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revista

BAGUAL

No. 4 A単o 2 Junio 2011


Durante los últimos meses se ha podido apreciar exaltación, molestia acumulada, esbozan algunos. El proyecto hidroeléctrico del momento sacó miles de personas a las calles como no se había visto en décadas. Rápidamente los oportunistas, buitres del poder, saldrán a tratar de capitalizar el descontento coyuntural, actuando democráticamente como una buena oposición. Hacer ejercicio de la memoria no vendría mal. El gobierno de turno no representa un cambio radical hacia el atropello de nuestros derechos. El gobierno de turno es el anunciado devenir de un proyecto político mayor. Hidroeléctricas, mineras, represión, privatización entre otras son tonadas viejas, gestadas muchas de ellas en los gobiernos de la concertación. En esta revista no nos ocuparemos de criticar al gobierno (solamente), creemos que los problemas de fondo, históricos en su naturaleza, se atacan con críticas y acciones radicales, analizando los temas más allá del conflicto de moda. En este número nos hemos volcado hacia el ensayo crítico tratando de aportar algo más que datos sobre los problemas del momento. No estamos jugando el rol de profetas, todo lo aquí escrito es una invitación al debate. Así trataremos temas como la reforma educacional, el caso de Hidroaysén, el triste reconocimiento de los pueblos originarios como una forma de anular sus derechos políticos y la privatización de las semillas en Chile. Temas diversos pero con una misma raíz y mismos responsables. De carne y hueso, frágiles y vulnerables.

www.bagual.tk revistabagual@gmail.com


El pasado 22 de Noviembre de 2010 el patrón de fundo conocido como Sebastián Piñera, se dirigió al país anunciando una reforma educacional que vaticinaba alegría y esperanza. Dicho anuncio no estuvo exento de oposición, siendo muchos dardos lanzados contra el gobierno de turno. A nuestro parecer esto no es un error coyuntural, sino que el avance de un proyecto de educación. Desde la municipalización de la educación en dictadura, pasando por el desarrollo de este régimen durante el gobierno de la Concertación (y sus famosas mesas de negociación de cartón), hasta llegar a un gobierno de derecha que vocifera contra los vicios de un sistema educacional que sus líderes idearon, y que ahora pretenden hacer avanzar, todo ha sido un anunciado y progresivo camino hacia la educación de mercado. La reforma educacional de Piñera, o Lavín si gustan, tiene raíces bastante más antiguas que las actuales ocurrencias de un presidente o sus ministros. Esta reforma, que sigue los lineamientos del neoliberalismo instaurados durante los 80 en América latina, presenta un correlato más reciente por allá en el año 2003, cuando el hermano de Sebastián Piñera, José Piñera, publicó lo que él llamó, su propuesta de reforma educacional.

En dicha ocasión José Piñera se refería a la pésima calidad de nuestra educación, así como a las falencias estructurales en el sistema educacional nacional, frente a lo cual proponía medidas como, entregar el dinero de las subvenciones a las familias más pobres en forma de bonos educacionales con el fin de subsidiar la demanda, licitar las escuelas públicas, crear una superintendencia de educación que subcontratara servicios de evaluación de la calidad educacional, derogar el estatuto docente, entre otras medidas que apuntaban a lo que él llamara “ un sistema universal de educación privada, de amplia competencia y diversidad “. Esta propuesta, que por supuesto no es idéntica a la que se encuentra en el senado en estos momentos, nos permite advertir los lineamientos ideológicos que han conducido la educación chilena en los últimos 37 años y que la concertación, al menos en discurso, trataba de atenuar, mas no frenar.


El principio de estado subsidiario es aquel donde la figura del estado en materias públicas radica solo en subsanar ciertos vacíos que el mercado, verdadero regulador en un mundo neoliberal, no pueda solventar. Es esta ideología la que ha dirigido el progresivo desembarazo que ha sufrido el estado con respecto a la educación. La municipalización no solo fue el comienzo, sino un medio, para perseguir la privatización total. Así las propuestas de la nueva reforma educacional como el otorgar mayores libertades a los directores y sostenedores de los establecimientos educacionales, haciéndolos gerentes de una empresa de educación, aumentar las remuneraciones a los equipos técnicos, fomentando el amiguismo, flexibilizar la relación laboral de los docentes con los establecimientos educacionales, bonos e indemnizaciones y privilegiar asignaturas funcionales al mercado, equiparan lo ético a lo rentable.

