, donde se pregunta por las preferencias, pero no hay mayor poder en la toma de decisiones. En este sentido, las metas de participación comunitaria deben sobrepasar el nivel informativo o pasivo - donde las comunidades son informadas de las medidas a tomar - y deben lograr un nivel interactivo2 donde las comunidades tengan poder en la toma de decisiones (Jha 2010). El presente artículo responde a la inquietud que surge tras la catástrofe de febrero, de indagar de manera exploratoria en las expectativas que poseen los afectados respecto de los futuros procesos de reconstrucción. Mediante el estudio de casos, se detectan los principales cambios en la organización comunitaria percibidos por los afectados, las expectativas de participación en la reconstrucción y se analizan las ventajas y limitaciones que detectan las comunidades, que podrían influir en proyectos de recuperación en el mediano y largo plazo. El objetivo principal fue establecer cuáles son las principales potencialidades de las comunidades que deben ser fomentadas, y las falencias que deben considerarse como elementos a trabajar para llevar a cabo un proceso integral de reconstrucción.

Metodología Se realizaron 8 focus grupos donde participaron 61 personas que perdieron sus viviendas en el terremoto y/o maremoto de febrero de 2010. Hubo casos de ciudades, pueblos y entidades rurales. Entre ellos cinco eran de sectores costeros y tres del interior. Se seleccionaron grupos diversos con el fin de tener una visión de los distintos contextos en que afectó el terremoto y maremoto. El detalle de los focus group se muestra en la tabla a continuación. 2 Sobre los tipos de participación en reconstrucción, ver “Comunity Organizing and Participation” en “Safer Houses, Stronger Comunities” editado por Jha (2010) para el Banco Mundial.

CIS

investigación

Perspectivas de reconstrucción: hacia un proceso participativo Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010

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FOCUS GROUPS Región

Lugar

Situación de Terreno

Catastrofe

Lugar

VI

Lolol Rural

Sitio Residente

Terremoto

Entidad Rural

VI

Lolol Patrimonial

Sitio Residente

Terremoto

Pueblo

VI

Pueblo de Zuñiga

Sitio Residente

Terremoto

Pueblo

VII

Curanipe

Campamento de emergencia

Maremoto

Pueblo

VII

Pelluhue

Campamento de emergencia

Maremoto

Pueblo

VII

Constitución

Sitio Residente

Maremoto

Ciudad

VII

Constitución

Campamento de emergencia

Maremoto

Ciudad

VIII

Talcahuano

Sitio Residente

Maremoto

Ciudad

Además, se hicieron 14 entrevistas a informantes claves de las comunidades, entre ellos seis dirigentes vecinales, cinco funcionarios municipales y tres cargos de mando de fuerzas públicas que trabajaron en los sectores de catástrofe. Tanto los focus groups como las entrevistas se hicieron con pautas semi estructuradas, que trataban diversos temas relacionados con las expectativas para la reconstrucción y la organización comunitaria. Se indagó en las perspectivas de participación en los procesos, en expectativas de viviendas y barrios y en los principales temores y dificultades que según los afectados tendrían los procesos de reconstrucción. Además se preguntó por el tipo de organización previa a la catástrofe y la situación actual de la organización comunitaria. El terreno fue realizado entre el 24 de abril y 4 de mayo del 2010, es decir a un poco más de dos meses de la catástrofe. Por lo mismo, el estudio pretende rescatar las primeras impresiones de los afectados, que sin duda pueden ir variando conforme se realiza el proceso de duelo. A continuación se presentan los principales resultados.

Resultados 1. La catástrofe como oportunidad de recuperar vínculos comunitarios Entre los casos de estudio se encuentran diversos niveles de organización antes del terremoto y maremoto. Sin embargo, existen entre ellos características comunes que permiten obtener una visión general del punto de partida con el que las comunidades enfrentaron la situación de emergencia. En el sector rural, los vecinos dicen haberse reunido con frecuencia para buscar asistencia municipal (entrega de frazadas y comida). Esto se debe principalmente a que en este caso, el nivel de precariedad y aislamiento en que viven los entrevistados los hace mayormente dependientes del apoyo del municipio. En el resto de los casos

4

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

la organización y participación que existía previamente era casi nula. Si bien en la mayoría de los casos existían juntas de vecinos, gran parte de los afectados señaló que no había mayor interés por participar en estas organizaciones. Las razones de la baja participación eran en gran medida la falta de objetivos comunes que estas proporcionan. La organización vecinal no tenía sentido para la mayoría de los afectados, en la medida que no otorgaba ningún beneficio o porque simplemente no existía mayor necesidad de obtener ayuda de ésta. Por otro lado, mencionan un alto nivel de individualismo y una baja cultura comunitaria, reforzada por la importancia de la familia. El trabajo cotidiano y los principales intereses de los afectados giraban en torno a la mantención de la propia familia y su bienestar y las relaciones con vecinos se limitaban al saludo. “…No teníamos idea quién era la presidenta, quién era el tesorero. Pero también es culpa de nosotros que a veces llegaban papelitos de reuniones y uno “ya, pa’ que voy a ir a lesiar”. Hombre, Talcahuano

“Aquí cada cual vivía su mundo. Yo por ejemplo del trabajo a la casa de la casa al trabajo (…) Es que la gente no era unida acá, entonces no le interesaba estar en organizaciones aparte de las organizaciones de los pescadores, del sindicato, pero era obvio porque conseguían cosas…” Hombre, Curanipe

El maremoto y terremoto son interpretados por muchos de los entrevistados como un remezón en la vida comunitaria. La emergencia de problemas comunes, la necesidad de ayuda en la situación de emergencia y la obligación de vivir juntos en un espacio reducido han sido las principales razones por las cuales los vecinos se han organizado luego de la catástrofe. Sin embargo, la organización vecinal a dos meses del terremoto es frágil. La coordinación se ha dado principalmente para recibir ayudas y ha ocurrido de manera espontánea. En muchos de los casos han surgido nuevos

líderes vecinales, distintos de los que previamente existían en las juntas de vecinos y algunos han sido legitimados por votaciones. En otros sectores, se han retomado organizaciones previas para afrontar las problemáticas actuales3. Muchos manifiestan deseo de mantenerse unidos como comunidad. Pero estos deseos se ven contrastados con las dificultades de organizarse. El aumento de los conflictos se presenta como una dificultad a la organización en la medida en que la repartición de beneficios, y el “aprovechamiento” de algunos, ha hecho brotar problemas entre los afectados. Existe la percepción de que la dificultad de actuar en conjunto ha dividido a la comunidad unida en los primeros días después de la catástrofe, y que cada uno “rema para su propio lado”. En el caso de Talcahuano, los entrevistados mencionaron la división de la comunidad fruto de los problemas políticos y la formación de directivas parciales apoyados por distintos concejales. Por otro lado, las dificultades que encuentra la organización de los vecinos están estrechamente ligadas con el estado emocional de los mismos y el stress que se manifiesta en irritabilidad y conflictos. Sin embargo, la necesidad hace inevitable recurrir a los demás. En este sentido, los más reticentes al trabajo en conjunto mencionan la necesidad de asistir a reuniones informativas, para no perder oportunidades de ayuda. En los casos donde la organización no ha aflorado, los vecinos manifiestan una necesidad por unirse y organizarse en su discurso. “Primero yo lo que haría de que nos organizáramos, que tuviéramos una oficina donde todos los días podamos ir a conversar, a hacer esas consultas, a recibir orientación.” Mujer, Lolol Patrimonial

Es así como existen fuertes contradicciones en las comunidades. Por un lado está la necesidad de organizarse para obtener ayuda más rápido y la necesidad sentida de apoyo mutuo, y por otro, existen grandes dificultades al momento de hacer efectiva la vida en comunidad por la desconfianza y falta de cohesión. La situación de riesgo actual puso en evidencia la necesidad de los afectados en confiar en otros que están viviendo la misma situación, pero sin embargo se encuentran dificultades al depositar esa confianza por la escasez de experiencias previas. El concepto de capital social se vuelve un elemento esclarecedor de esta realidad. Entendemos capital social como un “recurso de las personas, grupos y las colectividades en sus relaciones sociales” (Durston, 2003: 154). Las relaciones con capital social contienen generalmente confianza, reciprocidad y cooperación. En los casos de 3 En el caso de Lolol patrimonial se vuelve a juntar el grupo de dueños de casas con carácter de monumento nacional, que no se juntaba desde 2003.

estudio se observa un bajo capital social previo al terremoto y maremoto, y una necesidad actual por ampliar los círculos de confianza en las familias y establecer relaciones fructíferas en dichos términos. Las dificultades de establecer relaciones de confianza son importantes. Si se entiende la confianza como un producto de interacciones constantes entre las personas que mediante la experiencia acumulada tienden a superar la aversión al riesgo, esto significaría que no es un elemento cultural inamovible, sino que puede ser modificado por la experiencia (Durston 2003). Se puede establecer que en las comunidades afectadas por la catástrofe se están comenzando a gestar relaciones de confianza, que encuentran dificultades inherentes a la falta de experiencia previa. Sin embargo, estas dificultades pueden ser superadas por las comunidades en la medida que hay un interés común y vecindad como materias primas de capital social4.

2. Posibilidades de participación en la reconstrucción En el testimonio de los afectados, las esperanzas de participar en una futura reconstrucción se hacen presentes. La inquietud de participación aparece como algo natural, en la medida en que todos quieren ver sus casas reconstruidas, por lo que se vuelve necesario que todos aporten. Sin embargo, existe una fuerte desorientación respecto de las formas en que las inquietudes de los afectados pueden ser canalizadas y el tipo de aporte que los mismos pueden realizar. Lo novedoso de la situación, considerando que muchos nunca habían postulado a subsidios habitacionales5 y la desinformación que existe en las zonas afectadas dificulta una proyección de esta participación. “O sea la gente queda como en el aire, la incertidumbre de no saber que viene es complicado. Por otro lado, yo participo mucho en reuniones, constantemente trabajando con el municipio, con gente de gobierno regional, y con la gente del Techo y la respuesta es otra” Hombre, Constitución

Es por esto, que a pesar de que a la mayoría les parece evidente que los afectados deben cooperar en el proceso 4 Según Durston todas las comunidades tienen un capital social en potencia. El capital social comunitario es el que “implica la ampliación de radios de confianza, cooperación y afectividad desde el hogar, parientes cercanos o el grupo pequeño a una colectividad de personas que comparten elementos de materia prima de capital social como la vecindad y etnicidad” (Durston 2003, 175). 5 Según datos de quienes recibieron viviendas de emergencia de un Techo para Chile, sólo el 10,2% de quienes perdieron sus viviendas con la catástrofe habían postulado alguna vez a un subsidio habitacional.

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investigación

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FOCUS GROUPS Región

Lugar

Situación de Terreno

Catastrofe

Lugar

VI

Lolol Rural

Sitio Residente

Terremoto

Entidad Rural

VI

Lolol Patrimonial

Sitio Residente

Terremoto

Pueblo

VI

Pueblo de Zuñiga

Sitio Residente

Terremoto

Pueblo

VII

Curanipe

Campamento de emergencia

Maremoto

Pueblo

VII

Pelluhue

Campamento de emergencia

Maremoto

Pueblo

VII

Constitución

Sitio Residente

Maremoto

Ciudad

VII

Constitución

Campamento de emergencia

Maremoto

Ciudad

VIII

Talcahuano

Sitio Residente

Maremoto

Ciudad

Además, se hicieron 14 entrevistas a informantes claves de las comunidades, entre ellos seis dirigentes vecinales, cinco funcionarios municipales y tres cargos de mando de fuerzas públicas que trabajaron en los sectores de catástrofe. Tanto los focus groups como las entrevistas se hicieron con pautas semi estructuradas, que trataban diversos temas relacionados con las expectativas para la reconstrucción y la organización comunitaria. Se indagó en las perspectivas de participación en los procesos, en expectativas de viviendas y barrios y en los principales temores y dificultades que según los afectados tendrían los procesos de reconstrucción. Además se preguntó por el tipo de organización previa a la catástrofe y la situación actual de la organización comunitaria. El terreno fue realizado entre el 24 de abril y 4 de mayo del 2010, es decir a un poco más de dos meses de la catástrofe. Por lo mismo, el estudio pretende rescatar las primeras impresiones de los afectados, que sin duda pueden ir variando conforme se realiza el proceso de duelo. A continuación se presentan los principales resultados.

Resultados 1. La catástrofe como oportunidad de recuperar vínculos comunitarios Entre los casos de estudio se encuentran diversos niveles de organización antes del terremoto y maremoto. Sin embargo, existen entre ellos características comunes que permiten obtener una visión general del punto de partida con el que las comunidades enfrentaron la situación de emergencia. En el sector rural, los vecinos dicen haberse reunido con frecuencia para buscar asistencia municipal (entrega de frazadas y comida). Esto se debe principalmente a que en este caso, el nivel de precariedad y aislamiento en que viven los entrevistados los hace mayormente dependientes del apoyo del municipio. En el resto de los casos

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la organización y participación que existía previamente era casi nula. Si bien en la mayoría de los casos existían juntas de vecinos, gran parte de los afectados señaló que no había mayor interés por participar en estas organizaciones. Las razones de la baja participación eran en gran medida la falta de objetivos comunes que estas proporcionan. La organización vecinal no tenía sentido para la mayoría de los afectados, en la medida que no otorgaba ningún beneficio o porque simplemente no existía mayor necesidad de obtener ayuda de ésta. Por otro lado, mencionan un alto nivel de individualismo y una baja cultura comunitaria, reforzada por la importancia de la familia. El trabajo cotidiano y los principales intereses de los afectados giraban en torno a la mantención de la propia familia y su bienestar y las relaciones con vecinos se limitaban al saludo. “…No teníamos idea quién era la presidenta, quién era el tesorero. Pero también es culpa de nosotros que a veces llegaban papelitos de reuniones y uno “ya, pa’ que voy a ir a lesiar”. Hombre, Talcahuano

“Aquí cada cual vivía su mundo. Yo por ejemplo del trabajo a la casa de la casa al trabajo (…) Es que la gente no era unida acá, entonces no le interesaba estar en organizaciones aparte de las organizaciones de los pescadores, del sindicato, pero era obvio porque conseguían cosas…” Hombre, Curanipe

El maremoto y terremoto son interpretados por muchos de los entrevistados como un remezón en la vida comunitaria. La emergencia de problemas comunes, la necesidad de ayuda en la situación de emergencia y la obligación de vivir juntos en un espacio reducido han sido las principales razones por las cuales los vecinos se han organizado luego de la catástrofe. Sin embargo, la organización vecinal a dos meses del terremoto es frágil. La coordinación se ha dado principalmente para recibir ayudas y ha ocurrido de manera espontánea. En muchos de los casos han surgido nuevos

líderes vecinales, distintos de los que previamente existían en las juntas de vecinos y algunos han sido legitimados por votaciones. En otros sectores, se han retomado organizaciones previas para afrontar las problemáticas actuales3. Muchos manifiestan deseo de mantenerse unidos como comunidad. Pero estos deseos se ven contrastados con las dificultades de organizarse. El aumento de los conflictos se presenta como una dificultad a la organización en la medida en que la repartición de beneficios, y el “aprovechamiento” de algunos, ha hecho brotar problemas entre los afectados. Existe la percepción de que la dificultad de actuar en conjunto ha dividido a la comunidad unida en los primeros días después de la catástrofe, y que cada uno “rema para su propio lado”. En el caso de Talcahuano, los entrevistados mencionaron la división de la comunidad fruto de los problemas políticos y la formación de directivas parciales apoyados por distintos concejales. Por otro lado, las dificultades que encuentra la organización de los vecinos están estrechamente ligadas con el estado emocional de los mismos y el stress que se manifiesta en irritabilidad y conflictos. Sin embargo, la necesidad hace inevitable recurrir a los demás. En este sentido, los más reticentes al trabajo en conjunto mencionan la necesidad de asistir a reuniones informativas, para no perder oportunidades de ayuda. En los casos donde la organización no ha aflorado, los vecinos manifiestan una necesidad por unirse y organizarse en su discurso. “Primero yo lo que haría de que nos organizáramos, que tuviéramos una oficina donde todos los días podamos ir a conversar, a hacer esas consultas, a recibir orientación.” Mujer, Lolol Patrimonial

Es así como existen fuertes contradicciones en las comunidades. Por un lado está la necesidad de organizarse para obtener ayuda más rápido y la necesidad sentida de apoyo mutuo, y por otro, existen grandes dificultades al momento de hacer efectiva la vida en comunidad por la desconfianza y falta de cohesión. La situación de riesgo actual puso en evidencia la necesidad de los afectados en confiar en otros que están viviendo la misma situación, pero sin embargo se encuentran dificultades al depositar esa confianza por la escasez de experiencias previas. El concepto de capital social se vuelve un elemento esclarecedor de esta realidad. Entendemos capital social como un “recurso de las personas, grupos y las colectividades en sus relaciones sociales” (Durston, 2003: 154). Las relaciones con capital social contienen generalmente confianza, reciprocidad y cooperación. En los casos de 3 En el caso de Lolol patrimonial se vuelve a juntar el grupo de dueños de casas con carácter de monumento nacional, que no se juntaba desde 2003.

estudio se observa un bajo capital social previo al terremoto y maremoto, y una necesidad actual por ampliar los círculos de confianza en las familias y establecer relaciones fructíferas en dichos términos. Las dificultades de establecer relaciones de confianza son importantes. Si se entiende la confianza como un producto de interacciones constantes entre las personas que mediante la experiencia acumulada tienden a superar la aversión al riesgo, esto significaría que no es un elemento cultural inamovible, sino que puede ser modificado por la experiencia (Durston 2003). Se puede establecer que en las comunidades afectadas por la catástrofe se están comenzando a gestar relaciones de confianza, que encuentran dificultades inherentes a la falta de experiencia previa. Sin embargo, estas dificultades pueden ser superadas por las comunidades en la medida que hay un interés común y vecindad como materias primas de capital social4.

2. Posibilidades de participación en la reconstrucción En el testimonio de los afectados, las esperanzas de participar en una futura reconstrucción se hacen presentes. La inquietud de participación aparece como algo natural, en la medida en que todos quieren ver sus casas reconstruidas, por lo que se vuelve necesario que todos aporten. Sin embargo, existe una fuerte desorientación respecto de las formas en que las inquietudes de los afectados pueden ser canalizadas y el tipo de aporte que los mismos pueden realizar. Lo novedoso de la situación, considerando que muchos nunca habían postulado a subsidios habitacionales5 y la desinformación que existe en las zonas afectadas dificulta una proyección de esta participación. “O sea la gente queda como en el aire, la incertidumbre de no saber que viene es complicado. Por otro lado, yo participo mucho en reuniones, constantemente trabajando con el municipio, con gente de gobierno regional, y con la gente del Techo y la respuesta es otra” Hombre, Constitución

Es por esto, que a pesar de que a la mayoría les parece evidente que los afectados deben cooperar en el proceso 4 Según Durston todas las comunidades tienen un capital social en potencia. El capital social comunitario es el que “implica la ampliación de radios de confianza, cooperación y afectividad desde el hogar, parientes cercanos o el grupo pequeño a una colectividad de personas que comparten elementos de materia prima de capital social como la vecindad y etnicidad” (Durston 2003, 175). 5 Según datos de quienes recibieron viviendas de emergencia de un Techo para Chile, sólo el 10,2% de quienes perdieron sus viviendas con la catástrofe habían postulado alguna vez a un subsidio habitacional.

CIS

investigación

Perspectivas de reconstrucción: hacia un proceso participativo Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010

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un sentimiento de apropiación de los nuevos espacios, elemento central para una reconstrucción exitosa (Jha 2010). De esta manera, la movilización de las organizaciones comunitarias que comienzan a surgir luego de la catástrofe sería un punto de partida fundamental para la producción de proyectos cuyos actores principales sean los afectados.

de reconstrucción, las ideas de cómo se puede llevar a cabo esa participación son escasas. En la mayoría de los casos, los hombres mencionan como forma de participación el trabajo físico en las obras y su apoyo en la supervisión de las mismas. Otros casos sugieren el aporte en dinero para pagos de maestros o supervisión profesional. Las mujeres proponen la preparación de almuerzos y acogida para quienes realicen los trabajos de construcción. Esta propuesta tiene que ver con qué ese modo de participación aparece como la más accesible para los entrevistados. Además, en algunos casos, este tipo de participación ya se realizó en una primera instancia con la construcción de viviendas de emergencia, por lo que resulta una forma familiar de cooperación.

3. Potenciales de la organización comunitaria Los dirigentes entrevistados y algunos de los vecinos afectados por el terremoto y maremoto reconocen claramente los potenciales de la organización comunitaria. La necesidad de organizarse y participar activamente en el proceso de reconstrucción parece obvia en la medida en que el accionar en conjunto puede ser más efectivo y beneficioso para todos que la acción individual. Por otro lado, algunos manifiestan la necesidad de realizar un proceso equitativo. De sus palabras se desprende que no sería justo que algunos superaran la situación de emergencia si es que hay otros que quedan sin solución.

“ - Bueno todos no podemos comprar los materiales… - Ayudando también po, trabajando, uno es joven y puede ayudar, aunque sea poco - Claro, con trabajo, no materialmente - Un plato de comida, un almuerzo, un desayuno, un plato de bebida, una ayuda para ellos ya, no se tienen que ir a sus casas y tener que volver de nuevo, esa podría ser una ayuda”

“[Tenemos que estar] unidos, nadie te escucha si vas sólo, el problema es que no te toman en cuenta. Y como dicen hay que ir acompañado para poder luchar”

Diálogo Hombres y Mujeres, Constitución

Además, existen sugerencias de participación mediante el aporte de ideas, la presentación de proyectos en común y la comunicación. Esta opción es mayormente acuñada por los dirigentes6 y por los habitantes de sectores costeros, donde la necesidad de organización permanente ha sido mayor por las características de la devastación dejada por el maremoto. Los afectados hablan de participar mediante la organización y división de tareas.

recibir ayudas limita el horizonte de participación. Estas problemáticas hacen indudable la necesidad de elaborar vías de colaboración efectiva y realmente participativas, de manera que tenga sentido el aporte de ideas por parte de los afectados. “Que nos dieran a elegir las casas. Sería lo más bonito, nosotros poder elegir “una casa así queremos nosotros” (…) elegir en esa queremos vivir, sentirse a gusto.” Hombre, Curanipe

“Que sigan juntos, poder elaborar proyectos, que acudan al municipio, porque se puede hacer, el municipio tiene recursos, se le están entregando más, podemos pedirlos a la gobernación. La gente está dispuesta a participar, eso se nota en el día que abrimos esta sede y hubo que limpiarla, incluso mujeres trabajando con pala. Nosotros pedimos apoyo y llegan” Dirigente, Talcahuano Si bien existe optimismo con respecto a las intenciones de la gente en participar, que se ha visto en el aporte que ha existido en la remoción de escombros y otro tipo de tareas, los dirigentes temen al acostumbramiento de la gente a recibir sin hacer nada a cambio. Esta conducta se ve reforzada por la entrega de ayudas muchas veces innecesarias y por la impotencia de los afectados a generar cambios en su situación. En el sector rural (Lolol y Zúñiga) el problema del paternalismo se vuelve evidente, tanto en el discurso de dirigentes como en el de la comunidad de base, donde el acostumbramiento a 6 Extraído de las entrevistas a informantes claves

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La participación en los proyectos de reconstrucción resulta ser un paso evidente para los afectados en el logro de sus nuevas viviendas. Sin embargo, la participación en políticas públicas es algo que muy pocos han experimentado, y por lo mismo no existen muchas nociones respecto de cómo ésta puede darse. Para algunos la participación radica en la elección de las viviendas, sin embargo existen comunidades que mencionan el deseo de ser parte central en la elaboración de los proyectos. La intención de tener un rol de mayor influencia en las políticas es expresada de manera más clara en el discurso de los dirigentes entrevistados. En estos casos, la exigencia de participación va más allá de la mera recepción de información y requiere que los afectados sean considerados como sujetos influyentes en la elaboración de los proyectos. Según experiencia internacional, en tiempos de catástrofe es preferible la expansión de la participación de las comunidades afectadas. La participación reporta beneficios tales como el aumento del capital social, el aumento de las capacidades locales y genera

Mujer, Talcahuano

“Lo mismo, una persona que tiene más contactos puede ser más fácil sacar un subsidio. Pero la idea es que llegamos juntos y salimos juntos. Somos todos bañados por el mismo río. Porque individual no va a ser la misma ayuda para todos, porque algunos no los pescan.”

cada uno de forma independiente, hay gente que no sabe leer, no tiene idea donde sacar un documento, de hecho ya hay grupos que dicen mira nosotros te ofrecemos casa pero quieren una cantidad de plata, son fáciles de envolver” Dirigente, Talcahuano

En otros sectores, la acción colectiva pareciera ser un paso lógico debido a que todos presentan o atraviesan por los mismos problemas, aunque cada uno pueda gestionar su propia solución. El caso de Lolol patrimonial es ejemplar en este sentido. Los afectados presentan un mayor capital para afrontar la situación y distintos intereses, pero el problema en común amerita algún grado de cooperación. “- El caso mío yo ya tengo listo lo que voy a hacer, pensado y como lo voy a hacer, pero todos tenemos casos diferentes, el problema es cómo lo vamos a unificar, yo creo que esto lo vamos a tener que unir cuando yo tenga algo en conjunto con alguien más para poder hacer un proyecto (…) Yo quería decir que independiente de los intereses de los 34 dueños de casas, igual se puede optar a un proyecto común haciendo la diferenciación activa, porque yo creo que bajo ningún punto de vista va a haber una unanimidad entre lo que todos quieren (…) Pero eso no quita que nosotros lo que precisamos en este momento es que venga alguien y nos diga esto es lo que pueden hacer ustedes (…)” Diálogo Hombre y Mujer, Lolol Patrimonial

Hombre, Curanipe

Los dirigentes hablan claramente de las limitaciones de algunos vecinos para salir adelante. La falta de educación e iniciativa de algunos es un problema real en las comunidades, por lo que se vuelve necesaria la presencia de directivas que representen a los afectados y que velen por la solución de la situación a nivel comunitario. Sin embargo, la falta de información entregada por las autoridades ha dificultado la acción de las incipientes directivas, y en otros casos ha mantenido a los afectados en una situación de incertidumbre con respecto al futuro. “Mira, yo te voy a poner mi caso. Yo podría ir ahora, pedir un crédito, comprarme un sitio y postular sola. Pero ¿Y los demás? ¿Y los que no pueden? (…) no puedo pensar en irme sola de aquí, no puedo pensar en eso. Yo tengo que salir con toda mi gente. Así como las gallinas con los pollos así voy a salir yo de aquí”

La catástrofe afectó a grupos muy diversos en nivel socioeconómico, ubicación geográfica y ocupación entre otros. A pesar de que entre los grupos abordados en este estudio existía una valoración general de la organización comunitaria, la necesidad de ésta difiere de acuerdo a los contextos. En los sectores costeros y aldeas se hace más patente la necesidad de juntarse, ya sea por la necesidad de postular de manera conjunta a los subsidios o por la cercanía física que facilita el encuentro. Otros sectores donde se reconstruirá en los sitios residentes, como Lolol, Zúñiga y sectores de Constitución, se diluye la necesidad de llevar a cabo el proceso en conjunto, aunque surgen ideas de instancias comunes de solución de dudas y orientación7. De esta manera, la diversidad de situaciones amerita soluciones y organizaciones flexibles, de manera que éstas se generen de acuerdo a las necesidades y características propias de los sectores afectados.

Dirigenta, Curanipe

“Beneficio de hacerlo en conjunto es la rapidez y que van a quedar todos iguales. Porque si hubiera que hacerlo

7 Ver caso de Lolol patrimonial en el estudio completo

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un sentimiento de apropiación de los nuevos espacios, elemento central para una reconstrucción exitosa (Jha 2010). De esta manera, la movilización de las organizaciones comunitarias que comienzan a surgir luego de la catástrofe sería un punto de partida fundamental para la producción de proyectos cuyos actores principales sean los afectados.

de reconstrucción, las ideas de cómo se puede llevar a cabo esa participación son escasas. En la mayoría de los casos, los hombres mencionan como forma de participación el trabajo físico en las obras y su apoyo en la supervisión de las mismas. Otros casos sugieren el aporte en dinero para pagos de maestros o supervisión profesional. Las mujeres proponen la preparación de almuerzos y acogida para quienes realicen los trabajos de construcción. Esta propuesta tiene que ver con qué ese modo de participación aparece como la más accesible para los entrevistados. Además, en algunos casos, este tipo de participación ya se realizó en una primera instancia con la construcción de viviendas de emergencia, por lo que resulta una forma familiar de cooperación.

3. Potenciales de la organización comunitaria Los dirigentes entrevistados y algunos de los vecinos afectados por el terremoto y maremoto reconocen claramente los potenciales de la organización comunitaria. La necesidad de organizarse y participar activamente en el proceso de reconstrucción parece obvia en la medida en que el accionar en conjunto puede ser más efectivo y beneficioso para todos que la acción individual. Por otro lado, algunos manifiestan la necesidad de realizar un proceso equitativo. De sus palabras se desprende que no sería justo que algunos superaran la situación de emergencia si es que hay otros que quedan sin solución.

“ - Bueno todos no podemos comprar los materiales… - Ayudando también po, trabajando, uno es joven y puede ayudar, aunque sea poco - Claro, con trabajo, no materialmente - Un plato de comida, un almuerzo, un desayuno, un plato de bebida, una ayuda para ellos ya, no se tienen que ir a sus casas y tener que volver de nuevo, esa podría ser una ayuda”

“[Tenemos que estar] unidos, nadie te escucha si vas sólo, el problema es que no te toman en cuenta. Y como dicen hay que ir acompañado para poder luchar”

Diálogo Hombres y Mujeres, Constitución

Además, existen sugerencias de participación mediante el aporte de ideas, la presentación de proyectos en común y la comunicación. Esta opción es mayormente acuñada por los dirigentes6 y por los habitantes de sectores costeros, donde la necesidad de organización permanente ha sido mayor por las características de la devastación dejada por el maremoto. Los afectados hablan de participar mediante la organización y división de tareas.

recibir ayudas limita el horizonte de participación. Estas problemáticas hacen indudable la necesidad de elaborar vías de colaboración efectiva y realmente participativas, de manera que tenga sentido el aporte de ideas por parte de los afectados. “Que nos dieran a elegir las casas. Sería lo más bonito, nosotros poder elegir “una casa así queremos nosotros” (…) elegir en esa queremos vivir, sentirse a gusto.” Hombre, Curanipe

“Que sigan juntos, poder elaborar proyectos, que acudan al municipio, porque se puede hacer, el municipio tiene recursos, se le están entregando más, podemos pedirlos a la gobernación. La gente está dispuesta a participar, eso se nota en el día que abrimos esta sede y hubo que limpiarla, incluso mujeres trabajando con pala. Nosotros pedimos apoyo y llegan” Dirigente, Talcahuano Si bien existe optimismo con respecto a las intenciones de la gente en participar, que se ha visto en el aporte que ha existido en la remoción de escombros y otro tipo de tareas, los dirigentes temen al acostumbramiento de la gente a recibir sin hacer nada a cambio. Esta conducta se ve reforzada por la entrega de ayudas muchas veces innecesarias y por la impotencia de los afectados a generar cambios en su situación. En el sector rural (Lolol y Zúñiga) el problema del paternalismo se vuelve evidente, tanto en el discurso de dirigentes como en el de la comunidad de base, donde el acostumbramiento a 6 Extraído de las entrevistas a informantes claves

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La participación en los proyectos de reconstrucción resulta ser un paso evidente para los afectados en el logro de sus nuevas viviendas. Sin embargo, la participación en políticas públicas es algo que muy pocos han experimentado, y por lo mismo no existen muchas nociones respecto de cómo ésta puede darse. Para algunos la participación radica en la elección de las viviendas, sin embargo existen comunidades que mencionan el deseo de ser parte central en la elaboración de los proyectos. La intención de tener un rol de mayor influencia en las políticas es expresada de manera más clara en el discurso de los dirigentes entrevistados. En estos casos, la exigencia de participación va más allá de la mera recepción de información y requiere que los afectados sean considerados como sujetos influyentes en la elaboración de los proyectos. Según experiencia internacional, en tiempos de catástrofe es preferible la expansión de la participación de las comunidades afectadas. La participación reporta beneficios tales como el aumento del capital social, el aumento de las capacidades locales y genera

Mujer, Talcahuano

“Lo mismo, una persona que tiene más contactos puede ser más fácil sacar un subsidio. Pero la idea es que llegamos juntos y salimos juntos. Somos todos bañados por el mismo río. Porque individual no va a ser la misma ayuda para todos, porque algunos no los pescan.”

cada uno de forma independiente, hay gente que no sabe leer, no tiene idea donde sacar un documento, de hecho ya hay grupos que dicen mira nosotros te ofrecemos casa pero quieren una cantidad de plata, son fáciles de envolver” Dirigente, Talcahuano

En otros sectores, la acción colectiva pareciera ser un paso lógico debido a que todos presentan o atraviesan por los mismos problemas, aunque cada uno pueda gestionar su propia solución. El caso de Lolol patrimonial es ejemplar en este sentido. Los afectados presentan un mayor capital para afrontar la situación y distintos intereses, pero el problema en común amerita algún grado de cooperación. “- El caso mío yo ya tengo listo lo que voy a hacer, pensado y como lo voy a hacer, pero todos tenemos casos diferentes, el problema es cómo lo vamos a unificar, yo creo que esto lo vamos a tener que unir cuando yo tenga algo en conjunto con alguien más para poder hacer un proyecto (…) Yo quería decir que independiente de los intereses de los 34 dueños de casas, igual se puede optar a un proyecto común haciendo la diferenciación activa, porque yo creo que bajo ningún punto de vista va a haber una unanimidad entre lo que todos quieren (…) Pero eso no quita que nosotros lo que precisamos en este momento es que venga alguien y nos diga esto es lo que pueden hacer ustedes (…)” Diálogo Hombre y Mujer, Lolol Patrimonial

Hombre, Curanipe

Los dirigentes hablan claramente de las limitaciones de algunos vecinos para salir adelante. La falta de educación e iniciativa de algunos es un problema real en las comunidades, por lo que se vuelve necesaria la presencia de directivas que representen a los afectados y que velen por la solución de la situación a nivel comunitario. Sin embargo, la falta de información entregada por las autoridades ha dificultado la acción de las incipientes directivas, y en otros casos ha mantenido a los afectados en una situación de incertidumbre con respecto al futuro. “Mira, yo te voy a poner mi caso. Yo podría ir ahora, pedir un crédito, comprarme un sitio y postular sola. Pero ¿Y los demás? ¿Y los que no pueden? (…) no puedo pensar en irme sola de aquí, no puedo pensar en eso. Yo tengo que salir con toda mi gente. Así como las gallinas con los pollos así voy a salir yo de aquí”

La catástrofe afectó a grupos muy diversos en nivel socioeconómico, ubicación geográfica y ocupación entre otros. A pesar de que entre los grupos abordados en este estudio existía una valoración general de la organización comunitaria, la necesidad de ésta difiere de acuerdo a los contextos. En los sectores costeros y aldeas se hace más patente la necesidad de juntarse, ya sea por la necesidad de postular de manera conjunta a los subsidios o por la cercanía física que facilita el encuentro. Otros sectores donde se reconstruirá en los sitios residentes, como Lolol, Zúñiga y sectores de Constitución, se diluye la necesidad de llevar a cabo el proceso en conjunto, aunque surgen ideas de instancias comunes de solución de dudas y orientación7. De esta manera, la diversidad de situaciones amerita soluciones y organizaciones flexibles, de manera que éstas se generen de acuerdo a las necesidades y características propias de los sectores afectados.

Dirigenta, Curanipe

“Beneficio de hacerlo en conjunto es la rapidez y que van a quedar todos iguales. Porque si hubiera que hacerlo

7 Ver caso de Lolol patrimonial en el estudio completo

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Perspectivas de reconstrucción: hacia un proceso participativo Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010

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Reconstrucción material y la localización de los proyectos de vivienda “¿Requisitos? Mira, mientras sean cuatro paredes y tengan un techo, nosotros las vamos a transformar en hogar igual. A nosotros nos interesa quedar todos juntos, no nos interesa otra cosa. Mientras no las pinten en verde agua o en azul marino, no hay ningún problema (risas)” Dirigenta, Curanipe

La reconstrucción de las viviendas perdidas es, para muchos de los afectados, imposible de recuperar por medios propios. Es por eso que para todos, las viviendas definitivas son una prioridad absoluta frente a otros elementos de infraestructura que hay que reconstruir. Las mediaguas en que viven actualmente están lejos de suplir las necesidades básicas que satisfacían sus viviendas anteriores. Todos convergen en que las viviendas definitivas deben ser antisísmicas, por el temor a vivir una nueva catástrofe natural. Al hablar de características puntuales, existe una amplia conciencia del tipo de viviendas ofrecidas por el Estado, por lo que las expectativas están acomodadas a lo que se ha visto en la prensa y ha sido anunciado en los medios. Lo mínimo esperado entonces son tres dormitorios, un baño, cocina, y living comedor. En algunos de los casos de sectores costeros, se indica la importancia de la creación de áreas verdes, sectores de juegos para los niños y construcción de sedes comunitarias, esto debido a que todo el barrio en que habitaban fue arrasado por el maremoto. Sin duda, las expectativas con respecto a la materialidad de las casas están estrechamente ligadas con la situación previa al terremoto y/o maremoto y con la situación actual de devastación. En sectores donde los sitios fueron conservados por los afectados -ya sea sectores costeros como Talcahuano y Constitución, como en el interior- hay una conciencia de que los terrenos están disponibles, por lo que la reconstrucción debiera ser más rápida y económica. Además, los propietarios mencionan el acostumbramiento a vivir en casas más grandes como factor a considerar en la construcción de casas en el futuro. “Sabe lo que pasa, es que si son aquí las casas definitivas, el hecho de que los terrenos ya tengan el alcantarillado, ya hay agua, ya hay luz. Lo que sí, una casa decente pa’ todos, no de esos que entrega el SERVIU no. Se supone que aquí, el que menos recursos tenía, tenía una casa con living, comedor y mínimo 3 dormitorios. Hasta el que tenía como sueldo más bajó tenía todo eso (…) y que después nos vengan a hacer unas casitas donde hay un living y un comedor que apenas puede poner sus cosas” Mujer, Talcahuano

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A pesar de las exigencias acuñadas por los afectados, existe una especie de resignación a aceptar las soluciones del gobierno. En primer lugar porque la única forma de obtener una nueva vivienda es con ayuda estatal, pero sobre todo porque cualquier solución definitiva es mejor que la solución de emergencia. Sólo en algunos casos, especialmente en el discurso de los dirigentes, existe la noción de que los proyectos deben ser postulados por ellos, y de que tienen el derecho a exigir calidad en las viviendas. El tema de la localización es central en los sectores costeros. Los habitantes de lugares afectados por el maremoto se debaten entre la relocalización o la permanencia en sus sitios. Las opiniones se encuentran divididas, por un lado existen propietarios que instalaron las viviendas de emergencia en sus sitios donde llegó el maremoto hace menos de dos meses, y por otro lado, existen familias que se instalaron en terrenos altos, en campamentos de emergencia. En los casos de Pelluhue y Curanipe, los habitantes de campamentos de emergencia son claros al señalar que volver a la costa no es una opción. El mayor motivo para esto es el miedo del mar, ya que muchos vivían en el borde costero. Si bien mencionan que existen vecinos que desean volver, estos parecen ser una excepción. La opción parece poco racional en los grupos de conversación, ya que está guiada principalmente por la poca resignación a la catástrofe vivida. “Y siempre hay gente que quiere volver para allá. Como la abuelita Rosa que piensa y sueña y llora con su terreno… Pero ellos son viejitos y ellos piensan de otra forma. Pero nosotros la convencimos de que ella tiene que irse con nosotros a una casa linda donde ella pueda tener sus flores de nuevo, su jardín, su huerta” Dirigenta, Curanipe

están dispuestos a dejar su posición privilegiada en la cuidad. Incluso, de no ser posible encontrar un terreno central, prefieren volver al borde costero. En ciudades de mayor tamaño –como Concepción y Talcahuano- la mayor parte de los afectados manifestó su interés en mantener su terreno. Esto se ve reforzado por la opinión de los dirigentes vecinales entrevistados. Las razones son múltiples. En primer lugar existe un fuerte arraigo a los barrios arrasados por el maremoto, por su antigüedad y las historias de vida que gestaron los habitantes en ellas. Son barrios antiguos, en los que muchos de los afectados han vivido toda su vida.

sociales, y que la pérdida de éstas puede tener consecuencias importantes tanto económicamente, como en términos sociales. La ubicación de los terrenos, en palabras de algunos “no tiene precio”, por lo que sería difícil encontrar un lugar con similares características. “Saben que si nos sacan de aquí nos van a valorar el terreno a precio de huevo, después lo van a vender quien sabe en cuanto, y van a venir y van a comprar obviamente gente más acaudalada. Y nosotros que somos los que tenemos los terrenos que se compraron algunos hace 100 años, 60 años otros, no tienen validez” Hombre, Talcahuano

“Y que te digan, cambió el plano regulador, 3, 4 cuadras hacia arriba “no puede vivir nadie”, la gente que tiene un terreno, una vida, historia… es complicado. Entonces la gente los primeros días estuvo muy molesta por la postura de la municipalidad. Pero empezamos a trabajar en nuestra lucha, que de aquí no nos movíamos, que este era un barrio con historia -éste es uno de los barrios más antiguos de Constitución- entonces llegar y que te saquen así no va a ser fácil” Dirigente, Constitución

Por otro lado, algunos participantes señalan que lo peor ya pasó, y que las probabilidades de otro fenómeno como éste son mínimas. Si bien existen algunos más temerosos, señalan que el miedo ya se pasará. “-Yo no, yo me quedo, ¿qué más va a pasar de lo que ha pasado ya? Si a estas alturas se te movió el piso, te mojaste, se te vino todo abajo, quedaste sin nada… -Yo por lo menos a mi hija le digo, ustedes cómprense lejos de aquí, porque nosotros no ya. Ustedes si tienen la posibilidad de comprar cómprense lejos de aquí, pero uno ya no” Mujeres, Talcahuano

“Hay un caballero que está construyendo allá mismo, al lado del río, al lado de la playa, después cuando se va a subir el río va a quedar todo mojao. Resulta que él está con la idea de que es su casa, su terreno, su sitio, su todo y resulta que la naturaleza le está diciendo “no, no es tuyo, es mío”. El egoístamente, “no, es mi sitio”.

“Nos quieren mandar para arriba, dicen que aquí no nos quieren dejar construir, pero uno no se quiere ir. Supuestamente es la zona cero, la más arriesgada… pero esto ya pasó, no va a volver, yo creo que en un par de años… uno no se quiere ir porque tiene sus raíces acá”

Mujer, Pelluhue

Hombre, Constitución

Si bien en estos sectores hay una intención de ser reubicados, no cualquier terreno sería bien recibido. Es necesario considerar, que los habitantes del borde costero en esta zona, se encontraban en una ubicación central, cerca de los servicios básicos y de sus trabajos. Aunque quieran dejar sus terrenos, existen exigencias mínimas de centralidad que desean satisfacer. Lo mismo ocurre en el caso de Constitución. No obstante la mayor parte de los participantes no desean ser reubicados, los vecinos que manifiestan interés en cambiar de terreno, no

Además, existen motivos económicos para querer quedarse en el barrio. Muchos señalan que los sitios fueron adquiridos con mucho esfuerzo por los habitantes. Por lo mismo temen a una expropiación a bajo costo, y una posterior venta de los terrenos en el futuro a precios altos. Por otro lado, la mayoría de los habitantes tiene sus trabajos en el sector, los colegios de los hijos cerca y no desean comenzar a pagar gastos de movilización. En este sentido se vuelve fundamental la noción de que en los barrios actuales los habitantes tienen sus redes

Para algunos entrevistados la opción de relocalizarse está sujeta a las ofertas que existan. Es decir, en algunos casos los afectados señalan que si se ofrece un buen proyecto, central, no muy lejos de donde inicialmente viven, existiría la posibilidad de considerar un cambio de terreno. Sin embargo, no están dispuestos a moverse de manera forzada. En los casos en que la relocalización parece ser una opción deseada por los afectados, existen dificultades que los mismos mencionan. En algunos sectores los terrenos son escasos, sobre todo aquellos urbanizados y la especulación con los terrenos disponibles ha hecho a los propietarios elevar los precios. De esta manera, existe la idea de que encontrar buenos sitios no será una tarea fácil. Por otro lado, en los campamentos de emergencia existe el temor a ser desplazados por los actuales propietarios. La inseguridad recae en que los afectados por el terremoto se enfrentan a una inestabilidad que previamente no vivían, e instalarse en terrenos que no les pertenecen los hace sentir vulnerables. “Es que los terrenos aquí es muy difícil encontrarlos. Esa es la preocupación. Una que los venden caros, otra que piden el SERVIU terrenos urbanizados, donde se tenga acceso a luz y agua. Y esos son los terrenos que hoy día no se vieron mucho más afectados. Así que va a costar un poco más de lo que se piensa esto pa que encuentren terrenos” Dirigenta, Pelluhue

Otra dificultad ante la que se estaban enfrentando los afectados a dos meses de la catástrofe, eran las exigencias burocráticas de documentación de los terrenos. Se menciona la demora de los certificados de inhabitabilidad, necesarios para la postulación a subsidios como un primer tope. Según algunos testimonios, los municipios se encuentran sobrepasados, por lo que la entrega del certificado puede demorar semanas. Por otro lado, afectados que desean construcción en sus propios sitios encuentran dificultades con los certificados de dominio. Algunos terrenos son sucesiones familiares, o existen casos en que varias familias vivían en un mismo terreno.

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Reconstrucción material y la localización de los proyectos de vivienda “¿Requisitos? Mira, mientras sean cuatro paredes y tengan un techo, nosotros las vamos a transformar en hogar igual. A nosotros nos interesa quedar todos juntos, no nos interesa otra cosa. Mientras no las pinten en verde agua o en azul marino, no hay ningún problema (risas)” Dirigenta, Curanipe

La reconstrucción de las viviendas perdidas es, para muchos de los afectados, imposible de recuperar por medios propios. Es por eso que para todos, las viviendas definitivas son una prioridad absoluta frente a otros elementos de infraestructura que hay que reconstruir. Las mediaguas en que viven actualmente están lejos de suplir las necesidades básicas que satisfacían sus viviendas anteriores. Todos convergen en que las viviendas definitivas deben ser antisísmicas, por el temor a vivir una nueva catástrofe natural. Al hablar de características puntuales, existe una amplia conciencia del tipo de viviendas ofrecidas por el Estado, por lo que las expectativas están acomodadas a lo que se ha visto en la prensa y ha sido anunciado en los medios. Lo mínimo esperado entonces son tres dormitorios, un baño, cocina, y living comedor. En algunos de los casos de sectores costeros, se indica la importancia de la creación de áreas verdes, sectores de juegos para los niños y construcción de sedes comunitarias, esto debido a que todo el barrio en que habitaban fue arrasado por el maremoto. Sin duda, las expectativas con respecto a la materialidad de las casas están estrechamente ligadas con la situación previa al terremoto y/o maremoto y con la situación actual de devastación. En sectores donde los sitios fueron conservados por los afectados -ya sea sectores costeros como Talcahuano y Constitución, como en el interior- hay una conciencia de que los terrenos están disponibles, por lo que la reconstrucción debiera ser más rápida y económica. Además, los propietarios mencionan el acostumbramiento a vivir en casas más grandes como factor a considerar en la construcción de casas en el futuro. “Sabe lo que pasa, es que si son aquí las casas definitivas, el hecho de que los terrenos ya tengan el alcantarillado, ya hay agua, ya hay luz. Lo que sí, una casa decente pa’ todos, no de esos que entrega el SERVIU no. Se supone que aquí, el que menos recursos tenía, tenía una casa con living, comedor y mínimo 3 dormitorios. Hasta el que tenía como sueldo más bajó tenía todo eso (…) y que después nos vengan a hacer unas casitas donde hay un living y un comedor que apenas puede poner sus cosas” Mujer, Talcahuano

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A pesar de las exigencias acuñadas por los afectados, existe una especie de resignación a aceptar las soluciones del gobierno. En primer lugar porque la única forma de obtener una nueva vivienda es con ayuda estatal, pero sobre todo porque cualquier solución definitiva es mejor que la solución de emergencia. Sólo en algunos casos, especialmente en el discurso de los dirigentes, existe la noción de que los proyectos deben ser postulados por ellos, y de que tienen el derecho a exigir calidad en las viviendas. El tema de la localización es central en los sectores costeros. Los habitantes de lugares afectados por el maremoto se debaten entre la relocalización o la permanencia en sus sitios. Las opiniones se encuentran divididas, por un lado existen propietarios que instalaron las viviendas de emergencia en sus sitios donde llegó el maremoto hace menos de dos meses, y por otro lado, existen familias que se instalaron en terrenos altos, en campamentos de emergencia. En los casos de Pelluhue y Curanipe, los habitantes de campamentos de emergencia son claros al señalar que volver a la costa no es una opción. El mayor motivo para esto es el miedo del mar, ya que muchos vivían en el borde costero. Si bien mencionan que existen vecinos que desean volver, estos parecen ser una excepción. La opción parece poco racional en los grupos de conversación, ya que está guiada principalmente por la poca resignación a la catástrofe vivida. “Y siempre hay gente que quiere volver para allá. Como la abuelita Rosa que piensa y sueña y llora con su terreno… Pero ellos son viejitos y ellos piensan de otra forma. Pero nosotros la convencimos de que ella tiene que irse con nosotros a una casa linda donde ella pueda tener sus flores de nuevo, su jardín, su huerta” Dirigenta, Curanipe

están dispuestos a dejar su posición privilegiada en la cuidad. Incluso, de no ser posible encontrar un terreno central, prefieren volver al borde costero. En ciudades de mayor tamaño –como Concepción y Talcahuano- la mayor parte de los afectados manifestó su interés en mantener su terreno. Esto se ve reforzado por la opinión de los dirigentes vecinales entrevistados. Las razones son múltiples. En primer lugar existe un fuerte arraigo a los barrios arrasados por el maremoto, por su antigüedad y las historias de vida que gestaron los habitantes en ellas. Son barrios antiguos, en los que muchos de los afectados han vivido toda su vida.

sociales, y que la pérdida de éstas puede tener consecuencias importantes tanto económicamente, como en términos sociales. La ubicación de los terrenos, en palabras de algunos “no tiene precio”, por lo que sería difícil encontrar un lugar con similares características. “Saben que si nos sacan de aquí nos van a valorar el terreno a precio de huevo, después lo van a vender quien sabe en cuanto, y van a venir y van a comprar obviamente gente más acaudalada. Y nosotros que somos los que tenemos los terrenos que se compraron algunos hace 100 años, 60 años otros, no tienen validez” Hombre, Talcahuano

“Y que te digan, cambió el plano regulador, 3, 4 cuadras hacia arriba “no puede vivir nadie”, la gente que tiene un terreno, una vida, historia… es complicado. Entonces la gente los primeros días estuvo muy molesta por la postura de la municipalidad. Pero empezamos a trabajar en nuestra lucha, que de aquí no nos movíamos, que este era un barrio con historia -éste es uno de los barrios más antiguos de Constitución- entonces llegar y que te saquen así no va a ser fácil” Dirigente, Constitución

Por otro lado, algunos participantes señalan que lo peor ya pasó, y que las probabilidades de otro fenómeno como éste son mínimas. Si bien existen algunos más temerosos, señalan que el miedo ya se pasará. “-Yo no, yo me quedo, ¿qué más va a pasar de lo que ha pasado ya? Si a estas alturas se te movió el piso, te mojaste, se te vino todo abajo, quedaste sin nada… -Yo por lo menos a mi hija le digo, ustedes cómprense lejos de aquí, porque nosotros no ya. Ustedes si tienen la posibilidad de comprar cómprense lejos de aquí, pero uno ya no” Mujeres, Talcahuano

“Hay un caballero que está construyendo allá mismo, al lado del río, al lado de la playa, después cuando se va a subir el río va a quedar todo mojao. Resulta que él está con la idea de que es su casa, su terreno, su sitio, su todo y resulta que la naturaleza le está diciendo “no, no es tuyo, es mío”. El egoístamente, “no, es mi sitio”.

“Nos quieren mandar para arriba, dicen que aquí no nos quieren dejar construir, pero uno no se quiere ir. Supuestamente es la zona cero, la más arriesgada… pero esto ya pasó, no va a volver, yo creo que en un par de años… uno no se quiere ir porque tiene sus raíces acá”

Mujer, Pelluhue

Hombre, Constitución

Si bien en estos sectores hay una intención de ser reubicados, no cualquier terreno sería bien recibido. Es necesario considerar, que los habitantes del borde costero en esta zona, se encontraban en una ubicación central, cerca de los servicios básicos y de sus trabajos. Aunque quieran dejar sus terrenos, existen exigencias mínimas de centralidad que desean satisfacer. Lo mismo ocurre en el caso de Constitución. No obstante la mayor parte de los participantes no desean ser reubicados, los vecinos que manifiestan interés en cambiar de terreno, no

Además, existen motivos económicos para querer quedarse en el barrio. Muchos señalan que los sitios fueron adquiridos con mucho esfuerzo por los habitantes. Por lo mismo temen a una expropiación a bajo costo, y una posterior venta de los terrenos en el futuro a precios altos. Por otro lado, la mayoría de los habitantes tiene sus trabajos en el sector, los colegios de los hijos cerca y no desean comenzar a pagar gastos de movilización. En este sentido se vuelve fundamental la noción de que en los barrios actuales los habitantes tienen sus redes

Para algunos entrevistados la opción de relocalizarse está sujeta a las ofertas que existan. Es decir, en algunos casos los afectados señalan que si se ofrece un buen proyecto, central, no muy lejos de donde inicialmente viven, existiría la posibilidad de considerar un cambio de terreno. Sin embargo, no están dispuestos a moverse de manera forzada. En los casos en que la relocalización parece ser una opción deseada por los afectados, existen dificultades que los mismos mencionan. En algunos sectores los terrenos son escasos, sobre todo aquellos urbanizados y la especulación con los terrenos disponibles ha hecho a los propietarios elevar los precios. De esta manera, existe la idea de que encontrar buenos sitios no será una tarea fácil. Por otro lado, en los campamentos de emergencia existe el temor a ser desplazados por los actuales propietarios. La inseguridad recae en que los afectados por el terremoto se enfrentan a una inestabilidad que previamente no vivían, e instalarse en terrenos que no les pertenecen los hace sentir vulnerables. “Es que los terrenos aquí es muy difícil encontrarlos. Esa es la preocupación. Una que los venden caros, otra que piden el SERVIU terrenos urbanizados, donde se tenga acceso a luz y agua. Y esos son los terrenos que hoy día no se vieron mucho más afectados. Así que va a costar un poco más de lo que se piensa esto pa que encuentren terrenos” Dirigenta, Pelluhue

Otra dificultad ante la que se estaban enfrentando los afectados a dos meses de la catástrofe, eran las exigencias burocráticas de documentación de los terrenos. Se menciona la demora de los certificados de inhabitabilidad, necesarios para la postulación a subsidios como un primer tope. Según algunos testimonios, los municipios se encuentran sobrepasados, por lo que la entrega del certificado puede demorar semanas. Por otro lado, afectados que desean construcción en sus propios sitios encuentran dificultades con los certificados de dominio. Algunos terrenos son sucesiones familiares, o existen casos en que varias familias vivían en un mismo terreno.

CIS

investigación

Perspectivas de reconstrucción: hacia un proceso participativo Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010

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“La burocracia en este minuto es demasiada. Imagínate que hay un certificado de habitabilidad que demora un mes... cuál es la idea, si tenemos la certeza que la persona perdió todo, está la tierra contaminada, está sucio, no tienen nada Eso ya es seguir pasando a llevar la dignidad de cada persona” Dirigente, Talcahuano

“Yo tengo un problema más grande que todos ustedes, la casa donde yo vivo es de un abuelo que falleció y herederos hay muchos, entonces yo no puedo hacer nada” Mujer, Lolol Patrimonial

Por otro lado, para algunos la realización de trámites representa una gran dificultad, ya sea debido a bajos niveles educacionales o simplemente falta de información sobre los pasos a seguir. La localización de las nuevas viviendas parece ser una preocupación central en los afectados por el terremoto. Por los efectos del tsunami, posibles cambios en el plano regulador o la imposibilidad de postular a subsidios por no ser dueño de los antiguos terrenos, algunos de los afectados deberán cambiar de sitio. La preocupación central de quienes deben ser relocalizados parece ser la mantención de las actuales redes. En los sectores costeros (Talcahuano, Constitución, Pelluhue y Curanipe) la cercanía del trabajo, colegios y otros servicios es algo que se pone en jaque con el desplazamiento del borde costero. Por otro lado, muchos hacen mención a la identidad de los barrios, en los que han vivido generaciones, que no debe ser vulnerada por el cambio de lugar. Por otro lado, existen personas que se relocalizaron de manera espontánea, y que no desean volver a sus antiguos sitios debido a la destrucción total de los sectores, y del temor a sufrir una nueva catástrofe. De esta manera, la relocalización resulta ser un tema complejo, sobre todo porque entre los mismos afectados existen opiniones divergentes. La importancia de realizar procesos en que los afectados sean quienes lideren los procesos de relocalización en caso de ser necesario, o decidan si quieren mantener sus antiguos terrenos es fundamental para que en ambos casos la reconstrucción sea exitosa. La relocalización suele ser un proceso riesgoso, en cuanto puede producir la pérdida de los medios de vida, pérdida de capital social y pobreza como consecuencia, lo que desencadena en la vuelta a los antiguos terrenos en situaciones de mayor vulnerabilidad y precariedad (Jha 2010). Es por eso, que quienes desean la relocalización debieran participar activamente en la búsqueda de terrenos y desarrollo de proyectos, de manera que los nuevos barrios sean apropiados por los afectados, y la reconstrucción del tejido social se vuelva efectiva.

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

La falta de información como un obstáculo central La desinformación es una constante en los sectores estudiados. Se observó que hay diferentes niveles de desinformación. En primer lugar, los canales informales tienden a confundir a algunos de los afectados. Existe una multiplicidad de fuentes contradictorias entre sí. Muchas veces las informaciones dadas por vecinos, dirigentes y funcionarios municipales son distintas, lo que genera enorme confusión. Por otro lado, se señala la dificultad de algunos vecinos, principalmente por bajos niveles educacionales, de comprender las indicaciones y procedimientos señalados por los municipios. Existe una poca claridad en los mensajes entregados por las autoridades, que en muchos casos no han generado instancias formales para informar a la población sobre los pasos a seguir y para resolver sus dudas. La falta de información y de comunicación con las autoridades despierta en los afectados por la catástrofe una serie de temores. Uno de los más recurrentes es que el llamado proceso de reconstrucción no llegue nunca, o demore muchos años, principalmente por que no están enterados de la manera ni los tiempos o plazos en que éste será ejecutado en el futuro. En muchos de los casos predomina una sensación de abandono por parte de los gobiernos locales, ya sea porque estos también se vieron afectados por la catástrofe, como por la baja capacidad de gestión que demostraron para responder de manera adecuada. La aprensión reside en que el abandono por parte de las instituciones se vuelva más radical en los próximos meses, y que la reconstrucción deje de ser una prioridad.

“- Yo no sé cómo será eso de que es gratis todo, porque resulta que hay que tener un ahorro previo de 220 mil pesos, 230. - La reunión que hicimos nosotros de la torre 10, fui yo, y dijeron que todos los que perdieron su departamento se van a volver a levantar, a construir, sin pagar un sólo peso los dueños. (…) Eso dijeron los de Talca, los de Serviu no se dé adonde, hasta abogados habían. -Pero resulta que el banco, a usted le dice que tiene que tener su ahorro aquí, y el gobierno le entrega cuatro u ocho millones de pesos, y la constructora puede cobrar 13 millones, entonces tiene que tener plata en el banco para que… - Entonces no sé quien está mintiendo, la persona que realmente tiene un cargo, y es del Serviu, no puede estar mintiendo” Diálogo entre mujeres, Constitución

Este escenario mantiene a los afectados en una situación de vulnerabilidad a estafas y engaños que comienzan a surgir. Aunque en algunos casos habían recibido orientaciones por parte de organismos públicos, la complejidad de la situación hace que muchos requieran recomendaciones particulares, caso a caso, para poder gestionar la solución. “Yo estoy de acuerdo que se dieron los pasos a seguir, que vinieron del Serviu de Rancagua, pero yo como persona necesito que alguien específicamente de la municipalidad o del Serviu…, de tener un espacio y decir ya venga tal persona a ver en qué podemos ayudar, qué podemos hacer, qué problemas tiene” Hombre, Lolol Patrimonial

“Lo que yo me temo es que si no seguimos presionando, si no seguimos ahí, esto va a quedar ahí en el olvido como ha pasado en muchas partes (…) El que las cosas no las hagan luego, que te manden de un lado para otro. (…) A la larga si no presionamos nosotros que estamos acá, no va a pasar nada”

Ligado a esto, existe el temor al oportunismo de algunos, que se aprovechen de las soluciones pensadas para los afectados por el terremoto, o que simplemente las soluciones definitivas lleguen sin priorizar según gravedad de la situación en los distintos sectores.

Dirigente, Talcahuano

“Que la cosa no sea justa. Que todas las personas que no han perdido nada tengan más rápido que nosotros. A eso yo le tengo terror, porque, como te dije antes, la gente se aprovecha de la situación y que ellos tengan una solución más rápida que nosotros. Eso me da miedo, de que la gente que realmente lo necesita sea desplazada”

La falta de información respecto a cómo operarán las soluciones prometidas por el gobierno refuerza la sensación de abandono y limita las proyecciones a futuro de los afectados. Si bien existen dirigentes que manejan de mejor manera los procedimientos que deben seguir las comunidades, la situación de incertidumbre y las informaciones contradictorias son comunes. Esto se hace presente en los diálogos, sobre si necesitarán o no ahorro para las viviendas, sobre si podrán o no construir en sus propios sitios, si habrá nuevos sitios para los afectados del borde costero, si existirá o no subsidio adicional para las casas patrimoniales, entre otros temas.

Dirigenta, Curanipe

Existe una necesidad imperiosa por generar medios de comunicación adecuados para orientar a la población en los pasos que deben seguir para acceder a los subsidios y medidas del gobierno. La falta de información puede traer efectos nefastos contribuyendo a aumentar las consecuencias de la catástrofe. Dada la situación actual, se

vuelve fundamental tanto una organización de los vecinos para pedir información y reclamar soluciones, como un rol activo de los gobiernos locales en informar las medidas que se han pensado para las distintas problemáticas. Es importante establecer instancias de resolución de dudas con las comunidades afectadas ya que los malentendidos tienden a aflorar en la población cuando la comunicación no se da en el marco del diálogo y se limita a la entrega de información sin interacción. Los afectados demandan canales de comunicación más horizontales, ya que la entrega de información no satisface su necesidad de participar. Sin duda para lograr una participación efectiva, el primer paso es la información, que en esta situación está fallando a pesar del interés de los afectados.

Conclusiones El proceso de reconstrucción puede ser replanteado en términos de los distintos grados de participación de las comunidades. La experiencia del terremoto y maremoto tuvo fuertes consecuencias sociales en los distintos sectores afectados. La catástrofe provocó un remezón en gran parte de las comunidades, ya que mostró la necesidad y las ventajas que puede traer la acción conjunta entre los vecinos para superar problemas comunes. Entre los afectados existe una conciencia de la necesidad de organizarse. La presión grupal se percibe como con mayor efecto que la lucha individual y además se menciona que la catástrofe gatilló una mayor cercanía entre los vecinos y una salida del individualismo en que se vivía previamente. A pesar de esta mayor cercanía y conciencia de la importancia de la organización para restablecer la vida luego de la catástrofe, los afectados manifiestan una dificultad para mantenerse juntos y cooperar. Las dificultades están fuertemente determinadas por la falta de experiencia previa y de conocimiento de los otros. Debido a esto, se genera desconfianza, falta de cohesión y temor al aprovechamiento de algunos. Por otro lado, la falta de experiencia en trabajo en conjunto y de participación activa en proyectos comunes hacen difícil visualizar formas de participación que vayan más allá del trabajo físico en las obras, que es lo que se aportó al momento de construir las viviendas de emergencia. La diversidad de situaciones y reacciones de los afectados, se nota claramente al tomar en consideración el tema de la localización de las viviendas. A pesar de que la vivencia del maremoto para todos los afectados resulta traumática, algunos quieren mantener sus terrenos y otros desean ser relocalizados. El proceso de reconstrucción es complejo y posee múltiples dimensiones a considerar. La organización de los vecinos y las instancias de diálogo e interacción de las agencias encargadas de la reconstrucción (ya sea gobiernos locales, gobierno

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“La burocracia en este minuto es demasiada. Imagínate que hay un certificado de habitabilidad que demora un mes... cuál es la idea, si tenemos la certeza que la persona perdió todo, está la tierra contaminada, está sucio, no tienen nada Eso ya es seguir pasando a llevar la dignidad de cada persona” Dirigente, Talcahuano

“Yo tengo un problema más grande que todos ustedes, la casa donde yo vivo es de un abuelo que falleció y herederos hay muchos, entonces yo no puedo hacer nada” Mujer, Lolol Patrimonial

Por otro lado, para algunos la realización de trámites representa una gran dificultad, ya sea debido a bajos niveles educacionales o simplemente falta de información sobre los pasos a seguir. La localización de las nuevas viviendas parece ser una preocupación central en los afectados por el terremoto. Por los efectos del tsunami, posibles cambios en el plano regulador o la imposibilidad de postular a subsidios por no ser dueño de los antiguos terrenos, algunos de los afectados deberán cambiar de sitio. La preocupación central de quienes deben ser relocalizados parece ser la mantención de las actuales redes. En los sectores costeros (Talcahuano, Constitución, Pelluhue y Curanipe) la cercanía del trabajo, colegios y otros servicios es algo que se pone en jaque con el desplazamiento del borde costero. Por otro lado, muchos hacen mención a la identidad de los barrios, en los que han vivido generaciones, que no debe ser vulnerada por el cambio de lugar. Por otro lado, existen personas que se relocalizaron de manera espontánea, y que no desean volver a sus antiguos sitios debido a la destrucción total de los sectores, y del temor a sufrir una nueva catástrofe. De esta manera, la relocalización resulta ser un tema complejo, sobre todo porque entre los mismos afectados existen opiniones divergentes. La importancia de realizar procesos en que los afectados sean quienes lideren los procesos de relocalización en caso de ser necesario, o decidan si quieren mantener sus antiguos terrenos es fundamental para que en ambos casos la reconstrucción sea exitosa. La relocalización suele ser un proceso riesgoso, en cuanto puede producir la pérdida de los medios de vida, pérdida de capital social y pobreza como consecuencia, lo que desencadena en la vuelta a los antiguos terrenos en situaciones de mayor vulnerabilidad y precariedad (Jha 2010). Es por eso, que quienes desean la relocalización debieran participar activamente en la búsqueda de terrenos y desarrollo de proyectos, de manera que los nuevos barrios sean apropiados por los afectados, y la reconstrucción del tejido social se vuelva efectiva.

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

La falta de información como un obstáculo central La desinformación es una constante en los sectores estudiados. Se observó que hay diferentes niveles de desinformación. En primer lugar, los canales informales tienden a confundir a algunos de los afectados. Existe una multiplicidad de fuentes contradictorias entre sí. Muchas veces las informaciones dadas por vecinos, dirigentes y funcionarios municipales son distintas, lo que genera enorme confusión. Por otro lado, se señala la dificultad de algunos vecinos, principalmente por bajos niveles educacionales, de comprender las indicaciones y procedimientos señalados por los municipios. Existe una poca claridad en los mensajes entregados por las autoridades, que en muchos casos no han generado instancias formales para informar a la población sobre los pasos a seguir y para resolver sus dudas. La falta de información y de comunicación con las autoridades despierta en los afectados por la catástrofe una serie de temores. Uno de los más recurrentes es que el llamado proceso de reconstrucción no llegue nunca, o demore muchos años, principalmente por que no están enterados de la manera ni los tiempos o plazos en que éste será ejecutado en el futuro. En muchos de los casos predomina una sensación de abandono por parte de los gobiernos locales, ya sea porque estos también se vieron afectados por la catástrofe, como por la baja capacidad de gestión que demostraron para responder de manera adecuada. La aprensión reside en que el abandono por parte de las instituciones se vuelva más radical en los próximos meses, y que la reconstrucción deje de ser una prioridad.

“- Yo no sé cómo será eso de que es gratis todo, porque resulta que hay que tener un ahorro previo de 220 mil pesos, 230. - La reunión que hicimos nosotros de la torre 10, fui yo, y dijeron que todos los que perdieron su departamento se van a volver a levantar, a construir, sin pagar un sólo peso los dueños. (…) Eso dijeron los de Talca, los de Serviu no se dé adonde, hasta abogados habían. -Pero resulta que el banco, a usted le dice que tiene que tener su ahorro aquí, y el gobierno le entrega cuatro u ocho millones de pesos, y la constructora puede cobrar 13 millones, entonces tiene que tener plata en el banco para que… - Entonces no sé quien está mintiendo, la persona que realmente tiene un cargo, y es del Serviu, no puede estar mintiendo” Diálogo entre mujeres, Constitución

Este escenario mantiene a los afectados en una situación de vulnerabilidad a estafas y engaños que comienzan a surgir. Aunque en algunos casos habían recibido orientaciones por parte de organismos públicos, la complejidad de la situación hace que muchos requieran recomendaciones particulares, caso a caso, para poder gestionar la solución. “Yo estoy de acuerdo que se dieron los pasos a seguir, que vinieron del Serviu de Rancagua, pero yo como persona necesito que alguien específicamente de la municipalidad o del Serviu…, de tener un espacio y decir ya venga tal persona a ver en qué podemos ayudar, qué podemos hacer, qué problemas tiene” Hombre, Lolol Patrimonial

“Lo que yo me temo es que si no seguimos presionando, si no seguimos ahí, esto va a quedar ahí en el olvido como ha pasado en muchas partes (…) El que las cosas no las hagan luego, que te manden de un lado para otro. (…) A la larga si no presionamos nosotros que estamos acá, no va a pasar nada”

Ligado a esto, existe el temor al oportunismo de algunos, que se aprovechen de las soluciones pensadas para los afectados por el terremoto, o que simplemente las soluciones definitivas lleguen sin priorizar según gravedad de la situación en los distintos sectores.

Dirigente, Talcahuano

“Que la cosa no sea justa. Que todas las personas que no han perdido nada tengan más rápido que nosotros. A eso yo le tengo terror, porque, como te dije antes, la gente se aprovecha de la situación y que ellos tengan una solución más rápida que nosotros. Eso me da miedo, de que la gente que realmente lo necesita sea desplazada”

La falta de información respecto a cómo operarán las soluciones prometidas por el gobierno refuerza la sensación de abandono y limita las proyecciones a futuro de los afectados. Si bien existen dirigentes que manejan de mejor manera los procedimientos que deben seguir las comunidades, la situación de incertidumbre y las informaciones contradictorias son comunes. Esto se hace presente en los diálogos, sobre si necesitarán o no ahorro para las viviendas, sobre si podrán o no construir en sus propios sitios, si habrá nuevos sitios para los afectados del borde costero, si existirá o no subsidio adicional para las casas patrimoniales, entre otros temas.

Dirigenta, Curanipe

Existe una necesidad imperiosa por generar medios de comunicación adecuados para orientar a la población en los pasos que deben seguir para acceder a los subsidios y medidas del gobierno. La falta de información puede traer efectos nefastos contribuyendo a aumentar las consecuencias de la catástrofe. Dada la situación actual, se

vuelve fundamental tanto una organización de los vecinos para pedir información y reclamar soluciones, como un rol activo de los gobiernos locales en informar las medidas que se han pensado para las distintas problemáticas. Es importante establecer instancias de resolución de dudas con las comunidades afectadas ya que los malentendidos tienden a aflorar en la población cuando la comunicación no se da en el marco del diálogo y se limita a la entrega de información sin interacción. Los afectados demandan canales de comunicación más horizontales, ya que la entrega de información no satisface su necesidad de participar. Sin duda para lograr una participación efectiva, el primer paso es la información, que en esta situación está fallando a pesar del interés de los afectados.

