Discurso mercedes martinez(1 06)

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE VALLADOLID

ANTROPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA MEDICINA LEGAL

DISCURSO LEÍDO POR EL ILMA. SEÑORA

Dra. DÑA. MERCEDES MARTÍNEZ LEÓN EN EL SOLEMNE ACTO DE SU RECEPCIÓN PÚBLICA PARA INGRESAR COMO ACADÉMICA DE NÚMERO, CELEBRADO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2017

Y CONTESTACIÓN DEL ILMO. SEÑOR

Dr. D. JOSÉ RABADÁN JIMÉNEZ ACADÉMICO DE NÚMERO

VALLADOLID 2017

DEPÓSITO LEGAL: DL. VA- 434 -2017 ISBN: 978-84-697-3263-2 IMPRIME: CARGRAF ARTES GRÁFICAS

A mis Padres En especial a mi Madre la Reina y a mi Hermana la Princesa, de mi corazรณn

“En España, el qiue resiste, gana” Camilo José Cela (escritor español, académico, Premio Nobel, 1916-2002)

DISCURSO DE LA ILUSTRÍSIMA SEÑORA

DRA. DÑA. MERCEDES MARTÍNEZ LEÓN

Excmo. Sr. Presidente, Excmas. e Ilmas. Autoridades, Ilmas. Sras. E Ilmos. Sres Académicos Señoras y Señores:

PREAMBULO Como decía D. Francisco de Quevedo “El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien”(1), por lo que mis primeras palabras deben de ser de gratitud hacia la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, a todos sus miembros, a la Junta Directiva, a su Presidente el Excelentísimo D. Ángel Marañón Cabello, y a su Secretario el Ilustrísimo D. Alfonso Velasco Martín por su excelente trabajo y dedicación a la Real Academia. Quiero hacer mención especial a D. Ángel Marañón Cabello, fue mi Profesor, ¡Cómo poder olvidar sus magníficas clases magistrales de Patología Médica de 4 y 5 curso de la ya antigua Licenciatura de Medicina y Cirugía!, pero todavía si cabe mejor persona, como él ha manifestado en alguna ocasión, “no se trata solamente de ser un buen médico sino un médico bueno”. Y en él se cumplen las dos cualidades.

Dña. Concepción Arenal decía que “Por desgracia son más difíciles de contar los que recuerdan los beneficios que los que los olvidan” (2), y eso no quiero que a mí me ocurra por lo que también agradezco a los tres académicos que tuvieron la deferencia de presentarme, todos ellos son prestigiosos cirujanos cada uno en su especialidad: D. Antonio María Mateo Gutiérrez, D. Guillermo –7

Ramos Seisdedos y en especial a D. José Rabadán Jiménez, mi queridísimo “Pepe”. Al que le debo todo ya que gracias a él puedo estar en este momento leyendo este discurso. Y no quiero emocionarme más de lo debido para poder terminar.

Como decía el gran escritor Vallisoletano Miguel Delibes (2), “yo soy como un árbol que crece donde le plantan”, siempre me he sentido muy a gusto en Valladolid cuidad donde nací, crecí y me he desarrollado personal y profesionalmente.

Haciendo un recorrido de mi vida profesional, debo decir que siempre tuve muy clara mi vocación de médico desde niña, primero por influencia de mi abuelo materno Agustin León, madrileño de nacimiento que ejerció toda su carrera como médico de Castromocho, pueblo de Tierra de Campos de la provincia de Palencia, donde nació mi madre. El ver como trataba, ayudaba a sus enfermos y como ellos le querían, marco mi vocación desde niña!. Después en casa siempre tuve la suerte de tener presente siempre la medicina en la figura de mi padre, con grandes cualidades humanas y profesionales como su enorme espíritu de trabajo, sacrificio y de responsabilidad, lo que le valió, eso sí con mucho esfuerzo ya que se hizo a sí mismo, llegar a lo más alto en su profesión.

Tengo que decir que a mí me ha puesto el listón muy alto. Lo que también representa un estímulo para mí.

Que decir de mi madre que siempre ha sabido estar y ha puesto todo su cariño, amor y todo su estilo de vida en cuidar y atender a su familia. Y a veces no lo sabemos agradecer lo suficiente. Y también quiero agradecer a mis padres que me dieran a “Camy”, mi hermana mayor, mi hermana del alma, sin su compañía, sin su complicidad y sin su cariño, nada hubiera sido igual, muchas gracias por ser como eres y por quererme tanto.

Y también quiero acordarme en este día de mis abuelos paternos, maternos, y de mi querido tío Agustín, que sé que seguro que todos estarán disfrutando muchísimo desde el cielo de este maravilloso día, de mis tías y tíos, primas y primos, y de Segunda que es también ya de la familia, y a todas las personas que de una manera o de otra han dejado huella en mí vida.

De mis estudios de medicina en mi querida Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, todos son muy buenos recuerdos, todavía me acuerdo de la primera vez que entre en la clase 1 “actual clase dedicada al Prof. D. Benito Herreros”, de cómo me impresiono ver esa clase tan grande y sobre todo el poder estar estudiando medicina mi vocación desde niña.

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Como dice D. Miguel de Cervantes “De gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe”(3). Por lo que, permitidme expresar públicamente mis sentimientos de gratitud hacia todos los maestros que he tenido en la Facultad de Medicina, porque a ellos debo mi formación y han hecho posible esta realidad de poder ingresar en esta Real academia como Académica de Número.

Muchos de ellos afortunadamente me honran con su presencia, porque son miembros de número de la Corporación; otros están ausentes para siempre, para ellos un cariñoso recuerdo.

Entre mis maestros quisiera agradecer en especial a todos los que fueron y son Profesores del Área de Medicina Legal, en especial a mis Directores de mi Tesis Doctoral, los Profesores Javier Vega Gutiérrez y Daniel Queipo Burón que me iniciaron en mi actividad docente e investigadora en Medicina Legal. De todas las personas que formaron la Catedra de Medicina Legal, los que quedamos somos el Prof. Daniel Queipo Burón y yo. Tengo que decir que he tenido mucha suerte porque con Daniel es muy fácil trabajar al ser una persona muy tranquila y equilibrada, de esta forma hemos luchado los dos por sacar adelante nuestra asignatura de Medicina Legal en estos difíciles años de cambios y transición de la ya desaparecida Licenciatura de Medicina y Cirugía y de la definitiva implantación del plan de Bolonia con el Grado de Medicina.

También quiero agradecer a la Profa. Ana Almaraz Gómez, mi Directora de Departamento por la confianza que ha depositado en mí en dos ocasiones a la hora de nombrarme Secretaria de Departamento, y a nuestra querida Secretaria Administrativa “Isabel”, ya que sin su ayuda, su trabajo y dedicación sería imposible poder resolver toda la burocracia del Departamento. La verdad es que las tres formamos un buen equipo femenino muy práctico, quizás por ese sexto sentido que tenemos las mujeres que nos hace centrarnos en lo verdaderamente importante y no perder el tiempo.

Quisiera decir las memorables palabras de HIPOCRÁTES: “A los maestros que me enseñaron el arte, los tendré por padres y les guardaré siempre gratitud” (4). Cosa que en mi caso se cumple a la perfección en la figura de mi padre, ya que se ha sido siempre mi maestro y mi referente en mi vida profesional y personal. Llegando a ser lo máximo profesionalmente Catedrático sino porque también puedo decir que es Catedrático en humanidad y bondad. “En el buen sentido de la palabra, bueno”, como decía Antonio Machado (5).

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Y ya por último mi gratitud a todos mis alumnos, de los cuales nunca dejo de aprender cosas nuevas ya que nunca se deja de ser estudiante. Y como dijera Sócrates: “Yo no puedo enseñar a quien no es mi amigo” (6).

Para empezar, he compuesto mi discurso sobre la antropología de la violencia de género en medicina legal. Actualmente el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado afortunadamente, se ha hecho visible tanto en la Medicina como en esta Real Corporación, siendo la primera Académica la Ilustrísima Dra. Mª Rosario Fernández Herranz hace ya veintiocho años, pasaron seis años hasta que la Ilustrísima Dra. Mª Esperanza Bengochea González se convirtiera en la segunda mujer académica, que por desgracia ya no se encuentra entre nosotros, quiero tener un recuerdo especial para ella porque fue quien me recibió cuando leí mi discurso de Académica Corresponsal, y que seguro estará disfrutando desde el cielo. Siete años después, fue la Ilustrísima Dra. Mª Rosario Esteban Casado la tercera Académica, posteriormente fue la cuarta Académica la Ilustrísima Dra. Mª José García Sánchez cuatro años después, y la quinta Académica siete años después fue la Ilustrísima Dra. Mª Alicia Armentia Medina.

Por lo que yo me convertiría cuatro años después en la sexta Académica de esta Institución, que espero estar a la altura de lo que se merece esta Real Corporación.

La Antropología es la ciencia que trata del hombre, la violencia de género o contra la mujer según la Las Naciones Unidas, es “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”(7).

Y la Medicina Legal es la ciencia es el eje y el núcleo central del saber médico en cuya raíz está la inquietud por descubrir los misterios de la vida y del enfermar, todo ello conjuntamente con el Derecho, que se preocupa de organizar la vida. Por lo que podemos decir que la Medicina Legal es la Antropología del Derecho, reuniendo una multitud de conocimientos para el fin de asesorar a la Justicia y a la comunidad Social sobre los problemas de índole médico, exponiendo el preciso alcance y la genuina significación de los hechos en su sentido médico-antropológico en cada momento histórico como sucede con la problemática actual de la violencia contra la mujer o de género.

“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena” Mahatma Gandhi (1869-1948)

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I. INTRODUCCIÓN Diferenciación entre los conceptos de “violencia doméstica” y “violencia de género”.

Definir una realidad tan compleja como la violencia de género en la relación de pareja resulta bastante complicado. Prueba de ello, existe una diversidad de términos acuñados en la literatura científica para referirse a ella. Las investigaciones publicadas en habla inglesa se refieren a este tipo de violencia con múltiples denominaciones, siendo las más frecuentes: domestic violence, violence against women, intimate partner violence, marital violence, battered women, family violence, wife assault o wife abuse, entre otras. De la misma manera las investigaciones en castellano utilizan términos como violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia familiar o intrafamiliar, violencia doméstica, violencia conyugal, violencia machista o mujeres maltratadas, principalmente (8).

A pesar de que las diferentes denominaciones de que adopta este tipo de violencia suelen ser utilizadas indistintamente, la realidad es que cada una de ellas sugiere una idea diferente sobre la naturaleza del problema, sus causas, e incluso soluciones (9) (10).

La violencia de género es un fenómeno que acaece en todos los países, clases sociales y ámbitos de la sociedad. Abarca tanto la agresión física psicológica y sexual. La Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, aprobó ya en Viena la “Declaración sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer” y definió en su artículo 1 la violencia sobre la mujer como “cualquier acto de violencia que tenga o pueda tener como resultador un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad tanto si se produce en la vida pública o privada”. “(7).

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Fue la ONU el primer organismo que reparó en la gravedad de este hecho al reconocer que es el crimen encubierto más frecuente en el mundo.

En 1996 es la OMS la que acordó que la violencia contra la mujer era, y es, un gran problema de salud pública es instó a los estados miembros a hacer una evaluación de la dimensiones del mismo, ya que la importancia se debe tanto a la frecuencia como el efecto que sobre la salud de la mujer tiene Este problema al que nos enfrentamos es de muy difícil estudio puesto que la exactitud del número de casos es imposible de determinar incluso en las sociedades donde se han concienciado en mayor medida de este problema. Y esto a pesar de la existencia de un mandato de la Unión Europea de 1997 de recogida, elaboración y publicación anual de los datos sobre violencia de género por los Estados miembros. Esto se debe fundamentalmente a que sigue siendo considerado como un asunto que sólo interesa al círculo familiar; es un asunto privado (11).

El maltrato influye notablemente en la sociedad en general, en la familia en particular y que duda cabe que en la propia mujer víctima de malos tratos.

1. En la sociedad, porque la persona maltratada ha estado ubicada en un ámbito social, laboral etc. que ahora se ve afectado (falta de asistencia al trabajo, a eventos o reuniones sociales, amistades, control económico, impedimentos para poder trabajar, aislamiento en general).

2. En la familia porque se produce una desintegración de la unidad familiar en sentido estricto (los hijos viven en un ambiente poco apropiado, se encontrarán desubicados) y también con el resto de familiares respecto de los cuales habrá distanciamiento o incluso aislamiento 3. En la propia víctima, palizas, desvalorización, desprecio a sí misma, humillaciones, sentimientos de culpa, relaciones sexuales sin consentimiento.

Una de las evoluciones más importantes en la legislación española ha sido la de los conceptos violencia doméstica y violencia de género. Ambos conceptos, que son distintos y que coexisten, surgen como resultado de esa evolución legislativa a través de la cual los poderes públicos han ido especializando de manera paulatina la protección dada a los distintos miembros de la familia frente a la violencia física o psíquica que pudiera producirse dentro de ese ámbito familiar. Evidentemente el éxito no ha sido completo y a pesar de que nuestra legislación penal es una de las más avanzadas, no deja de presentar incongruencias y carencias.

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No fue hasta la publicación de La actual Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género (en adelante LOMPIVG) (13) cuando puede distinguirse claramente los conceptos de “violencia doméstica” y “violencia de género”.

Violencia de género Es un ilícito penal consistente en la violencia física o psíquica que sobre una mujer ejerce el hombre (nunca otra mujer) que sea o haya sido su cónyuge o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Por lo que, el SUJETO ACTIVO (AGRESOR): Hombre, marido, pareja, ex marido, ex pareja. Y el SUJETO PASIVO (VÍCTIMA): Mujer, esposa, pareja, ex esposa, ex pareja aun sin convivencia Esa violencia que, si concurren esos requisitos, será constitutiva de delito de violencia de género, comprende, a su vez (artículo 1.3 de la Ley) a “todo acto de violencia física y psicológica incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”. Coordinando este artículo con el 87 “ter” de la Ley Orgánica del Poder Judicial (al que también ha dado una nueva redacción la LOPIVG), podemos ver más detalladamente que los delitos que integran la violencia de género son, cuando se cometan entre los sujetos activo y pasivo señalados por la ley, los recogidos en el Libro II del Código Penal relativos a: • homicidio, • aborto, • lesiones, • lesiones al feto, • delitos contra la libertad, • delitos contra la integridad moral, • delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, y • cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación.

De entre todos esos actos posibles, La LOPIVG, por el hecho de haber sido cometidas por el hombre contra la mujer dentro de ese ámbito de relaciones que se ha descrito, ha agravado una serie de conductas que ya antes eran delictivas, y ha elevado a la categoría de delito otras conductas que antes de su entrada en vigor eran constitutivas sólo de falta.

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Así, ha agravado la penalidad señalada a: • Lesiones que necesiten de tratamiento médico para su curación (Art. 148 CP) • Lesiones que no necesiten dicho tratamiento (Art. 153), y • Golpear o maltratar de obra sin lesión (Art. 153) • Menoscabo psíquico producido por cualquier medio (Art. 153).

Y ha elevado de la categoría de falta a la de delito a: • Amenazas leves (Art. 171.4) • Coacciones leves (Art. 172.2) Las injurias leves son, por el contrario, la única falta penal que dentro de este ámbito sigue teniendo tal consideración de falta y no se ha elevado a la categoría de delito aun cuando sea cometida por el hombre sobre la mujer.

Violencia doméstica La Violencia Familiar o Doméstica se define como: ““Malos tratos o agresiones físicas, psíquicas o psicológicas, sexuales o de otro tipo, infligidas por personas del ámbito familiar”. SUJETO ACTIVO (AGRESOR): Cualquier persona integrante de un núcleo o ámbito familiar. SUJETO PASIVO (VÍCTIMA): Cualquier persona integrante del mismo núcleo familiar que el agresor.

Es un ilícito penal consistente en la violencia física o psíquica ejercida tanto por el hombre como por la mujer, sobre cualquiera de las personas enumeradas en el artículo 173.2 del Código Penal, a excepción de los casos en los que esa violencia se ejerza por el varón sobre la mujer que sea o haya sido su cónyuge o que haya estado ligada al mismo por una relación de afectividad análoga a la conyugal, aun sin convivencia, pues en tal caso estaríamos ante violencia de género.

Por tanto, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 173.2, se desprende que cualquiera de esos actos se considerará violencia doméstica y no como violencia de género, los siguientes casos: 1. Cuando la ejerza la mujer sobre el hombre o mujer que sea o haya sido su cónyuge o sobre aquella persona que esté o haya estado ligada a ella de forma estable por análoga relación de afectividad aún sin convivencia.

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2. Cuando la ejerza el hombre sobre el varón que sea o haya sido su cónyuge o que esté o haya estado ligado a él de forma estable por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.

3. Cuando la ejerza ya el hombre, ya la mujer, contra: -- descendientes -- ascendientes -- hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente -- menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela, curatela o acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente -- persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar -- personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

En un primer momento estos casos de violencia en el ámbito familiar, ya física ya psíquica no eran tratados penalmente de una forma diferente que cualquier otra lesión o coacción efectuada sobre un “extraño”, con lo cual la mujer que procedía a denunciar a su marido se encontraba con una total desprotección puesto que no se detenía al presunto agresor ni se tomaban medidas de protección para la agredida. Esto llevaba a una situación sin sentido puesto que agresor y agredida debían seguir compartiendo techo y que el enfurecimiento del marido fuese aún mayor cuando le llegase la notificación de denuncia y que tal vez hasta que, y en el caso de existir un juicio, se le condenase como mucho a una simple multa que además procedía de la economía familiar (11).

Con respecto a la frecuencia se acepta que se desconoce la magnitud real del problema, ya que se estima que las denuncias sólo equivalen al 25 % de los casos reales existentes constitutivos de maltrato familiar o doméstico. La cifra es inferior cuando las lesiones no requieren tratamiento médico, por cuanto su carácter de privacidad no facilita su evaluación.

Para la Comisión de Malos Tratos del Congreso de los Diputados español, sólo el 5 % de las agresiones se denuncian. MORRISON establece esta cifra en el 4 % y para McLEER la cifra sube hasta un 30 % cuando se introduce un protocolo que recuerda el posible maltrato en la procedencia de las lesiones. (14) – 15

Importancia del problema La violencia en el medio familiar entre personas ligadas por vínculos de sangre y/o afectivos representan una llamada de atención importante hacia una situación que debe ser cuidadosamente estudiada con el fin de establecer las circunstancias y las características de la relación en la que se genera esta violencia.

Ante la frecuencia con que en este momento se plantea el problema tan grave hemos de hacernos una serie de preguntas tanto los profesionales al servicio de la salud como simples personas integrantes del grupo social en el que se da este fenómeno.

El hecho de que las relaciones familiares se desarrollen en la intimidad ha favorecido que el trato entre los miembros de una familia quede oculto al entorno. En la cultura europea y especialmente en la española el padre de familia ostentaba la patria potestad y ejercía una autoridad especial sobre todos los miembros de la familia. Esta organización patriarcal confería al padre la autoridad moral y real y a cambio asumía la obligación del sostenimiento económico de su familia; a la madre le correspondían las tareas domésticas y el funcionamiento diario del hogar, aunque a menudo se añadía la realización de trabajos para otros, generalmente en tareas de orden secundario y en ambientes modestos (trabajo rural, servicio doméstico...).

Sin embargo, este papel de la mujer de sometimiento, y de obediencia, no era necesariamente representativo de una situación de sufrimiento, pero lo que si era frecuente es que, cuando existían malos tratos físicos y/o psíquicos eran mejor tolerados a la luz de esa “autoridad masculina”.

