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contenido • 9 de enero: memoria, presente y futuro • prohibido olvidar / Heliodoro Portugal • Airomi Smith, o la represión como norma • opinión / La violencia como respuesta • los derechos humanos dentro del sistema penitenciario

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión” Declaración Universal de los Derechos Humanos

tema central

Conflictos socioambientales en Panamá

dd.hh.up. Colectivo Derechos Humanos – Universidad de Panamá

uno a uno Nº 1, marzo-mayo 2008


Hoy salimos a la luz por primera vez, convencidos de la necesidad de espacios de interacción para construir, desde abajo y junto a otros, aquella fuerza necesaria para brindar aire puro y fresco a nuestro entorno político, social y cultural. Esta publicación no tiene amo. Representa el esfuerzo de diversas conciencias en condición de absoluta igualdad, en busca de un espacio de verdadera libertad de expresión, alejado de los intereses que manipulan los medios masivos. Aclaramos que nuestro pequeño esfuerzo tampoco es tribuna indiscriminadamente abierta. La experiencia nos enseña a no serlo con tanta gente buscando protagonismo mediante la explotación demagógica de las miserias humanas. Se ofrece libremente, eso sí, para el debate argumentado, para la lucha colectiva por la dignidad del ser humano. Ser neutrales y permitir que por aquí pase de todo, sería una irresponsabilidad impensable mientras sea necesaria nuestra intolerante beligerancia frente a la injusticia.

Aportes y comentarios al correo electrónico ddhhup@gmail.com Visítenos en http://ddhup.blogspot.com, y en las direcciones de todas las organizaciones con quienes compartimos este trabajo.

Porque las libertades esenciales para una verdadera democracia, no pueden seguir siendo patrimonio de pocos que proclaman un derecho a su conveniencia mediante abstracciones funcionales a un status quo cuestionable. Bienvenidos todos.


9 de enero: Memoria, Presente y Futuro Hace poco más de 9 años, en cumplimiento al Tratado del Canal de Panamá de 1977, posible tras la firme exigencia de los mártires de 1964 y otras demostraciones populares como el rechazo al Tratado Robles-Johnson de 1967; el último contingente militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América se retiró de nuestro territorio, y la totalidad de activos de la antigua Zona del Canal incluyendo la propia vía interoceánica, completó un largo proceso de reversión. Por primera vez en nuestra historia republicana, Panamá ejerció como país, los derechos soberanos sobre la totalidad de su territorio, no sin antes experimentar, la más brutal de todas las agresiones en diciembre de 1989, perpetrada en la oscuridad de la noche y ante una población desprevenida, con una cantidad aún indeterminada de muertos en su mayoría civiles, víctimas tanto de la violencia del ejército con mayor poderío en la historia de la humanidad, como de la irresponsabilidad de un gobierno dictatorial de militares y civiles, y la complicidad del nuevo gobierno instaurado en una base militar extranjera en 1989. Ninguno puede excusarse, todos esos muertos pesan sobre sus espaldas. Aportes directos del Canal al presupuesto general del Estado, que este año rondan los 730 millones de dólares, superan con creces desde el año 2000 los beneficios reportados a nuestro país durante los 85 años de administración norteamericana. Sin embargo, no consiguen impactar definitivamente en la reducción de los preocupantes indicadores sociales: cerca de 40% de personas en condición de pobreza o pobreza extrema -según indicadores cuestionables- en medio de un crecimiento económico sostenido cercano al 10% anual. Tampoco es explicable como la deuda externa de un país con semejantes cantidades de ingresos adicionales, sigue creciendo irracionalmente sin ver resultados tangibles en la vida de la gente común, manteniendo aún más hipotecada nuestra soberanía a favor de organismos internacionales de crédito, sin adoptar el gobierno una posición responsable, digna y seria frente a este círculo vicioso en el que nosotros, ahí sí todos, pagamos repetidamente en intereses y pago a capital lo pedido, sin ver la luz al final. Tras un siglo de lucha generacional, la antigua Zona ha sido destinada mayoritariamente al establecimiento de comercios, organismos internacionales, hoteles cinco estrellas y residencias de alto valor, sin priorizar la creación de espacios propicios para el desarrollo humano integral de los excluidos: no hay escuelas públicas, ni nuevos hospitales, los parques nacionales son constantemente agredidos, no hay centros culturales, campos deportivos, residencias dignas para el pueblo panameño. La pregunta es: ¿Somos nosotros, el pueblo panameño, soberanos en la antigua Zona del Canal?. Hay una lucha por terminar.