A estas alturas, muchos podrán pensar que, a lo que se apela en este ensayo es a revertir el proceso, y volver a tener un estado docente. Sin embargo, lo que se propondrá a continuación escapa a las nostálgicas remembranzas de un abultado porcentaje del PIB destinado a educación.

La situación actual de la educación chilena presenta una enorme disparidad entre las clases sociales en cuanto a la calidad. Esto de la calidad, en nuestros días, se mide de acuerdo al monto de inversión destinado a la formación de capital humano y la capacidad de implementar tecnologías de formación de sujetos con herramientas funcionales al mercado laboral. Todo esto últimamente redunda en una “mejor” o “peor” educación, evaluable a través de métodos cuantitativos como el SIMCE, la PSU y/o indicadores de éxito, como el porcentaje de estudiantes que ingresan a las universidades, o el porcentaje de profesionales que encuentran trabajo. Finalmente todo adquiere una connotación social mediante la concomitante mejor calidad de vida que obtienen los sujetos que tuvieron una mejor educación. En este panorama el factor clave es que no todos parten de la misma base y la capacidad de elegir en que establecimiento educacional matricular a sus hijos, o mejor dicho en estos días, que servicios consumir, solo la tienen los que tienen el dinero suficiente.


Pero cabe preguntarnos ¿tienen los ricos una mejor educación?, si la calidad de la educación la evaluamos tal como explicitamos anteriormente, que es en términos relativos, en comparación a su opuesto actual y en relación a sus repercusiones, la respuesta es sí. Pero entonces quizás la pregunta del millón sería ¿tienen los ricos una buena educación? Nuestra respuesta es NO, la educación buena no existe.

Si entendemos que la educación no tiene porque ser una instrucción, y que por ende no se trata de llenar espacios vacíos en la mente de ignorantes, entonces caeremos en cuenta que la superación no pasa por el número de horas que se le dedica a una determinada asignatura o a cuantas computadoras hay por estudiante.

La educación que tenemos, incluso aquella de los barrios altos, con fuertes programas de idiomas, historia, artes y deportes no es educación, es adiestramiento. La buena educación de un mundo inmutable, donde el pensamiento crítico y la solidaridad comunitaria están prohibidos, es aquella que fabrica los gerentes de la empresas que explotan a los trabajadores, que contaminan nuestro medio ambiente y que dispone de la fuerza pública para velar por su privilegios, a punta de pistola de ser necesario.

Pero tal y como existe una historia progresiva hacia la mercantilización de la educación también se han presentado contrapartes rebeldes, que sienta bases críticas, no solo de oposición sino de proposición. Recordemos pues los movimientos estudiantiles por el pase escolar en Santiago durante el 2001, que llevaron a que por el 2003 se articularan movimientos estudiantiles secundarios fuertes, como el Cordón Rebelde Estudiantil-Acción Revolucionaria (C.R.E.A.R) y luego la revolución pingüina del 2006, así como organizaciones más amplias como el Cordón Popular de Educación (COPODE). A un nivel local, también contamos con la experiencia de la agrupación educacional Pichiwentru Tainñ Mapu Mew, que durante varios años realizó varios talleres, preuniversitarios populares y otras actividades en las poblaciones Yañez Zabala, Pablo Neruda y Norte Grande 2 de la ciudad de Valdivia. Todas esta iniciativas, y muchas más que no podrían ser nombradas todas en una simple revista, son parte de nuestra historia, de esa historia que no sale en los libros ni en la tele, pero que viva en la memoria de los y las que luchan, será la semilla de una realidad mejor.


Aunque las horas dedicadas al estudio de la historia aumentaran, en las escuelas buenas y malas, los estudiantes seguirían aprendiendo que O`Higgins es un padre de la patria y no un dictador, que Valdivia es un mártir de la civilización y no un genocida, que los peruanos y bolivianos son malos porque querían quitarle el salitre a Chile y no que eran disputas entre empresas salitreras las que se resolvían con la sangre de cholos y rotos. Podrían aumentar también las horas de ciencias, pero en las escuelas buenas y malas seguirían enseñando que la ciencia, objetiva e imparcial, progresa cada vez más como lo ha hecho desde el geocentrismo hasta la teoría de las cuerdas y obviar el hecho de que han existido en la historia varios cambios de paradigma dentro de esta ideología moderna y occidental, y que siempre han estado determinados por factores políticos y sociales.