Por eso pensamos que la violencia familiar es un hecho antiguo aunque en los últimos años del Siglo XX ha salido de la intimidad familiar, ha pasado de ser algo privado, donde no puede ni debe trascender nada, una realidad social de relativa aceptación y tolerancia, para ser considerada como una auténtica injusticia social y, por ello de interés general. (12) Una característica importante de este tipo de violencia es la fragilidad de la víctima en la dinámica de la familia; por eso se han ido configurando en los últimos años unas entidades bastante específicas, de las que distinguimos: 1. La violencia sobre los menores, jóvenes y adolescentes.

2. La violencia sobre la mujer o maltrato de género.

3. La violencia sobre el anciano o maltrato de los ancianos.

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En este trabajo voy a tratar de todas estas entidades, de todo tipo de maltrato según la edad de las víctimas; Según un reciente estudio realizado por Ricard Carroll, de la Universidad Northwestern de Chicago (172), entre un 25 % y un 75 % de las parejas homosexuales son víctimas de violencia doméstica. Por lo que, también sería importante hablar de la violencia intragénero o violencia entre parejas homosexuales, siendo actualmente una realidad invisible en España, y que generalmente no se denuncia y no existen estadísticas de ningún tipo, como en Estados Unidos y Canadá.

En la actualidad es la violencia sobre la mujer, maltrato de género, el que presenta unas cifras más alarmantes, siendo en España la primera causa de muerte de mujeres de edades comprendidas entre 16 y 44 años por encima del cáncer y los accidentes de tráfico, con 44 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el año 2016 y 60 mujeres víctimas de malos tratos en el año 2015. Una mujer asesinada por semana. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Mujeres víctimas de violencia de género

(Marzo)

Fuente: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Ministerio de Sanidad. Política social e Igualdad

La Violencia de Género ha experimentado en los últimos años cambios importantes debidos a la atención que los poderes públicos han dedicado al problema y a las víctimas: (12) – 17

• Cambios Legislativos A lo largo de 15 años se han venido realizando sucesivas reformas legislativas hasta la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

• Ayudas sociales y económicas dirigidas a sostener desde el Instituto de la Mujer, Casas de Acogida, Centros de Formación y diversos programas a través de los cuales las mujeres víctimas de violencia familiar puedan adquirir la formación suficiente para valerse por sí mismas e integrarse en un mercado laboral que permita su independencia económica.

• Campañas de sensibilización y formación de los Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, para identificar los casos de maltrato, recibir y atender a la víctimas y que realicen correctamente todos los trámites administrativos y judiciales adecuados, al objeto de proporcionar desde el primer momento la mayor seguridad a las víctimas y las pruebas necesarias para poner la denuncia y sostener judicialmente el delito.

• Sensibilización del Personal sanitario, especialmente los Médicos de Atención primaria, Pediatras y Médicos Forenses, al objeto de detectar la patología psicosomática que acompaña a situaciones de violencia familiar, atender a la víctimas, desde la perspectiva médica, y hacer “El Parte de Lesiones” tanto de daños físicos como de cuadros psíquicos consecutivos al maltrato; en muchas ocasiones este parte servirá para sostener la denuncia y facilitar el juicio rápido.

• Tema educativo: eliminando del material escolar los sesgos sexistas, e introduciendo modelos de relación de igualdad y respeto entre niños y niñas.

• Introducir en las etapas infantil y juvenil modelos de educación en el propio conocimiento personal: al objeto de reconocer las emociones y necesidades afectivas, para saber después transmitirlas en las relaciones interpersonales, facilitando así el mutuo conocimiento y la aceptación mutua.

Pero todos estos cambios que han realizado los poderes públicos no han podido detener las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Se ha ido produciendo un permanente goteo de víctimas mortales o feminicidios (44 18 –

mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja en el año 2016). 670 mujeres muertas por violencia de género en los últimos 10 años. (65) Con respecto a la frecuencia se acepta que se desconoce la magnitud real del problema, ya que se estima que las denuncias sólo equivalen al 25 % de los casos reales existentes constitutivos de maltrato familiar o doméstico. La cifra es inferior cuando las lesiones no requieren tratamiento médico, por cuanto su carácter de privacidad no facilita su evaluación.

Amnistía Internacional califica como “escándalo universal” esta violencia contra las mujeres, que afecta a 1000 millones de mujeres, lo que equivale a una de cada tres mujeres de todo el mundo sufre violencia de género.

Según Stalans y Ritchie (153), la violencia contra la pareja es un serio problema social y de salud pública. Cada año se producen aproximadamente 5,9 millones de agresiones físicas, 1 millón de delitos graves y 876.000 secuestros contra las mujeres en Estados Unidos, de manera que, según afirma Oberteiner et al (154), una de cada cuatro mujeres es víctima de ella.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2002 en su “Informe Mundial Violencia y Salud”, dependiendo de los diferentes países europeos:(7) • los agresores o maltratadores son en su inmensa mayoría, miembros de su propia familia: • Entre un 40 % hasta un 70 % de las mujeres víctimas de asesinato perecen a manos de sus parejas o Ex parejas.

• Sólo un 4 % de los hombres muere en manos de sus parejas o ex parejas.

• Entre un 10-69 % de las mujeres ha sido alguna vez agredida por su compañero sentimental en algún momento de su vida.

• Del 3-52 % de las mujeres que fueron encuestadas en diferentes países del mundo declararon haber sido maltratadas en los últimos doce meses.

Este “Informe Mundial sobre Violencia y Salud” de la OMS del 2002, sirve para hacer un llamamiento por parte de la OMS para que se adopten medidas para combatir la Violencia como un problema sanitario, y en especial, la violencia de género. Una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido o padece malos tratos o abusos. (7) En España, entre un 15 y un 30 % de la población femenina es maltratada, señalando la Macroencuesta del Instituto de la Mujer de 2002 una cifra de 11,1% para todo el país. (65) – 19

Según Amnistía Internacional esta violencia de género no es exclusiva de los países pobres (67), es una epidemia universal. El maltrato a la mujer por parte de su pareja es un fenómeno global que se da en todos los países y afecta a mujeres de todos los niveles sociales, culturales y económicos.

• En Estados Unidos: cada 15 segundos una mujer recibe una paliza a manos de su pareja, y se viola a una mujer cada 90 segundos.

• En Rumania: con 147 casos en 2000 lidera la clasificación mundial y con una prevalencia de 12,93 %.

• En Francia: Se calcula de 1.500.000 de francesas son regularmente maltratadas y 25.000 mujeres son violadas cada año, pero el 69 % no se atreve a hablar de este problema tan íntimo.

• En Alemania: 40.000 mujeres afectadas al año requieren algún tipo de protección.

• En Italia: la palabra violencia se asocia más a la camorra, hay menos asesinatos que en otros países, debido a que la mujer italiana es más sumisa que el resto de las europeas, son muy frecuentes las humillaciones y vejaciones.

• En Reino Unido: Se cobra anualmente la vida como media de más de 150 mujeres, la policía recibe una denuncia por minuto sobre malos tratos, una de cada 4 mujeres es objeto de violencia una vez en la vida.

• En Rusia: 36.000 mujeres reciben palizas diarias de sus parejas.

• En Suecia: Una mujer asesinada cada semana • En Suiza: uno de los países con más latos niveles de vida, 40 mujeres muertas cada año por violencia de género.

• En España: En 2015 se presentaron 129.193 denuncias y a pesar de esto, décimo país de la Unión Europea en asesinatos de mujeres en el hogar y quinto en maltrato, por detrás de algunos países más avanzados como Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania o Suecia.

Esta plaga azota el mundo (55.000 mujeres asesinadas al año a nivel mundial) supone un atentado flagrante contra los Derechos Humanos que los países, hasta ahora, han sido incapaces de atajar.

Además desde Amnistía Internacional se denuncia que, pocos países dispensan formación especial al personal policial, judicial y médico sobre cómo tratar estos casos de violencia de género. Se trata de un “fenómeno universal, pero evitable”; está en nuestras manos acabar con él, pero no será posible a 20 –

menos que lo denunciemos, como estamos haciendo en este trabajo, pero “No basta con decir, yo no lo haré”. Hay que decir: “ No permitiré que lo hagan otros y no descansaré hasta que quede erradicado”, este debe ser nuestro principal objetivo.

En cuanto a las características generales del maltrato según numerosos estudios son las siguientes: ••Antecedentes en la infancia: 40-78 %.

••Con hijos comunes.

••Fundamentalmente físico.

••Con estudios primarios o sin estudios.

••Comienzo en el noviazgo y primer año de matrimonio.

••Factores precipitantes: celos 38 %; alcohol 50 %.

••Evolución (duración) a la cronicidad: 5-10 años.

••Durante el embarazo: 47 % ••Mucho más frecuente en el propio domicilio, en horas vespertinas y los fines de semana.

••Surge tras una discusión o tras determinadas situaciones que la víctima conoce (sabe o intuye que se va a producir la agresión).

••Afecta a cualquier estrato social.

Los resultados del estudio de Echeburúa et al (157), en el que el 68 % de las mujeres víctimas de malos tratos presentaba un nivel de estudios primarios o sin estudios, y algo más de un 30 % se encuentran en situación laboral activa y poseen hijos a su cargo, motivos por los que permanecen en la relación. Dicha situación de permanencia en la relación puede justificar, a su vez, que cierto número de mujeres continúe viviendo con su pareja en el momento del reconocimiento médico forense, lo que puede ser compatible con que hayan retirado la denuncia voluntariamente o bajo presión por parte del agresor o compatible con falta de acuerdo de la vivienda habitual cuando no existe orden de alejamiento.

Por otro lado, el hecho de que un tercio de la mujeres estudiadas en la Unidad de valoración Integral de Violencia de Género en Sevilla (156) , tenga un mayor nivel de estudios que los hombres, podría suponer un sentimiento de inferioridad en los hombres que desencadene comportamientos agresivos. En el estudio de Stalans y Ritchie (153) se afirma que, el desempleo de los hombres y el abandono de los estudios por parte de los mismos están relacionados con una mayor tasa de perpetración de agresiones contra la pareja.

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El hecho de que la gran mayoría de las parejas reconozcan que tienen hijos puede llevar implícito que estos hayan podido estar presentes durante las conductas violentas y aprender e imitar dichas conductas, lo que supondría una trasmisión cultural de patrones de conducta inadecuados. (158, 159) Según datos de las estadísticas elaboradas por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (65), aparecen como rasgos más frecuentes de las 44 mujeres maltratadas en el año 2016 los siguientes: • Parentesco de la víctima con el agresor: la mitad de las mujeres asesinadas en el año 2016 se encontraba la pareja en fase de ruptura y la otra mitad en el momento del asesinato eran todavía pareja.

• Con 1-2 hijos menores.

• Edad Víctima/Agresor: más frecuente entre los 31 y los 50 años.

• Nacionalidad Víctima/Agresor: el 56,8 % de las víctimas eran españolas y el 65,9 % de los agresores son españoles.

• Vivencia o testigo de violencia en su familia de origen.

• Suicidio del agresor: en un 20,5 % se produjo el suicidio consumado por parte dela agresor y en un 15 9 % se trató de tentativas de suicidio.

(GRAFICO 2) Gráfico 2. Suicidios de Agresores (hombres) tras dar muerte a su pareja.

Año 2000-2016

Fuente: Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad. Política social e Igualdad

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Según Andrés Montero Gómez (165): algunos asesinos, tras dar muerte a una mujer, intentan el suicidio o lo consuman. El suicidio de un agresor machista es interpretado, en ciertas ocasiones, como el acto extremo al que el victimario recurre para evitar la sanción social después de haber cometido un asesinato. El agresor de mujeres se suicida porque su vida ha dejado de tener sentido. El sentido de la vida de estos agresores era dominar a una mujer, hacerlo día a día. Asesinan por machismo y se suicidan por él. El suicidio machista es una expresión más de la violencia hacia la mujer.

El agresor en muchos casos puede tener antecedentes de relación familiar violenta en su infancia (hasta el 78 %). Generalmente con una Personalidad patológica: posesivo, celoso, impulsivo, fácilmente irritable y humor alterable.

Consumo de alcohol (tanto en el agresor como en la víctima). Frecuencias de depresión, baja autoestima. Rechaza la homosexualidad. Y Reincidentes con 2 o más querellas anteriores por malos tratos: 2 de ellos acudieron por 5ª vez, mientras que 189 por 2ª vez, 45 por 3ª vez y 18 por más de 4 veces. El problema de la reincidencia es uno de los principales escollos con los que se encuentra las víctimas, incluso aquellas que cuentan con una Orden de Protección en 2014 se concedieron un total de 33.167. (66) Entre los resultados de un estudio en la Unidad de valoración Integral de Violencia de Género en Sevilla (156), llama la atención que un porcentaje de hombres maltratadores tienen además antecedentes penales por delitos no relacionados con denuncias por violencia de género (robo con violencia y venta de sustancias de adicción en su mayoría), podrían implicar comportamientos violentos hacia otras personas, independientemente del grado de relación que tengan con las mismas. Y además en este mismo estudio (156) se observa que los hombres con alteración en su capacidad de entender o actuar (Inimputables o semiimputables) son muy pocos los que presentaban patología psiquiátrica (10-2 %).

En cuanto a la valoración de este incremento de mujeres asesinadas en los últimos años encontramos como causas o motivos posibles los siguientes: • Denunciar este aumento de muertes • Falta de eficacia de las distintas medidas tomadas • Mayor sensibilización de la sociedad • Aún no se ha conseguido proteger “más y mejor” a las mujeres • Es necesario hacer un buen diagnóstico de la situación.

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• Disparidad de indicadores que se tienen en cuenta para evaluar los datos.

De las 44 mujeres muertas en el año 2016 en las Comunidades donde más muertes con 6 mujeres asesinadas en cada una de ellas, fueron en Baleares, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el año 2017 hasta el mes de marzo son ya 20 mujeres asesinadas por violencia de género.

Origen, dinámica, proceso y mantenimiento de la violencia Diversas corrientes filosóficas intentan desde hace muchos años encontrar una explicación sobre el porqué de la violencia en el ser humano, con diversas propuestas que convergen en que la agresividad es innata en el ser humano, pero es modelada y reconducida a través de las vivencias aprendidas y la educación. (15) La agresividad es una energía-disposición presente en las personas, que las prepara para la lucha contra los elementos en un mundo circundante, es un factor normal y positivo del comportamiento humano mientras se expresa bajo el control de la inteligencia y se canaliza hacia la adaptación armónica del medio. Cuando la agresividad se transforma en hostilidad, o energía-pensamiento dirigido hacia otras personas, o en agresión manifiesta, tanto verbal como física, estamos ante una conducta anómala que debe ser corregida. En la agresión participa toda la persona y es una conducta en la que la palabra, el modo, o la acción se dirigen hacia otra persona con la intención de producir daño moral, psíquico o físico. (12) Por lo que la agresividad puede ser un factor de riesgo, pero por si misma no podría causar daños a un tercero, siempre que este bien canalizada a través de la educación. (111) A lo largo de la historia, diversos autores y enfoques de investigación con diferentes teorías desde las más tradicionales hasta las más integradoras, han tratado de dar una explicación al origen de la violencia. Las teorías más relevantes son (8): 1. Teorías biologicistas: Estas teorías convergen que la agresividad y la violencia son una condición innata al ser humano y están genéticamente codificadas. Teorías como el institivismo son seguidas por Darwin, Freud o Lorenz, en que el instinto tiene una base motivacional para 24 –

desarrollar conductas agresivas y violentas y que nace de la naturaleza misma del hombre. Otros autores como Lambroso defienden las teorías que apoyan que la herencia es la base de la violencia, y explican que existe una inclinación biológica hacia este comportamiento en personas evolutivamente retrasadas. También existe una corriente que plantea que la acción de determinadas hormonas masculinas como la testosterona, el eje hipotálamo-hipófiso-gonadas (HHG), con diversos neurotransmisores y otras sustancias actuaría como desencadenantes de comportamientos agresivos. Por último, otros autores apoyan que el consumo de alcohol como desinhibidor o la presencia de neurotransmisores como la acetilcolina y la norepinefrina, así como las lesiones en la neurocorteza frontal incrementaría los niveles de violencia y agresividad.

2. Teorías ambientalistas o de aprendizaje: Estas teorías defienden que la violencia se desarrolla y aprende por un mecanismo de asociación entre el estímulo y la respuesta. Diversos autores defienden que la violencia se instaura por un proceso de modelado tras la observación de acciones violentas, entendiendo que se trata de un recurso eficaz y aceptable.

3. Teoría ecológica: Esta teoría explica que la violencia se puede provocar cuando interactúan causas individuales, familiares, sociales y culturales. Según el modelo ecológico de Bronfenbrenner (16) aplicado a la violencia de género, existen tres contextos: el macrosistema, donde se encuentran los sistemas de creencias culturales machistas que sustentan la desigualdad; el exosistema, que incluye las instituciones intermedias que median entre la cultura y el individuo, como sería la escuela, la iglesia o los organismos judiciales, y que trasmiten una serie de valores autoritarios y sexistas; y el microsistema, que son aquellas variables más cercanas a la persona, como los roles, los aspectos biográficos del individuo y de la familia, así como las características cognitivas, afectivas, conductuales e interaccionales. La violencia , estará constituida en gran parte por las pautas culturales, mediatizadas por las instituciones y por la familia, que a la vez, han moldeado estas características cognitivas a lo largo del desarrollo de la persona.

4. Teorías psicológicas: Según Echeburúa (17) y Rojas Marcos (18) el hecho de padecer un trastorno de personalidad antisocial, paranoide o narcisista pueden estar presentes en el desarrollo de conductas vio– 25

lentas. También la presencia de rasgos de personalidad de dependencia emocional, agresividad generalizada, problemas del control de ira, déficit de autoestima, celos…pueden dar lugar al origen de actitudes violentas. En último lugar, aunque pequeña, hay una relación entre violencia y enfermedades mentales. La psicosis y el consumo abusivo de drogas y alcohol pueden activar conductas violentas en personas impulsivas y descontroladas.

5. Teoría de la perspectiva de género: Plantean que desde el inicio de los tiempos el mundo se ha movido y gestionado desde una visión androcéntrica a través del patriarcado. Desde este sistema ha prevalecido y prevalece la desigualdad entre hombres y mujeres, estando infravaloradas respecto a los hombres. Los comportamientos violentos y agresivos responden a aquellas situaciones en las que los hombres han de recuperar el equilibrio y el control que las teorías patriarcales defienden, donde las mujeres deben de estar sometidas y dominadas por los hombres.

Esta última teoría es la base de la legislación actual, las organizaciones gubernamentales y los organismos competentes en materia de violencia de género.

El proceso de la violencia: dinámica del síndrome de maltrato a la mujer En el caso de violencia de pareja, lo más frecuente es el comienzo del maltrato con conductas de abuso psicológico al inicio de la relación, que suelen ser atribuidas a los celos del hombre o a su afán de protección de la mujer. Suelen ser conductas restrictivas y controladoras que van minimizando la capacidad de decisión y autonomía de la mujer, produciendo dependencia, aislamiento y temor, como por ejemplo el control sobre la ropa, las amistades o las actividades.

El aumento progresivo de la violencia puede extenderse durante un largo periodo de tiempo, y suele ser difícil para la víctima darse cuenta del proceso en el que está inmersa.