Conclusiones El proceso de reconstrucción puede ser replanteado en términos de los distintos grados de participación de las comunidades. La experiencia del terremoto y maremoto tuvo fuertes consecuencias sociales en los distintos sectores afectados. La catástrofe provocó un remezón en gran parte de las comunidades, ya que mostró la necesidad y las ventajas que puede traer la acción conjunta entre los vecinos para superar problemas comunes. Entre los afectados existe una conciencia de la necesidad de organizarse. La presión grupal se percibe como con mayor efecto que la lucha individual y además se menciona que la catástrofe gatilló una mayor cercanía entre los vecinos y una salida del individualismo en que se vivía previamente. A pesar de esta mayor cercanía y conciencia de la importancia de la organización para restablecer la vida luego de la catástrofe, los afectados manifiestan una dificultad para mantenerse juntos y cooperar. Las dificultades están fuertemente determinadas por la falta de experiencia previa y de conocimiento de los otros. Debido a esto, se genera desconfianza, falta de cohesión y temor al aprovechamiento de algunos. Por otro lado, la falta de experiencia en trabajo en conjunto y de participación activa en proyectos comunes hacen difícil visualizar formas de participación que vayan más allá del trabajo físico en las obras, que es lo que se aportó al momento de construir las viviendas de emergencia. La diversidad de situaciones y reacciones de los afectados, se nota claramente al tomar en consideración el tema de la localización de las viviendas. A pesar de que la vivencia del maremoto para todos los afectados resulta traumática, algunos quieren mantener sus terrenos y otros desean ser relocalizados. El proceso de reconstrucción es complejo y posee múltiples dimensiones a considerar. La organización de los vecinos y las instancias de diálogo e interacción de las agencias encargadas de la reconstrucción (ya sea gobiernos locales, gobierno

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central u otras instituciones) son centrales. De no darse estas condiciones y prolongarse la falta de diálogo entre los actores, los sentimientos de abandono e incertidumbre se pueden profundizar, perdiéndose así la oportunidad de potenciar la participación y colaboración entre los gobiernos locales u otras agencias encargadas de la reconstrucción y comunidades afectadas. Las opiniones y expectativas de los afectados son un eje central en el que debieran girar las políticas de reconstrucción. La diversidad de situaciones - sobre todo considerando un terremoto y maremoto que dejaron aproximadamente dos millones de damnificados- hace difícil establecer un único modelo de reconstrucción. Éstas deben considerar los planteamientos particulares de los habitantes. La participación de los afectados es fundamental para recoger los rasgos específicos de cada situación y sacar adelante proyectos sustentables en el largo plazo. La política de reconstrucción debiera considerar dentro de sus objetivos la generación o fortalecimiento del capital social y la asociatividad entre los afectados. La experiencia internacional demuestra que la participación es

un elemento central para la generación de proyectos sustentables que generen ganancias en términos sociales. La participación puede darse en distintos niveles, que difieren en términos del nivel de influencia que ejercen los ciudadanos en la toma de decisiones y en los resultados deseados (Jha 2010). Un mayor capital social facilita un rol activo en la reconstrucción y una mayor influencia de los afectados, sin embargo, proyectos que contemplen un rol activo de la población, puede facilitar a su vez la formación y fortalecimiento del capital social. Es difícil establecer si el accionar comunitario es una necesidad actual o un deseo a permanencia. Lo que sí se puede decir con claridad, es que los afectados por la catástrofe desean ser parte de las soluciones a futuro, aunque los mecanismos mediante los cuales puedan lograr esa participación aparezcan difusos. En bajo nivel de capital social previo no implica que los afectados no puedan generar dinámicas ricas en cooperación, confianza y reciprocidad luego de la catástrofe. Al contrario, la necesidad sentida de ayuda mutua y los nuevos intereses en común hacen que la situación de emergencia sea un terreno fértil para el surgimiento de una organización comunitaria.

Pobreza Infantil en Chile: Una Mirada a sus Tendencias, Dinámica e Impacto en Resultados Educacionales 1

José Ramón Zubizarreta

Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de Chile Magíster en Economía, Universidad de Chile Doctorado © en Estadísticas, The Wharton School 2

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Referencias Bibliográficas • Durston, John (2004) “Capital social: Parte del problema, parte de la solución, su papel y persistencia en la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe” en “Capital social y reducción de la pobreza en América latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma”, CEPAL • Jha, Abhas K, compilador (2010). “Safer Homes, Stronger Communities: A Handbook for Reconstructing After Natural Disasters”. World Bank • Lavell Thomas, Allan (1993) “Ciencias Sociales y desastres naturales en América Latina: un encuentro inconcluso”. Revista Eure no58, Santiago, Chile.

• MINVU (2010) “Programa de reconstrucción nacional de vivienda: Chile unido reconstruye mejor”, en http:// www.observatoriourbano.cl/Docs/pdf/Programa_de_Reconstrucci%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B3n_Nacional_en_Vivienda,_Prensa_329175120135108256%5B1%5D.pdf • Vargas, Jorge Enrique (2002) “Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-naturales”, Serie medio ambiente y desarrollo, CEPAL

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1. Motivación Según la Según la Encuesta CASEN 2006, uno de cada cinco niños y niñas viven en situación de pobreza en

1 Este trabajo fue financiado por el PNUD en el marco del Informe de Desarrollo Humano 2008/2009. La versión original de este trabajo con los detalles técnicos se puede encontrar en http://www.lacregionalhdr2009.org/. Agradezco los valiosos comentarios de Jere Behrman, Paula Castro, Rodrigo Herrera, Pilar Opazo, Andrea Repetto e Isidro Soloaga. 2 josezubi@wharton.upenn.edu.

Chile.3 Por otra parte, los datos longitudinales de la encuesta Panel CASEN revelan que la mitad de los menores en 2006 experimentaron la pobreza al menos una vez en los últimos diez años.4 Si esta última cifra se mantuviera constante a 2010, cerca de dos millones de los actuales niños y niñas del país habrían sufrido la pobreza al menos una vez durante su periodo de crecimiento.5 3 Más precisamente, un 21,4 por ciento de los menores de 15 años. 4 Un 48,7 por ciento de los menores de 15 años y un 50,9 por ciento de los menores de 8 en 1996. 5 Para este cálculo se emplearon las proyecciones poblacionales del INE para menores de 15 años.

CIS

• Marquez et.al (2001) “Participación ciudadana en la gestión pública: marco conceptual”. Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago.

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central u otras instituciones) son centrales. De no darse estas condiciones y prolongarse la falta de diálogo entre los actores, los sentimientos de abandono e incertidumbre se pueden profundizar, perdiéndose así la oportunidad de potenciar la participación y colaboración entre los gobiernos locales u otras agencias encargadas de la reconstrucción y comunidades afectadas. Las opiniones y expectativas de los afectados son un eje central en el que debieran girar las políticas de reconstrucción. La diversidad de situaciones - sobre todo considerando un terremoto y maremoto que dejaron aproximadamente dos millones de damnificados- hace difícil establecer un único modelo de reconstrucción. Éstas deben considerar los planteamientos particulares de los habitantes. La participación de los afectados es fundamental para recoger los rasgos específicos de cada situación y sacar adelante proyectos sustentables en el largo plazo. La política de reconstrucción debiera considerar dentro de sus objetivos la generación o fortalecimiento del capital social y la asociatividad entre los afectados. La experiencia internacional demuestra que la participación es

un elemento central para la generación de proyectos sustentables que generen ganancias en términos sociales. La participación puede darse en distintos niveles, que difieren en términos del nivel de influencia que ejercen los ciudadanos en la toma de decisiones y en los resultados deseados (Jha 2010). Un mayor capital social facilita un rol activo en la reconstrucción y una mayor influencia de los afectados, sin embargo, proyectos que contemplen un rol activo de la población, puede facilitar a su vez la formación y fortalecimiento del capital social. Es difícil establecer si el accionar comunitario es una necesidad actual o un deseo a permanencia. Lo que sí se puede decir con claridad, es que los afectados por la catástrofe desean ser parte de las soluciones a futuro, aunque los mecanismos mediante los cuales puedan lograr esa participación aparezcan difusos. En bajo nivel de capital social previo no implica que los afectados no puedan generar dinámicas ricas en cooperación, confianza y reciprocidad luego de la catástrofe. Al contrario, la necesidad sentida de ayuda mutua y los nuevos intereses en común hacen que la situación de emergencia sea un terreno fértil para el surgimiento de una organización comunitaria.

Pobreza Infantil en Chile: Una Mirada a sus Tendencias, Dinámica e Impacto en Resultados Educacionales 1

José Ramón Zubizarreta

Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de Chile Magíster en Economía, Universidad de Chile Doctorado © en Estadísticas, The Wharton School 2

investigación

investigación

Perspectivas de reconstrucción: hacia un proceso participativo Estudio de casos de familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010

Referencias Bibliográficas • Durston, John (2004) “Capital social: Parte del problema, parte de la solución, su papel y persistencia en la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe” en “Capital social y reducción de la pobreza en América latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma”, CEPAL • Jha, Abhas K, compilador (2010). “Safer Homes, Stronger Communities: A Handbook for Reconstructing After Natural Disasters”. World Bank • Lavell Thomas, Allan (1993) “Ciencias Sociales y desastres naturales en América Latina: un encuentro inconcluso”. Revista Eure no58, Santiago, Chile.

• MINVU (2010) “Programa de reconstrucción nacional de vivienda: Chile unido reconstruye mejor”, en http:// www.observatoriourbano.cl/Docs/pdf/Programa_de_Reconstrucci%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B3n_Nacional_en_Vivienda,_Prensa_329175120135108256%5B1%5D.pdf • Vargas, Jorge Enrique (2002) “Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-naturales”, Serie medio ambiente y desarrollo, CEPAL

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1. Motivación Según la Según la Encuesta CASEN 2006, uno de cada cinco niños y niñas viven en situación de pobreza en

1 Este trabajo fue financiado por el PNUD en el marco del Informe de Desarrollo Humano 2008/2009. La versión original de este trabajo con los detalles técnicos se puede encontrar en http://www.lacregionalhdr2009.org/. Agradezco los valiosos comentarios de Jere Behrman, Paula Castro, Rodrigo Herrera, Pilar Opazo, Andrea Repetto e Isidro Soloaga. 2 josezubi@wharton.upenn.edu.

Chile.3 Por otra parte, los datos longitudinales de la encuesta Panel CASEN revelan que la mitad de los menores en 2006 experimentaron la pobreza al menos una vez en los últimos diez años.4 Si esta última cifra se mantuviera constante a 2010, cerca de dos millones de los actuales niños y niñas del país habrían sufrido la pobreza al menos una vez durante su periodo de crecimiento.5 3 Más precisamente, un 21,4 por ciento de los menores de 15 años. 4 Un 48,7 por ciento de los menores de 15 años y un 50,9 por ciento de los menores de 8 en 1996. 5 Para este cálculo se emplearon las proyecciones poblacionales del INE para menores de 15 años.

CIS

• Marquez et.al (2001) “Participación ciudadana en la gestión pública: marco conceptual”. Gobierno de Chile, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago.

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Si bien estas cifras se han reducido considerablemente en los últimos años,6 siguen representando una realidad dura e injusta. ¿Qué hicieron mal estos niños y niñas para nacer donde nacieron y experimentar la pobreza a tan temprana edad? Además, si aceptamos la premisa de que la infancia es un periodo en el cual los menores deben crecer y desarrollar su pleno potencial, y que a esa edad la herida de la pobreza puede ser una cicatriz para toda la vida, este problema resulta todavía más inquietante. Dejando de lado estas consideraciones “éticas” o de “justicia social,” Heckman y Masterov (2007) presentan un argumento para invertir en menores de entornos desaventajados estrictamente sobre la base de la productividad. Los autores reúnen considerable evidencia sugiriendo que los niños y niñas que han crecido en estos entornos son más propensos a tener resultados negativos, como por ejemplo abandonar el colegio y tener hijos siendo adolescentes. Destacan que invertir en los menores de edad es una política social inusual, en la cual no hay una compensación (trade-off) entre eficiencia y equidad. En efecto, la inversión en estos menores disminuye la desigualdad asociada al accidente del nacimiento y al mismo tiempo aumenta la productividad de la sociedad como un todo. En el presente trabajo examinaremos la incidencia y dinámica de la pobreza infantil en Chile en los últimos años, y analizaremos en qué medida la experiencia de la pobreza durante la infancia afecta los resultados educacionales posteriormente durante la vida adulta. Abordar esta pregunta es importante porque puede contribuir a vislumbrar los mecanismos que transmiten la pobreza a través de generaciones, y comprender las fuerzas que generan y perpetúan la extrema desigualdad del país. Además, desde el punto de vista de las políticas sociales, analizar el impacto de la pobreza durante la infancia es central, ya que los programas para elevar los ingresos de los hogares son más fáciles de diseñar y de administrar que programas destinados a modificar otras características de éstos, como promover la inserción laboral por parte de la madre o reducir embarazos no planificados. La estructura de este trabajo consta de cuatro secciones aparte de esta introducción. En la sección 2, revisamos la evolución de la pobreza infantil desde 1990 a 2006, y en la sección 3 presentamos primeros resultados acerca de la dinámica de la pobreza infantil en Chile entre 1996 y 2006. En la sección 4, analizamos la correlación entre la pobreza infantil y algunos resultados educacionales durante la vida adulta en Chile y, en la medida que los datos lo permiten, su efecto causal sobre estos resultados. Por último, en la sección 5 se presentan las principales conclusiones. En infografías describimos cada una de las bases de datos utilizadas.

6 Por ejemplo, la incidencia de la pobreza infantil se redujo de 52.7 por ciento en 1996 a 21.4 por ciento en 2006.

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2. Evolución de la pobreza infantil Siguiendo la definición oficial de pobreza,7 las encuestas CASEN nos indican que en 1996 un 52,7 por ciento de los menores de 15 vivían en situación de pobreza en Chile; en 2006, un 21,4 por ciento (ver Infografía 1 y Figura 1). Notamos que la reducción de la incidencia de la pobreza infantil ha sido considerable, pero que su magnitud sigue siendo muy alta.

Figura 1: Evolución de la Incidencia de la Pobreza Y Extrema Pobreza Infantil (< 15 años) .6

.6 .52 .45 .4 .33

.45 .4 .31

.3

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.3

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.09

.09

0

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.05

.27 .21

.14

.09

1990

1992

y salen de la pobreza? ¿Cuántos niños y niñas son vulnerables a sufrir la pobreza al menos una vez en el período de su crecimiento? Para responder a este tipo de cuestiones, empleamos los datos de la encuesta Panel CASEN (ver Infografía 2). En la Tabla 1 presentamos la matriz de transición según categorías de pobreza para el periodo 1996, 2001.8 Ésta nos muestra que un 50,7 por ciento de los niños y niñas que estaban en situación de pobreza en 1996 lo siguieron estando en 2001, mientras que un 49,3 por ciento pudo escapar de esta condición. Este primer resultado es impactante, ya que expresa que las condiciones económicas de la mitad de los hogares con niños no mejoraron significativamente al cabo de cinco años, manteniéndose en la pobreza. Por otra parte, observamos que un 14,4 por ciento de los niños y niñas no pobres en 1996 cayeron a la pobreza en 2001. Como se puede ver en términos absolutos en la Tabla 1, esta tasa corresponde a un 56,6 por ciento de las salidas de la pobreza. Apreciamos un saldo positivo en la dinámica de la pobreza infantil en el periodo.

.13

.1

.13

.1

.3

.2

.27 .21

.14

.31

.3 .33

0

Proporción

.4

.52

.4

.2

Figura 2: Tendencias de la Incidencia de la Pobreza Y Extrema pobreza Infantil (< 15 años)

.5

Proporción

.5

disminuyó – e incluso aumentó levemente entre 1998 y 2000. Por último, a partir de 2003, cuando ya se reactiva la economía y se pone en marcha el Sistema de Protección Social Chile Solidario, se vuelve a reducir la pobreza infantil a una tasa mayor, del 3,2 por ciento anual.

1994

1996

.09

1998

.09

2000

.07

2003

.05

Tabla 1: Transiciones de la Pobreza 1996-2001, Porcentajes por Celdas (< 13 años en 1996)

2006

Año 1990

1992

1994

Pobreza

1996

1998

2000

2003

2006

Pobreza

2001 Extrema Pobreza

Extrema Pobreza

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuestas CASEN Fuente: Elaboración propia a partir de la encuestas CASEN

Por otra parte, en el periodo cubierto por los datos apreciamos tres etapas en la reducción de la pobreza infantil: 1990-1996, 1996-2000, y 2000-2006. En la Figura 2 distinguimos que la etapa 1990-1996, de bonanza económica, coincide con una reducción más marcada de la pobreza infantil. En efecto, ésta se redujo a una tasa del 6 por ciento anual. Por otra parte, la etapa de relativa recesión económica 1996-2000 se asocia a una menor tasa de reducción de la pobreza infantil; concretamente, a una tasa del 1,3 por ciento al año. Además, en esta etapa llama la atención que entre 1996 y 2000 la incidencia de la extrema pobreza infantil prácticamente no 7 En Chile, la pobreza se mide manera absoluta: la línea de la pobreza expresa el nivel de ingreso mínimo mensual que una persona necesita para la subsistencia. Específicamente, el valor de una canasta básica de alimentos define la línea de la extrema pobreza, mientras que el de dos canastas define la línea de pobreza. Actualmente la línea de la pobreza en Chile asciende a 31.756 pesos en zonas rurales y a 47.099 pesos en zonas urbanas. En la última década el valor de la canasta se ha ido ajustando sólo con el IPC.

Al observar la evolución de la extrema pobreza infantil, apreciamos que en 1990 un 20,2 por ciento de los niños menores de 15 años eran indigentes, mientras que en 2006 esta proporción se redujo a un 5,3 por ciento. Es posible notar que en el transcurso de estos años la pobreza infantil no indigente se redujo en un 59,4 por ciento, mientras que la extrema pobreza infantil se redujo en un 73,6 por ciento. Así, notamos que ha sido más pronunciada la reducción de la pobreza infantil extrema que la de la pobreza infantil no extrema. En términos generales, la reducción de la extrema pobreza infantil ha seguido un patrón similar a la reducción de la pobreza infantil no indigente durante estos años.

3. Una mirada a la dinámica de la pobreza infantil El análisis de la dinámica pobreza infantil complementa los resultados de la sección anterior al responder preguntas tales como ¿qué proporción de los niños son crónicamente pobres, es decir permanecen en la pobreza a lo largo del tiempo? ¿Qué proporción de los niños entran

1996

P

NP

Total

P

17,2%

16,7%

33,9%

NP

9,5%

56,6%

66,1%

TOTAL

26,7%

73,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

Recogiendo las cifras anteriores, otro resultado que salta a la vista es que un 44,4 por ciento de la población de menores de 13 años experimentó la pobreza al menos una vez en el periodo 1996-2001. Esta cifra corresponde a los menores que salieron de la pobreza, que cayeron a la pobreza y que permanecieron en la pobreza al cabo de cinco años. Todas estas cifras sugieren que los hogares con menores sufren una considerable privación económica. El periodo 2001-2006 también exhibió un importante grado de dinamismo de los menores en torno a la línea de la pobreza, pero marcado por una mayor tasa de salidas de la pobreza y menores tasas de caídas y permanencia en la misma situación. En efecto, a diferencia del periodo 1996-2001, en que un 50,6 por ciento de los menores pobres se mantuvieron en dicha situación, en el segundo periodo un 35,1 por ciento fueron pobres en ambas ocasiones. Por otra parte, un 8,8 por ciento de 8 A lo largo de este análisis, una transición se define como un cambio en la situación de pobreza y un cambio en los ingresos superior al diez por ciento.

CIS

investigación

Pobreza Infantil en Chile: Una Mirada a sus Tendencias, Dinámica e Impacto en Resultados Educacionales

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Si bien estas cifras se han reducido considerablemente en los últimos años,6 siguen representando una realidad dura e injusta. ¿Qué hicieron mal estos niños y niñas para nacer donde nacieron y experimentar la pobreza a tan temprana edad? Además, si aceptamos la premisa de que la infancia es un periodo en el cual los menores deben crecer y desarrollar su pleno potencial, y que a esa edad la herida de la pobreza puede ser una cicatriz para toda la vida, este problema resulta todavía más inquietante. Dejando de lado estas consideraciones “éticas” o de “justicia social,” Heckman y Masterov (2007) presentan un argumento para invertir en menores de entornos desaventajados estrictamente sobre la base de la productividad. Los autores reúnen considerable evidencia sugiriendo que los niños y niñas que han crecido en estos entornos son más propensos a tener resultados negativos, como por ejemplo abandonar el colegio y tener hijos siendo adolescentes. Destacan que invertir en los menores de edad es una política social inusual, en la cual no hay una compensación (trade-off) entre eficiencia y equidad. En efecto, la inversión en estos menores disminuye la desigualdad asociada al accidente del nacimiento y al mismo tiempo aumenta la productividad de la sociedad como un todo. En el presente trabajo examinaremos la incidencia y dinámica de la pobreza infantil en Chile en los últimos años, y analizaremos en qué medida la experiencia de la pobreza durante la infancia afecta los resultados educacionales posteriormente durante la vida adulta. Abordar esta pregunta es importante porque puede contribuir a vislumbrar los mecanismos que transmiten la pobreza a través de generaciones, y comprender las fuerzas que generan y perpetúan la extrema desigualdad del país. Además, desde el punto de vista de las políticas sociales, analizar el impacto de la pobreza durante la infancia es central, ya que los programas para elevar los ingresos de los hogares son más fáciles de diseñar y de administrar que programas destinados a modificar otras características de éstos, como promover la inserción laboral por parte de la madre o reducir embarazos no planificados. La estructura de este trabajo consta de cuatro secciones aparte de esta introducción. En la sección 2, revisamos la evolución de la pobreza infantil desde 1990 a 2006, y en la sección 3 presentamos primeros resultados acerca de la dinámica de la pobreza infantil en Chile entre 1996 y 2006. En la sección 4, analizamos la correlación entre la pobreza infantil y algunos resultados educacionales durante la vida adulta en Chile y, en la medida que los datos lo permiten, su efecto causal sobre estos resultados. Por último, en la sección 5 se presentan las principales conclusiones. En infografías describimos cada una de las bases de datos utilizadas.

6 Por ejemplo, la incidencia de la pobreza infantil se redujo de 52.7 por ciento en 1996 a 21.4 por ciento en 2006.

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2. Evolución de la pobreza infantil Siguiendo la definición oficial de pobreza,7 las encuestas CASEN nos indican que en 1996 un 52,7 por ciento de los menores de 15 vivían en situación de pobreza en Chile; en 2006, un 21,4 por ciento (ver Infografía 1 y Figura 1). Notamos que la reducción de la incidencia de la pobreza infantil ha sido considerable, pero que su magnitud sigue siendo muy alta.

Figura 1: Evolución de la Incidencia de la Pobreza Y Extrema Pobreza Infantil (< 15 años) .6

.6 .52 .45 .4 .33

.45 .4 .31

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.05

.27 .21

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1990

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y salen de la pobreza? ¿Cuántos niños y niñas son vulnerables a sufrir la pobreza al menos una vez en el período de su crecimiento? Para responder a este tipo de cuestiones, empleamos los datos de la encuesta Panel CASEN (ver Infografía 2). En la Tabla 1 presentamos la matriz de transición según categorías de pobreza para el periodo 1996, 2001.8 Ésta nos muestra que un 50,7 por ciento de los niños y niñas que estaban en situación de pobreza en 1996 lo siguieron estando en 2001, mientras que un 49,3 por ciento pudo escapar de esta condición. Este primer resultado es impactante, ya que expresa que las condiciones económicas de la mitad de los hogares con niños no mejoraron significativamente al cabo de cinco años, manteniéndose en la pobreza. Por otra parte, observamos que un 14,4 por ciento de los niños y niñas no pobres en 1996 cayeron a la pobreza en 2001. Como se puede ver en términos absolutos en la Tabla 1, esta tasa corresponde a un 56,6 por ciento de las salidas de la pobreza. Apreciamos un saldo positivo en la dinámica de la pobreza infantil en el periodo.

.13

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.13

.1

.3

.2

.27 .21

.14

.31

.3 .33

0

Proporción

.4

.52

.4

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Figura 2: Tendencias de la Incidencia de la Pobreza Y Extrema pobreza Infantil (< 15 años)

.5

Proporción

.5

disminuyó – e incluso aumentó levemente entre 1998 y 2000. Por último, a partir de 2003, cuando ya se reactiva la economía y se pone en marcha el Sistema de Protección Social Chile Solidario, se vuelve a reducir la pobreza infantil a una tasa mayor, del 3,2 por ciento anual.

1994

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1998

.09

2000

.07

2003

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Tabla 1: Transiciones de la Pobreza 1996-2001, Porcentajes por Celdas (< 13 años en 1996)

2006

Año 1990

1992

1994

Pobreza

1996

1998

2000

2003

2006

Pobreza

2001 Extrema Pobreza

Extrema Pobreza

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuestas CASEN Fuente: Elaboración propia a partir de la encuestas CASEN

Por otra parte, en el periodo cubierto por los datos apreciamos tres etapas en la reducción de la pobreza infantil: 1990-1996, 1996-2000, y 2000-2006. En la Figura 2 distinguimos que la etapa 1990-1996, de bonanza económica, coincide con una reducción más marcada de la pobreza infantil. En efecto, ésta se redujo a una tasa del 6 por ciento anual. Por otra parte, la etapa de relativa recesión económica 1996-2000 se asocia a una menor tasa de reducción de la pobreza infantil; concretamente, a una tasa del 1,3 por ciento al año. Además, en esta etapa llama la atención que entre 1996 y 2000 la incidencia de la extrema pobreza infantil prácticamente no 7 En Chile, la pobreza se mide manera absoluta: la línea de la pobreza expresa el nivel de ingreso mínimo mensual que una persona necesita para la subsistencia. Específicamente, el valor de una canasta básica de alimentos define la línea de la extrema pobreza, mientras que el de dos canastas define la línea de pobreza. Actualmente la línea de la pobreza en Chile asciende a 31.756 pesos en zonas rurales y a 47.099 pesos en zonas urbanas. En la última década el valor de la canasta se ha ido ajustando sólo con el IPC.

Al observar la evolución de la extrema pobreza infantil, apreciamos que en 1990 un 20,2 por ciento de los niños menores de 15 años eran indigentes, mientras que en 2006 esta proporción se redujo a un 5,3 por ciento. Es posible notar que en el transcurso de estos años la pobreza infantil no indigente se redujo en un 59,4 por ciento, mientras que la extrema pobreza infantil se redujo en un 73,6 por ciento. Así, notamos que ha sido más pronunciada la reducción de la pobreza infantil extrema que la de la pobreza infantil no extrema. En términos generales, la reducción de la extrema pobreza infantil ha seguido un patrón similar a la reducción de la pobreza infantil no indigente durante estos años.

3. Una mirada a la dinámica de la pobreza infantil El análisis de la dinámica pobreza infantil complementa los resultados de la sección anterior al responder preguntas tales como ¿qué proporción de los niños son crónicamente pobres, es decir permanecen en la pobreza a lo largo del tiempo? ¿Qué proporción de los niños entran

1996

P

NP

Total

P

17,2%

16,7%

33,9%

NP

9,5%

56,6%

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TOTAL

26,7%

73,3%

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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

Recogiendo las cifras anteriores, otro resultado que salta a la vista es que un 44,4 por ciento de la población de menores de 13 años experimentó la pobreza al menos una vez en el periodo 1996-2001. Esta cifra corresponde a los menores que salieron de la pobreza, que cayeron a la pobreza y que permanecieron en la pobreza al cabo de cinco años. Todas estas cifras sugieren que los hogares con menores sufren una considerable privación económica. El periodo 2001-2006 también exhibió un importante grado de dinamismo de los menores en torno a la línea de la pobreza, pero marcado por una mayor tasa de salidas de la pobreza y menores tasas de caídas y permanencia en la misma situación. En efecto, a diferencia del periodo 1996-2001, en que un 50,6 por ciento de los menores pobres se mantuvieron en dicha situación, en el segundo periodo un 35,1 por ciento fueron pobres en ambas ocasiones. Por otra parte, un 8,8 por ciento de 8 A lo largo de este análisis, una transición se define como un cambio en la situación de pobreza y un cambio en los ingresos superior al diez por ciento.

CIS

investigación

Pobreza Infantil en Chile: Una Mirada a sus Tendencias, Dinámica e Impacto en Resultados Educacionales

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los no pobres en 2001 cayeron a la pobreza en 2006, en circunstancias que esta cifra alcanzó un valor de 14,4 por ciento sobre la población de no pobres. Si definimos a la población de niños y niñas vulnerables como los que fueron pobres alguna vez en el periodo, notamos que en este segundo periodo esta proporción ascendió a 37,6 por ciento. Comparando los dos quinquenios vemos que esta población se redujo en siete puntos porcentuales. Si bien ésta es una mejora considerable, hay que notar que esta cifra sigue siendo alta, ya que expresa que cerca cuatro de cada diez niños y niñas fueron al menos una vez pobres entre 2001 y 2006.

Tabla 2: Transiciones de la Pobreza 2001-2006, Porcentajes por Celdas (< 13 años en 2001) 2006 2001

P

NP

Total

P

11,1%

20,5%

31,7%

NP

6,0%

62,3%

68,3%

17,2%

82,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

Si tomamos una perspectiva de más largo plazo y analizamos las transiciones de las tres mediciones en conjunto, notamos que un 7,7 por ciento de los menores de 13 años en 1996 fueron pobres en 1996, 2001 y 2006. Por otra parte notamos que un 49,7 por ciento de los niños y niñas fueron al menos una vez pobres en el periodo. En palabras simples, uno de cada dos niños y niñas fueron al menos una vez pobres en los últimos diez años. Esta cifras se comparan respectivamente con un 4,4 por ciento y un 35,5 por ciento para el resto de la población (ver Tabla 4 celdas toda la población).

Tabla 3: Transiciones de la Pobreza 1996-2001-2006, Porcentajes por Celdas (< 8 años en 1996) 2006 1996

2001

P

NP

Total

P

P

8,3%

11,2%

19,5%

P

NP

2,4%

13,2%

15,6%

NP

P

2,4%

9,7%

12,1%

NP

NP

3,7%

49,1%

52,8%

16,8%

83,2%

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

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Tabla 4: Transiciones de la Pobreza 1996-2001-2006, Porcentajes por Celdas (≥ 8 años) 2006 1996

2001

P

NP

Total

P

P

3,7%

6,3%

10,0%

P

NP

1,3%

10,0%

11,3%

NP

P

1,4%

6,9%

8,3%

NP

3,0%

67,4%

70,3%

9,4%

90,6%

100,0%

NP TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

4. Impacto de la pobreza infantil en los logros educacionales posteriores ¿Cuál es el impacto de la pobreza infantil en las oportunidades durante la vida adulta? Y más concretamente ¿cuál es su efecto sobre los resultados educacionales? En estudios empíricos, se suele estimar el impacto de la pobreza infantil sobre variables de resultado para la vida adulta a través de modelos de regresión. Básicamente, se explica una cierta variable de resultado con una medida de pobreza o de ingresos en general y un conjunto de otras variables sociodemográficas de control. Estos ajustes revelan el grado de asociación que existe entre el resultado en cuestión y los ingresos, controlando por el efecto de las otras variables. Empleando nuevamente los datos de la encuesta Panel CASEN, en las Tablas 5 y 6 podemos ver los resultados de las regresiones de los años escolaridad y la probabilidad de no estar estudiando o trabajando, sobre distintas medidas de ingresos. El objetivo de estos modelos es cuantificar la asociación entre pobreza e ingresos del hogar durante la infancia en los logros en la adultez temprana, controlando por variables que pueden confundir este relación, como los años de escolaridad del jefe de hogar, o si es que el hogar era monoparental. Todas salvo una de las variables de ingresos y de control corresponden a 1996, mientras que las variables de resultados están medidas en 2006.9 Los resultados de la Tabla 5 nos muestran una asociación negativa y significativa entre todas las medidas de ingre9 Las medidas de pobreza empleadas son: indicatrices (dummies) para la pobreza extrema y pobreza no extrema en 1996 (la categoría omitida es la no pobreza ese año); indicatrices para los quintiles de ingresos en 1996 (la categoría omitida es el quintil 5 ese año); el logaritmo del ingreso del hogar per cápita en 1996; y una indicatriz para la pobreza en 1996 y 2001 que intenta capturar la cantidad de tiempo que los menores experimentaron la pobreza (la categoría omitida es no pobreza en ambos años).

sos y los años de escolaridad. En primer lugar, observamos que los menores que experimentaron la pobreza extrema y la pobreza no extrema en 1996 alcanzaron, respectivamente, 0,72 y 0,55 años menos de escolaridad en 2006 en promedio que aquellos menores no pobres ese año. Manteniendo todo lo demás constante, los niños y niñas del quintil más pobre alcanzaron 0,93 años menos de escolaridad en promedio que aquellos del quintil más rico. Además, el logaritmo del ingreso per cápita del hogar tuvo en efecto negativo y significativo en el resultado. Por último aquellos menores que estuvieron en la pobreza en 1996 y 2001 alcanzaron en promedio 0,6 años menos de escolaridad que aquellos que no experimentaron la pobreza en ambos años.10 Los resultados de la Tabla 6 también nos muestran una asociación significativa entre todas las medidas de ingresos y la probabilidad de no estar estudiando o trabajando diez años más tarde. En el primer modelo, observamos que los menores que experimentaron la pobreza no extrema en 1996 tuvieron una probabilidad un 46,5 por ciento más alta de no estar estudiando o trabajando en 2006 que los menores que no experimentaron la pobreza en 1996. A continuación, los menores del quintil más pobre tuvieron una probabilidad cuatro veces más alta de no estar estudiando o trabajando diez años más tarde que aquellos menores del quintil más rico en el año base. De una manera similar a la variable de resultado anterior, el ingreso del hogar per cápita en logaritmos tuvo un efecto negativo y significativo. Por último, los menores que experimentaron la pobreza en 1996 y 2001 tuvieron una probabilidad un 49,42 por ciento más alta de no estar estudiando o trabajando diez años más tarde. En esta misma tabla, observamos que las niñas tuvieron una probabilidad un 71,2 por ciento de no estar estudiando o trabajando diez años más tarde. Nuevamente, los menores pertenecientes a hogares más educados tuvieron una probabilidad menor de no estar estudiando o trabajando diez años después.11

Tabla 5: Regresiones de los Años de Escolaridad Alcanzados antes de los 24 Años Sobre los Ingresos del Hogar entre los 0 y 15 Años de Edad

Nota: MCO; los números entre paréntesis son los errores estándar. Los niveles de significancia están dados por: *, 1%; **, 5%; ***, 10%. Utilizamos pesos longitudinales. 10 Otras variables que fueron consistentemente significativas en estas regresiones son el tamaño del hogar y los años de escolaridad del jefe de hogar: por una parte, los menores de hogares más pequeños y por otra los con jefes de hogar más educados tendieron a completar más años de escolaridad. 11 Cabe mencionar que también estimamos estas relaciones por separado para niñas y niños, controlando por la escolaridad alcanzada por el padre y la madre. Apreciamos que la escolaridad alcanzada por ambos se asocia positiva y significativamente con la escolaridad alcanzada por el menor, mientras que sólo la escolaridad del padre se asocia con una menor probabilidad de no estar estudiando o trabajando más tarde en la vida. En cierta medida, esta asociación entre ingresos y logros posteriores parece ser más fuerte para niños que para niños, pero en general no encontramos diferencias substantivas por género.

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los no pobres en 2001 cayeron a la pobreza en 2006, en circunstancias que esta cifra alcanzó un valor de 14,4 por ciento sobre la población de no pobres. Si definimos a la población de niños y niñas vulnerables como los que fueron pobres alguna vez en el periodo, notamos que en este segundo periodo esta proporción ascendió a 37,6 por ciento. Comparando los dos quinquenios vemos que esta población se redujo en siete puntos porcentuales. Si bien ésta es una mejora considerable, hay que notar que esta cifra sigue siendo alta, ya que expresa que cerca cuatro de cada diez niños y niñas fueron al menos una vez pobres entre 2001 y 2006.

Tabla 2: Transiciones de la Pobreza 2001-2006, Porcentajes por Celdas (< 13 años en 2001) 2006 2001

P

NP

Total

P

11,1%

20,5%

31,7%

NP

6,0%

62,3%

68,3%

17,2%

82,8%

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

Si tomamos una perspectiva de más largo plazo y analizamos las transiciones de las tres mediciones en conjunto, notamos que un 7,7 por ciento de los menores de 13 años en 1996 fueron pobres en 1996, 2001 y 2006. Por otra parte notamos que un 49,7 por ciento de los niños y niñas fueron al menos una vez pobres en el periodo. En palabras simples, uno de cada dos niños y niñas fueron al menos una vez pobres en los últimos diez años. Esta cifras se comparan respectivamente con un 4,4 por ciento y un 35,5 por ciento para el resto de la población (ver Tabla 4 celdas toda la población).

Tabla 3: Transiciones de la Pobreza 1996-2001-2006, Porcentajes por Celdas (< 8 años en 1996) 2006 1996

2001

P

NP

Total

P

P

8,3%

11,2%

19,5%

P

NP

2,4%

13,2%

15,6%

NP

P

2,4%

9,7%

12,1%

NP

NP

3,7%

49,1%

52,8%

16,8%

83,2%

100,0%

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

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Tabla 4: Transiciones de la Pobreza 1996-2001-2006, Porcentajes por Celdas (≥ 8 años) 2006 1996

2001

P

NP

Total

P

P

3,7%

6,3%

10,0%

P

NP

1,3%

10,0%

11,3%

NP

P

1,4%

6,9%

8,3%

NP

3,0%

67,4%

70,3%

9,4%

90,6%

100,0%

NP TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

4. Impacto de la pobreza infantil en los logros educacionales posteriores ¿Cuál es el impacto de la pobreza infantil en las oportunidades durante la vida adulta? Y más concretamente ¿cuál es su efecto sobre los resultados educacionales? En estudios empíricos, se suele estimar el impacto de la pobreza infantil sobre variables de resultado para la vida adulta a través de modelos de regresión. Básicamente, se explica una cierta variable de resultado con una medida de pobreza o de ingresos en general y un conjunto de otras variables sociodemográficas de control. Estos ajustes revelan el grado de asociación que existe entre el resultado en cuestión y los ingresos, controlando por el efecto de las otras variables. Empleando nuevamente los datos de la encuesta Panel CASEN, en las Tablas 5 y 6 podemos ver los resultados de las regresiones de los años escolaridad y la probabilidad de no estar estudiando o trabajando, sobre distintas medidas de ingresos. El objetivo de estos modelos es cuantificar la asociación entre pobreza e ingresos del hogar durante la infancia en los logros en la adultez temprana, controlando por variables que pueden confundir este relación, como los años de escolaridad del jefe de hogar, o si es que el hogar era monoparental. Todas salvo una de las variables de ingresos y de control corresponden a 1996, mientras que las variables de resultados están medidas en 2006.9 Los resultados de la Tabla 5 nos muestran una asociación negativa y significativa entre todas las medidas de ingre9 Las medidas de pobreza empleadas son: indicatrices (dummies) para la pobreza extrema y pobreza no extrema en 1996 (la categoría omitida es la no pobreza ese año); indicatrices para los quintiles de ingresos en 1996 (la categoría omitida es el quintil 5 ese año); el logaritmo del ingreso del hogar per cápita en 1996; y una indicatriz para la pobreza en 1996 y 2001 que intenta capturar la cantidad de tiempo que los menores experimentaron la pobreza (la categoría omitida es no pobreza en ambos años).

sos y los años de escolaridad. En primer lugar, observamos que los menores que experimentaron la pobreza extrema y la pobreza no extrema en 1996 alcanzaron, respectivamente, 0,72 y 0,55 años menos de escolaridad en 2006 en promedio que aquellos menores no pobres ese año. Manteniendo todo lo demás constante, los niños y niñas del quintil más pobre alcanzaron 0,93 años menos de escolaridad en promedio que aquellos del quintil más rico. Además, el logaritmo del ingreso per cápita del hogar tuvo en efecto negativo y significativo en el resultado. Por último aquellos menores que estuvieron en la pobreza en 1996 y 2001 alcanzaron en promedio 0,6 años menos de escolaridad que aquellos que no experimentaron la pobreza en ambos años.10 Los resultados de la Tabla 6 también nos muestran una asociación significativa entre todas las medidas de ingresos y la probabilidad de no estar estudiando o trabajando diez años más tarde. En el primer modelo, observamos que los menores que experimentaron la pobreza no extrema en 1996 tuvieron una probabilidad un 46,5 por ciento más alta de no estar estudiando o trabajando en 2006 que los menores que no experimentaron la pobreza en 1996. A continuación, los menores del quintil más pobre tuvieron una probabilidad cuatro veces más alta de no estar estudiando o trabajando diez años más tarde que aquellos menores del quintil más rico en el año base. De una manera similar a la variable de resultado anterior, el ingreso del hogar per cápita en logaritmos tuvo un efecto negativo y significativo. Por último, los menores que experimentaron la pobreza en 1996 y 2001 tuvieron una probabilidad un 49,42 por ciento más alta de no estar estudiando o trabajando diez años más tarde. En esta misma tabla, observamos que las niñas tuvieron una probabilidad un 71,2 por ciento de no estar estudiando o trabajando diez años más tarde. Nuevamente, los menores pertenecientes a hogares más educados tuvieron una probabilidad menor de no estar estudiando o trabajando diez años después.11

Tabla 5: Regresiones de los Años de Escolaridad Alcanzados antes de los 24 Años Sobre los Ingresos del Hogar entre los 0 y 15 Años de Edad

Nota: MCO; los números entre paréntesis son los errores estándar. Los niveles de significancia están dados por: *, 1%; **, 5%; ***, 10%. Utilizamos pesos longitudinales. 10 Otras variables que fueron consistentemente significativas en estas regresiones son el tamaño del hogar y los años de escolaridad del jefe de hogar: por una parte, los menores de hogares más pequeños y por otra los con jefes de hogar más educados tendieron a completar más años de escolaridad. 11 Cabe mencionar que también estimamos estas relaciones por separado para niñas y niños, controlando por la escolaridad alcanzada por el padre y la madre. Apreciamos que la escolaridad alcanzada por ambos se asocia positiva y significativamente con la escolaridad alcanzada por el menor, mientras que sólo la escolaridad del padre se asocia con una menor probabilidad de no estar estudiando o trabajando más tarde en la vida. En cierta medida, esta asociación entre ingresos y logros posteriores parece ser más fuerte para niños que para niños, pero en general no encontramos diferencias substantivas por género.

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Tabla 6: Regresiones de la Probabilidad de No Estar Estudiando o Trabajando antes de los 24 Años Sobre los Ingresos del Hogar entre los 0 y 15 Años de Edad

Estos modelos eliminan la potencial endogeneidad de la pobreza y los ingresos del hogar bajo el supuesto de que las variables no observables son constantes sobre periodos de cinco años para cada menor, mientras que los modelos de diferencias entre hermanos asumen que las variables no observables relevantes son constantes sobre periodos de cinco años para el mismo hogar para dos hermanos.14 En estos modelos observamos que los menores que experimentaron la pobreza no indigente tuvieron una probabilidad significativamente más alta de no estar estudiando o trabajando cinco años después que los menores que no experimentaron la pobreza. El resto de las medidas de los ingresos no exhiben una relación significativa. Por último los modelos de diferencias entre hermanos sugieren que el tamaño del hogar y los años de escolaridad del jefe de hogar tienen un efecto significativo en los años de escolaridad. En general, los efectos más débiles de las medidas de ingresos en estos segundos modelos se puede explicar por los efectos fijos, pero antes hay que destacar que los modelos no son estrictamente comparables. De hecho, en estos segundos modelos los resultados fueron estimados al cabo de cinco años en vez de diez, y por construcción no se incluyen variables constantes a lo largo del tiempo. Por último las submuestras disponibles para este análisis son considerablemente menores. Desafortunadamente, esta es una restricción que impone la encuesta con sólo tres mediciones.15

5. Conclusiones

Nota: modelo logit; los números entre paréntesis son los errores estándar. Los niveles de significancia están dados por: *, 1%; **, 5%; ***, 10%. Utilizamos pesos longitudinales.

Como chequeos de robustez a la potencial endogeneidad de los ingresos, estimamos modelos de lineales y logit con efectos fijos, y modelos de cambio entre hermanos.12 En los modelos de cambio analizamos los años de escolaridad y la probabilidad de no estar estudiando o trabajando cinco años más tarde como variables de resultado, mientras que en los modelos de diferencias entre hermanos nos centramos en la escolaridad.13 12 Sibling differences models. 13 Esta es una de las restricciones que imponían los datos de la encuesta Panel CASEN ya que son sólo tres mediciones cada cinco años.

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En las secciones anteriores analizamos la pobreza infantil en cuanto a sus tendencias, dinámica y, principalmente, impacto en resultados que influyen en el éxito económico durante la vida adulta. El análisis de las tendencias nos muestra que la reducción de la incidencia de la pobreza infantil ha sido considerable, pero que su magnitud sigue siendo muy alta: un 21,4%. Por otra parte, en 14 Una preocupación persistente en este tipo de modelos es que el efecto del ingreso puede ser espurio, lo que quiere decir que su efecto se debe a su asociación con otras variables no observables, que en última instancia son las que determinan los resultados de los menores. Por ejemplo, es posible que la motivación y perseverancia de los padres sean los verdaderos determinantes del desarrollo de los menores y no los ingresos en sí, como se supone en los primeros modelos. Como es probable que estas dos variables también determinen los ingresos del hogar, al ser no observables, se sobreestimará el efecto de los ingresos en los resultados de los menores. 15 Por problemas de espacio y carácter de difusión de resultados de este trabajo se omitieron estas tablas. No obstante, estas se pueden encontrar en la versión original de este trabajo en http://www.lacregionalhdr2009.org/ o solicitándoselas al autor.

el análisis de la dinámica de la pobreza encontramos que un 7,7 por ciento de los menores de 13 años en 1996 fueron pobres en 1996, 2001 y 2006, mientras que un 49,7 por ciento de la misma población fue al menos una vez pobre en el periodo. En suma, en Chile la mitad de los niños y niñas fueron al menos una vez pobres en los últimos diez años. Por último, el análisis del impacto de la pobreza infantil sobre variables de resultados educacionales nos muestra que los menores que experimentaron la pobreza extrema y la pobreza no extrema en 1996 alcanzaron, respectivamente, 0,72 y 0,55 años menos de escolaridad en 2006 en promedio que aquellos menores no pobres ese año. Además, los niños y niñas del quintil más pobre alcanzaron 0,93 años menos de escolaridad en promedio que aquellos del quintil más rico. ¿Y qué se está haciendo en Chile al respecto? En 2006 el Gobierno reunió al Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia, cuyo diagnóstico dio origen al diseño del Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo.” En 2009, se aprobó la ley que institucionaliza este sistema, y a la fecha está operando en todo el país. El objetivo de este sistema es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atienden en el sistema público de salud, desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer nivel de transición o prekinder. Para esto, “Chile Crece Contigo” considera las múltiples dimensiones que influyen en el desarrollo infantil, y pone a disposición de todos los menores una serie de prestaciones y programas para que los menores puedan realizar su potencial de desarrollo. Entre otros, se da acceso gratuito y garantizado para todos los niños y niñas a sala cuna y jardín infantil y, en función de las necesidades de sus familiares, acceso a programas tales como nivelación de estudios, inserción laboral, mejoramiento de la vivienda, asistencia judicial, y prevención y atención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Sin lugar a dudas, éstos son avances importantes para superar la pobreza y desigualdad en Chile, pues la pobreza infantil es la cuna de las inequidades de nuestra sociedad. Sin embargo, dada la importancia del problema, es de esperar que como en otros países la erradicación de la pobreza infantil sea “Meta de Gobierno” y que los programas sociales enfocados en la infancia sean constamente evaluados, informando a la ciudadanía de sus resultados.

Referencias Bibliográficas • Bendezú, L., Denis, A. y Zubizarreta, J. R. (2007), “Análisis de la Atrición de la Muestra de la Encuesta Panel CASEN”, Documento de Trabajo, Observatorio Social, Universidad Alberto Hurtado. • Heckman, J. J. and Masterov, D. V., “The Productivity Argument for Investing in Young Children,” Review of Agricultural Economics,  29, (3), 446493. • Zubizarreta, J. R. (2007), editor, “La Encuesta Panel CASEN: Metodología y Calidad de los Datos;” autores, Bendezú, L., Denis, A., Sanchez, C. L., Ugalde, P. y Zubizarreta, J. R.; director de proyecto, Prieto, J. J., Documento de Trabajo, Observatorio Social, Universidad Alberto Hurtado.

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Tabla 6: Regresiones de la Probabilidad de No Estar Estudiando o Trabajando antes de los 24 Años Sobre los Ingresos del Hogar entre los 0 y 15 Años de Edad

Estos modelos eliminan la potencial endogeneidad de la pobreza y los ingresos del hogar bajo el supuesto de que las variables no observables son constantes sobre periodos de cinco años para cada menor, mientras que los modelos de diferencias entre hermanos asumen que las variables no observables relevantes son constantes sobre periodos de cinco años para el mismo hogar para dos hermanos.14 En estos modelos observamos que los menores que experimentaron la pobreza no indigente tuvieron una probabilidad significativamente más alta de no estar estudiando o trabajando cinco años después que los menores que no experimentaron la pobreza. El resto de las medidas de los ingresos no exhiben una relación significativa. Por último los modelos de diferencias entre hermanos sugieren que el tamaño del hogar y los años de escolaridad del jefe de hogar tienen un efecto significativo en los años de escolaridad. En general, los efectos más débiles de las medidas de ingresos en estos segundos modelos se puede explicar por los efectos fijos, pero antes hay que destacar que los modelos no son estrictamente comparables. De hecho, en estos segundos modelos los resultados fueron estimados al cabo de cinco años en vez de diez, y por construcción no se incluyen variables constantes a lo largo del tiempo. Por último las submuestras disponibles para este análisis son considerablemente menores. Desafortunadamente, esta es una restricción que impone la encuesta con sólo tres mediciones.15

5. Conclusiones

Nota: modelo logit; los números entre paréntesis son los errores estándar. Los niveles de significancia están dados por: *, 1%; **, 5%; ***, 10%. Utilizamos pesos longitudinales.

Como chequeos de robustez a la potencial endogeneidad de los ingresos, estimamos modelos de lineales y logit con efectos fijos, y modelos de cambio entre hermanos.12 En los modelos de cambio analizamos los años de escolaridad y la probabilidad de no estar estudiando o trabajando cinco años más tarde como variables de resultado, mientras que en los modelos de diferencias entre hermanos nos centramos en la escolaridad.13 12 Sibling differences models. 13 Esta es una de las restricciones que imponían los datos de la encuesta Panel CASEN ya que son sólo tres mediciones cada cinco años.

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En las secciones anteriores analizamos la pobreza infantil en cuanto a sus tendencias, dinámica y, principalmente, impacto en resultados que influyen en el éxito económico durante la vida adulta. El análisis de las tendencias nos muestra que la reducción de la incidencia de la pobreza infantil ha sido considerable, pero que su magnitud sigue siendo muy alta: un 21,4%. Por otra parte, en 14 Una preocupación persistente en este tipo de modelos es que el efecto del ingreso puede ser espurio, lo que quiere decir que su efecto se debe a su asociación con otras variables no observables, que en última instancia son las que determinan los resultados de los menores. Por ejemplo, es posible que la motivación y perseverancia de los padres sean los verdaderos determinantes del desarrollo de los menores y no los ingresos en sí, como se supone en los primeros modelos. Como es probable que estas dos variables también determinen los ingresos del hogar, al ser no observables, se sobreestimará el efecto de los ingresos en los resultados de los menores. 15 Por problemas de espacio y carácter de difusión de resultados de este trabajo se omitieron estas tablas. No obstante, estas se pueden encontrar en la versión original de este trabajo en http://www.lacregionalhdr2009.org/ o solicitándoselas al autor.

el análisis de la dinámica de la pobreza encontramos que un 7,7 por ciento de los menores de 13 años en 1996 fueron pobres en 1996, 2001 y 2006, mientras que un 49,7 por ciento de la misma población fue al menos una vez pobre en el periodo. En suma, en Chile la mitad de los niños y niñas fueron al menos una vez pobres en los últimos diez años. Por último, el análisis del impacto de la pobreza infantil sobre variables de resultados educacionales nos muestra que los menores que experimentaron la pobreza extrema y la pobreza no extrema en 1996 alcanzaron, respectivamente, 0,72 y 0,55 años menos de escolaridad en 2006 en promedio que aquellos menores no pobres ese año. Además, los niños y niñas del quintil más pobre alcanzaron 0,93 años menos de escolaridad en promedio que aquellos del quintil más rico. ¿Y qué se está haciendo en Chile al respecto? En 2006 el Gobierno reunió al Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia, cuyo diagnóstico dio origen al diseño del Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo.” En 2009, se aprobó la ley que institucionaliza este sistema, y a la fecha está operando en todo el país. El objetivo de este sistema es acompañar el proceso de desarrollo de los niños y niñas que se atienden en el sistema público de salud, desde su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer nivel de transición o prekinder. Para esto, “Chile Crece Contigo” considera las múltiples dimensiones que influyen en el desarrollo infantil, y pone a disposición de todos los menores una serie de prestaciones y programas para que los menores puedan realizar su potencial de desarrollo. Entre otros, se da acceso gratuito y garantizado para todos los niños y niñas a sala cuna y jardín infantil y, en función de las necesidades de sus familiares, acceso a programas tales como nivelación de estudios, inserción laboral, mejoramiento de la vivienda, asistencia judicial, y prevención y atención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Sin lugar a dudas, éstos son avances importantes para superar la pobreza y desigualdad en Chile, pues la pobreza infantil es la cuna de las inequidades de nuestra sociedad. Sin embargo, dada la importancia del problema, es de esperar que como en otros países la erradicación de la pobreza infantil sea “Meta de Gobierno” y que los programas sociales enfocados en la infancia sean constamente evaluados, informando a la ciudadanía de sus resultados.

Referencias Bibliográficas • Bendezú, L., Denis, A. y Zubizarreta, J. R. (2007), “Análisis de la Atrición de la Muestra de la Encuesta Panel CASEN”, Documento de Trabajo, Observatorio Social, Universidad Alberto Hurtado. • Heckman, J. J. and Masterov, D. V., “The Productivity Argument for Investing in Young Children,” Review of Agricultural Economics,  29, (3), 446493. • Zubizarreta, J. R. (2007), editor, “La Encuesta Panel CASEN: Metodología y Calidad de los Datos;” autores, Bendezú, L., Denis, A., Sanchez, C. L., Ugalde, P. y Zubizarreta, J. R.; director de proyecto, Prieto, J. J., Documento de Trabajo, Observatorio Social, Universidad Alberto Hurtado.

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Infografía: Las encuestas CASEN La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) es la principal encuesta de hogares de corte transversal del país. La primera versión de la encuesta se realizó el año 1985, y a partir de entonces se ha aplicado aproximadamente cada dos años; específicamente, en los meses de noviembre y diciembre de los años 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006. En cada uno de estos años, la encuesta ha contado con representatividad a nivel nacional, regional, urbano y rural, y comunal, para un número variable de éstas. Desde sus inicios la encuesta ha sido administrada por el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan). Entre sus objetivos principales figura conocer periódicamente la situación de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de los grupos definidos como prioritarios para la política social; evaluar la cobertura y distribución del gasto fiscal de los principales programas sociales, y también el impacto de este gasto en el ingreso de los hogares y en su distribución; evaluar los programas sociales en curso, y determinar líneas de política a seguir. La encuesta CASEN se enfoca en los temas de composición del hogar, educación, saludo, empleo, ingresos y viviendas. En las distintas versiones de la encuesta, cada uno de estos temas ha correspondido a un módulo del cuestionario de la encuesta. En cuanto al diseño de las muestras, los marcos se han basado en los antecedentes de los Censos de Población y Vivienda disponibles más recientes a la fecha de levantamiento de cada encuesta. De éstos se ha obtenido el material cartográfico y la información de población y vivienda. A partir de ellos, la cobertura de la encuesta ha sido nacional, salvo comunas de difícil acceso. El tipo de muestreo ha sido estratificado, por conglomerados, polietápico y, para recuperar la estructura de la población en la muestra -corrigiendo por eventuales problemas de cobertura, no respuesta y varianza muestral- se han construido factores de expansión según las proyecciones poblacionales del INE a noviembre del año respectivo de la encuesta. Como se señaló anteriormente, esta encuesta permite hacer estimaciones independientes a nivel nacional, regional, urbano y rural, y comunal para un número creciente de ellas en el tiempo. Los datos disponibles de la encuesta CASEN se limitan al periodo 1990-2006. Así, ésta es la serie que se utilizará para analizar las tendencias de la pobreza infantil en Chile en los últimos años. A continuación, en la Tabla A se presenta la distribución del número total de hogares y de menores de 15 años en cada una de las encuestas.

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Tabla A: Número de observaciones de las encuestas CASEN

es selectiva y las estimaciones pueden resultar además sesgadas. A continuación, en la Tabla B se exponen los totales que se obtuvieron en 2001 y 2006 a nivel de personas de todas las edades.

AÑO

HOGARES

NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS

1990

25.793

31.121

1992

35.948

42.435

1994

45.379

52.351

1996

33.636

38.925

REGIÓN

1996

2001

2006

1.254

943

653

Tabla B: Muestra Longitudinal de la encuesta Panel CASEN (Personas)

1998

48.107

53.509

III

2000

65.036

69.863

VII

3.530

2.685

2.024

2003

71321

73.067

VIII

7.325

5.480

3.686

2006

73.720

62.976

XIII

8.839

5.930

3.924

Total

20.948

15.038

10.287

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

Infografía: La encuesta Panel CASEN La encuesta Panel CASEN realiza un seguimiento a una misma muestra de personas residentes en hogares particulares, independientemente de su lugar de residencia dentro del territorio de estudio. Este seguimiento permite medir cambio de una manera más rigurosa que sus homólogas de corte transversal, y así describir fenómenos que son intrínsecamente longitudinales, como la dinámica de la pobreza infantil y el proceso de desarrollo de los niños. La encuesta Panel CASEN comenzó en 1996 con una sub-muestra de 5.210 hogares de la encuesta CASEN del mismo año. En esta sub-muestra se seleccionaron hogares sólo de las regiones III, VII, VIII y Metropolitana, sobre representando los hogares de las comunas más pobres. Estos 5.210 hogares se traducen en una muestra de 20.948 personas, que se re-encuestaron primero en 2001 y después en 2006 independientemente de su lugar de residencia dentro de las cuatro regiones de estudio. Como resultado de este mecanismo de seguimiento, esta encuesta puede proveer una representación continua de la población inicial en un sentido longitudinal, y de la población de cada medición u ola, en un sentido de corte transversal. Como es de suponer, en las olas 2001 y 2006 no se logró encuestar a todas las personas que formaban parte de la muestra inicial en 1996, sea porque no eran elegibles (al pasar a residir en una región distinta o porque fallecieron), o porque no se lograron ubicar o se negaron a contestar la encuesta. Esta no respuesta o atrición presenta dos problemas para el análisis: por una parte, el menor número de observaciones disminuye la eficiencia de los estimadores y, por otra, si las características de los miembros originales de la muestra que no vuelven a ser encuestados difieren sistemáticamente de las características de los que sí vuelven a serlo, entonces la atrición

En esta tabla observamos que de la muestra inicial de 20.948 personas se re-encuestaron a 15.038 personas en 2001 y 10.287 personas en 2006. Lo anterior se traduce en una tasa de atrición de la muestra de un 28 por ciento al cabo de cinco años y de aproximadamente un 50 por ciento al cabo de diez. Esta cifra es alta si consideramos que se realizaron sólo tres mediciones, pero es comparable a la de encuestas similares en otros países al cabo de diez años de estudio. En un análisis detallado

de la magnitud y naturaleza de la atrición en la encuesta, Bendezú et al. (2007) encuentran que se perdieron sistemáticamente de la muestra las personas entre 20 y 29 años de edad, las personas que arrendaban su vivienda y las personas de los deciles altos de la distribución de ingresos. Este patrón de atrición podría sesgar las estimaciones de la encuesta, pero es compensado adecuadamente mediante la construcción de pesos longitudinales (ver Zubizarreta, 2007). El presente trabajo se enfoca en los menores de 13 años. La distribución de esta muestra por regiones y en el tiempo se exhibe en la Tabla C. A lo largo de los diez años, tenemos una muestra longitudinal de niños y niños menores de 13 años en 1996 de que 2.750 casos.

Tabla C: Muestra Longitudinal de la encuesta Panel CASEN, Menores de 13 años REGIÓN

1996

2001

2006

III

359

282

197

VII

896

713

558

VIII

1.800

1.380

941

XIII

2176

1.508

1.054

Total

5.231

3.883

2.750

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

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Pobreza Infantil en Chile: Una Mirada a sus Tendencias, Dinámica e Impacto en Resultados Educacionales

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Infografía: Las encuestas CASEN La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) es la principal encuesta de hogares de corte transversal del país. La primera versión de la encuesta se realizó el año 1985, y a partir de entonces se ha aplicado aproximadamente cada dos años; específicamente, en los meses de noviembre y diciembre de los años 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006. En cada uno de estos años, la encuesta ha contado con representatividad a nivel nacional, regional, urbano y rural, y comunal, para un número variable de éstas. Desde sus inicios la encuesta ha sido administrada por el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan). Entre sus objetivos principales figura conocer periódicamente la situación de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de los grupos definidos como prioritarios para la política social; evaluar la cobertura y distribución del gasto fiscal de los principales programas sociales, y también el impacto de este gasto en el ingreso de los hogares y en su distribución; evaluar los programas sociales en curso, y determinar líneas de política a seguir. La encuesta CASEN se enfoca en los temas de composición del hogar, educación, saludo, empleo, ingresos y viviendas. En las distintas versiones de la encuesta, cada uno de estos temas ha correspondido a un módulo del cuestionario de la encuesta. En cuanto al diseño de las muestras, los marcos se han basado en los antecedentes de los Censos de Población y Vivienda disponibles más recientes a la fecha de levantamiento de cada encuesta. De éstos se ha obtenido el material cartográfico y la información de población y vivienda. A partir de ellos, la cobertura de la encuesta ha sido nacional, salvo comunas de difícil acceso. El tipo de muestreo ha sido estratificado, por conglomerados, polietápico y, para recuperar la estructura de la población en la muestra -corrigiendo por eventuales problemas de cobertura, no respuesta y varianza muestral- se han construido factores de expansión según las proyecciones poblacionales del INE a noviembre del año respectivo de la encuesta. Como se señaló anteriormente, esta encuesta permite hacer estimaciones independientes a nivel nacional, regional, urbano y rural, y comunal para un número creciente de ellas en el tiempo. Los datos disponibles de la encuesta CASEN se limitan al periodo 1990-2006. Así, ésta es la serie que se utilizará para analizar las tendencias de la pobreza infantil en Chile en los últimos años. A continuación, en la Tabla A se presenta la distribución del número total de hogares y de menores de 15 años en cada una de las encuestas.

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Tabla A: Número de observaciones de las encuestas CASEN

es selectiva y las estimaciones pueden resultar además sesgadas. A continuación, en la Tabla B se exponen los totales que se obtuvieron en 2001 y 2006 a nivel de personas de todas las edades.

AÑO

HOGARES

NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS

1990

25.793

31.121

1992

35.948

42.435

1994

45.379

52.351

1996

33.636

38.925

REGIÓN

1996

2001

2006

1.254

943

653

Tabla B: Muestra Longitudinal de la encuesta Panel CASEN (Personas)

1998

48.107

53.509

III

2000

65.036

69.863

VII

3.530

2.685

2.024

2003

71321

73.067

VIII

7.325

5.480

3.686

2006

73.720

62.976

XIII

8.839

5.930

3.924

Total

20.948

15.038

10.287

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

Infografía: La encuesta Panel CASEN La encuesta Panel CASEN realiza un seguimiento a una misma muestra de personas residentes en hogares particulares, independientemente de su lugar de residencia dentro del territorio de estudio. Este seguimiento permite medir cambio de una manera más rigurosa que sus homólogas de corte transversal, y así describir fenómenos que son intrínsecamente longitudinales, como la dinámica de la pobreza infantil y el proceso de desarrollo de los niños. La encuesta Panel CASEN comenzó en 1996 con una sub-muestra de 5.210 hogares de la encuesta CASEN del mismo año. En esta sub-muestra se seleccionaron hogares sólo de las regiones III, VII, VIII y Metropolitana, sobre representando los hogares de las comunas más pobres. Estos 5.210 hogares se traducen en una muestra de 20.948 personas, que se re-encuestaron primero en 2001 y después en 2006 independientemente de su lugar de residencia dentro de las cuatro regiones de estudio. Como resultado de este mecanismo de seguimiento, esta encuesta puede proveer una representación continua de la población inicial en un sentido longitudinal, y de la población de cada medición u ola, en un sentido de corte transversal. Como es de suponer, en las olas 2001 y 2006 no se logró encuestar a todas las personas que formaban parte de la muestra inicial en 1996, sea porque no eran elegibles (al pasar a residir en una región distinta o porque fallecieron), o porque no se lograron ubicar o se negaron a contestar la encuesta. Esta no respuesta o atrición presenta dos problemas para el análisis: por una parte, el menor número de observaciones disminuye la eficiencia de los estimadores y, por otra, si las características de los miembros originales de la muestra que no vuelven a ser encuestados difieren sistemáticamente de las características de los que sí vuelven a serlo, entonces la atrición

En esta tabla observamos que de la muestra inicial de 20.948 personas se re-encuestaron a 15.038 personas en 2001 y 10.287 personas en 2006. Lo anterior se traduce en una tasa de atrición de la muestra de un 28 por ciento al cabo de cinco años y de aproximadamente un 50 por ciento al cabo de diez. Esta cifra es alta si consideramos que se realizaron sólo tres mediciones, pero es comparable a la de encuestas similares en otros países al cabo de diez años de estudio. En un análisis detallado

de la magnitud y naturaleza de la atrición en la encuesta, Bendezú et al. (2007) encuentran que se perdieron sistemáticamente de la muestra las personas entre 20 y 29 años de edad, las personas que arrendaban su vivienda y las personas de los deciles altos de la distribución de ingresos. Este patrón de atrición podría sesgar las estimaciones de la encuesta, pero es compensado adecuadamente mediante la construcción de pesos longitudinales (ver Zubizarreta, 2007). El presente trabajo se enfoca en los menores de 13 años. La distribución de esta muestra por regiones y en el tiempo se exhibe en la Tabla C. A lo largo de los diez años, tenemos una muestra longitudinal de niños y niños menores de 13 años en 1996 de que 2.750 casos.

Tabla C: Muestra Longitudinal de la encuesta Panel CASEN, Menores de 13 años REGIÓN

1996

2001

2006

III

359

282

197

VII

896

713

558

VIII

1.800

1.380

941

XIII

2176

1.508

1.054

Total

5.231

3.883

2.750

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Panel CASEN

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Pobreza Infantil en Chile: Una Mirada a sus Tendencias, Dinámica e Impacto en Resultados Educacionales

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La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción Joaquín Manzano González

Emilia Valenzuela Vergara

Sociólogos, Pontificia Universidad Católica de Chile

Hoy en día, diferentes instituciones y organismos han puesto su atención sobre los jóvenes. Cada vez más, la sociedad deposita en ellos las perspectivas del futuro pero paralelamente también parece aumentar la dificultad de entender y dialogar con este grupo. Estos factores, entre otros, han hecho que de los fenómenos sociales asociados a la juventud surjan preguntas relevantes y no resueltas. El objetivo del estudio fue dar cuenta de las percepciones de los jóvenes universitarios de Viña del Mar-Valparaíso y Concepción sobre temas relacionados con la pobreza y el voluntariado, así como de la percepción sobre los modelos de intervención social que existen en Chile. A partir de esta información se condensaron dos niveles de resultados; uno refiere a los componentes específicos de cada tema sobre los que se articulan los discursos de los jóvenes, y el otro a un nivel global, que da cuenta de la perspectiva desde donde los jóvenes como generación se posicionan ante la sociedad, a partir de un acercamiento profundo a los mecanismos y sentidos que operan tras los discursos y sus aparentes contradicciones. Finalmente, con ambos niveles intentamos establecer ciertos lineamientos que permitan establecer un diálogo más claro y fluido entre los jóvenes y las instituciones u organismos interesados en los mismos. Palabras Claves: jóvenes- participación- pobreza- voluntariado- intervención social

Son diversas las instituciones y organismos, incluyendo al Estado, que en los últimos años han puesto sus ojos sobre los jóvenes, quienes en muchos sentidos, representan una pregunta de difícil respuesta. Por un lado, el resto de la sociedad no tiene una visión clara de ellos, ni tampoco se sabe qué es lo que realmente piensan los jóvenes del mundo de hoy. Esto genera una distancia y diálogo entorpecido entre la sociedad y los jóvenes, la cual parece engendrar una lectura social desde la idea de “decadencia de la juventud”, la cual no es un concepto nuevo. Si miramos atrás, las generaciones mayores suelen tener de los jóvenes una visión de la realidad que rompe con sus antiguos esquemas, lo que produce que el diálogo entre ambos grupos entre de alguna u otra manera, en contante tensión. Sin embargo, este proceso ha adquirido un matiz inédito en tanto el diálogo entre las generaciones, más que estar en tensión o trabado, parece ser casi inexistente. La decadencia de la juventud hoy se configura desde ideas como desintegración, falta de visión futura, desinterés hacia todo, apatía política, individualismo o desencanto, básicamente conceptos que definen a los jóvenes como un grupo que no tiene una identidad o discurso representativo que pueda dialogar con la realidad de los grupos de mayor edad, quienes finalmente sienten una dificultad o imposibilidad de conocer o acercarse a la realidad de los jóvenes. Es a partir de esto que desde muchas partes se han volcado los esfuerzos para lograr articular el diálogo perdido con el fin de enriquecer la dinámica de los procesos sociales. Tal escenario, hace de la pregunta sobre los jóvenes y de las acciones que de ella se desprenden, una necesidad de vital importancia para la sociedad en general, y es justamente éste el motivo por el cual se hace necesario ahondar en dichos temas. De esta manera, el presente artículo intentó profundizar en las percepciones de los jóvenes universitarios de las ciudades de Concepción y Viña-Valparaíso, sobre temas relacionados con la pobreza y el voluntariado, así como en la percepción sobre los modelos de intervención social que existen en Chile. El estudio busca analizar las percepciones de los jóvenes universitarios1, profundizando en aquellos temas que resultan de vital importancia para la sociedad en su conjunto. Se busca con ellos, responder a ciertas interrogantes: ¿cómo perciben los jóvenes los temas relacionados 1 Se entenderá como jóvenes universitarios al grupo etario comprendido entre los 18 y 25 años aproximadamente, que se encuentra cursando estudios en una institución de Enseñanza Superior. El presente artículo considera universitarios a aquellos jóvenes que se encuentran estudiando actualmente en universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica ubicados en las ciudades de Viña del Mar-Valparaíso y Concepción.

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con la pobreza?, ¿quiénes son a su juicio los actores relevantes que se preocupan por superarla?, ¿qué opinión tienen sobre el voluntariado? A continuación, se exponen algunos antecedentes que contextualizan el problema, luego los principales resultados y finalmente una reflexión que integra a estos últimos y les da una nueva mirada.