La superación a esta crisis en nuestra educación pasa, como cualquier solución a cualquier problema de nuestras sociedades, por la política. Y esto no quiere decir que lo que tenemos que hacer es votar por el mejor candidato. No estamos llamando a inscribirse ni haciendo proselitismo partidista. El llamado es a la organización popular, el llamado es a la iniciativa y a la recuperación de nuestra capacidad de resolver nuestros propios problemas. El acertado consejo de que la familia y la comunidad en general debe involucrarse en el proceso educativo de los jóvenes, va más allá de ir a las reuniones de apoderados o participar de las actividades escolares de nuestros y nuestras hijas. Las ideas de una educación horizontal, asamblearia y comunitaria quizás escapan del espacio destinado a este ensayo, pero como ideas de un grupo reducido de personas, su fin no es el de iluminar ni otorgar recetas infalibles. Las ideas son propuestas que solo tendrán utilidad al calor de la experiencia política de una comunidad organizada, soñadora y rebelde.


Así Reconoce

Chile a SUS Pueblos Originarios El pasado 4 de enero de este año, el senador Accorsi, junto con 74 diputados firmantes de una variada gama de partidos de concertación, mas amigos de la UDI y el PC, propusieron, mediante un acuerdo firmado, darle suma urgencia al proyecto de

Reconocimiento Constitucional a la existencia de pueblos indígenas en Chile, proyecto que desde el 2007, está en tramitación y que fue presentado en aquel momento por los Senadores de derecha Alberto Espina, Andrés Allamand, Carlos Cantero, José García Ruminot y Sergio Romero. Esta situación causo gran bullicio, ya que, por un lado, el procedimiento no toma en cuenta algunos de los puntos expuestos en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que obligan a generar consultas a los pueblos indígenas (si es que estos se ven afectados por las medidas a tomar) y por otro,

pretende poner lo que se ha llamado un candado constitucional al convenio anteriormente nombrado.


Para hablar mejor de esto, debemos remitirnos al año 2008, año en que, después de una larga pelea llevada por una parte de la población indígena que habita este país, finalmente el Gobierno de Bachelet ratificó (como gran proeza) el Convenio N° 169 de la OIT,

que entraría en funcionamiento el 15 de septiembre del

2009. Este convenio alberga entre sus líneas una serie de políticas que apelan a la entrega y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas que habitan el territorio del país que lo ratifique. Es en este convenio también, donde se albergan muchas de las grandes contradicciones, referentes a la toma de decisiones sobre el “tema” indígena.

La

discusión

gira

necesariamente

sobre

cuestiones

tan

problemáticas para el gobierno, como lo han sido el derecho al

territorio, la obligatoriedad de consulta ante la toma de decisiones que competan a los pueblos indígenas y, por supuesto, el tan controversial concepto “pueblo”. Si revisamos el convenio, acerca del territorio, en general nos plantea que, sobre la base de la importancia que este reviste para las culturas indígenas, los pueblos que así lo acepten, tienen el derecho a posesión y propiedad de las tierras que habitan ancestralmente, así como también el derecho al uso, administración y conservación de los recursos que en estas estén. De igual forma se les deberá consultar sobre las intervenciones que se hagan en territorios que no sean de su propiedad, pero que puedan afectar las tierras indígenas y la vida de quienes la habitan, además cuando se considere necesaria la reubicación de estos pueblo por un daño generado, solo debe hacerse bajo la consulta y consentimiento de estos y a tierras de la misma calidad. Por otro lado la “consulta” es tomada como

obligatoria y vinculante, debiendo hacerse con las organizaciones representativas de cada pueblo.


¿Y qué pasa con el concepto PUEBLO?, bueno, dejan clara su definición en el siguiente párrafo “La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a

los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”. Sí, a lo mejor no tan clara. Pero en el fondo despoja al concepto, de antemano, de todo sentido de autodeterminación. Todo lo anterior entre muchas otras cosas, que no alcanzo a abordar.