La Teoría del Ciclo de la Violencia de Leonor Walker (108) plantea que este fenómeno comprende tres fases: 1. Fase de tensión creciente: Se caracteriza por una escalada gradual de la tensión, donde la hostilidad del hombre va en aumento sin motivo comprensible y aparente para la mujer. La relación pone de manifiesto la agresividad latente frente a la mujer. Se intensifica la violencia verbal 26 –

y pueden aparecer los primeros indicios de violencia física. Se presentan como episodios aislados que la mujer cree puede controlar y que desaparecerán. La tensión aumenta y se acumula. El hombre maltratador se muestra irritable pero no reconoce su enfado. Repite a la mujer el mensaje de que su percepción es errónea, por lo que está empieza a cuestionarse que es lo que hace mal y a culpabilizarse. El maltratador expresa hostilidad pero no lo hace de forma explosiva. La mujer intenta clamarle, complacerle y no hacer nada que pueda molestarle porque tiene la creencia irreal de que puede controlar la agresión, sin embargo la tensión sigue aumentando y se pasa a la siguiente fase.

2. Fase de agresión: Estalla la violencia y se producen agresiones físicas y/o psicológicas y/o sexuales. Es en esta fase donde la mujer suele denunciar o pedir ayuda. Estallido de la violencia: pérdida total de control y comienzo de las agresiones: insultos, frases hirientes, golpes y abusos sexuales). La mayoría de las mujeres no buscan ayuda inmediatamente después del ataque, a menos que hayan sufrido importantes lesiones que requieran asistencia médica inmediata. Al principio la mujer es incapaz de reaccionar porque está paralizada. Por lo que, la reacción más frecuente es permanecer aisladas durante las primeras 24 horas tras la agresión, aunque pueden trascurrir varios días antes de buscar ayuda o ir al médico, lo cual hace que no siempre acudan a urgencias, sino que en muchas ocasiones lo hacen a consultas ordinarias, quizá para tratar de restar importancia y para evitar que identifiquen la agresión. Esta actitud se ha denominado “síndrome del paso a la acción retardada”.

Y a veces, es en esta fase cuando la mujer suele pedir ayuda o presentar una denuncia.

3. Fase de reconciliación o luna de miel: Desaparecen la violencia y la tensión. Es una situación de extrema amabilidad, amor y conductas cariñosas por parte del agresor. Es una fase bien recibida por ambas partes y donde se produce la victimización completa de la mujer, ya que actúa como refuerzo positivo para el mantenimiento de la relación. El maltratador se arrepiente, pide perdón y promete no volver a hacerlo. Se muestra amable, cariñoso y hace promesas de cambio.

La mujer consigue ver el lado bueno de su pareja y muchas retiran la denuncia puesta en la fase anterior. En esta fase el agresor manifiesta – 27

que se arrepiente y pide perdón a la mujer. Utiliza estrategias de manipulación afectiva (regalos, caricias, disculpas, promesas) para evitar que la relación se rompa. Por lo tanto, esta estrategia por parte de la pareja, provoca que la mujer, termine pensando que todo cambiará. Durante esta fase el agresor trata de actuar sobre loa familiares y amigos para que convenzan a la víctima de que le perdone. Todos ellos de forma más o menos inconsciente hacen que la mujer se sienta culpable en cierto modo y a pesar de reconocer que la agresión ha sido un acto del marido criticable, sería ella la responsable de las consecuencias de dicha agresión al romper el matrimonio y la familia sino le perdona. Suele ser frecuente tratar de hacerle ver que el marido necesita ayuda y que no puede abandonarlo en dicha situación.

Con el tiempo la duración de las dos primeras fases aumenta y la de la tercera disminuye. Si el ciclo no se rompe las agresiones se repetirán cada vez con mayor frecuencia e intensidad. (ESQUEMA1) Esquema 1. Ciclo de la violencia. Proceso crónico.

Leonor Walker, 1979

Tensión creciente

Agresión aguda

Amabilidad y afecto “Luna de miel”

En la medida que los comportamientos violentos se van afianzando y ganando terreno, la fase de reconciliación tiende a desaparecer quedando sólo las fases de tensión y de agresión. Es entonces cuando las mujeres suelen plantearse con mayor frecuencia la separación y/o buscan ayuda y es también en ese momento, cuando los episodios violentos se agravan, son cada vez más frecuentes y el riesgo de muerte a manos de su agresor se incrementa.

A pesar de todo ello, la mujer permanece en el hogar por miedo, indefensión, falta de autonomía, falta de recursos para proteger a sus hijos, y senti28 –

mientos de fracaso y de vergüenza que la llevan a ocultar su situación. Niega la violencia, la justifica y la comprende, incluso llega a culpabilizarse. Esta reacción paradójica consistente en crear un vínculo afectivo todavía más fuerte con su agresor, ha sido descrita por el psicólogo Andrés Montero con el nombre de Síndrome de Estocolmo doméstico o síndrome de adaptación paradójica. (68)

Características de la violencia sobre la mujer desde el punto de vista clínico: síndrome de agresión a la mujer (87) y síndrome de maltrato a la mujer (88) La forma de ejercer la violencia actúa como agravante de sus consecuencias; la estrategia seguida por el agresor ataca en primer lugar los elementos de identidad pasada de la víctima, luego continúa con las fuentes de apoyo externo (familia, amistad y trabajo), y termina por atacar los elementos de identidad presente, de esta manera se facilita el aislamiento y la reclusión en la propia relación violenta (89). Las agresiones agudas se caracterizan por surgir al margen de un conflicto objetivo (violencia inmotivada), dando lugar en la víctima a una conducta de hipervigilancia y evitación para eludir cualquier encuentro con el agresor ante la posibilidad de que se produzca un nuevo ataque; cuando ocurre la agresión, ésta suele llevarse a cabo con gran violencia para conseguir el objetivo de aleccionar y atemorizar a la mujer.

Estas características de una violencia nacida en el seno de una relación basada en el afecto (dependencia emocional) y el componente cultural presente en las raíces (que conduce a una falta de referencias críticas) la llevan a ser justificada y minimizada, permitiendo su prolongación en el tiempo. En estas circunstancias, la violencia de género actúa con estresante, tanto por la exposición continuada a la misma, como por la repetición de las agresiones puntuales, situación que origina mecanismos de adaptación en las víctimas que pasan por la reinterpretación de la realidad a partir de las circunstancias vividas, disociación cognitiva, autoculpabilización…, elementos que facilitan la prolongación en la relación violenta y la aparición de toda la sintomatología crónica asociada, tanto en el plano físico como psicológico.

El impacto de la salud de la mujeres que sufren violencia de género no se debe tanto a la acción puntual de la agresión, sino a lo que se denomina “exposición a la violencia”, toda la serie de conductas y actitudes dirigidas a – 29

cuestionar la posición de la mujer bajo la imposición y amenaza de las agresiones y a conseguir su aislamiento de la principales fuentes de apoyo externo, tanto por las acciones llevadas a cabo por el agresor, como por el autocontrol que desarrolla la mujer para evitar los conflictos que puedan desembocar en nuevas agresiones.

La actitud violenta del agresor sobre el contexto de la relación o la familia, las consecuencias serán sufridas por todas las personas que estén expuestas a esta situación, los niños y las niñas que convivan en este ambiente sufrirán los efectos directos e indirectos de la violencia.

“El síndrome de agresión a la mujer” se define como: agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestada en los tres ámbitos básicos de la relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida en sociedad y acoso en el medio laboral”.

Este síndrome se caracteriza por tres elementos básicos comunes a todas ellas: 1. Las conductas realizadas se desarrollan bajo circunstancias especiales (responden a un patrón sistemático y continuo) en las que el agresor se siente amparado al actuar de este modo.

2. Los objetivos que se persiguen son muy concretos: el control y el dominio de la mujer y la satisfacción en las demandas de poder.

3. La motivación que origina estas agresiones tiene, en todos los casos, unos factores comunes basados en las referencias culturales de la desigualdad que legitiman el recurso de la violencia por parte de los hombres al presentarlo como garantes de un orden que ellos deciden cómo debe ser.

Se puede definir el maltrato a la mujer como el “conjunto de lesiones físicas y psíquicas resultantes de la situación de violencia mantenida en el tiempo y de las agresiones repetidas llevadas a cabo por el hombre sobre su pareja o expareja”, El maltrato a la mujer queda definido por un cuadro lesional que es el resultado de la interacción que se produce entre los tres elementos que intervienen en las agresiones: el agresor, la víctima y el contexto en que se produce la violencia.

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La violencia de género se elabora sobre los diferentes elementos socioculturales que inciden tanto en su origen, al presentar razones y objetivos para justificarla, como las manifestaciones y en la consideración que se tiene a la minimización y a su integración bajo diferentes explicaciones.

Las normas culturales, así como los estereotipos y roles asociados a cada uno de los géneros, tienen una gran influencia sobre la violencia de género.

La violencia se utiliza con un doble objetivo: 1. Controlar socialmente a la mujer.

2. Mantener la situación de dominio del varón.

Las sociedades o grupos dominados por ideas “masculinas” presentan una mayor incidencia de agresiones a la mujer. A menudo las costumbres y las leyes han otorgado al marido una serie de derechos y privilegios que han permitido, incluso han justificado, el uso que hacía de la violencia y de las amenazas para controlar a la mujer.

Las agresiones sobre la mujer se llevan a cabo según un patrón de conducta aprendido y trasmitido de generación en generación. Las propias normas sociales minimizan las lesiones producidas y justifican la actuación violenta del marido. Intentar explicar esta conducta a través de un trastorno del marido o, incluso de la mujer. Los problemas de estrés, de alcohol o de personalidad del que marido sólo se manifiestan con violencia sobre la mujer, no contra un conocido o amigo y, por supuesto, nunca contra el jefe. Además existen una serie de mitos arraigados en la sociedad que perpetúan y justifican esta violencia, negando una asistencia adecuada a las víctimas.

El hecho de que se asignen conductas sexuales diferentes para cada sexo favorece la manifestación de actitudes violentas contra las mujeres. El alcohol no se considera un factor precipitante de la violencia ha sido eliminado como un factor etiológico directo de este tipo de violencia. Se ha comprobado que actúa de forma general como desinhibidor, y de forma particular como excusa para el agresor y como elemento para justificar la conducta de éste por parte de la víctima. Esta situación es similar a lo que ocurre con otros tóxicos y drogas.

El Síndrome de maltrato a la mujer viene caracterizado por una estrecha relación con los condicionantes socio-culturales, tanto en su origen, como en su manifestación y consideración, así como la reciprocidad de la agresividad.

Esto hace que la violencia sea especialmente intensa, que existan lesiones de defensa y que el daño psíquico sea uno de los elementos más importantes. La – 31

violencia sobre la mujer también se produce fuera del ambiente de familia, tanto antes de su formación durante el noviazgo, como, y especialmente una vez finalizada la relación familiar tras la separación o el divorcio. Estas características nos hacen insistir en la independencia del Síndrome de maltrato a la mujer respecto a otros cuadros de violencia interpersonal en los que la mujer puede ser víctima.

Por todo lo anterior consideramos el Síndrome de maltrato a la mujer como (87) el: “Conjunto de lesiones físicas y psíquicas resultantes de las agresiones repetidas llevadas a cabo por el hombre sobre su cónyuge, o mujer a la que estuviese o haya estado unido por análogas relaciones de afectividad”.

El Síndrome de maltrato a la mujer viene definido por un cuadro lesional resultante de la interacción de los tres elementos que intervienen en las lesiones: 1. El agresor: es alguien que mantiene o ha mantenido una relación afectiva de pareja con la víctima. El factor de riesgo más importante en el que coinciden muchos estudios es haber sido testigo o víctima de violencia por parte de sus padres durante la infancia o adolescencia, y que entre estas razones y motivaciones existentes en este tipo de hechos están: la necesidad de control o de dominar a la mujer y sentimientos de poder frente a la mujer y la consideración de la independencia de la mujer como una pérdida de control del hombre. Con frecuencia los hombres atribuyen las agresiones hacia las parejas al hecho de no haber desempeñado correctamente sus obligaciones de buenas esposas. Hoatling (99) encontró entre las respuestas de los agresores que el propósito primario de la violencia era “intimidar”, “atemorizar” o “forzar a la otra persona a hacer algo”. La gratificación obtenida al establecer el control por medio de violencia también puede reforzar a los agresores y hacerlos persistir en esta actitud. Por lo tanto, se puede establecer que la gratificación por el uso de la violencia frente a sus parejas (esposas o novias) puede ser debida a: -- Liberación de la rabia en respuesta a la percepción de un ataque a la posición de la cabeza de familia o déficit de poder.

-- Neutralización temporal de los intereses sobre dependencia o vulnerabilidad.

-- Mantenimiento de la dominancia sobre la compañera o sobre la situación.

-- Alcanzar la posición social positiva que tal dominación le permite.

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2. Víctima: una serie de características que hacen pensar a priori que gran parte de la situación viene condicionado por ella. Solamente se encontró un “perfil de riesgo”(100), en las que el riesgo de ser maltratadas era dos veces más elevado que el resto, pero sólo afectaba al 10 % de las mujeres. El principal factor de riesgo eran los antecedentes de abuso sexual durante la infancia y las consecuencias reflejadas como alteraciones de conducta derivadas de los mismos. Este hecho, caracteriza a ambos, al agresor y a la víctima. Tampoco se encontraron en las víctimas relaciones consistentes con los ingresos económicos, nivel de educación, ser o no ama de casa, pasividad, hostilidad, integración de la personalidad, autoestima, ingesta de alcohol, o emplear violencia con los niños. Del mismo modo no se hallaron evidencias con relación al estatus que la mujer ocupa, al trabajo que desempeña, a las conductas que realiza, a su perfil demográfico o las características de su personalidad. Ninguno de estos factores influye de forma significativa en las posibilidades de que sufran un agresión en su vida familiar.

3. Contexto socio-cultural: Las características de las normas culturales y el papel del género en la conducta sobre el tipo de hechos que estamos analizando podemos resumirlos en los siguientes puntos: -- La violencia funciona como un mecanismo de control social de la mujer y sirve para reproducir y mantener el status de la dominación masculina. De hecho las sociedades o grupos dominados por las ideas “masculinas” tienen mayor incidencia de agresiones a la mujer. Los mandatos culturales, y a menudo también los legales, sobre los derechos y privilegios del papel del marido han legitimado históricamente un poder y dominación de este sobre la mujer, promoviendo su dependencia económica de él y garantizando a este el uso de la violencia y de las amenazas para controlarla.

-- La conducta violenta frente a la mujer se produce como patrones de conducta aprendidos y trasmitidos de generación a generación.

La trasmisión se hace fundamentalmente en los ambientes habituales de relación.

-- Las mismas normas sociales minimizan el daño producido y justifican la actuación violenta del marido. Se intenta explicar atribuyéndola a trastornos del marido o, incluso, de la mujer. Por mucho que – 33

el hombre tenga problemas de estrés, de alcohol, de personalidad, curiosamente la violencia sólo la ejerce sobre la mujer, no contra un conocido o amigo, y por supuesto, nunca contra su jefe. También influyen toda la serie de mitos antes recogidos que perpetúan la violencia y niegan la asistencia adecuada a estas víctimas.

-- El modelo de conducta sexual condicionado por el papel de los géneros también favorece en algunos casos la existencia de una actitud violenta contra la mujer al tratarse de un modela androcéntrico. Existen una serie de factores que favorecen ésta agresividad, entre los que se encuentran: los patrones de masculinidad, el inicio de un mayor grado de relación sentimental, la duración prolongada de la relación y modelos sexuales existentes, que contienen una tensión intrínseca entre hombres y mujeres, creando la posibilidad o las condiciones para que se produzcan errores en la comunicación que desemboquen en una situación de violencia frente a la mujer.

-- Por el contrario, el alcohol, tantas veces esgrimido como casuante o precipitante del maltrato, ha sido eliminado como factor etiológico directo de este tipo de violencia. Se ha comprobado que actúa de forma general como desinhibidor y de forma particular como excusa para el agresor y como elemento para justificar la conducta de este por parte de la víctima.

Es un tipo de violencia que se aparta por completo del resto de las agresiones interpersonales. La agresión a la mujer es inmotivada, desproporcionada, excesiva, extendida y con intención de aleccionar, no tanto de lesionar. Por eso el agresor es consciente de lo que hace y porque lo hace, y por dicha razón nos encontramos con otra característica diferencial. A pesar de relegar la agresión al ámbito privado del hogar y de mantenerla oculta, resulta que el hombre no le importa los gritos ni las voces, ni los ruidos que traspasan paredes y ventanas, ni tampoco realizar sus agresiones, especialmente las más graves, en lugares públicos, como vemos con frecuencia en los medios de comunicación. El agresor no busca nocturnidad ni parajes solitarios, no huye después, sino que comete la agresión y se entrega a la Policía o Guardia Civil, porque tiene que quedar bien claro que ha sido él el autor de la agresión. Es una forma de autoafirmarse y afirmarse ante los demás.

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La violencia de género es una violencia estructural parte y se basa en las normas socio-culturales que determinan el orden social establecido. Surge, por tanto, de dentro y actúa como elemento estabilizador de la convivencia, puesto que contribuye a mantener un determinado orden y a reducir y recluir los conflictos al ámbito privado, lejos de lo público. Por el contrario la violencia externa tiene su origen en factores que están al margen de la sociedad (robo, drogas, racismo..) por lo que actúa como elemento desestabilizador y ataca a la convivencia y el orden establecido. Por estas razones a la violencia estructural en cierto modo se la consciente mientras que las medidas policiales y legales se centran fundamentalmente sobre la externa.

¿Por qué no huyen de la relación violenta las mujeres que sufren las agresiones?

“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.

ALBERT EINSTEIN (Físico alemán, 1879-1955) La violencia hacia la mujer por parte del hombre en el seno de una relación establecida, o ha sido negada, o ha sido considerada como normal, o ha sido minimizada, tanto por el hecho como por sus consecuencias.

Los principales elementos que hacen a la mujer permanecer en la relación o en el ambiente en el que se produce la violencia se pueden encuadrar en dos grupos: 1. Factores socio-culturales: numerosos estudios (102) han demostrado que hay razones socio-culturales en este tipo de relación, incluyendo: la falta de alternativas, el temor a la desaprobación de familiares o amigos., y la preocupación por la pérdida de lo que supone la relación (trabajo, hijos, hogar..) y el miedo a las represalias del agresor. No hay que olvidar que una gran parte de la sociedad culpabiliza a la mujer de la situación en la que se encuentra. Si además percibe que cualquier medida que tome puede precipitar la ruptura de la relación establecida, ella misma se verá como última responsable de ese final. Si a estas circunstancias añadimos la dependencia económica que suele existir entre la víctima y el agresor, y la dificultad inherente a nuestra sociedad de iniciar una nueva vida, especialmente en la circunstancias de la mayoría – 35

de las mujeres maltratadas o acosadas, no resulta difícil entender porque la mujer no se decide a dar el paso de romper la relación.

