Programa Feminista para una nueva Constitución

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Sur de Chile – 2020-2021


Presentación Desde nosotras por la defensa de nuestros derechos Queridos/as actores y actoras del movimiento social de los pueblos que habitan América Latina y el mundo, las mujeres de diversos territorios no dirigimos a ustedes como constructoras de la Red de defensoras por los Derechos Humanos, convergencia de organizaciones de mujeres creada a principios de mayo del año 2020 en medio de un contexto de pandemia COVID-19, que nació con la intención de educar sobre los Derechos Fundamentales vulnerados por la subsidiariedad estatal y el modelo de mercado del Estado chileno; convencidas de actuar como cuerpo articulado frente a la negativa del mal gobierno de Sebastián Piñera en avanzar en políticas públicas que garanticen freno a la profundización de la precariedad socio-económica- en la que ha situado a las mujeres que habitan las clases empobrecidas de este país con pretexto de medidas sanitarias antidemocráticas y la seguridad social que van desde toques de queda, controles de identidad

irregulares hasta

allanamientos violentos en los barrios populares y comunidades mapuche, entre otros. El quehacer de nuestra organización naturalmente permeado por el momento histórico que vive el pueblo chileno posee un compromiso férreo con la construcción de un país más digno, más justo, más solidario. Somos mujeres esperanzadas en mejorar las condiciones materiales que la disputa del poder demanda a través de un nuevo marco constitucional entendiendo su importancia en términos administrativos, de gestión, de recursos, de protección y promoción de derechos sociales; pese reconocer que la Ley no supera, ni superará jamás el valor del pueblo organizado y que nada finaliza con una nueva constituyente. Es por el contrario menester nuestro, de las feministas, y de toda alma consciente denunciar las aberraciones que las fuerzas armadas y policiales han cometido a la población civil durante los meses de revuelta popular de 18 de octubre, aún con anterioridad y en lo sucesivo. Las mujeres somos continuadoras del legado de aquellas que nos antecedieron, somos ante todo compañeras y hermanas de quienes han tenido que pagar con su libertad e incluso su vida el precio de un nuevo pacto social. Nuestra lucha data de nuestras abuelas, madres y tías que sufrieron el régimen colonial y dictatorial de siglos pasados que no termina de insistir en borrarnos de la historia. 2


Por lo que hemos querido ofrecer a la ciudadanía una ruta programática que prefigure la nueva estructura estatal y el horizonte político de los años venideros de lucha y resistencia tanto en las ciudades y campos, tanto en lo público, como en lo privado, permitiendo además la unidad del movimiento social en las calles y el compromiso programático de todos/as los/as constituyentes que participaran de la Convención Constitucional convencidos/as de su contenido. De esta manera, este es un trabajo levantado desde las mujeres desde sus diferentes miradas al servicio de la tierra y el movimiento social, es un llamado a luchar por el fortalecimiento del rol público del Estado, por la protección de los Derechos Humanos y la titularidad de los derechos de la Naturaleza, es en pocas palabras, una invitación honesta a robustecer el tejido social-político feminista desde la pluralidad de visiones que las mujeres reunidas naturalmente poseemos en miras a disputar unidas la defensa del buen vivir.

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Organizadoras

LA MONCHE

CENTRO CULTURAL POR LA MEMORIA CONCEPCIÓN

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Contenido Presentación ........................................................................................................................................ 2 Organizadoras ..................................................................................................................................... 4 Capítulo I: Modelo económico.............................................................................................................. 6 Capítulo II: Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres .............................................................. 11 Capítulo III: Educación ....................................................................................................................... 14 Capítulo IV: Ciudad y Vivienda .......................................................................................................... 17 Capítulo V: Pueblos Originarios y Nuestra Madre Naturaleza ........................................................... 22 Capítulo VI: Trabajo y Seguridad Social ............................................................................................ 25 Capítulo VII: Medio Ambiente ............................................................................................................ 30 Capítulo VIII: Democratización del Poder y las Fuerzas Armadas ..................................................... 33 Capítulo IX: Culturas, Artes y Patrimonio ........................................................................................... 38 Capítulo X: Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) ................................................................................ 44 Capítulo XI: Salud .............................................................................................................................. 48 Capitulo XII - Derechos constitucionales a los migrantes. ................................................................. 50

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I. Modelo Económico


Capítulo I: Modelo económico Presentación Entendemos como modelo de desarrollo el modo en que una sociedad se organiza y evalúa su crecimiento, es decir, los parámetros que considera relevantes para evaluar el cumplimiento de sus objetivos como sociedad. Para ello es esencial una planificación global que incluya todos los aspectos de la vida de una comunidad, agrupados en tres dimensiones principales: la económica, social y cultural. En nuestro país nos encontramos con un modelo de desarrollo basado en el neoliberalismo, donde el principal objetivo es la estabilidad macroeconómica. Caracterizado por economías fundamentalmente exportadoras de materias primas, lo que deriva en una desigualdad estructural que se perpetúa debido a la constante transferencia de valor que existe desde nuestras economías tradicionalmente conocidas como “subdesarrolladas” hacia las “desarrolladas”. La protección de la ciudadanía y la bien común demanda un cambio de paradigma. Es necesario replantearnos qué es lo que consideramos como desarrollo y que las políticas económicas se subordinan a los objetivos que como sociedad nos planteemos.

Consideraciones Promoción de la investigación y el desarrollo (Ciencia y Tecnología) La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en Chile durante el 2017 solo alcanzó un 0,37% del PIB, valor muy por debajo de los estándares internacionales (6 veces menos que el promedio de la OCDE). Esto se debe a que el actual modelo de desarrollo descansa en el mercado como principal impulsor de las iniciativas económicas y sociales,

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entendiendo a este como el motor del desarrollo. Lo que resulta en una dependencia extrema de otras economías para la provisión de bienes de consumo básicos, que van desde alimentos preelaborados hasta tecnología. Por otro lado, la falta de inversión en I+D, en ciencia y tecnología produce una gran fuga de personas especializadas, las que se ven obligadas a migrar, limitando las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país.

Justicia social y tributaria con perspectiva de género La inequidad es uno de los principales problemas en nuestro país y para terminar con ella es esencial una reforma integral del sistema tributario, orientada a evitar la sobreacumulación de capital, el fraude y potenciar la educación y desarrollo del patrimonio cultural plurinacional.

Protección de la ciudadanía y el bien común Nuestro nuevo modelo debe basarse en el bienestar, el respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. Para ello proponemos la realización de una encuesta nacional periódica que evalúe las prioridades de los y las ciudadanas en relación con su bienestar, entendiendo este como un estado de satisfacción multidimensional que incluye aspectos relativos a la seguridad social, la conservación del medioambiente, la preservación y promoción de las culturas locales, la democracia, las posibilidades de desarrollo de los(as) ciudadanos(as) y el desarrollo económico sustentable y equitativo. El objetivo de esta encuesta es la implementación de una real democracia, donde las prioridades de los y las ciudadanas sean determinantes a la hora de tomar decisiones de corto y, sobre todo, de largo plazo para el país, ajustando las políticas públicas según la importancia que conceden los ciudadanos/as a cada tema.

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Propuestas Reforma Integral del Modelo de Desarrollo Ejes a considerar: •

Matriz Productiva (Industrias Estratégicas)

Matriz energética

Promoción de la Investigación y desarrollo (Ciencia y Tecnología)

Planificación económica nacional y necesidades de trabajo

Autonomía y soberanía económica plurinacional

Justicia social y tributaria con perspectiva de género

Matriz productiva (Industrias estratégicas) Es imperativo la promoción de la actividad productiva a través de políticas económicas que promuevan el desarrollo de industrias estratégicas para la autonomía y soberanía nacional. Para ello es esencial realizar un diagnóstico integral tanto de las necesidades de la población como de nuestros valores naturales y del capital social, entendido como las capacidades de organización y gestión en una sociedad para la creación y desarrollo.

Matriz energética Nuevos estándares para el desarrollo de una matriz energética nacional, basada en la utilización de energías renovables a través de proyectos con los más altos estándares ambientales que se evalúen en función de su impacto ambiental y pertinencia territorial. Entendiendo el contexto plurinacional de nuestro país, la autodeterminación de los pueblos, la conservación de la naturaleza y el bienestar y protección de la ciudadanía como los ejes principales en la evaluación de cualquier proyecto.

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Promoción de la Investigación y desarrollo (Ciencia y tecnología) El Incentivo a la I+D, especialmente aquel destinado a la creación de soluciones y a la satisfacción de las necesidades de las comunidades naturales, es crucial para el desarrollo tanto nacional como regional y debe destinarse una parte importante del presupuesto nacional en esta materia.