Antecedentes Hoy en día el Estado se ve enfrentado a un desafío transversal en la medida que la sociedad actual se encuentra en un proceso de cambio que se distancia progresivamente de los mecanismos políticos e institucionales que la sostienen. Esto se debe a que dichos mecanismos se mantienen rígidos e incapaces de adaptarse a la velocidad con que cambia la sociedad, de manera que han perdido su centralidad y penetración en la misma. Estos cambios remecen los fundamentos paradigmáticos en los que anteriormente se sustentaba la sociedad, empañando la percepción que ésta tiene de sí misma. Los principios, valores y símbolos colectivos tradicionales sobre los que cada individuo conducía su vida parecen perder su estabilidad, su condición de mundo de la vida como ideario incuestionable y compartido por todos (Schutz y Luckmann, 1977); las certidumbres tambalean y por consiguiente también las instituciones que sobre ellas descansan. Sin embargo lo que resulta ser totalmente desconocido es que tal cambio no parece ser seguido, ni producido, por el posicionamiento de una nueva imagen de sociedad, y es ahí donde reside el desconcierto actual de quienes miran las nuevas generaciones: “hoy en día la imagen de sociedad y la identidad de quienes habitan en ella no son evidentes” (PNUD, 2002). Claramente no lo son para las generaciones mayores, pero tampoco parecen serlo para los propios jóvenes. En los setenta existía una juventud con un discurso abiertamente crítico de la realidad social, con una actitud proactiva de cambio y manifestada por medio de una fuerte búsqueda de empoderamiento político a través de una directa inserción en las estructuras de poder. En los ochenta sin embargo, se puede percibir el mismo descontento o discurso crítico, pero manifestado a través de una actitud más contestataria y distanciada de los mecanismos políticos y sociales vigentes (INJUV, 2004). Esto trae consigo la configuración de una identidad a partir de la distancia entre los jóvenes y las generaciones mayores o la sociedad tradicional. De alguna manera se inicia una clausura del discurso y se genera progresivamente una exclusión entre ambos, el diálogo entre la juventud y la sociedad en general comienza a hacerse más trabado y crítico, dibujándose una mirada “problemática” sobre los jóvenes desde las otras generaciones. Ya en los noventa, la distancia entre la sociedad y los

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investigación

Introducción

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La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción Joaquín Manzano González

Emilia Valenzuela Vergara

Sociólogos, Pontificia Universidad Católica de Chile

Hoy en día, diferentes instituciones y organismos han puesto su atención sobre los jóvenes. Cada vez más, la sociedad deposita en ellos las perspectivas del futuro pero paralelamente también parece aumentar la dificultad de entender y dialogar con este grupo. Estos factores, entre otros, han hecho que de los fenómenos sociales asociados a la juventud surjan preguntas relevantes y no resueltas. El objetivo del estudio fue dar cuenta de las percepciones de los jóvenes universitarios de Viña del Mar-Valparaíso y Concepción sobre temas relacionados con la pobreza y el voluntariado, así como de la percepción sobre los modelos de intervención social que existen en Chile. A partir de esta información se condensaron dos niveles de resultados; uno refiere a los componentes específicos de cada tema sobre los que se articulan los discursos de los jóvenes, y el otro a un nivel global, que da cuenta de la perspectiva desde donde los jóvenes como generación se posicionan ante la sociedad, a partir de un acercamiento profundo a los mecanismos y sentidos que operan tras los discursos y sus aparentes contradicciones. Finalmente, con ambos niveles intentamos establecer ciertos lineamientos que permitan establecer un diálogo más claro y fluido entre los jóvenes y las instituciones u organismos interesados en los mismos. Palabras Claves: jóvenes- participación- pobreza- voluntariado- intervención social

Son diversas las instituciones y organismos, incluyendo al Estado, que en los últimos años han puesto sus ojos sobre los jóvenes, quienes en muchos sentidos, representan una pregunta de difícil respuesta. Por un lado, el resto de la sociedad no tiene una visión clara de ellos, ni tampoco se sabe qué es lo que realmente piensan los jóvenes del mundo de hoy. Esto genera una distancia y diálogo entorpecido entre la sociedad y los jóvenes, la cual parece engendrar una lectura social desde la idea de “decadencia de la juventud”, la cual no es un concepto nuevo. Si miramos atrás, las generaciones mayores suelen tener de los jóvenes una visión de la realidad que rompe con sus antiguos esquemas, lo que produce que el diálogo entre ambos grupos entre de alguna u otra manera, en contante tensión. Sin embargo, este proceso ha adquirido un matiz inédito en tanto el diálogo entre las generaciones, más que estar en tensión o trabado, parece ser casi inexistente. La decadencia de la juventud hoy se configura desde ideas como desintegración, falta de visión futura, desinterés hacia todo, apatía política, individualismo o desencanto, básicamente conceptos que definen a los jóvenes como un grupo que no tiene una identidad o discurso representativo que pueda dialogar con la realidad de los grupos de mayor edad, quienes finalmente sienten una dificultad o imposibilidad de conocer o acercarse a la realidad de los jóvenes. Es a partir de esto que desde muchas partes se han volcado los esfuerzos para lograr articular el diálogo perdido con el fin de enriquecer la dinámica de los procesos sociales. Tal escenario, hace de la pregunta sobre los jóvenes y de las acciones que de ella se desprenden, una necesidad de vital importancia para la sociedad en general, y es justamente éste el motivo por el cual se hace necesario ahondar en dichos temas. De esta manera, el presente artículo intentó profundizar en las percepciones de los jóvenes universitarios de las ciudades de Concepción y Viña-Valparaíso, sobre temas relacionados con la pobreza y el voluntariado, así como en la percepción sobre los modelos de intervención social que existen en Chile. El estudio busca analizar las percepciones de los jóvenes universitarios1, profundizando en aquellos temas que resultan de vital importancia para la sociedad en su conjunto. Se busca con ellos, responder a ciertas interrogantes: ¿cómo perciben los jóvenes los temas relacionados 1 Se entenderá como jóvenes universitarios al grupo etario comprendido entre los 18 y 25 años aproximadamente, que se encuentra cursando estudios en una institución de Enseñanza Superior. El presente artículo considera universitarios a aquellos jóvenes que se encuentran estudiando actualmente en universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica ubicados en las ciudades de Viña del Mar-Valparaíso y Concepción.

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con la pobreza?, ¿quiénes son a su juicio los actores relevantes que se preocupan por superarla?, ¿qué opinión tienen sobre el voluntariado? A continuación, se exponen algunos antecedentes que contextualizan el problema, luego los principales resultados y finalmente una reflexión que integra a estos últimos y les da una nueva mirada.

Antecedentes Hoy en día el Estado se ve enfrentado a un desafío transversal en la medida que la sociedad actual se encuentra en un proceso de cambio que se distancia progresivamente de los mecanismos políticos e institucionales que la sostienen. Esto se debe a que dichos mecanismos se mantienen rígidos e incapaces de adaptarse a la velocidad con que cambia la sociedad, de manera que han perdido su centralidad y penetración en la misma. Estos cambios remecen los fundamentos paradigmáticos en los que anteriormente se sustentaba la sociedad, empañando la percepción que ésta tiene de sí misma. Los principios, valores y símbolos colectivos tradicionales sobre los que cada individuo conducía su vida parecen perder su estabilidad, su condición de mundo de la vida como ideario incuestionable y compartido por todos (Schutz y Luckmann, 1977); las certidumbres tambalean y por consiguiente también las instituciones que sobre ellas descansan. Sin embargo lo que resulta ser totalmente desconocido es que tal cambio no parece ser seguido, ni producido, por el posicionamiento de una nueva imagen de sociedad, y es ahí donde reside el desconcierto actual de quienes miran las nuevas generaciones: “hoy en día la imagen de sociedad y la identidad de quienes habitan en ella no son evidentes” (PNUD, 2002). Claramente no lo son para las generaciones mayores, pero tampoco parecen serlo para los propios jóvenes. En los setenta existía una juventud con un discurso abiertamente crítico de la realidad social, con una actitud proactiva de cambio y manifestada por medio de una fuerte búsqueda de empoderamiento político a través de una directa inserción en las estructuras de poder. En los ochenta sin embargo, se puede percibir el mismo descontento o discurso crítico, pero manifestado a través de una actitud más contestataria y distanciada de los mecanismos políticos y sociales vigentes (INJUV, 2004). Esto trae consigo la configuración de una identidad a partir de la distancia entre los jóvenes y las generaciones mayores o la sociedad tradicional. De alguna manera se inicia una clausura del discurso y se genera progresivamente una exclusión entre ambos, el diálogo entre la juventud y la sociedad en general comienza a hacerse más trabado y crítico, dibujándose una mirada “problemática” sobre los jóvenes desde las otras generaciones. Ya en los noventa, la distancia entre la sociedad y los

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jóvenes se hace cada vez más pronunciada, éstos por su parte parecen no pretender alcanzar ni apropiarse de los espacios y estructuras sociales. Se produce así un hermetismo infranqueable que no permite entender desde afuera el sentido o motivaciones de ellos. De esta forma, ya no se observa el perfil de los setenta con jóvenes que intentaban generar un cambio insertándose en el mismo objeto que criticaban, ni el de los ochenta, con jóvenes que manifestaban sus enfoques por medio de protestas con un claro discurso de imponer nuevas estructuras. La identidad hoy parece no existir en la generación joven o al menos resulta invisible para quienes observan desde fuera, pareciera que las generaciones jóvenes carecen de un enfoque generacional o al menos no pretenden comunicarlo (INJUV, 2004). Lo anterior ha generado fuertes críticas contra los jóvenes, producto de la incertidumbre sobre qué es lo que “ocultan” y al mismo tiempo una preocupación por saber si es que realmente ocultan algo, o en realidad no hay nada más que desintegración y ausencia de identidad. En este sentido, si bien se puede afirmar que los cambios sociales han ido de la mano de las generaciones jóvenes, hace ya un tiempo pareciera que el cambio no es motivado por la necesidad de instalar una nueva identidad sino únicamente por un rechazo a lo actual, percibiéndose este No como el único espacio común de identidad. Particularmente, al pensar en política desde una perspectiva juvenil, resulta fácil acercarse a una visión de mecanismos sociales inmutables que han estado desde muchos años y pareciera que seguirán ahí por muchos más sin que se vislumbre una intención manifiesta de cambiarlos. La distancia con el origen de estas estructuras y mecanismos se ve abismante, dejando a los jóvenes únicamente destellos de historia que terminan por ser interpretaciones utilizadas como herramientas políticas actuales. De aquí surge una mirada negativa y estigmatizada, tanto de parte del gobierno como de la sociedad civil, de una apatía juvenil y un desinterés por la participación social y política, que se condice con las bajas cifras de participación en los sistemas electorales (INJUV, 2004). Esto desde la mirada política actual, inmediatamente se traduce en un problema social, especialmente porque elimina la cooperación entre personas y la posibilidad de enriquecerse mutuamente en la medida que se comparten creencias y valores que permiten un desarrollo humano para todos (PNUD, 1996). Sin embargo, no son pocos los enfoques que han intentado establecer un giro en la mirada que se le da a esta problemática intentando traspasar el punto de vista antiguo y negativo de los jóvenes para situarse desde el sentido propiamente social, que incuba a esta nueva perspectiva de los jóvenes, asumiendo que en ella reside necesariamente una coherencia social. En otras palabras, la “decadencia” de los jóvenes sería más bien una mirada

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paradigmática desde el pasado, particularmente desde un pasado tradicionalista y rígido, más que una verdad del presente y para el futuro. Independiente del enfoque, pareciera ser cierto que hoy los jóvenes se enfrentan a una dificultad trascendental en relación a su identidad como grupo, ya sea, desde una mirada tradicional, por la necesidad de construir o inventar su identidad, o desde una mirada joven, por la necesidad de hacer de su identidad algo visible, traducido y validado para la sociedad en su conjunto, asumiendo que no es sostenible imaginar una sociedad que reproduzca intrínsecamente una pérdida de sentimiento de comunidad e identificación. En este contexto, el trabajo realizado por diferentes instituciones ha generado información sobre la realidad de los jóvenes de hoy desde diversos ámbitos, ya sea adentrándose en la política, en las formas de participación social, voluntariado, temas de pobreza, etc. Un ejemplo de esto es el trabajo del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes se han encargado de generar un acercamiento, caracterización y divulgación de la juventud chilena con el fin de entrelazar las visiones y horizontes de sentido que ésta tiene con los idearios de identidad de las generaciones mayores y sus instituciones.

Metodología El objetivo del presente artículo es dar cuenta de las percepciones de los jóvenes universitarios de Viña-Valparaíso y Concepción sobre temas relacionados con la pobreza y el voluntariado, así como de la percepción sobre los modelos de intervención social que existen en Chile. Para lograr esto, se definieron cuatro conceptos guías con sus respectivas dimensiones:

CONCEPTO Visión País

DIMENSIONES

Visión general Evolución Aspectos intrínsecos Desafíos y proyecciones

Pobreza

Enfoques

Voluntariado

Concepto Opinión Evolución Nivel de cercanía Proyecciones

La metodología utilizada se basó en un estudio cualitativo de tipo descriptivo, en base a una muestra de 31 entrevistas semi-estructuradas aplicadas a jóvenes universitarios de las ciudades Viña del Mar-Valparaíso y Concepción. Se efectuaron 16 y 15 entrevistas por región respectivamente, manteniendo la mayor heterogeneidad según los criterios de: edad, sexo, carrera y establecimiento educacional. La entrevista abordó los cuatro temas centrales anteriormente mencionados a través de preguntas abiertas que indagaron en las percepciones de los jóvenes junto a sus experiencias, valoraciones, críticas y proyecciones. A partir de los datos proporcionados por las entrevistas se diseñó una encuesta vía Web, la cual fue enviada en dos ocasiones con tres días de separación, a 1100 jóvenes de 22 establecimientos de Educación Superior, recogiendo 142 respuestas válidas. La encuesta intentó resolver dos objetivos, el primero; corroborar o refutar los resultados del análisis cualitativo. El segundo; realizar un acercamiento a las magnitudes de las conclusiones extraídas del análisis cualitativo, es decir, la encuesta no pretende ser un instrumento de validación de resultados sino de contraste y complemento de éstos.

Ficha metodológica • Tipo de enfoque metodológico: estudio cualitativo de tipo descriptivo. • Unidad de análisis: estudiantes de educación superior de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, en Valparaíso y Concepción. • Unidad de observación: jóvenes universitarios de las ciudades de Concepción y Viña-Valparaíso. • Instrumento metodológico: entrevistas semiestructuradas y encuesta vía e-mail. • Muestra: 31 entrevistas y 142 encuestas vía e-mail.

Consecuencias Visión futura Mecanismos de intervención

Actores relevantes Mecanismos conocidos Percepción de mecanismos

RESULTADOS Un país de Cambio En una primera aproximación a la mirada general que tienen los jóvenes universitarios sobre el país en la actua-

lidad, se puede observar que hay una gran diversidad de respuestas. Hay quienes se enfocan en el ámbito económico: “Chile va bien encaminado económicamente”, “es una potencia latinoamericana”, “va bien encaminado hacia lo que es encontrar el desarrollo”, etc. Otros lo hacen en el ámbito político: “es una seudo-democracia”, “país con problemas políticos”, “dividido en dos bandos, el de derecha e izquierda”. Por último hay jóvenes que refieren al ámbito social, viendo a Chile como un país individualista, desigual, mediocre y asistencialista. En relación a lo anterior, llama la atención que la mayoría tiene una visión negativa del país, donde prevalecen los problemas sociales tales como la desigualdad, delincuencia y violencia, y los problemas políticos referentes a la mala gestión del gobierno, la ineficiencia de los políticos, la corrupción, etc. Dichos problemas también se diferencian entre los jóvenes de ambas regiones: aquellos que estudian en Valparaíso mencionan en mayor medida los problemas políticos, y los de Concepción, los problemas sociales. “Socioeconómicamente hay una gran diferencia, entre las distintas clases sociales.” (Loreto, 19 años, Concepción)

“Creo que Chile está dividido en dos bandos, el de la derecha y el de la izquierda, siempre está la división, por lo que pasó el 72 creo… golpe militar, o golpe de Estado, dictadura, gobierno militar. Todos esos nombres también demuestran un Chile súper polarizado.” (Claudia, 20 años, Viña-Valparaíso)

Ahora bien, aquellos que tienen una visión más positiva de Chile, lo relacionan a cambios que ha experimentado el país a través del desarrollo económico. Tal como se aprecia en un principio, donde de las tres visiones mencionadas, sólo la de carácter económico representa una percepción positiva del país. Por otra parte, se puede decir que independiente al ámbito que se refiera y la percepción que se tenga, la visión de los jóvenes sobre el país resulta poco articulada y de pocos argumentos. Esto se evidencia en la gran dificultad para reconocer aspectos estructurales del país y la tendencia a mencionar situaciones coyunturales como si fueran problemas intrínsecos de éste. Los aspectos positivos y negativos mencionados suelen ser características o situaciones puntuales y contingentes, que no refieren directamente a una condición propia de Chile. Una de las pocas características mencionadas por los jóvenes –que parece responder a una realidad intrínseca– es la idea de que somos un país de cambio, no estamos determinados y nos mantenemos en un intento de mejorar. Sin embargo no queda claro qué es lo se quiere mejorar ni hacia dónde se pretende llegar.

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La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción

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jóvenes se hace cada vez más pronunciada, éstos por su parte parecen no pretender alcanzar ni apropiarse de los espacios y estructuras sociales. Se produce así un hermetismo infranqueable que no permite entender desde afuera el sentido o motivaciones de ellos. De esta forma, ya no se observa el perfil de los setenta con jóvenes que intentaban generar un cambio insertándose en el mismo objeto que criticaban, ni el de los ochenta, con jóvenes que manifestaban sus enfoques por medio de protestas con un claro discurso de imponer nuevas estructuras. La identidad hoy parece no existir en la generación joven o al menos resulta invisible para quienes observan desde fuera, pareciera que las generaciones jóvenes carecen de un enfoque generacional o al menos no pretenden comunicarlo (INJUV, 2004). Lo anterior ha generado fuertes críticas contra los jóvenes, producto de la incertidumbre sobre qué es lo que “ocultan” y al mismo tiempo una preocupación por saber si es que realmente ocultan algo, o en realidad no hay nada más que desintegración y ausencia de identidad. En este sentido, si bien se puede afirmar que los cambios sociales han ido de la mano de las generaciones jóvenes, hace ya un tiempo pareciera que el cambio no es motivado por la necesidad de instalar una nueva identidad sino únicamente por un rechazo a lo actual, percibiéndose este No como el único espacio común de identidad. Particularmente, al pensar en política desde una perspectiva juvenil, resulta fácil acercarse a una visión de mecanismos sociales inmutables que han estado desde muchos años y pareciera que seguirán ahí por muchos más sin que se vislumbre una intención manifiesta de cambiarlos. La distancia con el origen de estas estructuras y mecanismos se ve abismante, dejando a los jóvenes únicamente destellos de historia que terminan por ser interpretaciones utilizadas como herramientas políticas actuales. De aquí surge una mirada negativa y estigmatizada, tanto de parte del gobierno como de la sociedad civil, de una apatía juvenil y un desinterés por la participación social y política, que se condice con las bajas cifras de participación en los sistemas electorales (INJUV, 2004). Esto desde la mirada política actual, inmediatamente se traduce en un problema social, especialmente porque elimina la cooperación entre personas y la posibilidad de enriquecerse mutuamente en la medida que se comparten creencias y valores que permiten un desarrollo humano para todos (PNUD, 1996). Sin embargo, no son pocos los enfoques que han intentado establecer un giro en la mirada que se le da a esta problemática intentando traspasar el punto de vista antiguo y negativo de los jóvenes para situarse desde el sentido propiamente social, que incuba a esta nueva perspectiva de los jóvenes, asumiendo que en ella reside necesariamente una coherencia social. En otras palabras, la “decadencia” de los jóvenes sería más bien una mirada

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paradigmática desde el pasado, particularmente desde un pasado tradicionalista y rígido, más que una verdad del presente y para el futuro. Independiente del enfoque, pareciera ser cierto que hoy los jóvenes se enfrentan a una dificultad trascendental en relación a su identidad como grupo, ya sea, desde una mirada tradicional, por la necesidad de construir o inventar su identidad, o desde una mirada joven, por la necesidad de hacer de su identidad algo visible, traducido y validado para la sociedad en su conjunto, asumiendo que no es sostenible imaginar una sociedad que reproduzca intrínsecamente una pérdida de sentimiento de comunidad e identificación. En este contexto, el trabajo realizado por diferentes instituciones ha generado información sobre la realidad de los jóvenes de hoy desde diversos ámbitos, ya sea adentrándose en la política, en las formas de participación social, voluntariado, temas de pobreza, etc. Un ejemplo de esto es el trabajo del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes se han encargado de generar un acercamiento, caracterización y divulgación de la juventud chilena con el fin de entrelazar las visiones y horizontes de sentido que ésta tiene con los idearios de identidad de las generaciones mayores y sus instituciones.

Metodología El objetivo del presente artículo es dar cuenta de las percepciones de los jóvenes universitarios de Viña-Valparaíso y Concepción sobre temas relacionados con la pobreza y el voluntariado, así como de la percepción sobre los modelos de intervención social que existen en Chile. Para lograr esto, se definieron cuatro conceptos guías con sus respectivas dimensiones:

CONCEPTO Visión País

DIMENSIONES

Visión general Evolución Aspectos intrínsecos Desafíos y proyecciones

Pobreza

Enfoques

Voluntariado

Concepto Opinión Evolución Nivel de cercanía Proyecciones

La metodología utilizada se basó en un estudio cualitativo de tipo descriptivo, en base a una muestra de 31 entrevistas semi-estructuradas aplicadas a jóvenes universitarios de las ciudades Viña del Mar-Valparaíso y Concepción. Se efectuaron 16 y 15 entrevistas por región respectivamente, manteniendo la mayor heterogeneidad según los criterios de: edad, sexo, carrera y establecimiento educacional. La entrevista abordó los cuatro temas centrales anteriormente mencionados a través de preguntas abiertas que indagaron en las percepciones de los jóvenes junto a sus experiencias, valoraciones, críticas y proyecciones. A partir de los datos proporcionados por las entrevistas se diseñó una encuesta vía Web, la cual fue enviada en dos ocasiones con tres días de separación, a 1100 jóvenes de 22 establecimientos de Educación Superior, recogiendo 142 respuestas válidas. La encuesta intentó resolver dos objetivos, el primero; corroborar o refutar los resultados del análisis cualitativo. El segundo; realizar un acercamiento a las magnitudes de las conclusiones extraídas del análisis cualitativo, es decir, la encuesta no pretende ser un instrumento de validación de resultados sino de contraste y complemento de éstos.

Ficha metodológica • Tipo de enfoque metodológico: estudio cualitativo de tipo descriptivo. • Unidad de análisis: estudiantes de educación superior de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, en Valparaíso y Concepción. • Unidad de observación: jóvenes universitarios de las ciudades de Concepción y Viña-Valparaíso. • Instrumento metodológico: entrevistas semiestructuradas y encuesta vía e-mail. • Muestra: 31 entrevistas y 142 encuestas vía e-mail.

Consecuencias Visión futura Mecanismos de intervención

Actores relevantes Mecanismos conocidos Percepción de mecanismos

RESULTADOS Un país de Cambio En una primera aproximación a la mirada general que tienen los jóvenes universitarios sobre el país en la actua-

lidad, se puede observar que hay una gran diversidad de respuestas. Hay quienes se enfocan en el ámbito económico: “Chile va bien encaminado económicamente”, “es una potencia latinoamericana”, “va bien encaminado hacia lo que es encontrar el desarrollo”, etc. Otros lo hacen en el ámbito político: “es una seudo-democracia”, “país con problemas políticos”, “dividido en dos bandos, el de derecha e izquierda”. Por último hay jóvenes que refieren al ámbito social, viendo a Chile como un país individualista, desigual, mediocre y asistencialista. En relación a lo anterior, llama la atención que la mayoría tiene una visión negativa del país, donde prevalecen los problemas sociales tales como la desigualdad, delincuencia y violencia, y los problemas políticos referentes a la mala gestión del gobierno, la ineficiencia de los políticos, la corrupción, etc. Dichos problemas también se diferencian entre los jóvenes de ambas regiones: aquellos que estudian en Valparaíso mencionan en mayor medida los problemas políticos, y los de Concepción, los problemas sociales. “Socioeconómicamente hay una gran diferencia, entre las distintas clases sociales.” (Loreto, 19 años, Concepción)

“Creo que Chile está dividido en dos bandos, el de la derecha y el de la izquierda, siempre está la división, por lo que pasó el 72 creo… golpe militar, o golpe de Estado, dictadura, gobierno militar. Todos esos nombres también demuestran un Chile súper polarizado.” (Claudia, 20 años, Viña-Valparaíso)

Ahora bien, aquellos que tienen una visión más positiva de Chile, lo relacionan a cambios que ha experimentado el país a través del desarrollo económico. Tal como se aprecia en un principio, donde de las tres visiones mencionadas, sólo la de carácter económico representa una percepción positiva del país. Por otra parte, se puede decir que independiente al ámbito que se refiera y la percepción que se tenga, la visión de los jóvenes sobre el país resulta poco articulada y de pocos argumentos. Esto se evidencia en la gran dificultad para reconocer aspectos estructurales del país y la tendencia a mencionar situaciones coyunturales como si fueran problemas intrínsecos de éste. Los aspectos positivos y negativos mencionados suelen ser características o situaciones puntuales y contingentes, que no refieren directamente a una condición propia de Chile. Una de las pocas características mencionadas por los jóvenes –que parece responder a una realidad intrínseca– es la idea de que somos un país de cambio, no estamos determinados y nos mantenemos en un intento de mejorar. Sin embargo no queda claro qué es lo se quiere mejorar ni hacia dónde se pretende llegar.

CIS

investigación 24

La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción

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Un Futuro difuso Respecto al futuro, la mayoría de los jóvenes cree que el país irá mejorando, pero muchos se sujetan a condicionantes para concretar esa visión, es decir, proyectan un futuro favorable para el país sólo si se cumplen ciertas condiciones tales como un cambio de gobierno, o bien un cambio en la conciencia social de todos los ciudadanos. La concreción de estos condicionantes no resulta muy diáfana, pese a mencionarlas de forma generalizada en ningún caso los jóvenes exponen de qué manera se alcanzarían. “Bueno siempre depende un poco del presidente, si se proponen metas cercanas y las cumplen como se deben encuentro que sí... le tengo fe, encuentro que podría avanzar lo suficiente para lograr las mejoras” (Josefina, 19 años, Viña-Valparaíso)

Respecto a los sueños que tienen los jóvenes universitarios para el país, se observa en primer lugar una carencia o falta de reflexión en la medida que muchos omitieron la pregunta o bien se vieron en dificultades para responderla. Sólo se mencionan cambios globales, muy difusos y poco claros. Los discursos de los jóvenes manifiestan una aspiración por cambios en la sociedad, política y cultura, con frases tales como: “ser más unidos, tanto social como políticamente”, “una sociedad más igualitaria, con menos diferencias”, “un cambio de mentalidad en la gente”. Como se dijo, resultan ser ideas poco concretas principalmente enfocadas a situaciones sociales y políticas. Resulta interesante conjugar este “futuro difuso” y la manera de avanzar hacia él, con el aspecto estructural positivo anteriormente mencionado, que corresponde al hecho de ser un país de cambio. Pese a resaltar la capacidad de cambiar y renovarse como sociedad, no resulta claro hacia dónde se está cambiando o con qué fin. La capacidad de cambiar sería algo positivo por sí mismo o por la oportunidad que entrega de no seguir como se está en el presente, pero no por ser una herramienta para alcanzar algún objetivo o ideal específico en el futuro.

Enfoques y consecuencias de la pobreza Las percepciones de pobreza que tienen los jóvenes universitarios arrojan múltiples conceptos tales como: desigualdad, falta de oportunidades, exclusión, “dificultad para todo”, subcultura, grupo socioeconómico más bajo, falta de expectativas, desinformación, vulnerabilidad, falta de necesidades básicas, gente que vive mal, flojera e imposibilidad de surgir entre otros. Ahora bien, todos estos conceptos tienen en común el hecho de que representan en cierta medida una carencia. La persona pobre se representa como “alguien que

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

carece de”, ya sea de ingresos, oportunidades, recursos, cultura, redes sociales, espíritu de superación, etc., y dicha carencia se traduce en un enfoque determinado. Así la visión de los jóvenes tiende a construirse en base a tres componentes: enfoque económico que apunta a la carencia de recursos necesarios para subsistir o satisfacer las necesidades básicas; enfoque social/cultural que apunta a la falta de oportunidades para participar en la vida social, y por último el enfoque psicológico, que refiere a la falta de expectativas y de un espíritu de superación, es decir, carencia de un desarrollo personal. Respecto a este último enfoque, se pueden observar diferencias en las percepciones de los jóvenes, donde algunos atribuyen la falta de un espíritu de superación o expectativas de surgir a la falta de oportunidades, mientras que otro grupo le atribuye una mayor responsabilidad a las mismas personas en situación de pobreza, quienes no quieren salir de tal situación, y utilizan calificativos tales como flojo, mediocre, víctima, etc. “Hay hartos tipos de pobreza… pero la pobreza yo la veo más como en el desarrollo personal, va por el lado de la mediocridad, que no tuviste una buena educación y no te puedes realizar como persona porque no tienes los conocimientos.” (Ana María, 22 años, Concepción)

“La pobreza, a mi parecer, la divido en dos puntos: es falta de oportunidades para ciertas personas, y flojera en muchas de ellas. O sea, a qué me refiero, que quizá trabajo hay, pero gente que de repente no está dispuesta a sacrificar ciertas cosas, o la flojera se las gana y no son capaces de ir a buscar trabajo, o muchas veces es gente que realmente no lo encuentra.” (Fabián, 20 años, Viña-Valparaíso)

Al analizar los discursos de los jóvenes, hay quienes perciben que la carencia de desarrollo personal es un problema de falta de oportunidades y recursos. Mientras que para otras, la carencia se debe a factores psicológicos de las mismas personas en situación de pobreza, que se traduce en flojera, abuso, aprovechamiento, mediocridad, etc. Dichos atributos no se ven como consecuencia de la falta de recursos y oportunidades, sino que se le atribuyen de manera directa a la persona en situación de pobreza. Desde este punto de vista, pareciera ser que los jóvenes no creen que la pobreza sea completamente una carga de la sociedad, sino que también le atribuyen parte de la responsabilidad a la misma persona. En muchos casos se asocia a la pobreza como un problema directo para el desarrollo del país, sin embargo esta idea surge desde dos puntos divergentes; por un lado se ve que en sí misma es un elemento que refleja falta de desarrollo por lo que mientras exista no podemos reconocernos como un país desarrollado, mientras que

por otro resulta ser un lastre para el progreso en tanto se le destinan fondos que podrían utilizarse en otras áreas o empeora la imagen país afectando el crecimiento. Estas dos perspectivas son divergentes en tanto que la primera asume la pobreza como una realidad propia de la sociedad de manera que en sí misma es una consecuencia negativa, mientras que la segunda percibe a la pobreza como una realidad externa a la sociedad, un lastre que produce consecuencias negativas del cual habría que deshacerse para poder alcanzar un mejor desarrollo. En este sentido, desde esta última visión podríamos decir que se pueden solucionar las consecuencias negativas de la pobreza a nivel del país sin que esta última deje de existir en la medida que se desligue la sociedad de la pobreza, mientras que desde la primera, las consecuencias negativas se acaban sólo en la medida que se acabe la pobreza misma. Respecto a las consecuencias que conlleva la pobreza para el país, los jóvenes universitarios conciben que la principal es la delincuencia. En menor medida emergen la marginalidad, la disminución del desarrollo eco-

nómico, la drogadicción, el resentimiento, el excesivo gasto que le confiere el gobierno a los sectores marginados y la mala imagen internacional que genera para el país. “Robos, delincuencia, asesinatos, drogas, traficantes” (Daniel, 20 años, Viña-Valparaíso)

“Delincuencia, drogadicción, mucho resentimiento” (Luna, 19 años, Concepción)

Corroborando esta idea, la encuesta vía web realizada a partir de los resultados del estudio, permite observar las principales consecuencias de la pobreza a juicio de los jóvenes de Viña del Mar-Valparaíso y Concepción. Como ilustra el Gráfico 1, la primera opción mencionada como consecuencia de la pobreza es la delincuencia, luego sigue la marginalidad y posteriormente el desarrollo económico. Las diferencias de puntajes se estrechan cuando vemos las respuestas para las segunda y tercera mención, sin embargo de manera agregada la delincuencia y la marginalidad destacan por sobre las otras.

GRÁFICO 1: ¿CUÁLES DIRÍAS TÚ QUE SON LAS TRES PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA POBREZA A NIVEL PAÍS? Segunda Mención

Primera Mención

44%

Tercera Mención

29%

27%

24% 19%

19%

22%

22%

21% 17% 8%

16%

16%

7% 3%

DELINCUENCIA

MARGINALIDAD

DISMINUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

DROGADICCIÓN

RESENTEMIENTO

1%

1%

4%

MALA IMAGEN DEL PAÍS

Fuente: Encuesta “Percepción universitaria sobre voluntariado y pobreza”, 2008. N=142

Centralidad del Gobierno Respecto a las estrategias de intervención, se observó una opinión generalizada sobre la centralidad que los jóvenes universitarios le otorgan al gobierno2. Éste es el 2 El concepto de gobierno incluye los organismos de poder político: partidos, parlamento, poder judicial, políticos entre otros, de manera que en adelante hemos de entender este concepto de forma ampliada englobando las instituciones de poder político en general.

agente responsable de la producción y ejecución de los mecanismos de superación de la pobreza. La acción de éste se asume como eje coordinador de todas las instancias de ayuda social y en particular de superación de la pobreza. En este sentido, como se ilustra en el Gráfico 2, los jóvenes tienden a situar la acción de organismos como la empresa privada, ONG´s o la sociedad civil de manera satelital respecto al gobierno.

CIS

investigación

La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción

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Un Futuro difuso Respecto al futuro, la mayoría de los jóvenes cree que el país irá mejorando, pero muchos se sujetan a condicionantes para concretar esa visión, es decir, proyectan un futuro favorable para el país sólo si se cumplen ciertas condiciones tales como un cambio de gobierno, o bien un cambio en la conciencia social de todos los ciudadanos. La concreción de estos condicionantes no resulta muy diáfana, pese a mencionarlas de forma generalizada en ningún caso los jóvenes exponen de qué manera se alcanzarían. “Bueno siempre depende un poco del presidente, si se proponen metas cercanas y las cumplen como se deben encuentro que sí... le tengo fe, encuentro que podría avanzar lo suficiente para lograr las mejoras” (Josefina, 19 años, Viña-Valparaíso)

Respecto a los sueños que tienen los jóvenes universitarios para el país, se observa en primer lugar una carencia o falta de reflexión en la medida que muchos omitieron la pregunta o bien se vieron en dificultades para responderla. Sólo se mencionan cambios globales, muy difusos y poco claros. Los discursos de los jóvenes manifiestan una aspiración por cambios en la sociedad, política y cultura, con frases tales como: “ser más unidos, tanto social como políticamente”, “una sociedad más igualitaria, con menos diferencias”, “un cambio de mentalidad en la gente”. Como se dijo, resultan ser ideas poco concretas principalmente enfocadas a situaciones sociales y políticas. Resulta interesante conjugar este “futuro difuso” y la manera de avanzar hacia él, con el aspecto estructural positivo anteriormente mencionado, que corresponde al hecho de ser un país de cambio. Pese a resaltar la capacidad de cambiar y renovarse como sociedad, no resulta claro hacia dónde se está cambiando o con qué fin. La capacidad de cambiar sería algo positivo por sí mismo o por la oportunidad que entrega de no seguir como se está en el presente, pero no por ser una herramienta para alcanzar algún objetivo o ideal específico en el futuro.

Enfoques y consecuencias de la pobreza Las percepciones de pobreza que tienen los jóvenes universitarios arrojan múltiples conceptos tales como: desigualdad, falta de oportunidades, exclusión, “dificultad para todo”, subcultura, grupo socioeconómico más bajo, falta de expectativas, desinformación, vulnerabilidad, falta de necesidades básicas, gente que vive mal, flojera e imposibilidad de surgir entre otros. Ahora bien, todos estos conceptos tienen en común el hecho de que representan en cierta medida una carencia. La persona pobre se representa como “alguien que

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carece de”, ya sea de ingresos, oportunidades, recursos, cultura, redes sociales, espíritu de superación, etc., y dicha carencia se traduce en un enfoque determinado. Así la visión de los jóvenes tiende a construirse en base a tres componentes: enfoque económico que apunta a la carencia de recursos necesarios para subsistir o satisfacer las necesidades básicas; enfoque social/cultural que apunta a la falta de oportunidades para participar en la vida social, y por último el enfoque psicológico, que refiere a la falta de expectativas y de un espíritu de superación, es decir, carencia de un desarrollo personal. Respecto a este último enfoque, se pueden observar diferencias en las percepciones de los jóvenes, donde algunos atribuyen la falta de un espíritu de superación o expectativas de surgir a la falta de oportunidades, mientras que otro grupo le atribuye una mayor responsabilidad a las mismas personas en situación de pobreza, quienes no quieren salir de tal situación, y utilizan calificativos tales como flojo, mediocre, víctima, etc. “Hay hartos tipos de pobreza… pero la pobreza yo la veo más como en el desarrollo personal, va por el lado de la mediocridad, que no tuviste una buena educación y no te puedes realizar como persona porque no tienes los conocimientos.” (Ana María, 22 años, Concepción)

“La pobreza, a mi parecer, la divido en dos puntos: es falta de oportunidades para ciertas personas, y flojera en muchas de ellas. O sea, a qué me refiero, que quizá trabajo hay, pero gente que de repente no está dispuesta a sacrificar ciertas cosas, o la flojera se las gana y no son capaces de ir a buscar trabajo, o muchas veces es gente que realmente no lo encuentra.” (Fabián, 20 años, Viña-Valparaíso)

Al analizar los discursos de los jóvenes, hay quienes perciben que la carencia de desarrollo personal es un problema de falta de oportunidades y recursos. Mientras que para otras, la carencia se debe a factores psicológicos de las mismas personas en situación de pobreza, que se traduce en flojera, abuso, aprovechamiento, mediocridad, etc. Dichos atributos no se ven como consecuencia de la falta de recursos y oportunidades, sino que se le atribuyen de manera directa a la persona en situación de pobreza. Desde este punto de vista, pareciera ser que los jóvenes no creen que la pobreza sea completamente una carga de la sociedad, sino que también le atribuyen parte de la responsabilidad a la misma persona. En muchos casos se asocia a la pobreza como un problema directo para el desarrollo del país, sin embargo esta idea surge desde dos puntos divergentes; por un lado se ve que en sí misma es un elemento que refleja falta de desarrollo por lo que mientras exista no podemos reconocernos como un país desarrollado, mientras que

por otro resulta ser un lastre para el progreso en tanto se le destinan fondos que podrían utilizarse en otras áreas o empeora la imagen país afectando el crecimiento. Estas dos perspectivas son divergentes en tanto que la primera asume la pobreza como una realidad propia de la sociedad de manera que en sí misma es una consecuencia negativa, mientras que la segunda percibe a la pobreza como una realidad externa a la sociedad, un lastre que produce consecuencias negativas del cual habría que deshacerse para poder alcanzar un mejor desarrollo. En este sentido, desde esta última visión podríamos decir que se pueden solucionar las consecuencias negativas de la pobreza a nivel del país sin que esta última deje de existir en la medida que se desligue la sociedad de la pobreza, mientras que desde la primera, las consecuencias negativas se acaban sólo en la medida que se acabe la pobreza misma. Respecto a las consecuencias que conlleva la pobreza para el país, los jóvenes universitarios conciben que la principal es la delincuencia. En menor medida emergen la marginalidad, la disminución del desarrollo eco-

nómico, la drogadicción, el resentimiento, el excesivo gasto que le confiere el gobierno a los sectores marginados y la mala imagen internacional que genera para el país. “Robos, delincuencia, asesinatos, drogas, traficantes” (Daniel, 20 años, Viña-Valparaíso)

“Delincuencia, drogadicción, mucho resentimiento” (Luna, 19 años, Concepción)

Corroborando esta idea, la encuesta vía web realizada a partir de los resultados del estudio, permite observar las principales consecuencias de la pobreza a juicio de los jóvenes de Viña del Mar-Valparaíso y Concepción. Como ilustra el Gráfico 1, la primera opción mencionada como consecuencia de la pobreza es la delincuencia, luego sigue la marginalidad y posteriormente el desarrollo económico. Las diferencias de puntajes se estrechan cuando vemos las respuestas para las segunda y tercera mención, sin embargo de manera agregada la delincuencia y la marginalidad destacan por sobre las otras.

GRÁFICO 1: ¿CUÁLES DIRÍAS TÚ QUE SON LAS TRES PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA POBREZA A NIVEL PAÍS? Segunda Mención

Primera Mención

44%

Tercera Mención

29%

27%

24% 19%

19%

22%

22%

21% 17% 8%

16%

16%

7% 3%

DELINCUENCIA

MARGINALIDAD

DISMINUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

DROGADICCIÓN

RESENTEMIENTO

1%

1%

4%

MALA IMAGEN DEL PAÍS

Fuente: Encuesta “Percepción universitaria sobre voluntariado y pobreza”, 2008. N=142

Centralidad del Gobierno Respecto a las estrategias de intervención, se observó una opinión generalizada sobre la centralidad que los jóvenes universitarios le otorgan al gobierno2. Éste es el 2 El concepto de gobierno incluye los organismos de poder político: partidos, parlamento, poder judicial, políticos entre otros, de manera que en adelante hemos de entender este concepto de forma ampliada englobando las instituciones de poder político en general.

agente responsable de la producción y ejecución de los mecanismos de superación de la pobreza. La acción de éste se asume como eje coordinador de todas las instancias de ayuda social y en particular de superación de la pobreza. En este sentido, como se ilustra en el Gráfico 2, los jóvenes tienden a situar la acción de organismos como la empresa privada, ONG´s o la sociedad civil de manera satelital respecto al gobierno.

CIS

investigación

La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción

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GRÁFICO 2: ¿cuál es el principal actor que debería hacerse responsable de la superación de la pobreza? 11%

estaría haciendo sobre la acción concreta que realiza el gobierno, y la posición privilegiada como actor relevante tampoco sería gracias a sus capacidades y herramientas, ya que éstas parecen no ser conocidas por los jóvenes.

Apropiación del concepto de voluntariado de parte de los jóvenes y de instituciones íconos

5% 4% 1%

Gobierno

79%

Fuente: Encuesta “Percepción universitaria sobre voluntariado y pobreza”, 2008 N=142

Sociedad civil Jóvenes

Empresa privada

Instituciones de ayuda social

De la misma manera, el Gráfico 3 resulta ilustrativo respecto a la responsabilidad que le atribuyen los jóvenes al gobierno como actor relevante para la superación de la pobreza. Cerca de un 80% lo menciona en primera opción como el principal responsable, seguido de lejos por la sociedad civil y la empresa privada. Cabe mencionar que la responsabilidad atribuida a las universidades e iglesias es bastante menor en comparación al resto.

GRÁFICO 3: Actores responsables de la superación de la pobreza

Respecto a las consideraciones en torno al voluntariado, se vio que los jóvenes definen este concepto fundamentalmente a través de dos mecanismos; formal y experiencial. El primero se refiere a aquellos que definen el concepto de voluntariado de manera teórica o formal, enfatizando en el carácter desinteresado de quien brinda la ayuda: “Trabajar para ayudar a otros sin recibir ninguna satisfacción, ninguna recompensa inmediata quizá.” (Claudia 20 años, Viña-Valparaíso)

En cambio, aquellos que lo hacen desde un mecanismo experiencial, acuden a ejemplos específicos de acciones voluntarias, las cuales pueden haber sido realizadas por el mismo joven que las relata o por alguna otra persona:

79% Primera Mención

Segunda Mención

“Por ejemplo, yo he ido a Techo Para Chile. Pero ser un voluntario va más allá de participar en una organización e ir dos días a construir mediaguas y listo”

Tercera Mención

(Stefano 20 años, Viña-Valparaíso). 34% 28%

27% 12%

11%

GOBIERNO

SOCIEDAD CIVIL

15%

11% 5%

3%

24%

23%

4% JÓVENES

4%

1%

EMPRESA PRIVADA

INSTITUCIONES DE AYUDA SOCIAL

0%

4%

9%

UNIVERSIDADES

0%

3%

3%

IGLESIAS

Fuente: Encuesta “Percepción universitaria sobre voluntariado y pobreza”. N=142

De acuerdo a los mecanismos de intervención más conocidos por los jóvenes, estos son claramente los que se encuentran mejor posicionados mediáticamente. Organizaciones como la Teletón, El Hogar de Cristo, Un Techo Para Chile o la Fundación Las Rosas, son los referentes indiscutidos entre los universitarios. Sin embargo, pareciera no haber claridad de las especificidades de cada uno de éstos, pese a que se percibe en ellos una acción coordinada y estratégica para la superación de la pobreza. Del mismo modo, pese a que los jóvenes ven al gobierno como el organismo central del desarrollo de los mecanismos de intervención de la pobreza, no se observa un conocimiento concreto sobre las estrategias que éste

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

realiza, ya sean políticas públicas, planes de gobierno, proyectos de ley o cualquier otra medida. Si bien se mencionan algunas, suelen ser a partir de temas contingentes y cubiertos por los medios, de manera que el conocimiento de éstos es muy escaso. Esto resulta bastante curioso ya que pese a ser el organismo central y contar con muchas atribuciones, en la práctica su acción es poco conocida. Al parecer, se ve una inconsistencia en el discurso de los jóvenes en tanto que se posiciona al gobierno como actor central, pero no se observa un conocimiento profundo de las acciones que en la práctica ejerce, y pese a la ausencia de este conocimiento, se evalúa de manera negativa su gestión. Por lo tanto, la evaluación no se

Producto de esto, el concepto se entiende como la participación o ayuda brindada por jóvenes a una acción previa de una institución, ya que en su mayoría, los ejemplos desde los que se define el concepto suelen ser la participación en organizaciones que reclutan jóvenes para realizar ayuda social. De esta manera, el voluntariado suele estar vinculado tanto a los jóvenes como a instituciones ícono, tales como Un Techo para Chile y el Hogar de Cristo.

Por otro lado, el voluntariado se entiende como una ayuda asistencialista, de corto plazo y de carácter esporádico. Esto se debe en parte, a que el principal referente de participación voluntaria son las acciones de vacaciones de invierno y verano realizadas por universitarios. Éstas suelen durar una o dos semanas sin establecerse una ayuda permanente o a largo plazo, lo que a su vez impide una intervención de empoderamiento o capacitación, sólo dejando la posibilidad de realizar una ayuda puntual a necesidades específicas a través de una asistencia particular. Sin embargo, esto no implica que la valoración sobre tales características sea la misma para todos los jóvenes. Encontramos jóvenes que ven en esta ayuda voluntaria un valor importante, en tanto afecta positiva y profundamente a las personas que la reciben, así como encontramos también, jóvenes que perciben esta ayuda como una pérdida de energía ya que no se estaría dando solución a las causas fundamentales que producen la condición de pobreza. Así, vemos que la diferencia radica en la manera de percibir el efecto a pequeña escala sobre las personas que se benefician con la ayuda voluntaria, en cuanto que para unos es absolutamente valorable, para otros es sólo una acción bien intencionada, en la mayoría de los casos, sin mayores efectos. Por otra parte, resulta bastante generalizada la percepción de que el voluntariado tendría efectos tanto en quien lo recibe como en quien lo realiza, de manera que al igual que la divergencia de valoración recién mencionada respecto al efecto sobre las personas que reciben la ayuda voluntaria, habría una divergencia de la valoración de los efectos del voluntariado sobre la persona que lo realiza. Mientras que para algunos implica un efecto positivo, en tanto logra enseñar al joven una actitud de servicio y un cambio de mentalidad que finalmente se pueden traducir en una persona con compromiso social real, para otros tendría un efecto de falsa condescendencia, en tanto alivia un cargo de conciencia y sentimiento de responsabilidad con los más pobres que termina por desligar al joven de un compromiso social.

Figura 1. Efectos del voluntariado sobre el mismo voluntario y el receptor Aprendizaje cambio de mentalidad Voluntario Alivio de conciencia Efectos Ayuda real Receptor Anestesia / Parche Fuente: Elaboración propia.

CIS

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GRÁFICO 2: ¿cuál es el principal actor que debería hacerse responsable de la superación de la pobreza? 11%

estaría haciendo sobre la acción concreta que realiza el gobierno, y la posición privilegiada como actor relevante tampoco sería gracias a sus capacidades y herramientas, ya que éstas parecen no ser conocidas por los jóvenes.

Apropiación del concepto de voluntariado de parte de los jóvenes y de instituciones íconos

5% 4% 1%

Gobierno

79%

Fuente: Encuesta “Percepción universitaria sobre voluntariado y pobreza”, 2008 N=142

Sociedad civil Jóvenes

Empresa privada

Instituciones de ayuda social

De la misma manera, el Gráfico 3 resulta ilustrativo respecto a la responsabilidad que le atribuyen los jóvenes al gobierno como actor relevante para la superación de la pobreza. Cerca de un 80% lo menciona en primera opción como el principal responsable, seguido de lejos por la sociedad civil y la empresa privada. Cabe mencionar que la responsabilidad atribuida a las universidades e iglesias es bastante menor en comparación al resto.

GRÁFICO 3: Actores responsables de la superación de la pobreza

Respecto a las consideraciones en torno al voluntariado, se vio que los jóvenes definen este concepto fundamentalmente a través de dos mecanismos; formal y experiencial. El primero se refiere a aquellos que definen el concepto de voluntariado de manera teórica o formal, enfatizando en el carácter desinteresado de quien brinda la ayuda: “Trabajar para ayudar a otros sin recibir ninguna satisfacción, ninguna recompensa inmediata quizá.” (Claudia 20 años, Viña-Valparaíso)

En cambio, aquellos que lo hacen desde un mecanismo experiencial, acuden a ejemplos específicos de acciones voluntarias, las cuales pueden haber sido realizadas por el mismo joven que las relata o por alguna otra persona:

79% Primera Mención

Segunda Mención

“Por ejemplo, yo he ido a Techo Para Chile. Pero ser un voluntario va más allá de participar en una organización e ir dos días a construir mediaguas y listo”

Tercera Mención

(Stefano 20 años, Viña-Valparaíso). 34% 28%

27% 12%

11%

GOBIERNO

SOCIEDAD CIVIL

15%

11% 5%

3%

24%

23%

4% JÓVENES

4%

1%

EMPRESA PRIVADA

INSTITUCIONES DE AYUDA SOCIAL

0%

4%

9%

UNIVERSIDADES

0%

3%

3%

IGLESIAS

Fuente: Encuesta “Percepción universitaria sobre voluntariado y pobreza”. N=142

De acuerdo a los mecanismos de intervención más conocidos por los jóvenes, estos son claramente los que se encuentran mejor posicionados mediáticamente. Organizaciones como la Teletón, El Hogar de Cristo, Un Techo Para Chile o la Fundación Las Rosas, son los referentes indiscutidos entre los universitarios. Sin embargo, pareciera no haber claridad de las especificidades de cada uno de éstos, pese a que se percibe en ellos una acción coordinada y estratégica para la superación de la pobreza. Del mismo modo, pese a que los jóvenes ven al gobierno como el organismo central del desarrollo de los mecanismos de intervención de la pobreza, no se observa un conocimiento concreto sobre las estrategias que éste

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realiza, ya sean políticas públicas, planes de gobierno, proyectos de ley o cualquier otra medida. Si bien se mencionan algunas, suelen ser a partir de temas contingentes y cubiertos por los medios, de manera que el conocimiento de éstos es muy escaso. Esto resulta bastante curioso ya que pese a ser el organismo central y contar con muchas atribuciones, en la práctica su acción es poco conocida. Al parecer, se ve una inconsistencia en el discurso de los jóvenes en tanto que se posiciona al gobierno como actor central, pero no se observa un conocimiento profundo de las acciones que en la práctica ejerce, y pese a la ausencia de este conocimiento, se evalúa de manera negativa su gestión. Por lo tanto, la evaluación no se

Producto de esto, el concepto se entiende como la participación o ayuda brindada por jóvenes a una acción previa de una institución, ya que en su mayoría, los ejemplos desde los que se define el concepto suelen ser la participación en organizaciones que reclutan jóvenes para realizar ayuda social. De esta manera, el voluntariado suele estar vinculado tanto a los jóvenes como a instituciones ícono, tales como Un Techo para Chile y el Hogar de Cristo.

Por otro lado, el voluntariado se entiende como una ayuda asistencialista, de corto plazo y de carácter esporádico. Esto se debe en parte, a que el principal referente de participación voluntaria son las acciones de vacaciones de invierno y verano realizadas por universitarios. Éstas suelen durar una o dos semanas sin establecerse una ayuda permanente o a largo plazo, lo que a su vez impide una intervención de empoderamiento o capacitación, sólo dejando la posibilidad de realizar una ayuda puntual a necesidades específicas a través de una asistencia particular. Sin embargo, esto no implica que la valoración sobre tales características sea la misma para todos los jóvenes. Encontramos jóvenes que ven en esta ayuda voluntaria un valor importante, en tanto afecta positiva y profundamente a las personas que la reciben, así como encontramos también, jóvenes que perciben esta ayuda como una pérdida de energía ya que no se estaría dando solución a las causas fundamentales que producen la condición de pobreza. Así, vemos que la diferencia radica en la manera de percibir el efecto a pequeña escala sobre las personas que se benefician con la ayuda voluntaria, en cuanto que para unos es absolutamente valorable, para otros es sólo una acción bien intencionada, en la mayoría de los casos, sin mayores efectos. Por otra parte, resulta bastante generalizada la percepción de que el voluntariado tendría efectos tanto en quien lo recibe como en quien lo realiza, de manera que al igual que la divergencia de valoración recién mencionada respecto al efecto sobre las personas que reciben la ayuda voluntaria, habría una divergencia de la valoración de los efectos del voluntariado sobre la persona que lo realiza. Mientras que para algunos implica un efecto positivo, en tanto logra enseñar al joven una actitud de servicio y un cambio de mentalidad que finalmente se pueden traducir en una persona con compromiso social real, para otros tendría un efecto de falsa condescendencia, en tanto alivia un cargo de conciencia y sentimiento de responsabilidad con los más pobres que termina por desligar al joven de un compromiso social.

Figura 1. Efectos del voluntariado sobre el mismo voluntario y el receptor Aprendizaje cambio de mentalidad Voluntario Alivio de conciencia Efectos Ayuda real Receptor Anestesia / Parche Fuente: Elaboración propia.

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investigación

La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción

Resulta interesante ver que las opiniones y afirmaciones de los jóvenes universitarios sobre los temas relacionados al voluntariado, tales como sus efectos, evolución, cambios concretos y cercanía a éste, muchas veces no tienen un correlato en la práctica. Esto quiere decir que aquellos que tienen una opinión formada sobre el voluntariado no necesariamente han participado o se han visto involucrados en él. Respecto a los efectos sobre la persona que recibe la ayuda voluntaria como sobre quien la realiza, no están directamente relacionados con la participación o no participación en voluntariado. Quienes percibían de manera positiva los efectos del voluntariado, ya sea en el voluntario o en el receptor, no eran necesariamente quienes lo practicaban y viceversa.

En cuanto a la percepción sobre la evolución del voluntariado, en general se percibe un crecimiento de éste en cuanto a su magnitud, fundada esencialmente sobre la percepción de crecimiento de instituciones emblemáticas como Un Techo Para Chile. Sin embargo, esta percepción sería algo transversal a los jóvenes, en tanto que no sólo es sostenida por quienes participan en voluntariados sino por la juventud en general. Al igual que la percepción de la evolución del voluntariado, la sensación de cercanía y compromiso que los jóvenes sienten con éste, no resulta directamente relacionada con la participación en actividades de voluntariado. Esto se evidencia al preguntar por el grado de compromiso que tienen los jóvenes con las estrategias de superación de la pobreza. Como muestra el Gráfico 4, la gran mayoría sostiene estar algo comprometido o muy comprometido con la ayuda social y estrategias de superación de la pobreza.

GRÁFICO 4: ¿Qué tan comprometido estás tú con la ayuda social y las estrategias de superación de la pobreza?

MUY POCO COMPROMETIDO

1%

POCO COMPROMETIDA

14% 44%

ALGO COMPROMETIDO

MUY COMPROMETIDO

Fuente: Encuesta “Percepción universitaria sobre voluntariado y pobreza”, 2008.

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

El Poder de los medios De manera general, se observa que el discurso de los jóvenes de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción se encuentra estrechamente vinculado a los temas tratados por los medios de comunicación. Se observa que éstos son un referente importante al momento de construir un discurso propio, no sólo por la concordancia entre los discursos sino también porque, de manera explícita, se hace alusión a ellos como fuentes de verdad. En este sentido, los medios de comunicación se aprecian como reflejos que iluminan la realidad transformándose en argumentos a la hora de describirla. Ahora bien, la presencia explícita o implícita de los medios de comunicación se encuentra de manera transversal en la mayoría de los puntos tratados en el estudio. Una clara forma de vislumbrar esto es el simple hecho de que pese a ser jóvenes de Concepción y Viña del Mar-Valparaíso, mencionan realidades propias de Santiago con una alta cobertura mediática, como si fuesen problemas de todo el país, ejemplo de esto es el Transantiago.3 Por otro lado, la referencia a la delincuencia como la principal consecuencia de la pobreza a nivel país parece ser una construcción fuertemente ligada a los medios de comunicación, en tanto transmiten una vinculación directa con la pobreza, especialmente los medios noticiosos. En algunos casos la influencia de los medios es directa en tanto se aluden a ellos como argumento

41%

3 La mención al Transantiago no es respecto al gasto que el gobierno ha hecho en él, el cual podría haberse destinado a regiones, lo que justificaría pensar que es un problema a nivel nacional, sino respecto del problema en sí mismo.

empírico para señalar la existencia de la relación entre pobreza y delincuencia, es decir, que los medios parecen afectar tanto de manera sugestiva como de forma directa y explícita. Las campañas publicitarias de instituciones tales como la Teletón, El Hogar de Cristo y Un Techo para Chile han tenido tal repercusión que muchos jóvenes han construido su concepto de voluntariado a partir de éstos. Así los mecanismos de intervención más conocidos por los jóvenes, son claramente los que se encuentran mejor posicionados mediáticamente, esto implica que la idea de voluntariado no se construye desde los modelos de estas instituciones sino de la visión publicitaria o mediática que transmiten, la cual puede estar bastante alejada de la realidad. De esta manera, resulta relevante el papel que juegan los medios de comunicación en tanto influyen en el pensamiento y discurso de los jóvenes, así como también en la manera de percibir la realidad social.

Reflexión final Habiendo recorrido los discursos, percepciones y sensibilidades de los jóvenes sobre los temas de visón país, pobreza, mecanismos de intervención y voluntariado, se pueden observar ciertas inconsistencias y contradicciones. En primer lugar, los jóvenes tenían algunas dificultades para argumentar de manera sólida una opinión, en muchos casos, los sustentos de los discursos no eran más que percepciones superficiales integradas como propias al margen de un correlato experiencial. Las valoraciones y sentimientos de cercanía con el voluntariado, así como la centralidad del gobierno como actor relevante, parecen ser opiniones carentes de un sustento que traspase lo meramente intuitivo o superficial. Tal como se vio en los antecedentes, existe un fuerte hermetismo que permite suponer incluso una ausencia de identidad en los jóvenes, antes que una dificultad para expresarla o traducirla a la sociedad. Los temas desarrollados resultaron ser problemáticas, en parte, ajenas a la realidad de los jóvenes y vislumbradas principalmente de forma mediatizada sin mayor injerencia en sus propias vidas. Pareciera hacerse efectivo que, al menos a nivel general, se trata de una juventud con poca unidad y condensación generacional, con discursos difusos e incongruentes con la práctica, lo que denota un grupo social que no responde a los marcos tradicionales que sostenían a generaciones anteriores, quienes tenían una autopercepción común y compartida basada en proyectos de sociedad, visión de la realidad que trascendía el desarrollo individual. Tal como se señala al comienzo de la investigación, la pregunta por la identidad de los jóvenes resulta difícil de resolver, ya que no habría algo propio que los defi-

CIS

Valoración del voluntariado sin correlato en la práctica

Ahora bien, al analizar el grado de participación efectiva en dichas estrategias, muchos de los jóvenes que sostenían estar comprometidos, no realizaban ninguna acción voluntaria en la práctica. De esta manera, la gran mayoría de los jóvenes es decir, jóvenes que se sienten familiarizados y comprometidos pueden participar o no participar en voluntariado, así como también jóvenes que no se sienten cercanos al voluntariado pueden participar o no participar de él. Otra percepción que intuitivamente podría considerarse como afectada por la participación, es la que se refiere a los cambios concretos que ha producido el voluntariado. Al respecto se vio que quienes reconocen en el voluntariado cambios concretos de ayuda social, pueden haber participado en voluntariado tanto como pueden no haberlo hecho. Lo mismo ocurre con quienes no perciben cambios concretos. A partir de lo anterior, se ve que la construcción del discurso sobre el voluntariado está fuertemente mediatizada, en tanto las prácticas o experiencias no son un elemento diferenciador entre quienes las han vivido y quiénes no.

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investigación

La pobreza según jóvenes universitarios de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción

Resulta interesante ver que las opiniones y afirmaciones de los jóvenes universitarios sobre los temas relacionados al voluntariado, tales como sus efectos, evolución, cambios concretos y cercanía a éste, muchas veces no tienen un correlato en la práctica. Esto quiere decir que aquellos que tienen una opinión formada sobre el voluntariado no necesariamente han participado o se han visto involucrados en él. Respecto a los efectos sobre la persona que recibe la ayuda voluntaria como sobre quien la realiza, no están directamente relacionados con la participación o no participación en voluntariado. Quienes percibían de manera positiva los efectos del voluntariado, ya sea en el voluntario o en el receptor, no eran necesariamente quienes lo practicaban y viceversa.

En cuanto a la percepción sobre la evolución del voluntariado, en general se percibe un crecimiento de éste en cuanto a su magnitud, fundada esencialmente sobre la percepción de crecimiento de instituciones emblemáticas como Un Techo Para Chile. Sin embargo, esta percepción sería algo transversal a los jóvenes, en tanto que no sólo es sostenida por quienes participan en voluntariados sino por la juventud en general. Al igual que la percepción de la evolución del voluntariado, la sensación de cercanía y compromiso que los jóvenes sienten con éste, no resulta directamente relacionada con la participación en actividades de voluntariado. Esto se evidencia al preguntar por el grado de compromiso que tienen los jóvenes con las estrategias de superación de la pobreza. Como muestra el Gráfico 4, la gran mayoría sostiene estar algo comprometido o muy comprometido con la ayuda social y estrategias de superación de la pobreza.

GRÁFICO 4: ¿Qué tan comprometido estás tú con la ayuda social y las estrategias de superación de la pobreza?

MUY POCO COMPROMETIDO

1%

POCO COMPROMETIDA

14% 44%

ALGO COMPROMETIDO

MUY COMPROMETIDO

Fuente: Encuesta “Percepción universitaria sobre voluntariado y pobreza”, 2008.

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

El Poder de los medios De manera general, se observa que el discurso de los jóvenes de Valparaíso-Viña del Mar y Concepción se encuentra estrechamente vinculado a los temas tratados por los medios de comunicación. Se observa que éstos son un referente importante al momento de construir un discurso propio, no sólo por la concordancia entre los discursos sino también porque, de manera explícita, se hace alusión a ellos como fuentes de verdad. En este sentido, los medios de comunicación se aprecian como reflejos que iluminan la realidad transformándose en argumentos a la hora de describirla. Ahora bien, la presencia explícita o implícita de los medios de comunicación se encuentra de manera transversal en la mayoría de los puntos tratados en el estudio. Una clara forma de vislumbrar esto es el simple hecho de que pese a ser jóvenes de Concepción y Viña del Mar-Valparaíso, mencionan realidades propias de Santiago con una alta cobertura mediática, como si fuesen problemas de todo el país, ejemplo de esto es el Transantiago.3 Por otro lado, la referencia a la delincuencia como la principal consecuencia de la pobreza a nivel país parece ser una construcción fuertemente ligada a los medios de comunicación, en tanto transmiten una vinculación directa con la pobreza, especialmente los medios noticiosos. En algunos casos la influencia de los medios es directa en tanto se aluden a ellos como argumento

41%

3 La mención al Transantiago no es respecto al gasto que el gobierno ha hecho en él, el cual podría haberse destinado a regiones, lo que justificaría pensar que es un problema a nivel nacional, sino respecto del problema en sí mismo.

empírico para señalar la existencia de la relación entre pobreza y delincuencia, es decir, que los medios parecen afectar tanto de manera sugestiva como de forma directa y explícita. Las campañas publicitarias de instituciones tales como la Teletón, El Hogar de Cristo y Un Techo para Chile han tenido tal repercusión que muchos jóvenes han construido su concepto de voluntariado a partir de éstos. Así los mecanismos de intervención más conocidos por los jóvenes, son claramente los que se encuentran mejor posicionados mediáticamente, esto implica que la idea de voluntariado no se construye desde los modelos de estas instituciones sino de la visión publicitaria o mediática que transmiten, la cual puede estar bastante alejada de la realidad. De esta manera, resulta relevante el papel que juegan los medios de comunicación en tanto influyen en el pensamiento y discurso de los jóvenes, así como también en la manera de percibir la realidad social.

Reflexión final Habiendo recorrido los discursos, percepciones y sensibilidades de los jóvenes sobre los temas de visón país, pobreza, mecanismos de intervención y voluntariado, se pueden observar ciertas inconsistencias y contradicciones. En primer lugar, los jóvenes tenían algunas dificultades para argumentar de manera sólida una opinión, en muchos casos, los sustentos de los discursos no eran más que percepciones superficiales integradas como propias al margen de un correlato experiencial. Las valoraciones y sentimientos de cercanía con el voluntariado, así como la centralidad del gobierno como actor relevante, parecen ser opiniones carentes de un sustento que traspase lo meramente intuitivo o superficial. Tal como se vio en los antecedentes, existe un fuerte hermetismo que permite suponer incluso una ausencia de identidad en los jóvenes, antes que una dificultad para expresarla o traducirla a la sociedad. Los temas desarrollados resultaron ser problemáticas, en parte, ajenas a la realidad de los jóvenes y vislumbradas principalmente de forma mediatizada sin mayor injerencia en sus propias vidas. Pareciera hacerse efectivo que, al menos a nivel general, se trata de una juventud con poca unidad y condensación generacional, con discursos difusos e incongruentes con la práctica, lo que denota un grupo social que no responde a los marcos tradicionales que sostenían a generaciones anteriores, quienes tenían una autopercepción común y compartida basada en proyectos de sociedad, visión de la realidad que trascendía el desarrollo individual. Tal como se señala al comienzo de la investigación, la pregunta por la identidad de los jóvenes resulta difícil de resolver, ya que no habría algo propio que los defi-

CIS

Valoración del voluntariado sin correlato en la práctica

Ahora bien, al analizar el grado de participación efectiva en dichas estrategias, muchos de los jóvenes que sostenían estar comprometidos, no realizaban ninguna acción voluntaria en la práctica. De esta manera, la gran mayoría de los jóvenes es decir, jóvenes que se sienten familiarizados y comprometidos pueden participar o no participar en voluntariado, así como también jóvenes que no se sienten cercanos al voluntariado pueden participar o no participar de él. Otra percepción que intuitivamente podría considerarse como afectada por la participación, es la que se refiere a los cambios concretos que ha producido el voluntariado. Al respecto se vio que quienes reconocen en el voluntariado cambios concretos de ayuda social, pueden haber participado en voluntariado tanto como pueden no haberlo hecho. Lo mismo ocurre con quienes no perciben cambios concretos. A partir de lo anterior, se ve que la construcción del discurso sobre el voluntariado está fuertemente mediatizada, en tanto las prácticas o experiencias no son un elemento diferenciador entre quienes las han vivido y quiénes no.

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niera como grupo más que el simple hecho de vivir una etapa de la vida relativamente similar. Esta “falta de identidad” sería producto de que cada joven por sí mismo parece no autodeterminarse en función de una referencia externa. Por tanto, la “carencia de identidad” va más allá de no estar de acuerdo en un mismo discurso, sino que comienza desde la individualidad de cada joven. Sin embargo, es necesario realizar un análisis más profundo, que permita ahondar en tal percepción, ya que es posible que ésta esconda una perspectiva tradicionalista que fácilmente puede no ser detectada. De esta forma, surgen preguntas como; ¿Es posible que la juventud como grupo carezca de identidad? ¿Cómo se entiende una ausencia de patrones e ideales comunes? ¿Nos enfrentamos a una generación perdida sin rumbo fijo? Es de real importancia sacar esto a la luz, ya que así nos daremos cuenta que esta “juventud sin identidad”, lo es sólo en la medida que se observe desde los ojos de una mentalidad que no es la suya, de estructuras de la sociedad que hoy, al menos desde el punto de vista de los propios jóvenes, parecen ser bastante cuestionables.

Una nueva mirada Ahora bien, a partir de esta nueva perspectiva es posible entender los resultados mencionados anteriormente, ya que son éstos jóvenes, y no otros, los que observan al país y la pobreza. De esta forma, en primer lugar se observa que la pobreza, en tanto problema y solución, se presenta como un sistema abierto y flexible, especialmente a la realidad de los jóvenes universitarios. Hoy vemos como se encuentran a la mano de los jóvenes un sinnúmero de alternativas de ayuda social, así como de discursos y reflexiones sobre la pobreza. Tanto por los medios de comunicación, que proveen al universitario de información sobre el tema, como por el discurso social que posiciona a los jóvenes como “el futuro de Chile”, o bien por el discurso académico que inserta temas de responsabilidad social como parte propia del aprendizaje. Los universitarios se enfrentan a un sistema absolutamente abierto que les permite participar o estar presente con gran flexibilidad, permite por ejemplo sentirse comprometido sin haber realizado ni una acción de ayuda, permite criticar mecanismos estando dentro o fuera de ellos, permite compartir una misma visión con quienes otrora divergían plenamente o viceversa. De manera que no sólo se da espacio a “contradicciones” sino que se potencian en la medida que cada vez se conjugan más y más posturas que se entrecruzan e integran, rompiendo la rigidez del pasado. Desde este punto de vista se logra comprender de mejor forma la inconsistencia que observamos entre las valoraciones de los mecanismos de intervención y voluntariado, respecto de las experiencias o prácticas de los jóvenes versus el discurso “políticamente correcto”. Suponer que la experiencia y el discurso deben ir en la

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

misma dirección no resulta acertado ya que, como vimos antes, realidad y opinión no son requisitos entre sí. En este sentido, no habrían barreras de entrada al sistema de superación de la pobreza, todos pueden posicionarse dentro de él de la manera que sea, mezclando discursos y prácticas sin problema, con plena apertura y libertad. Esto explica la dificultad para manifestar una visión de futuro pese a sentir el cambio como algo intrínseco, en cierta forma el cambio no se constituye como herramienta para un objetivo sino que pasa a ser una herramienta para la libertad. Las visiones de país o el futuro con que sueñan los jóvenes, no guían el cambio ni en ellos reside el discurso que explica sus acciones presentes, en cierta forma se prescinde de ellos, ya que la volatilidad los vuelve más bien irrelevantes o poco palpables. Se pierden los objetivos como referentes de identidad, especialmente porque implican una rigidez e inamovilidad. Quien participa de un discurso y comulga con éste no necesariamente es porque sostiene una visión del futuro o un sueño particular, sino únicamente porque en sí mismo le resulta interesante o cierto, independiente de si sus otras opiniones coinciden con la de quienes también comulgan con tal discurso. Análogo a esto, vemos que la mencionada dificultad para percibir los aspectos estructurales del país puede ser también reinterpretada, ya que, desde los propios jóvenes, tales estructuras son en realidad condiciones contingentes, flexibles y sujetas a cambios en la medida que se reinterpreten las visiones y los discursos. De esta forma, se hace difícil mencionar los marcos que determinan a la sociedad en general ya que no serían más amplios que los propios que cada uno se forja. Por otra parte, cuando observábamos que, pese a que los jóvenes se atribuyen un papel central para la superación de la pobreza, muchos de ellos parecen no actuar conforme a tal opinión. Esto, no necesariamente es una contradicción, ya que se puede entender también como una separación entre discurso y acción que permite sostener, al mismo tiempo, posiciones que no apuntan en la misma dirección. En otras palabras, la afirmación de que algunos se cuelgan de la acción de unos pocos para atribuirles relevancia a todos los jóvenes no sería correcta, tal como lo veíamos en la percepción de los jóvenes como actores relevantes para la solución de la pobreza en contraste con las prácticas que realizaban. Lo que ocurre en realidad es que, la acción de unos pocos refleja verdades que se aceptan como tal sin que esto implique, tanto social como individualmente, la exigencia de cambiar la manera de actuar conforme a tal verdad. Esto que a primera vista puede resultar una falta de consecuencia problemática puede traer resultados sociales positivos en tanto que, de la aceptación de tales verdades pueden surgir prácticas absolutamente diferentes a las “esperadas”, potenciando la diversidad de acciones.