2. Factores psicológicos: el acoso y el maltrato vienen caracterizados por la coincidencia de lesiones físicas (maltrato) y psíquicas, por una dinámica propia con fases alternativas de extrema agresividad y afecto, por lo impredecible de los ataques, por la falta de motivos que los precipiten, por la incapacidad de la mujer para evitarles, por la repetición de los hechos, todo lo cual va originando un deterioro psíquico progresivo que finaliza en el síndrome de estrés postraumático. Dentro de las alteraciones psicológicas que aparecen en este síndrome destacan: los sentimientos de baja autoestima, la depresión y la sensación de desamparo e impotencia. La mujer se encuentra en una situación de apatía que le impide afrontar el problema y tomar decisiones válidas para salir de ese ambiente. El abuso emocional suele seguir una estrategia que ataca a tres aspectos básicos de la mujer: un ataque social, tratando de romper con la familia, amistades, trabajo, ataque contra las conexiones de identidad del pasado cortando con todo lo que la une a recuerdos y con el tiempo anterior a la relación, y finalmente un ataque contra la identidad actual, criticando y recriminando, tanto en público como en privado, su conducta, aficiones, defectos, modos de hacer las cosas, forma de pensar…Se consigue así un auténtico “lavado de cerebro” que la anulan por completo, y que hace que la mujer sea incapaz de escapar de esta situación. (FOTO1)

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Repercusiones y consecuencias en los hijos e hijas expuestos a violencia de género La violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene siempre repercusiones en la salud física, emocional, sexual, reproductiva y social, que persisten incluso después de que la situación haya terminado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado la violencia de género como un factor esencial en el deterioro de la salud, ya que las agresiones físicas, psíquicas y sexuales, suponen pérdidas, a veces irreparables, en la esfera biológica, psicológica y social de las mujeres y de sus hijas e hijos. Por ello, ha declarado la violencia contra las mujeres como una prioridad de salud pública en todo el mundo (49ª Asamblea Mundial de la Salud, 1996). (24) Tener una madre maltratada, anulada por el maltrato para ejercer un rol materno, protector y cuidador, el sufrir un padre violento y agresivo, el vivir y crecer en un entorno agresivo, violento e inestable, es un maltrato en sí mismo.

El fenómeno de los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género es una problemática que cada vez se va visualizando más. Sin embargo no existen cifras oficiales y las que se manejan a través de distintos estudios nos ofrecen un panorama que puede llegar a los 800.000 afectados en España. El número es alarmante y sería deseable poder contar con registros acorde a esta realidad.

Generalmente se hace un cálculo por cantidad de hijos promedio en mujeres víctimas de violencia de género que estarían dentro de la población que habitualmente tiene hijos, lo cual es una cifra aproximada, pero muy significativa. (25) Los problemas psicológicos y sociales que desarrollan los hijos e hijas de mujeres maltratadas son diversos, tanto en el tipo como en intensidad, y pueden abarcar una, varias o todas las áreas del desarrollo psicológico y de adaptación. (110) Desde el ingreso en las primeras casas de acogida acompañando a sus madres en los años setenta hasta la actualidad, el concepto de niñez y la adolescencia expuesta a la violencia de género ha ido variando.

En aquellos primeros momentos de investigación era un problema diferenciar cuales de estas manifestaciones se debían a un clima familiar al que habían sido sometidos estos niños, niñas y adolescentes violento y cuales eran el resultado de múltiples cambios y pérdidas traumáticas que padecían, tales como el abandono de hogar, cambios de escuela con pérdida de amigos y cambios de rutinas.

Diversos investigadores y equipos e fueron interesando por esta problemática primero en países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Al – 37

mismo tiempo que se desarrollaba el estudio de las mujeres que sufrían maltrato por su pareja, se iban visibilizando sus hijos e hijas. Estos fueron categorizando primero como “víctimas indirectas” o “víctimas secundarias”. Este concepto suponía que las alteraciones en los hijos eran el mero efecto de la agresión sobre su madre e implícitamente se podía pensar que, cesada la situación de maltrato, la recuperación de esta población infantil y adolescente iba a mejorar en sus manifestaciones. (25) Sin embargo, las publicaciones e investigaciones apuntaban cada vez más a que vivir en un ambiente de violencia hacia la madre por parte del padre de los hijos e hijas o por parte del compañero sentimental de la madre, comportaba una forma de maltrato específico que se solapaba con las cuatro formas habituales de maltrato infantil: maltrato físico, maltrato emocional, negligencia o abandono y abuso sexual infantil. (26) Por lo que la exposición a la violencia de género es considerada una forma de maltrato infantil.

Según Holden (27) hay diferentes tipos de exposición a la violencia de género: 1. Perinatal: el estrés producido durante el embarazo por violencia física o psicológica afecta al desarrollo del feto. la futura madre puede sentir terror y temer las consecuencias de la violencia sufrida sobre su futuro hijo.

2. Intervención: los menores a veces se involucran en el incidente de violencia para intentar proteger a la víctima. Es muy común que los hijos e hijas intenten separar al padre de la madre durante el incidente violento, con lo cual pueden ser lastimados en el intento.

3. Victimización: también los hijos pueden ser dañados directamente por el agresor de forma intencional o accidental.

4. Participación: el hijo puede tener conductas de vigilancia o descalificación a la madre de forma coaccionada por el agresor. A veces se producen alianzas entre el hijo y el agresor en contra de la madre, con el consiguiente conflicto y sus secuelas posteriores, aunque de forma inconsciente.

5. Ser testigo presencial: ver el episodio violento o presenciar la agresión verbal. Aunque sea de forma pasiva, el hecho de ser testigo provoca un incremento de estimulación difícil de elaborar, con las consiguientes secuelas traumáticas.

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6. Escuchar: no ver lo que ocurre, pero escuchar ruidos, objetos que se rompen. El escuchar sin ver también es sumamente nocivo, pues se puede disparar fantasías acerca de lo que está ocurriendo.

7. Observación de los efectos de la agresión: por ejemplo, moratones, heridas, presencia de ambulancia, etc.

8. Experimentar las consecuencias posteriores de la agresión: por ejemplo, convivir con la depresión de la madre como efecto de la agresión, dejar de ver al padre, vivir en otro lugar, etc.

9. Escuchar acerca del incidente: tomar conocimiento por otras personas acerca de la agresión. Desconocer los sucesos violentos. A veces estos suceden cuando los niños, niñas y adolescentes no están en casa o tienen lugar fuera de ésta.

Para todo hijo vivir en un hogar en el que existe violencia familiar supone una experiencia traumática, que resulta nociva para su sano desarrollo integral, físico, emocional, cognitivo y social.

Los factores que determinan el impacto en la salud en las hijas e hijos de mujeres víctimas de maltrato son: -- El tipo de violencia -- La severidad -- Tiempo de exposición a la violencia -- Edad -- Nivel de desarrollo -- Contexto familiar Las alteraciones y problemas comienzan ya en el embarazo. Es en este momento, cuando los niños y las niñas empiezan a vivenciar la violencia de género.

En el embarazo la madre puede sufrir malos tratos físicos o psicológicos, de hecho es habitual que sea en esta etapa cuando se marca el principio de la violencia de género o ésta se recrudezca. Las consecuencias más importantes pueden ser: -- Menor seguimiento durante la gestación.

-- Niños que nacen antes de tiempo: parto prematuro.

-- Niños que presentan bajo peso al nacer.

-- Mayor mortalidad perinatal.

Los niños que nacen de forma prematura, con bajo peso al nacer, o con problemas de inmadurez, son niños, que requieren unos cuidados específicos y generalmente suelen llorar más frecuentemente. Todo esto hace puede incidir para que tenga una probabilidad más alta de sufrir maltrato. (28) – 39

Debido a los condicionantes de género, la violencia tendrá un impacto diferencial por ser una niña o niño, chica o chico.

Conductas agresivas de hijos varones hacia las madres, aprendidas de los hombres violentos del propio contexto familiar.

••En niños: maltrato a sus parejas en las edades adultas.

••En niñas: mayor tolerancia al maltrato y a comportamientos violentas

Las consecuencias de la Violencia de Género en la salud de hijas e hijos según la edad lo vemos reflejado en la Tabla 1. (24) EDADES

CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA

0-2 años

Retraso del crecimiento y en el desarrollo de habilidades motores y de lenguaje, bajo peso, alteraciones de la alimentación y el sueño, síntomas psicosomáticos, llanto insostenible.

2-5 años

Alteraciones de la alimentación del sueño, en el control de esfínteres, problemas del aprendizaje y conducta

6-12 años

Agresividad, ansiedad, alteraciones en el rendimiento escolar, baja auoestima

Más de 12 años

Anorexia y bulimia, ansiedad, depresión, apatía, comportamientos violentos dentro y fuera del hogar.

EN CHICAS: embarazos no deseados, establecer relaciones de pareja en las que sufren maltrato.

EN CHICOS: mayor probabilidad de desarrollar y reproducir comportamientos

40 –

II. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES Estudio sobre violencia de género en jóvenes españoles realizado en el Área de Medicina Legal de la Universidad de Valladolid Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se crean para facilitarnos la vida pero las introducimos en la rutina diaria sin un aprendizaje previo o sin una preparación hacia sus consecuencias. Se han convertido en una herramienta esencial para el desarrollo personal. Cuando estos recursos dejan de ser instrumentos y se convierten en un fin en sí mismo, puede ser armas muy perjudiciales, dañinas e incluso destructivas como ocurre con frecuencia entre los adolescentes. (29) El 20 % de los menores contacta con internet con personas que no conoce, por lo que se convierten en población de riesgo. Además, según el Ministerio de Interior 2 de cada 3 menores tienen un perfil en las redes sociales y el 60 % conecta a diario con internet. Esto hace que podamos hablar de la existencia de determinadas formas de delitos en la red (29): • Ciberacoso o Ciberbullying: uso y difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico a través de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la mensajería de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles o la publicación de vídeos y fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos. Es un acoso psicológico entre iguales (5). Otra definición sería, una forma de invasión en el mundo de la vida de la víctima de forma repetida, disruptiva y sin consentimiento utilizando las posibilidades que ofrece Internet. (30).

– 41

• Grooming: son adultos que adoptan la personalidad del menor para con engaños obtener satisfacción normalmente de tipo sexual, que puede ser una relación física o virtual.

• Sexting: difusión, envío y publicación de material privado a través del teléfono móvil o de Internet en el que se muestran fotografías o vídeos de desconocidos, amigos o parejas de carácter erótico y de índole privada(30).

• Gossiping: está en auge con WhatsApp o SnapChat son foros de cotilleos y maldades sobre algunos compañeros del colegio o la escuela, con un riesgo tanto para el emisor como para el receptor. (29) Situación actual Actualmente todos los países del mundo tienen problemas con la violencia de género, estudios previos realizados en EEUU, han obtenido cifras tan alarmantes como que entre el 10% y el 20% de los norteamericanos han sido agredidos por sus parejas (31).

En España, la situación es igual de alarmante, pero no similar. Como muestra un estudio previo, España aparece como uno de los países con porcentajes más bajos de mujeres que reconocieron haber sufrido violencia de género, con un 22%, muy por debajo de otros como Dinamarca (52%), Finlandia (47%) o Suecia (46%). Además los países más igualitarios como los escandinavos tenían tasas más altas porque a las mujeres les resultaba más fácil asumir que habían sufrido violencia (32).

Este estudio (7), destaca además que el 38% de los españoles exculpa a los agresores porque considera que padecen una enfermedad mental, y el 35% cree que si las mujeres sufren maltrato es porque lo consienten. “Estos estereotipos tienden a darse con más frecuencia entre los hombres, las personas de mayor edad, con menor nivel de estudios y económicamente no activas”.

En lo referente a la gente joven, también existen evidencias de maltrato, pero hasta fecha de 2006 no se habían realizado estudios de éste tipo en España en dicho sector, y a fecha de hoy tampoco han sido muchos los estudios realizados, pese a la importancia e incidencia de este tema (33).

En 2006 se realizó el primer estudio de este tipo, en 5 institutos de Salamanca en un total de 567 jóvenes, de entre 15 y 19 años. En él se mostró que el 95,3% de varones, y 97% de mujeres admiten agredir verbal y 42 –

emocionalmente a su pareja, frente al 94,5% de varones y 95,5% de mujeres, que admiten recibir tales agresiones. En cuanto a la agresión física los valores son menores, 16,1% de los varones y 30,2% de las mujeres admiten agredir físicamente a su pareja, y un 26,3% de los varones y un 17,5% de las mujeres admiten haber recibido este tipo de agresión. Gracias a este estudio se observa que, las mujeres de entre 15 y 19 años son más violentas, tanto física como psicológicamente, llegándose a la conclusión de que las mujeres agreden más porque está socialmente menos castigado(33).

Un estudio publicado en 2015 afirma que sólo un 12% de los jóvenes de 14 a 19 años dice no haber conocido en las parejas cercanas, algún acto de violencia realizado por un hombre hacia una mujer, y sólo un 16,5% no los ha conocido siendo ejercidos por la mujer hacia el hombre. (34).

Actualmente cuando se pregunta a una persona acerca de qué identifican como violencia de género, el 36% se refiere exclusivamente a la violencia física o sexual, y se muestran tolerantes con otros tipos de comportamiento. El problema que ésto supone es que, existe otro tipo de violencia, la violencia de control (horarios, forma de vestir, amistades, etc…), que es tolerada por el 32% de los hombres y el 29% de las mujeres (32), a pesar de que un 98% rechaza el maltrato físico y sexual (35), y que se ha visto incrementada debido al reciente uso de nuevas tecnologías (34). Las amenazas verbales son toleradas por un 6,5% de la población (7% hombres y 6% mujeres) y el maltrato psicológico de desvalorización por un 9% (10% hombres y 8% mujeres) (35). Los hombres tienen una menor percepción de la desigualdad en todos los ámbitos analizados(35).

Las nuevas tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en las relaciones que establecen los jóvenes con otros chicos y chicas(34). A fecha de 2012, el 75% de la población mundial era usuaria regular de telefonía móvil, alcanzándose cifras, en los países desarrollados de hasta un 95%, además a fecha de 2010, el 72% de los usuarios de Internet pertenecía al menos a una red social (36). Esto tiene sus ventajas y desventajas, por un lado, sensibilizan contra la violencia, pero por otro, facilitan nuevas vías para el ejercicio de conductas violentas, como el ciberacoso, que supone una invasión sin consentimiento y repetida de la intimidad de la víctima (8). Un estudio que se realizó en Estados Unidos demostró que se produjeron unos 4000 casos de ciberacoso entre los años 2000 al 2011(36).

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Un estudio previo sobre ciberacoso, señala que Whatsapp, Tuenti y las llamadas al móvil son los medios más frecuentes para enviar y recibir mensajes insultantes o amenazantes, como forma de ejercer la violencia de género. Uno de cada cuatro adolescentes (el 28,1%) no consideran conducta de riesgo responder a un mensaje en el que le insultan, y son muchos los que reciben, especialmente las mujeres. Por otro lado, el 36% asegura haber recibido algún mensaje que les ha hecho “sentir miedo”.(34) Material y método: Tipo de estudio El presente trabajo consiste en estudiar y analizar la violencia de género en la población joven española, para ello se elaboró un cuestionario que constaba de 32 preguntas de elección múltiple con una o varias respuestas válidas. De ellas 7 correspondían a datos de filiación (edad, sexo, nacionalidad, pareja actual y sexo de la misma, estudios realizados y en curso) y las 25 restantes están orientadas en violencia de género y enfocadas en juventud y nuevas tecnologías, de éstas, las 10 últimas fueron incorporadas siguiendo el decálogo de conductas que revelan ciberacoso (34). (VER CUESTIONARIO EN ANEXO) Características de la población estudiada El total de las personas que participaron en la encuesta fue de 260 personas (70 hombres y 190 mujeres), con edades entre 17 y 49 años. Se excluyen del estudio a 5 personas (1 por no ser española, 4 por no cumplir el rango de edad que nos interesaba).

Por lo que la muestra definitiva de nuestro análisis se basa en 255 jóvenes españoles (68 hombres y 187 mujeres) de 17 a 29 años.

Variables estudiadas • Variables sociodemográficas: -- Edad -- Sexo de la persona encuestada y de su pareja -- Nacionalidad -- Nivel de estudios -- Si tiene o no pareja • Variables relacionadas con la violencia de género y las nuevas tecnologías.

44 –

Recogida de datos: La encuesta ha sido realizada a través de un cuestionario voluntario online difundido en redes sociales (Facebook, Whatsapp). Ha estado abierto 7 días (del 11/01/2016 al 17/01/2016). Se realizaba de manera anónima y los participantes eran informados de ello.

Aspectos éticos y médico-legales: El Trabajo se ha realizado siempre informando previamente a las personas que participaron voluntariamente en la realización del cuestionario con el respeto a la privacidad, intimidad y confidencialidad de la totalidad de los datos preguntados en el cuestionario y siempre de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por lo que los resultados expuestos no permiten ni en su totalidad ni en parte la identificación de ninguna persona implicada en la muestra estudiada. No ha existido tampoco en el presente estudio ningún tipo de financiación externa ni conflicto de intereses.

Análisis estadístico de los datos: Para el tratamiento estadístico de las variables los valores se toman en forma de frecuencias absolutas y porcentajes y se realiza con el programa Informático Microsoft Excel.

La distribución de las variables se representa de forma gráfica a través de diagramas de barras, de sectores y tablas.

Limitaciones del estudio: Fundamentalmente son debidas a que la población estudiada se ha obtenido a través de un cuestionario on-line utilizando las redes sociales abierto solamente durante 7 días, un tiempo corto por lo que a veces se puede dudar de la fiabilidad total de las respuestas obtenidas.

También hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos sólo representan una muestra de los jóvenes españoles por lo que estos datos no pueden ser extrapolables a toda la población de jóvenes españoles.

Resultados: Se exponen de forma descriptiva los resultados del cuestionario contestado por 255 jóvenes españoles de 17 a 29 años, de acuerdo a los diferentes ítems o variables estudiadas mediante tablas y gráficos.

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Si tenía pareja o no y el Tipo de relación sexual: Un 45.59% de los hombres no tenía pareja, y un 54.41% sí tenía. De las mujeres un 37.97% no tenía pareja y un 62.03% sí tenía. Un 92.65% de los hombres eran heterosexuales, y un 7.35% homosexuales. De las mujeres un 94.12% tenía relaciones heterosexuales y un 5.88% homosexuales.

Gráfico 3 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

94,12

92,65

45,49

62,03

54,41 37,97 7,35

5,88

Hombres No pareja

Mujeres Si pareja

Heterosexuales

Homosexuales

Conocimiento de la violencia de género en parejas de su edad y tipo de violencia Más de la mitad de las personas encuestadas (el 59.61%) afirman conocer violencia de género en parejas de su edad (11.37 % hombres y 48.24% mujeres).

De los cuales un 11.18% (17 personas) tienen estudios no universitarios, y 88.81% (135 personas) tienen estudios universitarios.

Un 20% (51 personas) de las personas conoce violencia física, 53.33% (136 personas) violencia psíquica, 27.06% (69 personas) social, 5.1% (13 personas) ambiental, 5.1% (13 personas) sexual, 1.96% (5 personas) económica.

Un 4.7% (12 personas) de las personas encuestadas afirma que su pareja le controla sus horarios, un 6.66% (17 personas) actividades, 6.27% (16 personas) ver amigos, 1.56% (4 personas) ver familiares, 6.66% (17 personas) forma de vestir, 7.84% (20 personas) decir lo que tienen que hacer, 87.05% (222 personas) ninguna.

A la pregunta “¿Has realizado alguna vez alguna de las siguientes acciones?”:

46 –

1. Distribuir en Internet una imagen o datos comprometidos de contenido sexual (reales o falsos).

Gráfico 4

2. Dar de alta a una persona en un sitio web donde puede estigmatizarse o ridiculizar a esa persona.

Gráfico 5

3. Crear un perfil falso en nombre una persona para realizar demandas u ofertas sexuales.

Gráfico 6

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4. Usurpar la identidad de una persona para, por ejemplo, hacer comentarios ofensivos sobre terceros.