Planificación económica nacional necesidades de trabajo La planificación económica nacional debe realizarse con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población establecidas en la encuesta de bienestar, y para ello es crucial el desarrollo de una matriz energética capaz de dar vida a una matriz productiva robusta que permita primero el autoabastecimiento de bienes y servicios básicos y la investigación y desarrollo para la creación de soluciones a los problemas sociales y ambientales.

Autonomía y soberanía económica plurinacional El rol del Estado debe ser el de velar por el desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos y ese será el objetivo de su política fiscal. También debe velar por la autonomía y soberanía económica de los pueblos que conforman Chile y para ello no suscribirá tratados que atenten contra esta, implementando políticas públicas en los órganos competentes. El rol del Banco Central debe ser el de velar por el desarrollo del país y la autonomía y soberanía económica nacional para ello ejecutará la política monetaria.

Justicia social y tributaria con perspectiva de género 1. Reconocimiento y valorización de la economía del cuidado como parte esencial en el desarrollo de una sociedad, entendiendo que las dimensiones reproductivas y productivas de la economía son indisociables. 2. Nacionalización de las industrias estratégicas, principalmente aquellas que se dedican a la explotación y exportación de los valores naturales (mineras, forestales, agropecuarias, etc). 3. Promoción de la creación y desarrollo de industrias manufactureras nacionales. 9


4. Incentivo a la creación de empresas y alianzas latinoamericanas para el desarrollo económico de la región. 5. Inversión en I+D para el desarrollo de una matriz energética sustentable y descentralizada, que tenga como objetivo promover el desarrollo regional y nacional sustentable. Para ello es crucial que exista una planificación en base a la proyección nacional de la demanda energética nacional. 6. Planificación de las necesidades de trabajo en base al plan de desarrollo nacional, para ello la formación de técnicos y profesionales debe ir orientada a satisfacer la demanda nacional de trabajo, limitando los cupos y prohibiendo la existencia de centros educativos que no tengan una clara inserción laboral 7. Crear un sistema de precios que permita el reconocimiento, a través de un sueldo digno, del trabajo necesario para producir los bienes y servicios. 8. Limitar el margen de ganancia de las grandes empresas para así evitar la sobre explotación de la tierra y los y las trabajadoras. 9. Asegurar el acceso a energía para el consumo humano y otros servicios básicos. 10. El objetivo del banco central debe ser el de velar por el desarrollo del país, definido anteriormente, y para ello ejecutará la política monetaria. 11. Boletín nacional informativo del gasto público 12. Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados 13. Las reformas al sistema tributario NO deben ser de iniciativa exclusiva del presidente, sino también de los órganos democráticos del estado y la ciudadanía. 14. Crear espacios de participación ciudadana para velar por el cumplimiento del estado de derecho a través de mecanismos que les otorguen a estos espacios poder efectivo para ejercer funciones de control para el bien común. 15. Chile debe dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible 2030. ODS 2030 [acuerdo internacional de naciones unidas]

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II. Derechos Humanos y Derechos de las mujeres


Capítulo II: Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres Presentación Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos además de regular la vida en sociedad, determinan las obligaciones del Estado con sus habitantes. Quienes nos reconocemos como trabajadoras de la recomposición de la memoria histórica de Chile y América Latina, creemos que, pese a que la noción de DD.HH es relativamente reciente en el mundo, las vulneraciones a los derechos sociales es vasta, contemplando no solo las vejaciones sistemáticas ejercidas por agentes del estado durante la dictadura cívico militar de 1973, sino que también aquellas sufridas por nuestros(as) hermanos(as) con la llegada de las huestes españolas a la región hace más de 500 años. Este contexto ha provocado un dolor transgeneracional profundo, cuya sanción y reparación es una obligación impaga por parte del Estado de derecho, pese a que algunos hechos hayan ocurrido con anterioridad a su formación.

La carta fundamental vigente contiene y reconoce una serie de DD.HH. de manera precaria y acompañados por garantías económicamente liberales. Por lo que, si bien este capítulo centrará su quehacer en proponer una serie de derechos sociales a partir de una perspectiva sensitiva de la realidad de las mujeres y su memoria, señalamos que mientras no se apueste a un cambio de modelo económico, sus postulados serán letra muerta.

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Propuestas Igualdad ante la Ley El Estado tiene la obligación respecto de la deconstrucción de la cultura de los estereotipos por medio de políticas públicas que propicien el desarrollo individual y/o colectivo de las mujeres cualquiera sea su contexto (social, ético, etario, económico, físico, entre otros), cuyo efecto tiene como piso mínimo por un lado la consagración de un principio de igualdad sustantiva que reconozca las desigualdades estructurales en función de la aplicación los DD.HH que le son adjudicables a cualquier persona por el mero hecho de haber nacido y por otro, el deber de prohibición de manera expresa de cualquier tipo de discriminación arbitraria que atenten contra la dignidad de la vida de las mujeres y los pueblos.

Derecho a la Memoria La memoria debe ser planteada como derecho individual y colectivo, a partir del cual se comprende el pasado y se construye identidad, cuya atención debe ser preferente por parte del Estado, asumiendo la obligación respecto de la protección de la memoria, de la reparación en cuanto al incumplimiento de este derecho, y la prohibición del negacionismo; consagrando por una parte la responsabilidad respecto de la inviolabilidad de los sitios de memoria, la elaboración de políticas públicas con perspectivas de género que den tratamiento a la violencia sexual diferenciada sufrida por mujeres y disidencias sexuales e incluyan dentro de los planes y programas educativos un fuerte sentido de verdad y justicia.

Sitios de Memoria El derecho a la memoria contempla tener espacios que le consideren, que protejan el relato histórico del desarrollo de las ciudades y la participación en la construcción de esta por parte de las personas. Es por ello, por lo que los símbolos y monumentos que se consagran en el espacio público deben estar estrechamente vinculados con la memoria del pueblo y los principios que defiendan la democracia y la equidad de género, así como también, desde el reconocimiento de los sitios de 12


memoria que guardan el relato de la violencia política en el cuerpo de las mujeres y hombres que fueron víctimas de dictaduras, masacres y violaciones a los DD.HH.

Derecho a la autonomía corporal de la Mujer El derecho a la autonomía sexual y corporal de las mujeres corresponde a la capacidad de autodeterminación de las mujeres que el Estado debe reconocer bajo un principio de progresividad respecto de los DDHH y el principio de no discriminación por razones de sexo y/o género. De esta manera se debe proteger el derecho a la salud sexual integral de las mujeres y disidencias sexuales, el derecho al aborto, a la educación sexual integral, el derecho a no ser torturadas, explotadas sexualmente, mutiladas, asesinadas, violadas o abusadas por un tercero.

Valor constitucional para DD.HH. La carta constitucional actual no regula de manera expresa la forma de dar fuerza normativa al texto de un tratado, ni la función normativa que ha de cumplir una vez que adquiere dicha fuerza, esto ha derivado en que exista una serie de derechos a los cuales el Estado de Chile si bien adscribe no cumple ni aplica dentro de su ordenamiento jurídico perjudicando gravemente los derechos humanos de las mujeres, y los pueblos que habitan con preexistencia a su formación. El Estado debe otorgar valor constitucional explícito a los tratados internacionales que versen sobre DD.HH. para efectos de una aplicación expedita sin interpretaciones jurídicas que contravengan la dignidad de las personas

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III. Educación


Capítulo III: Educación Presentación El acceso a la educación para los pueblos ha servido para modelar la construcción de las sociedades a lo largo de la historia; al ser uno de los medios más activos de socialización en cual se insertan los/as seres humanos; a través de ella, no solo se desarrollan y progresan integralmente los proyectos de vida de niños/as, adolescentes y adultos/as sino que además se transmite la cultura, se validan conocimientos, se priorizan necesidades, se construyen arquetipos y conceptos cargados de significaciones complejas que permean la conducta y las decisiones de todo el cuerpo social. A partir de la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet, se impuso por medio de normativa contraria a derecho, un modelo educativo mercantil conveniente para el enriquecimiento de entidades privadas, que significó el concepto educación como un mero bien de consumo sujeto a los códigos del libre mercado. La revolución pingüina de los años 2006 y 2011, las movilizaciones masivas de docentes y profesionales de la educación, las protestas generalizadas de mujeres y disidencias sexuales que resisten el sexismo en sus salas de clase, junto con las revueltas de octubre de 2019; han servido de aliciente durante esta democracia pactada, elevando una serie de demandas en función de una educación emancipadora crítica del Estado subsidiario

Propuestas Sistema Único y Fin al Estado subsidiario La privatización de la educación ha conducido a la desvalorización de la educación pública y aún más del sentido de la pedagogía. El país debe velar por construir un sistema único de educación, con el cual convivan proyectos educativos particulares, pero protagonizado por un Estado robusto con un marcado rol público. Lo que implica por un lado transformar su función subsidiaria y garantizar su acceso lejos de los códigos de la oferta y demanda del mercado económico, y por otra dotar de mayor 14


financiamiento el presupuesto para educación. La consagración de un sistema único y la función social del Estado en materia de educación, es parte de lo que conlleva garantizar el acceso de los pueblos a una educación accesible y de calidad.