Ramón H. Benjamín M. Estudiante de la facultad de Derecho, Universidad de Panamá; miembro de DD.HH.UP.


sobre medios de comunicació comunicación

“El negocio de los medios de comunicación está no tanto en proporcionar información y entretenimiento a sus clientelas como en vender lectores y audiencias a los anunciantes. Eso explica la preponderancia actual del entretenimiento, el que las noticias, los comentarios, los programas tiendan a ser ligeros, amenos, incluso morbosos porque para alcanzar al mayor número de personas hay que descender al mínimo común denominador intelectual” Alberto Moncada, www.argenpress.info

“El carácter de veracidad conferido a los grandes medios de comunicación, investidos simbólicamente como garantes de los valores democráticos y la neutralidad objetiva, los convierte en el instrumento idóneo para la construcción, desarrollo y difusión de un discurso hegemónico propicio a los intereses de los grupos de poder que actúan a través de ellos. Pero no debemos obviar que su efectividad depende en gran medida de la capacidad de pasar desapercibidos en su función de creadores interesados de opinión. Por ello, los mensajes deben ir revestidos de objetividad y preferiblemente avalados por técnicas formales y pseudo-científicas que permitan al público la ficción de neutralidad. A través de la noticia periodística, la estadística, la encuesta... se consigue reforzar el efecto de veracidad de unos mensajes cuya neutralidad podría ser cuestionada en caso de provenir de formas abiertamente subjetivas como el editorial, el artículo de opinión o el debate” Anna Fontelles, www.revistapueblos.org


Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

prohibido olvidar: olvidar: Heliodoro Heliodoro Portugal Portugal prohibido La desaparición de Heliodoro Portugal sucede el 14 de mayo de 1970, aproximadamente a las 3 de la tarde, tenía 36 años de edad. Unido, era padre de un hijo y una hija. “Él estaba en el café Coca Cola ubicado en el Parque de Santa Ana, cuando un taxi, una camioneta de color rojo, se detuvo frente al Café. Del carro se bajaron dos señores vestidos de civil; lo detienen, lo introducen a la fuerza en el carro y, una vez todos dentro, se lo llevan”. Aproximadamente al mes de la desaparición, llegó un policía a la casa diciéndoles que la víctima les mandaba a decir que no se preocuparan que estaba en Tocumen y que iba a salir. Eso fue lo último que supo la familia. Un informante señaló que fue interrogado y torturado por Melbourne Walker y Luis Del Cid y que en la habitación contigua estaba Portugal, quien era interrogado sobre su amistad con Floyd Britton, y luego lo torturaron. De allí los trasladaron vendados al Cuartel de Tocumen, donde vio a Heliodoro Portugal, quien pedía que le avisaran a su familia. El informante fue trasladado a la cárcel de La Chorrera y no supo más de la víctima. Un testigo narró que en junio de 1971, presenció el enterramiento de una persona, en el Cuartel de Tocumen. El 22 de septiembre de 1999, guía a las autoridades judiciales al sitio y encuentran restos humanos en dicho lugar. Posteriormente, el 21 de agosto de 2000, se comprueba que corresponden a Heliodoro Portugal. *Informe de la Comisión de la Verdad, Panamá 2002, páginas 100-101

El Estado panameño no solamente se resistió a ejecutar las recomendaciones de la Comisión, sino que en la audiencia pública de enero de este año se defendió argumentando falta de competencia de la Corte, por haber ocurrido el hecho antes del reconocimiento por el Estado panameño de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1990), cuando es conocido por cualquier estudiante de derecho que la desaparición forzada -iniciada con la detención arbitraria e ilegal por militares (1970)- se considera violación continuada hasta agosto/2000 cuando se encuentran sus restos, además de incumplir la obligación de investigar, juzgar y determinar responsabilidades violando el derecho de los familiares a conocer la verdad de lo ocurrido. La actitud del Estado panameño en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, específicamente en el proceso por la desaparición forzada, tortura y muerte de Heliodoro Portugal, es sencillamente lamentable.