Gráfico 7

5. Divulgar por Internet grabaciones con móviles en las que se intimida, agrede, persigue, etc. a una persona.

Gráfico 8

6. Dar de alta el email de una persona para convertirla en blanco de spam, contactos con desconocidos, etc.

Gráfico 9

48 –

7. Acceder al ordenador de una persona para controlar sus comunicaciones con terceros.

Gráfico 10

8. Hacer correr en las redes sociales rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a personas Gráfico 11

9. Perseguir e incomodar a una persona en los espacios de Internet que frecuenta de manera habitual.

Gráfico 12

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10. Presentarse en un perfil falso ante una persona con el fin de concertar un encuentro digital para llevar a cabo algún tipo de chantaje on-line.

Gráfico 13

Discusión: La encuesta realizada ha mostrado que, el control vía teléfono móvil, lo sufren más las mujeres (un 25% de las chicas reconoce haberlo sufrido según un estudio del Ministerio (37), mientras que el control a través de redes sociales, lo sufren más los hombres, aunque con porcentajes muy similares, como bien soportan informes previos, donde la diferencia de acoso entre ambos sexos era mínima (30). Todo en relación con lo que dice el estudio del Centro Reina Sofía realizado a 2154 jóvenes de entre 14 y 19 años: “Son mayoritarios y generalizados los actos relativos al control (revisión del móvil, con quién se puede hablar, dónde se puede ir…). Es la faceta en la que las chicas aparecen como protagonistas del acto con más frecuencia. Es más frecuente y más grave, en general, la violencia ejercida por los chicos hacia las chicas. Entre los chicos, son más habituales la intimidación, el control personal y emocional, la violencia física y verbal o la violación de la intimidad. ” (38).

La razón de que mujeres y hombres sean víctimas de ciberacoso, en una proporción más cercana a la que existe en la violencia de género que se da sin la utilización de internet ni las redes sociales, está relacionada con sus patrones similares de consumo tecnológico (30).

Por estos datos podemos decir que la Violencia de Género es realizada hoy en día por ambos sexos aunque no de la misma manera.

Cerca del 60% de nuestros encuestados conocen Violencia de Género en parejas de su edad. Este porcentaje es algo inferior al proporcionado por un 50 –

Estudio del Centro Reina Sofía donde el 80% de los adolescentes conocían este tipo de Violencia. (38) El porcentaje de hombres que nunca se ha sentido insultado o ridiculizado por su pareja en las situaciones planteadas en la encuesta, ha sido menor que el de las mujeres, pero la frecuencia de sentirse víctima de éste tipo de violencia, es mayor en mujeres.

En lo referente a ciberacoso, los hombres han mostrado una mayor tendencia a realizarlo, en todas sus variables, excepto en el control de su pareja a través del ordenador en el que han mostrado una mayor tendencia las mujeres.

Un 6,42% de las mujeres y un 10,29% de los hombres de nuestro estudio han difundido en Internet una imagen o datos comprometidos de contenido sexual. Este porcentaje se relaciona con el de otro estudio en el que dice que un 16,6% ha visto difundidas imágenes suyas comprometidas o de carácter sexual sin su consentimiento. Y un 14,7% de las chicas que han sufrido ciberacoso ha recibido algún mensaje para presionarlas a participar en actividades de tipo sexual. (34) Lo peor de estos resultados es que “el 25% de las adolescentes y el 36% de los chicos no consideran muy o bastante peligroso responder a un mensaje en el que alguien que no conoce le ofrece cosas. Además, el 5% de las chicas y el 16% de los chicos no creen peligroso colgar una foto suya de carácter sexual; de hecho, el 1,1% de las jóvenes y el 2,2% de los chicos reconocen haberlo hecho en alguna ocasión”. (34) El ciberacoso como forma de ejercer violencia de género, implica una serie de consecuencias que crean sensaciones de agobio, vergüenza, miedo, y afectan a las relaciones personales. Por ello, es necesario prevenir estas nuevas formas de violencia ayudándoles a tomar conciencia del riesgo que pueden implicar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en determinadas situaciones (37).

Es preciso prevenir que el aumento del tiempo dedicado a comunicarse a través de Internet o el teléfono móvil reduzca en exceso el tiempo dedicado a otras actividades o influencias necesarias para el desarrollo durante la adolescencia, como la comunicación directa con sus amigas/os así como con las personas responsables de su educación, porque a través de la comunicación cara a cara se proporcionan oportunidades de entrenamiento socioemocional de una – 51

mayor riqueza y complejidad que las que suele proporcionar la comunicación a través de las TICs (37).

El uso de las TICs y de las redes sociales impone una responsabilidad de doble dirección, los jóvenes pueden instruir a los adultos en el uso de las nuevas tecnologías, de su lenguaje y sus posibilidades y los adultos deben enseñar a los jóvenes a usarlas en su justa medida (5). Esta prevención debe realizarse reconociendo el valor de la utilización de dichas tecnologías y enseñando a utilizarlas correctamente (37).

Es importante transmitir al conjunto de la sociedad que la erradicación del modelo de educación desigual entre hombres y mujeres que conduce a la violencia de género es una tarea que afecta a todas las personas y contextos desde los cuales se reproduce o se transforma la cultura, incluyendo las TICs (37).

Conclusiones: 1. En nuestro estudio con una muestra de 255 jóvenes españoles (68 hombres y 187 mujeres) de 17 a 29 años, más de la mitad de las personas encuestadas (59,61 %) afirman tener conocimiento de violencia de género en parejas de su edad (11,37 % hombres y 48,24 % mujeres), y de ellas además un 20 % sabe de la existencia de violencia física y un 27,06 % violencia psíquica.

2. El control vía teléfono móvil en nuestra encuesta lo sufren más las mujeres que los hombres, mientras que el control a través de las redes sociales, lo sufren más los hombres aunque con porcentajes muy similares. Sin embargo, las mujeres son víctimas en general con mayor frecuencia de insultos y ridiculizaciones sobre todo en el ámbito privado y delante de los amigos.

3. La violencia ejercida por los chicos hacia las chicas es más grave, como se demuestra en nuestro trabajo, donde la frecuencia de la distribución de imágenes o datos comprometidos de contenido sexual por internet es casi el doble en hombres que en mujeres. Al igual que la divulgación por internet de grabaciones con móviles en las que se intimida, agrede o persigue a otra persona que también lo realizan el doble de hombres que de mujeres en nuestra muestra.

4. En el ciberacoso los hombres y las mujeres son víctimas en una proporción mucho más cercana que la que suele ocurrir en el caso de 52 –

violencia de género en la que no se utilizan las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

5. El 25 % de las chicas y el 36 % de los chicos adolescentes no consideran peligroso responder a un mensaje en el que alguien que no conoce le ofrece cosas. Por lo que el ciberacoso no es recocido como forma de violencia de género, teniendo unas consecuencias muy graves que afectan a las relaciones personales creando sensaciones de agobio, vergüenza y miedo.

6. Hay que prevenir que el aumento del tiempo dedicado a comunicarse a través de Internet o el teléfono móvil reduzca en exceso el tiempo dedicado a otras actividades o influencias necesarias para el desarrollo durante la adolescencia. Esta prevención debe realizarse reconociendo el valor de la utilización de dichas tecnologías y enseñando a utilizarlas correctamente.

7. La erradicación del modelo de educación desigual entre hombres y mujeres que conduce a la violencia de género es una tarea que afecta a todas las personas y contextos desde los cuales se reproduce o se transforma la cultura, incluyendo las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs).

8. Como futuros profesionales médicos, durante el ejercicio de nuestra profesión, nos encontraremos ante alguna situación que implique violencia de género, por lo que deberemos ser capaces de detectarla lo más precozmente posible, y ofrecer toda la ayuda y protección para que puedan denunciar y salir de esta terrible situación.

CAMPAÑA “DIEZ FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL”, impulsada por el Ministerio de Sanidad el día 28 de marzo de 2017, con la colaboración de Twitter y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El avance tecnológico ha supuesto la eliminación de barreras a la hora de comunicarnos, pero también ha supuesto la aparición de nuevas formas de maltrato hacia la mujer.

Según el estudio sobre la “Percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud” realizado por el CIS para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las situaciones de violencia de género – 53

en la adolescencia se están manifestando con frecuencia creciente y en muchas ocasiones.

TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN “En la juventud, para erradicar la violencia contra la mujer, es esencial trabajar en la prevención para desarrollar la igualdad entre hombres y mujeres y evitar que la sociedad del mañana siga ejerciendo violencia por razón de género”, ha señalado la ministra.

Es por ello que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, PantallasAmigas y Twitter se han unido para concienciar y erradicar una de las formas de violencia de género más común entre adolescentes, la violencia de género digital que se da a través del control y el abuso en las redes e Internet.

La campaña, a través de diez imágenes animadas, centra su foco en mostrar cómo violencia de género acciones que algunos chicos adolescentes realizan con sus parejas o exparejas. El objetivo es visibilizarlas y provocar la reflexión para su posterior rechazo.

CONTROLAR, ESPIAR, OBLIGAR… ES VIOLENCIA DE GÉNERO Estos son los comportamientos sobre los que la campaña quiere llamar la atención de la población más joven con el fin de provocar primero la reflexión para que, después, sean eliminarlas como prácticas limitantes y agresivas.

1. Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil 2. Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas 3. Espiar el móvil de tu pareja 4. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales 5. Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales 6. Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización 7. Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas 8. Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales 9. Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona 10. Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online Los mensajes, aunque identifican formas de daño psicológico, presentan a unas mujeres empoderadas y apoyadas por las personas cercanas y la sociedad, ejerciendo resistencia a las situaciones de control y agresiones ejercidas por sus parejas.

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Además de una imagen que se distribuirá en las redes sociales, cada una de las diez acciones se encuentra reflejada en una breve animación. Estas animaciones, por un lado, ayudan a comprender mejor el mensaje y a empatizar con la situación y, por otro, contribuirán a su viralización y visibilidad en diferentes plataformas.

La campaña incorpora el hashtag #HaySalida, lema promovido en anteriores acciones por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y el hashtag #fuerzaenmivoz, utilizado por Twitter en su línea de actuación para fortalecer la voz de las mujeres en Internet a través del diálogo con la comunidad, la difusión de las herramientas y reglas de la plataforma, y el desarrollo de iniciativas conjuntas con la sociedad civil.

JUNTOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Esta campaña es un ejemplo de “trabajo conjunto y coordinado” de la sociedad civil y las instituciones: “La violencia de género afecta a los derechos más fundamentales de la mujer, y por ello desde el Gobierno lo planteamos como un problema de Estado que requiere el compromiso de toda la sociedad”, ha recordado la ministra.

En este sentido, “estamos trabajando en el marco de las Cortes Generales para lograr un Pacto de Estado, pero también requiere de una respuesta social en la que se visualice el rechazo y la colaboración de todos los españoles contra la violencia machista”.

La campaña está colgada en el canal de youtube de PantallasAmigas: https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g

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III. VIOLENCIA Y MALOS TRATOS EN LAS PERSONAS MAYORES

“El maltrato de las personas mayores es una violación de los derechos humanos y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación.”

“Enfrentarse al maltrato de personas mayores y reducirlo requiere un enfoque multisectorial y multidisciplinario.”

Envejecimiento activo, Un marco político. OMS, 2002.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus datos interesantes sobre el envejecimiento (117), señala: La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados.

Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo.

El cambio demográfico será más rápido e intenso en los países de ingresos bajos y medianos.

Por ejemplo, tuvieron que trascurrir 100 años para que en Francia el grupo de habitantes de 65 años o más se duplicara de un 7% a un 14%. Por el contrario, en países como el Brasil y China esa duplicación ocurrirá en menos de 25 años.

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Habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias que nunca antes.

Por ejemplo, entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 millones. Es un acontecimiento sin precedentes en la historia que la mayoría de las personas de edad madura e incluso mayores tengan unos padres vivos, como ya ocurre en nuestros días. Ello significa que una cantidad mayor de los niños conocerán a sus abuelos e incluso sus bisabuelos, en especial sus bisabuelas. En efecto, las mujeres viven por término medio entre 6 y 8 años más que los hombres.

El hecho de que podamos envejecer bien depende de muchos factores.

La capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de la vida, alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta y, naturalmente, a partir de entonces empieza a declinar. El ritmo del descenso está determinado, al menos en parte, por nuestro comportamiento y las cosas a las que nos exponemos a lo largo de la vida. Entre ellas cabe mencionar lo que comemos, la actividad física que desplegamos y nuestra exposición a riesgos como el hábito de fumar, el consumo nocivo de alcohol o la exposición a sustancias tóxicas.

Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmisibles.

Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes, en vez de infecciones y parasitosis. Además, es frecuente que las personas mayores padezcan varios problemas de salud al mismo tiempo, como diabetes y cardiopatías.

En todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas.

En los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. En los centros asistenciales como los asilos, se cometen actos abusivos como maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad (por ejemplo, al no cambiarles la ropa sucia) y negarles premeditadamente una buena asistencia (como permitir que se les formen úlceras por presión). El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración.

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La necesidad de asistencia a largo plazo está aumentando.

Se pronostica que de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden valerse por sí mismos se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo. Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo, que puede consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías prolongadas en hospitales.

A medida que las personas vivan más tiempo, en todo el mundo se producirá un aumento espectacular de la cantidad de casos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer.

El riesgo de padecer demencia aumenta netamente con la edad y se calcula que entre un 25% y un 30% de las personas de 85 años o más padecen cierto grado de deterioro cognoscitivo. En los países de ingresos bajos y medianos los ancianos aquejados de demencia por lo general no tienen acceso a la atención asequible a largo plazo que su afección puede requerir. Muchas veces, la familia no recibe ayuda gubernamental para ayudar a cuidar de estos pacientes en casa.

En las emergencias, las personas mayores pueden ser especialmente vulnerables.

Cuando las comunidades son desplazadas por desastres naturales o conflictos armados, puede ocurrir que los ancianos sean incapaces de huir o de viajar grandes distancias, por lo cual se los abandona. Por el contrario, en muchas situaciones estas personas pueden ser un recurso valioso para sus comunidades y en la prestación de la ayuda humanitaria cuando se involucran como líderes comunitarios En octubre del 2002 se publica por la OMS el PRIMER INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD (118) que aborda la violencia como un problema de salud pública en todo el mundo. Este Informe no sólo se centra en la magnitud del problema sino que aborda también cuestiones relacionadas con las causas de la violencia y los métodos para poder mitigar sus consecuencias negativas para la sociedad y la salud. Además de las facetas como la violencia colectiva, como las guerras o los conflictos, en el Informe se examinan 58 –

cuestiones tan importantes pero relegadas a menudo a un segundo plano, como la violencia juvenil, el maltrato a menores, el maltrato de ancianos, la violencia contra la pareja, la violencia sexual, la violencia autoinfligida o los suicidios.

Cada vez está más extendida la convicción de que el maltrato de los ancianos a manos de sus parientes u otros cuidadores es un problema social grave.

Además, es probable que vaya en aumento, porque en muchos países la población está envejeciendo rápidamente. Por ejemplo, se prevé que, entre 1995 y 2025, la población mayor de 60 años se duplique y pase de 542 millones a 1200 millones aproximadamente (119). Al igual que el maltrato de menores, el maltrato de ancianos comprende agresiones físicas, sexuales y psíquicas, así como el abandono. Los ancianos son especialmente vulnerables a los abusos económicos, es decir, al uso inadecuado de sus fondos y recursos por parte de parientes u otros cuidadores.

Se dispone de poca información sobre la magnitud del maltrato de ancianos. Las escasas encuestas de base poblacional sobre esta cuestión indican que entre el 4% y el 6% de la población de edad avanzada sufre algún tipo de maltrato en el hogar y que esta situación algunas sociedades, las redes familiares o comunitarias que en el pasado brindaban apoyo a las generaciones de más edad se están debilitando debido a los rápidos cambios socioeconómicos; por ejemplo, en los países de la antigua Unión Soviética se está dejando que un número cada vez mayor de ancianos se las arreglen por sí solos, a menudo en comunidades en las que la inestabilidad ha propiciado altas tasas de delincuencia y violencia.

Los hombres ancianos corren un riesgo de sufrir maltrato por parte de sus cónyuges, hijos adultos u otros parientes de proporciones similares al que corren las mujeres (120, 121), pero, en las culturas en las que las mujeres ocupan una situación social inferior, las ancianas corren un riesgo especialmente alto, por ejemplo, de ser abandonadas cuando enviudan y de que se les arrebaten sus propiedades. Algunas creencias tradicionales ponen asimismo a las mujeres de edad avanzada en peligro de sufrir violencia física. En la República Unida de Tanzanía, por ejemplo, se mata cada año a unas 500 ancianas acusadas de brujería (122).

En centros como hospitales y residencias de ancianos, el maltrato es más frecuente cuando los niveles de atención son bajos, el personal está mal preparado o tiene exceso de trabajo, las interacciones entre el personal y los ancianos – 59

son difíciles o el entorno físico es deficiente, y allí donde las políticas favorecen más a los intereses del centro que a los internos (123).

Además, pocos médicos o enfermeras han recibido formación para diagnosticar el maltrato en los ancianos, y los sistemas de salud no siempre consideran prioritaria la atención a la población de edad avanzada (124). Hacer frente al problema de las actitudes y prácticas discriminatorias en los sistemas de salud es un paso importante para prevenir el maltrato de ancianos.

Entre el 4% y el 6% de los ancianos sufren algún tipo de maltrato en el hogar, y también ocurre con más frecuencia de lo que se cree en los centros de atención de salud.

Según el Informe, el maltrato a los ancianos es uno de los rostros más ocultos de la violencia que además tiene muchas probabilidades de aumentar porque en muchos países la población va envejeciendo rápidamente. Hasta un 6% de los ancianos declaran haber sufrido maltrato.

El maltrato de las personas mayores, como un problema global, ha sido reconocido sólo recientemente. El trabajo desarrollado por la INPEA (Red internacional de prevención del abuso y maltrato en la vejez), y el énfasis puesto por la Organización Mundial de la Salud para la prevención del maltrato de las personas mayores, han contribuido en forma significativa a elevar la toma de conciencia a nivel mundial.

El maltrato al anciano se define como cualquier acto, sea único o reiterado, o falta de acción apropiada que cause daño o angustia a una persona de edad y que se produzca en cualquier relación donde exista una expectativa de confianza.

El abuso y la exclusión de personas mayores han estado presentes en toda la historia y la literatura universales, pero siempre se han visto o se han querido ver como algo infrecuente y lejano. Hoy, el envejecimiento rápido de la población, los cambios de la estructura de la familia, la migración y la urbanización creciente hacen imposible hacen imposible que mantengamos los ojos cerrados. Aunque el abuso a los ancianos se produce en familias de todos los niveles socioeconómicos, es más frecuente en sociedades que sufren crisis económicas e inestabilidad social, situaciones en que el delito y la explotación tienen a crecer. En nuestras comunidades hay cada vez más casos de abusos a nuestros mayores, pero éste siendo todavía un tema tabú que se denuncia muy poco en todas las culturas. (39) El maltrato de las personas mayores es una violación de los derechos hu60 –

manos y una causa importante de lesiones, enfermedades, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación. Enfrentarse al maltrato de personas mayores y reducirlo requiere un enfoque multisectorial y multidisciplinario (40). En el que se impliquen la justicia, los trabajadores sanitarios y sociales, los líderes sindicales, los líderes espirituales, las instituciones religiosas, las organizaciones de seguridad y las propias personas mayores.