En cuanto a la participación política, podríamos decir, que no es una falta de representatividad la que provoca en los jóvenes una baja participación, sino más bien, es una rigidez del sistema que no les permite optar por posiciones conjugadas, sino únicamente adherirse a bloques o tendencias que exigen una posición anclada a ideas fundamentales e inamovibles. Ejemplos de lo anterior corresponden al bajo porcentaje de inscripción de los jóvenes al sistema electoral, y la baja participación de estos en los partidos políticos. Con todo lo anterior, el desafío por la coordinación aumenta exponencialmente su dificultad, ya que al romperse las estructuras preestablecidas que eliminaban la incertidumbre y permitían una coordinación en tanto que los elementos de los sistemas se mantenían más estáticos y constantes, se amplían las alternativas y se hace más incierta la comprensión de la realidad. Desaparecen los referentes comunes desde los cuales se podía situar a la personas, es decir, hablamos de una juventud cada vez más volátil y cambiante que amplía fuertemente la diversidad en tanto flexibiliza las acciones y opiniones. De esta manera, replantea sus puntos de vista, aborda los mismos temas desde ángulos diferentes y conjuga elementos otrora inacoplables. En resumen, hace explotar a la sociedad en todas sus posibilidades, pero al mismo tiempo se sumerge en una fuerte incertidumbre que empaña la mirada que se pueda hacer de la sociedad para proyectar una dirección de cambio, lo cual para muchas personas, especialmente para las mayores, no es sinónimo de otra cosa que caos. A partir de estas líneas generales, se ve que el desafío específico para las instituciones y organismos que buscan entablar un diálogo con los jóvenes e insertarse positivamente dentro de éstos motivando algún tipo de participación social, es responder con estructuras internas similares a las descritas, es decir, no se trata de esmerarse por diseñar modelos “a la medida” para la realidad de los jóvenes sino, modelos que permitan una participación no determinista, que no exijan una afiliación total o prolongada a una u otra entidad y que permitan participaciones específicas que no impliquen un trasfondo ideológico que exija una visión de futuro común, en definitiva, modelos que aguanten un compromiso más intermitente. La participación es hoy un fenómeno mucho más veloz que antes en tanto no se ancla a identidades colectivas o individuales, tanto las primeras como las segundas existen en cuanto no se conviertan en sedimento inamovible sino que permitan acercarse y alejarse de ellas fácilmente. No se pretende decidir lo que se es, sino que reinventarlo constantemente, reinventando así también las prácticas en que lo expresamos. De manera que toda institución que busca mantener una vigencia tiene que lograr integrar esta realidad itinerante y flexible rompiendo su rigidez.

Referencias Bibliográficas • CIS. (2007). Participación social y voluntariado en la educación superior chilena. Santiago: Centro de Investigación Social Un Techo para Chile. • INJUV. (2004). La integración social de los jóvenes en Chile 1994-2003: individualización y estilos de vida de los jóvenes en la sociedad del riesgo. Cuarta encuesta nacional de la juventud. Santiago: INJUV. • INJUV. (2007). Quinta encuesta nacional de la juventud. Santiago: INJUV. • PNUD. (1996). Informe de Desarrollo Humano en Chile. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. • PNUD. (2002). Transformaciones culturales e identidad juvenil en Chile. Temas de Desarrollo Humano Sustentable Nº 9 . • Schutz, A., & Luckmann, t. (1977). Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires.

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niera como grupo más que el simple hecho de vivir una etapa de la vida relativamente similar. Esta “falta de identidad” sería producto de que cada joven por sí mismo parece no autodeterminarse en función de una referencia externa. Por tanto, la “carencia de identidad” va más allá de no estar de acuerdo en un mismo discurso, sino que comienza desde la individualidad de cada joven. Sin embargo, es necesario realizar un análisis más profundo, que permita ahondar en tal percepción, ya que es posible que ésta esconda una perspectiva tradicionalista que fácilmente puede no ser detectada. De esta forma, surgen preguntas como; ¿Es posible que la juventud como grupo carezca de identidad? ¿Cómo se entiende una ausencia de patrones e ideales comunes? ¿Nos enfrentamos a una generación perdida sin rumbo fijo? Es de real importancia sacar esto a la luz, ya que así nos daremos cuenta que esta “juventud sin identidad”, lo es sólo en la medida que se observe desde los ojos de una mentalidad que no es la suya, de estructuras de la sociedad que hoy, al menos desde el punto de vista de los propios jóvenes, parecen ser bastante cuestionables.

Una nueva mirada Ahora bien, a partir de esta nueva perspectiva es posible entender los resultados mencionados anteriormente, ya que son éstos jóvenes, y no otros, los que observan al país y la pobreza. De esta forma, en primer lugar se observa que la pobreza, en tanto problema y solución, se presenta como un sistema abierto y flexible, especialmente a la realidad de los jóvenes universitarios. Hoy vemos como se encuentran a la mano de los jóvenes un sinnúmero de alternativas de ayuda social, así como de discursos y reflexiones sobre la pobreza. Tanto por los medios de comunicación, que proveen al universitario de información sobre el tema, como por el discurso social que posiciona a los jóvenes como “el futuro de Chile”, o bien por el discurso académico que inserta temas de responsabilidad social como parte propia del aprendizaje. Los universitarios se enfrentan a un sistema absolutamente abierto que les permite participar o estar presente con gran flexibilidad, permite por ejemplo sentirse comprometido sin haber realizado ni una acción de ayuda, permite criticar mecanismos estando dentro o fuera de ellos, permite compartir una misma visión con quienes otrora divergían plenamente o viceversa. De manera que no sólo se da espacio a “contradicciones” sino que se potencian en la medida que cada vez se conjugan más y más posturas que se entrecruzan e integran, rompiendo la rigidez del pasado. Desde este punto de vista se logra comprender de mejor forma la inconsistencia que observamos entre las valoraciones de los mecanismos de intervención y voluntariado, respecto de las experiencias o prácticas de los jóvenes versus el discurso “políticamente correcto”. Suponer que la experiencia y el discurso deben ir en la

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

misma dirección no resulta acertado ya que, como vimos antes, realidad y opinión no son requisitos entre sí. En este sentido, no habrían barreras de entrada al sistema de superación de la pobreza, todos pueden posicionarse dentro de él de la manera que sea, mezclando discursos y prácticas sin problema, con plena apertura y libertad. Esto explica la dificultad para manifestar una visión de futuro pese a sentir el cambio como algo intrínseco, en cierta forma el cambio no se constituye como herramienta para un objetivo sino que pasa a ser una herramienta para la libertad. Las visiones de país o el futuro con que sueñan los jóvenes, no guían el cambio ni en ellos reside el discurso que explica sus acciones presentes, en cierta forma se prescinde de ellos, ya que la volatilidad los vuelve más bien irrelevantes o poco palpables. Se pierden los objetivos como referentes de identidad, especialmente porque implican una rigidez e inamovilidad. Quien participa de un discurso y comulga con éste no necesariamente es porque sostiene una visión del futuro o un sueño particular, sino únicamente porque en sí mismo le resulta interesante o cierto, independiente de si sus otras opiniones coinciden con la de quienes también comulgan con tal discurso. Análogo a esto, vemos que la mencionada dificultad para percibir los aspectos estructurales del país puede ser también reinterpretada, ya que, desde los propios jóvenes, tales estructuras son en realidad condiciones contingentes, flexibles y sujetas a cambios en la medida que se reinterpreten las visiones y los discursos. De esta forma, se hace difícil mencionar los marcos que determinan a la sociedad en general ya que no serían más amplios que los propios que cada uno se forja. Por otra parte, cuando observábamos que, pese a que los jóvenes se atribuyen un papel central para la superación de la pobreza, muchos de ellos parecen no actuar conforme a tal opinión. Esto, no necesariamente es una contradicción, ya que se puede entender también como una separación entre discurso y acción que permite sostener, al mismo tiempo, posiciones que no apuntan en la misma dirección. En otras palabras, la afirmación de que algunos se cuelgan de la acción de unos pocos para atribuirles relevancia a todos los jóvenes no sería correcta, tal como lo veíamos en la percepción de los jóvenes como actores relevantes para la solución de la pobreza en contraste con las prácticas que realizaban. Lo que ocurre en realidad es que, la acción de unos pocos refleja verdades que se aceptan como tal sin que esto implique, tanto social como individualmente, la exigencia de cambiar la manera de actuar conforme a tal verdad. Esto que a primera vista puede resultar una falta de consecuencia problemática puede traer resultados sociales positivos en tanto que, de la aceptación de tales verdades pueden surgir prácticas absolutamente diferentes a las “esperadas”, potenciando la diversidad de acciones.

En cuanto a la participación política, podríamos decir, que no es una falta de representatividad la que provoca en los jóvenes una baja participación, sino más bien, es una rigidez del sistema que no les permite optar por posiciones conjugadas, sino únicamente adherirse a bloques o tendencias que exigen una posición anclada a ideas fundamentales e inamovibles. Ejemplos de lo anterior corresponden al bajo porcentaje de inscripción de los jóvenes al sistema electoral, y la baja participación de estos en los partidos políticos. Con todo lo anterior, el desafío por la coordinación aumenta exponencialmente su dificultad, ya que al romperse las estructuras preestablecidas que eliminaban la incertidumbre y permitían una coordinación en tanto que los elementos de los sistemas se mantenían más estáticos y constantes, se amplían las alternativas y se hace más incierta la comprensión de la realidad. Desaparecen los referentes comunes desde los cuales se podía situar a la personas, es decir, hablamos de una juventud cada vez más volátil y cambiante que amplía fuertemente la diversidad en tanto flexibiliza las acciones y opiniones. De esta manera, replantea sus puntos de vista, aborda los mismos temas desde ángulos diferentes y conjuga elementos otrora inacoplables. En resumen, hace explotar a la sociedad en todas sus posibilidades, pero al mismo tiempo se sumerge en una fuerte incertidumbre que empaña la mirada que se pueda hacer de la sociedad para proyectar una dirección de cambio, lo cual para muchas personas, especialmente para las mayores, no es sinónimo de otra cosa que caos. A partir de estas líneas generales, se ve que el desafío específico para las instituciones y organismos que buscan entablar un diálogo con los jóvenes e insertarse positivamente dentro de éstos motivando algún tipo de participación social, es responder con estructuras internas similares a las descritas, es decir, no se trata de esmerarse por diseñar modelos “a la medida” para la realidad de los jóvenes sino, modelos que permitan una participación no determinista, que no exijan una afiliación total o prolongada a una u otra entidad y que permitan participaciones específicas que no impliquen un trasfondo ideológico que exija una visión de futuro común, en definitiva, modelos que aguanten un compromiso más intermitente. La participación es hoy un fenómeno mucho más veloz que antes en tanto no se ancla a identidades colectivas o individuales, tanto las primeras como las segundas existen en cuanto no se conviertan en sedimento inamovible sino que permitan acercarse y alejarse de ellas fácilmente. No se pretende decidir lo que se es, sino que reinventarlo constantemente, reinventando así también las prácticas en que lo expresamos. De manera que toda institución que busca mantener una vigencia tiene que lograr integrar esta realidad itinerante y flexible rompiendo su rigidez.

Referencias Bibliográficas • CIS. (2007). Participación social y voluntariado en la educación superior chilena. Santiago: Centro de Investigación Social Un Techo para Chile. • INJUV. (2004). La integración social de los jóvenes en Chile 1994-2003: individualización y estilos de vida de los jóvenes en la sociedad del riesgo. Cuarta encuesta nacional de la juventud. Santiago: INJUV. • INJUV. (2007). Quinta encuesta nacional de la juventud. Santiago: INJUV. • PNUD. (1996). Informe de Desarrollo Humano en Chile. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. • PNUD. (2002). Transformaciones culturales e identidad juvenil en Chile. Temas de Desarrollo Humano Sustentable Nº 9 . • Schutz, A., & Luckmann, t. (1977). Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires.

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Marcelo González Retamal Ingeniero de la Madera, U.Chile

Gabriel Rodríguez Jaque Profesor Depto. Ingeniería Civil, U.Chile

El presente artículo evalúa el bienestar habitacional y eficiencia energética de un conjunto de viviendas sociales construidas el año 2003 en la comuna de Buin, Región Metropolitana. Estas viviendas se construyeron con el Sistema de Construcción Modular Industrializado (SCMI), siendo el primer proyecto de su tipo en nuestro país. Por medio de una encuesta de percepción realizada a los jefes de hogar se obtuvo, que el factor térmico de las viviendas sociales SCMI es regular, la iluminación natural fue considerada buena, y la aislación acústica deficiente; además la seguridad frente al fuego y termitas fueron consideradas como deficientes, mientras que el comportamiento de las viviendas sociales frente a la lluvia y a sismos fueron bien evaluados. Finalmente las familias manifestaron que sus viviendas sociales SCMI son de calidad aceptable, y se sienten satisfechas con ellas. La vivienda social SCMI se entrega con su segundo piso inconcluso en condición cuasi habitable el que presenta la misma cantidad de pérdidas térmicas que una vivienda de ladrillo, sin embargo al realizar una terminación adecuada produce un ahorro energético del 30% respecto a la alternativa de ladrillo. A su vez cumple con la reglamentación térmica actual de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en el primer piso en las siete zonas térmicas del país, pero no cumple en el segundo piso. La vivienda social SCMI con el mínimo de material aislante requerido para cada zona térmica presenta ahorros de gasto energético que varían entre 16% y 37% respecto a la vivienda de ladrillo. Palabras Claves: Viviendas sociales, construcción en madera, habitabilidad, comportamiento térmico, consumo de energía.

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MATERIALES Y MÉTODOS

Actualmente en Chile la construcción de viviendas con madera se asocia a soluciones habitacionales transitorias que presentan bajos estándares de bienestar habitacional, lo que ha generado una suerte de rechazo por parte de las personas a adquirir este tipo de viviendas, no obstante presentan buenas bondades cuando son construidas en forma industrial bajo un buen diseño, lo que puede llevar a obtener viviendas de excelente calidad a un bajo costo. En Chile existe el Sistema Constructivo Modular Industrializado (SCMI), inscrito en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permite construir viviendas con estructura de madera en forma industrializada. Este Sistema Constructivo asegura altos niveles de calidad, facilidad y rapidez de construcción, una menor emisión de gases de efecto invernadero, buen comportamiento acústico y de resistencia al fuego, y un excelente comportamiento sísmico debido a su menor peso estructural (CORMA, 2007). Además, experiencias realizadas por Fundación Chile y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, resaltan las bondades de este tipo de construcción industrializada de viviendas, donde se destaca el buen comportamiento térmico que presentan por sobre las viviendas tradicionales de ladrillo y hormigón, lo que genera un importante ahorro energético y un muy buen confort térmico. Debido a que ya se han construido viviendas sociales en forma industrializada, es de interés poder evaluar el bienestar habitacional que entregan a sus habitantes, conociendo la percepción de ellos y revisando los aspectos técnicos de éstas. Además se puede evaluar, según la nueva exigencia, el comportamiento térmico de este tipo de viviendas, medir el gasto energético de calefacción necesario para obtener confort y compararlo con una vivienda de albañilería. Este análisis ayudará a comprobar que la construcción industrializada de viviendas con estructura de madera puede entregar un excelente comodidad habitacional, y transformarse en un aporte importante para poder dignificar la vivienda de interés social en nuestro país, lo que se transforma en un aporte directo para las familias de menores recursos. El objetivo general de este artículo fue evaluar bienestar habitacional y eficiencia energética de viviendas sociales estructuradas con madera de pino radiata, utilizando el Sistema Constructivo Modular Industrializado; esto mediante el cumplimiento de dos objetivos específicos: 1. Evaluar los estándares de bienestar habitacional de un conjunto de viviendas sociales construidas con el Sistema Constructivo Modular Industrializado 2. Comparar el gasto energético debido a calefacción de una vivienda social construida con el Sistema Constructivo Modular Industrializado frente a una vivienda similar de albañilería.

Las viviendas utilizadas en este estudio, corresponden al conjunto habitacional de la sexta etapa de la población Bajos del Matte, comuna de Buin, Región Metropolitana. Este conjunto habitacional se compone de 225 viviendas sociales construidas el año 2003, y que fueron financiadas por medio de un programa habitacional entregado por el Gobierno denominado “Vivienda Social Dinámica sin Deuda” a un valor de 290 UF por vivienda, el cual incluye un aporte de 10 UF de cada familia beneficiada. El objetivo de este programa habitacional era la entrega de una vivienda nueva con una superficie mínima habitable de 25 m2 incorporando en el diseño arquitectónico y estructural una proyección de crecimiento de 50 m2 en total (SERVIU, 2008) Para la construcción de estas viviendas sociales se utilizó el SCMI, el cual es una forma de construir usando estructuras de madera y otros materiales, que en conjunto y a través de un proceso industrial, permite construir todo o parte de la construcción en uno, dos o tres pisos, de edificios habitacionales, campamentos, establecimientos educacionales, hospitalarios y otros (Fundación Chile, 2000). La fabricación de los elementos industrializados fue realizada por la empresa “Tecno Truss S.A.” en su planta industrial ubicada en la zona norte de la Región Metropolitana. Esta empresa fabricó los paneles para los muros perimetrales de las viviendas, los casetones para las estructuras de piso y techumbre, y las cerchas mediante un proceso productivo controlado y repetitivo consistente en tres etapas: diseño estructural de los elementos, proceso de corte y proceso de ensamblaje. Durante la producción de los elementos industrializados de las viviendas sociales de Buin se aplicó un Sistema de Gestión de Calidad por parte de la empresa Tecno Truss junto a Fundación Chile como certificador. El primer piso de estas viviendas sociales tiene una superficie de 31 m2 y está constituido por un estar-comedor, baño, cocina y un dormitorio. En tanto el segundo piso tiene una superficie habitable de 21 m2, el cual se entregó a los propietarios en condiciones “cuasi habitables”, y contempla la ubicación de dos dormitorios.

Evaluación del bienestar habitacional Para evaluar el bienestar habitacional que entregan las viviendas sociales SCMI primero se confeccionó un instrumento de medición o encuesta para observar la actitud de los propios habitantes de las viviendas después de cuatro años de uso. La encuesta, dirigida a los propietarios de las viviendas, consistió en un conjunto de catorce preguntas o ítems relativos al bienestar habitacional que brindan las viviendas a sus habitantes. La confección de las pre-

CIS

investigación

BIENESTAR HABITACIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS SOCIALES INDUSTRIALIZADAS CON ESTRUCTURA DE MADERA

INTRODUCCIÓN

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Marcelo González Retamal Ingeniero de la Madera, U.Chile

Gabriel Rodríguez Jaque Profesor Depto. Ingeniería Civil, U.Chile

El presente artículo evalúa el bienestar habitacional y eficiencia energética de un conjunto de viviendas sociales construidas el año 2003 en la comuna de Buin, Región Metropolitana. Estas viviendas se construyeron con el Sistema de Construcción Modular Industrializado (SCMI), siendo el primer proyecto de su tipo en nuestro país. Por medio de una encuesta de percepción realizada a los jefes de hogar se obtuvo, que el factor térmico de las viviendas sociales SCMI es regular, la iluminación natural fue considerada buena, y la aislación acústica deficiente; además la seguridad frente al fuego y termitas fueron consideradas como deficientes, mientras que el comportamiento de las viviendas sociales frente a la lluvia y a sismos fueron bien evaluados. Finalmente las familias manifestaron que sus viviendas sociales SCMI son de calidad aceptable, y se sienten satisfechas con ellas. La vivienda social SCMI se entrega con su segundo piso inconcluso en condición cuasi habitable el que presenta la misma cantidad de pérdidas térmicas que una vivienda de ladrillo, sin embargo al realizar una terminación adecuada produce un ahorro energético del 30% respecto a la alternativa de ladrillo. A su vez cumple con la reglamentación térmica actual de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en el primer piso en las siete zonas térmicas del país, pero no cumple en el segundo piso. La vivienda social SCMI con el mínimo de material aislante requerido para cada zona térmica presenta ahorros de gasto energético que varían entre 16% y 37% respecto a la vivienda de ladrillo. Palabras Claves: Viviendas sociales, construcción en madera, habitabilidad, comportamiento térmico, consumo de energía.

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

MATERIALES Y MÉTODOS

Actualmente en Chile la construcción de viviendas con madera se asocia a soluciones habitacionales transitorias que presentan bajos estándares de bienestar habitacional, lo que ha generado una suerte de rechazo por parte de las personas a adquirir este tipo de viviendas, no obstante presentan buenas bondades cuando son construidas en forma industrial bajo un buen diseño, lo que puede llevar a obtener viviendas de excelente calidad a un bajo costo. En Chile existe el Sistema Constructivo Modular Industrializado (SCMI), inscrito en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que permite construir viviendas con estructura de madera en forma industrializada. Este Sistema Constructivo asegura altos niveles de calidad, facilidad y rapidez de construcción, una menor emisión de gases de efecto invernadero, buen comportamiento acústico y de resistencia al fuego, y un excelente comportamiento sísmico debido a su menor peso estructural (CORMA, 2007). Además, experiencias realizadas por Fundación Chile y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, resaltan las bondades de este tipo de construcción industrializada de viviendas, donde se destaca el buen comportamiento térmico que presentan por sobre las viviendas tradicionales de ladrillo y hormigón, lo que genera un importante ahorro energético y un muy buen confort térmico. Debido a que ya se han construido viviendas sociales en forma industrializada, es de interés poder evaluar el bienestar habitacional que entregan a sus habitantes, conociendo la percepción de ellos y revisando los aspectos técnicos de éstas. Además se puede evaluar, según la nueva exigencia, el comportamiento térmico de este tipo de viviendas, medir el gasto energético de calefacción necesario para obtener confort y compararlo con una vivienda de albañilería. Este análisis ayudará a comprobar que la construcción industrializada de viviendas con estructura de madera puede entregar un excelente comodidad habitacional, y transformarse en un aporte importante para poder dignificar la vivienda de interés social en nuestro país, lo que se transforma en un aporte directo para las familias de menores recursos. El objetivo general de este artículo fue evaluar bienestar habitacional y eficiencia energética de viviendas sociales estructuradas con madera de pino radiata, utilizando el Sistema Constructivo Modular Industrializado; esto mediante el cumplimiento de dos objetivos específicos: 1. Evaluar los estándares de bienestar habitacional de un conjunto de viviendas sociales construidas con el Sistema Constructivo Modular Industrializado 2. Comparar el gasto energético debido a calefacción de una vivienda social construida con el Sistema Constructivo Modular Industrializado frente a una vivienda similar de albañilería.

Las viviendas utilizadas en este estudio, corresponden al conjunto habitacional de la sexta etapa de la población Bajos del Matte, comuna de Buin, Región Metropolitana. Este conjunto habitacional se compone de 225 viviendas sociales construidas el año 2003, y que fueron financiadas por medio de un programa habitacional entregado por el Gobierno denominado “Vivienda Social Dinámica sin Deuda” a un valor de 290 UF por vivienda, el cual incluye un aporte de 10 UF de cada familia beneficiada. El objetivo de este programa habitacional era la entrega de una vivienda nueva con una superficie mínima habitable de 25 m2 incorporando en el diseño arquitectónico y estructural una proyección de crecimiento de 50 m2 en total (SERVIU, 2008) Para la construcción de estas viviendas sociales se utilizó el SCMI, el cual es una forma de construir usando estructuras de madera y otros materiales, que en conjunto y a través de un proceso industrial, permite construir todo o parte de la construcción en uno, dos o tres pisos, de edificios habitacionales, campamentos, establecimientos educacionales, hospitalarios y otros (Fundación Chile, 2000). La fabricación de los elementos industrializados fue realizada por la empresa “Tecno Truss S.A.” en su planta industrial ubicada en la zona norte de la Región Metropolitana. Esta empresa fabricó los paneles para los muros perimetrales de las viviendas, los casetones para las estructuras de piso y techumbre, y las cerchas mediante un proceso productivo controlado y repetitivo consistente en tres etapas: diseño estructural de los elementos, proceso de corte y proceso de ensamblaje. Durante la producción de los elementos industrializados de las viviendas sociales de Buin se aplicó un Sistema de Gestión de Calidad por parte de la empresa Tecno Truss junto a Fundación Chile como certificador. El primer piso de estas viviendas sociales tiene una superficie de 31 m2 y está constituido por un estar-comedor, baño, cocina y un dormitorio. En tanto el segundo piso tiene una superficie habitable de 21 m2, el cual se entregó a los propietarios en condiciones “cuasi habitables”, y contempla la ubicación de dos dormitorios.

Evaluación del bienestar habitacional Para evaluar el bienestar habitacional que entregan las viviendas sociales SCMI primero se confeccionó un instrumento de medición o encuesta para observar la actitud de los propios habitantes de las viviendas después de cuatro años de uso. La encuesta, dirigida a los propietarios de las viviendas, consistió en un conjunto de catorce preguntas o ítems relativos al bienestar habitacional que brindan las viviendas a sus habitantes. La confección de las pre-

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investigación

BIENESTAR HABITACIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS SOCIALES INDUSTRIALIZADAS CON ESTRUCTURA DE MADERA

INTRODUCCIÓN

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Se analizó el comportamiento térmico de las viviendas sociales de Buin construidas con el SCMI, utilizando los planos y las especificaciones técnicas como base para los cálculos térmicos que se realizaron. Para obtener las características térmicas de las viviendas en estudio se determinaron las resistencias y transmitancias térmicas de la envolvente, y los coeficientes globales de pérdidas térmicas de acuerdo a la normativa nacional existente. Las conductividades térmicas de los materiales que se utilizaron en la construcción de las viviendas sociales se obtuvieron de los valores entregados por la norma chilena NCh 853.of91y por el Manual de Aplicación Reglamentación Térmica (MART). Los factores globales de perdidas térmicas calculados, fueron el factor Gv1, que permite obtener la razón entre los flujos térmicos a través de la envolvente de la edificación y el producto de su volumen interior y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior; y el factor Gv2 que es similar al anterior pero agregando las pérdidas térmicas por ventilación e infiltración de aire. La unidad de los factores G es [W/m3°C] (ver norma chilena NCh 1960.of60).

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

Tabla 1. Estadística descriptiva de la aplicación de la encuesta de bienestar habitacional

 

Fuente: Google Earth 2007

6. ¿Cómo encuentra la aislación acústica entre los diferentes sectores de la vivienda?

7. ¿Cómo considera la aislación acústica del muro divisorio de su vivienda?

8. ¿Cómo es la aislación acústica que presenta su vivienda frente a ruidos externos?

9. ¿Cómo considera usted la seguridad de su vivienda frente al fuego?

10. ¿Cómo considera usted el comportamiento de su vivienda frente a un sismo?

11. ¿Cómo encuentra el comportamiento de su vivienda frente a la lluvia?

12. ¿Cómo calificaría el nivel de seguridad de su vivienda frente a las termitas?

13. ¿Cómo considera la calidad de su vivienda de madera?

14. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con respecto a su vivienda?

3,2

3,4

3,4

4

2,2

2,1

2,5

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3,6

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3,8

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Desv. Estándar

1,1

1

0,9

0,8

0,6

1

1,1

1

0,9

0,6

0,7

1,2

0,8

0,7

Promedio Factor

3,3

5. ¿Cómo es la iluminación natural dentro de la vivienda para las actividades que se realizan?

4. ¿Cuál es su satisfacción en el interior de su vivienda frente al calor en el verano?

SEGURIDAD

3. ¿Cómo considera la aislación térmica de su vivienda en verano?

ACÚSTICO

3,3

Evaluación del bienestar habitacional de las viviendas

Figura 1: Distribución de la muestra de viviendas sociales SCMI encuestadas.

TÉRMICO

SATISFACCIÓN Y CALIDAD

Promedio

Preguntas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en las 45 viviendas sociales SCMI de Buin, se obtuvo que la cantidad de habitantes promedio por vivienda fue de 4,9 personas, mientras que el tiempo de residencia promedio de los encuestados fue de 3,7 años. La distribución de la muestra correspondiente a las 45 viviendas sociales SCMI encuestadas para este estudio, se puede observar en la Figura 1. En relación a los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta, la Tabla 1 muestra las estadísticas para cada una de las catorce preguntas de la encuesta de bienestar habitacional.

ILUMINACIÓN NATURAL

4

2,3

3,3

4

Fuente: Elaboración propia. Preguntas en rango de respuestas de 1 a 5, donde 1=muy malo y 5=muy bueno

El coeficiente de confiabilidad obtenido para la encuesta de bienestar habitacional fue de 0,93; lo que indica una alta confiabilidad del instrumento de medición. A continuación se encuentra un análisis detallado, en cuanto a las causas de la evaluación hecha por los jefes de hogar sobre sus viviendas a través de la encuesta de bienestar habitacional. Factor térmico. El confort térmico que necesitan los habitantes de un hogar depende de diversos factores, entre los principales se encuentra la temperatura, la humedad y el movimiento del aire interior. Se sabe que para lograr un confort térmico, la temperatura que se debe mantener al interior de la vivienda está comprendida en el rango de 17-24°C dependiendo de la humedad relativa del aire y de la velocidad del aire del recinto (Rodríguez, 2006). En relación a la encuesta, se pudo observar que las preguntas relativas al factor térmico obtuvieron puntajes promedios entre 3,2 y 3,4 puntos, lo que significa que la evaluación es entre regular y buena. Es evidente que

la percepción de los habitantes sobre el factor térmico de sus viviendas puede mejorar al realizar una terminación adecuada del segundo piso de las viviendas SCMI de Buin. De las familias encuestadas, se obtuvo que sólo en un 6,7% de las viviendas se han realizado terminaciones adecuadas, consistentes en la instalación de aislante térmico y revestimiento interior de los muros perimetrales, e instalación de cielo para cubrir la estructura de techumbre. Factor iluminación natural. La iluminación natural dentro de una vivienda tiene una gran influencia en la calidad de vida de las personas, tiene ventajas psicológicas en comparación con la iluminación artificial, y afecta en forma considerable el ahorro de energía para mantener un recinto a una temperatura confortable (Sarmiento, 2007). La iluminación natural de las viviendas fue considerada buena, ya que el puntaje promedio es de 4 puntos. Según mediciones realizadas como parte del proyecto de investigación FONDEF/CONICYT “Determinación de los están-

CIS

Evaluación térmica y energética de las viviendas

Se consideró una temperatura de 20°C, como la de confort al interior de la vivienda. Y se compararon los resultados obtenidos de energía requerida en calefacción (ERC) de las viviendas sociales con una vivienda tradicional de ladrillo. Además se consideró de interés ampliar la comparación a una tercera alternativa consistente en una propuesta de terminación de las viviendas sociales SCMI en estudio. La propuesta de terminación para los muros perimetrales del segundo piso de las viviendas se tomó en cuenta debido a que los muros se entregan sin aislación térmica.

2. ¿Cómo es su satisfacción con el gasto en calefaccionar su vivienda en invierno?

guntas se basó en los factores de bienestar habitacional que se encuentran definidos por la “Guía de diseño para un hábitat residencial sustentable” elaborado por Fundación Chile como resultado del proyecto de investigación FONDEF/CONICYT Nº D00I1039, a saber (Fundación Chile et al., 2004): • Factor térmico • Factor acústico • Factor lumínico • Factor seguridad de la edificación Además fue de interés averiguar el nivel de satisfacción de los habitantes con sus viviendas. Todos los ítems fueron medidos en un escalamiento tipo Likert (de 1 a 5 puntos). Mientras más favorable fue la actitud de la persona encuestada frente a una pregunta, mayor fue el puntaje que se le asignó. Para la encuesta se calculó la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente Alfa-Cronbach mediante la utilización del programa de análisis estadístico SPSS. Se seleccionó una muestra aleatoria del 20% correspondiente a 45 viviendas de un total de 225 del conjunto en estudio. Para la selección de las viviendas sólo se tomó en cuenta el factor exposición del frontis de las viviendas, ya que ésta puede condicionar en forma considerable la cantidad de luz natural y la temperatura al interior de una vivienda durante el día (Rodríguez, 2007).

1. ¿Cómo considera la aislación térmica de su vivienda en invierno?

investigación

BIENESTAR HABITACIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS SOCIALES INDUSTRIALIZADAS CON ESTRUCTURA DE MADERA

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Se analizó el comportamiento térmico de las viviendas sociales de Buin construidas con el SCMI, utilizando los planos y las especificaciones técnicas como base para los cálculos térmicos que se realizaron. Para obtener las características térmicas de las viviendas en estudio se determinaron las resistencias y transmitancias térmicas de la envolvente, y los coeficientes globales de pérdidas térmicas de acuerdo a la normativa nacional existente. Las conductividades térmicas de los materiales que se utilizaron en la construcción de las viviendas sociales se obtuvieron de los valores entregados por la norma chilena NCh 853.of91y por el Manual de Aplicación Reglamentación Térmica (MART). Los factores globales de perdidas térmicas calculados, fueron el factor Gv1, que permite obtener la razón entre los flujos térmicos a través de la envolvente de la edificación y el producto de su volumen interior y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior; y el factor Gv2 que es similar al anterior pero agregando las pérdidas térmicas por ventilación e infiltración de aire. La unidad de los factores G es [W/m3°C] (ver norma chilena NCh 1960.of60).

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Tabla 1. Estadística descriptiva de la aplicación de la encuesta de bienestar habitacional

 

Fuente: Google Earth 2007

6. ¿Cómo encuentra la aislación acústica entre los diferentes sectores de la vivienda?

7. ¿Cómo considera la aislación acústica del muro divisorio de su vivienda?

8. ¿Cómo es la aislación acústica que presenta su vivienda frente a ruidos externos?

9. ¿Cómo considera usted la seguridad de su vivienda frente al fuego?

10. ¿Cómo considera usted el comportamiento de su vivienda frente a un sismo?

11. ¿Cómo encuentra el comportamiento de su vivienda frente a la lluvia?

12. ¿Cómo calificaría el nivel de seguridad de su vivienda frente a las termitas?

13. ¿Cómo considera la calidad de su vivienda de madera?

14. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con respecto a su vivienda?

3,2

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Promedio Factor

3,3

5. ¿Cómo es la iluminación natural dentro de la vivienda para las actividades que se realizan?

4. ¿Cuál es su satisfacción en el interior de su vivienda frente al calor en el verano?

SEGURIDAD

3. ¿Cómo considera la aislación térmica de su vivienda en verano?

ACÚSTICO

3,3

Evaluación del bienestar habitacional de las viviendas

Figura 1: Distribución de la muestra de viviendas sociales SCMI encuestadas.

TÉRMICO

SATISFACCIÓN Y CALIDAD

Promedio

Preguntas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta en las 45 viviendas sociales SCMI de Buin, se obtuvo que la cantidad de habitantes promedio por vivienda fue de 4,9 personas, mientras que el tiempo de residencia promedio de los encuestados fue de 3,7 años. La distribución de la muestra correspondiente a las 45 viviendas sociales SCMI encuestadas para este estudio, se puede observar en la Figura 1. En relación a los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta, la Tabla 1 muestra las estadísticas para cada una de las catorce preguntas de la encuesta de bienestar habitacional.

ILUMINACIÓN NATURAL

4

2,3

3,3

4

Fuente: Elaboración propia. Preguntas en rango de respuestas de 1 a 5, donde 1=muy malo y 5=muy bueno

El coeficiente de confiabilidad obtenido para la encuesta de bienestar habitacional fue de 0,93; lo que indica una alta confiabilidad del instrumento de medición. A continuación se encuentra un análisis detallado, en cuanto a las causas de la evaluación hecha por los jefes de hogar sobre sus viviendas a través de la encuesta de bienestar habitacional. Factor térmico. El confort térmico que necesitan los habitantes de un hogar depende de diversos factores, entre los principales se encuentra la temperatura, la humedad y el movimiento del aire interior. Se sabe que para lograr un confort térmico, la temperatura que se debe mantener al interior de la vivienda está comprendida en el rango de 17-24°C dependiendo de la humedad relativa del aire y de la velocidad del aire del recinto (Rodríguez, 2006). En relación a la encuesta, se pudo observar que las preguntas relativas al factor térmico obtuvieron puntajes promedios entre 3,2 y 3,4 puntos, lo que significa que la evaluación es entre regular y buena. Es evidente que

la percepción de los habitantes sobre el factor térmico de sus viviendas puede mejorar al realizar una terminación adecuada del segundo piso de las viviendas SCMI de Buin. De las familias encuestadas, se obtuvo que sólo en un 6,7% de las viviendas se han realizado terminaciones adecuadas, consistentes en la instalación de aislante térmico y revestimiento interior de los muros perimetrales, e instalación de cielo para cubrir la estructura de techumbre. Factor iluminación natural. La iluminación natural dentro de una vivienda tiene una gran influencia en la calidad de vida de las personas, tiene ventajas psicológicas en comparación con la iluminación artificial, y afecta en forma considerable el ahorro de energía para mantener un recinto a una temperatura confortable (Sarmiento, 2007). La iluminación natural de las viviendas fue considerada buena, ya que el puntaje promedio es de 4 puntos. Según mediciones realizadas como parte del proyecto de investigación FONDEF/CONICYT “Determinación de los están-

CIS

Evaluación térmica y energética de las viviendas

Se consideró una temperatura de 20°C, como la de confort al interior de la vivienda. Y se compararon los resultados obtenidos de energía requerida en calefacción (ERC) de las viviendas sociales con una vivienda tradicional de ladrillo. Además se consideró de interés ampliar la comparación a una tercera alternativa consistente en una propuesta de terminación de las viviendas sociales SCMI en estudio. La propuesta de terminación para los muros perimetrales del segundo piso de las viviendas se tomó en cuenta debido a que los muros se entregan sin aislación térmica.

2. ¿Cómo es su satisfacción con el gasto en calefaccionar su vivienda en invierno?

guntas se basó en los factores de bienestar habitacional que se encuentran definidos por la “Guía de diseño para un hábitat residencial sustentable” elaborado por Fundación Chile como resultado del proyecto de investigación FONDEF/CONICYT Nº D00I1039, a saber (Fundación Chile et al., 2004): • Factor térmico • Factor acústico • Factor lumínico • Factor seguridad de la edificación Además fue de interés averiguar el nivel de satisfacción de los habitantes con sus viviendas. Todos los ítems fueron medidos en un escalamiento tipo Likert (de 1 a 5 puntos). Mientras más favorable fue la actitud de la persona encuestada frente a una pregunta, mayor fue el puntaje que se le asignó. Para la encuesta se calculó la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente Alfa-Cronbach mediante la utilización del programa de análisis estadístico SPSS. Se seleccionó una muestra aleatoria del 20% correspondiente a 45 viviendas de un total de 225 del conjunto en estudio. Para la selección de las viviendas sólo se tomó en cuenta el factor exposición del frontis de las viviendas, ya que ésta puede condicionar en forma considerable la cantidad de luz natural y la temperatura al interior de una vivienda durante el día (Rodríguez, 2007).

1. ¿Cómo considera la aislación térmica de su vivienda en invierno?

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dares de bienestar habitacional, para mejorar la calidad de la construcción de viviendas en Chile”, para la latitud correspondiente a la zona de las regiones Metropolitana y de Valparaíso es suficiente contar con un 10% de superficie de ventanas (superficie de ventanas en relación a la superficie de muros perimetrales) a fin de obtener niveles de iluminación adecuados al interior de las viviendas (Fundación Chile et al., 2004). Las viviendas sociales en estudio presentan 10,6% de superficie de ventana en relación a la superficie del recinto, por lo que cumplen con lo recomendado. Factor acústico. El ruido es un conjunto de sonidos inarticulados de diversa intensidad, desagradable y molesto al oído, y que puede producir un gran impacto negativo en la salud física y psíquica de las personas; en sus relaciones familiares y sociales; en el valor patrimonial de la vivienda afectada y en los derechos fundamentales a la intimidad (Colonelli, P; Rodríguez, G., 2004). Los datos obtenidos de la encuesta indican que la aislación acústica de los muros interiores de las viviendas sociales SCMI, fueron consideradas como malas y muy malas por el 65% de los encuestados; el 70% de los propietarios consideró como mala y muy mala la aislación acústica del muro divisorio; en tanto la aislación acústica de la vivienda frente ruidos externos fue considerada como mala y muy mala por la mitad de los encuestados. Se puede apreciar entonces que los habitantes tienen una mala percepción sobre el comportamiento acústico de sus viviendas, lo que se ratifica con los resultados obtenidos en estudios realizados por Fundación Chile (2004) y Ferrada (2003) donde concluyen que las viviendas sociales de albañilería presentan falta de aislación acústica no cumpliendo con la normativa nacional existente; por lo que este es un factor de diseño que se debe mejorar con urgencia en todos los tipos de vivienda social que se construyan en Chile, y no solo atañe a la construcción en madera. Sin embargo existen soluciones constructivas para muro divisorio o medianero con estructura de madera que cumplen con la aislación mínima requerida por la normativa actual (ver norma chilena NCh 352/1.Of2000) y que aparecen en el “Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 2008a). Factor seguridad de la edificación. En el siguiente apartado se analizó la percepción de seguridad de la vivienda frente al fuego, la lluvia, los sismos y termitas. Seguridad de la vivienda frente al fuego: El objetivo que persigue el diseño de edificios contra incendios es dar un tiempo suficiente para que los moradores puedan ponerse a resguardo antes de que la estructura colapse, además de considerar el uso de métodos para minimizar el riesgo de incendio. Se obtuvo la resistencia al fuego de todos los elementos constructivos que conforman la vivienda social SCMI de Buin mediante el “Método Adi-

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tivo de Componentes CAM” (Wagner, 2003); obteniendo que las viviendas estudiadas cumplen con las exigencias mínimas de resistencia al fuego según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), al presentar terminaciones interiores adecuadas de muros y techumbre utilizando revestimientos difícilmente combustibles (planchas de yeso-cartón y/o fibrocemento). No obstante a lo anterior la percepción de seguridad en caso de incendio fue considerada entre regular y mala (2,6 puntos); lo que se debe en gran medida a que al interior del segundo piso de las viviendas los elementos estructurales de madera se encuentran a la vista (condición cuasi habitable), lo que genera la inseguridad manifestada. Seguridad de la vivienda frente a un sismo: La fuerza con que actúa un sismo sobre una edificación depende de la aceleración del movimiento y del peso de la estructura. Para iguales condiciones de aceleración de movimiento se cumple que a menor masa de una estructura, menor es la fuerza lateral del sismo sobre ella. Esta ventaja de menor masa (y por lo tanto menor peso) la presentan las viviendas estructuradas en madera que son entre seis a nueve veces más livianas en comparación a las construidas en albañilería y hormigón (CORMA, 2007). Además las estructuras conformadas por materiales como el hormigón y el ladrillo, son más frágiles que las estructuras de madera, ya que soportan una menor deformación durante un movimiento lateral. Gran parte de la ductibilidad de las estructuras de madera se debe a las conexiones metálicas que estos sistemas constructivos utilizan, lo que le da a una estructura de madera la habilidad para soportar mejor los sismos En cuanto a la percepción de los jefes de hogar sobre el comportamiento de sus viviendas frente a los sismos, ésta fue evaluada en un punto intermedio entre regular y buena (3,6 puntos). Seguridad de la vivienda frente a la lluvia: Es de vital importancia que las viviendas no presenten infiltraciones debido a la lluvia, ya que esto provoca serios problemas de humedad en la estructura y afecta en forma significativa el bienestar de sus habitantes. Los jefes de hogar encuestados frente a este tema entregan una percepción promedio considerada como buena (3,9 puntos), lo que indica que la materialidad de la envolvente, el diseño de los aleros y la instalación de canaletas y caídas de agua fue correcta; ayudando a un buen comportamiento de las viviendas sociales SCMI de Buin frente a la lluvia Seguridad de la vivienda frente a las termitas. Las termitas son el mayor exponente dentro de los agentes bióticos que degradan la madera, siendo además un factor importante a considerar en el diseño de cualquier edificación que utilice la madera como material estructural. Las termitas subterráneas son la causante de mayor preocupación debido a su difícil control, encontrándose principalmente en la zona central de nuestro país. Las estrategias de prevención evidenciadas en las viviendas sociales en estudio son las siguientes: una fundación

y radier de hormigón con una altura adecuada (150 mm), toda la estructura de madera se encuentra preservada con sales CCA (según las especificaciones de retención y penetración para madera de pino radiata de la norma chilena NCh 819.Of2003); y los paneles de madera OSB (Oriented Strand Board) que actúan como revestimiento exterior fueron tratados mediante un baño de borato de zinc, que es un inhibidor metabólico no tóxico que evita el ataque de termitas y la proliferación de hongos (LP, 2008). Se puede considerar que las especificaciones técnicas que tienen las viviendas sociales SCMI de Buin, ayudan en forma considerable a prevenir ataques de termitas. Es importante señalar que ninguno de los encuestados manifestó tener ese problema en su vivienda, por lo que la regular percepción de los jefes de hogar (2,9 puntos) se puede atribuir simplemente a un factor cultural imperante en nuestro país, que califica a priori como vulnerable al ataque de termitas cualquier edificación con estructura de madera, sin conocer las consideraciones de diseño. Factor satisfacción y calidad de las viviendas. El nivel de satisfacción de las viviendas sociales SCMI fue el factor mejor evaluado por los encuestados. Esta buena reacción es resultado de una de las grandes fortalezas que tiene la construcción de viviendas bajo el SCMI: la calidad controlada. Durante la construcción de las viviendas sociales en estudio, la calidad de los elementos industrializados: paneles, casetones de piso y techumbre y cerchas fue garantizada por la empresa que los fabricó a través de un sistema de gestión de calidad. De esta manera se logra un control de la calidad tanto de los materiales, de los elementos industrializados y del

montaje de las viviendas, lo que es muy difícil de realizar en una obra tradicional de albañilería en forma tan completa. Se puede concluir entonces que las tareas de control y gestión de calidad fueron buenas, tomando como indicador la percepción de los propios habitantes de las viviendas sociales SCMI después de cuatro años de uso. Eficiencia energética de los tipos de vivienda en estudio. Según las fórmulas de cálculo para determinar el comportamiento térmico de las viviendas se obtuvieron los siguientes resultados para los tres tipos de vivienda en estudio: la vivienda social SCMI en su diseño original, la vivienda social SCMI con la propuesta de terminación del segundo piso, y la alternativa de comparación en construcción tradicional de ladrillo. Comportamiento térmico. Basados en los factores Gv1 de las viviendas completas (valores ponderados) que aparecen en la Figura 2, la vivienda social SCMI presenta un 14% menos de pérdidas térmicas por transmisión a través de su envolvente en comparación con la vivienda de ladrillo. Con la propuesta de terminación del segundo piso, presenta un 40% y un 30% respecto a la vivienda social SCMI original. Por otra parte, los valores ponderados de Gv2 entregan que las pérdidas térmicas totales de la vivienda social SCMI son iguales a las de la alternativa de ladrillo, debido a la gran cantidad de infiltración de aire no controlada en el segundo piso de la vivienda (condición cuasi habitable en que se entregaron las viviendas). Sin embargo la propuesta de terminación de la vivienda social SCMI presenta un 30% menos de pérdidas térmicas totales respecto a la alternativa de ladrillo.

Figura 2. Coeficientes volumétricos globales de pérdidas térmicas obtenidos para los tipos de vivienda en estudio Factor G de viviendas sociales [W/m3ºC]

SCMI original

Propuesta SCMI

Ladrillo

2,86

2,21 1,68

2,04

2,14

2,14

1,81 1,52

1,06 1,06 0,86

1º piso

Fuente: Elaboración propia.

2º piso

Gv1

1,61

1,59 1,59

1,39

1,38

1,50

0,97

Ponderado

1º piso

2º piso

Gv2

Ponderado

CIS

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BIENESTAR HABITACIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS SOCIALES INDUSTRIALIZADAS CON ESTRUCTURA DE MADERA

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dares de bienestar habitacional, para mejorar la calidad de la construcción de viviendas en Chile”, para la latitud correspondiente a la zona de las regiones Metropolitana y de Valparaíso es suficiente contar con un 10% de superficie de ventanas (superficie de ventanas en relación a la superficie de muros perimetrales) a fin de obtener niveles de iluminación adecuados al interior de las viviendas (Fundación Chile et al., 2004). Las viviendas sociales en estudio presentan 10,6% de superficie de ventana en relación a la superficie del recinto, por lo que cumplen con lo recomendado. Factor acústico. El ruido es un conjunto de sonidos inarticulados de diversa intensidad, desagradable y molesto al oído, y que puede producir un gran impacto negativo en la salud física y psíquica de las personas; en sus relaciones familiares y sociales; en el valor patrimonial de la vivienda afectada y en los derechos fundamentales a la intimidad (Colonelli, P; Rodríguez, G., 2004). Los datos obtenidos de la encuesta indican que la aislación acústica de los muros interiores de las viviendas sociales SCMI, fueron consideradas como malas y muy malas por el 65% de los encuestados; el 70% de los propietarios consideró como mala y muy mala la aislación acústica del muro divisorio; en tanto la aislación acústica de la vivienda frente ruidos externos fue considerada como mala y muy mala por la mitad de los encuestados. Se puede apreciar entonces que los habitantes tienen una mala percepción sobre el comportamiento acústico de sus viviendas, lo que se ratifica con los resultados obtenidos en estudios realizados por Fundación Chile (2004) y Ferrada (2003) donde concluyen que las viviendas sociales de albañilería presentan falta de aislación acústica no cumpliendo con la normativa nacional existente; por lo que este es un factor de diseño que se debe mejorar con urgencia en todos los tipos de vivienda social que se construyan en Chile, y no solo atañe a la construcción en madera. Sin embargo existen soluciones constructivas para muro divisorio o medianero con estructura de madera que cumplen con la aislación mínima requerida por la normativa actual (ver norma chilena NCh 352/1.Of2000) y que aparecen en el “Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU, 2008a). Factor seguridad de la edificación. En el siguiente apartado se analizó la percepción de seguridad de la vivienda frente al fuego, la lluvia, los sismos y termitas. Seguridad de la vivienda frente al fuego: El objetivo que persigue el diseño de edificios contra incendios es dar un tiempo suficiente para que los moradores puedan ponerse a resguardo antes de que la estructura colapse, además de considerar el uso de métodos para minimizar el riesgo de incendio. Se obtuvo la resistencia al fuego de todos los elementos constructivos que conforman la vivienda social SCMI de Buin mediante el “Método Adi-

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

tivo de Componentes CAM” (Wagner, 2003); obteniendo que las viviendas estudiadas cumplen con las exigencias mínimas de resistencia al fuego según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), al presentar terminaciones interiores adecuadas de muros y techumbre utilizando revestimientos difícilmente combustibles (planchas de yeso-cartón y/o fibrocemento). No obstante a lo anterior la percepción de seguridad en caso de incendio fue considerada entre regular y mala (2,6 puntos); lo que se debe en gran medida a que al interior del segundo piso de las viviendas los elementos estructurales de madera se encuentran a la vista (condición cuasi habitable), lo que genera la inseguridad manifestada. Seguridad de la vivienda frente a un sismo: La fuerza con que actúa un sismo sobre una edificación depende de la aceleración del movimiento y del peso de la estructura. Para iguales condiciones de aceleración de movimiento se cumple que a menor masa de una estructura, menor es la fuerza lateral del sismo sobre ella. Esta ventaja de menor masa (y por lo tanto menor peso) la presentan las viviendas estructuradas en madera que son entre seis a nueve veces más livianas en comparación a las construidas en albañilería y hormigón (CORMA, 2007). Además las estructuras conformadas por materiales como el hormigón y el ladrillo, son más frágiles que las estructuras de madera, ya que soportan una menor deformación durante un movimiento lateral. Gran parte de la ductibilidad de las estructuras de madera se debe a las conexiones metálicas que estos sistemas constructivos utilizan, lo que le da a una estructura de madera la habilidad para soportar mejor los sismos En cuanto a la percepción de los jefes de hogar sobre el comportamiento de sus viviendas frente a los sismos, ésta fue evaluada en un punto intermedio entre regular y buena (3,6 puntos). Seguridad de la vivienda frente a la lluvia: Es de vital importancia que las viviendas no presenten infiltraciones debido a la lluvia, ya que esto provoca serios problemas de humedad en la estructura y afecta en forma significativa el bienestar de sus habitantes. Los jefes de hogar encuestados frente a este tema entregan una percepción promedio considerada como buena (3,9 puntos), lo que indica que la materialidad de la envolvente, el diseño de los aleros y la instalación de canaletas y caídas de agua fue correcta; ayudando a un buen comportamiento de las viviendas sociales SCMI de Buin frente a la lluvia Seguridad de la vivienda frente a las termitas. Las termitas son el mayor exponente dentro de los agentes bióticos que degradan la madera, siendo además un factor importante a considerar en el diseño de cualquier edificación que utilice la madera como material estructural. Las termitas subterráneas son la causante de mayor preocupación debido a su difícil control, encontrándose principalmente en la zona central de nuestro país. Las estrategias de prevención evidenciadas en las viviendas sociales en estudio son las siguientes: una fundación

y radier de hormigón con una altura adecuada (150 mm), toda la estructura de madera se encuentra preservada con sales CCA (según las especificaciones de retención y penetración para madera de pino radiata de la norma chilena NCh 819.Of2003); y los paneles de madera OSB (Oriented Strand Board) que actúan como revestimiento exterior fueron tratados mediante un baño de borato de zinc, que es un inhibidor metabólico no tóxico que evita el ataque de termitas y la proliferación de hongos (LP, 2008). Se puede considerar que las especificaciones técnicas que tienen las viviendas sociales SCMI de Buin, ayudan en forma considerable a prevenir ataques de termitas. Es importante señalar que ninguno de los encuestados manifestó tener ese problema en su vivienda, por lo que la regular percepción de los jefes de hogar (2,9 puntos) se puede atribuir simplemente a un factor cultural imperante en nuestro país, que califica a priori como vulnerable al ataque de termitas cualquier edificación con estructura de madera, sin conocer las consideraciones de diseño. Factor satisfacción y calidad de las viviendas. El nivel de satisfacción de las viviendas sociales SCMI fue el factor mejor evaluado por los encuestados. Esta buena reacción es resultado de una de las grandes fortalezas que tiene la construcción de viviendas bajo el SCMI: la calidad controlada. Durante la construcción de las viviendas sociales en estudio, la calidad de los elementos industrializados: paneles, casetones de piso y techumbre y cerchas fue garantizada por la empresa que los fabricó a través de un sistema de gestión de calidad. De esta manera se logra un control de la calidad tanto de los materiales, de los elementos industrializados y del

montaje de las viviendas, lo que es muy difícil de realizar en una obra tradicional de albañilería en forma tan completa. Se puede concluir entonces que las tareas de control y gestión de calidad fueron buenas, tomando como indicador la percepción de los propios habitantes de las viviendas sociales SCMI después de cuatro años de uso. Eficiencia energética de los tipos de vivienda en estudio. Según las fórmulas de cálculo para determinar el comportamiento térmico de las viviendas se obtuvieron los siguientes resultados para los tres tipos de vivienda en estudio: la vivienda social SCMI en su diseño original, la vivienda social SCMI con la propuesta de terminación del segundo piso, y la alternativa de comparación en construcción tradicional de ladrillo. Comportamiento térmico. Basados en los factores Gv1 de las viviendas completas (valores ponderados) que aparecen en la Figura 2, la vivienda social SCMI presenta un 14% menos de pérdidas térmicas por transmisión a través de su envolvente en comparación con la vivienda de ladrillo. Con la propuesta de terminación del segundo piso, presenta un 40% y un 30% respecto a la vivienda social SCMI original. Por otra parte, los valores ponderados de Gv2 entregan que las pérdidas térmicas totales de la vivienda social SCMI son iguales a las de la alternativa de ladrillo, debido a la gran cantidad de infiltración de aire no controlada en el segundo piso de la vivienda (condición cuasi habitable en que se entregaron las viviendas). Sin embargo la propuesta de terminación de la vivienda social SCMI presenta un 30% menos de pérdidas térmicas totales respecto a la alternativa de ladrillo.

Figura 2. Coeficientes volumétricos globales de pérdidas térmicas obtenidos para los tipos de vivienda en estudio Factor G de viviendas sociales [W/m3ºC]

SCMI original

Propuesta SCMI

Ladrillo

2,86

2,21 1,68

2,04

2,14

2,14

1,81 1,52

1,06 1,06 0,86

1º piso

Fuente: Elaboración propia.

2º piso

Gv1

1,61

1,59 1,59

1,39

1,38

1,50

0,97

Ponderado

1º piso

2º piso

Gv2

Ponderado

CIS

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Ahorro energético y consideraciones económicas. La energía requerida en calefacción (ERC), expresada en kW-h/m2año, obtenida para los tres tipos de vivienda emplazadas en la comuna de Buin, Región Metropolitana, considerando como período de calefacción los meses de abril hasta octubre son los que se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Energía requerida en calefacción por unidad de superficie para las viviendas en estudios emplazadas en la comuna de Buin ERC [kW-h/m2año]

SCMI original

Propuesta SCMI

195

Ladrillo

194

136

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la vivienda social SCMI con la propuesta de terminación es la alternativa más eficiente térmicamente, presentando un ahorro del 30% respecto a la vivienda social SCMI original y a la alternativa de ladrillo. Esto se convierte en un ahorro económico directo para los habitantes, debido a que se necesitará un 30% menos de combustible para alcanzar una temperatura de confort en el interior de la vivienda. Además este ahorro en combustible entrega otras externalidades positivas como la menor contaminación dentro del hogar1 y la menor producción de vapor de agua, disminuyendo de esta manera los riesgos asociados a contraer enfermedades respiratorias por parte de sus moradores (Cáceres, 2001). Según el observatorio habitacional de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la demanda potencial2 por viviendas sociales en la Región Metropolitana alcanza 1 El 41% de los hogares encuestados utiliza parafina como combustible, un 34% utiliza gas licuado y un 9% ocupa leña para calefaccionar. 2 Hogares no propietarios con Ficha de Protección Social con puntaje de carencia habitacional menor a 8.500 ptos.

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a las 219.877 viviendas (MINVU, 2008b). Si para satisfacer esta demanda se construyeran viviendas sociales de madera SCMI en vez de viviendas de albañilería, el ahorro energético alcanzaría a las 550 Teracalorías por año, que equivale a evitar consumir anualmente 68 millones de litros de parafina o 48 mil toneladas de gas licuado; un ahorro importante considerando que actualmente el consumo nacional de parafina en el sector residencial equivale justamente a 550 Teracalorías anuales (CNE, 2008). Además este ahorro energético trae consigo beneficios ambientales importantes para la Región, ya que se evitaría quemar cantidades significativas de combustible produciendo una menor contaminación del aire. Además la utilización de la madera como material constructivo en comparación con los materiales que se utilizan tradicionalmente en la construcción de viviendas en nuestro país, como lo son el ladrillo, cemento, y recientemente el acero (Sistema Metalcom), significaría también una disminución energética importante sólo por el cambio de material; como dato se sabe que en Estados Unidos la producción de madera y sus derivados corresponde a un 47% del total de producción de materias primas para la construcción, consumiendo sólo el 4% de la energía requerida por toda la industria (Apawood, 2008). Finalmente se debe recordar el concepto de sustentabilidad de la madera, al ser un material renovable y menos contaminante en su proceso de obtención en comparación con los otros materiales alternativos. Comportamiento térmico y energético en diferentes localidades de Chile. Para analizar el comportamiento térmico y energético en diferentes localidades de Chile, se comparó la vivienda social SCMI terminada con el mínimo espesor de material aislante requerido en cada zona térmica del país según la OGUC3, con la alternativa de ladrillo. La principal diferencia entre ambos tipos de vivienda se encuentra en la transmitancia térmica de los muros. La vivienda social SCMI cumple en forma satisfactoria con lo exigido por la reglamentación en cada zona térmica, contrario a lo que ocurre con el muro de ladrillo que presenta valores aceptables sólo para las zonas térmicas uno y dos (ver Figura 4).

3 Ver los mapas de las siete zonas térmicas del país en el Manual de Aplicación Reglamentación Térmica (www.mart.cl)

Figura 4. Transmitancias térmicas para complejos de muros de la vivienda social SCMI y la alternativa de ladrillo en cada zona térmica. Transmitancia térmica muros [W/m2°C]

4 3,5 3

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

2,5 2 1,5 1 0,5 0

1

2

3

4

5

6

7

Zona térmica U máximo (OGUC)

SCMI

Ladrillo

Fuente: Elaboración propia.

Se obtuvo el ahorro energético que entrega la vivienda social SCMI respecto a la alternativa de ladrillo para cada una de las zonas térmicas. Los valores de ahorro energético se muestran en la Tabla 2. Se puede apreciar que el gasto energético de la vivienda social industrializada de madera es siempre menor al de la alternativa de ladrillo. Los ahorros energéticos van desde 15,7% en la zona de menor requerimiento térmico, hasta 37,4% en la zona de mayor requerimiento térmico.

Tabla 2. Ahorro energético en calefacción de la vivienda social SCMI respecto a la vivienda de ladrillo. Ahorro Energético Zona térmica

SCMI respecto ladrillo

1

15,7%

2

16,1%

3

23,8%

4

24,1%

5

26,9%

6

32,8%

7

37,4%

Fuente: Elaboración propia.

El SCMI de viviendas de madera cumple con la reglamentación térmica existente en todo el país, produciendo ahorros energéticos importantes; garantiza la calidad de sus componentes por medio de un proceso industrializado; y puede cumplir con todos los requerimientos técnicos necesarios para garantizar el bienestar habitacional de los propietarios; por lo que aparece como una buena alternativa para la construcción de viviendas sociales teniendo en cuenta las variables de diseño analizadas en este estudio. En general los propietarios se sienten satisfechos con sus viviendas sociales industrializadas de madera. Sin embargo hay aspectos tecnológicos que se deben mejorar, lo cuales son factibles de realizar sujetos a la restricción presupuestaria de las viviendas sociales. Una vivienda social de madera SCMI puede lograr ahorros energía requerida en calefacción que varían entre 16% y 37% respecto a una vivienda de ladrillo, dependiendo de la localidad del país donde se emplace. Los puntos clave del sistema constructivo que se estudió, son que se realiza en forma industrializada garantizando la calidad de sus componentes mediante un proceso controlado; y que los elementos estructurales de madera no se encuentran expuestos a la intemperie, ayudando a prolongar la vida útil de la vivienda. Es muy importante dar a conocer a los futuros propietarios de viviendas sociales, las ventajas de habitabilidad y de ahorro energético que presenta una vivienda de madera bien diseñada frente a una vivienda tradicional, ya que esto puede ayudar a mejorar la mala percepción que se tiene en nuestro país sobre este tipo de construcciones.

CIS

investigación

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Ahorro energético y consideraciones económicas. La energía requerida en calefacción (ERC), expresada en kW-h/m2año, obtenida para los tres tipos de vivienda emplazadas en la comuna de Buin, Región Metropolitana, considerando como período de calefacción los meses de abril hasta octubre son los que se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Energía requerida en calefacción por unidad de superficie para las viviendas en estudios emplazadas en la comuna de Buin ERC [kW-h/m2año]

SCMI original

Propuesta SCMI

195

Ladrillo

194

136

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que la vivienda social SCMI con la propuesta de terminación es la alternativa más eficiente térmicamente, presentando un ahorro del 30% respecto a la vivienda social SCMI original y a la alternativa de ladrillo. Esto se convierte en un ahorro económico directo para los habitantes, debido a que se necesitará un 30% menos de combustible para alcanzar una temperatura de confort en el interior de la vivienda. Además este ahorro en combustible entrega otras externalidades positivas como la menor contaminación dentro del hogar1 y la menor producción de vapor de agua, disminuyendo de esta manera los riesgos asociados a contraer enfermedades respiratorias por parte de sus moradores (Cáceres, 2001). Según el observatorio habitacional de Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la demanda potencial2 por viviendas sociales en la Región Metropolitana alcanza 1 El 41% de los hogares encuestados utiliza parafina como combustible, un 34% utiliza gas licuado y un 9% ocupa leña para calefaccionar. 2 Hogares no propietarios con Ficha de Protección Social con puntaje de carencia habitacional menor a 8.500 ptos.

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a las 219.877 viviendas (MINVU, 2008b). Si para satisfacer esta demanda se construyeran viviendas sociales de madera SCMI en vez de viviendas de albañilería, el ahorro energético alcanzaría a las 550 Teracalorías por año, que equivale a evitar consumir anualmente 68 millones de litros de parafina o 48 mil toneladas de gas licuado; un ahorro importante considerando que actualmente el consumo nacional de parafina en el sector residencial equivale justamente a 550 Teracalorías anuales (CNE, 2008). Además este ahorro energético trae consigo beneficios ambientales importantes para la Región, ya que se evitaría quemar cantidades significativas de combustible produciendo una menor contaminación del aire. Además la utilización de la madera como material constructivo en comparación con los materiales que se utilizan tradicionalmente en la construcción de viviendas en nuestro país, como lo son el ladrillo, cemento, y recientemente el acero (Sistema Metalcom), significaría también una disminución energética importante sólo por el cambio de material; como dato se sabe que en Estados Unidos la producción de madera y sus derivados corresponde a un 47% del total de producción de materias primas para la construcción, consumiendo sólo el 4% de la energía requerida por toda la industria (Apawood, 2008). Finalmente se debe recordar el concepto de sustentabilidad de la madera, al ser un material renovable y menos contaminante en su proceso de obtención en comparación con los otros materiales alternativos. Comportamiento térmico y energético en diferentes localidades de Chile. Para analizar el comportamiento térmico y energético en diferentes localidades de Chile, se comparó la vivienda social SCMI terminada con el mínimo espesor de material aislante requerido en cada zona térmica del país según la OGUC3, con la alternativa de ladrillo. La principal diferencia entre ambos tipos de vivienda se encuentra en la transmitancia térmica de los muros. La vivienda social SCMI cumple en forma satisfactoria con lo exigido por la reglamentación en cada zona térmica, contrario a lo que ocurre con el muro de ladrillo que presenta valores aceptables sólo para las zonas térmicas uno y dos (ver Figura 4).

3 Ver los mapas de las siete zonas térmicas del país en el Manual de Aplicación Reglamentación Térmica (www.mart.cl)

Figura 4. Transmitancias térmicas para complejos de muros de la vivienda social SCMI y la alternativa de ladrillo en cada zona térmica. Transmitancia térmica muros [W/m2°C]

4 3,5 3

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

2,5 2 1,5 1 0,5 0

1

2

3

4

5

6

7

Zona térmica U máximo (OGUC)

SCMI

Ladrillo

Fuente: Elaboración propia.

Se obtuvo el ahorro energético que entrega la vivienda social SCMI respecto a la alternativa de ladrillo para cada una de las zonas térmicas. Los valores de ahorro energético se muestran en la Tabla 2. Se puede apreciar que el gasto energético de la vivienda social industrializada de madera es siempre menor al de la alternativa de ladrillo. Los ahorros energéticos van desde 15,7% en la zona de menor requerimiento térmico, hasta 37,4% en la zona de mayor requerimiento térmico.

Tabla 2. Ahorro energético en calefacción de la vivienda social SCMI respecto a la vivienda de ladrillo. Ahorro Energético Zona térmica

SCMI respecto ladrillo

1

15,7%

2

16,1%

3

23,8%

4

24,1%

5

26,9%

6

32,8%

7

37,4%

Fuente: Elaboración propia.

El SCMI de viviendas de madera cumple con la reglamentación térmica existente en todo el país, produciendo ahorros energéticos importantes; garantiza la calidad de sus componentes por medio de un proceso industrializado; y puede cumplir con todos los requerimientos técnicos necesarios para garantizar el bienestar habitacional de los propietarios; por lo que aparece como una buena alternativa para la construcción de viviendas sociales teniendo en cuenta las variables de diseño analizadas en este estudio. En general los propietarios se sienten satisfechos con sus viviendas sociales industrializadas de madera. Sin embargo hay aspectos tecnológicos que se deben mejorar, lo cuales son factibles de realizar sujetos a la restricción presupuestaria de las viviendas sociales. Una vivienda social de madera SCMI puede lograr ahorros energía requerida en calefacción que varían entre 16% y 37% respecto a una vivienda de ladrillo, dependiendo de la localidad del país donde se emplace. Los puntos clave del sistema constructivo que se estudió, son que se realiza en forma industrializada garantizando la calidad de sus componentes mediante un proceso controlado; y que los elementos estructurales de madera no se encuentran expuestos a la intemperie, ayudando a prolongar la vida útil de la vivienda. Es muy importante dar a conocer a los futuros propietarios de viviendas sociales, las ventajas de habitabilidad y de ahorro energético que presenta una vivienda de madera bien diseñada frente a una vivienda tradicional, ya que esto puede ayudar a mejorar la mala percepción que se tiene en nuestro país sobre este tipo de construcciones.

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Referencias Bibliográficas

Alexander Kliwadenko Sebastián Smart

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Director Social y Gerente respectivamente, de Un Techo para mi País Haití

A simple vista, ésta puede parecer una de esas preguntas tramposas, de aquellas que suelen despertar sospechas, pues terminan por afirmar más de lo que cuestionan. Y la verdad es que se trata precisamente de una de ellas, pues se quiere proponer al lector desde un inicio que la compleja situación política, económica y social que durante un periodo prolongado de tiempo vive Haití, no se debe únicamente al incorrecto manejo del país por parte de sus representantes y líderes políticos (desde mucho antes de su independencia); ni tampoco al mal diseño y ejecución de políticas públicas en los últimos años o a la terrible deforestación y devastación ecológica. Detrás de todas estas causas -a simple vista reconocible e indiscutibles-, existen otros motivos ocultos, furtivos, silenciosos y para muchos insospechados, que 1 Los comentarios de este artículo son responsabilidad de los autores y no representan necesariamente el pensamiento de la institución.

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

opinión

¿POR QUÉ CONVIENE QUE HAITÍ CONTINÚE SIENDO POBRE?

mantienen encadenada a esta nación a una permanente y constante situación de injusticia y miseria. Esto puede parecer absurdo y sonar como muchas de esas teorías conspirativas de las que tanto desconfiamos. Sin embargo, existen ciertos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de emitir o no una opinión sobre la veracidad del argumento que se propone con este enunciado. Ello es lo que intentaremos hacer mediante este artículo, entregar algunos puntos considerables que pueden aportar en la construcción de una óptica distinta y novedosa para el problema haitiano, bastante manoseado a esta altura por la academia, la prensa y la opinión pública.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS El año 1804 Haití se transformó en la primera república negra del mundo en lograr su independencia, lo que estuvo antecedido por un proceso de conquista muy

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investigación

BIENESTAR HABITACIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS SOCIALES INDUSTRIALIZADAS CON ESTRUCTURA DE MADERA

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Referencias Bibliográficas

Alexander Kliwadenko Sebastián Smart

• APA- THE ENGINEERED WOOD ASSOCIATION (APAWOOD). 2008. Engineered Wood Construction Guide N°E30T. [En línea]. <http://www.apawood.org/level_c.cfm?content=pub_bas_libmain>. [Consulta: 1 de abril de 2008]. • CACERES, D., ADONIS, M., RETAMAL, C. et al. 2001. Contaminación intradomiciliaria en un sector de extrema pobreza de la comuna de La Pintana. Rev. méd. Chile. [En línea]. <http://www.scielo.cl/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872001000100005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0034-9887. [Consulta: 12 de Agosto de 2008] • COLONELLI, P., RODRIGUEZ, G. 2004. Características acústicas de viviendas sociales urbanas. Proyecto Fondef D00I1039 Bienestar habitacional. Fundación Chile. Santiago, Chile. 75 p. • COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE). 2008. Estadísticas: Balance nacional de energía 2006. [En línea]. <http://www.cne.cl>. [Consulta: 23 de mayo de 2008]. • CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA (CORMA). 2007. Mailing Ejecutivo / Construcción en madera: Crecimiento sobre bases sólidas. [En línea]. <http://www.corma.cl/portal/menu/publicaciones/mailing_ejecutivo/contruccion_madera>. [Consulta: 14 de agosto de 2007]. • FUNDACIÓN CHILE, 2000. Memoria descriptiva Sistema Constructivo Modular Industrializado de viviendas. Santiago, Chile. 10 p. • FUNDACIÓN CHILE, UNIVERSIDAD DE CHILE, UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA Y CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2004. Bienestar Habitacional. Guía de Diseño para un Hábitat Residencial Sustentable. Santiago, Chile. 123 p. • INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN). 2000. Norma chilena oficial; NCh 352/1.Of2000: Aislación acústica – Parte 1: Construcciones de uso habitacional – Requisitos mínimos y ensayos • LUOSIANA PACIFIC CHILE S.A. (LP). 2008. Catálogo técnico Revestimientos exteriores para la vivienda: Smart Side. [En línea]. < http://www.lpchile.cl/index.php?pag_id=9&len_id=1>. [Consulta: 12 de agosto de 2008]. • MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU). 2007. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Santiago, Chile. • MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU). 2008a. Listado Oficial de Soluciones Constructivas para aislamiento acústico. Edición 007. Santiago, Chile. • MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO (MINVU). 2008b. Observatorio habitacional [En línea]. < http:// www.observatoriohabitacional.cl/>. [Consulta: 23 de noviembre de 2008]. • RODRÍGUEZ, G., 2006. Confort térmico. Apuntes del curso Física de la Construcción. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. • RODRÍGUEZ, G., 2007. Clima y construcción habitacional: conceptos térmicos. Apuntes del curso Física de la Construcción. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile. • SARMIENTO, P. 2007. Energía Solar en Arquitectura y Construcción. Primera edición. Editorial Ril. Santiago, Chile. 343 p. • SERVICO DE VIVIENDA Y URBANISMO (SERVIU). 2008. Programa de vivienda social dinámica sin deuda. [En línea]. <http://www.serviurm.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=74>. [Consulta: 30 de agosto de 2008]. • WAGNER, M. 2003. El Método Aditivo de Componentes (CAM) para el cálculo y verificación de la resistencia al fuego de entramados de paredes, pisos y techos; adaptado de “Component Aditive Method for Calculating and Demonstrating Assembly Fire Endurance”, serie: Design for Code Acceptance N° 4, National Forest Product Associaton, Washington D.C., 1991. Apuntes del curso Construcciones en Madera. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile

Director Social y Gerente respectivamente, de Un Techo para mi País Haití

A simple vista, ésta puede parecer una de esas preguntas tramposas, de aquellas que suelen despertar sospechas, pues terminan por afirmar más de lo que cuestionan. Y la verdad es que se trata precisamente de una de ellas, pues se quiere proponer al lector desde un inicio que la compleja situación política, económica y social que durante un periodo prolongado de tiempo vive Haití, no se debe únicamente al incorrecto manejo del país por parte de sus representantes y líderes políticos (desde mucho antes de su independencia); ni tampoco al mal diseño y ejecución de políticas públicas en los últimos años o a la terrible deforestación y devastación ecológica. Detrás de todas estas causas -a simple vista reconocible e indiscutibles-, existen otros motivos ocultos, furtivos, silenciosos y para muchos insospechados, que 1 Los comentarios de este artículo son responsabilidad de los autores y no representan necesariamente el pensamiento de la institución.