Ante los problemas sociales, LA

REPRESIÓN COMO NORMA

En octubre fue el turno de los indígenas en Bayano, desplazados sin indemnización ni respuesta oficial hace más de 30 años. Las comunidades organizadas en defensa de sus tierras, de los ríos y de sus formas pacíficas y sustentables de vida, por ejemplo los movimientos en Río Cobre Tabasará y Changuinola, también han experimentado la creciente represión, que ha pasado a ser la norma en el manejo de los problemas sociales por parte del gobierno bajo la invariable consigna del orden público. Evidentemente, un malestar colectivo se manifiesta en forma de protesta social, sin que las autoridades gubernamentales puedan realizar políticas públicas coherentes e integrales para atender el complejo problema de fondo político y económico ¿Cómo llamar al orden público si antes los servidores públicos no tienen la voluntad de cumplir con su obligación de garantizar la vida, integridad y dignidad de quienes estén bajo la jurisdicción del Estado panameño?, ¿cómo argumentar orden público para la criminalización a priori del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, para exigir al ciudadano su conformidad a un orden social, político y económico cuestionable, institucionalmente deficiente, contradictorio con los derechos humanos de las mayorías? Los homicidios desde agosto 2007 hasta febrero 2008 de tres trabajadores de la construcción: Airomi Smith, Osvaldo Lorenzo y Luigi Arguelles, afiliados al SUNTRACS, por miembros de la Policía Nacional o por particulares en presencia de la misma, viene a confirmar una tendencia de la conducta imperante en los ciudadanos en puesto de servicio público con mando y jurisdicción, hacia la institucionalización de la violencia del Estado mediante el abuso policial y la impunidad. En julio vimos los excesos del SPI en las inmediaciones de la Presidencia frente a los afectados por dietilenglicol.

La reglamentación y fiscalización de la seguridad y salud en el espacio de trabajo y en la comunidad, la protección de los habitantes ante al incremento en el costo de la vida, el respeto al debido proceso, son ejemplos de responsabilidades del Estado que antes, durante y después de los últimos acontecimientos, han sido y continúan siendo incumplidas. Quienes señalan que la protesta pone en peligro la economía no admiten que las políticas económicas afectan realmente la distribución de oportunidades y la convivencia pacífica en un país que ostenta un crecimiento económico del 11% anual. Una cosa es segura: un ser humano, en la entrada de un centro de atención médica, de espaldas, no es peligro para un policía armado y entrenado que a nadie tenía que perseguir en tal lugar. No importa cuantas voces, pagadas o acostumbradas, intenten justificar lo injustificable.


tema central

Conflictos socioambientales en Panamá* Las políticas del Estado panameño en materia energética, minera y de turismo residencial se han constituido en generadoras de conflictos socioambientales. El Estado dispone libremente de los recursos naturales y culturales sin sistemas de información sociocultural y ambiental que sustenten científicamente las políticas en materia social, ambiental y energética, sin visión a largo plazo y sin considerar las relaciones entre la totalidad de los ecosistemas, es decir, en ausencia de una evaluación ambiental estratégica que permita definir la capacidad de carga del país y el efecto ambiental acumulado de todos los proyectos sobre la totalidad de la escala socioecológica del país, y si es viable continuar con un modelo cuantitativo y centralizado que se apoya en procesos conflictivos en torno a comunidades distantes, sin mayor participación libre y directa de toda la ciudadanía en el diseño, aplicación, fiscalización y evaluación de políticas públicas que afectan profundamente sus formas de vida. Tenemos un sistema legal-institucional altamente deficiente para hacer valer los derechos de los ciudadanos hacia la construcción de un desarrollo sustentable, el cual es posible sólo desde abajo hacia arriba. No existen mecanismos legales que den poder efectivo de decisión a las comunidades y gobiernos locales para la realización o no de los proyectos. Esta situación genera un país socioambientalmente fragmentado, sin sistematización entre los impactos que soportan nuestros ecosistemas y la interrelación con comunidades y ciudadanos que dependen de ellos.