Las personas ancianas más frágiles o que viven solas son más vulnerables al abuso cometido por miembros de su propia familia o por cuidadores institucionales conocidos por las víctimas. En general, se puede afirmar que la mujer anciana y pobre es la más vulnerable.

Aproximadamente, un 4% de las personas mayores de 65 años son víctimas de malos tratos. Los ancianos más vulnerables suelen ser aquellos que son dependientes para todas las actividades de la vida diaria, son personas de edad avanzadas con trastornos cognitivos y discapacidades funcionales, y con pocos contactos sociales. Esta relación de dependencia y el estrés derivado de la misma podría precipitar la aparición de alteraciones psicopatológicas en el cuidador (neurosis, ansiedad, alcoholismo, depresión, etc.) y finalmente, de conductas agresivas. (39) La Organización Mundial de la Salud, reconoce el importante papel que tienen los profesionales de la asistencia primaria en la detección de los síntomas de abuso y maltrato, así como en el reconocimiento de los potenciales factores de riesgo a que se enfrentan los ancianos tanto en sus hogares, como en las instituciones. (40) El maltrato del anciano es el menos frecuente dentro de la violencia doméstica pero la detección y registro de casos son todavía que en otras formas de violencia; algunos autores hablan de un registro por cada seis casos existentes, mientras que otros apuntan que existe una relación de un registro por cada 15 casos. La mayoría de los registros los llevan los trabajadores sociales, y a mucha distancia están los registros del personal de enfermería y, por últimos los profesionales médicos.

A nivel nacional, los datos sobre incidencia en el maltrato se derivan de dos estudios realizados, uno en el ámbito hospitalario que obtuvo una incidencia del 8,5 %, y otro realizado por T. Bazo para el CSCIC, que se centró en la población que recibía ayuda domiciliaria, con una incidencia del 4,7 % de maltrato. (41) Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se estima que al– 61

rededor de un 5% de los mayores de 65 años sufren malos tratos, en su mayoría por miembros de su propia familia. Su manifestación más frecuente es en forma de negligencia en el cuidado, seguido del maltrato psicológico. Podemos hablar de cifras aproximadas ya que la mayoría de casos no se denuncian.

A nivel mundial, la situación no es mejor. Se habla de entre un 3% y un 10% de personas mayores que padecen malos tratos en el mundo (42).

Tipos de abusos Podemos hablar de cuatro tipos de abusos en las personas mayores (43).

Con frecuencia estas distintas formas de abuso se superponen unas a otras en una misma persona.

Abusos físicos Son actos de violencia que pueden producir dolor, daño físico, deterioro o enfermedad. Los más comunes que se producen contra las personas ancianas son los siguientes: -- Pegar, golpear, apalear -- Agredir con objetos -- Posición incorrecta -- Forzar la alimentación -- Uso inadecuado de sujeciones mecánicas o medicamentos -- Coacción o Abuso sexual (cualquier forma de contacto o exhibición sexual sin el consentimiento de la persona anciana, o cuando la persona es incapaz de dar su consentimiento). Es mucho más habitual de lo que suele pensarse en un primer momento.

Las consecuencias de este tipo de maltrato pueden ser muy variables, llegando incluso a la muerte del agredido. Lo habitual es que se produzcan lesiones no muy severas que incluyen contusiones, abrasiones, hematomas, y ocasionalmente fracturas, quemaduras u otras heridas. También hallazgos de laboratorio que indican sobredosis o infradosificación de medicamentos, así como enfermedades venéreas o infecciones genitales no explicadas.

El abuso físico habitualmente implica producción de dolor o malestar a través del ataque físico directo o de una forma de cuidado que implique algún tipo de violencia.

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Abusos psicológicos Son conductas que provocan daño mental o emocional en el anciano.

Como ejemplos de ello tenemos las siguientes formas de agresión: -- Verbales (gritos, insultos, amenazas) -- Aislamiento social provocado (aislar de la familia, amigos o actividades) -- “Silencios ofensivos” (ignorar al anciano) -- Amenazas de castigo o privación -- Dejar al anciano solo durante largos períodos de tiempo -- Humillaciones e infantilización de las personas ancianas -- No proporcionarle compañía, cambios en su rutina, noticias o información -- Amenazas de abandono o institucionalización: quizás constituye la forma de abuso psicológico más importante. Una variante de esto sería la violación de los derechos civiles (como, por ejemplo, el de la intimidad, o forzar el ingreso en una residencia).

El anciano maltratado presenta un estado manifiesto de nerviosismo, ansiedad, llegando a la depresión. No se proporcionan estímulos sociales a un individuo anciano dependiente. Se puede hablar de Negligencia Psicológica.

Negligencia física Consiste en la incapacidad de los cuidadores para proporcionar los bienes y servicios que son necesarios para un óptimo funcionamiento o para evitar el daño. Así tenemos: -- Malnutrición, Deshidratación, Higiene inadecuada -- No proporcionar ayudas físicas, como gafas, ayudas auditivas o prótesis -- dentales. Vestimenta inapropiada.

-- Administración incorrecta de medicamentos -- No proporcionar medidas de seguridad -- Falta de cuidados médicos.

Se trata quizás del tipo de abuso más frecuente en las personas ancianas, con el agravante de que habitualmente el propio cuidador no es consciente de estar actuando de manera negligente. En base a esto, se puede clasificar como: -- Negligencia Pasiva o no intencional: sucede por la falta de conocimientos por parte del cuidador de hacer lo apropiado (por ejemplo, desco– 63

nocer que el anciano tiene que andar, o bien hacerle frecuentes cambios posturales).

-- Negligencia Activa o Intencional: cuando se es consciente de los cuidados apropiados a realizar o cómo obtenerlos, pero no se utilizan apropiadamente, como buscar atención médica para el anciano que está enfermo.

A pesar de que la negligencia es algo que se ve como un problema menos grave, puede conducir a estados peligrosos para la vida en caso de seguir sin detectarse o sin tratarse. Estos comportamientos negligentes interfieren en la capacidad del paciente de combatir una enfermedad grave. Suceden con frecuencia en personas mentalmente incapacitadas y en los que abusan del alcohol u otras sustancias que dificulten su capacidad para tomar decisiones racionales referentes a su bienestar.

Se puede observar un abandono pasivo, en el que el cuidador desconoce las necesidades del anciano o no son resueltas adecuadamente, por falta de tiempo, habilidades, etc. Y un abandono activo, en el que hay un daño deliberado al bienestar del anciano al negarle o limitarle el acceso a las necesidades básicas.

Abuso económico o material Mal uso de los ingresos o recursos de una persona anciana para ganancia económica o personal del cuidador. Se llega incluso a negar el acceso del anciano a sus propios bienes. Incluimos aquí los robos directos, el mal uso o abuso del dinero en base a la confianza recibida, así como estos mismos conceptos referidos a propiedades o posesiones. Ejemplos de ello son: - Negar al anciano la vivienda. Ocultar los bienes materiales.

-- Coartar al anciano a que firme contratos o asigne poderes notariales a alguien, compra de bienes o cambios en el testamento.

-- Utilización del dinero del paciente para satisfacer necesidades personales -- Robarle dinero o posesiones Según datos de la International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), el 4% de los mayores de 60 años sufre abuso psicológico. En nuestro país estos índices son similares. El abuso psicológico o emocional se define como “la acción de infligir pena, dolor o angustia por medio de acciones expresas o no verbales”. (44) 64 –

La INPEA afirma que el maltrato “es una acción única y repetida o la falta de una respuesta adecuada que ocurre dentro de cualquier relación en la que exista una expectativa de confianza, y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana”. La doctora Lía Daichman, vicepresidenta de la INPEA, explica que “para que exista maltrato tiene que haber una relación de confianza. Esto implica que el abusador puede ser desde un cuidador, un familiar, un médico o el cajero de un banco”. (44) El maltrato puede ocurrir en la casa del propio anciano, en la del cuidador, en los centros de atención diurna, en las instituciones geriátricas y en los hospitales.

En la actualidad se habla de Violencia Doméstica. Esta violencia se suele proyectar sobre las capas sociales más indefensas, más vulnerables a los abusos, a los malos tratos, con frecuencia de personas cercanas y próximas a su entorno familiar. Criminalización y victimización que atentan, generalmente, contra la tutela de derechos y libertades esenciales para instituciones y relaciones básicas en la convivencia y en la solidaridad ciudadanas (45).

Etiología y factores de riesgo Son numerosos y variados los factores que contribuyen al maltrato a los ancianos y ninguna teoría los explica. Parece atribuirse a una combinación de factores personales, psicosociales y económicos que afectan a las relaciones interpersonales e intrafamiliares.

El aumento de la expectativa de vida de muchas personas ancianas significa vivir dependiendo de algún familiar (46). El factor de estrés que esta dependencia lleva, pasa a determinar el peligro para el anciano de sufrir abusos por parte de algún familiar, de algún amigo, o de algún cuidador. Este fenómeno está aumentando.

Aunque no se puede apoyar cualquier tipo de explicación de la causa del maltrato de personas mayores, se han propuesto varias teorías (47): -- Deterioro del anciano: Es un deterioro físico o mental por el que el cual pasa a depender de otras personas para sus cuidados y, por tanto, se vuelve vulnerable al maltrato o la negligencia.

-- Patología de quien maltrata: El cuidador no puede tomar decisiones apropiadas sobre los cuidados del anciano (Negligencia) o cuida de – 65

él de forma no apropiada (Maltrato). Hablamos de psicopatología de quien maltrata como serían los trastornos de la personalidad o del carácter, abuso del alcohol u otras sustancias, o demencia.

-- Tensión del cuidador: El cuidador puede estar demasiado fatigado o deprimido debido a sus tareas de cuidador. Los factores estresantes externos, como un conflicto conyugal, problemas económicos u otras responsabilidades derivadas de su trabajo, pueden reducir la capacidad de afrontamiento eficaz del cuidador.

-- Violencia transgeneracional: Las personas que maltratan, y que en su infancia fueron víctimas del maltrato, pueden desquitarse contra los padres ancianos. En este tipo de familias pueden ver la violencia como un tipo de reacción normal o aceptable a la tensión.

-- Actitudes sociales: Actitudes negativas hacia los ancianos, mujeres y pacientes incapacitados pueden contribuir al maltrato y la negligencia.

El maltrato puede deberse a un mal autocontrol del agresor o a unos mecanismos ineficaces para manejar las situaciones. Con independencia de su etiología, el maltrato y el abandono pueden suponer importantes riesgos para la seguridad del adulto mayor y deberían tenerse en cuenta en cualquier intento de salvaguardar las necesidades de seguridad del mismo.

Podemos hablar de dos tipos de riesgo para el anciano (12): 1. Carecer de las atenciones que su estado requiere o convertirse en víctima de violencia verbal, o incluso física, por parte de los miembros de la propia familia.

2. Ser ingresado en una residencia de las destinadas a la tercera edad, en la que puede correr los mismos riesgos mencionados en el apartado anterior, cuando la residencia no cumple los requisitos exigidos por la normativa vigente.

El anciano es un ser vulnerable, frágil, lo cuál le predispone, aunque no se justifica en ningún caso, a sufrir malos tratos. El estrés del cuidador, combinado con los conflictos no resueltos con el anciano, sus problemas emocionales, la falta de apoyo familiar o comunitario, pueden provocar frustración y maltrato o abandono. El estrés y la frustración pueden incrementarse por las crecientes incapacidades físicas y/o mentales del adulto mayor, provocando los malos tratos.

El proceso de envejecer lleva asociados una serie de cambios que afectan directamente al anciano. Desde una perspectiva social, la vejez se caracteriza 66 –

principalmente por el cambio de roles y, frecuentemente, por la pérdida de algunos de ellos, siendo lo más evidente la pérdida del rol profesional que ocurre en el momento de la jubilación. Estos y otros cambios en las relaciones interpersonales afectan al ámbito laboral, familiar y social del individuo. La jubilación implica, además de la pérdida del rol profesional, una disminución de los ingresos económicos, una pérdida de las oportunidades de relaciones sociales derivadas del trabajo y una mayor cantidad de tiempo libre. A pesar de los numerosos cambios que implica, la adaptación a esta nueva situación mediante la adopción de nuevas rutinas y actividades suele ser satisfactoria (48).

En la vejez se producen cambios en las relaciones familiares. Los hijos son adultos y, por lo general, abandonan el hogar paterno, demandando otro tipo de atención y apoyo, como el cuidado de nietos, la colaboración económica y/o doméstica, etc. Se mantienen así buenas relaciones hasta llegado el momento en que el anciano, que se ha valido por sí mismo, con total independencia, pasa a ser dependiente por diversos motivos, como puede ser la enfermedad y muerte del cónyuge que obligan a una reestructuración de los patrones de funcionamiento cotidianos. De hecho, la reacción emocional ante la muerte del cónyuge es compleja y puede incluir sentimientos de ira, negación, alivio y culpa; con frecuencia presentan sintomatología depresiva. Para adaptarse a estas nuevas situaciones precisan de la ayuda familiar así como del asesoramiento e intervención psicológica y social.

Las redes sociales de las personas mayores, en comparación con otras edades, tienden a ser más reducidas, disminuyendo la frecuencia de sus contactos interpersonales. Adquiere una mayor importancia la figura del “confidente”, muy significativa para el bienestar de la persona mayor. Este papel suele estar desempeñado en primer lugar por el cónyuge, seguido de amigos, hijos y hermanos (48).

Una de las funciones más importantes atribuidas al “confidente” es la de proporcionar apoyo emocional. Este tipo de apoyo social influye en el mantenimiento de la autoestima durante la vejez y tiene una posible función “amortiguadora” en relación con pérdidas físicas y sociales (49).

Otro aspecto a destacar es la imagen social que se nos presenta de las personas mayores. Se hace referencia, fundamentalmente, a su inutilidad, incapacidad, deficiente estado de salud, inactividad, “rigidez” e inflexibilidad u otros defectos. Según Lehr (50), los estereotipos negativos sobre la vejez son reforza– 67

dos por distintas vías: cuentos populares, libros de texto, medios de comunicación, anuncios dirigidos a los mayores (sobre todo procedentes de la industria farmacéutica), determinadas estadísticas que sobrevaloran la prevalencia de la enfermedad en esta edad, de los trastornos depresivos o sentimientos de inutilidad, o interpretaciones políticas acerca del impacto negativo del envejecimiento poblacional, el estado de salud de los mayores, etc.

Podemos hablar así de discriminación social. El anciano está marginado socialmente debido a sus limitaciones propias de la edad que le hace un ser más indefenso frente a una sociedad que le es hostil. Hay diversas muestras de ello como son la difícil convivencia intergeneracional, la mala imagen que proyectan los medios de comunicación (gerontofobia), limitaciones a determinados derechos, barreras arquitectónicas, abusos y malos tratos...

Respecto a las Barreras Arquitectónicas el anciano debe contar con facilidades y ayudas que le hagan la vida más confortable; si no cuenta con ello, va limitando cada vez más sus movimientos y desarraigándose incluso del grupo y del medio del cual ha formado parte durante su vida (51). Al aumentar las dificultades en su entorno, hacen que el anciano muchas veces opte por no desplazarse con tal de no enfrentarse a tantos obstáculos. Los aspectos de mayor interés en el ámbito urbano que inciden más directamente en la población anciana son todos aquellos que se refieren a la vivienda, a los espacios de uso comunitario y al transporte público.

En cuanto a la vivienda podemos encontrar: instalaciones obsoletas (agua, electricidad, sanitarios, etc.), cuartos de baño inadecuados (bañeras, depósitos de agua, falta de ducha, etc.), cocinas poco adecuadas, falta de calefacción, etc.

Por otro lado merece consideración las instalaciones excesivamente mecanizadas a las que no suelen estar habituados y presentan dificultades para su manejo (electrodomésticos, escaleras mecánicas,...); sin embargo, con instrucciones precisas y aprendizaje puede paliarse esta dificultad. La falta de ascensores en las viviendas, los escalones demasiado altos o en excesivo número, la falta de barandillas y pasamanos poco seguros, los suelos resbaladizos son elementos que condicionan y afectan la independencia del anciano.

Los espacios de uso comunitario también presentan obstáculos: mala señalización, dobles puertas, accesos inadecuados, falta de barandillas, asientos poco adecuados,... Además hay otros condicionantes: el tráfico, las aglomera68 –

ciones, la altura de los bordillos o el mal estado de algunas aceras, la duración de los semáforos, la inexistencia a veces de señales acústicas, los pasos peatonales.

El uso de transportes públicos, como el autobús, les crea limitaciones: altura de los escalones de acceso, falta de barras para sujetarse, pocos asientos, etc., que hace difícil la sustentación.

El medio rural también presenta dificultades para el anciano: las viviendas rurales en su mayoría suelen tener dos o tres plantas y suelen confinar al anciano con alguna limitación física a un solo espacio (cocina, habitación, etc.). En algunos pueblos de montaña puede resultar difícil caminar por sus calles debido a las pendientes que presentan o por la existencia de escaleras para salvar los desniveles, que en ocasiones no son demasiado seguras ya sea por el pavimento o bien por la falta de agarraderos.

Si analizamos en conjunto todos estos aspectos nos damos cuenta que, de un modo u otro, a través del ámbito familiar, social, psicológico, estamos discriminando al anciano y esto nos conduce a situaciones límite que pueden llevar al abuso y maltrato de las personas mayores de una forma consciente o no, pero que, de cualquier modo, es una agresión no justificable hacia la persona anciana.

Según diferentes estudios los principales FACTORES DE RIESGO de Abusos y Malos Tratos en las personas mayores (52), se exponen a continuación: -- Deterioro funcional del anciano (dependencia importante para las actividades de la vida diaria).

-- Alteración de las funciones cognitivas (reducción de las capacidades intelectuales de una persona mayor).

-- Aislamiento social.

-- Fragilidad.

-- Dependencia excesiva de otras personas.

-- Convivir en el mismo domicilio por acuerdo previo (el responsable del abuso habita con la víctima).

-- Cuidador con alteraciones psicológicas.

-- Ambiente familiar perturbado por causas externas.

-- Historia previa de violencia familiar.

De todo esto podemos tener una idea de las características (perfiles) que tendría la víctima y el responsable del maltrato (53).

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Perfil de la posible víctima - Sexo: Mujer.

-- Edad: 75 años ó más.

-- Estado civil: Viuda.

-- Importante deterioro funcional por una enfermedad crónica y/o progresiva (por ejemplo, Enfermedad de Alzheimer, Parkinson, ACV).

-- Dependiente de su cuidador para la mayoría de las actividades de la vida diaria.

-- Portadora de problemas y conductas anómalas: incontinencia, agresividad, agitación nocturna -- Convive con un familiar que es el principal y único cuidador.

-- Antecedentes previos de lesiones inexplicables y recurrentes.

-- Presenta signos de malnutrición, deshidratación, mala higiene o intoxicación medicamentosa.

-- Aislamiento social.

Perfil del cuidador responsable del abuso -- Parentesco con la víctima: hijo, hija, esposo.

-- No acepta el papel de cuidador. No asume la responsabilidad que eso conlleva.

-- Depende del anciano desde el punto de vista económico y la vivienda suele ser de la víctima.

-- Consumidor de fármacos, alcohol y drogas.

-- Antecedentes de enfermedad psiquiátrica o alteraciones de la personalidad.

-- Tiene pobres contactos sociales.

-- Renuncia a las ayudas médicas y de la comunidad.

-- En las entrevistas suele ser hostil, irritable y suspicaz.

-- Demuestra pérdida del control de la situación.

-- Historia previa de violencia familiar (esposa, niños).