Libertad de enseñanza La libertad de enseñanza ha sido significada a partir de un principio de elección ejercido por las familias en cuanto a la educación de sus hijos(as) y no como la posibilidad de las comunidades de levantar proyectos educativos propios con pertinencia cultural-territorial. La nueva constitución debe consagrar este derecho colectivo de las comunidades, pero a partir de esta última conceptualización; es decir a partir de una manifestación de pluralismo y diversidad social, como una expresión de laicismo, democracia y participación de las comunidades educativas, sin que el derecho de las familias a elegir los centros educativos condicione el acceso a una educación de calidad de los grupos sociales que resisten las consecuencias del distanciamiento de las brechas sociales que el modelo neoliberal ha profundizado desde el retorno a democracia.

Educación Sexual Integral La educación sexual integral es un derecho social que consiste la obligación del Estado en cuanto a la preparación de niños, niñas y jóvenes respecto de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarias para realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los(as) demás; entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de defenderlos. Además de asumir la responsabilidad formativa en educación sexual de profesionales de la educación que hagan cumplir este derecho, en coherencia con el rol docente en cuanto al fortalecimiento de la identidad y autoestima de niños(as) durante la etapa escolar.

Interculturalidad La interculturalidad es el derecho que tienen los pueblos de habitar e interactuar a partir de un reconocimiento mutuo, de manera que ninguna cultura se encuentre por encima de la otra, con el 15


propósito de favorecer la integración, el aprendizaje y la convivencia armónica. Este concepto ha sido desarrollado por la institucionalidad chilena a través de su Ley General de Educación solo como un mero principio, lo que no conlleva a su obligatoriedad. El Estado debe apostar a que la interculturalidad sea la base del sistema único educativo, con objeto de nutrir el aprendizaje de los(as) niños(as) y adolescentes con pleno centro en la diversidad.

Educación no Sexista El sexismo es una forma de discriminación que utiliza al sexo como criterio de atribución de capacidades, valoraciones y significados creados en la vida social. De esta manera, el Estado tiene la obligación de proporcionar una educación libre de expectativas fundamentadas en estereotipos que perjudican el desarrollo integral de niños(as) y adolescentes con el fin de transformar la sociedad, sus instrumentos de socialización y promover los diversos proyectos de vida que cohabitan dentro y fuera de la sala de clases.

Inclusión educativa La inclusión en educación corresponde al derecho que tienen niños(as) y adolescentes de ser educados(as) en ambientes afectivos y físicos acordes a sus necesidades cualesquiera sean. El Estado tiene el deber de garantizar que las diferencias físicas, contextuales, culturales, cualquiera sean no se conviertan en impedimentos respecto del acceso a una educación de calidad, sino que se conviertan en el motor de desarrollo y el aprendizaje con perspectiva de diversidad.

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IV. Ciudad y Vivienda


Capítulo IV: Ciudad y Vivienda Presentación La justicia social también se encarna en tener espacios que sean soporte de la vida digna, capaces de generar mejores condiciones de la vida pública y privada, por ello es necesario que la ciudad crezca y se desarrolle poniendo en el centro la gestión de la vida digna de la humanidad, que sea reparadora y buscadora de un país más equitativo, relacionada estrechamente con el ecosistema, porque somos parte de este y no podemos desasociar lo natural de lo urbano. El modelo neoliberal ha puesto en el centro el interés privado por sobre lo público, esto además de atentar con la democracia, genera espacios residuales y una planificación que está centrada en aumentar las riquezas de estos privados en desmedro de la vida ciudadana La especulación sobre el suelo, la administración corrupta y las malas políticas públicas precariza la vida, es hora de regular y detener el abuso sobre nuestras ciudades. La ciudad no se planifica de manera que los espacios públicos estén articulados, sino que se desarrollan proyectos detonadores aislados unos de otros, mermando con el desarrollo peatonal y potenciando la vialidad automovilística. En la actualidad no existen instrumentos jurídicos que permitan una activa participación ciudadana en el diseño de los espacios públicos y adecuadas políticas públicas que permitan la implementación de estos. Esto requiere que sean propiciados espacios donde la ciudadanía tenga un rol. Hoy no existe política ni medios para generar una gestión de la socialización de los beneficios del valor de suelo, tampoco mecanismos permanentes en el tiempo que permitan políticas públicas de mejoramiento urbano.

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Propuestas Derecho a la ciudad Es el derecho de los y las ciudadanas que, a través de la gestión social, comunitaria y política en el espacio público, genera las condiciones para la transformación de la sociedad y de la vida para la justicia social para todos y todas. Derecho a la participación vinculante sobre el desarrollo de la ciudad Este derecho se encuentra en coherencia con la suscripción del Tratado Internacional de Desarrollo Sostenible al 2030 por Chile, es decir, con la adopción del compromiso país para avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Derecho a los espacios públicos y a la protección de la vida pública y colectiva La ciudad debe partir desde el reconocimiento del cuerpo de quienes habitan y la gestión de la vida en general, esto releva la importancia de reparar desde políticas públicas propositivas la participación de las mujeres en el espacio público, considerando la violencia machista a la cual nos vemos expuestas y se insten diseños desde el respeto a los y las niñas. La protección de la democracia desde propiciar espacios en donde se pueda desenvolver la voluntad de la ciudadanía en su totalidad.

Derecho al desarrollo - diseño sostenible y equitativo de las ciudades Nos encontramos con la ciudad desarrollándose desde proyectos aislados o sin vocación pública, los espacios de concertación social están centrados en el consumo, por lo que malls se vuelven espacios de dispersión y recreación centrales en la vida ciudadana, sin espacios de permanencia, sino corredores vinculados estrechamente a la compra. Es importante el desarrollo equitativo y articulado del territorio, en donde la riqueza sea capaz de redistribuirse en el espacio geográfico, así como también el correcto acceso a servicios urbanos y la protección, promoción de áreas verdes en miras de una ciudad salubre con menos contaminación y mayor confort térmico. 18


Derecho al barrio y la vida comunitaria Los espacios públicos residenciales y vecinales para la cooperación comunitaria fortalece la protección de este derecho porque aporta tanto en el tejido social-cultural como en medidas políticas y de seguridad que se tomen en los barrios. Otorgar este derecho a la ciudadanía es fortalecer la seguridad en las poblaciones y mejorar las condiciones de vida digna desde la participación comunitaria y la protección al tejido social.

Derecho a la vivienda adecuada y digna La vivienda es el espacio donde se desarrolla la primera dimensión del habitar, espacio donde se cobijan las familias y las personas, el primer núcleo de socialización y el espacio de resguardo ante las condiciones climáticas, desastres medioambientales o crisis sanitarias. El derecho a la vivienda digna es el derecho a cobijo, a resguardo, en donde todas las dimensiones de la vida convergen y en donde crecen los niños y niñas futuro del país. Las soluciones habitacionales se han desarrollado desde la dictadura atrofiadas por el mercado del suelo, por la especulación inmobiliaria y por un estrecho lazo con la industria privada. El Estado como constructor ya no existe, esa tarea se delega a empresas privadas que buscan el máximo de ganancias, reduciendo la eficiencia de las viviendas tanto en diseño, como en los espacios públicos residenciales como también en los materiales con los que se construyen. Esta situación no se puede leer desasociado del derecho a la ciudad ya que también sumado a lo anterior estas casas y departamentos se construyen en la periferia, despojando a la ciudadanía, que tienen como única alternativa al cobijo mediante los subsidios del Estado, a no acceder al equipamiento y servicios que brinda la ciudad. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Los elementos de un Vivienda Adecuada son: 1. Seguridad de la tenencia Condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 19


Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura Contempla la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos. 2. Asequibilidad El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos. Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda (ONU, 2018). 3. Habitabilidad Son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales. 4. Accesibilidad El diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad. 5. Ubicación La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas. 6. Adecuación cultural Es una vivienda adecuada si su ubicación respeta y toma en cuenta la expresión de identidad cultural.