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¿POR QUÉ CONVIENE QUE HAITÍ CONTINÚE SIENDO POBRE?

mantienen encadenada a esta nación a una permanente y constante situación de injusticia y miseria. Esto puede parecer absurdo y sonar como muchas de esas teorías conspirativas de las que tanto desconfiamos. Sin embargo, existen ciertos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de emitir o no una opinión sobre la veracidad del argumento que se propone con este enunciado. Ello es lo que intentaremos hacer mediante este artículo, entregar algunos puntos considerables que pueden aportar en la construcción de una óptica distinta y novedosa para el problema haitiano, bastante manoseado a esta altura por la academia, la prensa y la opinión pública.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS El año 1804 Haití se transformó en la primera república negra del mundo en lograr su independencia, lo que estuvo antecedido por un proceso de conquista muy

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BIENESTAR HABITACIONAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS SOCIALES INDUSTRIALIZADAS CON ESTRUCTURA DE MADERA

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CONTINÚE SIENDO POBRE?

largo, que cuando finalmente fue alcanzado, obligó a España a tener que competir con diversos europeos que pretendían explotar las nuevas tierras. En 1697 se vio obligada a ceder a Francia, por el tratado de Ryswick, la parte occidental de la isla, que desde 1630 estaba ocupada por piratas o bucaneros franceses. En 1795, por el tratado de Basilea pasó también a poder de Francia el resto de la isla. La población de la entonces colonia francesa estaba compuesta principalmente por esclavos negros, quienes se convirtieron en los protagonistas de las revueltas independentistas. En 1801, el negro Toussaint Louverture liderando una brutal sublevación contra los franceses, proclamó la independencia y cuando fue derrocado y hecho prisionero su lugarteniente Dessalines, después de la batalla de Vertieres lo volvió a proclamar, restituyendo a la isla su nombre indígena de Haití y proclamándose rey con el nombre de Jacobo, el 1 de enero de 1804. Como menciona Ian Thomson en su libro Bonjour Blanc, a journey through Haití, desde su independencia el país ha estado aislado por sí mismo y sus vecinos. Como dice el autor “se pensaba que los haitianos eran incapaces de gobernarse a sí mismos porque eran negros. Luego había que probar que eran ingobernables” (Thomson 2004). Por su parte, las condiciones económicas se han vuelto con el tiempo más desfavorables. Los franceses insistieron en recibir -como precio de la independencia-, compensaciones excesivas que les tomó 40 años al pueblo haitiano terminar de pagar. A la vez, Estados Unidos le impuso un embargo comercial que permaneció en alguna forma casi 100 años. Jared Diamond en su libro Colapso: cómo las sociedades eligen fracasar o sobrevivir, nos muestra que pese a todo esto, la pequeña república haitiana era aún mucho más rica que su vecina, a la que invadió en varias ocasiones en el siglo XIX. Sin embargo, República Dominicana contaba con algunas ventajas: no estaba superpoblada, sus habitantes hablaban español y no creole y eran de origen europeo, recibían bien a los hombres de negocios extranjeros y desarrollaron una economía de exportación. Ambos países sufrieron inestabilidad política y administraciones crueles -en Haití, de 22 presidentes entre 1843 y 1915, 21 fueron asesinados o expulsados del poder; en República Dominicana, entre 1844 y 1930 hubo 50 cambios de presidente- y la ocupación durante varias décadas por Estados Unidos. Ambos países estuvieron bajo el mandato de dos de los dictadores más crueles y famosos del planeta, Duvalier y Trujillo respectivamente. Han pasado un poco más de 200 años desde que Haití se independizó de Francia, pero el país ha seguido pasando por décadas de penurias económicas, degradación ambiental, violencia, inestabilidad y gobiernos de facto que le han atribuido el papel de ser el más pobre de América y uno de los más miserables del mundo. Haití extrañamente ha pasado de la riqueza a la escasez, de la bonanza a la miseria, de la esperanza al desaliento, sin

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poder alcanzar nunca el sueño independentista de prosperidad y bienestar social que su pueblo tanto anhela.

LA INTERVENCIÓN CONSTANTE En las últimas dos décadas Haití ha sufrido graves crisis políticas que han obligado el involucramiento de la comunidad internacional a través de misiones de paz. La más reciente intervención, impulsada por Estados Unidos, comenzó en febrero de 2004 cuando el presidente Jean Bertrand Aristide –bajo la presión y la violencia de milicias hostiles del país– renunció a su cargo y abandonó el país. Las razones que determinaron una nueva fase de violencia son bastante complejas. Muchas de sus raíces están radicadas en la pobreza, un medioambiente degradado, una parte importante de la población afectada por el SIDA, una situación política inestable, la presencia de sectores de la sociedad fuertemente contrarios a aceptar un proceso democrático que pueda desafiar sus intereses particulares, la presencia entonces de una elevado número de partidos que representan intereses políticos, sociales, económicos, pero también personales, y finalmente la decisión de eliminar las fuerzas armadas sin contar con planes para reinsertar a los ex militares en la sociedad pueden ser algunas de las causas. La intervención comenzó con la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) entre marzo y junio de 2004. La finalidad de la FMP fue crear las condiciones mínimas necesarias para el despliegue de una misión de Naciones Unidas. La resolución 1529 de Naciones Unidas indicó claramente que la misión de FMP debía ser “contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la capital de Haití y en el resto del país. Facilitar la prestación de asistencia humanitaria e internacional a la policía y al servicio de guarda costa de Haití a fin de mantener la seguridad y el orden público”2. En la misma resolución se indicaba el carácter temporáneo de la FMP y sus objetivos, sin duda importantes, pero relativamente limitados. De hecho, la resolución destacó el compromiso de Naciones Unidas a establecer una nueva misión que además de mantener un entorno seguro y estable debía “apoyar la continuación del proceso político pacifico y... constitucional”. Por de pronto, se postergó por tres meses la creación de una misión con un mandato y finalidades amplias y de más largo plazo. La noche del 29 de febrero del 2004 Estados Unidos desplegó a sus infantes de marina en Puerto Príncipe. Semanas más tarde, a los 2000 militares norteamericanos se agregaron 900 militares de Francia y más de 500 efectivos canadienses. La contribución y presencia de América Latina fue garantizada por la participación de más de 300 militares chilenos. Dentro del contexto de las operaciones 2 Información extraída de Haití: la encrucijada de una intervención regional, elaborada por la Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Marzo 2010.

de paz, por primera vez en la historia de Chile se enviaba un contingente tan importante a una misión de paz. Habiendo determinado que la situación en Haití seguía constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad de la región, el Consejo de Seguridad -en su resolución 1542 de 30 de abril de 2004- decidió establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), para lo cual solicitó que la autoridad de la FMP fuera traspasada a esta misión el 1 de junio de 2004. Así, después de tres meses se dio comienzo a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que tenía previsto contar con 6.700 soldados provenientes de 20 países. La nueva misión tendría objetivos y desafíos más amplios que la FMP. Entre otras tareas se determinó en forma detallada que la nueva misión iba a jugar un papel de gran importancia para el mantenimiento de un entorno seguro y estable en el proceso político y por la promoción de un mayor respeto por los derechos humanos. MINUSTAH es la primera intervención en la historia de las operaciones de paz en la cual la participación latinoamericana fue fruto de una concertación política de los gobiernos de la región. De hecho, puede ser considerada una misión regional. En efecto, cuantitativamente los componentes más importantes provienen de países de América Latina: Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. La opinión sobre la utilidad y eficacia de MINUSTAH es variada, en lo que sí parece haber consenso, es que luego del terremoto de este 12 de enero la tarea de estabilización social del país parece ya no ser tan prioritaria, frente a la urgencia en la remoción de escombros y reconstrucción. Aún así, el mandato de MINUSTAH continúa siendo el mismo. Pero además de toda esta intervención militar, al poco tiempo de ocurrido el terremoto se creó la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), cuyo mandato consiste en “implementar el plan de desarrollo presentado por el Gobierno de Haití”. Tal como ha explicado el jefe civil de la misión de estabilización de la ONU en Haití MINUSTAH, el guatemalteco Edmond Mulet: “Esta Comisión va a identificar las prioridades para la reconstrucción del país, va a autorizar los desembolsos que han sido ofrecidos por los donantes, o sea, que ya la reconstrucción del país se va a realizar”.3 Aún existe incertidumbre sobre el real impacto que pueda tener esta comisión, pero se sabe que al menos deberá tener en cuenta, entre otras cosas, un total de sesenta proyectos seleccionados por el Gobierno de René Préval y que fueron presentados a los donantes internacionales durante la Cumbre sobre el Futuro de Haití. La reconstrucción de Haití ya ha comenzado en la medida de lo posible. Existen varias Organizaciones no gubernamentales (ONGs) que desde hace un tiempo están trabajando en ello, entre ellas Un Techo para mi País. Sin embargo la ciudad continúa repleta de escombros, se calcula que su remoción durará 6 años, lo que se ha esti-

mado con una fuerza de trabajo de 300 camiones funcionando diariamente. Las labores hasta este minuto están bastante lentas, existen problemas para la relocalización de las personas desplazadas, principalmente debido a la escases de terrenos y a la negativa del gobierno por realizar expropiaciones que permitan a las diversas ONGs que actualmente se encuentran trabajando en el país, la construcciones de miles de viviendas transitorias que ya se encuentran financiadas (ello pese a encontrarse el país en estado de excepción constitucional). Esto resulta problemático pues ya han pasado más de seis meses desde el terremoto, la temporada de lluvias ya comenzó, la de huracanes se aproxima y el clima social se está volviendo inestable.

3 Información extraída de Terra.net

4 Información disponible en http://www.ht.undp.org

¿PERO DE QUÉ HABLAMOS HOY CUANDO HABLAMOS DE HAITÍ? Hasta ahora, todo lo dicho permite contextualizar mejor la situación actual del país, pero ¿de qué hablamos hoy cuando nos referimos a Haití? Pongamos las cosas en perspectiva: los haitianos nunca se cansan de resaltar que el suyo es el segundo país más antiguo del Nuevo Mundo y la primera colonia en llevar a cabo una sublevación de esclavos exitosa. Sin embargo, quienes hemos nacido en otras latitudes y llegamos a caer por diversos motivos en ésta, rápidamente nos percatamos que si hace dos siglos se llevó a cabo la independencia política de Haití, la económica y social parece no haberse nunca realizado. Haití es en la actualidad el país más pobre del continente americano. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ocupa el puesto 108 en el índice de desarrollo humano, donde el 65 % de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y la esperanza de vida no supera los 50 años. Dispone de una tercera parte de la extensión de tierra de la isla la española, pero alberga dos tercios de la población total (uno diez millones de habitantes). La densidad de población se aproxima a los 600 habitantes por kilometro cuadrado. Un número significativo de personas no tiene trabajo (cerca de un 80%). El sueldo mínimo (actualmente en discusión) es de 80 gurdas (que es el equivalente a 2 dólares americanos) y ello representaba -antes del sismo-, los ingresos diarios del 90% de la población. Lo mismo sucede con la salud, casi el 90 % no tiene acceso a ella, sus índices sanitarios son alarmantes y el 47 % de los haitianos sufre de desnutrición crónica y de los que sobreviven, un 60 % muere de VIH-SIDA, siendo ésta la tasa más alta en el Caribe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).4 La vida en Haití parece detenida en el tiempo. Los pobladores compran el agua por la calle a una suerte de aguadores, que con enormes recipientes sobre su cabeza ofrecen el vital líquido. Es común ver a la gente bañarse en la

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largo, que cuando finalmente fue alcanzado, obligó a España a tener que competir con diversos europeos que pretendían explotar las nuevas tierras. En 1697 se vio obligada a ceder a Francia, por el tratado de Ryswick, la parte occidental de la isla, que desde 1630 estaba ocupada por piratas o bucaneros franceses. En 1795, por el tratado de Basilea pasó también a poder de Francia el resto de la isla. La población de la entonces colonia francesa estaba compuesta principalmente por esclavos negros, quienes se convirtieron en los protagonistas de las revueltas independentistas. En 1801, el negro Toussaint Louverture liderando una brutal sublevación contra los franceses, proclamó la independencia y cuando fue derrocado y hecho prisionero su lugarteniente Dessalines, después de la batalla de Vertieres lo volvió a proclamar, restituyendo a la isla su nombre indígena de Haití y proclamándose rey con el nombre de Jacobo, el 1 de enero de 1804. Como menciona Ian Thomson en su libro Bonjour Blanc, a journey through Haití, desde su independencia el país ha estado aislado por sí mismo y sus vecinos. Como dice el autor “se pensaba que los haitianos eran incapaces de gobernarse a sí mismos porque eran negros. Luego había que probar que eran ingobernables” (Thomson 2004). Por su parte, las condiciones económicas se han vuelto con el tiempo más desfavorables. Los franceses insistieron en recibir -como precio de la independencia-, compensaciones excesivas que les tomó 40 años al pueblo haitiano terminar de pagar. A la vez, Estados Unidos le impuso un embargo comercial que permaneció en alguna forma casi 100 años. Jared Diamond en su libro Colapso: cómo las sociedades eligen fracasar o sobrevivir, nos muestra que pese a todo esto, la pequeña república haitiana era aún mucho más rica que su vecina, a la que invadió en varias ocasiones en el siglo XIX. Sin embargo, República Dominicana contaba con algunas ventajas: no estaba superpoblada, sus habitantes hablaban español y no creole y eran de origen europeo, recibían bien a los hombres de negocios extranjeros y desarrollaron una economía de exportación. Ambos países sufrieron inestabilidad política y administraciones crueles -en Haití, de 22 presidentes entre 1843 y 1915, 21 fueron asesinados o expulsados del poder; en República Dominicana, entre 1844 y 1930 hubo 50 cambios de presidente- y la ocupación durante varias décadas por Estados Unidos. Ambos países estuvieron bajo el mandato de dos de los dictadores más crueles y famosos del planeta, Duvalier y Trujillo respectivamente. Han pasado un poco más de 200 años desde que Haití se independizó de Francia, pero el país ha seguido pasando por décadas de penurias económicas, degradación ambiental, violencia, inestabilidad y gobiernos de facto que le han atribuido el papel de ser el más pobre de América y uno de los más miserables del mundo. Haití extrañamente ha pasado de la riqueza a la escasez, de la bonanza a la miseria, de la esperanza al desaliento, sin

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poder alcanzar nunca el sueño independentista de prosperidad y bienestar social que su pueblo tanto anhela.

LA INTERVENCIÓN CONSTANTE En las últimas dos décadas Haití ha sufrido graves crisis políticas que han obligado el involucramiento de la comunidad internacional a través de misiones de paz. La más reciente intervención, impulsada por Estados Unidos, comenzó en febrero de 2004 cuando el presidente Jean Bertrand Aristide –bajo la presión y la violencia de milicias hostiles del país– renunció a su cargo y abandonó el país. Las razones que determinaron una nueva fase de violencia son bastante complejas. Muchas de sus raíces están radicadas en la pobreza, un medioambiente degradado, una parte importante de la población afectada por el SIDA, una situación política inestable, la presencia de sectores de la sociedad fuertemente contrarios a aceptar un proceso democrático que pueda desafiar sus intereses particulares, la presencia entonces de una elevado número de partidos que representan intereses políticos, sociales, económicos, pero también personales, y finalmente la decisión de eliminar las fuerzas armadas sin contar con planes para reinsertar a los ex militares en la sociedad pueden ser algunas de las causas. La intervención comenzó con la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) entre marzo y junio de 2004. La finalidad de la FMP fue crear las condiciones mínimas necesarias para el despliegue de una misión de Naciones Unidas. La resolución 1529 de Naciones Unidas indicó claramente que la misión de FMP debía ser “contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la capital de Haití y en el resto del país. Facilitar la prestación de asistencia humanitaria e internacional a la policía y al servicio de guarda costa de Haití a fin de mantener la seguridad y el orden público”2. En la misma resolución se indicaba el carácter temporáneo de la FMP y sus objetivos, sin duda importantes, pero relativamente limitados. De hecho, la resolución destacó el compromiso de Naciones Unidas a establecer una nueva misión que además de mantener un entorno seguro y estable debía “apoyar la continuación del proceso político pacifico y... constitucional”. Por de pronto, se postergó por tres meses la creación de una misión con un mandato y finalidades amplias y de más largo plazo. La noche del 29 de febrero del 2004 Estados Unidos desplegó a sus infantes de marina en Puerto Príncipe. Semanas más tarde, a los 2000 militares norteamericanos se agregaron 900 militares de Francia y más de 500 efectivos canadienses. La contribución y presencia de América Latina fue garantizada por la participación de más de 300 militares chilenos. Dentro del contexto de las operaciones 2 Información extraída de Haití: la encrucijada de una intervención regional, elaborada por la Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Marzo 2010.

de paz, por primera vez en la historia de Chile se enviaba un contingente tan importante a una misión de paz. Habiendo determinado que la situación en Haití seguía constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad de la región, el Consejo de Seguridad -en su resolución 1542 de 30 de abril de 2004- decidió establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), para lo cual solicitó que la autoridad de la FMP fuera traspasada a esta misión el 1 de junio de 2004. Así, después de tres meses se dio comienzo a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que tenía previsto contar con 6.700 soldados provenientes de 20 países. La nueva misión tendría objetivos y desafíos más amplios que la FMP. Entre otras tareas se determinó en forma detallada que la nueva misión iba a jugar un papel de gran importancia para el mantenimiento de un entorno seguro y estable en el proceso político y por la promoción de un mayor respeto por los derechos humanos. MINUSTAH es la primera intervención en la historia de las operaciones de paz en la cual la participación latinoamericana fue fruto de una concertación política de los gobiernos de la región. De hecho, puede ser considerada una misión regional. En efecto, cuantitativamente los componentes más importantes provienen de países de América Latina: Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. La opinión sobre la utilidad y eficacia de MINUSTAH es variada, en lo que sí parece haber consenso, es que luego del terremoto de este 12 de enero la tarea de estabilización social del país parece ya no ser tan prioritaria, frente a la urgencia en la remoción de escombros y reconstrucción. Aún así, el mandato de MINUSTAH continúa siendo el mismo. Pero además de toda esta intervención militar, al poco tiempo de ocurrido el terremoto se creó la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), cuyo mandato consiste en “implementar el plan de desarrollo presentado por el Gobierno de Haití”. Tal como ha explicado el jefe civil de la misión de estabilización de la ONU en Haití MINUSTAH, el guatemalteco Edmond Mulet: “Esta Comisión va a identificar las prioridades para la reconstrucción del país, va a autorizar los desembolsos que han sido ofrecidos por los donantes, o sea, que ya la reconstrucción del país se va a realizar”.3 Aún existe incertidumbre sobre el real impacto que pueda tener esta comisión, pero se sabe que al menos deberá tener en cuenta, entre otras cosas, un total de sesenta proyectos seleccionados por el Gobierno de René Préval y que fueron presentados a los donantes internacionales durante la Cumbre sobre el Futuro de Haití. La reconstrucción de Haití ya ha comenzado en la medida de lo posible. Existen varias Organizaciones no gubernamentales (ONGs) que desde hace un tiempo están trabajando en ello, entre ellas Un Techo para mi País. Sin embargo la ciudad continúa repleta de escombros, se calcula que su remoción durará 6 años, lo que se ha esti-

mado con una fuerza de trabajo de 300 camiones funcionando diariamente. Las labores hasta este minuto están bastante lentas, existen problemas para la relocalización de las personas desplazadas, principalmente debido a la escases de terrenos y a la negativa del gobierno por realizar expropiaciones que permitan a las diversas ONGs que actualmente se encuentran trabajando en el país, la construcciones de miles de viviendas transitorias que ya se encuentran financiadas (ello pese a encontrarse el país en estado de excepción constitucional). Esto resulta problemático pues ya han pasado más de seis meses desde el terremoto, la temporada de lluvias ya comenzó, la de huracanes se aproxima y el clima social se está volviendo inestable.

3 Información extraída de Terra.net

4 Información disponible en http://www.ht.undp.org

¿PERO DE QUÉ HABLAMOS HOY CUANDO HABLAMOS DE HAITÍ? Hasta ahora, todo lo dicho permite contextualizar mejor la situación actual del país, pero ¿de qué hablamos hoy cuando nos referimos a Haití? Pongamos las cosas en perspectiva: los haitianos nunca se cansan de resaltar que el suyo es el segundo país más antiguo del Nuevo Mundo y la primera colonia en llevar a cabo una sublevación de esclavos exitosa. Sin embargo, quienes hemos nacido en otras latitudes y llegamos a caer por diversos motivos en ésta, rápidamente nos percatamos que si hace dos siglos se llevó a cabo la independencia política de Haití, la económica y social parece no haberse nunca realizado. Haití es en la actualidad el país más pobre del continente americano. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ocupa el puesto 108 en el índice de desarrollo humano, donde el 65 % de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y la esperanza de vida no supera los 50 años. Dispone de una tercera parte de la extensión de tierra de la isla la española, pero alberga dos tercios de la población total (uno diez millones de habitantes). La densidad de población se aproxima a los 600 habitantes por kilometro cuadrado. Un número significativo de personas no tiene trabajo (cerca de un 80%). El sueldo mínimo (actualmente en discusión) es de 80 gurdas (que es el equivalente a 2 dólares americanos) y ello representaba -antes del sismo-, los ingresos diarios del 90% de la población. Lo mismo sucede con la salud, casi el 90 % no tiene acceso a ella, sus índices sanitarios son alarmantes y el 47 % de los haitianos sufre de desnutrición crónica y de los que sobreviven, un 60 % muere de VIH-SIDA, siendo ésta la tasa más alta en el Caribe, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).4 La vida en Haití parece detenida en el tiempo. Los pobladores compran el agua por la calle a una suerte de aguadores, que con enormes recipientes sobre su cabeza ofrecen el vital líquido. Es común ver a la gente bañarse en la

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¿POR QUÉ CONVIENE QUE HAITÍ

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CONTINÚE SIENDO POBRE?

calle en aguas nauseabundas, y dormir a la intemperie en casas rudimentarias entre escombros y basura. La vida social y comercial en Haití se desarrolla en plena calle: allí se compran los víveres, se deambula, se duerme, se come, se bañan y muchos mueren. Esto se explica porque en Haití no hay demasiado que hacer: la gran mayoría de la gente no tiene empleo y un número importante de niños (aproximadamente un 80%) no va al colegio. Se trata de un país que cuenta con tan sólo un 2% de cobertura forestal y con procesos galopantes de erosión y pérdida de tierras cultivables; y que cuenta con un elevado flujo migratorio (unas 75.000 personas al año hacia las ciudades), donde se registra una urbanización caótica y desenfrenada, con procesos de construcción anárquicos. Políticamente el panorama no es muy distinto, se trata de un estado débil, permanentemente afectado por crisis políticas y conflictos, muchos de ellos determinados por intereses extranjeros, que generan condiciones de escasa gobernabilidad y corrupción. Basta tan sólo con contar cuántos de los presidentes que han gobernado en los últimos 20 años, han terminado su mandato y cuáles de ellos han continuado residiendo en el país. Pero además, se trata del único país del mundo en donde existe una fuerte intervención militar desde el año 2004 -coordinada por diversas naciones del mundo-, sin encontrarse actualmente (ni hace un buen tiempo) en guerra o peligro de invasión. En este contexto, el 12 enero de este año, el país fue sacudido por un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter, con efectos estimados de más de 200.000 muertos y 3 millones de personas damnificadas (30% de de la población total). La situación es desoladora y por ello no suele ser casualidad que la mayoría de quienes visitan el país se hagan la pregunta de si existe alguna esperanza para este país; y la respuesta habitual suele ser que no, en especial si uno se percata –como lo hemos hechos nosotros en estos meses- que Haití carece incluso de la capacidad para poder aprovechar la ayuda exterior de forma eficaz. Y aunque es cierto, no todo es tan gris como se nos suele contar. No se puede discutir que el país tiene una tremenda fuerza humana y que la alegría se siente día a día en su población, música, arte, bailes y rituales. Sin embargo, nada de esto hace vislumbrar que la actual situación vaya a cambiar en un mediano plazo, todo hace pensar que no existe realmente voluntad para ello.

¿POR QUÉ CONVIENE QUE HAITÍ CONTINÚE SIENDO POBRE? Según las cifras señaladas anteriormente, no hay duda de que se trata del país más pobre de occidente, con una realidad similar a la de muchos países de África. Sin embargo, a diferencia de muchos de estos, las condiciones del país permiten hoy pensar en un desarrollo mucho mayor al actual. Ello se debe a lo siguiente:

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

En primer lugar, las fuerzas armadas internacionales han desplegado desde hace seis años una fuerte presencia en la isla, que permite hoy la existencia de un clima social estable y seguro en Haití, sin que por otra parte existan elementos para pensar en una posible amenaza internacional. No hay actualmente peligro de desestabilización o caos, pues la situación se encuentra desde hace mucho en relativo control. En segundo lugar, Haití posee una gran variedad de recursos naturales no explotados, entre ellos oro, bauxita, cobre, carbonato de calcio, mármol y en especial petróleo. El subsuelo haitiano está repleto de petróleo. Al parecer los yacimientos venezolanos tienen su fuente en la isla. Puerto Príncipe está situado sobre un gigantesco pozo de petróleo que  hasta entonces no se podía explotar. En efecto, desde la década de 1950 el entonces presidente Jean Dumarsais Estimé había desplazado a la antigua capital situada en Marchand-Dessalines hacía el actual Puerto Príncipe. Este traslado no permitiría explotar el petróleo, hoy todo es posible. En tercer lugar, su ubicación geográfica permitiría no sólo el desarrollo de un mercado turístico a gran nivel (se encuentra ubicado en medio del Caribe), sino el ser puerto de entrada y salida entre América, Europa y África. Cité Soleil es una zona especialmente apta para convertirse en un gran puerto franco y una zona industrial,  donde rápidamente se podrían hacer transitar las cargas y transformarlo en un nuevo Taiwán.  Además de ello, está su cercanía a Estados Unidos y Cuba, cuya importancia estratégica es evidente.

¿Pero por qué sigue siendo pobre? A casi un año del terremoto tal vez más crudo de que se haya conocido y más de 200 años de su independencia, da la sensación de que a muchos les conviene que Haití permanezca sumido en la miseria. Una vez ocurrido el terremoto se calcula, por el propio gobierno, que han ingresado al país cerca de 1000 nuevas ONGs, muchas de ellas sin experiencia alguna en catástrofes. Uno no puede dejar de preguntarse entonces ¿donde estarían esas ONG si Haití dejara de ser “pobre”? Probablemente se pensaría en África, pero aunque comúnmente la prensa suelen asimilar estas realidades, no se trata de lo mismo. Tal como dijimos, en Haití existe relativa estabilidad y seguridad social, sabemos que existen recursos naturales inexplotados y que visiblemente la cooperación y los fondos internacionales destinados a Haití, son sin duda incomparables a los del continente africano. Detengámonos a pensar en lo que venimos hablando: Existe un país sumido en la pobreza sin mucha relevancia internacional, pero del cual la prensa constantemente se preocupa de presentar y mostrar una nación desolada, sin esperanza, un estado fallido, un pecado social, un infierno, una condena. Desgraciadamente para ese país, el 12 de enero del 2010 se produce una de las peores catás-

trofes de la que existe registro en la historia humana. Con ello los ojos del mundo se centran en Haití. A los pocos días ingresan miles de ONGs -de distintos ámbitos-, junto a un tremendo despliegue militar a “normalizar” la situación e imponer su ayuda de forma bilateral. Con todo esto se mejora de paso la imagen internacional de las potencias mundiales que han decidido filantrópicamente colaborar con Haití, sin que ningún sólo peso salga realmente de su país. ¿Como lo hacen? Traen muy buenas ideas, tecnología, recursos humanos capacitados y mucho material (con el cual se puede en muchos casos aliviar la carga tributaria y deshacerse de una gran parte de mercadería que ya se encuentra fuera de stock). Al poco tiempo se dan cuenta de que sus ideas no son compatibles con la cultura haitiana, que muchos de sus recursos humanos (trabajadores) no soportan más de tres meses trabajando en el país y que el material se agota y es insuficiente. Con esto los recursos, la tecnología y personal regresan a sus países de origen, dejando como legado en Haití un montón de materiales de baja que fueron comprados en sus naciones o en otras de similares características. Por lo tanto, es necesario regresar en búsqueda de nuevos recursos, materiales, tecnología y personal. Para esto es fundamental que Haití continué siendo una nación con fama de desolada, sin esperanza, un estado fallido, un pecado social, un infierno, una condena. El círculo entonces continúa y Haití permanece exactamente igual o peor. Veámoslo ahora desde la óptica de los recursos. Una gran potencia, cuya historia está llena de sangre, decide prestar ayuda a una nación necesitada.  Realiza una gran conferencia y señala que destinará un  billón a la reconstrucción de esta nación hermana que se encuentra viviendo en la penuria. Para ello reparte ese billón en las diversas ONGs de su país que trabajan o desean hacerlo en el país en cuestión. De ese billón que inicialmente teníamos, la mitad ya se encuentra en las cuentas bancarias de los funcionarios de las ONGs sin salir nunca del generoso país. La otra mitad sobrante se vuelve a dividir en dos partes y con 1/4 de lo que inicialmente teníamos se compran materiales para poder trabajar. El cuarto que queda disponible, se vuelve a dividir. Se utiliza una mitad para contar con la infraestructura necesaria que exige el funcionamiento de la ONG, una buena oficina, varios vehículos, protocolo de seguridad, hoteles, choferes y contratados locales. Finalmente las migajas que nos van quedando de ese billón inicial, se utiliza para construir algunas casas, pozos de agua, consultorios o proyectar películas en algunas comunidades. Pero la presencia internacional no sólo se desarrolla por

medio de ONGs, además de ellas y tal como lo señalamos, se ha desarrollado desde hace mucho en el país una fuerte intervención de Naciones Unidas. La misión, como ya se explicó, tiene como fin la estabilización de Haití. Para ello los recursos destinados se centran primordialmente en la búsqueda de seguridad y paz dentro de la nación. Se puede decir hoy que la misión impuesta es actualmente exitosa, el país vive desde hace un buen tiempo un clima de tranquilidad, muy superior al de muchos países con realidades similares. Tal vez inicialmente se justificó un gran despliegue de fuerzas militares, pero ya llegados a este punto parece ser innecesaria la magnitud y recursos destinados a un objetivo relativamente alcanzado. ¿Por qué entonces no se destinan muchos de esos recursos a la reconstrucción del país? Para lograr aquello, habría que dar una serie de pasos que parecen ser políticamente incorrectos. En primer lugar se tendría que disminuir la presencia militar en el país, y ello implicaría que muchas naciones que hoy se encuentran presenten en Haití deban regresar a casa, lo que difícilmente ellas querrían. En segundo lugar, comenzar a cooperar con la reconstrucción significa reconocer que ya existen ciertos niveles de gobernabilidad en el país, lo que en un mediano plazo debiera hacer disminuir la presencia de ONU en Haití. Los países se pelean por estar presentes en Haití, mejorando su imagen internacional, estableciendo alianzas políticas, intentando ser miembros permanentes del consejo de seguridad de Naciones Unidas, elaborando estrategias comerciales y militares, renovando su armamento o justificando los presupuestos internos que destinan a la seguridad. Mientras tanto, el pueblo haitiano ve como transitan frente a sus ojos un montón de recursos, maquinaria, tecnológica, materiales, personas, sin que aún nadie remueva los escombros que descansan sobre lo poco que tenían. Frente a todo este panorama, es decir, una fuerte presencia internacional, un tremendo despliegue de recursos, una estrategia comunicacional que por un lado mejor la imagen de las grandes naciones y por el otro se muestra excesivamente sensibilizadora con la realidad haitiana, nosotros los extranjeros, los blancos, perpetuamos una lógica de injusticia, viciados por una falsa solidaridad que nos ayuda muchas veces a dormir mejor, a cambio del dolor y pesar del pueblo haitiano que diariamente ve transitar frente a sus ojos todo este espectáculo, sin otra opción que la del mendigo que espera que algo caiga de la boca del rey o que algo de valioso aparezca en medio de los escombros. ¿Nos conviene entonces que Haití deje de ser un país pobre?

Referencias Bibliográficas • Diamond, Jared (2006) Colapso, por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Editorial Debate • Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2010), Haití: la encrucijada de una intervención regional. Disponible en http://fundaciondesc.org/articulo • Thompson, Ian (2004) Bonjour Blanc: A Journey through Haiti, Editorial Vintage • http://www.ht.undp.org • www.terra.net

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calle en aguas nauseabundas, y dormir a la intemperie en casas rudimentarias entre escombros y basura. La vida social y comercial en Haití se desarrolla en plena calle: allí se compran los víveres, se deambula, se duerme, se come, se bañan y muchos mueren. Esto se explica porque en Haití no hay demasiado que hacer: la gran mayoría de la gente no tiene empleo y un número importante de niños (aproximadamente un 80%) no va al colegio. Se trata de un país que cuenta con tan sólo un 2% de cobertura forestal y con procesos galopantes de erosión y pérdida de tierras cultivables; y que cuenta con un elevado flujo migratorio (unas 75.000 personas al año hacia las ciudades), donde se registra una urbanización caótica y desenfrenada, con procesos de construcción anárquicos. Políticamente el panorama no es muy distinto, se trata de un estado débil, permanentemente afectado por crisis políticas y conflictos, muchos de ellos determinados por intereses extranjeros, que generan condiciones de escasa gobernabilidad y corrupción. Basta tan sólo con contar cuántos de los presidentes que han gobernado en los últimos 20 años, han terminado su mandato y cuáles de ellos han continuado residiendo en el país. Pero además, se trata del único país del mundo en donde existe una fuerte intervención militar desde el año 2004 -coordinada por diversas naciones del mundo-, sin encontrarse actualmente (ni hace un buen tiempo) en guerra o peligro de invasión. En este contexto, el 12 enero de este año, el país fue sacudido por un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter, con efectos estimados de más de 200.000 muertos y 3 millones de personas damnificadas (30% de de la población total). La situación es desoladora y por ello no suele ser casualidad que la mayoría de quienes visitan el país se hagan la pregunta de si existe alguna esperanza para este país; y la respuesta habitual suele ser que no, en especial si uno se percata –como lo hemos hechos nosotros en estos meses- que Haití carece incluso de la capacidad para poder aprovechar la ayuda exterior de forma eficaz. Y aunque es cierto, no todo es tan gris como se nos suele contar. No se puede discutir que el país tiene una tremenda fuerza humana y que la alegría se siente día a día en su población, música, arte, bailes y rituales. Sin embargo, nada de esto hace vislumbrar que la actual situación vaya a cambiar en un mediano plazo, todo hace pensar que no existe realmente voluntad para ello.

¿POR QUÉ CONVIENE QUE HAITÍ CONTINÚE SIENDO POBRE? Según las cifras señaladas anteriormente, no hay duda de que se trata del país más pobre de occidente, con una realidad similar a la de muchos países de África. Sin embargo, a diferencia de muchos de estos, las condiciones del país permiten hoy pensar en un desarrollo mucho mayor al actual. Ello se debe a lo siguiente:

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

En primer lugar, las fuerzas armadas internacionales han desplegado desde hace seis años una fuerte presencia en la isla, que permite hoy la existencia de un clima social estable y seguro en Haití, sin que por otra parte existan elementos para pensar en una posible amenaza internacional. No hay actualmente peligro de desestabilización o caos, pues la situación se encuentra desde hace mucho en relativo control. En segundo lugar, Haití posee una gran variedad de recursos naturales no explotados, entre ellos oro, bauxita, cobre, carbonato de calcio, mármol y en especial petróleo. El subsuelo haitiano está repleto de petróleo. Al parecer los yacimientos venezolanos tienen su fuente en la isla. Puerto Príncipe está situado sobre un gigantesco pozo de petróleo que  hasta entonces no se podía explotar. En efecto, desde la década de 1950 el entonces presidente Jean Dumarsais Estimé había desplazado a la antigua capital situada en Marchand-Dessalines hacía el actual Puerto Príncipe. Este traslado no permitiría explotar el petróleo, hoy todo es posible. En tercer lugar, su ubicación geográfica permitiría no sólo el desarrollo de un mercado turístico a gran nivel (se encuentra ubicado en medio del Caribe), sino el ser puerto de entrada y salida entre América, Europa y África. Cité Soleil es una zona especialmente apta para convertirse en un gran puerto franco y una zona industrial,  donde rápidamente se podrían hacer transitar las cargas y transformarlo en un nuevo Taiwán.  Además de ello, está su cercanía a Estados Unidos y Cuba, cuya importancia estratégica es evidente.

¿Pero por qué sigue siendo pobre? A casi un año del terremoto tal vez más crudo de que se haya conocido y más de 200 años de su independencia, da la sensación de que a muchos les conviene que Haití permanezca sumido en la miseria. Una vez ocurrido el terremoto se calcula, por el propio gobierno, que han ingresado al país cerca de 1000 nuevas ONGs, muchas de ellas sin experiencia alguna en catástrofes. Uno no puede dejar de preguntarse entonces ¿donde estarían esas ONG si Haití dejara de ser “pobre”? Probablemente se pensaría en África, pero aunque comúnmente la prensa suelen asimilar estas realidades, no se trata de lo mismo. Tal como dijimos, en Haití existe relativa estabilidad y seguridad social, sabemos que existen recursos naturales inexplotados y que visiblemente la cooperación y los fondos internacionales destinados a Haití, son sin duda incomparables a los del continente africano. Detengámonos a pensar en lo que venimos hablando: Existe un país sumido en la pobreza sin mucha relevancia internacional, pero del cual la prensa constantemente se preocupa de presentar y mostrar una nación desolada, sin esperanza, un estado fallido, un pecado social, un infierno, una condena. Desgraciadamente para ese país, el 12 de enero del 2010 se produce una de las peores catás-

trofes de la que existe registro en la historia humana. Con ello los ojos del mundo se centran en Haití. A los pocos días ingresan miles de ONGs -de distintos ámbitos-, junto a un tremendo despliegue militar a “normalizar” la situación e imponer su ayuda de forma bilateral. Con todo esto se mejora de paso la imagen internacional de las potencias mundiales que han decidido filantrópicamente colaborar con Haití, sin que ningún sólo peso salga realmente de su país. ¿Como lo hacen? Traen muy buenas ideas, tecnología, recursos humanos capacitados y mucho material (con el cual se puede en muchos casos aliviar la carga tributaria y deshacerse de una gran parte de mercadería que ya se encuentra fuera de stock). Al poco tiempo se dan cuenta de que sus ideas no son compatibles con la cultura haitiana, que muchos de sus recursos humanos (trabajadores) no soportan más de tres meses trabajando en el país y que el material se agota y es insuficiente. Con esto los recursos, la tecnología y personal regresan a sus países de origen, dejando como legado en Haití un montón de materiales de baja que fueron comprados en sus naciones o en otras de similares características. Por lo tanto, es necesario regresar en búsqueda de nuevos recursos, materiales, tecnología y personal. Para esto es fundamental que Haití continué siendo una nación con fama de desolada, sin esperanza, un estado fallido, un pecado social, un infierno, una condena. El círculo entonces continúa y Haití permanece exactamente igual o peor. Veámoslo ahora desde la óptica de los recursos. Una gran potencia, cuya historia está llena de sangre, decide prestar ayuda a una nación necesitada.  Realiza una gran conferencia y señala que destinará un  billón a la reconstrucción de esta nación hermana que se encuentra viviendo en la penuria. Para ello reparte ese billón en las diversas ONGs de su país que trabajan o desean hacerlo en el país en cuestión. De ese billón que inicialmente teníamos, la mitad ya se encuentra en las cuentas bancarias de los funcionarios de las ONGs sin salir nunca del generoso país. La otra mitad sobrante se vuelve a dividir en dos partes y con 1/4 de lo que inicialmente teníamos se compran materiales para poder trabajar. El cuarto que queda disponible, se vuelve a dividir. Se utiliza una mitad para contar con la infraestructura necesaria que exige el funcionamiento de la ONG, una buena oficina, varios vehículos, protocolo de seguridad, hoteles, choferes y contratados locales. Finalmente las migajas que nos van quedando de ese billón inicial, se utiliza para construir algunas casas, pozos de agua, consultorios o proyectar películas en algunas comunidades. Pero la presencia internacional no sólo se desarrolla por

medio de ONGs, además de ellas y tal como lo señalamos, se ha desarrollado desde hace mucho en el país una fuerte intervención de Naciones Unidas. La misión, como ya se explicó, tiene como fin la estabilización de Haití. Para ello los recursos destinados se centran primordialmente en la búsqueda de seguridad y paz dentro de la nación. Se puede decir hoy que la misión impuesta es actualmente exitosa, el país vive desde hace un buen tiempo un clima de tranquilidad, muy superior al de muchos países con realidades similares. Tal vez inicialmente se justificó un gran despliegue de fuerzas militares, pero ya llegados a este punto parece ser innecesaria la magnitud y recursos destinados a un objetivo relativamente alcanzado. ¿Por qué entonces no se destinan muchos de esos recursos a la reconstrucción del país? Para lograr aquello, habría que dar una serie de pasos que parecen ser políticamente incorrectos. En primer lugar se tendría que disminuir la presencia militar en el país, y ello implicaría que muchas naciones que hoy se encuentran presenten en Haití deban regresar a casa, lo que difícilmente ellas querrían. En segundo lugar, comenzar a cooperar con la reconstrucción significa reconocer que ya existen ciertos niveles de gobernabilidad en el país, lo que en un mediano plazo debiera hacer disminuir la presencia de ONU en Haití. Los países se pelean por estar presentes en Haití, mejorando su imagen internacional, estableciendo alianzas políticas, intentando ser miembros permanentes del consejo de seguridad de Naciones Unidas, elaborando estrategias comerciales y militares, renovando su armamento o justificando los presupuestos internos que destinan a la seguridad. Mientras tanto, el pueblo haitiano ve como transitan frente a sus ojos un montón de recursos, maquinaria, tecnológica, materiales, personas, sin que aún nadie remueva los escombros que descansan sobre lo poco que tenían. Frente a todo este panorama, es decir, una fuerte presencia internacional, un tremendo despliegue de recursos, una estrategia comunicacional que por un lado mejor la imagen de las grandes naciones y por el otro se muestra excesivamente sensibilizadora con la realidad haitiana, nosotros los extranjeros, los blancos, perpetuamos una lógica de injusticia, viciados por una falsa solidaridad que nos ayuda muchas veces a dormir mejor, a cambio del dolor y pesar del pueblo haitiano que diariamente ve transitar frente a sus ojos todo este espectáculo, sin otra opción que la del mendigo que espera que algo caiga de la boca del rey o que algo de valioso aparezca en medio de los escombros. ¿Nos conviene entonces que Haití deje de ser un país pobre?

Referencias Bibliográficas • Diamond, Jared (2006) Colapso, por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Editorial Debate • Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2010), Haití: la encrucijada de una intervención regional. Disponible en http://fundaciondesc.org/articulo • Thompson, Ian (2004) Bonjour Blanc: A Journey through Haiti, Editorial Vintage • http://www.ht.undp.org • www.terra.net

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EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

En un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, el pleno goce y ejercicio de los derechos sólo se logra por medio de un complejo entramado de garantías, tanto políticas como jurisdiccionales, destinadas a actualizar los imperativos de igualdad social que ahora resultan representadas también, por la noción de derechos sociales. Así, y en primer término, es necesario garantizar la provisión de partidas presupuestarias adecuadas, que – en la lógica de la división de poderes de la democracia republicana y representativa – se centra en la discusión y aprobación pública de las leyes de presupuesto (garantías primarias). La existencia de partidas presupuestarias adecuadas constituye una demostración de la seriedad con la que los poderes políticos toman la implementación de sus obligaciones en materia de salud, educación, vivienda y otros. Sin embargo, tales garantías políticas o primarias deben ser debidamente complementadas por garantías jurisdiccionales, las que otorgan a los titulares de derechos la capacidad de someter denuncias de incumplimiento de las obligaciones emanadas de esos derechos ante un poder independiente de los sujetos –públicos o privados – obligados y, dado el caso, confieren competencia a ese poder independiente para forzar el cumplimiento y establecer reparaciones o sanciones (Ferrajoli, 1999; Pisarello, 2007). Se trataría, en otras palabras, de complementar las garantías políticas o primarias con garantías jurisdiccionales o secundarias, es decir, con garantías que sólo entran en juego cuando los poderes encargados de concretar e implementar derechos incumplen con su obligación, lo que implica, a su vez, que las garantías políticas han fallado.1 Siguiendo la lógica contractual, podría decirse que la solución de controversias vinculadas con alegados incumplimientos se inicia con el diálogo entre los contratantes, y –dado el carácter contencioso, los costos y el tiempo que puede insumir este recurso – sólo cuando queda claro que no hay solución posible por otra vía se

Nicolás Espejo Yaksic Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad Central de Chile. Consultor de UNICEF. Socio Fundador de la Corporación Interés Público (www.ipublico.cl). Abogado, Master of Studies in International Human Rights Law (Oxford), Doctor of Philosophy in Law (Warwick).

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

1 De lo cual no ha de seguirse una tesis particularmente intensa o excesivamente protagónica para las cortes en materia de justiciabilidad de derechos sociales. Esto es importante remarcarlo, toda vez que la preocupación tradicional sobre la capacidad de los tribunales de justicia de hacer justiciables los derechos sociales suele asumir que la única forma de hacerlo es por medio de maneras intensas o fuertes de revisión judicial.

acude al litigio judicial.2 De esta forma, bajo la estructura del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, los derechos no se reducen a mandatos políticos o, con suerte, normas de efecto indirecto, cuya exigibilidad jurisdiccional resulta supeditada a una previa interposición legislativa y administrativa (Pisarello, 2003). En dicho Estado los derechos pasan a tomar la estructura y contenido de los derechos fundamentales; es decir, se consideran como posiciones tan importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar (exclusivamente) en manos de la simple mayoría parlamentaria (Alexy, 2007). A su vez, las garantías no se confunden con la estructura de los derechos, sino que se vinculan estrechamente a la efectividad o concreción fáctica de la promesa normativa que se encuentra en esos derechos. Esta efectividad supone a) el reconocimiento y consagración positiva del derecho, b) la configuración de los requisitos que deben cumplirse para que tal derecho pueda ser afectado dentro del orden constitucional (Ej. contenido esencial, reserva legal, etc.) y, una vez satisfechos estos supuestos, c) los específicos mecanismos de defensa en caso de trasgresión (recursos y acciones procesales de naturaleza política, administrativa y judicial) (Aldunate, 2008). Consecuentemente, señalar que los derechos sociales como la vivienda, la salud, la educación, el agua, la alimentación adecuada y otros son derechos fundamentales, se refiere a que tales derechos pueden, en caso de fallar las garantías primaras de protección, ser objeto de protección judicial ante un tribunal administrativo y/o judicial (es decir, que son justiciables). Pero al decir que derechos sociales son justiciables, con ello podríamos querer decir a) que a las cortes les está permitido interpretar extensivamente tales derechos, creando nuevos derechos no previstos expresamente por la Constitución; b) que las cortes se encuentran facultadas sólo para otorgar protección judicial a nivel del contenido mínimo o esencial de un derecho social o; c) que, requeridas por un demandante, las cortes sólo deben declarar la violación de un derecho social y, acto seguido, reenviar el asunto bajo debate al órgano político correspondiente para que este último –y no el tribunal- adopte las medidas que corresponda en la especie.3 Como he señalado (Espejo 2010), una estrategia de 2 Para la utilización de la metáfora del contrato social y sus implicancias para las condiciones de la cohesión social contemporánea, ver Courtis y Espejo (2007). 3 Sobre este último caso considérese, por ejemplo, el efecto que tiene el principio pro personae para la determinación del ejercicio de interpretación que debiera desarrollar un juez, una vez requerida su intervención. Ver Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Artículo 29 (Normas de Interpretación).

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1. Los Derechos Sociales y el Estado Democrático y Constitucional de Derecho.

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EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

En un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, el pleno goce y ejercicio de los derechos sólo se logra por medio de un complejo entramado de garantías, tanto políticas como jurisdiccionales, destinadas a actualizar los imperativos de igualdad social que ahora resultan representadas también, por la noción de derechos sociales. Así, y en primer término, es necesario garantizar la provisión de partidas presupuestarias adecuadas, que – en la lógica de la división de poderes de la democracia republicana y representativa – se centra en la discusión y aprobación pública de las leyes de presupuesto (garantías primarias). La existencia de partidas presupuestarias adecuadas constituye una demostración de la seriedad con la que los poderes políticos toman la implementación de sus obligaciones en materia de salud, educación, vivienda y otros. Sin embargo, tales garantías políticas o primarias deben ser debidamente complementadas por garantías jurisdiccionales, las que otorgan a los titulares de derechos la capacidad de someter denuncias de incumplimiento de las obligaciones emanadas de esos derechos ante un poder independiente de los sujetos –públicos o privados – obligados y, dado el caso, confieren competencia a ese poder independiente para forzar el cumplimiento y establecer reparaciones o sanciones (Ferrajoli, 1999; Pisarello, 2007). Se trataría, en otras palabras, de complementar las garantías políticas o primarias con garantías jurisdiccionales o secundarias, es decir, con garantías que sólo entran en juego cuando los poderes encargados de concretar e implementar derechos incumplen con su obligación, lo que implica, a su vez, que las garantías políticas han fallado.1 Siguiendo la lógica contractual, podría decirse que la solución de controversias vinculadas con alegados incumplimientos se inicia con el diálogo entre los contratantes, y –dado el carácter contencioso, los costos y el tiempo que puede insumir este recurso – sólo cuando queda claro que no hay solución posible por otra vía se

Nicolás Espejo Yaksic Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad Central de Chile. Consultor de UNICEF. Socio Fundador de la Corporación Interés Público (www.ipublico.cl). Abogado, Master of Studies in International Human Rights Law (Oxford), Doctor of Philosophy in Law (Warwick).

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1 De lo cual no ha de seguirse una tesis particularmente intensa o excesivamente protagónica para las cortes en materia de justiciabilidad de derechos sociales. Esto es importante remarcarlo, toda vez que la preocupación tradicional sobre la capacidad de los tribunales de justicia de hacer justiciables los derechos sociales suele asumir que la única forma de hacerlo es por medio de maneras intensas o fuertes de revisión judicial.

acude al litigio judicial.2 De esta forma, bajo la estructura del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, los derechos no se reducen a mandatos políticos o, con suerte, normas de efecto indirecto, cuya exigibilidad jurisdiccional resulta supeditada a una previa interposición legislativa y administrativa (Pisarello, 2003). En dicho Estado los derechos pasan a tomar la estructura y contenido de los derechos fundamentales; es decir, se consideran como posiciones tan importantes que su otorgamiento o no otorgamiento no puede quedar (exclusivamente) en manos de la simple mayoría parlamentaria (Alexy, 2007). A su vez, las garantías no se confunden con la estructura de los derechos, sino que se vinculan estrechamente a la efectividad o concreción fáctica de la promesa normativa que se encuentra en esos derechos. Esta efectividad supone a) el reconocimiento y consagración positiva del derecho, b) la configuración de los requisitos que deben cumplirse para que tal derecho pueda ser afectado dentro del orden constitucional (Ej. contenido esencial, reserva legal, etc.) y, una vez satisfechos estos supuestos, c) los específicos mecanismos de defensa en caso de trasgresión (recursos y acciones procesales de naturaleza política, administrativa y judicial) (Aldunate, 2008). Consecuentemente, señalar que los derechos sociales como la vivienda, la salud, la educación, el agua, la alimentación adecuada y otros son derechos fundamentales, se refiere a que tales derechos pueden, en caso de fallar las garantías primaras de protección, ser objeto de protección judicial ante un tribunal administrativo y/o judicial (es decir, que son justiciables). Pero al decir que derechos sociales son justiciables, con ello podríamos querer decir a) que a las cortes les está permitido interpretar extensivamente tales derechos, creando nuevos derechos no previstos expresamente por la Constitución; b) que las cortes se encuentran facultadas sólo para otorgar protección judicial a nivel del contenido mínimo o esencial de un derecho social o; c) que, requeridas por un demandante, las cortes sólo deben declarar la violación de un derecho social y, acto seguido, reenviar el asunto bajo debate al órgano político correspondiente para que este último –y no el tribunal- adopte las medidas que corresponda en la especie.3 Como he señalado (Espejo 2010), una estrategia de 2 Para la utilización de la metáfora del contrato social y sus implicancias para las condiciones de la cohesión social contemporánea, ver Courtis y Espejo (2007). 3 Sobre este último caso considérese, por ejemplo, el efecto que tiene el principio pro personae para la determinación del ejercicio de interpretación que debiera desarrollar un juez, una vez requerida su intervención. Ver Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Artículo 29 (Normas de Interpretación).

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1. Los Derechos Sociales y el Estado Democrático y Constitucional de Derecho.

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defensa a favor de la justiciabilidad de los derechos sociales- debiera evitar invisibilizar lo que ocurre cuando los jueces constitucionales intervienen revocando la legislación o declarando un acto u omisión como inconstitucional. Por cierto, de lo anterior no ha de seguirse que carezcamos de razones prácticas para asumir dicho costo. Lo anterior podrá ocurrir, por ejemplo, cuando consideremos que cierta pérdida democrática es justificable con el objeto de la protección de los derechos y siempre y cuando tal costo pueda ser debidamente minimizado.4 Sin embargo, incluso cuando aceptemos dicha pérdida democrática no debiéramos perder de vista que una democracia constitucional, “tutelada por jueces”, puede ser una solución práctica para proveer de legitimidad a un sistema de gobierno imperfectamente democrático. Pero el riesgo de esa solución es que pueda conducir a consolidar y acrecentar un recelo hacia la democracia y una relativización del valor del proceso democrático como auto-gobierno (Ahumada, 2009). En consecuencia, un modelo de justiciabilidad de los derechos sociales (incluido el derecho a la vivienda adecuada) debiera ser compatible con el logro o maximización de dos valores fundamentales: 1) los compromisos normativos de un estado social y democrático de derecho (que incluyen la debida protección de los derechos sociales) y; 2) con la necesaria deferencia al poder político al interior de una república democrática. Mark Tushnet ha captado esta cuestión de forma impecable al sugerir que la preocupación tradicional sobre la capacidad de los tribunales de justicia de hacer justiciables los derechos sociales suele asumir que la única forma de hacerlo es por medio de maneras intensas o fuertes de revisión judicial (strong adjudication). En un modelo de revisión judicial fuerte las interpretaciones judiciales de la Constitución resultan finales e irrevisables por parte de las mayorías legislativas ordinarias. Pero lo cierto es que tal presunción de intervención judicial fuerte desconoce la posibilidad de otras formas, más atenuadas o deferentes de intervención judicial (weak adjudication). En modelo de revisión judicial débil, en tanto, se busca promover un diálogo en tiempo real entre las cortes y el legislador, proveyendo mecanismos para que el pueblo responda a las decisiones que consideran razonablemente equivocadas y que pueden ser desplegados de manera más rápida que las reformas constitucionales o la designación de jueces (Tushnet, 2008). La distinción formulada por Tushnet genera una gran ventaja. Al distinguir entre formas débiles y fuertes de revisión judicial, es posible advertir la posibilidad de concebir la intervención judicial en materia de derechos 4 Una línea de argumentación en este sentido se encuentra en Raz (1998), para quien la posibilidad de argumentar nuestro caso frente a un tribunal imparcial podría dar mejores garantías del respeto de nuestros derechos, que hacerlo frente a una multitud en una democracia participativa.

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sociales -y de cualquier otro derecho- de un modo que las pérdidas en el ideal del auto-gobierno se reduzcan lo más posible. Así, por ejemplo, en base a un modelo de adjudicación de derechos más deferente, quedarían excluidas aquellas interpretaciones constitucionales en las que los jueces constitucionales entienden que son ellos los que retienen la última palabra en materia de interpretación constitucional,5 no distinguiendo debidamente entre: a) la posibilidad que los jueces participen de la lectura colectiva de la constitución, por vía de las herramientas y procedimientos propios del derecho 5 Es el caso de algunas sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos de America, Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1, 18 (1958); Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962); United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974).

constitucional (“revisión judicial”) y; b) la idea que los jueces representen la ultima instancia para la solución de los conflictos constitucionales que pudieran emerger (“supremacía constitucional”).6 Por otra parte, la distinción de Tushnet permite concebir las ideas de revisión judicial (y adjudicación de los derechos sociales) como una herramienta de control particularmente deferente con la legislación. Si es que el 6 Como indica Kramer, la idea de la supremacía constitucional se fue instalando progresivamente en la teoría y el discurso constitucional de los Estados Unidos de America, permitiendo que la Corte Suprema desarrollara una posición de supremacía interpretativa plena de la Constitución, ya no sólo respecto de los derechos constitucionales sino de cualquier aspecto constitucional..

ideal del auto-gobierno realmente importa, entonces los jueces debieran operar en base a un ideal de “auto-restricción”, evitando el control de decisiones propiamente políticas o prudenciales adoptadas por los órganos de representación popular (Parker, 1994). De lo que se sigue que la revisión judicial no debiera ser entendida como un mecanismo para desplazar la voluntad popular, reemplazando el juicio de los cuerpos políticos por el de la Corte. En cambio, la revisión judicial solo se justificaría en la medida que ella se ancle en el escrutinio estricto de la existencia de razones por parte de la autoridad y su compatibilidad con el contenido básico de los derechos reconocidos por el sistema constitucional. En otras palabras, lo que está en juego no es que estemos dispuesto a permitir un control extra-político sobre las

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defensa a favor de la justiciabilidad de los derechos sociales- debiera evitar invisibilizar lo que ocurre cuando los jueces constitucionales intervienen revocando la legislación o declarando un acto u omisión como inconstitucional. Por cierto, de lo anterior no ha de seguirse que carezcamos de razones prácticas para asumir dicho costo. Lo anterior podrá ocurrir, por ejemplo, cuando consideremos que cierta pérdida democrática es justificable con el objeto de la protección de los derechos y siempre y cuando tal costo pueda ser debidamente minimizado.4 Sin embargo, incluso cuando aceptemos dicha pérdida democrática no debiéramos perder de vista que una democracia constitucional, “tutelada por jueces”, puede ser una solución práctica para proveer de legitimidad a un sistema de gobierno imperfectamente democrático. Pero el riesgo de esa solución es que pueda conducir a consolidar y acrecentar un recelo hacia la democracia y una relativización del valor del proceso democrático como auto-gobierno (Ahumada, 2009). En consecuencia, un modelo de justiciabilidad de los derechos sociales (incluido el derecho a la vivienda adecuada) debiera ser compatible con el logro o maximización de dos valores fundamentales: 1) los compromisos normativos de un estado social y democrático de derecho (que incluyen la debida protección de los derechos sociales) y; 2) con la necesaria deferencia al poder político al interior de una república democrática. Mark Tushnet ha captado esta cuestión de forma impecable al sugerir que la preocupación tradicional sobre la capacidad de los tribunales de justicia de hacer justiciables los derechos sociales suele asumir que la única forma de hacerlo es por medio de maneras intensas o fuertes de revisión judicial (strong adjudication). En un modelo de revisión judicial fuerte las interpretaciones judiciales de la Constitución resultan finales e irrevisables por parte de las mayorías legislativas ordinarias. Pero lo cierto es que tal presunción de intervención judicial fuerte desconoce la posibilidad de otras formas, más atenuadas o deferentes de intervención judicial (weak adjudication). En modelo de revisión judicial débil, en tanto, se busca promover un diálogo en tiempo real entre las cortes y el legislador, proveyendo mecanismos para que el pueblo responda a las decisiones que consideran razonablemente equivocadas y que pueden ser desplegados de manera más rápida que las reformas constitucionales o la designación de jueces (Tushnet, 2008). La distinción formulada por Tushnet genera una gran ventaja. Al distinguir entre formas débiles y fuertes de revisión judicial, es posible advertir la posibilidad de concebir la intervención judicial en materia de derechos 4 Una línea de argumentación en este sentido se encuentra en Raz (1998), para quien la posibilidad de argumentar nuestro caso frente a un tribunal imparcial podría dar mejores garantías del respeto de nuestros derechos, que hacerlo frente a una multitud en una democracia participativa.

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sociales -y de cualquier otro derecho- de un modo que las pérdidas en el ideal del auto-gobierno se reduzcan lo más posible. Así, por ejemplo, en base a un modelo de adjudicación de derechos más deferente, quedarían excluidas aquellas interpretaciones constitucionales en las que los jueces constitucionales entienden que son ellos los que retienen la última palabra en materia de interpretación constitucional,5 no distinguiendo debidamente entre: a) la posibilidad que los jueces participen de la lectura colectiva de la constitución, por vía de las herramientas y procedimientos propios del derecho 5 Es el caso de algunas sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos de America, Cooper v. Aaron, 358 U.S. 1, 18 (1958); Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962); United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974).

constitucional (“revisión judicial”) y; b) la idea que los jueces representen la ultima instancia para la solución de los conflictos constitucionales que pudieran emerger (“supremacía constitucional”).6 Por otra parte, la distinción de Tushnet permite concebir las ideas de revisión judicial (y adjudicación de los derechos sociales) como una herramienta de control particularmente deferente con la legislación. Si es que el 6 Como indica Kramer, la idea de la supremacía constitucional se fue instalando progresivamente en la teoría y el discurso constitucional de los Estados Unidos de America, permitiendo que la Corte Suprema desarrollara una posición de supremacía interpretativa plena de la Constitución, ya no sólo respecto de los derechos constitucionales sino de cualquier aspecto constitucional..

ideal del auto-gobierno realmente importa, entonces los jueces debieran operar en base a un ideal de “auto-restricción”, evitando el control de decisiones propiamente políticas o prudenciales adoptadas por los órganos de representación popular (Parker, 1994). De lo que se sigue que la revisión judicial no debiera ser entendida como un mecanismo para desplazar la voluntad popular, reemplazando el juicio de los cuerpos políticos por el de la Corte. En cambio, la revisión judicial solo se justificaría en la medida que ella se ancle en el escrutinio estricto de la existencia de razones por parte de la autoridad y su compatibilidad con el contenido básico de los derechos reconocidos por el sistema constitucional. En otras palabras, lo que está en juego no es que estemos dispuesto a permitir un control extra-político sobre las

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decisiones mayoritarias, razones puede haber muchas y, como he sugerido, el respeto a los derechos fundamentales es una de ellas.7 Lo que interesa relevar es cómo la labor de protección judicial de los derechos fundamentales en general y de los derechos sociales en particular, debiera evitar formas intensas de intervención judicial, normalmente fundadas en una suerte de esencialismo del discurso de los derechos fundamentales, incapaz de advertir no sólo las potencialidades de la intervención judicial, sino también, sus límites como herramienta de cambio estructural.8 Bajo esta perspectiva, el modelo de justiciabilidad de derechos sociales debiera ser visto como una forma de intervención no ideal, pero necesaria, particularmente en contextos de bloqueo institucional o político –como los de gran parte de las democracias Latinoamericanas- y que impiden la mínima realización de los derechos de parte importante de la población.9

2. La Consagración del Derecho a la Vivienda Adecuada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El derecho a una vivienda constituye un derecho social fundamental que protege el interés que tiene toda de persona a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.10 Como tal, el derecho a la vivienda es reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 25, numeral 1º que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstan7 Esta razón debe ser debidamente distinguida del hecho que las cortes, en la especie, hayan permitido maximizar o no el respeto de los derechos fundamentales. 8 Para algunos estudios en este sentido y desarrollados en Latinoamérica ver Uprimny (2008), Puga (2008), Cels (2008), Abramovich et. al (2009). 9 Por “bloqueo institucional o político” entiendo aquellos arreglos constitucionales en los sistemas políticos Latinoamericanos, caracterizados por una particular hostilidad hacia las practicas mayoritarias y por una reforzada protección de la propiedad privada. Ver Gargarella (s/d) y Lovera (2009). 10 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 4, “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)”, párr 7. Una definición similar es aquella dada en los trabajos de la Campaña Nacional India de Promoción de los Derechos en materia de Vivienda, la Coalición Internacional Hábitat y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. .

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cias independientes de su voluntad.”11 Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), señala en su artículo 11, numeral 1º que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”12 El derecho a una vivienda adecuada también se reconoce en otros instrumentos internacionales centrados en la necesidad de proteger los derechos de determinados grupos. Algunos ejemplos de lo anterior lo constituyen el apartado h del párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y el artículo 21 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), entre otros. Finalmente, una serie de declaraciones y recomendaciones internacionales contienen diversas referencias y disposiciones relativas a los derechos a la vivienda. Entre otras, la Declaración de los Derechos del Niño (1959, principio 4), la Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la vivienda de los trabajadores (1961, sec. II, párr. 2; sec. III, párr. 8.2 b); sec. VI, párr. 19; y Sugerencias acerca de los métodos de aplicación, sec. I, párr. 5); la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (1969, parte II, art. 10); la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975, art. 9); la Declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos (1976, sec. III.8 y cap. II.A3) y la Declaración de la UNESCO sobre la raza y los prejuicios raciales (1978, art. 9.2); entre otros.

3. El contenido normativo del derecho a una vivienda adecuada. La incapacidad de los mercados formales de vivienda de brindar soluciones habitacionales a una población 11 Artículo 25° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de Diciembre de 1948. 12 Artículo 11° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adaptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de Diciembre de 1966 y cuya entrada en vigor se hizo efectiva el 3 de Enero de 1976.

urbana cada vez más numerosa, ha llevado a 128 millones de personas a vivir en los barrios marginales de América Latina. Menos del 25% de todas las viviendas de la región se financia a través de mecanismos formales, y las hipotecas todavía representan una pequeña fracción del crédito total (Abhas, 2010). La mayoría de la población rara vez paga impuestos a la propiedad, le resulta difícil cumplir con las normas y regulaciones existentes en las nuevas ocupaciones de suelo y depende de arreglos informales para acceder al suelo y los servicios y para, gradualmente, construir sus casas. En este contexto de un crecimiento de la pobreza urbana, organismos públicos débiles e instituciones financieras inaccesibles, el acceso al suelo se convierte en un sustituto del acceso a la vivienda. Más de dos terceras partes de las nuevas viviendas están siendo construidas fuera del mercado formal de la vivienda y los agentes privados, en mercados de subsidios inadecuados, no tienen ni la capacidad ni el deseo de tratar con familias de bajos recursos puesto que las mismas no constituyen un mercado de vivienda viable (Lincoln Institute, 2002). De esta forma, el problema de vivienda en la región involucra tanto un déficit cuantitativo (viviendas que se necesita construir para dar refugio a quienes carecen de alojamiento) como cualitativo (aquellas unidades existentes que presentan diversas carencias: servicios, materialidad precaria o inseguridad en la tenencia, entre otros). Por lo mismo, el derecho a la vivienda no debe interpretarse en un sentido restrictivo que lo equipare, tal y como lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC), con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad.13 En cuanto derecho humano, el derecho a la vivienda adecuada se sujeta al principio general de interpretación integradora y pro personae. En virtud de este principio general, debe siempre escogerse aquella interpretación más favorable a la persona humana (Pinto, 1997). Más específicamente, para el caso de una interpretación judicial del derecho a la vivienda el intérprete debiera proceder del siguiente modo: a) identificando el derecho a la vivienda adecuada en el texto constitucional respectivo, b) comparando los diversos textos que consagran el derecho a la vivienda e; c) integrando interpretativamente los aspectos más favorables a la persona humana contenidos en esos diversos textos (Courtis, 2005). A su vez, en virtud de los Principios de Universalidad e Indivisibilidad de todos los derechos humanos, el derecho a la vivienda adecuada no debe ser considerado aisladamente, sino que su interpre13 Comité DESC, Observación General 4°: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), Párr. 7.

tación y aplicación debe resultar congruente con el respeto, garantía y satisfacción de otros derechos humanos. Una vivienda digna resulta fundamental para la supervivencia y para llevar una vida decente, en paz y con seguridad. Se trata de un derecho compuesto, cuya violación hace peligrar el derecho a un empleo (que se torna difícil de asegurar y mantener), que afecta el derecho a la salud física y mental, dificulta el derecho a la educación y menoscaba el derecho a la integridad física, a elegir residencia, a la privacidad, o a la vida familiar. Un techo inadecuado e inseguro amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. En otras palabras, la violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna.14 Incluso se advierten otras vinculaciones tales como el derecho a la libertad de movimiento, a elegir la propia residencia, a la privacidad y al respeto del hogar, al igual trato ante la ley, a la dignidad humana, a la seguridad de la persona, a la vida, y en algunos casos al goce pacífico de las propias posesiones. Es decir, el derecho una vivienda adecuada involucra cuestiones elementales vinculadas al igual respeto y consideración de las personas e incluso a su propia supervivencia (Ver Kothari 2003). Es precisamente en virtud de las consideraciones anteriores que la expresión adecuada, no debe ser entendida en un sentido restrictivo o mínimo. Por ello el Comité DESC indica en su Observación General N° 4, que “el ‘concepto de adecuación’ es particularmente significativo en relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores que hay que tener en cuenta al determinar si ciertas formas de vivienda se puede considerar que constituyen una vivienda adecuada a los efectos del Pacto.” (Kothari, 2003) A la luz de tal consideración, el Comité identifica en la misma Observación General 4°, ciertos aspectos o contenidos normativos fundamentales del derecho a la vivienda adecuada:15 a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenen14 “En Profundidad, El Derecho a Una Vivienda Adecuada”, en http://www.choike.org/nuevo/informes/1119.html, visitada el 21 de marzo de 2008. 15 Estos elementos normativos se citan textualmente de la Observación General N° 4, Párrafo 8.

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decisiones mayoritarias, razones puede haber muchas y, como he sugerido, el respeto a los derechos fundamentales es una de ellas.7 Lo que interesa relevar es cómo la labor de protección judicial de los derechos fundamentales en general y de los derechos sociales en particular, debiera evitar formas intensas de intervención judicial, normalmente fundadas en una suerte de esencialismo del discurso de los derechos fundamentales, incapaz de advertir no sólo las potencialidades de la intervención judicial, sino también, sus límites como herramienta de cambio estructural.8 Bajo esta perspectiva, el modelo de justiciabilidad de derechos sociales debiera ser visto como una forma de intervención no ideal, pero necesaria, particularmente en contextos de bloqueo institucional o político –como los de gran parte de las democracias Latinoamericanas- y que impiden la mínima realización de los derechos de parte importante de la población.9

2. La Consagración del Derecho a la Vivienda Adecuada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El derecho a una vivienda constituye un derecho social fundamental que protege el interés que tiene toda de persona a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.10 Como tal, el derecho a la vivienda es reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 25, numeral 1º que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstan7 Esta razón debe ser debidamente distinguida del hecho que las cortes, en la especie, hayan permitido maximizar o no el respeto de los derechos fundamentales. 8 Para algunos estudios en este sentido y desarrollados en Latinoamérica ver Uprimny (2008), Puga (2008), Cels (2008), Abramovich et. al (2009). 9 Por “bloqueo institucional o político” entiendo aquellos arreglos constitucionales en los sistemas políticos Latinoamericanos, caracterizados por una particular hostilidad hacia las practicas mayoritarias y por una reforzada protección de la propiedad privada. Ver Gargarella (s/d) y Lovera (2009). 10 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 4, “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)”, párr 7. Una definición similar es aquella dada en los trabajos de la Campaña Nacional India de Promoción de los Derechos en materia de Vivienda, la Coalición Internacional Hábitat y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. .