El nuevo acuerdo de Reconocimiento constitucional de la existencia de pueblos indígenas en Chile, pasa justamente a ser un candado constitucional, porque se define al territorio chileno como uno e indivisible, acorazando además esta normativa dentro de la constitución, lo que la hace inmutable debido al altísimo quórum necesario para su modificación. Además dentro de los cambios que pretende hacerse en algunos párrafos

de la constitución, no se nombra los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas, dejando presente una enorme contradicción entre el convenio ratificado (acto políticamente correcto para el gobierno) y los intereses de los grupos poderosos de este país. Sin embargo, si revisamos nuestra historia más reciente, caemos en cuenta que en realidad el convenio nunca ha sido respetado por parte de la clase política y menos por los grandes grupos económicos (que en el fondo son lo mismo, pero respetaremos solo por esta ocasión sus distinciones internas). Esto a lo mejor puede deberse a que siendo un convenio internacional, es lo suficientemente amplio, por lo que contempla adecuaciones al contexto en el que se ejerza; o que sus artículos hablan de buenas voluntades que no son definidas, por lo que quedan a su criterio (y por nuestra experiencia sabemos que los criterios de los que están gobernando no son muy criteriosos); o a lo mejor porque fue firmado bajo gran presión nacional e internacional, pero en realidad no existe la voluntad para aplicarlo y ya estamos acostumbrados a que los que nos dirigen caminen impunes por la vida. En realidad no lo sé (aunque tengo mis sospechas), saquen sus propias conclusiones.


Habiendo expuesto ya el debate y sin el afán de desmerecer los esfuerzos de las comunidades, organizaciones y personas que lucharon por la ratificación del convenio 169 (y no me refiero a las que pertenecen al gobierno) y el precedente que sienta esta ratificación en medio de la política indígena en Chile, cabe plantearnos por un lado, que este convenio aborda el “tema” indígena bajo una postura paternalista, con un Estado que debe resguardar, asegurar el bienestar de los pueblos, con organizaciones colectivas sometidas a instancias de participación determinadas por elementos ajenos a ellos mismos. Ejerce además una especie de discriminación positiva hacia los pueblos indígenas, producto del mismo paternalismo que alberga en él. Digo esto sin desconocer las condiciones de discriminación y pobreza en que viven los pueblos indígenas de este país y de Latinoamérica, solamente apelando a que no

debemos esperar que el mismo sistema que nos oprime nos otorgue libertades y derechos dentro de lo posible.

¿Qué más da que delimiten el concepto de pueblo para sacar de nuestras expectativas la autodeterminación, si al momento de pensar el conflicto se somete la libertad de los pueblos a las intenciones y decisiones de los Estados? La autodeterminación nunca se logrará bajo las normas de un gran padre vigilante, dictador y castigador. No es la primera vez que se plantea esto, por supuesto, a lo mejor la intención es casi ser majadero. A lo largo de Latinoamérica varios entienden esto mucho mejor y ya no pierden tiempo en exigir, sino que se dedican a construir nuevos caminos. Solo pensemos en los ajetreados últimos años que ha vivido el movimiento mapuche de este país. Es cierto que luchando por estas leyes muchas veces podemos ganar tiempo, es necesario a veces para evitar o mancillar desastres, pero no deben ser de ninguna manera nuestra vía de reivindicación.


Seguramente se habrá dado cuenta que, en las ultimas semanas del mes de mayo, se produjo a nivel nacional una creciente ola de manifestaciones en contra del famoso y polémico proyecto energético Hidroaysen. Sin duda que por algún lado le habrá llegado la información respecto a los beneficios que traería este para el país. Nos han dicho una y otra vez lo necesario que es el proyecto para Chile: “Chile tiene agua en Aysen” nos recuerdan sus propagandas. Nos han amenazado ridículamente por la tele como es que quedaría la caga en un estadio si una mujer se seca el pelo después de ducharse y hasta el mismo gobierno cuentea con que en un par de años mas, si no se construyen las represas, habrá apagones en el futuro.