Principios importantes a considerar: Principio de vida Colectiva: La vivienda adecuada debe contemplar un diseño centrado en la vida colectiva, en donde los cuidados como el desarrollo creativo de la vida estén contemplados.

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Principio Sustentabilidad: Para que existan políticas públicas efectivas, deben abordarse desde su complejidad para dar soluciones que sean capaces de sostenerse en el tiempo, resolviendo el problema que interpela al Estado y desarrollando iniciativas que sean capaces de fortalecer la vida humana y su entorno como ecosistema. La vivienda digna debe contemplar la ubicación y el clima, otorgando confort térmico a través de su materialidad y evitando que exista un gasto energético y económico que soslaye la vida de la ciudadanía, así como también obligue a que exista más gasto público en combustible y en salud.

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V. Pueblo Originarios y Naturaleza


Capítulo V: Pueblos Originarios y Nuestra Madre Naturaleza Presentación El estado de Chile, desde su conformación ha tenido un trato impositivo con los pueblos originarios en lo que respecta a su cosmovisión, territorio, y/o derecho a la autodeterminación, a pesar de la adscripción al Convenio 169, documento que establece entre otros puntos, el deber del Estado de consultar las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar a los pueblos originarios, además de regular las materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los mismos, estableciendo ciertos principios sobre el uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales. Este capítulo tiene por objetivo describir una serie de derechos individuales y colectivos propios de los pueblos originarios y comunidades migrantes según el caso que corresponda, a partir de una mirada intercultural del proceso constituyente en curso.

Propuestas Reconocimiento Constitucional El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y comunidades migrantes es parte de los mecanismos que posibilitan saldar la deuda histórica en el territorio plurinacional y actuar en coherencia con los estipulado en normativa internacional; lo que contempla aceptar su carácter originario, sus identidades propias, sus culturas, lenguas, tradiciones y la propiedad sobre las tierras. Por otro lado, permite reconocer los vejámenes a los derechos humanos ocurridos durante la ocupación militar en territorio indígena

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durante los procesos de colonización, valorando así la riqueza de su patrimonio material e inmaterial para el buen vivir.

Plurinacionalidad La plurinacionalidad debe ser significada en función del principio de interculturalidad, es decir, a partir del deber estatal de responsabilizarse de manera oportuna de las condiciones materiales de desigualdad que yacen en las sociedades originarias, la valoración del conocimiento albergado en las naciones ancestrales, la protección y promoción de sus cosmovisiones, el cuestionamiento a la historia oficial, junto con la adjudicación de una serie de derechos colectivos como el derecho a la autodeterminación, la consulta previa, restitución de las tierras ancestrales, entre otros.

Derechos Educativos y Lingüísticos Las lenguas existen sobre la base de un territorio, el espacio territorial permite la conformación de la comunidad lingüística que comparte una lengua en común. Lo que significa que la conservación de las lenguas ancestrales no solo es un derecho humano, sino que además es un derecho de la naturaleza de preservar su propia forma de expresión. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales reconoce el derecho a la educación de los pueblos originarios, el cual debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad y al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos. El nuevo texto constitucional debe reconocer las diferentes lenguas y cosmovisiones que existen en los pueblos y comunidades migrantes que cohabitan el país y generar las condiciones para garantizar el acceso a una educación con centro en la interculturalidad, que reconozca sus derechos lingüísticos, sus cosmovisiones ancestrales, sus instituciones propias, costumbres e historia.

Autodeterminación de los Pueblos Los pueblos en función del derecho a la autodeterminación establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural, disponiendo con autonomía de la 23


administración de aquellos elementos que permiten su sustento en todas sus áreas. En esta materia, el Convenio 169 establece la obligación de respetar la importancia especial que tiene la relación de los pueblos indígenas con sus tierras, y añade que este último concepto incluye el de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados habitan. El acceso a este derecho se traduce también en participación política, en ser consultados previamente, en votar y poder ser elegido/a en elecciones periódicas, junto con ejercer en condiciones de equidad funciones públicas. La participación se traduce así, en el conjunto de mecanismos facilitadores del diálogo intercultural, orientados a llegar a un acuerdo entre el Estado y las primeras naciones a través de sus instituciones representativas.

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VI. Trabajo y seguridad social


Capítulo VI: Trabajo y Seguridad Social Presentación La ciudadanía de a pie quien solo tiene su fuerza de trabajo para generar riquezas y sostener su vida, merece la protección de su capacidad creativa, transformadora de la materia y sostenedora de la vida. La historia ha sido testigo del avance de los derechos sociales mediante el empuje de los y las trabajadoras que han frenado la explotación laboral mediante su ímpetu de justicia social. Es necesario dotar de protección constitucional que blinde a la ciudadanía de condiciones abusivas, precarias y de explotación como pilar fundamental de desarrollo de un país de ciudadanas y ciudadanos.

Descripción de la situación actual desde la perspectiva feminista Rubros: El 97 % de quienes trabajan en el servicio doméstico y 72% de quienes lo hacen en servicios sociales y de salud son mujeres (Mujeres trabajando, Fundación Sol, 2015). 70% de los cargos del poder Ejecutivo, cuerpos legislativos y directivos públicos y privados los ocupan hombres (Encuesta Nacional de Empleo, INE, 2018). El 76% de los empleadores son hombres (Encuesta Nacional de Empleo, INE, 2018). La tasa de sindicalización de mujeres superó a la de los hombres con un 17,6% versus un 16,6%. Sin embargo, el 70,4 de las dirigencias son ocupadas por hombres (Compendio estadístico, Dirección del Trabajo, 2017). (Fundación SOL) Condiciones: El 60,9 % del total del empleo femenino se crea en la economía informal, mientras que un 47,8 % en el caso de los hombres (Mujeres trabajando, Fundación Sol 2015). En el primer trimestre de 2018 la tasa de ocupación informal de las mujeres se situó en 30,5%, mientras que la de los hombres en 28,1% (Género e informalidad laboral, INE, 2018) Entre enero de 2010 y enero de 2019 se han creado 25


879.456 nuevos empleos para mujeres. De ellos, el 62,5% corresponden a empleos expuestos a condiciones de precariedad: sin contrato indefinido ni cotizaciones de seguro de cesantía, salud y pensiones. (Encuesta Nacional de Empleo, INE, 2018). d) Pensiones El 94,3% de las mujeres tiene una pensión menor de $158.000 (Superintendencia de Pensiones, 2017).

Demandas Consagrar la protección al trabajo como capacidad creativa de las personas Comprender al trabajo como la capacidad creativa, transformadora de la materia y sostenedora de la vida de las personas que sientan las bases del desarrollo social mundial y de nuestro país, permite promover condiciones que defiendan la dignidad del trabajo y el derecho a la ocupación de las personas, así como también el reconocimiento de este y su derecho a ser recompensado y retribuido.

Sistema de Seguridad Social Integral Debemos avanzar hacia un país con una robusta democracia, eso significa fortalecer la libertad, autonomía y equidad entre las personas con objeto de perfeccionar nuestra sociedad. Es por ello que consagrar la seguridad social como un derecho fundamental hace que se sostenga el camino hacia la construcción de una sociedad de ciudadanos y ciudadanas sin segundas o terceras clases, ya que permite sobrellevar las diferencias e injusticias históricas que pesa sobre la ciudadanía y que no permite el acceso a sus derechos políticos por las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad que golpea a los pueblos del país, en especial a las mujeres. La seguridad social no puede ser a secas, sino que debe declarar su integridad reconociendo de que se hará cargo, la prevención y satisfacción de las eventuales necesidades de la sociedad desde el reconocimiento material e histórico de estas injusticias. Entendiendo este principio no como mero dispositivo de mitigación sino un agente activo de la construcción de la igualdad. Esto significa que el sistema de seguridad social tiene que poner en el centro de manera equitativa a hombres y mujeres de a pie, a aquellas personas que lo único que 26


tienen para sostener la vida es la venta de su fuerza de trabajo, reconociendo de esa manera el trabajo de cuidados y de reproducción que ha sido ejecutado históricamente por las mujeres, sin tener retribución económica o social. Este principio debe estar en manos de lo público ya que defiende intereses de la comunidad en su conjunto por lo tanto su protección debe ser en el marco instituciones que velen por la democracia.