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cias independientes de su voluntad.”11 Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), señala en su artículo 11, numeral 1º que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”12 El derecho a una vivienda adecuada también se reconoce en otros instrumentos internacionales centrados en la necesidad de proteger los derechos de determinados grupos. Algunos ejemplos de lo anterior lo constituyen el apartado h del párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y el artículo 21 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), entre otros. Finalmente, una serie de declaraciones y recomendaciones internacionales contienen diversas referencias y disposiciones relativas a los derechos a la vivienda. Entre otras, la Declaración de los Derechos del Niño (1959, principio 4), la Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la vivienda de los trabajadores (1961, sec. II, párr. 2; sec. III, párr. 8.2 b); sec. VI, párr. 19; y Sugerencias acerca de los métodos de aplicación, sec. I, párr. 5); la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (1969, parte II, art. 10); la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975, art. 9); la Declaración de Vancouver sobre los asentamientos humanos (1976, sec. III.8 y cap. II.A3) y la Declaración de la UNESCO sobre la raza y los prejuicios raciales (1978, art. 9.2); entre otros.

3. El contenido normativo del derecho a una vivienda adecuada. La incapacidad de los mercados formales de vivienda de brindar soluciones habitacionales a una población 11 Artículo 25° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de Diciembre de 1948. 12 Artículo 11° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adaptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de Diciembre de 1966 y cuya entrada en vigor se hizo efectiva el 3 de Enero de 1976.

urbana cada vez más numerosa, ha llevado a 128 millones de personas a vivir en los barrios marginales de América Latina. Menos del 25% de todas las viviendas de la región se financia a través de mecanismos formales, y las hipotecas todavía representan una pequeña fracción del crédito total (Abhas, 2010). La mayoría de la población rara vez paga impuestos a la propiedad, le resulta difícil cumplir con las normas y regulaciones existentes en las nuevas ocupaciones de suelo y depende de arreglos informales para acceder al suelo y los servicios y para, gradualmente, construir sus casas. En este contexto de un crecimiento de la pobreza urbana, organismos públicos débiles e instituciones financieras inaccesibles, el acceso al suelo se convierte en un sustituto del acceso a la vivienda. Más de dos terceras partes de las nuevas viviendas están siendo construidas fuera del mercado formal de la vivienda y los agentes privados, en mercados de subsidios inadecuados, no tienen ni la capacidad ni el deseo de tratar con familias de bajos recursos puesto que las mismas no constituyen un mercado de vivienda viable (Lincoln Institute, 2002). De esta forma, el problema de vivienda en la región involucra tanto un déficit cuantitativo (viviendas que se necesita construir para dar refugio a quienes carecen de alojamiento) como cualitativo (aquellas unidades existentes que presentan diversas carencias: servicios, materialidad precaria o inseguridad en la tenencia, entre otros). Por lo mismo, el derecho a la vivienda no debe interpretarse en un sentido restrictivo que lo equipare, tal y como lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC), con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad.13 En cuanto derecho humano, el derecho a la vivienda adecuada se sujeta al principio general de interpretación integradora y pro personae. En virtud de este principio general, debe siempre escogerse aquella interpretación más favorable a la persona humana (Pinto, 1997). Más específicamente, para el caso de una interpretación judicial del derecho a la vivienda el intérprete debiera proceder del siguiente modo: a) identificando el derecho a la vivienda adecuada en el texto constitucional respectivo, b) comparando los diversos textos que consagran el derecho a la vivienda e; c) integrando interpretativamente los aspectos más favorables a la persona humana contenidos en esos diversos textos (Courtis, 2005). A su vez, en virtud de los Principios de Universalidad e Indivisibilidad de todos los derechos humanos, el derecho a la vivienda adecuada no debe ser considerado aisladamente, sino que su interpre13 Comité DESC, Observación General 4°: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto), Párr. 7.

tación y aplicación debe resultar congruente con el respeto, garantía y satisfacción de otros derechos humanos. Una vivienda digna resulta fundamental para la supervivencia y para llevar una vida decente, en paz y con seguridad. Se trata de un derecho compuesto, cuya violación hace peligrar el derecho a un empleo (que se torna difícil de asegurar y mantener), que afecta el derecho a la salud física y mental, dificulta el derecho a la educación y menoscaba el derecho a la integridad física, a elegir residencia, a la privacidad, o a la vida familiar. Un techo inadecuado e inseguro amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. En otras palabras, la violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna.14 Incluso se advierten otras vinculaciones tales como el derecho a la libertad de movimiento, a elegir la propia residencia, a la privacidad y al respeto del hogar, al igual trato ante la ley, a la dignidad humana, a la seguridad de la persona, a la vida, y en algunos casos al goce pacífico de las propias posesiones. Es decir, el derecho una vivienda adecuada involucra cuestiones elementales vinculadas al igual respeto y consideración de las personas e incluso a su propia supervivencia (Ver Kothari 2003). Es precisamente en virtud de las consideraciones anteriores que la expresión adecuada, no debe ser entendida en un sentido restrictivo o mínimo. Por ello el Comité DESC indica en su Observación General N° 4, que “el ‘concepto de adecuación’ es particularmente significativo en relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores que hay que tener en cuenta al determinar si ciertas formas de vivienda se puede considerar que constituyen una vivienda adecuada a los efectos del Pacto.” (Kothari, 2003) A la luz de tal consideración, el Comité identifica en la misma Observación General 4°, ciertos aspectos o contenidos normativos fundamentales del derecho a la vivienda adecuada:15 a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenen14 “En Profundidad, El Derecho a Una Vivienda Adecuada”, en http://www.choike.org/nuevo/informes/1119.html, visitada el 21 de marzo de 2008. 15 Estos elementos normativos se citan textualmente de la Observación General N° 4, Párrafo 8.

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cia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados. El derecho a la tierra está inextricablemente unido al derecho a una vivienda adecuada. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a datos del BID, América Latina tiene una de las tasas de urbanización más altas del mundo y se prevé que para 2020 el porcentaje de su población que habitará en zonas urbanas superará el de los países desarrollados, convirtiéndose en la región urbanizada con casi el 80% de sus 600 millones de habitantes viviendo en ciudades, garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de dichas viviendas será fundamental. Lo anterior se vuelve más agudo aún, cuando se toma en cuenta el hecho de que en muchos casos, la vivienda que habiten grandes grupos de la población se constituirá en torno a campamentos, asentamientos irregulares y zonas habitadas por población desplazada.16 A lo anterior ha de sumarse una particular consideración por la inseguridad en la tenencia de la vivienda respecto de grupos especialmente vulnerables, tales como los niños, las minorías sexuales y las mujeres, toda vez que la realización del derecho a una vivienda adecuada está generalmente supeditada al derecho a tener acceso a la tierra, poseerla, administrarla y heredarla. Lo mismo puede ser advertido respecto de los pueblos indígenas, sujetos a regimenes legales generalmente indiferentes a la demarcación de sus tierras y a la generación de estatutos de protección a la tenencia y dominio pleno de los lugares que habitan (Nash, 2009). b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. Como es fácil de advertir, varios de los elementos referidos a la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura de la vivienda adecuada se relacionan con 16 Según COHRE (2006), en América Latina la tenencia informal es común y representa aproximadamente un tercio de la tenencia de viviendas, entre el 30% y 80%.

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el contenido normativo de otros derechos sociales, particularmente el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y el derecho a la salud, todos consagrados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En muchos casos, la satisfacción del cumplimiento de dichos derechos resultará supeditado a las fuertes exigencias que la privatización de servicios básicos puede imponer a quienes son usuarios de dichos servicios. Por ello, es necesario que sin perjuicio de proceder a la externalización de los costos asociados a la satisfacción directa de bienes públicos como agua, electricidad o salud, los Estados velen porque quienes se encuentran en una situación de desventaja social puedan hacer uso de dichos servicios y condiciones en un pie de igualdad. “(…) Los gobiernos tienen la responsabilidad de realizar intervenciones dirigidas a grupos específicos a fin de asegurar el acceso universal a los servicios públicos sobre una base justa y equitativa; este es un elemento fundamental para la realización del derecho a una vivienda adecuada. Al participar en las negociaciones comerciales que se están celebrando en la OMC, los Estados no deberían olvidar su responsabilidad de velar por que sus políticas sean compatibles con sus obligaciones a tenor de los instrumentos internacionales de derechos humanos.” (Kothari 2001). c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales. Los costos de los préstamos para la vivienda pueden transformase en una carga imposible de sobrellevar cuando las unidades de cobro de las deudas implican un constante aumento de la deuda –y por consiguiente del precio- de la vivienda. En ocasiones, la creación de unidades de cobros especiales ha significado que aquellas personas que habían adquirido viviendas en virtud de planes sociales no están en condiciones de seguir sol-

ventando las deudas. En la medida en que las deudas quedan entregadas a la banca privada, se tiende a considerar que el Estado no tiene responsabilidad alguna en la situación que afecta a los deudores y que arriesgan la pérdida de su techo por falta de pago.17 Ello afectará de manera significativa en mujeres jefas de hogar, cuyas remuneraciones son más bajas que la de los hombres y cuyas condiciones y precariedad en el empleo están en desventaja respecto de los varones. A su vez, el denominado proceso de aburguesamiento de zonas urbanas deprimidas, que va acompañado de un aumento del valor de la propiedad y de los alquileres, hace que familias de bajos ingresos vivan en condiciones precarias e incluso que se queden sin vivienda (Kothari 2005, Rodríguez y Sugranyes, 2005). Este panorama de la vivienda plantea cuestiones fundamentales sobre los impactos del libre mercado y la globalización de la economía sobre la vivienda y que el sistema jurídico no puede obviar. Además, la creciente tendencia a la privatización de los servicios y del mercado de la vivienda también provoca por lo general la especulación de los terrenos, la comercialización de la vivienda como un producto más, la aplicación de tasas por la utilización de ciertos servicios, como agua, saneamiento y electricidad, y la revocación o enmienda de las leyes sobre control de alquileres o precios máximos de la tierra; el resultado ha sido una marginación cada vez mayor de los indigentes.” (Kothari 2001). d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas. 17 Un ejemplo crítico de esta situación es el representado por las demandas de grupos de deudores habitacionales con el sector privado. En Chile, la Agrupación Nacional de Derechos Habitacionales Andha Chile a Luchar busca relevar diversas dimensiones problemáticas de los deudores habitacionales y que suelen ser desatendidas por el Estado, en razón de corresponder a deudas contraídas con el sector privado. Ver, http:// www.aluchar.es.tl/Inicio.htm

En el año 1990 de un déficit total de 38 millones de viviendas en la región, 46% correspondía al déficit cuantitativo y 54% al déficit cualitativo; en el año 2000 el déficit total aumenta a 52 millones de viviendas de las cuales un 39% corresponde al déficit cuantitativo y un 61% al déficit cualitativo. Los dos principales problemas que afectan a los hogares son: falta de saneamiento adecuado (24%) e inseguridad en la tenencia (23%); la carencia menos generalizada es la falta de vivienda, que sólo corresponde a un 15% de los hogares (Saborido, 2006). Si las condiciones de la vivienda provocan problemas en la salud de los miembros de la familia, normalmente serán las mujeres quienes tendrán que soportar la carga de las falencias de una vivienda digna: la falta de agua potable, redes de alcantarillado, servicios de salud y escuelas para los niños son cuestiones que tienen una significación especial. Si los niños enferman por diarreas constantes por la falta de agua potable o redes de alcantarillado, o no tienen acceso servicios de salud cercanos a los lugares que habitan, es muy probable que las mujeres a su cargo deban desplegar el doble de esfuerzos en sus labores reproductivas, en desmedro de su capacidad productiva. e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho. En virtud del principio de no discriminación consagrado en los derechos humanos se considera a todas las personas como titulares de derechos, incluidas las personas con discapacidad. La vivienda no sólo debe ser accesible física y económicamente a las personas con discapacidad, sino que éstas deben disfrutar también de una participación efectiva en la vida de la comunidad en que

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cia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados. El derecho a la tierra está inextricablemente unido al derecho a una vivienda adecuada. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a datos del BID, América Latina tiene una de las tasas de urbanización más altas del mundo y se prevé que para 2020 el porcentaje de su población que habitará en zonas urbanas superará el de los países desarrollados, convirtiéndose en la región urbanizada con casi el 80% de sus 600 millones de habitantes viviendo en ciudades, garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de dichas viviendas será fundamental. Lo anterior se vuelve más agudo aún, cuando se toma en cuenta el hecho de que en muchos casos, la vivienda que habiten grandes grupos de la población se constituirá en torno a campamentos, asentamientos irregulares y zonas habitadas por población desplazada.16 A lo anterior ha de sumarse una particular consideración por la inseguridad en la tenencia de la vivienda respecto de grupos especialmente vulnerables, tales como los niños, las minorías sexuales y las mujeres, toda vez que la realización del derecho a una vivienda adecuada está generalmente supeditada al derecho a tener acceso a la tierra, poseerla, administrarla y heredarla. Lo mismo puede ser advertido respecto de los pueblos indígenas, sujetos a regimenes legales generalmente indiferentes a la demarcación de sus tierras y a la generación de estatutos de protección a la tenencia y dominio pleno de los lugares que habitan (Nash, 2009). b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. Como es fácil de advertir, varios de los elementos referidos a la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura de la vivienda adecuada se relacionan con 16 Según COHRE (2006), en América Latina la tenencia informal es común y representa aproximadamente un tercio de la tenencia de viviendas, entre el 30% y 80%.

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el contenido normativo de otros derechos sociales, particularmente el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y el derecho a la salud, todos consagrados por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En muchos casos, la satisfacción del cumplimiento de dichos derechos resultará supeditado a las fuertes exigencias que la privatización de servicios básicos puede imponer a quienes son usuarios de dichos servicios. Por ello, es necesario que sin perjuicio de proceder a la externalización de los costos asociados a la satisfacción directa de bienes públicos como agua, electricidad o salud, los Estados velen porque quienes se encuentran en una situación de desventaja social puedan hacer uso de dichos servicios y condiciones en un pie de igualdad. “(…) Los gobiernos tienen la responsabilidad de realizar intervenciones dirigidas a grupos específicos a fin de asegurar el acceso universal a los servicios públicos sobre una base justa y equitativa; este es un elemento fundamental para la realización del derecho a una vivienda adecuada. Al participar en las negociaciones comerciales que se están celebrando en la OMC, los Estados no deberían olvidar su responsabilidad de velar por que sus políticas sean compatibles con sus obligaciones a tenor de los instrumentos internacionales de derechos humanos.” (Kothari 2001). c) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales. Los costos de los préstamos para la vivienda pueden transformase en una carga imposible de sobrellevar cuando las unidades de cobro de las deudas implican un constante aumento de la deuda –y por consiguiente del precio- de la vivienda. En ocasiones, la creación de unidades de cobros especiales ha significado que aquellas personas que habían adquirido viviendas en virtud de planes sociales no están en condiciones de seguir sol-

ventando las deudas. En la medida en que las deudas quedan entregadas a la banca privada, se tiende a considerar que el Estado no tiene responsabilidad alguna en la situación que afecta a los deudores y que arriesgan la pérdida de su techo por falta de pago.17 Ello afectará de manera significativa en mujeres jefas de hogar, cuyas remuneraciones son más bajas que la de los hombres y cuyas condiciones y precariedad en el empleo están en desventaja respecto de los varones. A su vez, el denominado proceso de aburguesamiento de zonas urbanas deprimidas, que va acompañado de un aumento del valor de la propiedad y de los alquileres, hace que familias de bajos ingresos vivan en condiciones precarias e incluso que se queden sin vivienda (Kothari 2005, Rodríguez y Sugranyes, 2005). Este panorama de la vivienda plantea cuestiones fundamentales sobre los impactos del libre mercado y la globalización de la economía sobre la vivienda y que el sistema jurídico no puede obviar. Además, la creciente tendencia a la privatización de los servicios y del mercado de la vivienda también provoca por lo general la especulación de los terrenos, la comercialización de la vivienda como un producto más, la aplicación de tasas por la utilización de ciertos servicios, como agua, saneamiento y electricidad, y la revocación o enmienda de las leyes sobre control de alquileres o precios máximos de la tierra; el resultado ha sido una marginación cada vez mayor de los indigentes.” (Kothari 2001). d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas. 17 Un ejemplo crítico de esta situación es el representado por las demandas de grupos de deudores habitacionales con el sector privado. En Chile, la Agrupación Nacional de Derechos Habitacionales Andha Chile a Luchar busca relevar diversas dimensiones problemáticas de los deudores habitacionales y que suelen ser desatendidas por el Estado, en razón de corresponder a deudas contraídas con el sector privado. Ver, http:// www.aluchar.es.tl/Inicio.htm

En el año 1990 de un déficit total de 38 millones de viviendas en la región, 46% correspondía al déficit cuantitativo y 54% al déficit cualitativo; en el año 2000 el déficit total aumenta a 52 millones de viviendas de las cuales un 39% corresponde al déficit cuantitativo y un 61% al déficit cualitativo. Los dos principales problemas que afectan a los hogares son: falta de saneamiento adecuado (24%) e inseguridad en la tenencia (23%); la carencia menos generalizada es la falta de vivienda, que sólo corresponde a un 15% de los hogares (Saborido, 2006). Si las condiciones de la vivienda provocan problemas en la salud de los miembros de la familia, normalmente serán las mujeres quienes tendrán que soportar la carga de las falencias de una vivienda digna: la falta de agua potable, redes de alcantarillado, servicios de salud y escuelas para los niños son cuestiones que tienen una significación especial. Si los niños enferman por diarreas constantes por la falta de agua potable o redes de alcantarillado, o no tienen acceso servicios de salud cercanos a los lugares que habitan, es muy probable que las mujeres a su cargo deban desplegar el doble de esfuerzos en sus labores reproductivas, en desmedro de su capacidad productiva. e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situaci��n de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho. En virtud del principio de no discriminación consagrado en los derechos humanos se considera a todas las personas como titulares de derechos, incluidas las personas con discapacidad. La vivienda no sólo debe ser accesible física y económicamente a las personas con discapacidad, sino que éstas deben disfrutar también de una participación efectiva en la vida de la comunidad en que

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viven (Kothari, 2003). En el caso de las mujeres, la desigualdad en el acceso y la tenencia a la tierra no sólo obedece a cambios económicos estructurales, sino también culturales y jurídicos en que niegan o limitan el derecho de las mujeres el acceso a la herencia, a la adquisición de préstamos de parte de instituciones públicas o privadas o el establecimiento de requisitos que implican una desventaja para este grupo (Kothari 2001). De la misma manera, si la capacidad jurídica de la mujer está limitada por su estado civil, requerirá de la anuencia del cónyuge o pareja para celebrar contratos, o se convertirá en una barrera para ejercer derechos frente a terceros sobre su vivienda. Ello resulta particularmente relevante cuando los programas habitacionales diseñados por el Estado están infiltrados por estereotipos. Se suelen otorgar subsidios habitacionales, entregas de tierra o regularización de títulos al cabeza de hogar, o “al jefe de familia”, lo que tiende a entenderse al hombre18. En el caso de Chile, por ejemplo, los planes de regularización de predios rurales han significado que las mujeres obtienen regularización de títulos predios más pequeños que los hombres.19 Debe entenderse que el acceso a una vivienda adecuada, en el contexto de la noción de asequibilidad, integra existencia de medidas temporales o permanentes para todos aquellos grupos más vulnerables. Así por ejemplo, el alojamiento temporal a través de casas de refugio para mujeres que experimentan violencia doméstica, o condiciones carcelarias adecuadas para aquellas personas privadas de libertad (Kothari 2005). f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. El desarrollo de asentamientos urbanos, y especialmente 18 Véase por ejemplo, Observaciones Finales CEDAW: República Dominicana,, 14/05/98/, A./53/38, párs. 332 y 343. 19 El Ministerio de Bienes Nacionales de Chile implementó en 1992 un programa de regularización de títulos de propiedades rurales. En la evaluación realizada en 1996, se constató que un 45,4% de los beneficiados eran mujeres, y el restante hombres, mientras que en el caso de las parcelas, ese porcentaje bajaba a 39,8%. Véase, Zavala (s/f).

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el desarrollo de planes habitacionales sociales, deben estar precedidos, en lo posible, por una evaluación de las posibles fuentes de contaminación, las condiciones climáticas o geográficas que permitan que las viviendas allí construidas sean seguras. En muchas ocasiones, los planes de vivienda social se ubican en zonas periféricas de las ciudades sin infraestructura social básica, sin acceso a los empleos, o red de transporte urbano con lo cual no logran cumplir los objetivos de aliviar las condiciones de vida de los sectores sociales más vulnerables. El costo del suelo tiende a que las viviendas de personas de menos ingresos se encuentren en áreas geográficamente accidentadas, que estén más expuestas a las catástrofes naturales. Si bien ellas no son situaciones imputables al Estado, los efectos en algunos asentamientos humanos pueden serlo en la medida en que no se hayan realizado los controles administrativos que permitan morigerar o evitar los efectos de estos desastres. g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos. La cuestión de la adecuación cultural de la vivienda resulta fundamental para respetar la diversidad de sociedades complejas. Lo anterior implica una particular preocupación por respetar las formas de vida, tradiciones y prácticas habitacionales de minorías etno-culturales, como los pueblos indígenas, a la hora de diseñar e implementar las políticas de vivienda a nivel local, regional y nacional.

4. Obligaciones generales vinculadas al derecho a la vivienda adecuada. Un derecho social puede considerarse vulnerado cuando su negación es producto de un acto de abuso de poder, pudiendo provenir tanto de omisiones como de acciones, por parte del Estado o de agentes privados. Tratándose específicamente del Derecho a una Vivienda Adecuada, la obligación del Estado radica en procurar por todos los medios posibles, que todos tengan acceso a recursos habitacionales adecuados para su salud, bienestar y seguridad. Lo anterior no significa que el Estado deba construir viviendas para toda la población, o que deba proveerla de manera gratuita a toda persona que la solicite, ni siquiera que deba cumplir de manera inmediata con todos los aspectos que el derecho involucra.

Es claro que los Estados no pueden satisfacer de forma inmediata todos los elementos que integran el contenido del derecho, siempre que se procure por una satisfacción progresiva del derecho en un tiempo razonablemente breve, garantizando así, un “umbral mínimo” hasta el máximo de los recursos disponibles, otorgando prioridad a los grupos más vulnerables. En base a estas consideraciones generales, el Comité de DESC ha consolidado una estructura tripartita de obligaciones de respeto, protección y cumplimiento de los derechos sociales, las que pueden ser entendidas de la siguiente manera:

a. La obligación de respetar el derecho a la vivienda adecuada. En términos generales, la obligación de respetar los derechos sociales importa el cumplimiento de una obligación de carácter negativo por parte de cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público, consistente en no lesionar directamente los derechos. Conforme a esta obligación, los Estados se comprometen a no dañar los derechos establecidos en su sistema jurídico interno (que incluye las obligaciones internacionales de derechos humanos ratificadas), por ejemplo, a través de la abstención de ejecutar actos públicos que importen la privación de alguno de los derechos sociales. En este sentido, por ejemplo, el Comité DESC ha señalado respecto a los desahucios o desalojos forzados que: “[...] las instancias de desahucios forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto y solo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional”.20 El Comité también ha consignado la obligación de todo estado de intentar disminuir los impactos de desalojos forzados sobre poblaciones vulnerables (mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro tipo) y, particularmente, 20 Comité DESC, Observación general Nº 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del articulo 11 del Pacto), E/1991/23, 13 de diciembre de 1991, Párr. 18. El término “desahucio o desalojo forzoso” se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Comité DESC, Observación General Nº 7, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos, en particular, párrafos 3 y 8.

respecto de aquellos que no dispongan de recursos suficientes, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.21 Tratándose de mujeres víctimas de desalojos forzosos, éstas suelen ser objeto de formas agravadas de vulnerabilidad socioeconómica, aumento de la morbilidad, pérdida de medios de vida e ingresos, aumento de la presión por conseguir trabajo, falta de indemnizaciones, movilidad y acceso al dominio público, desmembración de su pertenencia comunitaria y violencia.22 En el caso de niños, niñas y adolescentes que experimentan desalojos forzosos, suele haber afectaciones graves a su dignidad humana, salud física y mental y la calidad de vida general, relacionadas con la pérdida del vínculo con el hogar.23 A su vez, las comunidades indígenas, las minorías nacionales (como los Romaní) y los propios defensores de derechos humanos suelen resultar particularmente afectados por las prácticas de desalojos forzosos y por ello, debe proveerse de medidas especiales de protección a estos grupos.24

b. Obligación de proteger el derecho a la vivienda adecuada. La obligación de proteger los derechos sociales se ordena hacia la realización de todas aquellas acciones positivas por parte del Estado y que tienen por objeto el prevenir el abuso de terceras personas en contra de los derechos de otros particulares. En otras palabras, la obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas legislativas o de otra índole, destinadas a impedir que terceros -particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre- menoscaben en modo alguno el disfrute de un derecho social. En materia de derecho a la vivienda adecuada, esta obligación implicará, por ejemplo, que los Estados pongan a disposición de las personas y grupos bajo su jurisdicción: “a)  apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios planeados o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales; b) procedimientos jurídicos que buscan indemnización después de un desahucio ilegal; c) reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los propietarios (sean públicos o privados) en relación con los niveles de alquiler, mantenimiento de la vivienda y discriminación racial u otras formas de discriminación; d) denuncias de cualquier forma de discriminación en la asignación y disponibilidad de acceso a la vivienda; y e) reclamaciones contra los propietarios 21 22 23 24

Idem, Párrs., 10 y 16. Idem, párrs. 49-56. Idem., párrs. 58-61. Idem., Párrs. 62-67.

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viven (Kothari, 2003). En el caso de las mujeres, la desigualdad en el acceso y la tenencia a la tierra no sólo obedece a cambios económicos estructurales, sino también culturales y jurídicos en que niegan o limitan el derecho de las mujeres el acceso a la herencia, a la adquisición de préstamos de parte de instituciones públicas o privadas o el establecimiento de requisitos que implican una desventaja para este grupo (Kothari 2001). De la misma manera, si la capacidad jurídica de la mujer está limitada por su estado civil, requerirá de la anuencia del cónyuge o pareja para celebrar contratos, o se convertirá en una barrera para ejercer derechos frente a terceros sobre su vivienda. Ello resulta particularmente relevante cuando los programas habitacionales diseñados por el Estado están infiltrados por estereotipos. Se suelen otorgar subsidios habitacionales, entregas de tierra o regularización de títulos al cabeza de hogar, o “al jefe de familia”, lo que tiende a entenderse al hombre18. En el caso de Chile, por ejemplo, los planes de regularización de predios rurales han significado que las mujeres obtienen regularización de títulos predios más pequeños que los hombres.19 Debe entenderse que el acceso a una vivienda adecuada, en el contexto de la noción de asequibilidad, integra existencia de medidas temporales o permanentes para todos aquellos grupos más vulnerables. Así por ejemplo, el alojamiento temporal a través de casas de refugio para mujeres que experimentan violencia doméstica, o condiciones carcelarias adecuadas para aquellas personas privadas de libertad (Kothari 2005). f) Lugar. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. El desarrollo de asentamientos urbanos, y especialmente 18 Véase por ejemplo, Observaciones Finales CEDAW: República Dominicana,, 14/05/98/, A./53/38, párs. 332 y 343. 19 El Ministerio de Bienes Nacionales de Chile implementó en 1992 un programa de regularización de títulos de propiedades rurales. En la evaluación realizada en 1996, se constató que un 45,4% de los beneficiados eran mujeres, y el restante hombres, mientras que en el caso de las parcelas, ese porcentaje bajaba a 39,8%. Véase, Zavala (s/f).

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el desarrollo de planes habitacionales sociales, deben estar precedidos, en lo posible, por una evaluación de las posibles fuentes de contaminación, las condiciones climáticas o geográficas que permitan que las viviendas allí construidas sean seguras. En muchas ocasiones, los planes de vivienda social se ubican en zonas periféricas de las ciudades sin infraestructura social básica, sin acceso a los empleos, o red de transporte urbano con lo cual no logran cumplir los objetivos de aliviar las condiciones de vida de los sectores sociales más vulnerables. El costo del suelo tiende a que las viviendas de personas de menos ingresos se encuentren en áreas geográficamente accidentadas, que estén más expuestas a las catástrofes naturales. Si bien ellas no son situaciones imputables al Estado, los efectos en algunos asentamientos humanos pueden serlo en la medida en que no se hayan realizado los controles administrativos que permitan morigerar o evitar los efectos de estos desastres. g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y por que se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos. La cuestión de la adecuación cultural de la vivienda resulta fundamental para respetar la diversidad de sociedades complejas. Lo anterior implica una particular preocupación por respetar las formas de vida, tradiciones y prácticas habitacionales de minorías etno-culturales, como los pueblos indígenas, a la hora de diseñar e implementar las políticas de vivienda a nivel local, regional y nacional.

4. Obligaciones generales vinculadas al derecho a la vivienda adecuada. Un derecho social puede considerarse vulnerado cuando su negación es producto de un acto de abuso de poder, pudiendo provenir tanto de omisiones como de acciones, por parte del Estado o de agentes privados. Tratándose específicamente del Derecho a una Vivienda Adecuada, la obligación del Estado radica en procurar por todos los medios posibles, que todos tengan acceso a recursos habitacionales adecuados para su salud, bienestar y seguridad. Lo anterior no significa que el Estado deba construir viviendas para toda la población, o que deba proveerla de manera gratuita a toda persona que la solicite, ni siquiera que deba cumplir de manera inmediata con todos los aspectos que el derecho involucra.

Es claro que los Estados no pueden satisfacer de forma inmediata todos los elementos que integran el contenido del derecho, siempre que se procure por una satisfacción progresiva del derecho en un tiempo razonablemente breve, garantizando así, un “umbral mínimo” hasta el máximo de los recursos disponibles, otorgando prioridad a los grupos más vulnerables. En base a estas consideraciones generales, el Comité de DESC ha consolidado una estructura tripartita de obligaciones de respeto, protección y cumplimiento de los derechos sociales, las que pueden ser entendidas de la siguiente manera:

a. La obligación de respetar el derecho a la vivienda adecuada. En términos generales, la obligación de respetar los derechos sociales importa el cumplimiento de una obligación de carácter negativo por parte de cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público, consistente en no lesionar directamente los derechos. Conforme a esta obligación, los Estados se comprometen a no dañar los derechos establecidos en su sistema jurídico interno (que incluye las obligaciones internacionales de derechos humanos ratificadas), por ejemplo, a través de la abstención de ejecutar actos públicos que importen la privación de alguno de los derechos sociales. En este sentido, por ejemplo, el Comité DESC ha señalado respecto a los desahucios o desalojos forzados que: “[...] las instancias de desahucios forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto y solo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional”.20 El Comité también ha consignado la obligación de todo estado de intentar disminuir los impactos de desalojos forzados sobre poblaciones vulnerables (mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro tipo) y, particularmente, 20 Comité DESC, Observación general Nº 4, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del articulo 11 del Pacto), E/1991/23, 13 de diciembre de 1991, Párr. 18. El término “desahucio o desalojo forzoso” se define como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Comité DESC, Observación General Nº 7, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos, en particular, párrafos 3 y 8.

respecto de aquellos que no dispongan de recursos suficientes, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.21 Tratándose de mujeres víctimas de desalojos forzosos, éstas suelen ser objeto de formas agravadas de vulnerabilidad socioeconómica, aumento de la morbilidad, pérdida de medios de vida e ingresos, aumento de la presión por conseguir trabajo, falta de indemnizaciones, movilidad y acceso al dominio público, desmembración de su pertenencia comunitaria y violencia.22 En el caso de niños, niñas y adolescentes que experimentan desalojos forzosos, suele haber afectaciones graves a su dignidad humana, salud física y mental y la calidad de vida general, relacionadas con la pérdida del vínculo con el hogar.23 A su vez, las comunidades indígenas, las minorías nacionales (como los Romaní) y los propios defensores de derechos humanos suelen resultar particularmente afectados por las prácticas de desalojos forzosos y por ello, debe proveerse de medidas especiales de protección a estos grupos.24

b. Obligación de proteger el derecho a la vivienda adecuada. La obligación de proteger los derechos sociales se ordena hacia la realización de todas aquellas acciones positivas por parte del Estado y que tienen por objeto el prevenir el abuso de terceras personas en contra de los derechos de otros particulares. En otras palabras, la obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas legislativas o de otra índole, destinadas a impedir que terceros -particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre- menoscaben en modo alguno el disfrute de un derecho social. En materia de derecho a la vivienda adecuada, esta obligación implicará, por ejemplo, que los Estados pongan a disposición de las personas y grupos bajo su jurisdicción: “a)  apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios planeados o demoliciones mediante la emisión de mandatos de los tribunales; b) procedimientos jurídicos que buscan indemnización después de un desahucio ilegal; c) reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los propietarios (sean públicos o privados) en relación con los niveles de alquiler, mantenimiento de la vivienda y discriminación racial u otras formas de discriminación; d) denuncias de cualquier forma de discriminación en la asignación y disponibilidad de acceso a la vivienda; y e) reclamaciones contra los propietarios 21 22 23 24

Idem, Párrs., 10 y 16. Idem, párrs. 49-56. Idem., párrs. 58-61. Idem., Párrs. 62-67.

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acerca de condiciones de viviendas insalubres o inadecuadas. En algunos sistemas jurídicos podría ser también adecuado estudiar la posibilidad de facilitar juicios en situaciones que implican niveles de gran aumento de personas sin hogar.”25 Adicionalmente, la obligación de proteger el derecho a la vivienda adecuada resulta particularmente relevante como garantía para intentar disminuir los impactos de los procesos de privatización sobre poblaciones vulnerables. Si bien la mayoría de la población mundial vive en algún tipo de alojamiento, aproximadamente la mitad no goza de todos los derechos necesarios para que esa vivienda pueda considerarse adecuada. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, cerca de 100 millones de personas en todo el mundo no tienen donde vivir y más de 1.000 millones no tienen una vivienda adecuada (Kothari 2005). Tal escenario carece de una causa única y fácilmente identificable. Con todo, diversos estudios desarrollados en la materia tienden a sugerir que las razones de dicha falta serían diversas y polifacéticas. Entre otras causas, se indica la falta de vivienda asequible, la especulación con la vivienda y las tierras con fines de inversión, la privatización de los servicios comunitarios, la migración del campo a la ciudad sin planificación previa y la destrucción y desplazamientos causados por los conflictos o los desastres naturales (Un Hábitat 2003).

c. Obligación de cumplir con el derecho a la vivienda adecuada. Conforme a esta tercera obligación general, los Estados se comprometen a adoptar medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a los derechos sociales.26 Esta obligación, a su vez, se divide en tres obligaciones específicas: 1) Facilitar (que exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer los derechos sociales); 2) Promover (que impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca de los derechos sociales) y; Garantizar (que implica el deber de hacer efectivos los derechos sociales en aquellos casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos esos derechos con los medios a su disposición).27 En materia de derecho a la vivienda adecuada la obligación de cumplir puede ser traducida de diversas formas. La sub-obligación de facilitar, puede satisfacerse, por 25 Comité DESC, Observación General N°4, Párr. 17. 26 Comité DESC, Observación General Nº 14, Párr. 33. 27 Comité DESC, Observación General Nº 15, Párrs. 25-29.

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ejemplo, garantizando la seguridad en la tenencia por medio de la provisión de títulos de tierra, del aseguramiento de provisiones anti-discriminatorias o del apoyo legal a organizaciones comunitarias. Además puede entrañar prestaciones concretas y medidas redistributivas, tales como reformas tributarias progresivas, oferta pública de viviendas subvencionadas o promoción y apoyo financiero de planes para facilitar el acceso a una vivienda económicamente asequible. La sub-obligación de promover, a su turno, puede incluir el deber estatal de informar y dar publicidad a leyes y disposiciones administrativas en materia de vivienda, particularmente a aquellas referidas a la oferta existente, a la situación de viviendas no ocupadas o disponibles para ocupar, a los peligros ambientales próximos a las viviendas, entre otros datos. Mas generalmente, la sub-obligación de promover debiera implicar que todos aquellos proyectos (viales, habitacionales, medioambientales, entre otros) que puedan afectar la vivienda de las personas, vayan acompañados de información disponible a las personas y comunidades afectadas, de forma oportuna y completa. Finalmente, la sub-obligación de garantizar, se podrá manifestar de diversas formas y tendrá una directa relación con el principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos sociales y su carácter subsidiario.

5. Obligaciones inmediatas vinculadas al derecho a la vivienda adecuada. Como es bien sabido, los derechos sociales implican el cumplimiento de una serie de obligaciones que permitan a los estados avanzar “progresivamente” hacia la plena satisfacción de tales derechos, y en base “a los recursos de que dispongan”. Sin perjuicio de esta idea de progresividad –que intentare precisar en el siguiente acápite- todos los derechos sociales importan una serie de obligaciones de carácter inmediato para los estados (es decir, no sujeta a la cláusula de progresividad y limitación presupuestaria). En primer lugar, de la obligación estatal de implementación progresiva de los DESC se deriva que la obligación mínima asumida por el Estado al respecto es la obligación de no regresividad, es decir, “la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación de los DESC de los que gozaba la población al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, o bien cada mejora “progresiva.”28 En efecto, de la obligación de cumplimiento progresivo se deriva el deber de avanzar en los 28 Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta S.A., 2002, Madrid, página 94.

niveles de satisfacción de los DESC. Por tal razón las medidas regresivas en materia de DESC sólo se justifican si es que el Estado acredita que dichas restricciones han sido establecidas en atención a todos los derechos que el tratado consagra y en el contexto de una máxima utilización de los recursos disponibles.29 Al mismo tiempo, toda medida de carácter regresivo, una vez que sea acreditada la excepcionalidad de su procedencia de acuerdo a la aplicación estricta de los criterios señalados, debe establecer paralelamente medios de compensación que tiendan a disminuir los impactos negativos que este tipo de decisiones públicas generan en la población más vulnerable de la sociedad. En otras palabras, al constituir una limitación a los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos, las medidas de carácter regresivo requieren de una fuerte justificación de acuerdo a las disposiciones generales sobre restricciones y/o suspensiones a los derechos y a los principios que inspiran una sociedad democrática (Alston y Quin 1987). En segundo lugar, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no se limita a establecer un conjunto de obligaciones progresivas, sin un contenido actual o inmediato.30 Tal y como lo establecen los Principios de Limburgo, “La obligación de ‘alcanzar de manera progresiva la total protección de los derechos’ insta a los Estados Partes a tomar pasos tan rápido como sea posible dirigidos a la realización de los derechos. Bajo ninguna circunstancia podrá esto ser interpretado en el sentido de que el Estado pueda disuadir de manera indeterminada sus esfuerzos para asegurar su total realización. Por el contrario, todos los Estados Partes tienen la obligación de comenzar de manera inmediata a adoptar medidas para dar cumplimiento a sus obligaciones bajo el Pacto”.31 En base a estas consideraciones, todos los estados – independientemente de su nivel de desarrollo y acceso a recursos- tienen el deber jurídico inmediato de satisfacer, a lo menos, las siguientes obligaciones:

a) Utilización del máximo de los recursos disponibles. Como ya hemos indicado, las medidas destinadas a lograr el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales deben ser adoptadas hasta el máximo de los recursos disponibles.32 Pues bien ¿Qué quiere decir la expresión “hasta el máximo de los recursos disponibles? La expresión “recursos” no se refiere exclusivamente al 29 Comité del PIDESC, Observación General No. 3, Párr. 9. 30 Comité del PIDESC, Observación General No. 3, Párr. 9. 31 The Limburg Principles on the Implementation of he International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN/ Document E/CN.4/1987/17, Ver Principios 21-24. 32 PIDESC, Articulo 2 (1).

gasto público o fiscal.33 En otras palabras, las obligaciones derivadas del PIDESC exigen una interpretación amplia sobre la disponibilidad de recursos por parte de los Estados que incluya no sólo el gasto público, sino que considere: a) recursos humanos, b) recursos tecnológicos, c) recursos informativos, d) recursos naturales y, e) recursos financieros (Robertson 1994); considerando el establecimiento de un marco regulatorio legal y administrativo que permita al Estado tomar en cuenta aquellos recursos sobre los que no posee un control directo y que le permita hacer efectivos niveles mínimos de redistribución (Turk, 1992). En consecuencia, la obligación de adoptar medidas “hasta el máximo de los recursos disponibles” requiere que los Estados intensifiquen la búsqueda y creación de todos aquellos medios -no sólo financieros- que permitan cumplir con los estándares mínimos de protección. De lo contrario, la sola escasez de recursos no excusará al Estado -a priori- del cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

b) Obligación absoluta de respetar el contenido esencial o mínimo de los DESC. El termino “contenido esencial” hace referencia a aquel contenido básico sin el cual todo derecho pierde su significancia sustantiva como derecho humano (Coomans, 1995). En el contexto general de la escasez de recursos más o menos limitada que se presupone respecto de todo Estado, la noción de contenido esencial o mínimo viene a constituir un límite básico para la acción discrecional de este último. Conforme a esta visión, la obligación de respetar el contenido mínimo o esencial no busca que se garantice la plena satisfacción de los DESC. Por el contrario, esta obligación se orienta a impedir que los Estados permitan que una persona o un grupo de personas caigan por debajo de un nivel básico de vida que les permita reconocerse y ser reconocidas como personas dignas de igual consideración y respeto por los demás (Arango 2004). En otras palabras, la obligación de respetar el contenido mínimo o esencial de los DESC se basa en el reconocimiento de que no habría justificación para elevar una reclamación a la condición de un derecho -con todas las connotaciones que este concepto presuntamente tienesi su contenido normativo puede ser tan indeterminado que permita la posibilidad de que quienes lo ostentan, no posean ningún derecho particular a nada (Alston 1987). Como bien sabemos, no son pocos los desafíos que los 33 De hecho, las discusiones seguidas durante los trabajos preparatorios del PIDESC, denotan que el término “recursos” fue utilizado en un sentido eminentemente amplio que excede, por mucho, el del solo gasto público o fiscal. Philip Alston and Gerard Quin, op. cit., pp. 156-178.

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acerca de condiciones de viviendas insalubres o inadecuadas. En algunos sistemas jurídicos podría ser también adecuado estudiar la posibilidad de facilitar juicios en situaciones que implican niveles de gran aumento de personas sin hogar.”25 Adicionalmente, la obligación de proteger el derecho a la vivienda adecuada resulta particularmente relevante como garantía para intentar disminuir los impactos de los procesos de privatización sobre poblaciones vulnerables. Si bien la mayoría de la población mundial vive en algún tipo de alojamiento, aproximadamente la mitad no goza de todos los derechos necesarios para que esa vivienda pueda considerarse adecuada. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, cerca de 100 millones de personas en todo el mundo no tienen donde vivir y más de 1.000 millones no tienen una vivienda adecuada (Kothari 2005). Tal escenario carece de una causa única y fácilmente identificable. Con todo, diversos estudios desarrollados en la materia tienden a sugerir que las razones de dicha falta serían diversas y polifacéticas. Entre otras causas, se indica la falta de vivienda asequible, la especulación con la vivienda y las tierras con fines de inversión, la privatización de los servicios comunitarios, la migración del campo a la ciudad sin planificación previa y la destrucción y desplazamientos causados por los conflictos o los desastres naturales (Un Hábitat 2003).

c. Obligación de cumplir con el derecho a la vivienda adecuada. Conforme a esta tercera obligación general, los Estados se comprometen a adoptar medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a los derechos sociales.26 Esta obligación, a su vez, se divide en tres obligaciones específicas: 1) Facilitar (que exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer los derechos sociales); 2) Promover (que impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca de los derechos sociales) y; Garantizar (que implica el deber de hacer efectivos los derechos sociales en aquellos casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos esos derechos con los medios a su disposición).27 En materia de derecho a la vivienda adecuada la obligación de cumplir puede ser traducida de diversas formas. La sub-obligación de facilitar, puede satisfacerse, por 25 Comité DESC, Observación General N°4, Párr. 17. 26 Comité DESC, Observación General Nº 14, Párr. 33. 27 Comité DESC, Observación General Nº 15, Párrs. 25-29.

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ejemplo, garantizando la seguridad en la tenencia por medio de la provisión de títulos de tierra, del aseguramiento de provisiones anti-discriminatorias o del apoyo legal a organizaciones comunitarias. Además puede entrañar prestaciones concretas y medidas redistributivas, tales como reformas tributarias progresivas, oferta pública de viviendas subvencionadas o promoción y apoyo financiero de planes para facilitar el acceso a una vivienda económicamente asequible. La sub-obligación de promover, a su turno, puede incluir el deber estatal de informar y dar publicidad a leyes y disposiciones administrativas en materia de vivienda, particularmente a aquellas referidas a la oferta existente, a la situación de viviendas no ocupadas o disponibles para ocupar, a los peligros ambientales próximos a las viviendas, entre otros datos. Mas generalmente, la sub-obligación de promover debiera implicar que todos aquellos proyectos (viales, habitacionales, medioambientales, entre otros) que puedan afectar la vivienda de las personas, vayan acompañados de información disponible a las personas y comunidades afectadas, de forma oportuna y completa. Finalmente, la sub-obligación de garantizar, se podrá manifestar de diversas formas y tendrá una directa relación con el principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos sociales y su carácter subsidiario.

5. Obligaciones inmediatas vinculadas al derecho a la vivienda adecuada. Como es bien sabido, los derechos sociales implican el cumplimiento de una serie de obligaciones que permitan a los estados avanzar “progresivamente” hacia la plena satisfacción de tales derechos, y en base “a los recursos de que dispongan”. Sin perjuicio de esta idea de progresividad –que intentare precisar en el siguiente acápite- todos los derechos sociales importan una serie de obligaciones de carácter inmediato para los estados (es decir, no sujeta a la cláusula de progresividad y limitación presupuestaria). En primer lugar, de la obligación estatal de implementación progresiva de los DESC se deriva que la obligación mínima asumida por el Estado al respecto es la obligación de no regresividad, es decir, “la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por ende, de sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación de los DESC de los que gozaba la población al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, o bien cada mejora “progresiva.”28 En efecto, de la obligación de cumplimiento progresivo se deriva el deber de avanzar en los 28 Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta S.A., 2002, Madrid, página 94.

niveles de satisfacción de los DESC. Por tal razón las medidas regresivas en materia de DESC sólo se justifican si es que el Estado acredita que dichas restricciones han sido establecidas en atención a todos los derechos que el tratado consagra y en el contexto de una máxima utilización de los recursos disponibles.29 Al mismo tiempo, toda medida de carácter regresivo, una vez que sea acreditada la excepcionalidad de su procedencia de acuerdo a la aplicación estricta de los criterios señalados, debe establecer paralelamente medios de compensación que tiendan a disminuir los impactos negativos que este tipo de decisiones públicas generan en la población más vulnerable de la sociedad. En otras palabras, al constituir una limitación a los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos, las medidas de carácter regresivo requieren de una fuerte justificación de acuerdo a las disposiciones generales sobre restricciones y/o suspensiones a los derechos y a los principios que inspiran una sociedad democrática (Alston y Quin 1987). En segundo lugar, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no se limita a establecer un conjunto de obligaciones progresivas, sin un contenido actual o inmediato.30 Tal y como lo establecen los Principios de Limburgo, “La obligación de ‘alcanzar de manera progresiva la total protección de los derechos’ insta a los Estados Partes a tomar pasos tan rápido como sea posible dirigidos a la realización de los derechos. Bajo ninguna circunstancia podrá esto ser interpretado en el sentido de que el Estado pueda disuadir de manera indeterminada sus esfuerzos para asegurar su total realización. Por el contrario, todos los Estados Partes tienen la obligación de comenzar de manera inmediata a adoptar medidas para dar cumplimiento a sus obligaciones bajo el Pacto”.31 En base a estas consideraciones, todos los estados – independientemente de su nivel de desarrollo y acceso a recursos- tienen el deber jurídico inmediato de satisfacer, a lo menos, las siguientes obligaciones:

a) Utilización del máximo de los recursos disponibles. Como ya hemos indicado, las medidas destinadas a lograr el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales deben ser adoptadas hasta el máximo de los recursos disponibles.32 Pues bien ¿Qué quiere decir la expresión “hasta el máximo de los recursos disponibles? La expresión “recursos” no se refiere exclusivamente al 29 Comité del PIDESC, Observación General No. 3, Párr. 9. 30 Comité del PIDESC, Observación General No. 3, Párr. 9. 31 The Limburg Principles on the Implementation of he International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN/ Document E/CN.4/1987/17, Ver Principios 21-24. 32 PIDESC, Articulo 2 (1).

gasto público o fiscal.33 En otras palabras, las obligaciones derivadas del PIDESC exigen una interpretación amplia sobre la disponibilidad de recursos por parte de los Estados que incluya no sólo el gasto público, sino que considere: a) recursos humanos, b) recursos tecnológicos, c) recursos informativos, d) recursos naturales y, e) recursos financieros (Robertson 1994); considerando el establecimiento de un marco regulatorio legal y administrativo que permita al Estado tomar en cuenta aquellos recursos sobre los que no posee un control directo y que le permita hacer efectivos niveles mínimos de redistribución (Turk, 1992). En consecuencia, la obligación de adoptar medidas “hasta el máximo de los recursos disponibles” requiere que los Estados intensifiquen la búsqueda y creación de todos aquellos medios -no sólo financieros- que permitan cumplir con los estándares mínimos de protección. De lo contrario, la sola escasez de recursos no excusará al Estado -a priori- del cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

b) Obligación absoluta de respetar el contenido esencial o mínimo de los DESC. El termino “contenido esencial” hace referencia a aquel contenido básico sin el cual todo derecho pierde su significancia sustantiva como derecho humano (Coomans, 1995). En el contexto general de la escasez de recursos más o menos limitada que se presupone respecto de todo Estado, la noción de contenido esencial o mínimo viene a constituir un límite básico para la acción discrecional de este último. Conforme a esta visión, la obligación de respetar el contenido mínimo o esencial no busca que se garantice la plena satisfacción de los DESC. Por el contrario, esta obligación se orienta a impedir que los Estados permitan que una persona o un grupo de personas caigan por debajo de un nivel básico de vida que les permita reconocerse y ser reconocidas como personas dignas de igual consideración y respeto por los demás (Arango 2004). En otras palabras, la obligación de respetar el contenido mínimo o esencial de los DESC se basa en el reconocimiento de que no habría justificación para elevar una reclamación a la condición de un derecho -con todas las connotaciones que este concepto presuntamente tienesi su contenido normativo puede ser tan indeterminado que permita la posibilidad de que quienes lo ostentan, no posean ningún derecho particular a nada (Alston 1987). Como bien sabemos, no son pocos los desafíos que los 33 De hecho, las discusiones seguidas durante los trabajos preparatorios del PIDESC, denotan que el término “recursos” fue utilizado en un sentido eminentemente amplio que excede, por mucho, el del solo gasto público o fiscal. Philip Alston and Gerard Quin, op. cit., pp. 156-178.

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Estados –particularmente aquellos más pobres- deben enfrentar para satisfacer las condiciones básicas de justicia respecto de las personas sujetas a su jurisdicción. Al mismo tiempo, no resulta fácil identificar de manera objetiva los denominados contenidos mínimos o esenciales de cada DESC. Con todo, tales desafíos no deben ser vistos como límites insuperables para una debida implementación de obligaciones mínimas que, por medio de una amplia gama de medidas internas y de la cooperación internacional, permitan a los Estados establecer un umbral de decencia básico para las personas sujetas a su jurisdicción.

c) Obligación de no discriminar en el ejercicio de los DESC. La obligación general de no discriminación constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicable a todo derecho, sea este civil, político, económico, social o cultural. En cuanto tal, la obligación de no discriminar en el ejercicio de los derechos humanos importa la prohibición de establecer distinciones arbitrarias basadas en criterios tales como raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional, origen social, posición económica, nacimiento, y cualquier otra condición social (Palacios 2006). En particular, las obligaciones en materia de DESC deben ser adoptadas de manera tal de evitar aquellos factores que influyen negativamente en la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de tales derechos.34

6. Obligaciones progresivas vinculadas al derecho a una vivienda adecuada. El concepto de “progresiva efectividad” de los derechos sociales constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. Con todo, dicho carácter progresivo de los derechos sociales no altera la naturaleza de las obligaciones legales de los Estados. Tales obligaciones requieren que algunas medidas se tomen de manera inmediata –tales como la obligación de adoptar medidas, no discriminar en la aplicación de las mismas o respetar el contenido mínimo o esencial de los derechos- y otras tan pronto sea posible. En el caso de las obligaciones progresivas, las medidas adoptadas por los Estados deben ser deliberadas, concretas y orientadas 34 En este sentido, ver las opiniones del Comité DESC sobre las dimensiones de discriminación que afectan a las mujeres en el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, a la alimentación adecuada, a la educación, al más alto nivel posible de salud y al agua.

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lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.35 En virtud de este último estándar, será siempre de carga de los propios Estados el acreditar un progreso notorio hacia la realización total de los derechos consagrados en el Pacto, sin poder justificar su inactividad en el carácter “meramente progresivo” de las obligaciones internacionales.36 La cláusula de progresividad nos deriva necesariamente a los denominados indicadores de derechos humanos en general, y de los derechos sociales en particular. Como señala Courtis (en Arcidiácono et. al, 2010), la posibilidad conceptual de desarrollar indicadores en materia de derechos humanos supone la posibilidad de “traducir” dimensiones de los distintos derechos humanos reconocidos por tratados internacionales (o por constituciones) en variables susceptibles de ser controladas u observadas. Estas variables pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Una parte importante de los desafíos en esta materia se deben a la complejidad del contenido de cada derecho humano –y esto es aplicable particularmente a los derechos económicos, sociales y culturales, cuya incorporación a instrumentos internacionales de derechos humanos incluye generalmente tanto obligaciones de acción como metas o resultados a alcanzar (Courtis en Arcidiácono et. al 2010, Abramovich et. al. 2007, Malhotra y Fasel 2005) Como se ha señalado, al igual que todo derecho social, el derecho a la vivienda adecuada posee cierto contenido normativo que permite avanzar en su precisión conceptual. Entre otros factores o atributos de la vivienda, el intérprete debe tener en cuenta los siguientes: a) habitabilidad, b) acceso a los servicios, c) asequibilidad de la vivienda y, d) seguridad de la tenencia. Sin embargo, una vez identificados los atributos del derecho de una forma mutuamente exhaustiva, el paso siguiente es determinar una configuración de indicadores estructurales, de proceso y de resultado, que permitan precisar el modo de satisfacción de tales elementos normativos. Entre tales indicadores, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon Kothari, ha destacado los siguientes: “10. Indicadores estructurales. Esos indicadores reflejan la ratificación/aprobación de instrumentos jurídicos y la existencia de mecanismos institucionales básicos que se consideran necesarios para facilitar la realización de un determinado derecho. Entre los indicadores estructurales, que probablemente serán de carácter cualitativo y no cuantitativo, se consideran indicadores tales como el marco temporal y la 35 Comité del PIDESC, Observación General No. 3, Párr. 2. 36 The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights en SIM Special No. 20, 1998, Lineamiento Nº 8.

cobertura de las declaraciones y estrategias sobre la política nacional de vivienda para la aplicación progresiva de medidas en pro del derecho a una vivienda adecuada a diferentes niveles del gobierno, cuando resulte aplicable. 11. Indicadores de proceso. Estos indicadores relacionan los instrumentos normativos del Estado con los acontecimientos importantes, que a su vez se irán sumando convirtiéndose en indicadores de resultado que se pueden relacionar más directamente con la realización de los derechos humanos. Tales indicadores contribuyen a evaluar un aspecto importante del concepto de rendición de cuentas. A diferencia de los indicadores de resultado, los de proceso son más sensibles a los cambios, y por tanto reflejan mejor el ejercicio progresivo del derecho y los esfuerzos de los Estados Partes para proteger los derechos, en particular su obligación plasmada en el artículo 2 del Pacto. Por ejemplo, indicadores tales como “parte del presupuesto público de desarrollo utilizada para vivienda social/de la comunidad” refleja el esfuerzo del Estado Parte para cumplir su obligación de proteger y promover el derecho a una vivienda adecuada. 12. Indicadores de resultado. Registran los logros, individuales y colectivos, que reflejan el estado de realización del derecho humano en un contexto determinado. Los indicadores de resultado tienen dos características importantes. En primer lugar, como ya se ha dicho, están relacionados más directamente con la realización del derecho correspondiente. En segundo lugar, una serie de procesos pueden contribuir al logro de un resultado único. En este caso resulta útil hacer una distinción entre el indicador de proceso y el indicador de resultado. Un ejemplo de un indicador de resultado sería “la parte de hogares con una protección jurídicamente exigible de carácter contractual, estatutario o de otro tipo que proporciona seguridad de la tenencia”. (Kothari 2007) La elaboración de un marco operacional adecuado para la plena exigibilidad del derecho a una vivienda adecuada se encuentra necesariamente vinculada al desarrollo de indicadores y métodos para vigilar y medir el proceso de desarrollo de este derecho (Kothari 2003). Por ello, resulta indispensable que los Estados avancen en la identificación de indicadores de vivienda precisos. Como es sabido, los estados Latinoamericanos suelen caracterizarse por una cierta ligereza en la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, pero sin poseer instrumentos de medición mas precisos que permitan luego dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de dichos instrumentos internacionales. Mientras ciertas obligaciones contienen un carácter jurídico más preciso, otras, como las

de habitalidad, disponibilidad o asequibilidad, necesariamente nos desafían a pensar formas de medición de tales dimensiones que vayan más allá de los términos a los que los defensores de derechos humanos estamos acostumbrados.

7. A modo de conclusión El caso del derecho a la vivienda adecuada es, precisamente, uno de esos casos en los que, como he tratado de graficar, las políticas sociales dejan de ser resorte exclusivo de decisiones contingentes de un gobierno en particular. Sea en virtud de las obligaciones genéricas de respeto, garantía y protección o basado en el set de obligaciones inmediatas e inmediatas que se derivan del Derecho Internacional, los estados deben ser capaces de traducir sus esfuerzos en materia de vivienda al lenguaje de una normatividad de la que ya no les es permitido prescindir. A su vez, el contenido normativo del derecho a la vivienda adecuada (seguridad, disponibilidad, habitabilidad, etc.) y que ha sido progresivamente desarrollado por los órganos internacionales de supervisión, nos permite advertir como este derecho no constituye, como algunos creen, un concepto vacío, sin criterios específicos que orienten su interpretación. Tales elementos normativos, sumados a los esfuerzos por establecer indicadores precisos de la satisfacción progresiva de cada uno de los primeros, coloca al derecho a la vivienda adecuada como un horizonte normativo y político que puede ayudar a orientar la lucha por más y mejores viviendas para la población Latino Americana. Una perspectiva de derechos a los desafíos sociales importa combinar tanto las herramientas de las políticas públicas como los imperativos normativos que pesan sobre estados que se auto-definen como democráticos y constitucionales. No se trata, en consecuencia, de suplantar los esfuerzos por construir programas anclados en políticas sociales tendientes a mejorar la posición de los sectores más vulnerables de la sociedad, sino de advertir como dichas políticas no puedan ya prescindir de criterios legales que se derivan del derecho internacional y del derecho interno. Los derechos, desde esta perspectiva, circunscriben el actuar estatal, pero también –a diferencia de una tradición liberal escéptica de los derechos sociales- buscan orientar positivamente el desarrollo de la legislación, la interpretación judicial y el diseño e implementación de las políticas sociales.

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Estados –particularmente aquellos más pobres- deben enfrentar para satisfacer las condiciones básicas de justicia respecto de las personas sujetas a su jurisdicción. Al mismo tiempo, no resulta fácil identificar de manera objetiva los denominados contenidos mínimos o esenciales de cada DESC. Con todo, tales desafíos no deben ser vistos como límites insuperables para una debida implementación de obligaciones mínimas que, por medio de una amplia gama de medidas internas y de la cooperación internacional, permitan a los Estados establecer un umbral de decencia básico para las personas sujetas a su jurisdicción.

c) Obligación de no discriminar en el ejercicio de los DESC. La obligación general de no discriminación constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicable a todo derecho, sea este civil, político, económico, social o cultural. En cuanto tal, la obligación de no discriminar en el ejercicio de los derechos humanos importa la prohibición de establecer distinciones arbitrarias basadas en criterios tales como raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional, origen social, posición económica, nacimiento, y cualquier otra condición social (Palacios 2006). En particular, las obligaciones en materia de DESC deben ser adoptadas de manera tal de evitar aquellos factores que influyen negativamente en la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de tales derechos.34

6. Obligaciones progresivas vinculadas al derecho a una vivienda adecuada. El concepto de “progresiva efectividad” de los derechos sociales constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período de tiempo. Con todo, dicho carácter progresivo de los derechos sociales no altera la naturaleza de las obligaciones legales de los Estados. Tales obligaciones requieren que algunas medidas se tomen de manera inmediata –tales como la obligación de adoptar medidas, no discriminar en la aplicación de las mismas o respetar el contenido mínimo o esencial de los derechos- y otras tan pronto sea posible. En el caso de las obligaciones progresivas, las medidas adoptadas por los Estados deben ser deliberadas, concretas y orientadas 34 En este sentido, ver las opiniones del Comité DESC sobre las dimensiones de discriminación que afectan a las mujeres en el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, a la alimentación adecuada, a la educación, al más alto nivel posible de salud y al agua.

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lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.35 En virtud de este último estándar, será siempre de carga de los propios Estados el acreditar un progreso notorio hacia la realización total de los derechos consagrados en el Pacto, sin poder justificar su inactividad en el carácter “meramente progresivo” de las obligaciones internacionales.36 La cláusula de progresividad nos deriva necesariamente a los denominados indicadores de derechos humanos en general, y de los derechos sociales en particular. Como señala Courtis (en Arcidiácono et. al, 2010), la posibilidad conceptual de desarrollar indicadores en materia de derechos humanos supone la posibilidad de “traducir” dimensiones de los distintos derechos humanos reconocidos por tratados internacionales (o por constituciones) en variables susceptibles de ser controladas u observadas. Estas variables pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas. Una parte importante de los desafíos en esta materia se deben a la complejidad del contenido de cada derecho humano –y esto es aplicable particularmente a los derechos económicos, sociales y culturales, cuya incorporación a instrumentos internacionales de derechos humanos incluye generalmente tanto obligaciones de acción como metas o resultados a alcanzar (Courtis en Arcidiácono et. al 2010, Abramovich et. al. 2007, Malhotra y Fasel 2005) Como se ha señalado, al igual que todo derecho social, el derecho a la vivienda adecuada posee cierto contenido normativo que permite avanzar en su precisión conceptual. Entre otros factores o atributos de la vivienda, el intérprete debe tener en cuenta los siguientes: a) habitabilidad, b) acceso a los servicios, c) asequibilidad de la vivienda y, d) seguridad de la tenencia. Sin embargo, una vez identificados los atributos del derecho de una forma mutuamente exhaustiva, el paso siguiente es determinar una configuración de indicadores estructurales, de proceso y de resultado, que permitan precisar el modo de satisfacción de tales elementos normativos. Entre tales indicadores, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon Kothari, ha destacado los siguientes: “10. Indicadores estructurales. Esos indicadores reflejan la ratificación/aprobación de instrumentos jurídicos y la existencia de mecanismos institucionales básicos que se consideran necesarios para facilitar la realización de un determinado derecho. Entre los indicadores estructurales, que probablemente serán de carácter cualitativo y no cuantitativo, se consideran indicadores tales como el marco temporal y la 35 Comité del PIDESC, Observación General No. 3, Párr. 2. 36 The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights en SIM Special No. 20, 1998, Lineamiento Nº 8.

cobertura de las declaraciones y estrategias sobre la política nacional de vivienda para la aplicación progresiva de medidas en pro del derecho a una vivienda adecuada a diferentes niveles del gobierno, cuando resulte aplicable. 11. Indicadores de proceso. Estos indicadores relacionan los instrumentos normativos del Estado con los acontecimientos importantes, que a su vez se irán sumando convirtiéndose en indicadores de resultado que se pueden relacionar más directamente con la realización de los derechos humanos. Tales indicadores contribuyen a evaluar un aspecto importante del concepto de rendición de cuentas. A diferencia de los indicadores de resultado, los de proceso son más sensibles a los cambios, y por tanto reflejan mejor el ejercicio progresivo del derecho y los esfuerzos de los Estados Partes para proteger los derechos, en particular su obligación plasmada en el artículo 2 del Pacto. Por ejemplo, indicadores tales como “parte del presupuesto público de desarrollo utilizada para vivienda social/de la comunidad” refleja el esfuerzo del Estado Parte para cumplir su obligación de proteger y promover el derecho a una vivienda adecuada. 12. Indicadores de resultado. Registran los logros, individuales y colectivos, que reflejan el estado de realización del derecho humano en un contexto determinado. Los indicadores de resultado tienen dos características importantes. En primer lugar, como ya se ha dicho, están relacionados más directamente con la realización del derecho correspondiente. En segundo lugar, una serie de procesos pueden contribuir al logro de un resultado único. En este caso resulta útil hacer una distinción entre el indicador de proceso y el indicador de resultado. Un ejemplo de un indicador de resultado sería “la parte de hogares con una protección jurídicamente exigible de carácter contractual, estatutario o de otro tipo que proporciona seguridad de la tenencia”. (Kothari 2007) La elaboración de un marco operacional adecuado para la plena exigibilidad del derecho a una vivienda adecuada se encuentra necesariamente vinculada al desarrollo de indicadores y métodos para vigilar y medir el proceso de desarrollo de este derecho (Kothari 2003). Por ello, resulta indispensable que los Estados avancen en la identificación de indicadores de vivienda precisos. Como es sabido, los estados Latinoamericanos suelen caracterizarse por una cierta ligereza en la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, pero sin poseer instrumentos de medición mas precisos que permitan luego dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de dichos instrumentos internacionales. Mientras ciertas obligaciones contienen un carácter jurídico más preciso, otras, como las

de habitalidad, disponibilidad o asequibilidad, necesariamente nos desafían a pensar formas de medición de tales dimensiones que vayan más allá de los términos a los que los defensores de derechos humanos estamos acostumbrados.

7. A modo de conclusión El caso del derecho a la vivienda adecuada es, precisamente, uno de esos casos en los que, como he tratado de graficar, las políticas sociales dejan de ser resorte exclusivo de decisiones contingentes de un gobierno en particular. Sea en virtud de las obligaciones genéricas de respeto, garantía y protección o basado en el set de obligaciones inmediatas e inmediatas que se derivan del Derecho Internacional, los estados deben ser capaces de traducir sus esfuerzos en materia de vivienda al lenguaje de una normatividad de la que ya no les es permitido prescindir. A su vez, el contenido normativo del derecho a la vivienda adecuada (seguridad, disponibilidad, habitabilidad, etc.) y que ha sido progresivamente desarrollado por los órganos internacionales de supervisión, nos permite advertir como este derecho no constituye, como algunos creen, un concepto vacío, sin criterios específicos que orienten su interpretación. Tales elementos normativos, sumados a los esfuerzos por establecer indicadores precisos de la satisfacción progresiva de cada uno de los primeros, coloca al derecho a la vivienda adecuada como un horizonte normativo y político que puede ayudar a orientar la lucha por más y mejores viviendas para la población Latino Americana. Una perspectiva de derechos a los desafíos sociales importa combinar tanto las herramientas de las políticas públicas como los imperativos normativos que pesan sobre estados que se auto-definen como democráticos y constitucionales. No se trata, en consecuencia, de suplantar los esfuerzos por construir programas anclados en políticas sociales tendientes a mejorar la posición de los sectores más vulnerables de la sociedad, sino de advertir como dichas políticas no puedan ya prescindir de criterios legales que se derivan del derecho internacional y del derecho interno. Los derechos, desde esta perspectiva, circunscriben el actuar estatal, pero también –a diferencia de una tradición liberal escéptica de los derechos sociales- buscan orientar positivamente el desarrollo de la legislación, la interpretación judicial y el diseño e implementación de las políticas sociales.

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José de la Cruz Garrido Filósofo, Instructor Asociado, Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile

El objetivo principal del presente artículo es esbozar algunos de los puntos centrales que ofrece el enfoque de las capacidades del economista y filósofo Amartya Sen. Para ello, se presenta una contextualización de los lineamientos teóricos que preceden su aproximación, en especial, desde algunas ideas que ofrece el filósofo John Rawls, entre otros. A partir del enfoque de las capacidades y el sentido igualitario que propone, se suma el interés por ofrecer una alternativa documentada de la idea de desventajas, más que pobreza, para referirse a aquellos individuos que están en una situación de vulnerabilidad frente al resto de la sociedad. Así, se pretende contribuir no sólo una sutileza semántica, sino que un modo pertinente de atender una condición que puede cambiar.

Introducción Hoy en día, no cabe duda que la situación de pobreza que afecta a miles de chilenos es parte central del discurso político y que, hace un buen tiempo, se ha vuelto uno de los objetivos primordiales de nuestras políticas públicas. Una de las razones de esto, es que resulta inaceptable al sentido común que, a estas alturas de nuestra vida republicana, aún persistan índices de desigualdad tales, que los más desaventajados ni siquiera tengan la oportunidad de llevar a cabo una vida mínimamente humana. En este contexto, cabe preguntarse, como lo hacía el filósofo Thomas Nagel, si acaso gran parte de nuestros problemas prácticos no tienen ya un origen teórico. Uno de los ejes del debate sobre “pobreza” ha girado en torno a la necesidad de introducir consideraciones éticas, allí donde las ciencias económicas han adoptado una posición hegemónica respecto a los mecanismos que deben imperar en la asignación del producto de un sistema de cooperación social. En efecto, la preeminen-

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cia de los presupuestos economicistas se ha introducido además en el discurso político, con claros matices y pretensiones normativas. No obstante el avance que han registrado los modelos de análisis económico, la persistencia en las desigualdades y en la precariedad de vida de muchos de nuestros compatriotas, nos hacen pensar que difícilmente es posible avanzar apelando únicamente a modelos descriptivos, que explican cómo funciona una sociedad, bajo condiciones que en la práctica no son tales. En este sentido, la discusión sobre la relación existente entre ética y economía no es nueva, y nos remonta a una vasta tradición filosófica que puso en el tapete la idea de establecer exigencias morales a los modelos que explican una elección social. Frente a la gravedad del problema que enfrentamos como sociedad, se deben plantear algunos aspectos de fondo que nos ayuden a pulir algunos conceptos que contribuyan a la discusión. El más importante de éstos es la idea de hablar, más que de “pobres”, de desaventajados, contribuyendo, de paso, a resignifi-

1 Se suele decir que una doctrina liberal comprehensiva es aquella que encuentra su justificación en una determinada visión del ser humano, y se suele conocer también como una doctrina perfeccionista.

en sus casas de un televisor o un microondas, o porque se percibe un sueldo determinado, bajo lo que se considera convencionalmente justo. Más bien, lo que nos interesa es establecer la desventaja que implica no saber leer o no manejar alguna tecnología o no estar en condiciones de suscribir un crédito con el sistema financiero, sin verse perjudicado a largo plazo. Estas desventajas son aplicables a diversos tipos de comunidades y, por tanto, resultan ser competencias que son exigencias transversales, que informan de mejor manera el fin deseable en una política pública, fortaleciendo, en este sentido, su legitimidad. En resumen, para establecer el mérito o valor del desaventajado es necesario contar con principios que ordenen un sistema de cooperación y exijan la colaboración de los más aventajados con los más desaventajados. Esto debido a que, finalmente, hay que reconocer que dónde uno nace, no tiene mérito alguno. El objetivo del presente artículo es detallar algunos conceptos centrales del EC, no sin antes contextualizarlos en el marco de una tradición filosófica y de algunos conceptos de la teoría económica. (Primera sección) A partir de ello, en la segunda sección, se espera proponer, a la luz de las ideas de Amartya Sen, algunas exigencias a las políticas públicas, que sean a su vez congruentes con una idea de derechos sociales.