-- Sufre estrés por causas diversas (pérdida de trabajo, portador de cualquier enfermedad, problemas conyugales).

El cuidado de los familiares de edad avanzada ha sido siempre una preocupación de las familias y de la sociedad. Cada vez hay más personas que precisan 70 –

algún tipo de ayuda para desenvolverse en su vida diaria, ajustarse a su medio e interactuar con él.

La capacidad de vivir más años no ha ido acompañada de una aptitud similar para retrasar la pérdida de independencia, sino que, por el contrario, el aumento de la necesidad de cuidados y atención a las personas dependientes impone un desafío cada vez mayor a las familias y la sociedad.

La responsabilidad de proporcionar, día a día, ayuda a un familiar que está en situación de fragilidad tiene un importante impacto físico y psicológico sobre la vida de los cuidadores y el resto de la familia.

La adquisición del rol de cuidador supone un proceso que influye en la forma que posteriormente se prestan los cuidados. Una vez que el cuidador ha asumido el rol, comienza la fase en que se presta la mayor parte de ayuda y atención a su familiar. Esta fase, la más larga, es en la que se producen muchas de las consecuencias negativas asociadas al cuidado (48). La familia se plantea la posibilidad de que el familiar se traslade a una residencia, una etapa especialmente conflictiva en el ámbito familiar, cuando surjan dudas y discrepancias.

Algunos cuidadores de personas mayores que presentan elevados niveles de dependencia pueden manifestar bajos o nulos niveles de malestar, mientras que otros cuidadores de personas con un grado de dependencia moderado o bajo pueden mostrar elevados niveles de malestar y sufrimiento. Según transcurre el tiempo, existen cuidadores que se van adaptando con éxito a las sucesivas demandas del cuidado, mientras que otros experimentan progresivamente una mayor saturación y carga del cuidado.

Se puede hablar así de un Modelo de Estrés aplicado al Cuidado (48). El cuidado de personas mayores dependientes ha sido identificado como uno de los acontecimientos que más estrés puede producir en la vida de una familia, al tratarse de una situación de estrés crónico que se mantiene en el tiempo. Las consecuencias son diversas y afectan a distintos aspectos de la vida de las familias y de sus miembros: emocional, social, económico, laboral, tiempo libre, etc.

Hay estresores primarios como la sobrecarga y el sentirse atrapado en el rol de cuidador que, con el tiempo, afectan a otras áreas de la vida de los cuidadores, provocando la aparición de lo que se ha denominado estresores secundarios (por ejemplo, conflictos familiares).

La respuesta presente y futura al cuidado requerirá un aumento de la integración de los sistemas de ayuda formal e informal, una mayor presencia de – 71

cuidadores profesionales y una planificación del cuidado más comprensiva y coordinada de la que se lleguen a beneficiar las personas mayores y, en su caso, sus familiares (48).

El apoyo social, los recursos proporcionados por otras personas, constituye un factor que favorece la salud y la adaptación a la enfermedad. Repetidamente se ha comprobado que las redes sociales y el apoyo social son elementos cruciales para la salud física y psicológica, y se ha constatado especialmente la relación entre estrés, enfermedad y apoyo social. Así, se sabe que el apoyo social favorece una disminución del estrés en momentos de crisis e impide la aparición de la enfermedad y que, si el individuo ya está enfermo, puede favorecer su adaptación y su recuperación.

La situación social es un condicionante básico del estado de salud de los pacientes ancianos en estrecha interconexión con el estado clínico, funcional y mental (54).

En general, puede decirse que el apoyo social tiene una relación negativa con la enfermedad y que, cuanto mayor sea el apoyo social con que cuenta la persona, más baja es la probabilidad de que enferme.

La importancia de las relaciones sociales sobre la salud es evidente en el hecho de que las personas con escasas relaciones sociales muestran un riesgo mayor de mortalidad; el aislamiento social en sí mismo es un factor principal de riesgo de mortalidad (55).

Entre las personas mayores, un importante elemento de apoyo social es el estado civil. Ser viudo/a, soltero/a, divorciado/a o separado/a incrementa de forma notable la probabilidad de institucionalización, que, a su vez, aumenta si la persona tiene un bajo nivel de ingresos y es mujer (56). También en la vejez, la falta de participación en actividades sociales está asociada al declive funcional (57).

Parece que para las personas mayores viudas los hijos no constituyen una fuente de apoyo tan buena como otras personas viudas. En el caso de los cuidadores, parece que la eficacia depende del tipo de apoyo, la naturaleza del problema y la fuente de apoyo; en los problemas específicos que comporta el cuidado, lo más adecuado para prevenir la sobrecarga es el apoyo instrumental por parte de personal cualificado y entrenado; sin embargo, para disminuir la sobrecarga emocional, lo más adecuado es el apoyo emocional de otros cuidadores (48).

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Decisiones en medicina y edad En muchas ocasiones se nos plantea el hecho de cómo actuar ante una persona mayor a la hora de tomar una decisión de tipo médico. La pregunta que nos surge es qué hacer ante una intervención quirúrgica, o ante un determinado tratamiento farmacológico o ante terapia antitumoral. Y, la mayoría de las respuestas, se sintetizan en expresiones como: “ para qué vamos a molestarle”, o bien, “ no merece la pena”. Todo esto nos lleva a pensar que estamos discriminando a los ancianos.

Los criterios para dar atención no deben estar en función de la edad; se tienen los mismos derechos para todas las etapas de la vida (58).

En la sociedad en que vivimos, se considera que el anciano tiene habitualmente limitada o alterada su capacidad intelectual por efecto de la edad o de las enfermedades y, por tanto, carece de capacidad de decisión acerca de situaciones relativas a la salud, sus bienes o sus intereses. Esto es del todo injusto. Casi todos los ancianos son capaces y tienen el derecho de tomar decisiones por sí mismos, sólo un grupo menor que esté afectado por alguna enfermedad como la demencia tiene el problema de la competencia mental; en esta situación, otros habrán de tomar tal responsabilidad.

Mientras no se demuestre tal deterioro intelectual o mental, el anciano puede decidir siempre lo que crea más adecuado para sus intereses. Es pues plenamente “autónomo”. En relación con esta autonomía debe ser informado de su enfermedad, de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que precise, así como del pronóstico de la enfermedad y de las alternativas al tratamiento.

Todo el proceso de información debe realizarse ponderando los riesgos y los beneficios que pueden obtenerse de él y actuando siempre hacia el mayor beneficio del anciano.

Hay distintas actitudes respecto a este tema. Algunos autores apoyan la reducción en la atención sanitaria a la población anciana, ya que consideran que los resultados obtenidos serían escasos y no justifican un coste elevado.

Otros consideran que desde el punto de vista ético se debe atender a las personas menos favorecidas biológica y socialmente, entre los que se encuentran los ancianos.

Hay que tener presente que la edad “per sé” no debe ser criterio de contraindicación ante cualquier decisión médica, sino un parámetro más a tener en cuenta a la hora de valorar los riesgos.

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Toda decisión que se nos plantee respecto al anciano ha de ser tomada conjuntamente con el propio enfermo y su familia, sobre todo cuando haya dudas de cómo actuar para reportar mayor beneficio al enfermo.

Existen posibles explicaciones del por qué de esta discriminación. Algunas de ellas serían las siguientes: - Miedo a reacciones adversas y complicaciones ante un determinado tratamiento farmacológico. Quizás se deba a la ignorancia acerca de las modificaciones farmacodinámicas y farmacocinéticas que se han producido en el organismo del anciano. El tener un buen conocimiento de estos cambios y un estrecho seguimiento por parte del médico viene a igualar este riesgo con el que tendría el grupo de población más joven.

-- Escasa información acerca de las indicaciones o riesgos de una determinada actuación sobre el anciano. Como ejemplo estaría la discriminación ante el empleo de tratamientos anticoagulantes.

-- La actitud del médico. Intenta “huir” de estos enfermos que plantean más problemas y son más laboriosos y complicados.

-- La actitud del propio enfermo y sus familiares. Se tiene la sensación de que “ ya se ha vivido mucho”, o de que “ no merece la pena”. También hay miedo a probables complicaciones o a efectos secundarios.

En la práctica médica podemos ver esta discriminación en distintas áreas: I.- ATENCIÓN PRIMARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD -- Exclusión de programas de promoción de la salud y despistaje de enfermedades.

-- Falta de formación específica del personal sanitario.

-- Ausencia de ensayos clínicos farmacológicos sobre la población anciana.

-- Trato discriminatorio en los servicios de urgencia hospitalaria y ante criterios de hospitalización.

Más de la mitad de la población atendida en los centros de salud son personas mayores de 65 años. Por lo tanto, se les debe tener muy en cuenta. Uno de los problemas es la falta de formación del personal sanitario sobre cambios ligados al hecho de envejecer. También se limita, quizás excesivamente, el uso de determinados fármacos en el anciano por miedo a reacciones adversas. Por ello, en muchos ensayos clínicos se les excluye por la edad.

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Afortunadamente, el auge de la Geriatría en el campo médico va solventando estos problemas. De hecho, cada vez se hacen más protocolos sobre el anciano dentro de los programas de salud, siendo conscientes de su importancia así como del aumento de esta población en un futuro próximo.

II.- ACCESO A UNIDADES ESPECIALES Y DE ALTA TECNOLOGÍA En varias ocasiones se plantea la accesibilidad del anciano a un determinado programa de coste tecnológico elevado. Como ejemplos, tendríamos: - Programas de Hemodiálisis.

- Criterios de edad para ingreso en UVI, UCI, Unidades Coronarias.

- Procederes diagnósticos como: • Radiología ( TAC, RMN, ECO ) • Cardiología ( ergometrías, ECO ) • Medicina Nuclear.

• Biopsias en determinados órganos (riñón).

• Exploraciones endoscópicas.

- Cardiología intervencionista.

- Radiología intervencionista ( angiografías, punciones dirigidas, quimioterapia).

Un claro ejemplo de discriminación es el acceso a las unidades especiales UVI, UCI, Unidades Coronarias, Unidades de Hemodiálisis, que limitan de entrada a todo paciente que ha superado una determinada edad, aún siendo conscientes de los posibles beneficios que le puede aportar, al menos en la misma medida que el paciente más joven. Curiosamente, son los mismos trabajadores de estas unidades los primeros que se saltan estas barreras de edad cuando el enfermo es de su propia familia.

En las Unidades de Hemodiálisis se ha visto que muchos ancianos toleran bien la técnica y aumentan sus expectativas de vida que no obtendrían con otros procedimientos.

Otro ejemplo de discriminación no justificada lo vemos al realizar la Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea ( ACTP ) en la Cardiopatía isquémica. Desde que se introdujo esta técnica en 1977 se estableció contraindicación a los mayores de 65 años. Pocos años después se pudo comprobar que en la población anciana mostraba tan buenos resultados como en el más joven, con un menor riesgo proporcional y un número mínimo y equivalente de complicaciones.

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Se encuentran muchas situaciones no justificadas en que se limitan a los ancianos pruebas de las que se podrían beneficiar.

III.- PROCEDERES TERAPÉUTICOS HABITUALES - Cirugía: • Exclusión en determinadas indicaciones • Confección de listas de espera - Oncología: • Establecimiento de prioridades • Protocolos de quimioterapia antitumoral - Terapia farmacológica habitual: • No control del número de fármacos • No uso de fármacos con eficacia probada en determinados procesos • Mayor descuido ante el riesgo de iatrogénica - Tratamientos anticoagulantes ; se restringe el uso de: • Procederes fibrinolíticos • Anticoagulación oral • Empleo de los distintos tipos de heparina El tratamiento trombolítico en el anciano con Infarto Agudo de Miocardio es una técnica que, desde sus principios en los años 80, excluía a los mayores de 65 años. Posteriormente se ha visto que, precisamente es en este grupo donde se observan mayores ventajas. En el momento actual se puede afirmar que las contraindicaciones para administrar fibrinolíticos a los ancianos, incluso mayores de 75 años, deben ser exactamente las mismas que las aplicables a los más jóvenes.

El uso de anticoagulantes orales y heparina tienen las mismas indicaciones en el anciano que en el joven. Esto no lo exime de riesgos y mayores contraindicaciones en la población anciana como: hemorragias, hepatopatía severa, úlceras activas; así como rechazo al tratamiento o imposibilidad de un control adecuado. Ciertas formas de terapia heparínica se vienen utilizando cada vez más en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica ante determinadas intervenciones quirúrgicas (cirugía abdominal o fracturas de cadera) que afectan, sobre todo, a la población mayor.

En Oncología, vemos que los ancianos reciben con menor frecuencia terapia antitumoral adecuada. Se les toma en consideración cuando los protocolos 76 –

han demostrado su eficacia y han sido probados durante mucho tiempo en pacientes más jóvenes.

Existen muchas razones para NO DISCRIMINAR al anciano en base a su edad.

Así, especial mención tienen las de tipo ÉTICO. Ya en el Juramento Hipocrático se habla de que no debe haber diferencias a la hora de aplicar los conocimientos médicos. Decía Hipócrates: “La medicina y los que la practican curarán cuando sea posible, en tanto que siempre atenderán y aliviarán el sufrimiento”.

Según la Asamblea General del Comité de Médicos de la Unión Europea: “los derechos de las personas mayores son idénticos a los del resto de los ciudadanos. Las personas mayores deben tener el mismo acceso a los sistemas de salud que cualquier otro ciudadano, sin ningún tipo de restricción”.

Otras son razones de JUSTICIA y DERECHO. La Constitución Española así como la Ley General de Sanidad y el resto del cuerpo legislativo español no dejan resquicio a ningún tipo de discriminación entre los ciudadanos en función de la edad.

Junto a esto hablamos de argumentos SOCIODEMOGRÁFICOS. No se puede excluir de ningún posible beneficio médico a un colectivo que representa más de un 13% de la población y que es, además, el que mayor demanda sanitaria genera. Tampoco existe ninguna razón lógica para poner una edad límite concreta a las prestaciones sanitarias.

Los argumentos MÉDICO-CLÍNICOS: la falta de conocimientos suficientes sobre este grupo de población, el no saber cómo va a responder ante un acto médico, no nos exime de aplicarle procederes potencialmente útiles. De hecho, muchas actitudes clínicas discriminatorias en base a la edad han sido desechadas por el tiempo ante la evidencia posterior de unas respuestas médicas favorables.

A esto sumamos argumentos puramente CIENTÍFICOS. Demuestran la ignorancia que muchos médicos tienen sobre cómo se comporta el anciano ante determinadas situaciones. Es un hecho que debe hacernos pensar con cautela y ampliar conocimientos gerontológicos.

Podemos concluir con razones de SENTIDO COMÚN. La edad en sí misma nunca debe constituir una contraindicación para nada. Es cierto que es en estos pacientes mayores donde más contraindicaciones generales vamos a encontrar ante cualquier acto médico.

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Hay que ser especialmente cuidadosos con el anciano, pues “ no todo lo que es técnicamente posible resulta ser recomendable o ético”. Por eso, las decisiones deben individualizarse en cada caso.

No vendría de más aplicar aquí la máxima evangélica que habla de actuar ante su paciente anciano de la misma forma que usted desearía lo hicieran consigo mismo al llegar a esa edad.

Iatrogenia en Geriatría Un capítulo que merece especial mención es el uso correcto de la medicación en las personas mayores. Varias son las situaciones en que se nos plantea como problema de salud la Iatrogenia en Geriatría.

El aumento en el número de ancianos conlleva la obligación de tener en cuenta el factor de edad ante cualquier tipo de decisión médica, bien sea a nivel individual en la clínica diaria, bien sea en un planteamiento más global, a la hora de establecer políticas sanitarias a campañas de educación poblacional (48).

En este contexto el tema de consumo de fármacos por parte del colectivo de personas mayores puede llegar a constituir un problema de Salud Pública.

Los ancianos son quienes más fármacos consumen y, en consecuencia, quienes más gastan, quiénes más se automedican, quienes más hacen un control inadecuado de la propia medicación y, quienes van a tener unas posibilidades más elevadas de presentar reacciones adversas a los medicamentos y de constituirse en víctimas de la iatrogenia médica.

Los grupos farmacológicos concretos más consumidos en España son los llamados vasodilatadores periféricos, los expectorantes y los antirreumáticos, muchos de ellos de eficacia más que dudosa y con riesgo de efectos secundarios.

El número de fármacos que cada anciano consume es variable, pero tiende a ser alto, tanto cuanto más mayor es la edad de la muestra de la población analizada y más institucionalizado (residencial y hospitalario) es el medio. En el medio ambulatorio, el número medio de medicamentos consumidos por día es de dos a cuatro. En las residencias el consumo se incrementa hasta los seis ocho fármacos, y en los hospitales las cifras pueden llegar a ser incluso más altas.

Estas proporciones de consumo global e individual de fármacos, son bastante parecidas a las que se describen en otros países. La polifarmacia es más la 78 –

regla que la excepción, especialmente en el medio residencial. En algunos estudios llevados a cabo en los Estados Unidos la media de fármacos consumidos por anciano que vivían en residencias era de ocho. Cifras similares se han descrito en estudios llevados a cabo en nuestro país, con la peculiaridad de que es posible reducirlas a la mitad cuando se llevan campañas de educación sanitaria.

Parece demostrado que las mujeres son más consumidoras que los hombres, y que el número de medicamentos consumidos se eleva en paralelo al estado de salud autopercibido.

Algunos principios generales que deben siempre ser tenidos en cuenta a la hora de establecer la terapéutica en el anciano son los siguientes: 1. En geriatría, quizás más que en ninguna otra especialidad, es preciso cuidar al máximo la regla del primum non nocere. Se debe tener como objetivo prioritario el respeto a la calidad de vida de los ancianos.

2. La variabilidad individual interpersonal es mucho mayor entre los pacientes mayores que entre los de cualquier otra edad.

3. Nunca hay que rechazar a priori ningún recurso terapéutico en función de la edad. Sin embargo, en ocasiones –casi siempre- las contraindicaciones puramente médicas van a ser más frecuentes en edades precoces.

4. Es fundamental establecer un nivel óptimo de comunicación y colaboración entre el médico, el anciano y sus cuidadores. En muchas situaciones (pacientes con deterioro cognitivo, con incapacidades físicas, limitaciones sensoriales, etc.) la figura del cuidador va a ser esencial en torno a la cual gira toda la dinámica de una correcta administración del fármaco.

5. Muy ligado a lo anterior está la necesidad de tener una paciencia exquisita a la hora de transmitir la información acerca de la forma de tomar los diferentes fármacos, así como la información relativa a su suspensión.

A la hora de establecer los principios de la terapia farmacológica hay que tomar en consideración tres tipos de factores: a) los derivados de los cambios biológicos acumulados a lo largo de la vida (cambios fisiológicos). b) Los que tienen su origen en la pluripatología pasada o actual del anciano. c) Los factores sociales o socioculturales.

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En base a esto, tenemos unos Factores de Riesgo de Reacciones Adversas a Medicamentos: - Factores Biológicos: Edad. Sexo. Raza.

-- Factores Patológicos: Pluripatología. Severidad del proceso. Reacción adversa Previa.

-- Factores Farmacológicos: Polimedicación. Dosis y duración del tratamiento. Tipo de fármaco. Estado nutritivo.

- Factores Psicosociales: Mal cumplimiento. Errores en la toma. Automedicación.

La falta de cumplimiento terapéutico es un problema grave. Debemos asegurarnos un buen cumplimiento por parte del anciano de las indicaciones establecidas.