Reconocimiento constitucional y protección a las labores de cuidado como trabajo El reconocimiento constitucional de las labores de cuidados permite relevar este trabajo como fundamental para la sociedad, como principal reproductor y sostén de la vida. La riqueza producida por el trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado asciende a 44 billones al año según un estudio de comunidad mujer, 67% de este realizado exclusivamente por mujeres. Esto permite relevar con urgencia que se reconozca las labores históricas que han realizado las mujeres como puntapié inicial para la equidad. Esto significa visibilizar los siglos de trabajo femenino fundamental para la reproducción de la vida y obligaría a traducir este principio a políticas públicas que mitiguen esta condición de esclavitud que mantiene a las mujeres bajo la línea de la pobreza. Además de interpelar al Estado a desarrollar políticas públicas que vayan en dirección a la colectivización de este y establecer de manera clara responsabilidad nacional en torno a quienes deben ser cuidados como las infancias, la tercera edad y las personas con discapacidad.

Promoción de la participación colectiva y comunitaria en las labores de cuidado Reconocer otras maneras de desarrollar estas labores desde una perspectiva intercultural y comunitaria.

Trabajo decente con perspectiva de equidad de género Desde la referencia de la OIT, que busca mejorar las condiciones de derechos humanos laborales, se debe tener presente que el trabajo debe contener las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras en su vida laboral y productiva. Se definen 4 ejes fundamentales desde la concepción de trabajo decente: 27


1. La oportunidad de empleo. 2. Los principios fundamentales en el trabajo. 3. La protección social y 4. El diálogo social, protección constitucional a los cuerpos colegiados y sindicatos.

Reconocimiento del trabajo no como una mercancía, que por lo tanto no puede apropiarse el empleador sino es la fuerza creativa de los y las trabajadoras de generar riquezas sociales. Prohibición de todo tipo de discriminación, sexual y de orientación sexual, identidad, origen y procedencia cultural.

Derecho a la huelga y a la organización sindical por rama El diálogo social, protección constitucional a los cuerpos colegiados y sindicatos articulados por rama.

Estabilidad laboral y promoción del empleo Es necesario recuperar la estabilidad del empleo y detener la flexibilización que promueve la precariedad laboral, en donde los y las trabajadoras no pueden desarrollarse o tener una planificación a largo plazo que les permita alcanzar mejores condiciones de vida. La protección del empleo y el fortalecimiento de las políticas públicas que otorguen mayor empoderamiento a los y las trabajadoras es parte del desarrollo del país, que en consecuencia permitirá mediante el trabajo darle mayores herramientas a la ciudadanía para la contribución a mejorar la productividad del país, así como también a la planificación de la vida familiar y colectiva. Se debe avanzar hacia consagrar el trabajo decente como motor de desarrollo social y económico del país.

Derecho al descanso, recuperación y la rehabilitación La protección de la vitalidad de los y las trabajadoras es fundamental desde el reconocimiento a la vida digna y del trabajo como motor de la sociedad.

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Fomento de la educación continua promoción de la capacitación, formación y especialización profesional Dotar de herramientas a los y las trabajadoras permite mayor participación en las decisiones en la industria, empresas y servicios. Así como al mejoramiento de estas desde la cooperación intelectual y técnica de los y las sujetas trabajadoras. Proponer un nuevo código laboral que termine con el subcontrato, la precarización y tercerización de los servicios que apuntan hacia la flexibilidad y explotación laboral.

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VII. Medio Ambiente


Capítulo VII: Medio Ambiente Presentación Como seres humanos en pocos años hemos transgredido ecosistemas, explotado y contaminado la naturaleza con consecuencias catastróficas, que van desde la extinción de especies hasta la precarización de la vida en territorios de sacrificio. Se hace necesario que el país se planifique bajo principios de desarrollo sustentable, justicia social y ambiental, contemplando el respeto e integración de saberes ancestrales desde distintas, comunidades, pueblos y naciones que habitan la región permitiendo la adopción de decisiones y políticas públicas en función del buen vivir. La reproducción de la vida requiere de la preservación de los ecosistemas y medición del consumo humano de sus valores naturales, el uso de distintas estrategias vinculantes con la ciudadanía en temas de planificación territorial, conservación de la biodiversidad y salud de los ecosistemas.

Propuestas Titularidad de derechos de la Naturaleza El Estado concibe a la madre naturaleza como un objeto de derecho explotable, administrable bajo un paradigma de mercado. Esta creencia ha desencadenado en Chile y América Latina una serie de problemáticas ambientales que nos obligan a repensar el tipo de vínculo ético que debemos sostener con las comunidades naturales. De esta manera, la naturaleza no son solo materias primas o meros recursos, sino que corresponden a espacios vivos de dimensiones físicas (suelo, subsuelo, lagos, ríos, mares, espacio aéreo, entre otros) y espirituales que deben ser respetadas, mediante la consagración de los derechos de la naturaleza como ser viviente autónomo, en función de su preexistencia a la especie humana, por medio de una serie de mecanismos que permitan adecuadamente su protección.

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Derecho a vivir sin contaminación Las personas sin excepción tienen derecho a disfrutar de un ambiente natural que asegure la salud, cuya capacidad productiva y diversidad sean preservadas. Las comunidades naturales serán utilizadas a partir de consideraciones integrales y de largo plazo, que resguarden este derecho para las generaciones presentes y futuras. Para lo cual, los(as) ciudadanos(as) tienen derecho a ser consultados(as) y a recibir información sobre el estado del entorno natural, apropósito de los efectos de cualquier invasión a la naturaleza que se planee o que haya comenzado.

Derecho al agua El agua es un valor natural que tiene a lo menos dos sentidos, por una parte, es un ser viviente autónomo cuya protección o gestión recae en el Estado, y por otra es un derecho humano irrenunciable que el Estado de derecho tiene la obligación de proteger y promover, por tanto, queda explícitamente prohibida su privatización o gestión indebida que atente con el ecosistema, la vida humana o animal. De esta manera se propone que las comunidades sean consultadas toda vez que el Estado haga uso de los cuerpos de aguas, a través de mecanismos que contemplen una planificación territorial por cuencas hidrográficas.

Obligación del Estado de invertir en energía amigable con la naturaleza Es necesaria la descarbonización inmediata y no paulatina que incluya investigaciones y juicio sobre el daño causado al medio ambiente y seres humanos. Se debe asegurar el acceso a energías a todos y todas quienes habitan en el país, sin oposición. El estado debe apostar por una transición energética rápida, eficiente, sustentable y fomentar la independencia de la matriz eléctrica y continuidad de la energía a comunidades y en especial a personas electrodependientes.

Obligación del Estado con el reciclaje y el material residual El país debe ser capaz de aumentar el porcentaje de reciclaje del total de desechos, esto implicaría invertir más recursos en investigación e innovación para generar nuevas formas de reciclaje y 31


educación. Además, debe aumentar fuentes de trabajo junto con medidas económicas para incentivar el reciclaje (incluso a través de economía circular). En Chile se generan al año aproximadamente 17 M de toneladas en donde solo un 10% se recicla y de todo el plástico que se consume solo se recicla el 8%.

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VIII. Democratización del poder y de las fuerzas armadas


Capítulo VIII: Democratización del Poder y las Fuerzas Armadas Presentación El poder es central al mencionar temas de justicia, su administración, configuración y método de alcance debe ser objeto de revisión al momento de redactar una nueva carta fundamental. Es el poder, y la ideología que motiva a quienes lo ejercen lo que determina sus consecuencias y la forma que toman las características de las relaciones de todo tipo en la vida en sociedad. El neoliberalismo y el patriarcado han despojado a la ciudadanía y a los pueblos en su conjunto de su poder, de su capacidad autodeterminación mediante la negación de ejercer el derecho a una real democracia, tutelando los procesos participativos reduciéndolos a elecciones cada cuatro años, usando contra la población la fuerza militar para el restablecimiento del orden pactado por las elites políticas y económicas, manipulando la información que se transmite a la población mediante los medios de comunicación, por mencionar los puntos que en este programa abordaremos como centrales al momento de mencionar la necesidad imperativa de la democratización del poder.

Propuestas Democratización de FF.AA y de Orden Nacional La principal piedra de tope para la consecución de los proyectos revolucionarios transformadores de las relaciones políticas y económicas basadas en la desigualdad social, han sido las FFAA. Las FFAA han sido aparatos represivos, de orden y disciplina miento, que ostentan el uso del ejercicio legítimo de la fuerza que les otorga el Estado, lo anterior con el objetivo de la defensa nacional de los enemigos internos y externos. Sin embargo, el enemigo interno ha correspondido al pueblo chileno, y mapuche, toda vez que se amenazan los privilegios y regalías de las élites políticas y económicas, ese es el orden que han defendido las FFAA. 33


Políticas de Defensa Nacional Las políticas militares deben ser formuladas públicamente, la política de defensa debe ser materia de amplio debate nacional. Acceso y Paridad en FF.AA Se debe terminar con la división en castas: Acceso a los altos mandos, cambiando los criterios de selección, promoción de vocación de servicio público, además de establecer paridad en los cargos. Formación en DD.HH para FF.AA Debe existir una formación a las FF.AA con pertinencia territorial, autónoma de EEUU y basada en el respeto de los derechos y la dignidad humana, acorde a los cánones internacionales de respeto de los DDHH con objeto de asegurar una doctrina militar que incorpore una mirada social, humana en las tareas de defensa nacional (cómo se desarrolla el control del mundo civil a las FFAA) Servicio y vocación social de FF.AA Se debe establecer el deber de servicios sociales a los(as) uniformados(as) a través de proyectos y tareas sociales para personas en situación de vulnerabilidad. Comisiones de Investigación Creación de Comisiones de verdad y sanción para los uniformados que hayan cometido violaciones a los DDHH. Seguridad Nacional Incorporar la noción de seguridad, como aquello que permite a las personas desarrollarse con seguridad.