Primera Sección La tradición filosófica y algunos conceptos de la teoría económica. En los orígenes de la economía como ciencia social, o lo que se conoce también como economía neoclásica en su versión ortodoxa, reside una idea del hombre, específicamente de su racionalidad, que se ha denominado homo economicus (Rodríguez-Sickert, 2009). Con él, en lo fundamental, se informa lo que se llama un modelo de agencia humana, que describe un comportamiento racional, en la medida que éste busque el bienestar personal. A esto se agrega, por las influencias que ejerce la doctrina utilitarista, principalmente encarnada en Jeremy Bentham y John S. Mill, la idea de que el hombre busca maximizar su propio bienestar, el que es cualificado en términos de placer o utilidad. De este modo, se le da carta de nacimiento a los conceptos fundamentales en los que descansará la Teoría de la Elección Racional (TER). Según ésta, el agente maximizador tiene una estructura de preferencias, en la cual los agentes pueden ordenar en forma jerárquica las consecuencias y, de este modo, pueden elegir sus acciones sobre la base de estas preferencias. Es así como la TER puede obtener una estructura de preferencias, entendida como una relación binaria que permite comparar pares de acciones (consecuencias) de un conjunto dado, de acuerdo

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DESVENTAJAS MÁS QUE POBREZA: DERECHOS Y EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES

car la idea de sociedad que pretendemos construir. En este contexto, un autor que le dio vida a uno de los planteamientos teóricos más interesantes de los últimos años, haciendo un puente entre ética y economía, es el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En su artículo “Rights and Capabilities” (1984), el autor nos ofrece la reinserción de algunos elementos sustantivos de la ética en la teoría económica, trabajo conocido como el enfoque de las capacidades (capabilities approach). En este contexto, el enfoque de las capacidades (EC), que se expondrá en el presente artículo, se constituye como una base conceptual normativa para la evaluación, tanto del bienestar individual y de los arreglos sociales, como del diseño de las políticas públicas y de las diversas propuestas para generar cambios sociales. En lo fundamental, la posición de Sen introduce las ideas de libertad y derechos, en el plano de aquellas capacidades que nos habilitan a obrar. De este modo, en su reconocido trabajo “On Ethics and Economics”(1989), Sen responde de manera crítica a la tradición de la economía neoclásica que, en lo fundamental, ha descrito al ser humano en términos de un homo economicus, es decir, en términos de un agente cuya racionalidad está únicamente orientada por la búsqueda del interés personal. El autor nos entrega una teoría comprehensiva, fundada en una concepción antropológica de la libertad1, que refuta la idea de reducir sólo al plano del interés personal los motivos que nos llevan a interactuar en un sistema de cooperación. En este contexto, si consideramos que el objeto del debate actual gira en torno a la pobreza, el enfoque de Sen ofrece algunas consideraciones que nos permiten tener una aproximación más clara sobre aquello que define la condición de desventaja que ésta implica y sobre en virtud de qué criterio estamos en condiciones de llamar “pobre” a un individuo, es decir, qué estándar mide y cualifica, mejor dicho, la desventaja de serlo. De este modo, si hay algo así como una pobreza absoluta es posible darle una legitimidad fuerte a una política pública, quedando en condiciones de responder quiénes son aquellos individuos que merecen ser asistidos, en vistas a salir de un estado de pobreza, o mejor dicho, de una situación de desventaja, abriendo así la posibilidad de aplicar dichos criterios, en distintas realidades. Esto, porque no se tiene simplemente una descripción de la situación de pobreza, en términos cuantitativos o en relación a la posesión de ciertos bienes. Nos interesa cualificar la condición de desventaja de algunos, en términos de habilidades y competencias concretas. Así, no es lo mismo hablar de la pobreza de algunos, por la ausencia

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José de la Cruz Garrido Filósofo, Instructor Asociado, Instituto de Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile

El objetivo principal del presente artículo es esbozar algunos de los puntos centrales que ofrece el enfoque de las capacidades del economista y filósofo Amartya Sen. Para ello, se presenta una contextualización de los lineamientos teóricos que preceden su aproximación, en especial, desde algunas ideas que ofrece el filósofo John Rawls, entre otros. A partir del enfoque de las capacidades y el sentido igualitario que propone, se suma el interés por ofrecer una alternativa documentada de la idea de desventajas, más que pobreza, para referirse a aquellos individuos que están en una situación de vulnerabilidad frente al resto de la sociedad. Así, se pretende contribuir no sólo una sutileza semántica, sino que un modo pertinente de atender una condición que puede cambiar.

Introducción Hoy en día, no cabe duda que la situación de pobreza que afecta a miles de chilenos es parte central del discurso político y que, hace un buen tiempo, se ha vuelto uno de los objetivos primordiales de nuestras políticas públicas. Una de las razones de esto, es que resulta inaceptable al sentido común que, a estas alturas de nuestra vida republicana, aún persistan índices de desigualdad tales, que los más desaventajados ni siquiera tengan la oportunidad de llevar a cabo una vida mínimamente humana. En este contexto, cabe preguntarse, como lo hacía el filósofo Thomas Nagel, si acaso gran parte de nuestros problemas prácticos no tienen ya un origen teórico. Uno de los ejes del debate sobre “pobreza” ha girado en torno a la necesidad de introducir consideraciones éticas, allí donde las ciencias económicas han adoptado una posición hegemónica respecto a los mecanismos que deben imperar en la asignación del producto de un sistema de cooperación social. En efecto, la preeminen-

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cia de los presupuestos economicistas se ha introducido además en el discurso político, con claros matices y pretensiones normativas. No obstante el avance que han registrado los modelos de análisis económico, la persistencia en las desigualdades y en la precariedad de vida de muchos de nuestros compatriotas, nos hacen pensar que difícilmente es posible avanzar apelando únicamente a modelos descriptivos, que explican cómo funciona una sociedad, bajo condiciones que en la práctica no son tales. En este sentido, la discusión sobre la relación existente entre ética y economía no es nueva, y nos remonta a una vasta tradición filosófica que puso en el tapete la idea de establecer exigencias morales a los modelos que explican una elección social. Frente a la gravedad del problema que enfrentamos como sociedad, se deben plantear algunos aspectos de fondo que nos ayuden a pulir algunos conceptos que contribuyan a la discusión. El más importante de éstos es la idea de hablar, más que de “pobres”, de desaventajados, contribuyendo, de paso, a resignifi-

1 Se suele decir que una doctrina liberal comprehensiva es aquella que encuentra su justificación en una determinada visión del ser humano, y se suele conocer también como una doctrina perfeccionista.

en sus casas de un televisor o un microondas, o porque se percibe un sueldo determinado, bajo lo que se considera convencionalmente justo. Más bien, lo que nos interesa es establecer la desventaja que implica no saber leer o no manejar alguna tecnología o no estar en condiciones de suscribir un crédito con el sistema financiero, sin verse perjudicado a largo plazo. Estas desventajas son aplicables a diversos tipos de comunidades y, por tanto, resultan ser competencias que son exigencias transversales, que informan de mejor manera el fin deseable en una política pública, fortaleciendo, en este sentido, su legitimidad. En resumen, para establecer el mérito o valor del desaventajado es necesario contar con principios que ordenen un sistema de cooperación y exijan la colaboración de los más aventajados con los más desaventajados. Esto debido a que, finalmente, hay que reconocer que dónde uno nace, no tiene mérito alguno. El objetivo del presente artículo es detallar algunos conceptos centrales del EC, no sin antes contextualizarlos en el marco de una tradición filosófica y de algunos conceptos de la teoría económica. (Primera sección) A partir de ello, en la segunda sección, se espera proponer, a la luz de las ideas de Amartya Sen, algunas exigencias a las políticas públicas, que sean a su vez congruentes con una idea de derechos sociales.

Primera Sección La tradición filosófica y algunos conceptos de la teoría económica. En los orígenes de la economía como ciencia social, o lo que se conoce también como economía neoclásica en su versión ortodoxa, reside una idea del hombre, específicamente de su racionalidad, que se ha denominado homo economicus (Rodríguez-Sickert, 2009). Con él, en lo fundamental, se informa lo que se llama un modelo de agencia humana, que describe un comportamiento racional, en la medida que éste busque el bienestar personal. A esto se agrega, por las influencias que ejerce la doctrina utilitarista, principalmente encarnada en Jeremy Bentham y John S. Mill, la idea de que el hombre busca maximizar su propio bienestar, el que es cualificado en términos de placer o utilidad. De este modo, se le da carta de nacimiento a los conceptos fundamentales en los que descansará la Teoría de la Elección Racional (TER). Según ésta, el agente maximizador tiene una estructura de preferencias, en la cual los agentes pueden ordenar en forma jerárquica las consecuencias y, de este modo, pueden elegir sus acciones sobre la base de estas preferencias. Es así como la TER puede obtener una estructura de preferencias, entendida como una relación binaria que permite comparar pares de acciones (consecuencias) de un conjunto dado, de acuerdo

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artículo

DESVENTAJAS MÁS QUE POBREZA: DERECHOS Y EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES

car la idea de sociedad que pretendemos construir. En este contexto, un autor que le dio vida a uno de los planteamientos teóricos más interesantes de los últimos años, haciendo un puente entre ética y economía, es el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En su artículo “Rights and Capabilities” (1984), el autor nos ofrece la reinserción de algunos elementos sustantivos de la ética en la teoría económica, trabajo conocido como el enfoque de las capacidades (capabilities approach). En este contexto, el enfoque de las capacidades (EC), que se expondrá en el presente artículo, se constituye como una base conceptual normativa para la evaluación, tanto del bienestar individual y de los arreglos sociales, como del diseño de las políticas públicas y de las diversas propuestas para generar cambios sociales. En lo fundamental, la posición de Sen introduce las ideas de libertad y derechos, en el plano de aquellas capacidades que nos habilitan a obrar. De este modo, en su reconocido trabajo “On Ethics and Economics”(1989), Sen responde de manera crítica a la tradición de la economía neoclásica que, en lo fundamental, ha descrito al ser humano en términos de un homo economicus, es decir, en términos de un agente cuya racionalidad está únicamente orientada por la búsqueda del interés personal. El autor nos entrega una teoría comprehensiva, fundada en una concepción antropológica de la libertad1, que refuta la idea de reducir sólo al plano del interés personal los motivos que nos llevan a interactuar en un sistema de cooperación. En este contexto, si consideramos que el objeto del debate actual gira en torno a la pobreza, el enfoque de Sen ofrece algunas consideraciones que nos permiten tener una aproximación más clara sobre aquello que define la condición de desventaja que ésta implica y sobre en virtud de qué criterio estamos en condiciones de llamar “pobre” a un individuo, es decir, qué estándar mide y cualifica, mejor dicho, la desventaja de serlo. De este modo, si hay algo así como una pobreza absoluta es posible darle una legitimidad fuerte a una política pública, quedando en condiciones de responder quiénes son aquellos individuos que merecen ser asistidos, en vistas a salir de un estado de pobreza, o mejor dicho, de una situación de desventaja, abriendo así la posibilidad de aplicar dichos criterios, en distintas realidades. Esto, porque no se tiene simplemente una descripción de la situación de pobreza, en términos cuantitativos o en relación a la posesión de ciertos bienes. Nos interesa cualificar la condición de desventaja de algunos, en términos de habilidades y competencias concretas. Así, no es lo mismo hablar de la pobreza de algunos, por la ausencia

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a su posición en un orden jerárquico. Dicha estructura es racional si cumple con condiciones de completitud y transitividad2. La primera, la completitud, nos dice que dadas dos consecuencias A y B, que pertenecen al conjunto de acciones dado, o bien, la consecuencia A es débilmente preferida a la consecuencia B, o bien, la consecuencia B es débilmente preferida a la consecuencia A, o el agente es indiferente entre ambas. La segunda propiedad, la transitividad, señala que, si prefiero la consecuencia A a la consecuencia B y, a su vez, prefiero la consecuencia B a la consecuencia C, entonces prefiero la consecuencia A a la consecuencia C. De este modo, si las acciones son caracterizables por una medida continua, como el nivel de consumo, el proceso de decisión se puede modelar por medio de una función de utilidad y, en conformidad, definir el óptimo como un proceso de maximización de utilidad. Este óptimo maximizador cobra en la literatura utilitarista un valor normativo, en el que centran las críticas de autores como Sen. En este contexto, como toda ciencia influida por el positivismo lógico de inicios del siglo XX, una teoría del comportamiento debe prescindir de aquellos aspectos valorativos, que no sean susceptibles de modelación y, por ende, funcionalización. Esto redunda en que los fines de la acción, en cuanto posean un valor intrínseco, son dejados de lado y, en cambio, son sólo objeto de consideración los medios que revelen el dato económico por antonomasia: la utilidad. En este contexto, la idea de racionalidad responde fundamentalmente a una teoría de la racionalidad instrumental y la utilidad es la base informativa de una ciencia del comportamiento humano. Es así como la TER amplía su campo de investigación cuando los objetos de preferencias ya no sólo refieren a cosas, sino a estados de cosas. De este modo, estamos en presencia de una filosofía moral axiomática que se orienta por la acción social3. En ella, se han desarrollado dos criterios de ordenamiento social de los distintos esta2 La TER hace eco de las críticas que Pigou realiza sobre la tradición neoclásica, que afirma que es posible establecer un orden cardinal entre funciones de utilidad. Frente a esta posición, Pigou piensa que sólo es posible establecer magnitudes ordinales. Esto deriva en que sólo podemos ordenar (y así comparar) jerárquicamente conjuntos de acciones asociadas a un conjunto de consecuencias. En este contexto, el ordenamiento responde a ciertas propiedades que le dan coherencia a una estructura de preferencias. Dichas propiedades son, entre otras, la transitividad, y la completitud de nuestra estructura de preferencias. 3 En resumen, tanto la idea de que es posible cuantificar en magnitudes la utilidad, por ejemplo, en términos de placer y dolor, así como que estas magnitudes pueden ser consideradas como números ordinales, resultan ser dos presupuestos idóneos para el proyecto de elaborar una ciencia moral axiomática. De este modo, la agenda que ofrece la TER busca elaborar una ciencia del comportamiento humano que responda a los requerimientos de una ciencia natural, por ejemplo, la predictibilidad.

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dos del mundo: a) bienestarismo y b) no-paternalismo. Con el primero se quiere decir que el ordenamiento social de distintos estados del mundo depende finalmente de la utilidad individual. Esta idea fue justamente explicitada por Sen (1979), quien afirma que detrás de toda economía del bienestar hay una ética social subyacente. En este contexto, uno de los problemas que presenta el bienestarismo es que el mismo conjunto de beneficios sociales puede existir en arreglos sociales distintos. Dicho de otra manera, derechos y libertades pueden ser pasadas por alto y obtener los mismos réditos sociales que en un ordenamiento social donde se respetan dichos derechos. Un ejemplo claro de este conflicto surge cuando incluso se justifican ciertos gobiernos autoritarios, que pasan a llevar derechos esenciales del hombre, mas no obstante presentan niveles de desarrollo económico ejemplares a sociedades democráticas. En el caso del no-paternalismo se establece que el bienestar tiene como sola consideración la visión individual del agente, sin recurrir a valores intrínsecos u objetivos para la evaluación de un arreglo social. Es aquí donde surgen los mayores problemas para las posiciones utilitaristas, al hacernos la pregunta: ¿en qué medida las funciones de utilidad individual entregan información necesaria y suficiente para establecer un ordenamiento social que cumplan con las condiciones formales de una elección racional, a saber, completitud y transitividad? Kenneth Arrow demostró la imposibilidad de la comparación de las utilidades interpersonales en su “General Possibiity Theorem” (1951) y, de este modo, que no es posible obtener un arreglo social completo y transitivo. Esto es lo que constituye un capítulo central de la TER, que se resume en la pregunta de Sen (1985), ¿De qué modo hemos de ver las exigencias de la racionalidad en las decisiones sociales?” En este orden de cosas la TER cobra un nuevo significado, especialmente desde la obra la Teoría de la Justicia (1971) de John Rawls. A partir de ella, las doctrinas utilitaristas influidas por la TER son puestas en cuestión, en particular, en cuanto definen un orden social óptimo, por referencia al mayor bienestar para el mayor número de personas. Para esta tarea se suman los valiosos aportes de la tradición anglosajona como Thomas Nagel, Ronald Dworkin o Robert Nozick, entre otros. También a partir de ellos, es considerado en el centro del debate la discusión sobre qué principio debe ordenar un sistema de cooperación, dotando de una base informativa que sea independiente de las consecuencias o resultados de una decisión, como la mencionada utilidad. En esta mirada, caen los derechos y las libertades.4 En este contexto, el aporte de Sen va en la dirección de pensar que la liber4 Los utilitaristas, en cambio, sólo le habían dado lugar a éstos, en la medida que fueran medios para la obtención de una mayor utilidad.

tad es un criterio independiente para la base informativa que busca definir el bienestar, el que consiste, más que en una utilidad presuntamente cuantificable, en la posibilidad de una vida bien vivida. De este modo, cabe incluir en el análisis los fines que son deseables para una sociedad y el lugar de arranque de sus integrantes. Con esta idea de libertad, más su referencia a derechos, Sen contribuye en ampliar la base que informa sobre un ordenamiento social, en términos normativos. Con anterioridad al trabajo de Sen, en la Teoría de la Justicia, Rawls inserta su planteamiento como una “parte” de la TER y busca, principalmente, establecer principios no utilitaristas para fijar un arreglo social justo. O más específicamente, dado que el principio utilitarista que busca un arreglo social por referencia “al mayor bienestar para el mayor número de personas” no está en condiciones de reparar en las asimetrías (inequidades) que genera el principio de utilidad, allí donde hay diferencias en las utilidades marginales de los individuos, Rawls propone principios para un arreglo social donde los más desaventajados participen del producto de un sistema de cooperación. Así, es razonable que para dicha situación de desventaja exista un mecanismo de compensación ad hoc. Para justificar esta posición, Rawls reformula el conocido óptimo de Pareto, que afirma que hay un equilibrio óptimo allí donde nadie puede mejorar empeorando a alguien, en términos de exigencias moral-racionales, para la elección de aquellos principios que ordenan un sistema de cooperación.5 Así, según Rawls, sus principios de justicia operan sobre lo que él llama “bienes primarios”, entre los que están las libertades de un individuo. A partir de estas ideas se orienta el proyecto de Sen de introducir la noción de capacidades, en el orden de los fines deseables que persigue una política pública. Lo más interesante de la línea de trabajo que abre la obra de Rawls, es que él comprende la sociedad como un sistema de cooperación, en el cual existe, entre sus integrantes, una lógica del juego. Por ello, el sentido primario de justicia refiere a la idea de justicia como fairness, que es reconocida en las exigencias de fair play o juego limpio, que le hacemos a todo arreglo de este tipo, donde participan distintos individuos, en distintas posiciones relativas. El punto central, es que el lugar de 5 Por cierto que la “Teoría de la Justicia” no está exenta de críticas, sobre todo por poner a un agente maximizador en la decisión de elegir los principios de justicia social. John Harsanyi y David Gauthier, entre otros, se han encargado de avivar la discusión y presentar distintas soluciones, en especial, en lo que refiere a establecer exigencias normativas a la racionalidad del interés propio y explicar, por ejemplo, en el caso de Gauthier, la conveniencia de un acuerdo moral. Martha Nussbaum (2002), en este contexto, es opositora al carácter contractual que ofrece la obra de Rawls, mostrando cómo el enfoque de las capacidades, en cambio, no se vale de una posición fundada en un acuerdo

arranque que tienen los participantes de esta competencia, que es la vida social, no es trivial en los resultados finales que obtienen sus “jugadores”. Por lo mismo, que existiendo reglas claras, además deben operar mecanismos de compensación, en el orden de lo que Rawls llama la estructura básica de la sociedad. Ésta se constituye como el objeto de su Teoría de la Justicia y enmarca los bienes primarios en el orden de las instituciones. Allí, los bienes primarios y, en general, las exigencias liberales, apuntan a establecer garantías igualitarias, respecto, por ejemplo, de la libertad de expresión y conciencia o de propiedad privada. En especial, porque inciden en la obtención de aquellos cargos que constituyen la estructura básica de la sociedad. Esto se traduce, entre otras cosas, que es justo un arreglo social donde todos deben tener igual posibilidad de acceder a estos cargos. Esto queda claro, por ejemplo, cuando para un cargo de elección pública, como una Senaturía o la Presidencia de la nación, participan personas que manejan medios de opinión pública o empresas que pueden ser gravitantes en la obtención del cargo. Las demandas igualitarias, de las que se hace cargo Rawls, refieren a la idea de que las ventajas de algunos sólo quedan justificadas en la medida que, de no existir dicha ventaja, los más desaventajados se verían perjudicados. Lo mismo se puede hacer extensivo a los cargos de profesores, policías, etc. Así, entender la sociedad como un sistema de cooperación implica que el desarrollo de la felicidad individual no es posible, por la sola referencia a una racionalidad instrumental que no tenga en consideración un sentido de justicia social. En este contexto Sen rechaza las teorías del bienestar (welfarism), en la medida en que sus conclusiones descansan exclusivamente en la idea de utilidad, dejando fuera la información no utilitarista que entregan nuestros juicios morales (Sen, 1979). En este punto, este enfoque acerca la posición de Sen al trabajo de otro autor de la tradición liberal: Adam Smith. Él, en su Teoría de los Sentimientos Morales (1759), restringe la idea de David Hume de que la justicia se funda en la percepción de utilidad, acotando Smith el papel de la utilidad únicamente al plano de la beneficencia y de aquellas instituciones que promueven el bienestar ajeno. En conformidad, nuestros juicios morales, sostiene Smith, son tributarios del valor que le asignamos como observadores imparciales y bien informados al ejercicio de las virtudes y, por tanto, se funda en un sentido de corrección y en la consideración de la situación que vive aquel que evaluamos. No deja de ser valioso este punto que toca Smith, ahí donde reconocemos que los propósitos de una sociedad más justa pasa por la beneficencia privada y, por tanto, por aquellas instituciones centradas en esa labor. Con todo, el centro del debate exige distanciarnos de la idea de que un orden social puede obviar elementos

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a su posición en un orden jerárquico. Dicha estructura es racional si cumple con condiciones de completitud y transitividad2. La primera, la completitud, nos dice que dadas dos consecuencias A y B, que pertenecen al conjunto de acciones dado, o bien, la consecuencia A es débilmente preferida a la consecuencia B, o bien, la consecuencia B es débilmente preferida a la consecuencia A, o el agente es indiferente entre ambas. La segunda propiedad, la transitividad, señala que, si prefiero la consecuencia A a la consecuencia B y, a su vez, prefiero la consecuencia B a la consecuencia C, entonces prefiero la consecuencia A a la consecuencia C. De este modo, si las acciones son caracterizables por una medida continua, como el nivel de consumo, el proceso de decisión se puede modelar por medio de una función de utilidad y, en conformidad, definir el óptimo como un proceso de maximización de utilidad. Este óptimo maximizador cobra en la literatura utilitarista un valor normativo, en el que centran las críticas de autores como Sen. En este contexto, como toda ciencia influida por el positivismo lógico de inicios del siglo XX, una teoría del comportamiento debe prescindir de aquellos aspectos valorativos, que no sean susceptibles de modelación y, por ende, funcionalización. Esto redunda en que los fines de la acción, en cuanto posean un valor intrínseco, son dejados de lado y, en cambio, son sólo objeto de consideración los medios que revelen el dato económico por antonomasia: la utilidad. En este contexto, la idea de racionalidad responde fundamentalmente a una teoría de la racionalidad instrumental y la utilidad es la base informativa de una ciencia del comportamiento humano. Es así como la TER amplía su campo de investigación cuando los objetos de preferencias ya no sólo refieren a cosas, sino a estados de cosas. De este modo, estamos en presencia de una filosofía moral axiomática que se orienta por la acción social3. En ella, se han desarrollado dos criterios de ordenamiento social de los distintos esta2 La TER hace eco de las críticas que Pigou realiza sobre la tradición neoclásica, que afirma que es posible establecer un orden cardinal entre funciones de utilidad. Frente a esta posición, Pigou piensa que sólo es posible establecer magnitudes ordinales. Esto deriva en que sólo podemos ordenar (y así comparar) jerárquicamente conjuntos de acciones asociadas a un conjunto de consecuencias. En este contexto, el ordenamiento responde a ciertas propiedades que le dan coherencia a una estructura de preferencias. Dichas propiedades son, entre otras, la transitividad, y la completitud de nuestra estructura de preferencias. 3 En resumen, tanto la idea de que es posible cuantificar en magnitudes la utilidad, por ejemplo, en términos de placer y dolor, así como que estas magnitudes pueden ser consideradas como números ordinales, resultan ser dos presupuestos idóneos para el proyecto de elaborar una ciencia moral axiomática. De este modo, la agenda que ofrece la TER busca elaborar una ciencia del comportamiento humano que responda a los requerimientos de una ciencia natural, por ejemplo, la predictibilidad.

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dos del mundo: a) bienestarismo y b) no-paternalismo. Con el primero se quiere decir que el ordenamiento social de distintos estados del mundo depende finalmente de la utilidad individual. Esta idea fue justamente explicitada por Sen (1979), quien afirma que detrás de toda economía del bienestar hay una ética social subyacente. En este contexto, uno de los problemas que presenta el bienestarismo es que el mismo conjunto de beneficios sociales puede existir en arreglos sociales distintos. Dicho de otra manera, derechos y libertades pueden ser pasadas por alto y obtener los mismos réditos sociales que en un ordenamiento social donde se respetan dichos derechos. Un ejemplo claro de este conflicto surge cuando incluso se justifican ciertos gobiernos autoritarios, que pasan a llevar derechos esenciales del hombre, mas no obstante presentan niveles de desarrollo económico ejemplares a sociedades democráticas. En el caso del no-paternalismo se establece que el bienestar tiene como sola consideración la visión individual del agente, sin recurrir a valores intrínsecos u objetivos para la evaluación de un arreglo social. Es aquí donde surgen los mayores problemas para las posiciones utilitaristas, al hacernos la pregunta: ¿en qué medida las funciones de utilidad individual entregan información necesaria y suficiente para establecer un ordenamiento social que cumplan con las condiciones formales de una elección racional, a saber, completitud y transitividad? Kenneth Arrow demostró la imposibilidad de la comparación de las utilidades interpersonales en su “General Possibiity Theorem” (1951) y, de este modo, que no es posible obtener un arreglo social completo y transitivo. Esto es lo que constituye un capítulo central de la TER, que se resume en la pregunta de Sen (1985), ¿De qué modo hemos de ver las exigencias de la racionalidad en las decisiones sociales?” En este orden de cosas la TER cobra un nuevo significado, especialmente desde la obra la Teoría de la Justicia (1971) de John Rawls. A partir de ella, las doctrinas utilitaristas influidas por la TER son puestas en cuestión, en particular, en cuanto definen un orden social óptimo, por referencia al mayor bienestar para el mayor número de personas. Para esta tarea se suman los valiosos aportes de la tradición anglosajona como Thomas Nagel, Ronald Dworkin o Robert Nozick, entre otros. También a partir de ellos, es considerado en el centro del debate la discusión sobre qué principio debe ordenar un sistema de cooperación, dotando de una base informativa que sea independiente de las consecuencias o resultados de una decisión, como la mencionada utilidad. En esta mirada, caen los derechos y las libertades.4 En este contexto, el aporte de Sen va en la dirección de pensar que la liber4 Los utilitaristas, en cambio, sólo le habían dado lugar a éstos, en la medida que fueran medios para la obtención de una mayor utilidad.

tad es un criterio independiente para la base informativa que busca definir el bienestar, el que consiste, más que en una utilidad presuntamente cuantificable, en la posibilidad de una vida bien vivida. De este modo, cabe incluir en el análisis los fines que son deseables para una sociedad y el lugar de arranque de sus integrantes. Con esta idea de libertad, más su referencia a derechos, Sen contribuye en ampliar la base que informa sobre un ordenamiento social, en términos normativos. Con anterioridad al trabajo de Sen, en la Teoría de la Justicia, Rawls inserta su planteamiento como una “parte” de la TER y busca, principalmente, establecer principios no utilitaristas para fijar un arreglo social justo. O más específicamente, dado que el principio utilitarista que busca un arreglo social por referencia “al mayor bienestar para el mayor número de personas” no está en condiciones de reparar en las asimetrías (inequidades) que genera el principio de utilidad, allí donde hay diferencias en las utilidades marginales de los individuos, Rawls propone principios para un arreglo social donde los más desaventajados participen del producto de un sistema de cooperación. Así, es razonable que para dicha situación de desventaja exista un mecanismo de compensación ad hoc. Para justificar esta posición, Rawls reformula el conocido óptimo de Pareto, que afirma que hay un equilibrio óptimo allí donde nadie puede mejorar empeorando a alguien, en términos de exigencias moral-racionales, para la elección de aquellos principios que ordenan un sistema de cooperación.5 Así, según Rawls, sus principios de justicia operan sobre lo que él llama “bienes primarios”, entre los que están las libertades de un individuo. A partir de estas ideas se orienta el proyecto de Sen de introducir la noción de capacidades, en el orden de los fines deseables que persigue una política pública. Lo más interesante de la línea de trabajo que abre la obra de Rawls, es que él comprende la sociedad como un sistema de cooperación, en el cual existe, entre sus integrantes, una lógica del juego. Por ello, el sentido primario de justicia refiere a la idea de justicia como fairness, que es reconocida en las exigencias de fair play o juego limpio, que le hacemos a todo arreglo de este tipo, donde participan distintos individuos, en distintas posiciones relativas. El punto central, es que el lugar de 5 Por cierto que la “Teoría de la Justicia” no está exenta de críticas, sobre todo por poner a un agente maximizador en la decisión de elegir los principios de justicia social. John Harsanyi y David Gauthier, entre otros, se han encargado de avivar la discusión y presentar distintas soluciones, en especial, en lo que refiere a establecer exigencias normativas a la racionalidad del interés propio y explicar, por ejemplo, en el caso de Gauthier, la conveniencia de un acuerdo moral. Martha Nussbaum (2002), en este contexto, es opositora al carácter contractual que ofrece la obra de Rawls, mostrando cómo el enfoque de las capacidades, en cambio, no se vale de una posición fundada en un acuerdo

arranque que tienen los participantes de esta competencia, que es la vida social, no es trivial en los resultados finales que obtienen sus “jugadores”. Por lo mismo, que existiendo reglas claras, además deben operar mecanismos de compensación, en el orden de lo que Rawls llama la estructura básica de la sociedad. Ésta se constituye como el objeto de su Teoría de la Justicia y enmarca los bienes primarios en el orden de las instituciones. Allí, los bienes primarios y, en general, las exigencias liberales, apuntan a establecer garantías igualitarias, respecto, por ejemplo, de la libertad de expresión y conciencia o de propiedad privada. En especial, porque inciden en la obtención de aquellos cargos que constituyen la estructura básica de la sociedad. Esto se traduce, entre otras cosas, que es justo un arreglo social donde todos deben tener igual posibilidad de acceder a estos cargos. Esto queda claro, por ejemplo, cuando para un cargo de elección pública, como una Senaturía o la Presidencia de la nación, participan personas que manejan medios de opinión pública o empresas que pueden ser gravitantes en la obtención del cargo. Las demandas igualitarias, de las que se hace cargo Rawls, refieren a la idea de que las ventajas de algunos sólo quedan justificadas en la medida que, de no existir dicha ventaja, los más desaventajados se verían perjudicados. Lo mismo se puede hacer extensivo a los cargos de profesores, policías, etc. Así, entender la sociedad como un sistema de cooperación implica que el desarrollo de la felicidad individual no es posible, por la sola referencia a una racionalidad instrumental que no tenga en consideración un sentido de justicia social. En este contexto Sen rechaza las teorías del bienestar (welfarism), en la medida en que sus conclusiones descansan exclusivamente en la idea de utilidad, dejando fuera la información no utilitarista que entregan nuestros juicios morales (Sen, 1979). En este punto, este enfoque acerca la posición de Sen al trabajo de otro autor de la tradición liberal: Adam Smith. Él, en su Teoría de los Sentimientos Morales (1759), restringe la idea de David Hume de que la justicia se funda en la percepción de utilidad, acotando Smith el papel de la utilidad únicamente al plano de la beneficencia y de aquellas instituciones que promueven el bienestar ajeno. En conformidad, nuestros juicios morales, sostiene Smith, son tributarios del valor que le asignamos como observadores imparciales y bien informados al ejercicio de las virtudes y, por tanto, se funda en un sentido de corrección y en la consideración de la situación que vive aquel que evaluamos. No deja de ser valioso este punto que toca Smith, ahí donde reconocemos que los propósitos de una sociedad más justa pasa por la beneficencia privada y, por tanto, por aquellas instituciones centradas en esa labor. Con todo, el centro del debate exige distanciarnos de la idea de que un orden social puede obviar elementos

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normativos básicos, que sean independientes de la utilidad que espera maximizar un individuo y la sociedad. La pobreza fundamentalmente como situación de desventaja limita las libertades de un individuo y en esta dirección irá la postura de Sen.

Segunda Sección El enfoque de las capacidades (EC) Al analizar los criterios mediante los cuales hacerse cargo de las desventajas, Sen propone enfocar las políticas públicas a partir de las capacidades humanas, dándole un suelo cualitativo a los fines que se propone. De este modo, las capacidades nos informan qué es lo que está en condiciones de realizar una persona. En conformidad, el enfoque de las capacidades hace una distinción entre la finalidad del bienestar (y del desarrollo) y los medios que permiten su obtención. En este contexto, sólo los fines tienen un valor intrínseco y los medios tienen un valor puramente instrumental. Así, el EC se distancia del precepto de la TER que afirma que el estatuto valórico de los fines es irrelevante, ya que basta que las preferencias sean únicamente consistentes (completas y transitivas) y cumplan con estas condiciones formales que hagan posible su medición. En efecto, el EC niega que podamos dar una base informativa pertinente de la justicia, a través de la comparación de “medios” para la libertad, sean bienes primarios o ingresos (Sen, 1990). Es decir, no basta con focalizarse en los cargos que ofrece la estructura básica de la sociedad, ni en los ingresos nominales de las personas, si no atendemos a las competencias que tienen los individuos para realizar su proyecto vital y estar en condiciones de obtenerlos. Por ello, Sen es crítico de la posición de Rawls respecto de la idea de “bienes primarios”, ya que obviaría la diversidad de seres humanos que existen (reduciendo la libertad al ejercicio de cargos), al nivelar sus libertades en dichos términos. En conformidad, Sen define el bienestar y el desarrollo en términos de las capacidades de obrar (capabilities to functioning), las que se traducen en oportunidades efectivas de hacerse cargo de aquellas obras o actividades, en las cuales las personas quieren comprometerse, en vistas a ser quienes quieren ser. Estos “haceres”, que Sen llama actividades u obras logradas (achieved functions), son lo que constituye una vida valiosa. Las actividades u obras (Functionings) incluyen el descanso, pertenecer a una comunidad, ser respetado por los demás, estar en un estado saludable, etc. En este contexto, Sen diferencia entre las actividades u obras logradas y las capacidades. Esta diferencia consiste en que las primeras son logros (achievements) y las segundas son libertades. Es decir, a diferencia de las prime-

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ras, en las segundas se trata de que “tengamos a mano” efectivamente dichas posibilidades, volviéndonos libres de obrar de una cierta manera. Por ejemplo, dos personas pueden estar sin comer nada, inhabilitando, dicho estado de cosas, la actividad de “estar bien alimentado”. Pero, un individuo lo hace fruto de vivir en una condición de extrema pobreza en la periferia de Santiago y la otra porque está en una huelga de hambre por las violaciones a los derechos humanos. Ambas carecen de la actividad u obra lograda de “estar bien alimentado”, mas la libertad en ambas personas no es la misma. La capacidad, más bien, es el conjunto de actividades u obras que una persona está, potencialmente, en condiciones de lograr. Otra distinción importante es la que encontramos entre bienes (commodities) y actividades u obras (functioning). Las primeras, en un sentido lato, son aquellas características de los útiles, artefactos o bienes que están en condiciones de habilitar una actividad. Por ejemplo, una habitación adecuada permite descansar como corresponde. De este modo, las actividades para lograr ciertos bienes dependen de tres vectores, como los llama Sen: 1) Características personales como proactividad y condiciones físicas, entre otras, 2) Características sociales como prácticas discriminatorias hacia las mujeres y jerarquías al interior de las familias, entre otras; y 3) Características medioambientales como las instituciones y la infraestructura. En conformidad, con el EC contamos con una herramienta conceptual para evaluar una política pública de acuerdo al impacto que tiene en las capacidades de los individuos. Esta evaluación nos permite responder cuestiones básicas sobre el bienestar de las personas, con especial énfasis en su libertad y autonomía.

coactar los derechos ajenos. Por otra parte, la libertad en un sentido positivo, determina todos aquellos asuntos que se está en condiciones de realizar. A mi juicio, es entre estos dos sentidos que se juega la situación de desventaja de algunos conciudadanos, a quienes se les está despojando su derecho a llevar una vida bien vivida en el horizonte que propone Sen: de capacidad de obrar. Peor aún, muchas veces de manera inconciente al tratarlos de pobres, se olvida las connotaciones que tiene un término tan categórico como ese. Ya en los albores del liberalismo escocés, Adam Smith consideraba que nuestras evaluaciones morales se sostenían en la consideración de la situación ajena. Es a partir de dicha situación, que valoramos las acciones ajenas como correctas o incorrectas, y no únicamente por referencia al interés propio. Sen también se vuelve sobre la situación en que se encuentra el individuo y, por tanto, las políticas públicas deben ir orientadas, antes que nada, sobre las condiciones mínimas que garanticen la capacidad de obrar. Estas capacidades a su vez tienen una dimensión social ineludible a la hora de querer evaluar el bienestar y el desarrollo de los más desaventajados de la sociedad y es a lo que apunta, el espíritu de los derechos sociales. Hasta qué punto estos derechos traen consigo responsabilidades en los más aventajados, es una cuestión que queda para una próxima discusión. Pero, desde ya, cabe trazar sobre los beneficiarios ciertas exigencias razona-

bles, que implican el reconocimiento de sus propias incapacidades y del mérito de una sociedad que dispensa de los medios para su superación. Sin ese compromiso de gratitud que dota de significado y valor a todo beneficio, se suprimen los deberes que se siguen por parte del beneficiado y no se promueve una auténtica libertad, sino que todo lo contrario: un camino a la servidumbre y la autocomplacencia. Finalmente, la urgencia que merece el buen diseño de una política pública pasa necesariamente por la decisión sobre qué queremos garantizar y cómo lo queremos obtener. No basta con afirmaciones cuantitativas de montos asignados, sino que el éxito de los resultados depende de aquellos cambios cualitativos reales, que son los que finalmente justifican una institucionalidad pública y privada dedicada, por ejemplo, a la beneficencia. Al introducir una definición amplia de desventaja, que apela a una idea comprehensiva de la vida humana, se abre un marco de acción para las políticas públicas con nuevas perspectivas. El enfoque de las capacidades dota de contenido a la idea de oportunidades, en términos de derechos, las que están asociadas a los fines que nuestra sociedad estima como deseables. Y uno de ellos es claramente acabar con las desventajas injustificadas, donde reconocemos que somos partes de una misma sociedad. Pero, acabar con ellas no es sino la otra cara de garantizar la libertad y los derechos de los que ahora no pueden llevar a cabo una vida bien vivida.

Referencias Bibliográficas Reflexión final Hemos notado que la versión simplificada de la agencia humana como homo economicus ha llevado a comprender al hombre sólo desde su interés por obtener ganancias. No obstante, el EC nos da una pauta para trazar un puente entre las condiciones concretas en que se encuentra un individuo, con las acciones que lleva aparejada, y los derechos abstractos a los que refiere la libertad humana. Desde la perspectiva de las capacidades a obrar, esto transforma estos derechos en oportunidades concretas para realizar una vida propiamente humana y en fines deseables para toda institución que persigue el bienestar de nuestros pares. No hay que olvidar que, como distinguió Berlin (1984), en un sentido negativo, la libertad refiere a la no coacción y ella se ve reflejada en que ni otros individuos ni el Estado pueden ser un impedimento para el desarrollo de los propios derechos, con la sola restricción de no

• Berlin, I. (1984). Two concepts of liberty in liberalism and its critics. . New York: New York university Press. • Hume, D. (1739-1740). Treatise of human nature. • Nassbaum, M. (2002). Beyond the social contract: towards global justice. Tanner lectures on human values. Canberra. • Rawls, J. (1971). The theory of justice. Cambridge: Harvard Press. • Rodriguez-Sickert, C. (2009). Handbook of economics and ethics. The Hague: Edward Elgar Publishing. • Sen, A. (1990). Justice: means versus freedom. Philosophy and Public Affairs Nº 19 , 111-121. • Sen, A. (1979). Personal utilities and public judgments: Or what’s wrong with welfare economics? The Economic Journal Nº 89 , 537-558. • Sen, A. (1985). Rationality and social choice. The American Economic Review Vol. 85, Nº 1 , 1-24. • Sen, A. (1984). Rights and capabilities. En Resources, Values and Development. Cambridge: Harvard University Press. • Sen, A. (1989). Sobre ética y economía. México: Alianza Editorial. • Smith, A. (2002). The theory of moral sentiments. Cambridge: Cambridge University Press.

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DESVENTAJAS MÁS QUE POBREZA: DERECHOS Y EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES

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normativos básicos, que sean independientes de la utilidad que espera maximizar un individuo y la sociedad. La pobreza fundamentalmente como situación de desventaja limita las libertades de un individuo y en esta dirección irá la postura de Sen.

Segunda Sección El enfoque de las capacidades (EC) Al analizar los criterios mediante los cuales hacerse cargo de las desventajas, Sen propone enfocar las políticas públicas a partir de las capacidades humanas, dándole un suelo cualitativo a los fines que se propone. De este modo, las capacidades nos informan qué es lo que está en condiciones de realizar una persona. En conformidad, el enfoque de las capacidades hace una distinción entre la finalidad del bienestar (y del desarrollo) y los medios que permiten su obtención. En este contexto, sólo los fines tienen un valor intrínseco y los medios tienen un valor puramente instrumental. Así, el EC se distancia del precepto de la TER que afirma que el estatuto valórico de los fines es irrelevante, ya que basta que las preferencias sean únicamente consistentes (completas y transitivas) y cumplan con estas condiciones formales que hagan posible su medición. En efecto, el EC niega que podamos dar una base informativa pertinente de la justicia, a través de la comparación de “medios” para la libertad, sean bienes primarios o ingresos (Sen, 1990). Es decir, no basta con focalizarse en los cargos que ofrece la estructura básica de la sociedad, ni en los ingresos nominales de las personas, si no atendemos a las competencias que tienen los individuos para realizar su proyecto vital y estar en condiciones de obtenerlos. Por ello, Sen es crítico de la posición de Rawls respecto de la idea de “bienes primarios”, ya que obviaría la diversidad de seres humanos que existen (reduciendo la libertad al ejercicio de cargos), al nivelar sus libertades en dichos términos. En conformidad, Sen define el bienestar y el desarrollo en términos de las capacidades de obrar (capabilities to functioning), las que se traducen en oportunidades efectivas de hacerse cargo de aquellas obras o actividades, en las cuales las personas quieren comprometerse, en vistas a ser quienes quieren ser. Estos “haceres”, que Sen llama actividades u obras logradas (achieved functions), son lo que constituye una vida valiosa. Las actividades u obras (Functionings) incluyen el descanso, pertenecer a una comunidad, ser respetado por los demás, estar en un estado saludable, etc. En este contexto, Sen diferencia entre las actividades u obras logradas y las capacidades. Esta diferencia consiste en que las primeras son logros (achievements) y las segundas son libertades. Es decir, a diferencia de las prime-

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ras, en las segundas se trata de que “tengamos a mano” efectivamente dichas posibilidades, volviéndonos libres de obrar de una cierta manera. Por ejemplo, dos personas pueden estar sin comer nada, inhabilitando, dicho estado de cosas, la actividad de “estar bien alimentado”. Pero, un individuo lo hace fruto de vivir en una condición de extrema pobreza en la periferia de Santiago y la otra porque está en una huelga de hambre por las violaciones a los derechos humanos. Ambas carecen de la actividad u obra lograda de “estar bien alimentado”, mas la libertad en ambas personas no es la misma. La capacidad, más bien, es el conjunto de actividades u obras que una persona está, potencialmente, en condiciones de lograr. Otra distinción importante es la que encontramos entre bienes (commodities) y actividades u obras (functioning). Las primeras, en un sentido lato, son aquellas características de los útiles, artefactos o bienes que están en condiciones de habilitar una actividad. Por ejemplo, una habitación adecuada permite descansar como corresponde. De este modo, las actividades para lograr ciertos bienes dependen de tres vectores, como los llama Sen: 1) Características personales como proactividad y condiciones físicas, entre otras, 2) Características sociales como prácticas discriminatorias hacia las mujeres y jerarquías al interior de las familias, entre otras; y 3) Características medioambientales como las instituciones y la infraestructura. En conformidad, con el EC contamos con una herramienta conceptual para evaluar una política pública de acuerdo al impacto que tiene en las capacidades de los individuos. Esta evaluación nos permite responder cuestiones básicas sobre el bienestar de las personas, con especial énfasis en su libertad y autonomía.

coactar los derechos ajenos. Por otra parte, la libertad en un sentido positivo, determina todos aquellos asuntos que se está en condiciones de realizar. A mi juicio, es entre estos dos sentidos que se juega la situación de desventaja de algunos conciudadanos, a quienes se les está despojando su derecho a llevar una vida bien vivida en el horizonte que propone Sen: de capacidad de obrar. Peor aún, muchas veces de manera inconciente al tratarlos de pobres, se olvida las connotaciones que tiene un término tan categórico como ese. Ya en los albores del liberalismo escocés, Adam Smith consideraba que nuestras evaluaciones morales se sostenían en la consideración de la situación ajena. Es a partir de dicha situación, que valoramos las acciones ajenas como correctas o incorrectas, y no únicamente por referencia al interés propio. Sen también se vuelve sobre la situación en que se encuentra el individuo y, por tanto, las políticas públicas deben ir orientadas, antes que nada, sobre las condiciones mínimas que garanticen la capacidad de obrar. Estas capacidades a su vez tienen una dimensión social ineludible a la hora de querer evaluar el bienestar y el desarrollo de los más desaventajados de la sociedad y es a lo que apunta, el espíritu de los derechos sociales. Hasta qué punto estos derechos traen consigo responsabilidades en los más aventajados, es una cuestión que queda para una próxima discusión. Pero, desde ya, cabe trazar sobre los beneficiarios ciertas exigencias razona-

bles, que implican el reconocimiento de sus propias incapacidades y del mérito de una sociedad que dispensa de los medios para su superación. Sin ese compromiso de gratitud que dota de significado y valor a todo beneficio, se suprimen los deberes que se siguen por parte del beneficiado y no se promueve una auténtica libertad, sino que todo lo contrario: un camino a la servidumbre y la autocomplacencia. Finalmente, la urgencia que merece el buen diseño de una política pública pasa necesariamente por la decisión sobre qué queremos garantizar y cómo lo queremos obtener. No basta con afirmaciones cuantitativas de montos asignados, sino que el éxito de los resultados depende de aquellos cambios cualitativos reales, que son los que finalmente justifican una institucionalidad pública y privada dedicada, por ejemplo, a la beneficencia. Al introducir una definición amplia de desventaja, que apela a una idea comprehensiva de la vida humana, se abre un marco de acción para las políticas públicas con nuevas perspectivas. El enfoque de las capacidades dota de contenido a la idea de oportunidades, en términos de derechos, las que están asociadas a los fines que nuestra sociedad estima como deseables. Y uno de ellos es claramente acabar con las desventajas injustificadas, donde reconocemos que somos partes de una misma sociedad. Pero, acabar con ellas no es sino la otra cara de garantizar la libertad y los derechos de los que ahora no pueden llevar a cabo una vida bien vivida.

Referencias Bibliográficas Reflexión final Hemos notado que la versión simplificada de la agencia humana como homo economicus ha llevado a comprender al hombre sólo desde su interés por obtener ganancias. No obstante, el EC nos da una pauta para trazar un puente entre las condiciones concretas en que se encuentra un individuo, con las acciones que lleva aparejada, y los derechos abstractos a los que refiere la libertad humana. Desde la perspectiva de las capacidades a obrar, esto transforma estos derechos en oportunidades concretas para realizar una vida propiamente humana y en fines deseables para toda institución que persigue el bienestar de nuestros pares. No hay que olvidar que, como distinguió Berlin (1984), en un sentido negativo, la libertad refiere a la no coacción y ella se ve reflejada en que ni otros individuos ni el Estado pueden ser un impedimento para el desarrollo de los propios derechos, con la sola restricción de no

• Berlin, I. (1984). Two concepts of liberty in liberalism and its critics. . New York: New York university Press. • Hume, D. (1739-1740). Treatise of human nature. • Nassbaum, M. (2002). Beyond the social contract: towards global justice. Tanner lectures on human values. Canberra. • Rawls, J. (1971). The theory of justice. Cambridge: Harvard Press. • Rodriguez-Sickert, C. (2009). Handbook of economics and ethics. The Hague: Edward Elgar Publishing. • Sen, A. (1990). Justice: means versus freedom. Philosophy and Public Affairs Nº 19 , 111-121. • Sen, A. (1979). Personal utilities and public judgments: Or what’s wrong with welfare economics? The Economic Journal Nº 89 , 537-558. • Sen, A. (1985). Rationality and social choice. The American Economic Review Vol. 85, Nº 1 , 1-24. • Sen, A. (1984). Rights and capabilities. En Resources, Values and Development. Cambridge: Harvard University Press. • Sen, A. (1989). Sobre ética y economía. México: Alianza Editorial. • Smith, A. (2002). The theory of moral sentiments. Cambridge: Cambridge University Press.

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Doctor en Sociología de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, Alemania y Coordinador Ejecutivo del Informe sobre Desarrollo Humano en Chile.

Entrevista a propósito del Informe Desarrollo Humano en Chile 2009 “La manera de hacer las cosas” “El escenario de acción ya no es institucional, sino que social, basado en las prácticas cotidianas”.

Por Javiera Pizarro y María Paz Sagredo Edición: Fahín Campos

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Dentro del informe, se determinan una serie de prácticas más típicas de la sociedad chilena. ¿Por qué nace la iniciativa de estudiar las prácticas? “Tiene que ver con un pronóstico, acerca de un momento en el desarrollo que vive un país. Hay una suerte de preocupación de la gente, no porque se vaya a perder lo que se haya ganado, sino por la incertidumbre de si vamos a seguir creciendo. Nosotros suponemos que el desarrollo no es una cosa lineal, sino que tiene la forma de escalera”. Güell explica, a modo de ejemplo, que el fracaso del Transantiago se debió en gran parte a que existían las condiciones económicas, la capacidad técnica y un consenso político positivo, pero la exclusión del factor correspondiente a la participación social debilitó la implementación del proyecto. Como resultado, la gente no contribuyó ni tuvo una actitud de apoyo. “Por eso, hay que hacer lo que se hacía antes, pero hay que moverse más al lado de las prácticas” concluye el entrevistado, refiriéndose positivamente a los proyectos estatales y de mercado que han contribuido al crecimiento del país, pero insistiendo en estudiar las prácticas. En el estudio, ¿cuáles son las prácticas identificadas en la sociedad chilena? “Estudiamos seis ámbitos de prácticas distintos. Nos pareció importante estudiar prácticas que enumeraban distintos aspectos. Todas pueden tener distintas mecánicas, pero se diferencian según el punto de vista, ya que pueden ser de la vida cotidiana, proyectos estatales o proyectos implementados en el mercado. Entre los ámbitos de prácticas que estudiamos, se encuentran prácticas de cambio en el sector público.

Pero el tema del cambio, no sólo viene del Estado, sino también del mercado, por lo que se debió estudiar las dinámicas de mercado, en cuanto a procesos de cambio o la ausencia de éstos. Asimismo, se estudió la vida privada, más en concreto, las prácticas que importan al desarrollo de las personas”.

Las prácticas en el foco Los seis ámbitos de prácticas estudiados que enumera Güell corresponden a 1) la implementación del AUGE, 2) el programa de solidaridad externa a las escuelas, 3) los acuerdos temporales entre temporeros y dueños de predios, 4) la jornada laboral del sector de comercio, 5) la formación de identidad en adolescentes y 6) la gestión del tiempo de las mujeres. ¿Estudiaron si existía una relación entre el Estado, mercado y vida privada? ¿Se interrelacionan de alguna forma? ¿Existen tensiones claras o que representen a la sociedad chilena? “No hay ninguna práctica que no esté formada por el cruce de estas tres fuerzas. Es inusual porque las tres fuerzas son contradictorias. Es por eso que nosotros las estudiamos en distintos casos. En todos ellos está correlacionado el efecto cruzado de estos tres factores. Esa falta de coherencia hace que efectivamente las prácticas adquieran un vuelo propio. Es por eso que las prácticas a veces producen resultados que son muy anómalos respecto de lo que la sociedad quiere. Las prácticas están produciendo resultados inesperados o están frenando cambios. Entonces, hicimos un mapa de prácticas”. Respecto al mapa antes mencionado, éste comprende un universo que abarca siete tipos de prácticas transversales que atraviesan el campo dividido en los espacios explicados: Estado, mercado y sector público. La primera práctica el entrevistado la llama adopción resistida; que según explica Güell, “es cuando se produce un cambio, y los sujetos de las prácticas, tienen cierta capacidad para resistir esto. Por ejemplo: en el caso del AUGE, el poder que tenían los antiguos médicos en las antiguas prácticas médicas y hospitalarias se ve afectado. Hoy en día, los médicos deben ceñirse a unos protocolos muy estrechos. Entonces, hay una parte del personal médico que desarrolla estrategias para impedir el cambio de poder que le va a significar la entrada del AUGE: no llenan los protocolos o no le avisan a sus pacientes que su enfermedad es parte del AUGE. Con eso, evitan ciertas formas de control”. Según Pedro Güell, los sujetos con autoridad tienden a

CIS

entrevista

Pedro Güell

“La manera de hacer las cosas” se titula el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente al año 2009. Si bien, todos los indicadores muestran que en los últimos veinte años hubo un salto cualitativo en el desarrollo del país, existe una incertidumbre en cuanto a las proyecciones a futuro. Hoy en día, la curva del desarrollo comienza a aplanarse, revelando un freno gradual al desarrollo que se había experimentado. Frente a esta incertidumbre respecto al crecimiento, el Informe 2009 pone especial atención en las prácticas. El sociólogo y Doctor en Sociología de la Universidad de Erlangen-Nürenberg en Alemania, Pedro Güell, quien ha dirigido informes anteriores y ha participado en la elaboración del informe del Desarrollo Humano 2009, a continuación explica por qué es necesario poner el foco del estudio del Desarrollo Humano en las prácticas.

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Doctor en Sociología de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, Alemania y Coordinador Ejecutivo del Informe sobre Desarrollo Humano en Chile.

Entrevista a propósito del Informe Desarrollo Humano en Chile 2009 “La manera de hacer las cosas” “El escenario de acción ya no es institucional, sino que social, basado en las prácticas cotidianas”.

Por Javiera Pizarro y María Paz Sagredo Edición: Fahín Campos

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Dentro del informe, se determinan una serie de prácticas más típicas de la sociedad chilena. ¿Por qué nace la iniciativa de estudiar las prácticas? “Tiene que ver con un pronóstico, acerca de un momento en el desarrollo que vive un país. Hay una suerte de preocupación de la gente, no porque se vaya a perder lo que se haya ganado, sino por la incertidumbre de si vamos a seguir creciendo. Nosotros suponemos que el desarrollo no es una cosa lineal, sino que tiene la forma de escalera”. Güell explica, a modo de ejemplo, que el fracaso del Transantiago se debió en gran parte a que existían las condiciones económicas, la capacidad técnica y un consenso político positivo, pero la exclusión del factor correspondiente a la participación social debilitó la implementación del proyecto. Como resultado, la gente no contribuyó ni tuvo una actitud de apoyo. “Por eso, hay que hacer lo que se hacía antes, pero hay que moverse más al lado de las prácticas” concluye el entrevistado, refiriéndose positivamente a los proyectos estatales y de mercado que han contribuido al crecimiento del país, pero insistiendo en estudiar las prácticas. En el estudio, ¿cuáles son las prácticas identificadas en la sociedad chilena? “Estudiamos seis ámbitos de prácticas distintos. Nos pareció importante estudiar prácticas que enumeraban distintos aspectos. Todas pueden tener distintas mecánicas, pero se diferencian según el punto de vista, ya que pueden ser de la vida cotidiana, proyectos estatales o proyectos implementados en el mercado. Entre los ámbitos de prácticas que estudiamos, se encuentran prácticas de cambio en el sector público.

Pero el tema del cambio, no sólo viene del Estado, sino también del mercado, por lo que se debió estudiar las dinámicas de mercado, en cuanto a procesos de cambio o la ausencia de éstos. Asimismo, se estudió la vida privada, más en concreto, las prácticas que importan al desarrollo de las personas”.

Las prácticas en el foco Los seis ámbitos de prácticas estudiados que enumera Güell corresponden a 1) la implementación del AUGE, 2) el programa de solidaridad externa a las escuelas, 3) los acuerdos temporales entre temporeros y dueños de predios, 4) la jornada laboral del sector de comercio, 5) la formación de identidad en adolescentes y 6) la gestión del tiempo de las mujeres. ¿Estudiaron si existía una relación entre el Estado, mercado y vida privada? ¿Se interrelacionan de alguna forma? ¿Existen tensiones claras o que representen a la sociedad chilena? “No hay ninguna práctica que no esté formada por el cruce de estas tres fuerzas. Es inusual porque las tres fuerzas son contradictorias. Es por eso que nosotros las estudiamos en distintos casos. En todos ellos está correlacionado el efecto cruzado de estos tres factores. Esa falta de coherencia hace que efectivamente las prácticas adquieran un vuelo propio. Es por eso que las prácticas a veces producen resultados que son muy anómalos respecto de lo que la sociedad quiere. Las prácticas están produciendo resultados inesperados o están frenando cambios. Entonces, hicimos un mapa de prácticas”. Respecto al mapa antes mencionado, éste comprende un universo que abarca siete tipos de prácticas transversales que atraviesan el campo dividido en los espacios explicados: Estado, mercado y sector público. La primera práctica el entrevistado la llama adopción resistida; que según explica Güell, “es cuando se produce un cambio, y los sujetos de las prácticas, tienen cierta capacidad para resistir esto. Por ejemplo: en el caso del AUGE, el poder que tenían los antiguos médicos en las antiguas prácticas médicas y hospitalarias se ve afectado. Hoy en día, los médicos deben ceñirse a unos protocolos muy estrechos. Entonces, hay una parte del personal médico que desarrolla estrategias para impedir el cambio de poder que le va a significar la entrada del AUGE: no llenan los protocolos o no le avisan a sus pacientes que su enfermedad es parte del AUGE. Con eso, evitan ciertas formas de control”. Según Pedro Güell, los sujetos con autoridad tienden a

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entrevista

Pedro Güell

“La manera de hacer las cosas” se titula el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente al año 2009. Si bien, todos los indicadores muestran que en los últimos veinte años hubo un salto cualitativo en el desarrollo del país, existe una incertidumbre en cuanto a las proyecciones a futuro. Hoy en día, la curva del desarrollo comienza a aplanarse, revelando un freno gradual al desarrollo que se había experimentado. Frente a esta incertidumbre respecto al crecimiento, el Informe 2009 pone especial atención en las prácticas. El sociólogo y Doctor en Sociología de la Universidad de Erlangen-Nürenberg en Alemania, Pedro Güell, quien ha dirigido informes anteriores y ha participado en la elaboración del informe del Desarrollo Humano 2009, a continuación explica por qué es necesario poner el foco del estudio del Desarrollo Humano en las prácticas.

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Pedro Güell

resistir los cambios que van a implicar la reducción de poder, por eso generan estrategias de resistencia, con las que neutralizan el efecto del cambio o lo desvían plenamente. “Resisten y redefinen los cambios: ‘Lo hago, pero a mi manera’, así toda la organización y sus actores tienden a mantener en rodaje las prácticas que tenían” explica. Paralelo a esta práctica, se encuentra la improvisación adaptativa; para explicar su definición el sociólogo ejemplifica que “cuando el médico decide no llenar el protocolo, entonces la enfermera lo hace. Primero, porque hay un grupo de personas más sacrificadas que otras, pero también porque tienen menos poder. ‘Si yo no parcho el defecto del médico, entonces tendré problemas en mi trabajo”. Otro ejemplo para explicar la improvisación adaptativa que utiliza Güell, se basa en el ascenso social, laboral y cultural de la mujer en la sociedad en contraste al hombre. Al respecto, el sociólogo explica que “a la mujer se le han dado todas las condiciones de género para que la distribución de poder sea igualada. Sin embargo, el hombre genera resistencia a estos cambios de roles en las prácticas del hogar. Es así como la mujer termina haciéndolo todo y se produce la doble y triple jornada. La mujer trabaja afuera para conseguir recursos y trabaja dentro del hogar. Es así como los datos entregan evidencia respecto a que la mujer es quien se lleva el trabajo más importante al interior del hogar, y además, la mujer es la suerte de embajadora de la familia frente a las políticas públicas. Esto se puede sostener en el corto plazo, pero es insostenible en el largo plazo. Las personas no pueden resistir mucho tiempo operando como variables de ajustes en temas que ni le corresponden, ni tienen la capacidad para hacerlo”. La tercera práctica que enumera el profesional es la transmisión pactada. En este caso se da la situación de que a ninguno de los actores involucrados les conviene el cambio implementado, por lo que se arreglan entre ellos. “Por ejemplo, los promotores del cambio exigen nuevas jornadas laborales en el sector comercio y eso significa que van a trabajar menos. Pero la forma como está organizada la práctica del sector comercio, que trabajan básicamente por bonos de venta, en la que el supervisor gana por cada conjunto de departamentos y cada vendedor gana según cuanto vende en el día, a nadie le conviene. No le conviene al trabajador porque pierde la posibilidad de auto explotarse para aumentar sus ganancias y no le conviene al supervisor porque bajan los estándares de su departamento y pierde él mismo. Entonces los dos tipos pueden decir: ‘Bueno, es linda la ley, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre los dos para buscar una solución a esto. Tenemos

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que cumplir la ley, pero al mismo tiempo, no podemos abandonar las prácticas que teníamos, porque si no, nos perjudicamos’. De esta forma, se generan un conjunto de mecanismos, por ejemplo: ‘tú llegaste a las ocho de la mañana, pero pasa la tarjeta a las 10:30, quédate hasta las ocho, pero luego de las ocho haremos un trabajo llamado arreglo de bodega. Quédate a almorzar aquí, yo te regalaré la colación, pero almuerza aquí. Así, aprovecho tus horas para hacer control con eso’. Hay un conjunto de mecanismos que permiten hacer que los tipos, respetando la ley, puedan sostener las prácticas habituales”. Este tipo de prácticas contribuye a una ganancia a corto plazo, pero una destrucción a largo plazo. Si bien los favorece en el momento, les impide en el futuro insertarse en relaciones laborales más beneficiosas en cuanto a calidad. “Hay un país que crea una ley, hay un salto jurídico que hace una ley para elevar la calidad del trabajo. Sin embargo, las prácticas se las arreglan para que no se pueda aprovechar ese salto de calidad”, concluye el entrevistado. ¿El tema de la fiscalización debería reducir las malas prácticas? “Obviamente que la fiscalización es un rol básico. Las prácticas negativas tienen menos posibilidades de efectuarse, cuando está por encima el poder de asegurar el cumplimiento. Sin embargo, estas propias instituciones supervisoras tienen sus propias prácticas, en las que también generan acuerdos. También hay prácticas de supervisión que no son lo adecuadas que debieran ser, donde se producen ciertos arreglos, aunque no necesariamente corruptos. Debo decir que no es el caso chileno, nosotros no hemos encontrado prácticas de corrupción. Lo que tenemos son prácticas de resistencia al cambio o de cargarle los costos del cambio al otro”. La fiscalización se reduce considerablemente en el cuarto tipo de práctica que enumera Güell, la adaptación proyectiva. El entrevistado la define de la siguiente forma: “todos los cambios que se están produciendo en el entorno, en la ley, en el Estado, en el mercado y en la propia cultura, afectan hoy. Crean problemas, pero en el largo plazo prometen ganancias. Entonces, se decide acoplarse a los cambios y hacer las negociaciones necesarias para poder acoplarse a los cambios”. El sociólogo del PNUD ejemplifica nuevamente con el AUGE: “Un médico que decide integrarse al sistema AUGE, debe jugar y buscar su propia identidad. Los otros tienen que apoyarlo en su nueva identidad también. Se produce esta adaptación proyectiva, cuando son capaces de pensar: ‘en el corto plazo esto es duro, en el largo plazo esto será bueno”. En vista de la explicación de la cuarta práctica definida

por el entrevistado, se puede considerar que no todas las prácticas son negativas, hay prácticas que producen avances muy rápidos en la recepción del cambio implementado en cuanto a su efectividad. Por tanto, la diferencia entre que funcionen bien o mal, muchas veces tienen que ver con las mismas prácticas. Siguiendo la misma línea, el entrevistado señala que “hay lugares donde son capaces de instalar cambios y otros donde simplemente no los resisten. Uno de los factores que incide en esto es la visión a largo plazo, ninguna práctica es buena si los actores no son capaces de ver los beneficios que se producen en el largo tiempo. No hay cambio sin una suerte de promesa creíble. Lo segundo, es la idea de tiempos claros. Cuando tú como vendedor, tienes que pagar a fin de mes las cuotas de todas las cosas que has comprado con tarjeta, no hay tiempo largo posible. Mi pregunta es: ‘¿soy capaz de conseguir los $400.000 para poder pagar esas cuotas?’. Entonces, también hay una relación en cuán liberado estás de las urgencias del presente. Otro factor muy importante es, que las posibilidades de resistencia a los cambios son mucho más altas cuando en un grupo de prácticas hay mucha desigualdad del poder, porque quiere decir que unos pueden desplazar los costos hacia otros. A mayor visión a largo plazo y mayor igualdad en relaciones de poder interna, más se producen las condiciones para poder adaptarse a un cambio”. Tomando en cuenta lo anterior, el sociólogo menciona la quinta práctica: la renegociación constante, explicada por el entrevistado con la frase: “¿ellos quiénes son para decirme lo que tengo que hacer? No todas las situaciones son de cambios legales, en los que, sin importar quien lo dijo se debe obedecer porque es una ley. Pero hay muchas situaciones que no tienen que ver con leyes, sino con propuestas de cambio que se hacen unos a otros. En esos momentos, se producen fenómenos de renegociación constante, basadas en que hay que hacer las cosas de otra manera. La oposición se basa en la legitimidad tanto del que propone como la del que no acepta. Se llegan a acuerdos, pero al día siguiente vuelven a lo mismo. Todos los días se parte de cero porque nadie tiene la autoridad para instalar un proyecto de cambio. Obviamente, cuando no hay un proyecto de cambio común y consolidado, cada uno defiende su parte. Parte de la legitimidad de los autores en cuanto a producir cambios conduce a la legitimación constante”. Entre las prácticas consideradas negativas, el entrevistado menciona la penúltima práctica: acuerdo de mínimos; referida a “cuando dos personas entran en una relación, en un pacto, ambos se necesitan, pero ambos tienen la idea de que el otro va a abusar de él. Es así como se relacionan buscando perder el mínimo. Esto

lo observamos en los temporeros, donde el empleador dice: ‘este tipo no tiene ninguna lealtad con el predio, si al lado le ofrecen dos pesos más, se va a ir, entonces yo no voy a invertir en él’. Entonces hace un esfuerzo por no comprometerse y pagarle lo menos posible. Y el temporero dice: ‘este tipo no me va a pagar bien, en una de esas no me va a pagar, no me va a hacer las leyes sociales, además este tipo me va a descontar. Por lo tanto, voy a agarrar este trabajo, pero lo voy a hacer mirando hacia el lado, mientras me busco un trabajo mejor para poder irme’. De esta forma, negocia lo mínimo, el empleador trata con el tipo lo mínimo y el empleado trabaja la menor cantidad posible. Ahí es donde existe una oportunidad de maximizar los beneficios mutuos, sin embargo, lo que se produce es una minimización de éstos porque uno está constantemente defendiéndose del otro. Hay situaciones de práctica en que las oportunidades nuevas creadas por el desarrollo se topan con estas desconfianzas mutuas. El acuerdo mínimo es otro ejemplo más de pérdida de energía social”. La negatividad de la recién mencionada práctica radica en el desperdicio de oportunidades y beneficios. “Nosotros estudiamos las prácticas no para explicar porque las cosas se hacen mal, sino para ver que tipo de energías se están desaprovechando”, afirma Güell. Finalmente, la última práctica que menciona el entrevistado corresponde a la negociación habilitada; Güell dice que se relaciona con los procesos de aprendizaje, consistente en grupos que se avalan y validan entre ellos. “Puede venir alguien con una idea de que esto puede cambiar o mejorar en algunas cosas y los demás, deciden creerlo o tomarlo en cuenta. Entonces se empiezan a avalar o habilitar unos a otros. Comienzan a desarrollar procesos de aprendizaje y producen efectivamente cambios en las propias prácticas. Estas siete prácticas permiten explicar, sobretodo, por qué energías que hemos creado en la fase anterior de crecimiento acelerado no se despliegan en esta fase de crecimiento estancado. Intervenimos sobre la cancha en la que se juegan las prácticas, pero no sobre las prácticas. Creamos infraestructura, creamos escuela, cambios culturales, cambios legales, pero no hemos trabajado sobre el micro desarrollo que es el desarrollo de las prácticas. Y lo fundamental es que, no sólo nos permite comprender la situación actual, sino que también nos permite entender cómo será mañana: cómo encontrar herramientas nuevas que nos permitan destrabar el problema del desarrollo”. Con respecto al tema de que se pierden las energías sociales, ¿dónde se sugiere intervenir? ¿Se necesita más fiscalización externa o hay que inter-

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Pedro Güell

resistir los cambios que van a implicar la reducción de poder, por eso generan estrategias de resistencia, con las que neutralizan el efecto del cambio o lo desvían plenamente. “Resisten y redefinen los cambios: ‘Lo hago, pero a mi manera’, así toda la organización y sus actores tienden a mantener en rodaje las prácticas que tenían” explica. Paralelo a esta práctica, se encuentra la improvisación adaptativa; para explicar su definición el sociólogo ejemplifica que “cuando el médico decide no llenar el protocolo, entonces la enfermera lo hace. Primero, porque hay un grupo de personas más sacrificadas que otras, pero también porque tienen menos poder. ‘Si yo no parcho el defecto del médico, entonces tendré problemas en mi trabajo”. Otro ejemplo para explicar la improvisación adaptativa que utiliza Güell, se basa en el ascenso social, laboral y cultural de la mujer en la sociedad en contraste al hombre. Al respecto, el sociólogo explica que “a la mujer se le han dado todas las condiciones de género para que la distribución de poder sea igualada. Sin embargo, el hombre genera resistencia a estos cambios de roles en las prácticas del hogar. Es así como la mujer termina haciéndolo todo y se produce la doble y triple jornada. La mujer trabaja afuera para conseguir recursos y trabaja dentro del hogar. Es así como los datos entregan evidencia respecto a que la mujer es quien se lleva el trabajo más importante al interior del hogar, y además, la mujer es la suerte de embajadora de la familia frente a las políticas públicas. Esto se puede sostener en el corto plazo, pero es insostenible en el largo plazo. Las personas no pueden resistir mucho tiempo operando como variables de ajustes en temas que ni le corresponden, ni tienen la capacidad para hacerlo”. La tercera práctica que enumera el profesional es la transmisión pactada. En este caso se da la situación de que a ninguno de los actores involucrados les conviene el cambio implementado, por lo que se arreglan entre ellos. “Por ejemplo, los promotores del cambio exigen nuevas jornadas laborales en el sector comercio y eso significa que van a trabajar menos. Pero la forma como está organizada la práctica del sector comercio, que trabajan básicamente por bonos de venta, en la que el supervisor gana por cada conjunto de departamentos y cada vendedor gana según cuanto vende en el día, a nadie le conviene. No le conviene al trabajador porque pierde la posibilidad de auto explotarse para aumentar sus ganancias y no le conviene al supervisor porque bajan los estándares de su departamento y pierde él mismo. Entonces los dos tipos pueden decir: ‘Bueno, es linda la ley, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre los dos para buscar una solución a esto. Tenemos

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que cumplir la ley, pero al mismo tiempo, no podemos abandonar las prácticas que teníamos, porque si no, nos perjudicamos’. De esta forma, se generan un conjunto de mecanismos, por ejemplo: ‘tú llegaste a las ocho de la mañana, pero pasa la tarjeta a las 10:30, quédate hasta las ocho, pero luego de las ocho haremos un trabajo llamado arreglo de bodega. Quédate a almorzar aquí, yo te regalaré la colación, pero almuerza aquí. Así, aprovecho tus horas para hacer control con eso’. Hay un conjunto de mecanismos que permiten hacer que los tipos, respetando la ley, puedan sostener las prácticas habituales”. Este tipo de prácticas contribuye a una ganancia a corto plazo, pero una destrucción a largo plazo. Si bien los favorece en el momento, les impide en el futuro insertarse en relaciones laborales más beneficiosas en cuanto a calidad. “Hay un país que crea una ley, hay un salto jurídico que hace una ley para elevar la calidad del trabajo. Sin embargo, las prácticas se las arreglan para que no se pueda aprovechar ese salto de calidad”, concluye el entrevistado. ¿El tema de la fiscalización debería reducir las malas prácticas? “Obviamente que la fiscalización es un rol básico. Las prácticas negativas tienen menos posibilidades de efectuarse, cuando está por encima el poder de asegurar el cumplimiento. Sin embargo, estas propias instituciones supervisoras tienen sus propias prácticas, en las que también generan acuerdos. También hay prácticas de supervisión que no son lo adecuadas que debieran ser, donde se producen ciertos arreglos, aunque no necesariamente corruptos. Debo decir que no es el caso chileno, nosotros no hemos encontrado prácticas de corrupción. Lo que tenemos son prácticas de resistencia al cambio o de cargarle los costos del cambio al otro”. La fiscalización se reduce considerablemente en el cuarto tipo de práctica que enumera Güell, la adaptación proyectiva. El entrevistado la define de la siguiente forma: “todos los cambios que se están produciendo en el entorno, en la ley, en el Estado, en el mercado y en la propia cultura, afectan hoy. Crean problemas, pero en el largo plazo prometen ganancias. Entonces, se decide acoplarse a los cambios y hacer las negociaciones necesarias para poder acoplarse a los cambios”. El sociólogo del PNUD ejemplifica nuevamente con el AUGE: “Un médico que decide integrarse al sistema AUGE, debe jugar y buscar su propia identidad. Los otros tienen que apoyarlo en su nueva identidad también. Se produce esta adaptación proyectiva, cuando son capaces de pensar: ‘en el corto plazo esto es duro, en el largo plazo esto será bueno”. En vista de la explicación de la cuarta práctica definida

por el entrevistado, se puede considerar que no todas las prácticas son negativas, hay prácticas que producen avances muy rápidos en la recepción del cambio implementado en cuanto a su efectividad. Por tanto, la diferencia entre que funcionen bien o mal, muchas veces tienen que ver con las mismas prácticas. Siguiendo la misma línea, el entrevistado señala que “hay lugares donde son capaces de instalar cambios y otros donde simplemente no los resisten. Uno de los factores que incide en esto es la visión a largo plazo, ninguna práctica es buena si los actores no son capaces de ver los beneficios que se producen en el largo tiempo. No hay cambio sin una suerte de promesa creíble. Lo segundo, es la idea de tiempos claros. Cuando tú como vendedor, tienes que pagar a fin de mes las cuotas de todas las cosas que has comprado con tarjeta, no hay tiempo largo posible. Mi pregunta es: ‘¿soy capaz de conseguir los $400.000 para poder pagar esas cuotas?’. Entonces, también hay una relación en cuán liberado estás de las urgencias del presente. Otro factor muy importante es, que las posibilidades de resistencia a los cambios son mucho más altas cuando en un grupo de prácticas hay mucha desigualdad del poder, porque quiere decir que unos pueden desplazar los costos hacia otros. A mayor visión a largo plazo y mayor igualdad en relaciones de poder interna, más se producen las condiciones para poder adaptarse a un cambio”. Tomando en cuenta lo anterior, el sociólogo menciona la quinta práctica: la renegociación constante, explicada por el entrevistado con la frase: “¿ellos quiénes son para decirme lo que tengo que hacer? No todas las situaciones son de cambios legales, en los que, sin importar quien lo dijo se debe obedecer porque es una ley. Pero hay muchas situaciones que no tienen que ver con leyes, sino con propuestas de cambio que se hacen unos a otros. En esos momentos, se producen fenómenos de renegociación constante, basadas en que hay que hacer las cosas de otra manera. La oposición se basa en la legitimidad tanto del que propone como la del que no acepta. Se llegan a acuerdos, pero al día siguiente vuelven a lo mismo. Todos los días se parte de cero porque nadie tiene la autoridad para instalar un proyecto de cambio. Obviamente, cuando no hay un proyecto de cambio común y consolidado, cada uno defiende su parte. Parte de la legitimidad de los autores en cuanto a producir cambios conduce a la legitimación constante”. Entre las prácticas consideradas negativas, el entrevistado menciona la penúltima práctica: acuerdo de mínimos; referida a “cuando dos personas entran en una relación, en un pacto, ambos se necesitan, pero ambos tienen la idea de que el otro va a abusar de él. Es así como se relacionan buscando perder el mínimo. Esto

lo observamos en los temporeros, donde el empleador dice: ‘este tipo no tiene ninguna lealtad con el predio, si al lado le ofrecen dos pesos más, se va a ir, entonces yo no voy a invertir en él’. Entonces hace un esfuerzo por no comprometerse y pagarle lo menos posible. Y el temporero dice: ‘este tipo no me va a pagar bien, en una de esas no me va a pagar, no me va a hacer las leyes sociales, además este tipo me va a descontar. Por lo tanto, voy a agarrar este trabajo, pero lo voy a hacer mirando hacia el lado, mientras me busco un trabajo mejor para poder irme’. De esta forma, negocia lo mínimo, el empleador trata con el tipo lo mínimo y el empleado trabaja la menor cantidad posible. Ahí es donde existe una oportunidad de maximizar los beneficios mutuos, sin embargo, lo que se produce es una minimización de éstos porque uno está constantemente defendiéndose del otro. Hay situaciones de práctica en que las oportunidades nuevas creadas por el desarrollo se topan con estas desconfianzas mutuas. El acuerdo mínimo es otro ejemplo más de pérdida de energía social”. La negatividad de la recién mencionada práctica radica en el desperdicio de oportunidades y beneficios. “Nosotros estudiamos las prácticas no para explicar porque las cosas se hacen mal, sino para ver que tipo de energías se están desaprovechando”, afirma Güell. Finalmente, la última práctica que menciona el entrevistado corresponde a la negociación habilitada; Güell dice que se relaciona con los procesos de aprendizaje, consistente en grupos que se avalan y validan entre ellos. “Puede venir alguien con una idea de que esto puede cambiar o mejorar en algunas cosas y los demás, deciden creerlo o tomarlo en cuenta. Entonces se empiezan a avalar o habilitar unos a otros. Comienzan a desarrollar procesos de aprendizaje y producen efectivamente cambios en las propias prácticas. Estas siete prácticas permiten explicar, sobretodo, por qué energías que hemos creado en la fase anterior de crecimiento acelerado no se despliegan en esta fase de crecimiento estancado. Intervenimos sobre la cancha en la que se juegan las prácticas, pero no sobre las prácticas. Creamos infraestructura, creamos escuela, cambios culturales, cambios legales, pero no hemos trabajado sobre el micro desarrollo que es el desarrollo de las prácticas. Y lo fundamental es que, no sólo nos permite comprender la situación actual, sino que también nos permite entender cómo será mañana: cómo encontrar herramientas nuevas que nos permitan destrabar el problema del desarrollo”. Con respecto al tema de que se pierden las energías sociales, ¿dónde se sugiere intervenir? ¿Se necesita más fiscalización externa o hay que inter-

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Pedro Güell

venir sobre los mismos actores que experimentan la práctica? “Hay varios lugares o estrategias para poder intervenir. Todos los sitios tienen prácticas y en todos están con subdesarrollo. Hay que intervenir sobre las condiciones que hacen posible que las prácticas cambien. Primero, el tema del largo plazo. No es pensable que los operadores del comercio vayan a actuar a favor de la ley, si no hay una promesa creíble de que las condiciones laborales van a mejorar efectivamente en el largo plazo. Y hay todo un mundo de estrategias que permiten desarrollar esa confianza. Nosotros hemos descubierto que la existencia o no, de tiempos largos ha sido una diferencia radical. Muchas de las situaciones de prácticas obstaculizadoras se caracterizaban porque los actores tenían tiempos muy cortos. ¿Cómo se crea tiempo largo? Es una fórmula mágica del desarrollo: crear confianza, dar muestras de que efectivamente la sociedad va a jugársela porque se cumplan esas condiciones. Por ejemplo, el aumento de la supervisión. Creo que el tema de cumplir tiempos es una cuestión básica. Además, es muy difícil que las prácticas cambien si las asimetrías de poder son muy altas. Por tanto, es necesario crear condiciones efectivas de igualdad en las prácticas, no sólo igualdad formal, sino que igualdad inserta en las prácticas. Es clave para que las prácticas puedan funcionar. Lo otro, tiene que ver con el tema de los prejuicios, si existen deslegitimaciones y prejuicios recíprocos, es muy difícil hacer transformaciones de una práctica. Es un trabajo cultural y organizacional. Hay un conjunto de condiciones que tenemos que ir explorando acerca de cómo es posible intervenir y cambiar las prácticas, no todas las intervenciones las puede hacer el Estado. Hay prácticas que tienen que ver con el aprendizaje de la gente, en cuanto a que pueden innovar internamente. Tienen que ver con las relaciones de trabajo, con las formas de autoridad. Por ejemplo, ¿qué sale del trabajo de las familias? Se han creado un conjunto de cambios que hacen que las familias no puedan gestionar sus contenidos con las herramientas antiguas. El autoritarismo patriarcal ya no sirve para gestionar los nuevos problemas. Hay que crear nuevas formas de acuerdo y de gestión. ¿Es posible hacer eso donde hay tanta desigualdad al interior de la familia? ¿Es posible hacerlo con la deslegitimación de los adolescentes hoy en día? Antes se pensaba que los adolescentes eran receptores de instrucciones, hoy se piensa que son motores de innovación, portadores de derechos, ¿uno podría pensar que va a hacer acuerdos desiguales con los adolescentes o hay que legitimarlos? Tomar en cuenta eso permite que las familias innoven, creando prácticas novedosas”.