Por ejemplo, al observar los proyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras, la construcción de infraestructura turística de impacto sobre nuestras costas, los proyectos de trasiego y almacenamiento de hidrocarburos; todos presentados a la opinión pública como formulas de desarrollo, tenemos un mapa del país con todas sus zonas ambientales estratégicas y sus interrelaciones entre sí y las comunidades humanas totalmente desarticuladas. Tales insuficiencias institucionales y legales quedan demostradas en la aceptación “condicionada” de estudios de impacto ambiental, a manera de simple requisito formal pero carentes de elementos clave para cumplir su objetivo de determinar las implicaciones de un proyecto en base a toda la información existente y determinar su viabilidad y las respectivas medidas de mitigación, como se ha dado por ejemplo en los proyectos de generación hidroeléctrica en el Río Changuinola, los cuales avanzan sin tener inventarios de flora y fauna, sin estudios socioeconómicos que determinen la población afectada a ser reubicada, ni inventarios arqueológicos.


También es práctica común extender los plazos para la presentación de los mismos estudios por las compañías a la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, volviendo ilusoria la importancia de los términos establecidos, como ocurrió en 5 ocasiones en el proyecto hidroeléctrico en Río Cobre. La falta de planificación está causando desplazamientos forzados de las comunidades sin una entidad oficial responsable del reasentamiento de la población y el cumplimiento integral de las obligaciones de la empresa privada de cara al respeto a los derecho humanos de los afectados, originando barriadas marginales, sin condiciones mínimas para la existencia humana digna y la conservación de sus formas de vida, como ha ocurrido en el proyecto hidroeléctrico Chan 75 y en los proyectos de turismo residencial en el archipiélago de Bocas del Toro. No existe claridad en la definición de los territorios indígenas, dentro de los cuales se realizan muchos de los proyectos en cuestión, no se ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas ni se ha creado una ley marco sobre pueblos indígenas que desarrolle los principios constitucionales de protección de estos pueblos ni aquellos aceptados internacionalmente con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, dejando en práctica indefensión y vulnerabilidad estas comunidades históricamente excluidas. Tampoco han sido reconocidos los derechos sobre las tierras de otras comunidades tradicionales, dadas en concesión a empresas privadas que avanzan en base a la intimidación, persecución y violencia ejercida directamente por la Fuerza Pública, la cual es utilizada para proteger los bienes de las empresas y violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como lo demuestran los casos de las comunidades de Charco La Pava y Valle del Risco en Bocas del Toro, así como las afectadas por los proyectos de Rió Cobre y Tabasará.

Todo esto en momentos que la demanda nacional de energía así como su proyección a un futuro razonable es superada con creces por la capacidad instalada actualmente y aquella que ya está en proceso de adicionarse, evidenciando la falsedad del argumento de la urgencia para el país del desarrollo de proyectos de generación de energía. Además la mayor parte de esta demanda es generada por el sector servicios dentro de limitados y específicos perímetros de la zona de tránsito interoceánico, no por el ciudadano común, mucho menos por aquel que recibe directamente el impacto negativo de la realización de proyectos destinados a mantener un modelo irracional de consumo. En cuanto a la explotación minera, se ha reactivado debido al alza en los mercados internacionales de los metales sin importar las afectaciones demostradas reiteradamente sobre la salud de los seres humanos y animales, la disponibilidad y calidad de las aguas, la capacidad productiva de la tierra, la calidad del aire; además de sus efectos destructivos sobre relaciones sociales y económicas tradicionalmente sustentables, y sobre la posibilidad de ejecutar otras formas de desarrollo de carácter democrático, participativo y sustentable. En definitiva, las comunidades están siendo afectadas en sus condiciones de existencia por el exagerado énfasis en los indicadores macroeconómicos, la superficialidad en el tratamiento de los asuntos sociales, culturales, ambientales, y finalmente, la subordinación de las políticas en estas materias a los resultados de la política económica, sin existir una conexión coherente que relacione unas con otras hacia el bienestar colectivo, viéndose obligadas a resistir la ejecución de proyectos desde su propia organización, dado el estado de indefensión legal e institucional frente a la predominancia de las políticas que regulan el desarrollo de la base económica de la sociedad.


