El autor analiza los problemas de seguridad jurídica que se están suscitando por la interpretación de diversas normas dadas en distintos momentos para regular la ejecutoriedad de las resoluciones de cobranza coactiva del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Para ello, repasa la Ley No 29325, que creó el OEFA, la Ley No 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y sus modificatorias, y la recientemente promulgada Ley No 30321. Cabe resaltar que si bien esta última tiene como objetivo generar un fondo de remediación ambiental, ha previsto la suspensión de la ejecutoriedad si existe una medida cautelar a favor del administrado.