BTOB
Lo que sí es claro, es que lo que sucedió en el Congreso el pasado 29 de enero no solamente formó un precedente en relación a las consecuencias que trae conformar una Junta Directiva con diputados tránsfugas. También marcó una alarma en la necesidad de establecer un procedimiento en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo para tener conocimiento de los pasos a seguir con las normas que no son enviadas al Organismo Ejecutivo en el lapso de 10 días por la suspensión de una Junta Directiva. Esto, en vista del principio de que el funcionario puede hacer solamente lo que la ley le permite. Por ahora, la lección de esta situación, es que, por no tener procedimientos claros dentro de la legislación vigente, se tiene como consecuencia una gran pérdida para la economía guatemalteca que no nazca a la vida jurídica una ley tan importante como la de Factoraje. Peor aún, esto podría seguir sucediendo con otras normativas por no contemplarse en el derecho positivo las instrucciones claras.
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