Las comunidades se han movilizado y logrado importantes precedentes en el ámbito de los gobiernos locales, como lo señalan los acuerdos municipales que declaran zona de reserva minera el territorio de los distritos de Soná, Tonosí y Macaracas, así como el intercambio constante de experiencias y conocimientos con otros pueblos que mantienen la lucha ante el acoso de empresas privadas con apoyo gubernamental. En la Asamblea Nacional de Diputados también avanza el proyecto de Ley 352 que declara los distritos de Soná, Las Palmas, Río de Jesús, Montijo y Mariato en Veraguas áreas de reserva minera. Todas estas medidas son un avance importante por lograr detener el desarrollo depredador, sin embargo, las comunidades afectadas y la ciudadanía precisa de mecanismos que constituyan un eje institucional del Estado para democratizar progresivamente las decisiones en materia ambiental, para asegurar una base realmente sustentable del desarrollo económico y social. Estas acciones no han estado libres de confrontaciones con los medios de coerción social como la policía, la justicia regular y las restricciones al acceso legítimo a los servicios básicos y bienes públicos evidenciando la existencia de un verdadero conflicto socioambiental de las comunidades y ciudadanía contra disposiciones estatales que afectan sus derechos más elementales consagrados en la constitución vigente.

*Este texto es parte del documento central de posición y propuesta de las comunidades indígenas y campesinas organizadas, en alianza con organizaciones ecologistas y de derechos humanos, contra el “desarrollo” depredador: proyectos de minería, hidroeléctricas, de turismo residencial y procesamiento de petróleo, con motivo de la Movilización Nacional Comunitaria Ecologista del 12-14 de marzo/2008

Mayor información en: El contexto actual hace impostergable la ejecución de la propuesta que las comunidades afectadas del país, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas hemos construido, la cual fija puntos concretos de solución dentro de los cuales se inscriben cambios a las leyes de ambiente en su aspectos de evaluación ambiental y en la dimensión de la información científica ambiental y de las escalas socioecológicas, fundando los principios para la construcción del desarrollo sustentable desde las comunidades al gobierno local, y de éste, al gobierno central del Estado.

desarrollosustentablepanama.blogspot.com

Las imágenes son testimonio de la devastación en el área de Changuinola y Petaquilla, por proyectos de construcción de hidroeléctricas y explotación minera, propiedad y cortesía de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo

http://acdpanama.org


VII Una golondrina no hizo verano. Llamó a otras golondrinas para tener un verano común Pero éstas le respondieron: -Tú quieres el verano solamente para ti. Mejor hazlo tú misma y déjanos a nosotras hacer el nuestro. Por supuesto siguió lloviendo.

XXIX Pájaro que no canta no vuela. Pájaro que no vuela se muere. Pájaro que se muere se pudre pero le nacen flores, alimento de otros pájaros y mejor oficio que el silencio.

XXXII Y ahora También la voz está puesta al alcance de los pájaros: así todo pájaro que no hace buen canto está fuera de acción o en contra.

Tomado de Los pájaros, Rafael Mendoza (El Salvador)© Ilustración de R. Edwards.


opinión/La violencia como respuesta Joao Quiróz Govea Estudiante de la facultad de Derecho, Universidad de Panamá; miembro DD.HH.UP. Últimamente se ha escuchado a muchos formularse las preguntas ¿Qué pasa Panamá? ¿Por qué tanta violencia?, y es que en un pasado inmediato, se han dado hechos que dejan entrever que en Panamá la inseguridad se ha tomado las calles. El ciudadano de a pie no puede saber si el crimen ha aumentado o disminuido, pero día a día en los diarios, en la televisión o en las ondas radiales se difunden gran numero de “crónicas rojas”, dicho en otras palabras aunque la tendencia gubernamental desde el gobierno de Mireya Moscoso (y que actualmente se mantiene) es decir mediante estadísticas que hay menor índice de hechos delictivos; la población tiene otra opinión, que es lo que se observa a simple vista. Nadie fuera de los organismos de seguridad pueden a ciencia cierta, saber que es lo que está pasando en cuanto a la actividad criminal en Panamá. Hay un monopolio de la información en este aspecto, y no está de más decir que si estas cifras se están manipulando a conveniencia de algunos; se está incurriendo en una falta flagrante a los deberes de las autoridades que deben dar la información debida a la población, sin mencionar la actuación inmoral que esto acarrea, al ocultar información sensitiva relacionada a seres humanos que se ven afectados por la violencia. El auge económico de Panamá se grita a los cuatro vientos, un 11 % en el 2007, que parece magnifico en cuanto a la macroeconomía, pero ¿Qué se dice en cuanto a la distribución económica? ¿Qué se dice en cuanto al desempleo o el subempleo? ¿Qué se dice en cuanto a la calidad de la educación? El desarrollo de un país no necesariamente se fundamenta en su crecimiento económico, pero mucho tiene que ver con la calidad social y humana, con el bienestar general de la población. Ver la violencia como un hecho de generación espontánea, o como la desviación sicológica de un sujeto, puede funcionar como referencia bibliográfica, sin subestimar la suerte que se puedan dar ciertos casos excepcionales de esta índole. Pero se puede observar que las autoridades, por las medidas aplicadas en pro de la seguridad (mano dura, toques de queda, aumento de la represión) toman esta teoría como lo irrefutable e infalible, desmeritando que con sus propias estadísticas se puede afirmar que la violencia surge como respuesta a un panorama social poco alentador, en contraposición al crecimiento económico actual.