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Democratización del Estado El Estado de Chile, desde sus inicios se ha configurado como una herramienta al servicio de la aristocracia, y oligarquía chilena, como la herramienta cuyo fin es seguir perpetuando sus intereses y privilegios, siendo así, el verdadero obstáculo para lograr alcanzar los cambios y transformaciones que se requiere para vivir en un país más justo, equitativo, y con verdaderas oportunidades para desarrollarnos como personas en libertad en este territorio llamado Chile. Mujeres Privadas de Libertad El Estado debe garantizar el cumplimiento de condiciones dignas a las personas privadas de libertad, dando énfasis en lo que respecta en la protección a las mujeres embarazadas y en lactancia (cambio de forma en cómo se regula, y actualización de ella). Además, a su círculo familiar frente a esta situación Estado solidario Para que exista un verdadero reconocimiento, respeto, promoción y garantía de los derechos, la configuración del Estado debe ser solidario y garantista. Núcleo Fundamental de la Sociedad Cambiar el núcleo fundamental del Estado hacia la persona humana y otras formas de vida, con el fin de tener una protección integral de nuestra existencia, de lo que nos rodea. Además de fortalecer y promover otros vínculos estables fuera del matrimonio. Defensoría de la Niñez Protección integral y autonomía en la participación de decisiones de los NNA en los espacios en los que se desenvuelven. Especial énfasis en los NNA que están en SENAME, que puedan tener participación en sus procesos reparatorios. Organizaciones Territoriales Dar reconocimiento y fuerza vinculante a decisiones de organizaciones territoriales, garantizándoles su autonomía. Crear personería jurídica de asambleas territoriales, con incidencia dentro de decisiones que le competan, cuyo fortalecimiento, reconocimiento y protección sea una obligación por parte del Estado. 35


Nueva Organización Político-Administrativa Nueva estructura político-administrativo, y que otorgue mayor vinculación y autonomía a las regiones, donde cada territorio tenga poder de decisión sobre si mismo. Ley de Presupuesto Ley de presupuesto que considere las necesidades de cada territorio. PIB del territorio sea para el territorio y una parte se vaya al gobierno central. Empresas Transnacionales Limitar la localización de empresas trasnacionales en los territorios, para impulsar la autonomía local. Limitar las alianzas de las empresas trasnacionales con otros territorios. Subir las tasas impositivas a las empresas trasnacionales. Mayor participación Generación de nuevos mecanismos para ejercer la democracia y que de esa manera se vea manifestada nuestra soberanía, es decir a través de mecanismos vinculantes para la ciudadanía respecto de que acontece en el territorio. Tratados Internacionales Que los Tratados que versan sobre materias distintas a los DDHH sean ratificados por la ciudadanía, a través de plebiscitos, con la debida información y propaganda, de esta forma se asegura la autonomía del Estado y su soberanía frente a sus pares. Sobre el Régimen Presidencial Modificar el régimen presidencial actual, disminuyendo el poder que hoy en día tiene, democratizando las decisiones importantes, con mayor participación de las personas.

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Democratización de los Medios de Comunicación En un mundo globalizado, en el cual la generalidad de la población tiene acceso a la información pública mediante el acceso a los canales de información masivos, es central cuestionarse cuál es el rol que estos juegan en las dinámicas políticas, sociales e inclusive económicas, los medios de comunicación masivos se configuran, sin lugar a duda como otro poder del Estado. En chile los medios de comunicación masivos se encuentran actualmente secuestrados por los grandes grupos económicos y son funcionales, por lo tanto, a sus intereses particulares, generando realidades parciales, desinformando a la población. Para la consecución de una real democracia es fundamental la democratización mediática, lo que radica en que la ciudadanía cuente con los medios y recursos para un ejercicio libre de la difusión de información, las personas debemos pasar a ser sujetas de información, subvirtiendo la lógica de receptoras, esto a la vez que se logra regular la manipulación de los privados en la trasmisión de información masiva. Medios Libres Destinación de un presupuesto para los medios libres y de comunicación comunitaria. Medios Públicos Configurar un proyecto de medios públicos que propenda a la desmonopolización de los medios de comunicación. Observatorios de Prensa Creación de observatorios de medios que de manera independiente den cuenta de lo que producen tanto los medios privados como los medios públicos.

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IX. Culturas, artes y patrimonio


Capítulo IX: Culturas, Artes y Patrimonio Presentación Desde siempre las artes y las culturas han sido centrales en el desarrollo de las sociedades, a través de estas se expresa la pluralidad, las diversas maneras de concepción de realidad, es un mecanismo de creación humana y fuente para el desarrollo del pensamiento crítico. En el actual proceso constituyente, deben entonces ser consideradas como un puente de diálogo que construye tejido social, dado que la cultura y las manifestaciones artísticas son, en esencia, expresiones ideológicas, políticas y sociales de una comunidad. El concepto de cultura ha sido trabajado durante décadas por diversas disciplinas, especialmente las ciencias sociales. Sin ánimo de cerrar la definición, se ha consensuado en que se trataría de “conjunto de convenciones sociales de una comunidad, las que son aprendidas, reconfiguradas y reproducidas continuamente que proveen de un carácter a las comunidades (Harris, 2001)” asimismo existen otras acepciones que involucran a las personas de una manera significativa, es decir, “se comprende que las personas son parte de una trama de significaciones, por lo que la cultura no estaría dada por una evidencia empírica, sino que requiere de indagar en esta urdimbre mediante la interpretación de las manifestaciones sociales de una comunidad”. La institucionalidad que se ocupa de esta materia en Chile ha sufrido modificaciones desde los años 90, posterior al plebiscito de 1989. En dicha época, se manifiesta la necesidad de crear una institucionalidad estatal para la cultura, que avanzó muy lentamente, y hacía el 2003 logró concretar la promulgación de la ley 19.045, que dio lugar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), que formuló la política cultural “Chile quiere más cultura”, período 2005-2010, la Política Cultural 20112016 y la Política Nacional de Cultura 20172022.

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Consideraciones Ausencia de las culturas en el ámbito político La Constitución actual no da cuenta en lo absoluto del pluralismo cultural que es parte del país, donde hay diversidad de pueblos con idiomas, patrimonio y prácticas distintivas, que no tienen ni han tenido expresión de reconocimiento. Mercantilización de la cultura/ Privilegio Por otra parte, el mismo documento posiciona a la cultura en el artículo 19 – artículo 25 como deber del Estado <<proteger la libertad de crear y difundir las artes>>, en ello radica una de las grandes problemáticas, en la actualidad la cultura/artes es entendida como una libertad y no como un Derecho. Menoscabo de la cultural En función de ello, la cultura y las artes desde siempre han tenido una presencia mermada en el Estado, en comparación con otras carteras (como vivienda, salud, educación, etc.) Ello desemboca en acciones concretas de menoscabo para el área como el recorte de presupuesto sostenido directamente a la cartera y a sus colaboradores, lo que impacta directamente en las oportunidades de acceso a las artes y la cultura de la ciudadanía. En este contexto, la cultura también es parte del universo de necesidades transformadas en mercancías transables en el mercado, donde su acceso y participación es un privilegio. Desigualdad social en el “Consumo” Es importante mencionar que las desigualdades en torno al acceso y goce de las artes y las culturas es parte de las desiguales estructurales del país, diversos estudios indican que el origen socioeconómico determina fuertemente el acceso a la cultura, es decir, a menores recursos sociales y económicos, menor acceso y participación cultural. Desigualdad social en la “participación y financiamiento” En torno a lo expuesto, es necesario modificar una premisa basal, el Estado debe considerar el acceso a las artes y la cultura como un bien esencial, un Derecho. Por tanto, no puede estar supeditado a las lógicas de competitividad, concursabilidad y subsidiariedad que rigen en la actualidad. En este sentido, 39