Independiente de la postura que pueda tener al respecto, lo más probable es que no sepa que este proyecto se relaciona a una serie de otros proyectos energéticos que se quieren implementar a nivel nacional. Solo por nombrarle algunos: La Paloma, Balatita, Río Grande (La Serena), Alto Maipo, Guayacán (Santiago), Chacayes, El Paso (Rancagua), San Clemente (Talca), Laja (Concepción), Carilafquen-Malalcahuello, Tacura (Temuco), San pedro, Casualidad, Osorno (Valdivia), Hornopirén, Palmar Correntoso (Puerto Montt), Rio Cuervo, Lago Atravesado, Baker 1 y 2, Pascua 1, Pascua 2.1 y Pascua 2.2 (Coyhaique). Todas estas hidroeléctricas en carpeta desde el año 2008.


Además de la energía hidroeléctrica, “energía limpia” como les gusta decirle, también habrá de las sucias y peligrosas centrales termoeléctricas como Collahuasi (Iquique), Kellar, Angamos y Andino; Barriles y Escondida (Antofagasta), Diego de Almagro, Gerdau Aza, Generadora del Pacifico (Atacama), Punta Colorada, Barrancones, Farellones, El Peñon, Espinos (Coquimbo), Quintero, Planta Valorizacion, RC Generación, Nogales, Campeche (Valparaíso), San Francisco de Mostazal, Colihue (Rancagua), Planta Teno, Los Robles, (Talca), Los Guindos, Santa Lidia (Concepción), Trapen (Puerto Montt), entre otras, sin contar con las ya aprobadas Castilla en Copiapó o las centrales de Isla Riesco. Entre los nocivos efectos en la salud, que producen estas centrales, está el cáncer, problemas respiratorios y oculares, además del daño ecológico tras la emanación de CO2 y material particulado, la contaminación de ecosistemas marinos tras la liberación de químicos como el mercurio y el aumento de la temperatura del mar. Claro que, como siempre, estos perjuicios no los sufre ni el Piñera, ni el famoso biministro Golborne, si no que la gente que no gana nada con todos estos proyectos.

Aquí solo hemos contado lo que se viene, dejando de lado la espeluznante cantidad de centrales que vienen envenenándonos hace bastante tiempo ya. Actualmente hay alrededor de 190 proyectos en carpeta, 69 con la chanta “evaluación ambiental” aceptada y 29 ya en construcción.

Pero, ¿Pa que tanta corriente? Frente a todos los proyectos que hemos expuesto, seguramente se esta preguntando ¿para que se necesita tanta energía? Lo que hay de fondo en esta masiva necesidad de energía es el lucro, nada mas que eso. Se busca el buen negocio con energía barata causando la destrucción del medio ambiente y de la gente, solo para generar más y más dinero. Estos proyectos no buscan, como seguramente le han dicho, el bienestar social, si no, el enriquecimiento de los dueños del país. Nótese que todos estos proyectos son, como generalmente sucede, o de corporaciones transnacionales o de los patrones locales entre los que contamos la familia Mate en Hidroaysen o los Angelini en Isla Riesco.


Uno de los principales consumidores de toda esta energía, no seremos nosotros, las personas comunes y corrientes, si no que las mineras, que son una de las industrias más contaminantes que existen en el planeta, junto con la química y la de hidrocarburos. Ellos son los que mas necesitan energía para sacar y sacar todos los minerales que puedan vender. Y aunque ya parezca chiste rancio, las mineras también responden a intereses de particulares, sean transnacionales como Barrick o del conglomerado del grupo Luksic, entre otros. Otro de los fines que hay tras esta supuesta necesidad nacional, que decide imponer la gente que nos gobierna, es el de transformar a Chile en la pila de Sudamérica. Esto significa vender energía a otros países, donde la industria minera también esta destruyendo el planeta, y donde los verdaderos dueños de los países, las transnacionales, se enriquecen a través de la destrucción de la gente y la tierra. A diferencia de lo que nos dicen los políticos en la tele, no somos nosotros los que consumimos y consumimos energía, no somos nosotros lo que necesitamos todas esas basuras de megaproyectos, que destruyen lo que nos va quedando de tierra para vivir. Son los propietarios del mundo, la burguesía, quienes juegan a llenarse los bolsillos a costa de nuestro sufrimiento.