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

Ser ciudadano El entrevistado agrega que “otro tema en que este país ha avanzado, es el tema de las buenas prácticas, las que consisten en trasladar formas e historias de procesamiento de un lado a otro. Es un campo por descubrir. Se imparte no sólo en el escenario nuevo del desarrollo, sino en el mismo trabajo sobre las prácticas. Tenemos que aprender cómo es posible por una parte, generar capacidad de las prácticas para adaptarse a ciertos cambios, y por otra, hacer de las prácticas lugares donde se produce un cambio significativo”. Tomando el tema de la desigualdad en las prácticas y relacionándolo con el despliegue de la ciudadanía. Tenemos movimientos como “Salvemos Vitacura” en una de las comunas más ricas de Santiago, donde la gente lucha para que no haya más densidad, para que no lleguen más personas a la comuna, contribuyendo a la segregación. ¿Cómo se entiende ese tipo de ciudadanía, que es la existe más o menos en Chile, desde la perspectiva de las prácticas? “Lo primero es que Chile ha desarrollado en los últimos 20 años, de una manera bastante notable, el espectro de los derechos ciudadanos. Chile es un país que en términos formales avanza bastante rápido, si bien hay muchos retrasos, sobretodo en el ámbito político. ¿Qué significa ciudadanía en términos formales?: ‘Yo soy igual a todos los otros, soy tan dueño de la sociedad como cualquier otro. Y por lo tanto, puedo intervenir sobre la sociedad y además, tengo la creencia de que tengo capacidad para intervenir y me va a resultar’. Por tanto, ciudadanía no es sólo tener derecho, sino también una suerte de auto confianza”. El entrevistado considera que un ciudadano es todo aquel que “puede intervenir y produce efecto. La experiencia que hemos tenido en los últimos años es de una política de muy baja participación, lo que ha producido dos efectos. Uno de ellos es que la gente no haya tenido la experiencia de actuar con resultados positivos. Nuestras políticas públicas han sido muy tecnocráticas y más bien han instado a entregar beneficios de manera muy eficiente y más bien ampliada. No han permitido tener experiencia en la capacidad de incidencia. Pero además, hay muchas situaciones, precisamente porque se trabaja con formas muy clásicas como la participación política electoral por ejemplo, en que la experiencia que la gente tiene es más bien decepcionante”. Güell explica que, desde su punto de vista, las experiencias de ciudadanía son muy pasivas. “En Chile, participación consiste en ser informado de algo que ya se hizo, sin

participación alguna. Eso hace que nos cueste traducir los nuevos derechos ciudadanos a la experiencia ciudadana. Pero de repente, ocurre un fenómeno donde ocurren ciertos consensos, no sólo en el tipo de sociedad que queremos sino también en relación a problemas inmediatos. La gente está mucho más dispuesta a movilizarse por intereses inmediatos que por intereses abstractos, entonces se producen consensos, se producen experiencias, se producen formas de organización que hacen que grupos mínimos tengan la capacidad de impactar efectivamente. Juntan ciertas condiciones, impactan, tienen la experiencia del impacto y eso inmediatamente lo refuerza. Eso es lo que se llama el círculo virtuoso del capital social, es decir, mientras más eficaz eres, más auto confianza tienes en tu eficacia. Por tanto, más actúas. Aumenta la disposición a la participación y aumenta la eficacia real en defensa de los intereses propios. Precisamente, porque son experiencias muy puntuales y no generales para todos, lo que ocurre es que esos grupos tienden a buscar beneficios sólo para ellos. Lo de Vitacura es muy notable en términos de ciudadanía, pero ¿se preguntaron ellos cuál iba a ser el efecto sobre el resto de la ciudad, o sólo se preocuparon de lo que ellos estaban buscando? Entonces, el riesgo de estas pequeñas experiencias es que, si bien son muy notables y se transforman en efectivas, se terminan por corporativizar. Se defienden a sí mismos, sin importar el resto de la ciudad. Entonces, un punto clave es, que parece ser que no es posible construir prácticas de ciudadanía efectiva si no es partiendo por situaciones concretas. Al mismo tiempo, una pregunta que tenemos que resolver es ¿cómo es posible hacer que las pequeñas experiencias de ciudadanía y de eficacia ciudadana, se vinculen a la reflexión de los derechos y los deberes cívicos y generales? ¿Cómo haces tú que la propia lucha y defensa que hace la gente de Vitacura, la haga no sólo como vecinos, sino en términos ciudadanos más generales? Eso no está asegurado y es un trabajo que tenemos que hacer. En el nuevo tipo de desarrollo que tenemos, ese es el nuevo tipo de desafíos que nos rodean. No sería interesante si no fuera nuevo o inédito”.

Pobres entre los ricos, ricos entre los pobres Pensando que las prácticas son donde converge el Estado, el mercado y la subjetividad y tomando en cuenta, que Chile, es de los países, más desiguales del mundo ¿Cómo entrarían en ese juego las personas más pobres, los de menos recursos? ¿Las prácticas serían equitativas o habría que clasificar el tipo de práctica según las oportunidades de las personas? “Los pobres entran en todo tipo de prácticas, en algunas como esclavos y en otras como dominadores. Un obrero de la construcción ingresa en una práctica laboral subordinado, con todos los efectos que eso tiene. Llegando a su casa, puede entrar como el macho que domina y somete al resto del hogar. Visto desde la perspectiva de las prácticas, la situación se vuelve mucho más heterogénea, es mucho más difícil clasificar a la gente en blanco y negro. En general, los pobres entran en relaciones subordinadas, pero hay también pobres dentro de los pobres”. El entrevistado menciona a modo de ejemplo que una mujer, mayor de 50 años, rural y mapuche, es un posible foco donde se cruzan todas las prácticas discriminatorias posibles. “Hay también una multi dimensionalidad de los factores de pobreza que ya no son sólo económicos, sino de esa pobreza que resulta de cómo yo estoy en las prácticas y cuánta capacidad tengo para ser sujeto en las prácticas”. Güell argumenta que el estudio de las prácticas se torna mucho más complejo al ver el tema de la pobreza. Afirma que los polos positivo y negativo adquieren nuevos subconjuntos: “no son económicamente pobres o no pobres, sino que hay pobres dentro de los pobres. Hay ricos y ricos, y ahí subordinados dentro de los ricos. Una mujer de clase alta puede echar mano a su red de variables de ajustes, la empleada y el jardinero. Es variable de ajuste su propia situación, ella tiene que salir al trabajo y el marido no cambia en absoluto sus prácticas modernas”. El sociólogo afirma que es un tema sin exploración, consistente en ver en qué medida se pueden comprender las dinámicas de pobreza observando las prácticas, que van más allá de los fenómenos económicos. Desde la perspectiva de las prácticas, el entrevistado redefine la pobreza como “no poder ser sujeto de la propia vida en los distintos espacios de práctica donde se está. La sociedad es mucho más compleja que las clasificaciones en blanco y negro. Entender esa complejidad es parte de las nuevas tareas de las etapas de desarrollo. No vamos a poder construir herramientas adecuadas a los nuevos desafíos del desarrollo, sino entendemos la enorme complejidad de la sociedad, la que construimos en base a nuestro desarrollo. Tenemos un dilema de crecimiento”.

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venir sobre los mismos actores que experimentan la práctica? “Hay varios lugares o estrategias para poder intervenir. Todos los sitios tienen prácticas y en todos están con subdesarrollo. Hay que intervenir sobre las condiciones que hacen posible que las prácticas cambien. Primero, el tema del largo plazo. No es pensable que los operadores del comercio vayan a actuar a favor de la ley, si no hay una promesa creíble de que las condiciones laborales van a mejorar efectivamente en el largo plazo. Y hay todo un mundo de estrategias que permiten desarrollar esa confianza. Nosotros hemos descubierto que la existencia o no, de tiempos largos ha sido una diferencia radical. Muchas de las situaciones de prácticas obstaculizadoras se caracterizaban porque los actores tenían tiempos muy cortos. ¿Cómo se crea tiempo largo? Es una fórmula mágica del desarrollo: crear confianza, dar muestras de que efectivamente la sociedad va a jugársela porque se cumplan esas condiciones. Por ejemplo, el aumento de la supervisión. Creo que el tema de cumplir tiempos es una cuestión básica. Además, es muy difícil que las prácticas cambien si las asimetrías de poder son muy altas. Por tanto, es necesario crear condiciones efectivas de igualdad en las prácticas, no sólo igualdad formal, sino que igualdad inserta en las prácticas. Es clave para que las prácticas puedan funcionar. Lo otro, tiene que ver con el tema de los prejuicios, si existen deslegitimaciones y prejuicios recíprocos, es muy difícil hacer transformaciones de una práctica. Es un trabajo cultural y organizacional. Hay un conjunto de condiciones que tenemos que ir explorando acerca de cómo es posible intervenir y cambiar las prácticas, no todas las intervenciones las puede hacer el Estado. Hay prácticas que tienen que ver con el aprendizaje de la gente, en cuanto a que pueden innovar internamente. Tienen que ver con las relaciones de trabajo, con las formas de autoridad. Por ejemplo, ¿qué sale del trabajo de las familias? Se han creado un conjunto de cambios que hacen que las familias no puedan gestionar sus contenidos con las herramientas antiguas. El autoritarismo patriarcal ya no sirve para gestionar los nuevos problemas. Hay que crear nuevas formas de acuerdo y de gestión. ¿Es posible hacer eso donde hay tanta desigualdad al interior de la familia? ¿Es posible hacerlo con la deslegitimación de los adolescentes hoy en día? Antes se pensaba que los adolescentes eran receptores de instrucciones, hoy se piensa que son motores de innovación, portadores de derechos, ¿uno podría pensar que va a hacer acuerdos desiguales con los adolescentes o hay que legitimarlos? Tomar en cuenta eso permite que las familias innoven, creando prácticas novedosas”.

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

Ser ciudadano El entrevistado agrega que “otro tema en que este país ha avanzado, es el tema de las buenas prácticas, las que consisten en trasladar formas e historias de procesamiento de un lado a otro. Es un campo por descubrir. Se imparte no sólo en el escenario nuevo del desarrollo, sino en el mismo trabajo sobre las prácticas. Tenemos que aprender cómo es posible por una parte, generar capacidad de las prácticas para adaptarse a ciertos cambios, y por otra, hacer de las prácticas lugares donde se produce un cambio significativo”. Tomando el tema de la desigualdad en las prácticas y relacionándolo con el despliegue de la ciudadanía. Tenemos movimientos como “Salvemos Vitacura” en una de las comunas más ricas de Santiago, donde la gente lucha para que no haya más densidad, para que no lleguen más personas a la comuna, contribuyendo a la segregación. ¿Cómo se entiende ese tipo de ciudadanía, que es la existe más o menos en Chile, desde la perspectiva de las prácticas? “Lo primero es que Chile ha desarrollado en los últimos 20 años, de una manera bastante notable, el espectro de los derechos ciudadanos. Chile es un país que en términos formales avanza bastante rápido, si bien hay muchos retrasos, sobretodo en el ámbito político. ¿Qué significa ciudadanía en términos formales?: ‘Yo soy igual a todos los otros, soy tan dueño de la sociedad como cualquier otro. Y por lo tanto, puedo intervenir sobre la sociedad y además, tengo la creencia de que tengo capacidad para intervenir y me va a resultar’. Por tanto, ciudadanía no es sólo tener derecho, sino también una suerte de auto confianza”. El entrevistado considera que un ciudadano es todo aquel que “puede intervenir y produce efecto. La experiencia que hemos tenido en los últimos años es de una política de muy baja participación, lo que ha producido dos efectos. Uno de ellos es que la gente no haya tenido la experiencia de actuar con resultados positivos. Nuestras políticas públicas han sido muy tecnocráticas y más bien han instado a entregar beneficios de manera muy eficiente y más bien ampliada. No han permitido tener experiencia en la capacidad de incidencia. Pero además, hay muchas situaciones, precisamente porque se trabaja con formas muy clásicas como la participación política electoral por ejemplo, en que la experiencia que la gente tiene es más bien decepcionante”. Güell explica que, desde su punto de vista, las experiencias de ciudadanía son muy pasivas. “En Chile, participación consiste en ser informado de algo que ya se hizo, sin

participación alguna. Eso hace que nos cueste traducir los nuevos derechos ciudadanos a la experiencia ciudadana. Pero de repente, ocurre un fenómeno donde ocurren ciertos consensos, no sólo en el tipo de sociedad que queremos sino también en relación a problemas inmediatos. La gente está mucho más dispuesta a movilizarse por intereses inmediatos que por intereses abstractos, entonces se producen consensos, se producen experiencias, se producen formas de organización que hacen que grupos mínimos tengan la capacidad de impactar efectivamente. Juntan ciertas condiciones, impactan, tienen la experiencia del impacto y eso inmediatamente lo refuerza. Eso es lo que se llama el círculo virtuoso del capital social, es decir, mientras más eficaz eres, más auto confianza tienes en tu eficacia. Por tanto, más actúas. Aumenta la disposición a la participación y aumenta la eficacia real en defensa de los intereses propios. Precisamente, porque son experiencias muy puntuales y no generales para todos, lo que ocurre es que esos grupos tienden a buscar beneficios sólo para ellos. Lo de Vitacura es muy notable en términos de ciudadanía, pero ¿se preguntaron ellos cuál iba a ser el efecto sobre el resto de la ciudad, o sólo se preocuparon de lo que ellos estaban buscando? Entonces, el riesgo de estas pequeñas experiencias es que, si bien son muy notables y se transforman en efectivas, se terminan por corporativizar. Se defienden a sí mismos, sin importar el resto de la ciudad. Entonces, un punto clave es, que parece ser que no es posible construir prácticas de ciudadanía efectiva si no es partiendo por situaciones concretas. Al mismo tiempo, una pregunta que tenemos que resolver es ¿cómo es posible hacer que las pequeñas experiencias de ciudadanía y de eficacia ciudadana, se vinculen a la reflexión de los derechos y los deberes cívicos y generales? ¿Cómo haces tú que la propia lucha y defensa que hace la gente de Vitacura, la haga no sólo como vecinos, sino en términos ciudadanos más generales? Eso no está asegurado y es un trabajo que tenemos que hacer. En el nuevo tipo de desarrollo que tenemos, ese es el nuevo tipo de desafíos que nos rodean. No sería interesante si no fuera nuevo o inédito”.

Pobres entre los ricos, ricos entre los pobres Pensando que las prácticas son donde converge el Estado, el mercado y la subjetividad y tomando en cuenta, que Chile, es de los países, más desiguales del mundo ¿Cómo entrarían en ese juego las personas más pobres, los de menos recursos? ¿Las prácticas serían equitativas o habría que clasificar el tipo de práctica según las oportunidades de las personas? “Los pobres entran en todo tipo de prácticas, en algunas como esclavos y en otras como dominadores. Un obrero de la construcción ingresa en una práctica laboral subordinado, con todos los efectos que eso tiene. Llegando a su casa, puede entrar como el macho que domina y somete al resto del hogar. Visto desde la perspectiva de las prácticas, la situación se vuelve mucho más heterogénea, es mucho más difícil clasificar a la gente en blanco y negro. En general, los pobres entran en relaciones subordinadas, pero hay también pobres dentro de los pobres”. El entrevistado menciona a modo de ejemplo que una mujer, mayor de 50 años, rural y mapuche, es un posible foco donde se cruzan todas las prácticas discriminatorias posibles. “Hay también una multi dimensionalidad de los factores de pobreza que ya no son sólo económicos, sino de esa pobreza que resulta de cómo yo estoy en las prácticas y cuánta capacidad tengo para ser sujeto en las prácticas”. Güell argumenta que el estudio de las prácticas se torna mucho más complejo al ver el tema de la pobreza. Afirma que los polos positivo y negativo adquieren nuevos subconjuntos: “no son económicamente pobres o no pobres, sino que hay pobres dentro de los pobres. Hay ricos y ricos, y ahí subordinados dentro de los ricos. Una mujer de clase alta puede echar mano a su red de variables de ajustes, la empleada y el jardinero. Es variable de ajuste su propia situación, ella tiene que salir al trabajo y el marido no cambia en absoluto sus prácticas modernas”. El sociólogo afirma que es un tema sin exploración, consistente en ver en qué medida se pueden comprender las dinámicas de pobreza observando las prácticas, que van más allá de los fenómenos económicos. Desde la perspectiva de las prácticas, el entrevistado redefine la pobreza como “no poder ser sujeto de la propia vida en los distintos espacios de práctica donde se está. La sociedad es mucho más compleja que las clasificaciones en blanco y negro. Entender esa complejidad es parte de las nuevas tareas de las etapas de desarrollo. No vamos a poder construir herramientas adecuadas a los nuevos desafíos del desarrollo, sino entendemos la enorme complejidad de la sociedad, la que construimos en base a nuestro desarrollo. Tenemos un dilema de crecimiento”.

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entrevista a

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Elaborado por el Centro de Investigación Social (CIS) de Un Techo para Chile

Viviendas destruidas y cambios de terreno La pérdida de la vivienda significa una pérdida importante de capital para familias que habían invertido en sus viviendas definitivas. La mayoría de los afectados por el terremoto y maremoto a los cuales UTPCH construyó viviendas de emergencia habitaban previamente en su sitio particular (79%) por lo que se puede suponer que eran dueños de su vivienda propia. Sólo un 19% vivía de allegado y un 2% vivía en campamentos3.

GRÁFICO 1. SITUACIÓN HABITACIONAL DE LOS AFECTADOS PREVIA A LA CATÁSTROFE 2% 19%

Allegado

Campamento

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

El pasado 27 de Febrero, un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter y un posterior maremoto azotaron fuertemente a cinco regiones del país. Según estimaciones de la ONEMI, fueron cerca de 81.444 las viviendas destruidas y 108.914 las con daño mayor1. Tanto el gobierno como diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) comenzaron una labor de ayuda a los damnificados para paliar las necesidades inmediatas de servicios básicos. Un Techo para Chile (UTPCH) en los meses posteriores a la catástrofe, colaboró con las familias afectadas en la construcción de más de 23.000 viviendas de emergencia, en donde se movilizaron alrededor de 70.000 volun1 Fuente: “Chile unido reconstruye mejor” en www.observatoriourbano.cl

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

tarios de distintos sectores. A continuación se presenta una caracterización general de las familias beneficiarias de UTPCH. Se presentan datos sobre situación previa a la catástrofe y sobre el escenario posterior a ésta, con el fin de dar un panorama general de la realidad de los afectados. Los datos presentados corresponden a los resultados de una encuesta realizada a una muestra de 8.950 familias a las que UTPCH construyó viviendas de emergencia. Los datos fueron ponderados de forma tal que representaran al número total de beneficiarios totales por comuna.2 2 El supuesto implícito tras la ponderación es que dentro de una comuna la probabilidad de que una familia fuera encuestada es independiente de sus características.

MIXTA 12%

MADERA 28%

ADOBE 52%

HORMIGÓN Y LADRILLO 8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

79%

Sitio particular

GRÁFICO 2. MATERIALES DE LAS CASAS DESTRUIDAS

Cabe destacar, que del total de los propietarios, sólo un 10% declara haber postulado a un subsidio habitacional. Es decir, un 90% de quienes perdieron su vivienda propia, la había obtenido sin apoyo estatal. Se puede especular por un lado que las familias no necesitaron de subsidios habitacionales ya sea por que las viviendas fueron heredadas o por que fueron adquiridas por medios propios. Esto indica que no existe mayor experiencia en la postulación a fondos del Estado por parte de los afectados, lo que debe ser considerado en los procesos de reconstrucción y asignación de nuevos subsidios. Las casas en las que habitaban los afectados beneficiarios de UTPCH eran en su mayoría de adobe (52%). Esto denota una fuerte vulnerabilidad previa en gran parte de los casos, cuyas viviendas no estaban preparadas para enfrentar eventos sísmicos de tan alta magnitud. En segundo lugar se encuentran las casas de madera (28%) y un bajo porcentaje de las casas destruidas fueron de hormigón o ladrillo (8%). El 12% restante es representado por viviendas de material mixto y tabiquería en adobe.

Respecto de la ubicación actual de las familias afectadas, la mayoría se mantuvo en su sitio (67%). En segundo lugar se encuentran los afectados que instalaron sus viviendas de emergencia en sitios prestados, representando a un 28% de las viviendas construidas por UTPCH. Producto de la devastación que dejó el maremoto en las zonas costeras, o la inhabitabilidad de ciertos terrenos, hubo familias que tuvieron trasladarse a campamentos de emergencia o aldeas. El porcentaje de familias beneficiarias de UTPCH que se trasladaron a estos conjuntos es mínimo. Del total de viviendas construidas, sólo un 5% se emplazan en campamentos o aldeas de emergencia.

GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA CONSTRUIDAS SEGÚN SITUACIÓN DEL TERRENO 5%

28%

67%

Sitio propio

Sitio prestado

Aldea de emergencia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

Acceso a servicios básicos 3 Campamentos corresponden a asentamientos de 8 o más familias agrupadas o contiguas, que carecen de al menos un servicio básico (agua, luz o eliminación de excretas) y que viven en situación irregular de tenencia del terreno.

El acceso a servicios básicos es un ítem importante a considerar, sobre todo por la incidencia que estos tienen para

CIS

crónica

Como viven las familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010

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Elaborado por el Centro de Investigación Social (CIS) de Un Techo para Chile

Viviendas destruidas y cambios de terreno La pérdida de la vivienda significa una pérdida importante de capital para familias que habían invertido en sus viviendas definitivas. La mayoría de los afectados por el terremoto y maremoto a los cuales UTPCH construyó viviendas de emergencia habitaban previamente en su sitio particular (79%) por lo que se puede suponer que eran dueños de su vivienda propia. Sólo un 19% vivía de allegado y un 2% vivía en campamentos3.

GRÁFICO 1. SITUACIÓN HABITACIONAL DE LOS AFECTADOS PREVIA A LA CATÁSTROFE 2% 19%

Allegado

Campamento

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

El pasado 27 de Febrero, un terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter y un posterior maremoto azotaron fuertemente a cinco regiones del país. Según estimaciones de la ONEMI, fueron cerca de 81.444 las viviendas destruidas y 108.914 las con daño mayor1. Tanto el gobierno como diversas organizaciones no gubernamentales (ONGs) comenzaron una labor de ayuda a los damnificados para paliar las necesidades inmediatas de servicios básicos. Un Techo para Chile (UTPCH) en los meses posteriores a la catástrofe, colaboró con las familias afectadas en la construcción de más de 23.000 viviendas de emergencia, en donde se movilizaron alrededor de 70.000 volun1 Fuente: “Chile unido reconstruye mejor” en www.observatoriourbano.cl

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

tarios de distintos sectores. A continuación se presenta una caracterización general de las familias beneficiarias de UTPCH. Se presentan datos sobre situación previa a la catástrofe y sobre el escenario posterior a ésta, con el fin de dar un panorama general de la realidad de los afectados. Los datos presentados corresponden a los resultados de una encuesta realizada a una muestra de 8.950 familias a las que UTPCH construyó viviendas de emergencia. Los datos fueron ponderados de forma tal que representaran al número total de beneficiarios totales por comuna.2 2 El supuesto implícito tras la ponderación es que dentro de una comuna la probabilidad de que una familia fuera encuestada es independiente de sus características.

MIXTA 12%

MADERA 28%

ADOBE 52%

HORMIGÓN Y LADRILLO 8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

79%

Sitio particular

GRÁFICO 2. MATERIALES DE LAS CASAS DESTRUIDAS

Cabe destacar, que del total de los propietarios, sólo un 10% declara haber postulado a un subsidio habitacional. Es decir, un 90% de quienes perdieron su vivienda propia, la había obtenido sin apoyo estatal. Se puede especular por un lado que las familias no necesitaron de subsidios habitacionales ya sea por que las viviendas fueron heredadas o por que fueron adquiridas por medios propios. Esto indica que no existe mayor experiencia en la postulación a fondos del Estado por parte de los afectados, lo que debe ser considerado en los procesos de reconstrucción y asignación de nuevos subsidios. Las casas en las que habitaban los afectados beneficiarios de UTPCH eran en su mayoría de adobe (52%). Esto denota una fuerte vulnerabilidad previa en gran parte de los casos, cuyas viviendas no estaban preparadas para enfrentar eventos sísmicos de tan alta magnitud. En segundo lugar se encuentran las casas de madera (28%) y un bajo porcentaje de las casas destruidas fueron de hormigón o ladrillo (8%). El 12% restante es representado por viviendas de material mixto y tabiquería en adobe.

Respecto de la ubicación actual de las familias afectadas, la mayoría se mantuvo en su sitio (67%). En segundo lugar se encuentran los afectados que instalaron sus viviendas de emergencia en sitios prestados, representando a un 28% de las viviendas construidas por UTPCH. Producto de la devastación que dejó el maremoto en las zonas costeras, o la inhabitabilidad de ciertos terrenos, hubo familias que tuvieron trasladarse a campamentos de emergencia o aldeas. El porcentaje de familias beneficiarias de UTPCH que se trasladaron a estos conjuntos es mínimo. Del total de viviendas construidas, sólo un 5% se emplazan en campamentos o aldeas de emergencia.

GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA CONSTRUIDAS SEGÚN SITUACIÓN DEL TERRENO 5%

28%

67%

Sitio propio

Sitio prestado

Aldea de emergencia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

Acceso a servicios básicos 3 Campamentos corresponden a asentamientos de 8 o más familias agrupadas o contiguas, que carecen de al menos un servicio básico (agua, luz o eliminación de excretas) y que viven en situación irregular de tenencia del terreno.

El acceso a servicios básicos es un ítem importante a considerar, sobre todo por la incidencia que estos tienen para

CIS

crónica

Como viven las familias afectadas por el terremoto y maremoto del 27/02/2010

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terremoto y maremoto del 27/02/2010

la calidad de vida de las personas. Luego de la catástrofe, muchas familias perdieron junto con sus viviendas, las comodidades básicas que éstas otorgaban, como el acceso a luz, agua y sistema de eliminación de excretas regular. En este apartado se muestra una fotografía de la manera en que los afectados beneficiados por UTPCH acceden luego de la catástrofe a los principales servicios básicos. Los datos fueron recogidos cuando a las familias se les construyeron sus viviendas de emergencia, por ende responden a las facilidades que los afectados tenían en ese momento del tiempo. Estos datos pueden haber variado en el último tiempo, ya sea por las respuestas de los municipios y el Estado para paliar las principales necesidades de los afectados, como por la solución que los mismos afectados pueden haber gestionado para resolver sus carencias. A pesar de lo cambiante que puede ser la información, hay datos que muestran tendencias que deben ser evaluadas para los futuros proyectos de reconstrucción. La tabla 1 muestra en un nivel general los porcentajes de familias según los sistemas de eliminación de excretas, acceso a luz y a agua que las mismas poseen. Existen diferentes formas de obtener estos servicios, y la precariedad de algunos es evidentemente mayor a otras. En el caso de acceso a luz por ejemplo, la mayor parte de los afectados declara tener acceso regular (77,5%). Sin embargo, existe un 9,8% que aunque tiene acceso, éste es irregular. Un 12,7% no tenía ninguna forma de acceso. En cuanto al sistema de eliminación de excretas un 8,2% no tenía o suplía esa necesidad mediante baños químicos. Se puede suponer que este grupo carece de este servicio en gran medida debido a los daños generados por

Tabla 1. Acceso a servicios básicos (%) Acceso a agua potable

No tiene Camión aljibe Pozo Red pública

10,5 4,3 15 70,2 Eliminación de excretas

No tiene Baño químico Fosa Pozo séptico Alcantarillado

4,3 3,9 12,8 38,7 40,3 Energía Eléctrica

No tiene Irregular Regular

12,7 9,8 77,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

la catástrofe. Por otro lado, existe un 12,8% que posee pozo negro. Si bien este sistema es precario, no se puede atribuir su uso totalmente a los efectos del terremoto, ya que es ampliamente usado en sectores rurales y en sectores más vulnerables. La mayoría de los afectados poseían o alcantarillado o fosa séptica, lo que significa que tienen un acceso regular y de mejor calidad. En cuanto al acceso a agua potable, un 10,5% declaró no tener y un 4,3% accedía mediante camión aljibe. Estos corresponden al sector en situación más precaria. Sin embargo una amplia mayoría accede de manera regular por la red pública (70,2%).

Tabla 2. Número de servicios básicos según situación de terreno (%) Número de servicios básicos regulares que poseen las familias afectadas en sus actuales terrenos

Campamento

Sitio prestado

Sitio propio

Total

0

25,2

6,3

8,1

8,4

1

27,5

33,1

37,8

36

2

23

12,7

10,3

11,7

3

24,3

47,9

43,8

43,9

TOTAL

100

100

100

100

Estos datos hacen suponer que el acceso a servicios básicos está resuelto para la mayoría de los afectados. Sin embargo, al agregar los datos, la situación cambia. Se agruparon los datos presentados dependiendo de si el acceso a bienes era regular o no. En este sentido, se consideró sin acceso a agua a aquellos que declaran no tener y los que acceden por camión aljibe, sin sistema de eliminación de excretas a quienes no tienen, utilizan baño químico o pozo negro4 y sin luz a aquellos que 4 Se considero el pozo negro en la categoría de “sin sistema de eliminación de excretas” debido a la precariedad del sistema.

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Situación del terreno

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

no tienen y aquellos que tienen de manera irregular. La tabla 2 contiene el porcentaje de familias afectadas beneficiarias de UTPCH según la cantidad de servicios básicos estables que poseen los terrenos donde instalaron su solución de emergencia, cruzado por la situación del terreno en donde están instalados. Las familias que poseen todos los servicios básicos en sus terrenos son un 44,3% del total. Se puede suponer que estos terrenos están habilitados para la construcción de viviendas definitivas, sin necesidad de incurrir en el costo de urbanización. Sin embargo, la mayoría (56%) de

las familias afectadas carecen de al menos un servicio básico. La situación más compleja es la de aquellos que no poseen ningún servicio básico. Estos corresponden al 8,4% de las familias beneficiarias de UTPCH. La distribución de estas familias es diferente dependiendo de la situación del terreno. En el grupo de los que actualmente habitan en campamentos o aldeas de emergencia se concentra una proporción más alta (15 punto porcentuales) de familias sin ningún servicio básico, contrastando con el total y con aquellos que se encuentran en un terreno prestado o propio. Por otro lado, de los afectados que se ubicaron en campamentos, existe un 24,4% que tiene los tres servicios básicos cubiertos, en comparación con un 47,9% de los que viven en un sitio prestado por algún familiar o un privado y un 43% de los que se encuentran en su propio sitio. Las implicancias de lo expuesto previamente pueden ser múltiples. Si bien los servicios pueden ser cubiertos de manera temporal por camiones aljibe, generadores eléctricos, baños químicos o pozo negro, al pensar en proyectos de reconstrucción definitivos y sustentables la necesidad de establecer servicios básicos de calidad y de urbanizar los terrenos se vuelve inevitable. Esto puede tener consecuencias importantes para los futuros proyectos de reconstrucción, en la medida que la búsqueda de terrenos urbanizados o la urbanización de los mismos puede demorar y encarecer los procesos. Además, es

necesario considerar que la falta de al menos un servicio básico y la tenencia irregular del terreno son algunas de las características de los campamentos o asentamientos precarios. La demora en la restitución de servicios básicos puede generar nuevas situaciones de pobreza extrema y calidad de vida precaria.

GRÁFICO 3. NÚMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA DE EMERGENCIA 41,6% 34,7%

23,7%

1 a 2 personas

3 a 4 personas

5 o más

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

CIS

crónica

Como viven las familias afectadas por el

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terremoto y maremoto del 27/02/2010

la calidad de vida de las personas. Luego de la catástrofe, muchas familias perdieron junto con sus viviendas, las comodidades básicas que éstas otorgaban, como el acceso a luz, agua y sistema de eliminación de excretas regular. En este apartado se muestra una fotografía de la manera en que los afectados beneficiados por UTPCH acceden luego de la catástrofe a los principales servicios básicos. Los datos fueron recogidos cuando a las familias se les construyeron sus viviendas de emergencia, por ende responden a las facilidades que los afectados tenían en ese momento del tiempo. Estos datos pueden haber variado en el último tiempo, ya sea por las respuestas de los municipios y el Estado para paliar las principales necesidades de los afectados, como por la solución que los mismos afectados pueden haber gestionado para resolver sus carencias. A pesar de lo cambiante que puede ser la información, hay datos que muestran tendencias que deben ser evaluadas para los futuros proyectos de reconstrucción. La tabla 1 muestra en un nivel general los porcentajes de familias según los sistemas de eliminación de excretas, acceso a luz y a agua que las mismas poseen. Existen diferentes formas de obtener estos servicios, y la precariedad de algunos es evidentemente mayor a otras. En el caso de acceso a luz por ejemplo, la mayor parte de los afectados declara tener acceso regular (77,5%). Sin embargo, existe un 9,8% que aunque tiene acceso, éste es irregular. Un 12,7% no tenía ninguna forma de acceso. En cuanto al sistema de eliminación de excretas un 8,2% no tenía o suplía esa necesidad mediante baños químicos. Se puede suponer que este grupo carece de este servicio en gran medida debido a los daños generados por

Tabla 1. Acceso a servicios básicos (%) Acceso a agua potable

No tiene Camión aljibe Pozo Red pública

10,5 4,3 15 70,2 Eliminación de excretas

No tiene Baño químico Fosa Pozo séptico Alcantarillado

4,3 3,9 12,8 38,7 40,3 Energía Eléctrica

No tiene Irregular Regular

12,7 9,8 77,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

la catástrofe. Por otro lado, existe un 12,8% que posee pozo negro. Si bien este sistema es precario, no se puede atribuir su uso totalmente a los efectos del terremoto, ya que es ampliamente usado en sectores rurales y en sectores más vulnerables. La mayoría de los afectados poseían o alcantarillado o fosa séptica, lo que significa que tienen un acceso regular y de mejor calidad. En cuanto al acceso a agua potable, un 10,5% declaró no tener y un 4,3% accedía mediante camión aljibe. Estos corresponden al sector en situación más precaria. Sin embargo una amplia mayoría accede de manera regular por la red pública (70,2%).

Tabla 2. Número de servicios básicos según situación de terreno (%) Número de servicios básicos regulares que poseen las familias afectadas en sus actuales terrenos

Campamento

Sitio prestado

Sitio propio

Total

0

25,2

6,3

8,1

8,4

1

27,5

33,1

37,8

36

2

23

12,7

10,3

11,7

3

24,3

47,9

43,8

43,9

TOTAL

100

100

100

100

Estos datos hacen suponer que el acceso a servicios básicos está resuelto para la mayoría de los afectados. Sin embargo, al agregar los datos, la situación cambia. Se agruparon los datos presentados dependiendo de si el acceso a bienes era regular o no. En este sentido, se consideró sin acceso a agua a aquellos que declaran no tener y los que acceden por camión aljibe, sin sistema de eliminación de excretas a quienes no tienen, utilizan baño químico o pozo negro4 y sin luz a aquellos que 4 Se considero el pozo negro en la categoría de “sin sistema de eliminación de excretas” debido a la precariedad del sistema.

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Situación del terreno

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no tienen y aquellos que tienen de manera irregular. La tabla 2 contiene el porcentaje de familias afectadas beneficiarias de UTPCH según la cantidad de servicios básicos estables que poseen los terrenos donde instalaron su solución de emergencia, cruzado por la situación del terreno en donde están instalados. Las familias que poseen todos los servicios básicos en sus terrenos son un 44,3% del total. Se puede suponer que estos terrenos están habilitados para la construcción de viviendas definitivas, sin necesidad de incurrir en el costo de urbanización. Sin embargo, la mayoría (56%) de

las familias afectadas carecen de al menos un servicio básico. La situación más compleja es la de aquellos que no poseen ningún servicio básico. Estos corresponden al 8,4% de las familias beneficiarias de UTPCH. La distribución de estas familias es diferente dependiendo de la situación del terreno. En el grupo de los que actualmente habitan en campamentos o aldeas de emergencia se concentra una proporción más alta (15 punto porcentuales) de familias sin ningún servicio básico, contrastando con el total y con aquellos que se encuentran en un terreno prestado o propio. Por otro lado, de los afectados que se ubicaron en campamentos, existe un 24,4% que tiene los tres servicios básicos cubiertos, en comparación con un 47,9% de los que viven en un sitio prestado por algún familiar o un privado y un 43% de los que se encuentran en su propio sitio. Las implicancias de lo expuesto previamente pueden ser múltiples. Si bien los servicios pueden ser cubiertos de manera temporal por camiones aljibe, generadores eléctricos, baños químicos o pozo negro, al pensar en proyectos de reconstrucción definitivos y sustentables la necesidad de establecer servicios básicos de calidad y de urbanizar los terrenos se vuelve inevitable. Esto puede tener consecuencias importantes para los futuros proyectos de reconstrucción, en la medida que la búsqueda de terrenos urbanizados o la urbanización de los mismos puede demorar y encarecer los procesos. Además, es

necesario considerar que la falta de al menos un servicio básico y la tenencia irregular del terreno son algunas de las características de los campamentos o asentamientos precarios. La demora en la restitución de servicios básicos puede generar nuevas situaciones de pobreza extrema y calidad de vida precaria.

GRÁFICO 3. NÚMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA DE EMERGENCIA 41,6% 34,7%

23,7%

1 a 2 personas

3 a 4 personas

5 o más

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

CIS

crónica

Como viven las familias afectadas por el

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terremoto y maremoto del 27/02/2010

80

Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

10,3

Situación laboral

7,2

6,8

Tabla 3. Situación laboral del sostenedor del hogar antes y después de la catástrofe (%) Antes

Después

Cambio

9,8

15,7

5,9

Inactivo

31,1

32,3

1,25

Empleado

59,1

51,9

-7,15

Total

100

100

0

Desempleado

5,8

2,9

2,5

Total

Bio Bío

Síntesis Maule

Un aspecto que se vio afectado tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero fue el empleo de quienes se declararon como jefes de hogar. La tabla 3 muestra como varió el número de sostenedores de hogares desempleados, inactivos y empleados entre quienes fueron beneficiarios de viviendas de emergencia construidas por UTPCH. El número de personas con empleo bajó en 7,15 puntos porcentuales luego de la catástrofe. Esto equivale a decir que el 12% de las personas que tenían empleo, dejaron de tenerlo luego del terremoto y maremoto del 27 de febrero. De quienes perdieron el empleo, un 17,5%7 se declaró como inactivo, es decir tampoco estaba buscando trabajo y un 82,5%8 se encontraba buscando empleo.

Los efectos de la catástrofe sobre el empleo pueden deberse en gran parte a efectos temporales que se reducirán mientras las familias y poblados se recuperan. Sin embargo, es importante detectar cuales son los sectores productivos que se dañaron más profundamente y que necesiten un apoyo para la reactivación. El trabajo puede ser el mayor mecanismo que poseen miles de familias para recuperarse de la catástrofe y reconstruir sus vidas. Es por esto que se vuelve necesario detectar de manera más profunda cual es la situación de las diferentes regiones y localidades afectadas por el terremoto.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

A pesar de que el aumento del desempleo no es directamente atribuible a la catástrofe, por la magnitud de los cambios, se puede suponer que ésta jugó un rol importante en la baja del empleo. Es sabido que tanto en los sectores costeros como en el interior desaparecieron fábricas, restaurantes, embarcaciones y todo tipo de fuentes de trabajo. Además, el aumento en el porcentaje de inactivos refleja que hubo personas que debido a la necesidad de resolver las condiciones básicas de subsistencia, debieron dejar sus empleos temporalmente para la reconstrucción de viviendas o para el cuidado de sus familias.

Los datos expuestos presentan una fotografía de cómo viven las familias afectadas por la catástrofe de febrero que fueron beneficiadas con viviendas de emergencia de UTPCH. El panorama presentado muestra la magnitud de las pérdidas, que van desde la vivienda hasta las pérdidas de privacidad, de la fuente laboral y de los servicios básicos. Sin duda que lo que aquí se expone caracteriza de manera general la situación de los afectados, por lo que se vuelve necesario indagar más profundamente en las consecuencias de la catástrofe y las condiciones de vida de los afectados. A pesar de esto, una primera aproximación puede resultar útil para la cuantificación de los daños y la planificación de las respuestas a la emergencia. Las respuestas deben realizarse de manera focalizada y planificada con el fin de evitar que quienes no eran vulnerables antes de la catástrofe lo sean luego de esta y quienes vivían en situaciones de precariedad las acentúen y mantengan a lo largo del tiempo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

Al analizar los datos por región9, vemos que entre los beneficiarios de UTPCH, donde más aumentó el desempleo de los jefes de hogar fue en la región del Maule, seguida por la región Metropolitana y por la región del Bio Bío. Es importante aclarar que estos datos de desempleo reflejan la situación de las familias al momento en que las viviendas de emergencia fueron levantadas. La situación actual de los afectados puede haber variado sustancialmente en estos meses, dependiendo de la recuperación de las ciudades y poblados.

7 Equivale a los 1,25 puntos porcentuales de aumento de los inactivos 8 Equivalente a los 5,9 puntos porcentuales de cambio en los desempleados 9 Se omite la región de la Araucanía ya que Un techo para Chile construyó solo 5 viviendas de emergencia.

Referencias Bibliográficas • CELADE (1996) Déficit Habitacional y Datos Censales Socio-Demográficos: Una Metodología, LC/DEM/R.267, Centro Latinoamericano de Demografía, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. • Lentini, Mercedes & Palerio, Delia (1997) “El Hacinamiento: la dimensión no visible del déficit habitacional” en Boletín INVI Nº31, Volumen 12, Santiago, Chile • MINVU (2004) “El déficit habitacional en Chile: Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial” en http://www.minvu.cl/opensite_20070403130049.aspx#20070313153517, consultado el 8 de Julio de 2010

CIS

5 Las viviendas de emergencia proporcionadas por el gobierno poseen en su mayor parte las mismas características que las de Un Techo para Chile 6 Según los autores, las conceptualizaciones de hacinamiento varían según nivel de desarrollo y cultura. Además, se puede definir hacinamiento por dormitorio, por metros cuadrados disponibles por habitante, o cuando se emplea una o más habitaciones para uso distinto (Lentini & Palero 1997).

GRÁFICO 3. AUMENTO DEL DESEMPLEO ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE UTPCH LUEGO DEL TERREMOTO (%)

O´Higgings

Como se mencionó previamente, producto de la catástrofe, miles de familias debieron trasladarse a viviendas de emergencia. Las entregadas por UTPCH5 son habitaciones de 18 metros cuadrados (3 x 6 metros), construidas con paneles de madera y techo de zinc. Si bien pueden ser divisibles en dos habitaciones de 9mt cuadrados, éstas fueron entregadas sin división alguna. La condición de hacinamiento tiene que ver con la falta de espacio disponible para los residentes de una vivienda. A pesar de que existen distintas formas de medir el hacinamiento6 (Lentini y Palero, 1997), el Chile se ha adoptado la definición de la CELADE (1996), donde se considera con hacinamiento crítico cuando hay 5 o más personas en promedio por dormitorio, hacinamiento medio cuando hay en promedio de 2,5 a 4,9 personas y sin hacinamiento cuando el promedio es menor a 2,4. Según los datos obtenidos de los beneficiarios de UTPCH, las viviendas de emergencia se encuentran habitadas en promedio por 3,4 personas. Bajo el supuesto de que la vivienda de emergencia se divida en dos dormitorios, en promedio no habría problemas de hacinamiento por habitación. Sin embargo, también se puede suponer que muchos afectados han debido concentrar en un mismo espacio las funciones de estar, comer y dormir, por lo que la presencia de 3 personas también podría significar escasez de privacidad e incluso hacinamiento medio según la definición de CELADE (1996). En un 34,7% de las viviendas de emergencia habitan una o dos personas. Esto significa que hay más de un tercio de los beneficiarios de UTPCH que no tienen problemas de hacinamiento. Sin embargo en más de un quinto (23,7%) de las viviendas de emergencia construidas, habitan cinco o más personas, lo que puede significar situaciones de hacinamiento crítico y en un 41,6% habitan de 3 a 4 personas lo que igualmente puede determinar situaciones importantes de privación de espacio en las viviendas. La carencia de espacio al interior de las viviendas puede repercutir en graves consecuencias en términos personales, familiares y sociales. Según diversos autores, la falta de privacidad contribuye a fomentar situaciones de estrés, además de la propagación de enfermedades infecciosas y el incremento de los accidentes en el hogar (Lentini y Palero, 1997). Esta situación, considerando la precariedad en cuanto acceso a servicios básicos, puede aumentar los

efectos de la catástrofe ocurrida el pasado 27 de febrero. En este sentido, se vuelve necesario en muchos casos fomentar la ampliación de las viviendas de emergencia en los casos que así lo requieran, para evitar consecuencias aun más graves del terremoto y maremoto.

Metropolitana

Hacinamiento

Valparaíso

crónica

Como viven las familias afectadas por el

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terremoto y maremoto del 27/02/2010

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

10,3

Situación laboral

7,2

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Tabla 3. Situación laboral del sostenedor del hogar antes y después de la catástrofe (%) Antes

Después

Cambio

9,8

15,7

5,9

Inactivo

31,1

32,3

1,25

Empleado

59,1

51,9

-7,15

Total

100

100

0

Desempleado

5,8

2,9

2,5

Total

Bio Bío

Síntesis Maule

Un aspecto que se vio afectado tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero fue el empleo de quienes se declararon como jefes de hogar. La tabla 3 muestra como varió el número de sostenedores de hogares desempleados, inactivos y empleados entre quienes fueron beneficiarios de viviendas de emergencia construidas por UTPCH. El número de personas con empleo bajó en 7,15 puntos porcentuales luego de la catástrofe. Esto equivale a decir que el 12% de las personas que tenían empleo, dejaron de tenerlo luego del terremoto y maremoto del 27 de febrero. De quienes perdieron el empleo, un 17,5%7 se declaró como inactivo, es decir tampoco estaba buscando trabajo y un 82,5%8 se encontraba buscando empleo.

Los efectos de la catástrofe sobre el empleo pueden deberse en gran parte a efectos temporales que se reducirán mientras las familias y poblados se recuperan. Sin embargo, es importante detectar cuales son los sectores productivos que se dañaron más profundamente y que necesiten un apoyo para la reactivación. El trabajo puede ser el mayor mecanismo que poseen miles de familias para recuperarse de la catástrofe y reconstruir sus vidas. Es por esto que se vuelve necesario detectar de manera más profunda cual es la situación de las diferentes regiones y localidades afectadas por el terremoto.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

A pesar de que el aumento del desempleo no es directamente atribuible a la catástrofe, por la magnitud de los cambios, se puede suponer que ésta jugó un rol importante en la baja del empleo. Es sabido que tanto en los sectores costeros como en el interior desaparecieron fábricas, restaurantes, embarcaciones y todo tipo de fuentes de trabajo. Además, el aumento en el porcentaje de inactivos refleja que hubo personas que debido a la necesidad de resolver las condiciones básicas de subsistencia, debieron dejar sus empleos temporalmente para la reconstrucción de viviendas o para el cuidado de sus familias.

Los datos expuestos presentan una fotografía de cómo viven las familias afectadas por la catástrofe de febrero que fueron beneficiadas con viviendas de emergencia de UTPCH. El panorama presentado muestra la magnitud de las pérdidas, que van desde la vivienda hasta las pérdidas de privacidad, de la fuente laboral y de los servicios básicos. Sin duda que lo que aquí se expone caracteriza de manera general la situación de los afectados, por lo que se vuelve necesario indagar más profundamente en las consecuencias de la catástrofe y las condiciones de vida de los afectados. A pesar de esto, una primera aproximación puede resultar útil para la cuantificación de los daños y la planificación de las respuestas a la emergencia. Las respuestas deben realizarse de manera focalizada y planificada con el fin de evitar que quienes no eran vulnerables antes de la catástrofe lo sean luego de esta y quienes vivían en situaciones de precariedad las acentúen y mantengan a lo largo del tiempo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UTPCH

Al analizar los datos por región9, vemos que entre los beneficiarios de UTPCH, donde más aumentó el desempleo de los jefes de hogar fue en la región del Maule, seguida por la región Metropolitana y por la región del Bio Bío. Es importante aclarar que estos datos de desempleo reflejan la situación de las familias al momento en que las viviendas de emergencia fueron levantadas. La situación actual de los afectados puede haber variado sustancialmente en estos meses, dependiendo de la recuperación de las ciudades y poblados.

7 Equivale a los 1,25 puntos porcentuales de aumento de los inactivos 8 Equivalente a los 5,9 puntos porcentuales de cambio en los desempleados 9 Se omite la región de la Araucanía ya que Un techo para Chile construyó solo 5 viviendas de emergencia.

Referencias Bibliográficas • CELADE (1996) Déficit Habitacional y Datos Censales Socio-Demográficos: Una Metodología, LC/DEM/R.267, Centro Latinoamericano de Demografía, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. • Lentini, Mercedes & Palerio, Delia (1997) “El Hacinamiento: la dimensión no visible del déficit habitacional” en Boletín INVI Nº31, Volumen 12, Santiago, Chile • MINVU (2004) “El déficit habitacional en Chile: Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial” en http://www.minvu.cl/opensite_20070403130049.aspx#20070313153517, consultado el 8 de Julio de 2010

CIS

5 Las viviendas de emergencia proporcionadas por el gobierno poseen en su mayor parte las mismas características que las de Un Techo para Chile 6 Según los autores, las conceptualizaciones de hacinamiento varían según nivel de desarrollo y cultura. Además, se puede definir hacinamiento por dormitorio, por metros cuadrados disponibles por habitante, o cuando se emplea una o más habitaciones para uso distinto (Lentini & Palero 1997).

GRÁFICO 3. AUMENTO DEL DESEMPLEO ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE UTPCH LUEGO DEL TERREMOTO (%)

O´Higgings

Como se mencionó previamente, producto de la catástrofe, miles de familias debieron trasladarse a viviendas de emergencia. Las entregadas por UTPCH5 son habitaciones de 18 metros cuadrados (3 x 6 metros), construidas con paneles de madera y techo de zinc. Si bien pueden ser divisibles en dos habitaciones de 9mt cuadrados, éstas fueron entregadas sin división alguna. La condición de hacinamiento tiene que ver con la falta de espacio disponible para los residentes de una vivienda. A pesar de que existen distintas formas de medir el hacinamiento6 (Lentini y Palero, 1997), el Chile se ha adoptado la definición de la CELADE (1996), donde se considera con hacinamiento crítico cuando hay 5 o más personas en promedio por dormitorio, hacinamiento medio cuando hay en promedio de 2,5 a 4,9 personas y sin hacinamiento cuando el promedio es menor a 2,4. Según los datos obtenidos de los beneficiarios de UTPCH, las viviendas de emergencia se encuentran habitadas en promedio por 3,4 personas. Bajo el supuesto de que la vivienda de emergencia se divida en dos dormitorios, en promedio no habría problemas de hacinamiento por habitación. Sin embargo, también se puede suponer que muchos afectados han debido concentrar en un mismo espacio las funciones de estar, comer y dormir, por lo que la presencia de 3 personas también podría significar escasez de privacidad e incluso hacinamiento medio según la definición de CELADE (1996). En un 34,7% de las viviendas de emergencia habitan una o dos personas. Esto significa que hay más de un tercio de los beneficiarios de UTPCH que no tienen problemas de hacinamiento. Sin embargo en más de un quinto (23,7%) de las viviendas de emergencia construidas, habitan cinco o más personas, lo que puede significar situaciones de hacinamiento crítico y en un 41,6% habitan de 3 a 4 personas lo que igualmente puede determinar situaciones importantes de privación de espacio en las viviendas. La carencia de espacio al interior de las viviendas puede repercutir en graves consecuencias en términos personales, familiares y sociales. Según diversos autores, la falta de privacidad contribuye a fomentar situaciones de estrés, además de la propagación de enfermedades infecciosas y el incremento de los accidentes en el hogar (Lentini y Palero, 1997). Esta situación, considerando la precariedad en cuanto acceso a servicios básicos, puede aumentar los

efectos de la catástrofe ocurrida el pasado 27 de febrero. En este sentido, se vuelve necesario en muchos casos fomentar la ampliación de las viviendas de emergencia en los casos que así lo requieran, para evitar consecuencias aun más graves del terremoto y maremoto.

Metropolitana

Hacinamiento

Valparaíso

crónica

Como viven las familias afectadas por el

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reseña de libros

¿Es Chile un País Católico? Comentarios a la nueva edición del texto homónimo de Alberto Hurtado C. Patricio Domínguez Director Social Un Techo para Chile

El Padre Hurtado (1901-1952) fue un adelantado. Se lo debe leer como alguien que abrió una senda para la Iglesia chilena y latinoamericana. En sus escritos ya se ve una profunda preocupación por “saber escrutar los signos de los tiempos”, la que dio forma a la gran revolución teológica y eclesial del Concilio Vaticano II. Su lectura también se constituye como la antesala precisa a la necesidad de configurar una reflexión teológica en América Latina que desarrollará la opción preferencial por los pobres. Su intuición fue demasiado profunda. Pienso que aún no alcanzamos a hacer una buena lectura de sus textos y su vida. En 1941 escribe: “¿Es Chile un País Católico?”. El título da cuenta de su intención: tocar a la sociedad de entonces en su punto más sensible. Pone la mirada en los jóvenes ”sobre quienes reside el porvenir de la Iglesia y de la patria”. Fácilmente se detecta su preocupación frente al marxismo y su carencia de sentido trascendente. Como muchos de su tiempo no sólo temía ante el avance de la predominancia materialista, especialmente de las masas populares, sino que por la respuesta de los católicos frente a los desafíos de la época. Para nuestra patria no bastaba con adoptar las formas espirituales de Europa. Un análisis profundo debía tomar

en cuenta el contexto y las necesidades del periodo. Se percibe su intuición sobre la mirada cristiana puesta en el marginado. “Las miserias de nuestro pueblo”, capítulo con que introduce el texto, es una notable descripción sociológica sobre las principales carencias de su pueblo: Analfabetismo, mortalidad infantil, vivienda y alcoholismo entre otros. Desde ahí describe el alejamiento de la Iglesia: Crisis sacerdotal, fervor protestante en las poblaciones y la falta de cristianismo integral son sus siguientes inquietudes. Se lee así, su principal preocupación sobre la formación católica. ¿Cómo puede llamarse católico un país que tiene tal grado de contradicciones materiales y espirituales? Su análisis parece ser la antesala perfecta a los posteriores movimientos de la Iglesia latinoamericana de Medellín y Puebla y su intención por hacer de la Iglesia, la Iglesia de los pobres; muy similar a la pregunta pastoral y teológica que más tarde levantó y dio forma a la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres de nuestra Iglesia: “¿Cómo decirle al pobre, a quienes se le imponen condiciones de vida que expresan una negación del amor, que Dios lo ama? Esto equivale a preguntarse ¿cómo encontrar un lenguaje sobre Dios en medio del dolor y la opresión en que viven los pobres de

América Latina”1. Pero entonces ¿qué sentido tiene repetir la pregunta de Alberto Hurtado en el Chile actual? Una posibilidad es considerar el texto estático. Volver a hacer la misma pregunta y actualizar los datos. En ese caso, sería mucho más pesimista el análisis eclesial y mucho más optimista el análisis material. El vínculo entre Iglesia y patria mucho más débil. La pregunta entonces no se comprende bien. Sería exageradamente desafiante para la Iglesia actual y sus cada vez menos fieles, y bastante poco interesante para la indiferencia de la sociedad actual. Quizás por lo mismo, la pregunta nos puede sonar hoy descontextualizada. Por eso recomiendo leer el texto vivo. No basta entonces con repetir la pregunta. Necesitamos saber cuál es su actualización. Qué pregunta es la que toca a nuestra sociedad y la desafía entre su pretensión (no ya tanto por ser una país católico) y su realidad. Quizás ese sea el desafío que nos impone este texto. Detectar cuál es la pregunta sensible que desafía a nuestra sociedad hoy. Una lectura viva del texto no repite la pregunta, sino que la reformula. Los temas y la metodología podrían ser los mismos: “el gran enemigo de Cristo en Chile es la apatía, la indolencia, la superficialidad con

que se miran todos los problemas. Un espíritu materialista nos ha invadido. Todos se lanzan a la conquista del placer… ¿Reaccionarán los católicos de Chile? ¿Qué actitud tomarán los jóvenes ante la terrible tragedia espiritual de su Patria? Este es el secreto de Dios”. Vale la pena entonces tomar en cuenta los apéndices inéditos que incluye esta edición. “Reforma educacional (al bachillerato)”, “Misión social del universitario”, “Cuerpo místico: distribución y uso de la riqueza”, complementan de buena manera la visión del autor. La clave será si confiamos en que quien lo escribe está vivo y sigue desafiando a nuestra patria o si lo guardamos como un interesante recuerdo de una época que ya pasó y una idea que ya no es. ¿Cuál es la pregunta que desafía a nuestra sociedad hoy en la ruta del Padre Hurtado? Ese es el desafío entonces. Quizás por eso, el Padre Hurtado sigue siendo un adelantado para nuestra patria y nuestra Iglesia. O como señaló Gabriela Mistral con motivo de su muerte, un “dormido que tal vez será un desvelado y un afligido mientras nosotros no paguemos las deudas contraídas con el pueblo chileno, viejo acreedor silencioso y paciente. Démosle al Padre Hurtado un dormir sin sobresalto y una memoria sin angustia de la chilenidad, criatura suya y ansiedad suya todavía”.

CIS

1 Gutiérrez, G. Teología de la Liberación. CEP.

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Centro de Investigación Social Un Techo para Chile

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¿Es Chile un País Católico? Comentarios a la nueva edición del texto homónimo de Alberto Hurtado C. Patricio Domínguez Director Social Un Techo para Chile

El Padre Hurtado (1901-1952) fue un adelantado. Se lo debe leer como alguien que abrió una senda para la Iglesia chilena y latinoamericana. En sus escritos ya se ve una profunda preocupación por “saber escrutar los signos de los tiempos”, la que dio forma a la gran revolución teológica y eclesial del Concilio Vaticano II. Su lectura también se constituye como la antesala precisa a la necesidad de configurar una reflexión teológica en América Latina que desarrollará la opción preferencial por los pobres. Su intuición fue demasiado profunda. Pienso que aún no alcanzamos a hacer una buena lectura de sus textos y su vida. En 1941 escribe: “¿Es Chile un País Católico?”. El título da cuenta de su intención: tocar a la sociedad de entonces en su punto más sensible. Pone la mirada en los jóvenes ”sobre quienes reside el porvenir de la Iglesia y de la patria”. Fácilmente se detecta su preocupación frente al marxismo y su carencia de sentido trascendente. Como muchos de su tiempo no sólo temía ante el avance de la predominancia materialista, especialmente de las masas populares, sino que por la respuesta de los católicos frente a los desafíos de la época. Para nuestra patria no bastaba con adoptar las formas espirituales de Europa. Un análisis profundo debía tomar

en cuenta el contexto y las necesidades del periodo. Se percibe su intuición sobre la mirada cristiana puesta en el marginado. “Las miserias de nuestro pueblo”, capítulo con que introduce el texto, es una notable descripción sociológica sobre las principales carencias de su pueblo: Analfabetismo, mortalidad infantil, vivienda y alcoholismo entre otros. Desde ahí describe el alejamiento de la Iglesia: Crisis sacerdotal, fervor protestante en las poblaciones y la falta de cristianismo integral son sus siguientes inquietudes. Se lee así, su principal preocupación sobre la formación católica. ¿Cómo puede llamarse católico un país que tiene tal grado de contradicciones materiales y espirituales? Su análisis parece ser la antesala perfecta a los posteriores movimientos de la Iglesia latinoamericana de Medellín y Puebla y su intención por hacer de la Iglesia, la Iglesia de los pobres; muy similar a la pregunta pastoral y teológica que más tarde levantó y dio forma a la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres de nuestra Iglesia: “¿Cómo decirle al pobre, a quienes se le imponen condiciones de vida que expresan una negación del amor, que Dios lo ama? Esto equivale a preguntarse ¿cómo encontrar un lenguaje sobre Dios en medio del dolor y la opresión en que viven los pobres de

América Latina”1. Pero entonces ¿qué sentido tiene repetir la pregunta de Alberto Hurtado en el Chile actual? Una posibilidad es considerar el texto estático. Volver a hacer la misma pregunta y actualizar los datos. En ese caso, sería mucho más pesimista el análisis eclesial y mucho más optimista el análisis material. El vínculo entre Iglesia y patria mucho más débil. La pregunta entonces no se comprende bien. Sería exageradamente desafiante para la Iglesia actual y sus cada vez menos fieles, y bastante poco interesante para la indiferencia de la sociedad actual. Quizás por lo mismo, la pregunta nos puede sonar hoy descontextualizada. Por eso recomiendo leer el texto vivo. No basta entonces con repetir la pregunta. Necesitamos saber cuál es su actualización. Qué pregunta es la que toca a nuestra sociedad y la desafía entre su pretensión (no ya tanto por ser una país católico) y su realidad. Quizás ese sea el desafío que nos impone este texto. Detectar cuál es la pregunta sensible que desafía a nuestra sociedad hoy. Una lectura viva del texto no repite la pregunta, sino que la reformula. Los temas y la metodología podrían ser los mismos: “el gran enemigo de Cristo en Chile es la apatía, la indolencia, la superficialidad con

que se miran todos los problemas. Un espíritu materialista nos ha invadido. Todos se lanzan a la conquista del placer… ¿Reaccionarán los católicos de Chile? ¿Qué actitud tomarán los jóvenes ante la terrible tragedia espiritual de su Patria? Este es el secreto de Dios”. Vale la pena entonces tomar en cuenta los apéndices inéditos que incluye esta edición. “Reforma educacional (al bachillerato)”, “Misión social del universitario”, “Cuerpo místico: distribución y uso de la riqueza”, complementan de buena manera la visión del autor. La clave será si confiamos en que quien lo escribe está vivo y sigue desafiando a nuestra patria o si lo guardamos como un interesante recuerdo de una época que ya pasó y una idea que ya no es. ¿Cuál es la pregunta que desafía a nuestra sociedad hoy en la ruta del Padre Hurtado? Ese es el desafío entonces. Quizás por eso, el Padre Hurtado sigue siendo un adelantado para nuestra patria y nuestra Iglesia. O como señaló Gabriela Mistral con motivo de su muerte, un “dormido que tal vez será un desvelado y un afligido mientras nosotros no paguemos las deudas contraídas con el pueblo chileno, viejo acreedor silencioso y paciente. Démosle al Padre Hurtado un dormir sin sobresalto y una memoria sin angustia de la chilenidad, criatura suya y ansiedad suya todavía”.

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Revista CIS n°13