Sobre la situación de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario panameño *extractos del resumen ejecutivo del informe “del portón para acá se acaban los derechos humanos”: injusticia y desigualdad en las cárceles panameñas, preparado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, con el apoyo de organizaciones de la Red de Derechos Humanos / Panamá, entre ellos DD.HH.UP.

El sistema penitenciario de Panamá se encuentra en un estado permanente de crisis (…) el Estado panameño ignora sus propias directrices diariamente. Una combinación de escasos recursos, una administración deficiente, y una presunta corrupción han conducido en parte a condiciones deplorables en donde los derechos de las personas privadas de libertad son violados rutinariamente. Alto índice de encarcelamiento. Panamá tiene, después de Cuba, el índice más alto de encarcelamiento en América Latina. Hasta febrero de 2008, los centros penitenciarios panameños mantenían encarceladas a 11,375 personas. Como causantes del alto índice de encarcelamiento en el país, los expertos citan los retrasos judiciales, el uso excesivo de la detención preventiva y la falta de sanciones alternativas a la prisión. Infraestructura y condiciones básicas (…) Muchos de los centros están ubicados en edificios que no fueron originalmente diseñados para albergar a detenidos y que carecen de una infraestructura adecuada para lidiar con el alto número de detenidos que actualmente alojan (…) Las áreas en donde habitan las personas privadas de libertad son oscuras, están mal ventiladas, y están sucias e infestadas por roedores e insectos. En algunos centros penitenciarios, hasta 100 detenidos comparten uno o dos baños, y en muchas celdas y galerías, los servicios y las duchas están bloqueados o rotos, y por ende son inutilizables. Falta de agua y mala alimentación. El agua potable es escasa, y los detenidos a menudo se enferman después de beber agua que debería ser potable (…) Los detenidos también se quejaron de recibir cantidades pequeñas de comida, que se servía a menudo cruda o poco cocinada. Abusos mentales y físicos. (...) El uso de la fuerza parece basarse en los caprichos de éstos (de los guardias), e incluye frecuentemente el uso excesivo de métodos extremos de control, incluyendo el uso de rociadores irritantes, el lanzamiento de bombas lacrimógenas en las celdas y también el maltrato físico. Contraste en condiciones, privilegios y presunta corrupción. En contraste con las condiciones en las que viven la mayoría de las personas privadas de libertad, algunos reclusos viven en condiciones comparativamente superiores (…) Los extranjeros viven a menudo en mejores condiciones que los nacionales panameños (…) Se sospecha que muchos de los detenidos que cuentan con mejores condiciones de vida han pagado o hecho uso de sus contactos personales para conseguirlas. (…) la evidencia sugiere que los recursos económicos de un detenido a menudo pueden determinar el nivel de comodidad que éste puede obtener, consiguiendo mejores celdas dentro de la institución a la cual están asignados, o de igual forma comprando su traslado a un mejor centro penitenciario. Estas irregularidades también afectan los programas de rehabilitación, que tienen espacios limitados, ya que se cree que éstos son comúnmente asignados preferencialmente a detenidos que pueden pagar para ser admitidos. * Informe completo disponible en http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Lanzamiento_hoy_carceles_de_Panama.pdf


Revista 1 a 1, primer numero  

publicacion periodica participativa, realizada por jovenes en Panama, con temas sociales, politicos y culturales desde un enfoque critico y...

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