Y frente a esto ¿que podemos hacer? Claramente frente a tantos problemas, recursos y poderes, lo que podemos hacer solos, como ciudadanos, estudiantes, obreros, dueñas de casa, no es mucho; pero si nos organizamos e investigamos podríamos incluso levantar nuestras propias formas de producir energía. Esto nos daría mucha mas libertad económica y política, claro por que si ya no necesitamos un sistema de electricidad centralizado ¿Por qué necesitar un Estado? Porque claramente la imposición de estos proyectos energéticos no sería posible sin una institución que nos venga a decir cuales son nuestras necesidades, como lo hace el Estado, que claramente no busca el bien común, como le gusta tanto enarbolar a los políticos en sus pomposos discursos. Como ya lo hemos dicho solo busca imponer las necesidades de los que verdaderamente representa, y reprimir a la gente que esta descontenta, apelando a que la disidencia y el manifestarse en la calle por no estar de acuerdo es una grave falta contra la democracia. Ellos pueden gobernar porque nosotros los dejamos, así como también les dejamos al Estado y las empresas que nos arreglen la vida, si somos capaces de levantar proyectos que nos autogestionen energética y económicamente le estamos quitando poder al Estado y a las empresas, para así construir nuestra propia forma de vida, independiente y autónoma. Que todas estas centrales generadoras de energía sean una necesidad para el orden burgués o burocrático del Estado, solo responde a la búsqueda del lucro, así que no le compre a quien dice saber mas que Ud., hablándole desde las alturas del poder, totalmente ajenos de su realidad. Organízate con los tuyos, alternativas hay, investiga o invéntalas creativamente y sin permiso.


Aprobada la privatización de las semillas en Chile Lo que cientos de años de cultura crearon, al capital se venden según Monsanto Mientras en el territorio pululaban las manifestaciones en contra de la nefasta aprobación de Hidroaysén, en el senado un grupo de terroristas muy bien vestidos aprobaba la adhesión de Chile al tratado de la UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES en su versión de 1991 (Upov91).

La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. El objetivo del Convenio es la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual. Según nos indica la página web de esta organización, la misma tendría por misión “Proporcionar y fomentar un sistema eficaz

para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”. Lindo, muy lindo, pero esto es tan cierto como que Hidroaysén se construirá para que no nos salga tan cara la cuenta de la luz. Para aquellos que no captaron el sarcasmo, lo que quisimos decir es que ES MENTIRA.


Este convenio, que se encuentra dentro de los compromisos pactados con gringolandia en el marco de nuestro TLC, sienta las bases legales para la regulación de la propiedad intelectual de multinacionales sobre las variedades de semillas. Dentro de una serie de condiciones muy vagas, y por ende muy permisivas, el tratado plantea que cualquier persona natural o jurídica que tenga el dinero y los conocimientos técnicos para realizarlo, puede presentar una solicitud en el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y hacerse de un "derecho de obtentor". Esto que, poco difiere de una patente, recae sobre cualquier variedad de vegetal, incluido sus derivados, que puedan ser reconocidas como "nuevas". Lo que no dicen, es que para reconocer a una variedad como nueva, la ley se enfoca en aquellas variedades de plantas que no hayan sido previamente inscritas. En términos concretos da el pie para que, no solo se inscriban los nuevos transgénicos que se diseñan día a día, sino que se podrán patentar variedades, tan antiguas como las culturas que las engendraron, solo basta una pequeña modificación genética. Además de prohibir la utilización libre de semillas inscritas, el presente tratado pena la práctica de almacenar semillas que resulten de la propia producción de los agricultores. A modo de ejemplo, digamos que usted compra dos sacos de porotos inscritos y los siembra, la producción resultante de esto le dará varios sacos más de porotos, de los cuales una parte no será vendida sino que utilizada para sembrar la siguiente temporada. Bueno ahora, con el último numerito de los senadores, si usted realiza está práctica, tan generalizada y corriente, peligra ser demandado por grandes multinacionales. Si usted es de aquellos que confía en las siempre efectivas prácticas que se realizan al alero de la ilegalidad (aparte de felicitarlo) le tenemos que comunicar, tristemente, que en otros países donde se ha implementado este sistema las multinacionales han dispuesto de policías privadas que se encargan de tomar muestras de los cultivos de la gente para asegurarse de que no se viole su derecho de obtentor. Así que si usted pensaba que, "filo yo planto igual no más" puede que algún día lo vengan a visitar unos abogados para exigirle la factura de la compra de semillas de la última temporada, o en su defecto unos cuantos milloncitos en multas. Habrá que pensar en formas de resistir más complejas.