hay que mencionar que los fondos concursables en específico son un dispositivo perverso, que distorsiona la asignación de recursos que deben enfocarse en aquella parte de la población en situación de vulnerabilización, no obstante, en cultura ocurre lo contrario. Aquellos que son beneficiarios principales de los recursos de los fondos concursables provienen de sectores sociales acomodados. El origen social determina el capital cultural basal (capital simbólico), trayectoria personal, logros profesionales y académicos, lo que – a su vez- permite sortear de “mejor manera” los procesos de selección de proyectos emanados de las instituciones públicas. En este sentido, las políticas públicas en el ámbito de cultura han profundizado la desigualdad social. Bajo presupuesto Las políticas culturales y sus recursos (mermados) no han dado respuesta a la premisa primordial “la cultura como un Derecho”. En Chile no se invierte más del 0,4% el Producto Interno Bruto en este material (La UNESCO sugiere alcanzar al menos el 1% para democratizar el acceso) Precarización laboral en el mundo de las artes, patrimonio y cultura La precarización laboral es un tema transversal en Chile, no obstante, los y las trabajadoras de las artes, el patrimonio y las culturas suelen enfrentarse a situaciones incluso más complejas. Ésta se relaciona con la ausencia de políticas públicas eficaces en la protección de los derechos laborales, protección social y garantías basales como jubilación, estabilidad laboral, acceso a salud, seguros de cesantía, entre otras. Concentración de los medios de comunicación masivos Una de las aristas escasamente consideradas correspondiente al ámbito de las culturas dice relación con los medios de comunicación. En Chile aquellos que son considerados masivos refieren a la televisión, radio, medios escritos y aquello que brinda internet. Se levanta la idea de cerco informativo, donde la mayoría de estos medios masivos ocultan, normalizan, tergiversa, y sostienen violencia solapada dirigida a grupos específicos de población, “informado” con líneas editoriales que, lejos de cumplir con la función de estos medios (educar, informar, formar opinión, entretener a la población), lo que hacen es ajustarse a los intereses de aquellos que son dueños/as de éstos. Respeto de los medios de comunicación Chile se describe como un monopolio de dos cabezas, “El Mercurio Sociedad Anónima Periodística” (El Mercurio S.A.P.) de Agustín Edwards Eastman1 y “COPESA” (Consorcio 40


Periodístico Sociedad Anónima) de Álvaro Saieh, ambos construyen una visión de la realidad determinada, proclive a sus propios intereses, económicos, políticos, sociales e ideológicos, determinado entonces aquello que es relevante y lo que no los es.

Propuestas Acceso universal Se requiere de condiciones que permitan a todas y todos implicarse en actividades ligadas a las artes, cultura y patrimonio, ya sea gestionadas por el Estado u otros organismos públicos, privados u ONG´s.

Modificación al sistema de financiamiento público Este debe propiciar un sistema de colaboración (y no de competencia), que además sea estable y sostenido en el tiempo (no sujeto a los gobiernos), por ello debe ser de carácter Estatal (y no gubernamental) todo ello con el fin de promover la creación artística y propiciar encuentros de las diversas disciplinas.

Modificación de la institucionalidad cultural Promover el acceso a plaza laborales (en parte a) aquellos sean artistas y trabajadores culturales, encabezando la cartera ministros/as con experiencia en el área.

Seguridad social, empleo, trabajadoras/es de las artes, culturas y patrimonio Centrado en el cumplimento de los derechos laborales, procurando que el Estado actúe como garante y elimine la precarización laboral a la que se enfrentan. Promover la contratación, afirmar su estatus como “trabajador/a” y con ello, el asegurar diversidad de derechos y garantías laborales.

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Gestión- construcción para el quehacer cultural Referido en este punto a la infraestructura cultural, que media con el punto (a) sobre “Acceso universal”. Se deben gestionar o construir espacios que sirvan como soporte para el quehacer cultural, brindar garantías para el uso de espacios públicos (como plazas y parques, o bien edificios públicos) para potenciar el acceso y la realización de dichas actividades. Énfasis en este punto para aquellos sectores que son considerados con altos índices de vulnerabilización [precisamente por la ausencia del mismo Estado]

Terminar con el monopolio de los medios de comunicación masiva El acceso a la información es un derecho que sirve como base para el cumplimiento de otra serie de derechos humanos fundamentales, en este sentido, se visualiza como esencial poner atención en este punto. Los medios de comunicación son responsables de la construcción de realidades sociales, en ello radica gran parte de su importancia. En Chile dos grupos económicos controlan la mayoría de los medios de comunicación masivos y son quienes determinan aquello que merece -y por tanto lo que no- atención pública y social. Se requiere entonces de regulación estricta emanada desde el Estado,con mayor financiamiento para la difusión y fomento a medios independientes, comunales y locales, con el fin de concretar una política de medios de comunicación descentralizada.

Rol de los medios de comunicación masivos Enfocando en Televisión Nacional de Chile de carácter estatal (a través de la Ley 21.085 que modifica la Ley 19.132), debe generar periodismo que recoja la diversidad cultural y social del país, respondiendo a las necesidades e intereses de la población en sus contextos.

Visibilidad y reconocimiento al patrimonio local Se advierte la necesidad de generar plataformas que recogen la creación y apreciaciones de espacios locales, reconociendo promotores de las artes, culturas y patrimonios locales, pertenecientes a las

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comunidades. Adicionalmente, requiere ser conscientes del alto enaltecimiento de monumentos y edificios coloniales, que responde a una percepción estática de las artes, la cultura y el patrimonio.

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X. Niñas, niños y adolescentes (NNA)


Capítulo X: Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Presentación Chile es el único país en Latino América que no cuenta con un ordenamiento legal que proteja integralmente a la niñez y adolescencia, ya que la promulgación de esta ley marco se ha visto retrasada por el gobierno actual y parlamentarios/as de la línea conservadora de nuestro país, que insisten en continuar administrando la vida de NNA desde una perspectiva cultural adultocentrista. El servicio Nacional de Menores SENAME es un organismo creado durante la dictadura cívico militar, con el objetivo de “institucionalizar” la vida de NNA en situación de abandono y otras complejidades. Es en este contexto de economía neo liberal el Estado licita a instituciones colaboradoras (OCAS), residencias para NNA, y programas ambulatorios (PEE, PIE, PPF, etc.), por lo que terceriza el compromiso que tiene el Estado como garante de derechos de NNA bajo su protección. Durante el primer semestre del año 2019, 10 niños, niñas y adolescentes han fallecido bajo el cuidado de centros de SENAME, los(as) que se suman a los más de 1300 casos recopilados en diferentes estudios incluido uno realizado por representante de las Naciones Unidas. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, tiene la función de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño/a (ratificada por el 13 de agosto de 1990). Dicho comité expresa preocupación por el hecho de que las niñas sigan siendo víctimas de discriminación por motivos de género, como consecuencia de la persistencia de actitudes, normas adversas y tradicionales que atentan contra su buen desarrollo. El Comité también expresa preocupación por la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias con respecto a los niños/as pertenecientes a pueblos originarios, niños/as viviendo con discapacidad transitoria o permanente, niños y niñas con familiares privado de libertad, niños/as migrantes, y niños/as parte de las diversidades sexuales y de género (LGBTIQ+).

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Niños/as pertenecientes a Pueblo Nación Mapuche El Estado de Chile ha ratificado tratados y convenios internacionales que promueven y protegen los derechos humanos de los pueblos originarios: el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros. Sin embargo, durante los últimos años los distintos gobiernos han mantenido una política de represión y criminalización de las demandas sociales del pueblo mapuche, militarizando el territorio y violentando a sus comunidades, entre ellos a niñas, niños y adolescentes. Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde 2011 hasta marzo del año 2019, se han presentado 22 recursos de amparo en favor de niños, niñas y adolescentes mapuches en La Araucanía, de un total de 58 amparos por violencia policial. De los amparos presentados en favor de los menores de edad, en 16 casos se confirmó el uso ilegal, irracional y no proporcional de la fuerza. De esta manera, La Araucanía continúa siendo un escenario militarizado que no da garantías para el pleno desarrollo de la niñez y adolescencia que habita ese territorio de nuestro país, situación que se repite a lo largo de todo Wallmapu. Es reconocido que el Estado en su aplicación instala la protección de NNA como sinónimo de control en los diferentes contextos de su vida, lo que no apunta a los NNA como sujetos/as políticos. Su calidad de sujetos(as) políticos(as) incluye una adecuada protección, lo que se posiciona como un desafío dentro de este proceso constitucional. Descripción de la situación actual desde la perspectiva feminista De acuerdo a Marcela Lagarde (1996), refiere que el poder patriarcal no se limita a la opresión hacia las mujeres, sino también hacia otros sujetos sometidos al mismo poder, como es el caso de las niñas, niños, y adolescencia. Como mujeres feministas reconocemos que lo que establece Lagarde se configura en este sistema patriarcal a través de la violencia y discriminación vivida por NNA tanto en sus espacios cercanos y familiares, en sus comunidades y el sistema proteccional (SENAME). La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y cuerpos feminizados es también

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una manifestación de patriarcado, como una forma de reafirmar la hombría, la vigencia sexual, la virilidad que le devuelve y mantiene una posición de poder. En consecuencia, deconstruir las asimetrías de poder implican fortalecer a la niñez y la juventud para colocarlas como sujetos sociales y políticos plenos, reconociendo sus capacidades y rompiendo los silencios, principales cómplices de todas las formas de abuso y explotación.