Como todo en nuestra historia, existen responsables directos, de carne y hueso, y no como nos quieren hacer pensar con frases como "lo que el mercado necesita", como si el mercado fuese un ente supranatural con voluntad propia y ajena a la nuestra. Aquí existen personas que trabajan en grandes corporaciones como Monsanto, dueño del 90% de la semillas transgénicas en el mundo, y cuyas artimañas y desfachateces se pueden observar en el documental “El mundo según Monsanto”, o “Monsantoland”, por su nombre en inglés. En nuestro territorio el accionar de Monsanto fue encabezado por ChileBio con el apoyo de Anpros (la asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) el Diario Financiero, virtual vocero del negocio de exportación de semilla transgénica y, por supuesto, por nuestros queridos senadores, entre el que se destaca Carlos Larraín, senador por la región de Los Ríos.

Para irle cerrando la copucha, le contamos que este tratado internacional, como muchos otros, no regula directamente lo que intenta regular, para eso se necesitan leyes específicas. Si bien esto puede ser un problema en algunos casos (como la dificultad de hacer valer el tratado 169 de la OIT, que nuevamente fue y será violado por este nuevo tratado) en este caso ya hay trabajo adelantado porque la carismática presidenta Bachelet mandó el proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones vegetales y deroga ley N° 19.342 (Boletín Nº6355-01) en diciembre de 2008 y en estos momento ya está siendo evaluado en el Senado. En estos tiempos de brutal opresión, opinamos que es una desconsideración no pensar siquiera en los hippies pacifistas que pensaban escapar de Babilón cultivando su propia comida, en su propio monte.


Noticias locales

Recuperaciones Trafún

en

el

Jornadas de Protesta en Valdivia

fundo

Desde aproximadamente cinco meses, en las cercanías de Panguipulli, (Trafún, Liquiñe), se lleva a cabo una recuperación de tierra (13 mil hectáreas) por parte de las comunidades Juan Painepe 2 y Vicente Rienahuel. Este fundo actualmente está a nombre de la agrícola “Las Vertientes”, pero los comuneros reclamen tener el derecho ancestral sobre las tierras, además del derecho que les otorgan una serie de tratados firmados por el país. Por supuesto, a partir de esto la zona ya fue militarizada, movilizándose una gran parte del contingente policial de la región y sus instrumentos de represión al sector. En este tiempo 35 vacunos de propiedad de los comuneros han sido retenidos en el fundo y además les fue quemado un rehue. El pasado 23 de mayo, con el afán de ver el estado de los animales y del rehue, 20 comuneros, hicieron un trato con carabineros para poder pasar 20 minutos al fundo, con ellos también iba un periodista de Puelche comunicaciones. En este intertanto, un menor de 17 años, de iniciales C.E.R.A. recibió un perdigón en su cuello. Mientras los pacos hablan de un enfrentamiento, los comuneros explican que estaban pacíficamente en el lugar.

Terminaba el día cuando en este 9 de mayo, luego de la aprobación del proyecto Hydroaysén, comenzó la primera de una serie de protestas en contra de la central. Centenares de personas salieron a la calle a mostrar su descontento con cánticos, gritos y piedras. Pero a pesar de que la mayoría de los gritos iban en apoyo a la patagónia, también otros actores aparecían. El tercer día de protestas unió también una manifestación de los pescadores, que exigían respetar los tratos hechos al formar la Región de los Ríos, mientras que en la noche un grupo de mapuche llegaban a la plaza a exigir la libertad de sus presos y la salida de los proyectos hidroeléctricos de Endesa en la comuna de Panguipulli. Fueron en total 6 jornadas de manifestaciones, las que llegaron a su culmine el 21 de mayo, donde pudimos escuchar consignas en contra de Hidroaysén, de la privatización de las semillas, de la nueva ley educacional y por la liberación de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, todos juntos bajo una misma lluvia. Sin embargo el mundo aún no se acaba, ni menos se mejora, por lo que este 26 de mayo se realizó una nueva marcha en apoyo a los presos políticos mapuche en huelga de hambre, pero, como tirón de orejas para todos nosotros, no tubo mucha convocatoria. ¡A no dormirse ni retroceder! Aún nada ha sido superado.

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