Propuestas Garantizar el reconocimiento constitucional de los derechos de NNA Niños(as) y adolescentes cualquiera sea su contexto son sujetos de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, derechos que les son irrenunciables e intransferibles.

Ley Marco Implementar una ley marco que permita establecer un sistema de garantías y protección del ejercicio de los derechos de la infancia y adolescencia a través de un conjunto de normas, instituciones y políticas públicas según lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, nos referimos a una ley de Protección Integral de Derechos basada en el interés superior de NNA y no en aspectos adulto-céntricos.

Mecanismos de Participación Se debe consagrar el rol del Estado respecto de la creación de mecanismos de participación que posibiliten dar voz a activa de los(as) niños(as) y jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la niñez y juventud.

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Derechos Humanos de NNA Establecer los derechos de niñas, niños y adolescentes a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el libre funcionamiento de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.

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XI.

Salud


Capítulo XI: Salud Presentación Establecemos la salud como un derecho fundamental y social que tributa a nuestro desarrollo personal y comunitario. Sin embargo, sabemos que durante la dictadura cívico militar y en estos años de administración de derecha neoliberal hemos recibido una salud que obedece a un este sistema económico patriarcal, mercantilizado, capitalista y neoliberal. En la Constitución creada en 1980 se asegura el acceso libre e igualitario a la salud, sea en acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Es deber del estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, ya sea en el sistema público o privado. Sin embargo, la realidad es otra, no logra solucionar las dificultades reales de la mayoría de las personas en nuestro país, aportando a la segregación, discriminación y diferenciación de clase y de género. La lucha feminista por el derecho a la salud de las mujeres se ha enmarcado fuertemente en los movimientos levantado por las estudiantes en los últimos años, refiriéndose a las distintas formas de violencias que han afectado históricamente a nuestro género: violencia sexual, salud mental, VIF, discriminación laboral, entre otras. Un ejemplo de violencia es la salud mental de las mujeres, los índices presentan una prevalencia de sospecha de depresión de 21,7%, frente a 10% de los hombres (Encuesta Nacional de Salud (20162017). Estos índices de ocurrencia desfavorecen ampliamente a las mujeres que responden su causa a la condición de subordinación en la práctica social y en el imaginario masculino. Las mujeres y las disidencias sexuales han sido sujetas/os históricamente oprimidas por la psiquiatría tradicional por lo que se hace necesario dar lugar a sus discursos y repensar la temática de la salud mental con una perspectiva de género. Por lo tanto, consideramos que una nueva Constitución se proyecta como una importante oportunidad para debatir y establecer lo que hoy se mantiene ausente en ella.

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Propuestas Garantizar derechos de salud plenos y universales para todas y todos Derechos con apego a los principios de la seguridad social. Esto es cobertura universal, integralidad de las prestaciones, equidad de acceso, solidaridad entre ricos y pobres, sanos y enfermos, y entre, niños/as, jóvenes y Adultos/as Mayores.

Constituir un nuevo tipo de protección social para nuestro país Se debe considerar un enfoque de derecho que permita desvincular el acceso a la salud del ingreso socioeconómico de las personas, por lo que el Estado debe asumir la obligación en esta materia por medio de un sistema único.

Avanzar en mejorar la institucionalidad Generando una Agencia Pública de Inversión en Salud. Esta institución deberá tener a su cargo la planificación de inversión en salud, así como coordinar los diversos equipos de inversión que hoy existen en los servicios.

Derecho a la salud de las mujeres Nos referimos a nuestros derechos sexuales y reproductivos, a la sexualidad y la reproducción humana y a los cuerpos involucrados. Su propósito es que las personas puedan vivir su autonomía y su libertad en la sexualidad y la reproducción sin discriminación, riesgos, amenazas, coerción o violencia. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son una trama que combina derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Incluyen el derecho que tienen las personas a la privacidad e intimidad, a la diversidad sexual, a la educación sexual, a la expresión de las sexualidades, a tomar decisiones sexuales y reproductivas sin coerción incluida la maternidad voluntaria, al placer sexual, y a la atención y protección de la salud sexual y reproductiva, durante toda su vida. 49


XII.

Migración y derechos constitucionales


Capitulo XII - Derechos constitucionales a los migrantes. Presentación En un mundo en crisis, donde los países nuestroamericanos, africanos y del medio oriente que buscan soberanía se encuentren con bloqueos económicos criminales, parte de una guerra imperialista constante de países que históricamente han trabajado en amparo de políticas intervencionistas desde organizaciones internacionales que han sido cómplice del destrozo de los países que buscan su independencia y autonomía, es que vemos como consecuencia de esas políticas que buscan mermar con procesos de revolución democrática y profundos cambios económicos nacionales, el fenómeno de la migración como parte de esa dinámica geopolítica de dependencia de potencias que han hecho su riqueza en base a la desestabilización de los países. Es por ello que creemos que el derecho a migrar, a buscar una mejor vida y a tener asilo político es parte de cómo se construye una comunidad internacional que parte desde el respeto a los derechos humanos y la integridad del ser. Adscribimos a las demandas de la comunidad migrante y creemos que debemos apuntar hacia la consagración de los derechos de las personas migrantes partiendo desde las siguientes reivindicaciones:

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Propuestas Respetar los derechos que al día de hoy están en el capítulo III de la actual constitución

Respetar el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular. - IOM 1. Cooperación de los gobiernos para asegurar los derechos humanos de las personas migrantes de manera integral 2. Proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, sea cual fuere su situación migratoria, en todo momento; 3. Apoyar a los países que rescatan, reciben y albergan a un gran número de refugiados y migrantes; 4. Integrar a los migrantes – teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades, así como las de las comunidades de acogida – en los marcos y la planificación de la asistencia humanitaria y de la asistencia para el desarrollo; 5. Combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación contra los migrantes; 6. Elaborar, mediante un proceso dirigido por los Estados, principios no vinculantes y directrices voluntarias sobre el trato de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad; 7. Fortalecer la gobernanza mundial de la migración, estrechando la relación de la OIM con el sistema de las Naciones Unidas y elaborando un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Respeto por la declaración de New York sobre refugiados y migrantes - ONU Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su estatus. Esto incluye los derechos de las mujeres y las niñas y la promoción de su participación plena, igualitaria y significativa en la búsqueda de soluciones.

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2. Asegúrese de que todos los niños refugiados y migrantes reciban educación a los pocos meses de su llegada. 3. Prevenir y responder a la violencia sexual y de género. 4. Apoyar a los países que rescatan, reciben y acogen a un gran número de refugiados y migrantes. 5. Trabajar para poner fin a la práctica de detener a niños con el fin de determinar su situación migratoria. 6. Condenar enérgicamente la xenofobia contra refugiados y migrantes y apoyar una campaña mundial para contrarrestarla. 7. Fortalecer las contribuciones positivas de los migrantes al desarrollo económico y social en sus países de acogida. 8. Mejorar la prestación de asistencia humanitaria y para el desarrollo a los países más afectados, incluso mediante soluciones financieras multilaterales innovadoras, con el objetivo de cerrar todas las brechas de financiación. 9. Implementar una respuesta integral a los refugiados, basada en un nuevo marco que establece la responsabilidad de los Estados miembros, los socios de la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas, siempre que haya un gran movimiento de refugiados o una situación de refugiados prolongada. 10. Encontrar nuevos hogares para todos los refugiados identificados por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 11. como necesitados de reasentamiento; y ampliar las oportunidades para que los refugiados se reubiquen en otros países mediante, por ejemplo, planes de educación o movilidad laboral. 12. Fortalecer la gobernanza global de la migración incorporando a la Organización Internacional para las Migraciones al sistema de las Naciones Unidas.

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