Los principales problemas que pueden surgir y las posibles soluciones son: -- El paciente tiene problemas para seguir regímenes complicados: El médico debe simplificar al máximo el tratamiento. Es importante intentar que todos los medicamentos los tome en el mismo momento del día y con menor frecuencia. Se debe evitar los tratamientos en días alternos si ello es posible.

-- El paciente comete errores de dosificación: Hay que asegurarse de que el paciente sabe cómo tomar los medicamentos incluyendo cuántos y cuándo, antes o después de los alimentos o de otros medicamentos, regularmente o a demanda.

-- El paciente recibe numerosos medicamentos: Es importante reducir al máximo el número de medicamentos empleados.

Además de todo esto, los cambios en el estilo de vida pueden disminuir el cumplimiento y la eficacia del tratamiento. Merece la pena explorar los cambios en las actitudes y en las condiciones de vida cuando se duda del cumplimiento.

A la hora de prescribir un fármaco se deben tener en cuenta algunas Normas Geriátricas que pueden ayudarnos a obtener una mejor cumplimentación de estas prescripciones. Son las siguientes: 1. Evaluación de la necesidad del fármaco: Se deben administrar únicamente fármacos esenciales. Saber y llevar a la práctica la máxima de que muchas de las manifestaciones que presentan los ancianos no requieren tratamiento farmacológico.

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2. Definición de objetivo terapéutico: Cuando es preciso el empleo de un nuevo Fármaco se han de revisar otros tratamientos concomitantes para disminuir al mínimo el número de los mismos. Una vez iniciada la terapia es obligación del médico valorar su eficacia y revisar de forma regular la necesidad de un tratamiento mantenido de forma permanente. Una vez conseguido el objetivo terapéutico debe disminuirse la dosis o interrumpir la administración del fármaco lo antes posible.

3. Conocimiento de interacciones farmacológicas: El ajuste posológico ha de ser cuidadoso, comenzando, cuando ello sea posible, con dosis pequeñas e ir adaptándolas según la respuesta. Es importante que el médico conozca las interacciones tóxicas de fármacos con márgenes de seguridad bajos y aquéllos fármacos con toxicidad parecida. Debemos conocer todos los fármacos que consuma el paciente. Hay que vigilar el empleo del fármaco de forma continua en busca de interacciones potenciales entre fármacos o con alimentos.

4. Valoración global del paciente: Se han de tener presentes todas las patologías y las complicaciones del supuesto tratamiento. Es fundamental asegurarse de que el paciente entiende cuándo y cómo debe tomar sus medicamentos.

5. Seguimiento terapéutico: Es muy importante para evaluar la respuesta al tratamiento y los posibles efectos secundarios.

Existe un Decálogo para la Prescripción de Fármacos: 1. Tratar únicamente si existe una amenaza para la vida, función o confortabilidad.

2. Comenzar poco a poco.

3. Avanzar despacio.

4. Iniciar el tratamiento teniendo claro el objetivo.

5. Prever y organizar el seguimiento.

6. Eliminar todos los fármacos que no sean necesarios.

7. Delimitar las prescripciones en el tiempo.

8. Revaluar la eficacia y problemas del fármaco en cada visita.

9. Tomar las decisiones de una en una.

10. Primar las decisiones mas simples.

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Podemos concluir que, para facilitar una vejez saludable, aumentar el cumplimiento terapéutico de los medicamentos prescritos y evitar las reacciones adversas de éstos, el médico debe conocer: -- Los cambios fisiológicos que ocurren durante el envejecimiento y cómo afectan a la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos.

-- Cómo las enfermedades crónicas, el estado nutricional, la ingesta de alcohol y el uso de otros fármacos afectan a los medicamentos que han sido o van a ser recetados.

-- Las peculiaridades del paciente anciano (valoración geriátrica exhaustiva del área médica, funcional, cognitiva y social) para asegurarse de que el paciente entiende cuándo debe tomar sus medicamentos y puede costearse los mismos.

La educación sanitaria del paciente y de sus cuidadores va a contribuir, también, a una utilización más correcta de los fármacos, con una menor incidencia de efectos adversos.

Maltrato institucional (50) La OMS en su informe “Violencia y Salud” del año 2002 estima que entre el 4-6 % de los mayores declaraban haber sufrido algún tipo de violencia, según el National Center Elder Abuse de EE.UU 10 casos por cada 1000 habitantes cada año y en España la Catedrática de Sociología Teresa Bazo, en recientes estudios estima que casi el 50 % de los ancianos que requieren atención en casa son víctimas de negligencias y el 5 % reciben malos tratos. Cada vez es mayor el número de personas mayores que acaban sus últimos años de vida en una institución, que estos tipos de abusos, abandonos y desatenciones, se produzcan en las residencias, y entonces estaríamos ante el llamado “maltrato Institucional” y que se habla de cifras de hasta un 5-7 %. Sin embargo, este tipo de violencia es muy difícil demostrar que existe o ha existido, a veces que tanto los mayores que viven con su familia como los institucionalizados, cuentan cosas que ellos consideran normales, como vejaciones, insultos o dejarles apartados comiendo, porque es el abuelo, para que no moleste, y nuestra labor es advertirles que esos son malos tratos y que es denunciable, y se debe presentar una reclamación en los Centros correspondientes.

La concienciación social de esta violencia contra las personas mayores es clave para luchar contra ella. Además, en el caso de los ancianos, la realidad 82 –

adquiere tintes ocultables y vergonzantes por afectar a una persona que ingresa en una institución para que unos profesionales se hagan cargo de cubrir las necesidades que por diversas razones no pueden resolver de manera autónoma y en su propio domicilio.

También un Informe de HelpAge, organismo dependiente de la ONU promueve 10 mandamientos para terminar con la discriminación a las personas mayores, y entre ellos estaría eliminar la violencia contra las personas mayores, al tratarse de una violación de sus derechos humanos más elementales.

Además en nuestro trabajo hemos observado como en muchas ocasiones el temor y la vergüenza que genera la posibilidad de hablar de este sufrimiento hace que el número de denuncias sea muy bajo (sólo 1 de cada 14 casos se denuncian), por eso debemos de dar a conocer la existencia de este problema severo que atenta contra la dignidad humana y hacerlo visible.

A través de estos estudios debemos movilizar a la sociedad y a los profesionales de los centros asistenciales, destapar un tema invisible, oscuro, oculto y controvertido, como es el maltrato institucional. Solamente conociendo su existencia podremos prevenirlo, y luchar contra esta situación, apoyar y proteger a los mayores sin olvidar nunca el respeto a la dignidad del mayor al que cuidamos, como ya viene haciendo “La Red Internacional para la Prevención del Maltrato al Anciano” (INPEA) (44).

Tipos de maltrato institucional Los casos de malos tratos en residencias de ancianos no son raros. Se habla de cifras de hasta más de un 5-7%.

Los tipos de abusos o maltrato más frecuentes que sufren los mayores tanto por parte de las familias como en las residencias son: apropiación indebida de bienes, desatención, abandono, insultos y en casos más graves ya maltrato físico.

El maltrato institucional se refiere a cualquiera de los diversos tipos de maltrato, producido en instalaciones residenciales para adultos mayores ( asilos, residencias, instalaciones para hospedaje y cuidado, viviendas asistidas ).

Los casos de malos tratos en residencias de ancianos no son raros, se habla de cifras entre un 2-10%, Debe tenerse en cuenta que sólo se notifican una sexta parte de los casos. aunque probablemente sea mucho mayor su frecuencia, dada la enorme dificultad para identificar estos comportamientos.

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Se suele establecer una distinción entre las diferentes formas de maltrato institucional: • Negligencia: acto de omisión, descuido de las necesidades de un residente, incapaz de cubrirlas por sí mismo. Al relacionarse con los cuidados sólo puede ser perpetrada por los trabajadores.

• Abuso: acto de comisión, fenómeno activo que puede ser ejercido por trabajadores, otros residentes o incluso familiares. Puede ser abuso físico, psicológico, sexual y económico.

Los tipos de abusos o maltrato más frecuentes que sufren los mayores por actos individuales por parte de las familias, otros residentes y/o cuidadores dentro de la institución son: apropiación indebida de bienes, desatención, abandono, insultos y en casos más graves ya maltrato físico. De entre los distintos tipos denunciados el más frecuente es el maltrato físico, seguido de las agresiones verbales y negligencia; pero, en la práctica clínica, lo más frecuente son formas sutiles de maltrato continuado que combinan negligencia y maltrato psicológico.

Sin embargo, también existe el maltrato institucionalizado, en el que el entorno, las prácticas y las reglas pueden por sí mismas abusivas o negligentes.

Además no deja de ser paradójico que ciertas situaciones que en el entorno doméstico serían consideradas abusivas como, por ejemplo, la contención física o la sobremedicación no pasen en el medio institucional de considerarse un indicador de calidad asistencial. Desde este punto de vista, podemos llegar a pensar que por desgracia, el maltrato no sea algo extraordinario en las instituciones sino lo cotidiano.

Independientemente de que se trate de un acto negligente o abusivo, o se realice de forma individual o institucional, el maltrato institucional se materializa en formas muy variadas: • Nutrición: -- Imposibilidad de elegir alimentos -- Restricción como castigo -- Comida fría o en malas condiciones -- No facilitar dietas (ejem, diabéticos) -- Servir bebidas frías de consumo caliente -- Complementos dietéticos por comidas • Vestido: -- Ropa o calzado de cualquier talla, de fallecidos o de uso común 84 –

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-- No poner medias o calcetines -- Acostar al residente desnudo Higiene: -- Usar la misma esponja, toalla o peine para varias personas -- Mantener sentados o encamados con orina o heces -- Sentar durante horas en el baño -- No vaciar orinales -- Sentar en silla-retrete mientras comen Contención física: -- Encerrar en la habitación -- Bloquear salidas de emergencia para evitar fugas -- Atar a la cama, silla o radiador para evitar que se levante y se caiga -- Atar como castigo o por falta de personal Cuidados de Salud: -- Falta de atención especializada -- No informar de cambios de salud o de sucesos importantes (caídas o accidentes) -- No revisar gafas, audífonos y prótesis dentales -- No prevenir escaras -- Analgesia insuficiente -- Ausencia de una plan individualizado de cuidados y de órdenes médicas escritas -- Nihilismo o manía terapéutica -- Retirar medicación sin supervisión médica -- Dar un fármaco que ha sido eficaz para tratar un problema similar en otra persona -- No dar la medicación en dosis y frecuencia prescritas -- Tratamiento camuflado o sin asegurarse sin es necesario mantenerlo -- Pastillas machacadas o cápsulas abiertas mezcladas con alimentos y bebidas sin tener en cuenta su farmaco cinética -- Negar un tratamiento por su edad -- Utilizar fármacos “alternativos” sin supervisión médica Intimidad: -- Entrar en la habitación sin llamar -- Sentarse en el baño sin cerrar la puerta – 85

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-- Cambios posturales o curas sin cerrar la puerta -- Llamadas a la familia en presencia del personal -- No reconocer sexualidad y necesidad de intimidad y privacidad con su pareja -- Armario sin cerradura Seguridad: -- Instalación eléctrica en malas condiciones -- Salidas de emergencia bloqueadas o de difícil acceso -- Timbres inaccesibles -- Mobiliario viejo o inadecuado -- Falta de entrenamiento para emergencias Aislamiento social: -- Dejar sentado o encamado durante horas -- No actividades de estimulación o entretenimiento -- No facilitar acceso a cultos religiosos -- Restringir visitas o llamadas -- Ocultar fallecimientos de otros residentes -- Dejarle solo Contención química: -- Psicotropos para síntomas conductuales sin probar otros medidas terapéuticas Entorno: -- Habitaciones frías, poco acogedoras, sucias y decoración peligrosa -- Iluminación insuficiente -- Mala distribución de las estancias -- Baños con suelo deslizante -- Ausencia de espacios al aire libre -- Barreras arquitectónicas -- Música y TV a gusto del personal -- Dificultades para tener objetos personales Personal: -- Personal/residentes insuficiente -- Formación escasa -- Contratos sin referencias de otros empleos -- Exceso de personal en prácticas

-- Reticencia a modificar rutinas laborales -- Personal extranjero sin conocer el idioma -- Ausencia de supervisión en los cuidados realizados Podríamos resumir el Maltrato en Residencias con las siguientes formas de actuar: 1. No suministrar adecuadamente los medicamentos.

2. Restricción física individual del movimiento sin justificación terapéutica.

3. No proporcionar condiciones ambientales adecuadas.

4. Comentarios inadecuados o hirientes.

5. Tuteo inadecuado.

6. No utilizar los nombres y apellidos.

7. No permitir la intimidad ( para la higiene, el sexo, la soledad ).

8. No tener en cuenta las barreras arquitectónicas.

9. No proporcionar lecturas, distracciones, actividades.

10. Falta de un plan apropiado de cuidados.

Agresor El perpetrador puede ser algún familiar (57 % por hijos biológicos o políticos), personal de la residencia, otros residentes o bien el propio medio institucional que no fomenta el suministro apropiado de cuidados. Por ejemplo, restringir físicamente al paciente en lugar de que camine por falta de personal y esto lleve a su inmovilidad dando problemas como contracturas y úlceras por presión.

Factores relacionados con el maltrato institucional • Factores relacionados con el personal: -- Falta de habilidades propias del cuidado -- Escasa capacidad para tolerar la frustración y contener la ansiedad -- Problemas de agresividad previos -- Vida privada estresante -- Desmoralización -- Gerontofobia: aversión hacia la imagen física del anciano • Características del residente: -- A mayor discapacidad, mayor riesgo de maltrato institucional -- Sexo femenino – 87

-- Discapacidad física o psíquica -- Agresividad -- Escasas visitas -- Carencia de familia -- Inhibición depresiva o síntomas conductuales en el marco de la demencia -- Ser repetitivo y demandante -- Aspecto desagradable • Factores organizativos -- Institución como antesala a la muerte -- Trabajo escasamente reconocido social y profesionalmente -- Tareas dificultosas y estresantes -- Síndrome de burn-out -- Temor a la implicación afectiva -- Cuidados orientados sobre todo a la supervivencia del anciano -- Unidades infradotadas de personal y abarrotadas de residentes -- Salarios bajos, turnos, conflictos de equipos • Factores psicosociales -- Imagen social negativa de la vejez -- “Viejismo”: discriminación en contra del anciano sobre la base de su propia edad, dificultades o impedimentos para recibir determinadas atenciones sanitarias -- Tendencia inconsciente a eliminar a los viejos para hacer sitio a los jóvenes -- Actitud pesimista ante la vida y la muerte

Papel del médico en la identificación del síndrome de malos tratos en las personas mayores (43) Los médicos debemos asumir la atención a las personas mayores y modificar en lo posible, las condiciones adversas para un envejecimiento satisfactorio.

Por lo que, el llamado “Síndrome de malos tratos en las personas mayores”, es una cuestión sociosanitaria. Normalmente, acuden tanto a atención primaria como a los servicios de urgencias, muchos pacientes ancianos por reagudizaciones de sus procesos con síntomas inespecíficos, a los que se les concede poca impor88 –

tancia, cuando en realidad deberían alertar de que nos encontramos ante una persona maltratada. Se trata de un verdadero síndrome, que carece de fisiopatología, pero que cursa con unos síntomas que conducen a auténtica enfermedad, en el sentido de que “el afectado no está sano, son personas con una autoestima muy mermada, no puede hacer una vida normal, su calidad vital está mermada, acaban por convertirse en verdaderos enfermos sin olvidar que su esperanza de vida disminuya varios años”.

No hay instrumentos con un alto índice de sensibilidad y especificidad válidos para la detección de malos tratos, ni evidencia que pruebe la eficacia de ninguno de los métodos usados hasta ahora. El médico no siempre va a saber determinar que se encuentra ante un caso de malos tratos.

Pero la recomendación más aceptada es que el médico y el personal sanitario conozca los indicadores sospechosos o signos de alarma respecto a la existencia de maltrato. El médico debe saber dirigir el interrogatorio y si damos con un paciente colaborador podemos diagnosticarlo e incluso curarlo.

La formulación de un cuestionario con preguntas directas sobre la sospecha de distintos tipos de maltrato en la práctica clínica diaria es recomendada por la American Medical Association, pero no por otras Sociedades Médicas.

Según la Asociación Médica Americana ( AMA ), a todos los pacientes ancianos se les debe realizar una valoración que nos informe sobre la posible existencia de violencia en el seno de la familia, ya que el médico puede jugar un papel muy activo en el reconocimiento de dicho problema.

Por ello, recomienda a todos los médicos que atienden a pacientes de edad avanzada que deben interrogar al anciano sobre la posibilidad de violencia familiar, aún en ausencia de síntomas y signos atribuibles a abuso y/o negligencia.

Esto es razonable por dos hechos: a) El incremento de la prevalencia de abusos en los países desarrollados b) La existencia de formas “asintomáticas” de violencia que son muy difíciles de reconocer.

Este cuestionario de “Sospecha de Maltrato” editado por el Servicio de Salud Pública de Canadá y la American Medical Association consta de 9 preguntas: 1. ¿Alguna vez alguien en su casa le ha pegado o hecho daño?

2. ¿Le han cogido cosas suyas sin su consentimiento?

3. ¿Alguna vez le han regañado o amenazado?

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4. ¿Tiene miedo de alguien en casa?

5. ¿Ha firmado usted alguna vez documentos que no comprendía?

6. ¿Está solo a menudo?

7. ¿Alguna vez no le han ayudado en sus necesidades o cuidados personales cuando lo necesitaba?

8. ¿Alguna vez alguien le ha tocado sin su consentimiento?

9. ¿Alguna vez le han obligado a hacer cosas que usted no quería hacer?

De estas preguntas la primera hace referencia al abuso físico, la segunda y la quinta al abuso económico, la tercera, cuarta y novena al abuso psicológico, la octava al abuso sexual, y la sexta y séptima al abandono y negligencia respectivamente.

Una sola respuesta positiva al cuestionario se considera como sospecha de maltrato.

La Asociación Médica Mundial también presenta una serie de recomendaciones a los médicos que tratan a los ancianos y exhorta a todas las asociaciones médicas nacionales a dar publicidad a esta Declaración entre sus miembros y la opinión pública.

Los médicos que atiendan ancianos deben: -- Identificar al anciano que pueda haber sufrido maltrato y/o abandono.

-- Proporcionar una evaluación y tratamiento médico por los daños producidos por el abuso y/o abandono.

-- Permanecer objetivos y no emitir su opinión.

-- Intentar establecer o mantener una relación terapéutica con la familia ( por lo general, el médico es el único profesional que mantiene un contacto duradero con el paciente y la familia ).

-- Informar toda sospecha de casos de maltrato y/o abuso de ancianos, conforme a la legislación local.

-- Utilizar un equipo multidisciplinario de tratantes de las profesiones médica, servicio social, salud mental y legal, cada vez que sea posible.

-- Estimular la generación y utilización de recursos comunitarios de apoyo que entreguen servicios domiciliarios, reposo y disminución del estrés, a las familias de alto riesgo.

Aunque, en muchas ocasiones el poco tiempo de consulta y las características propias del paciente anciano dificultan al médico confirmar su sospecha de que existen agresiones físicas, psíquicas o de algún tipo de negligencia, desaten90 –

ción y abandono por parte del cuidador tanto en el propio domicilio como en determinadas instituciones. Además en España no existen protocolos especiales de actuación médica en la prevención e identificación de casos de abusos y/o malos tratos para personas mayores.

Es primordial IDENTIFICAR a los pacientes de alto riesgo para poder llevar a cabo la investigación y si se confirma nuestra sospecha de maltrato les debemos separar de su agresor y advertirles que esos son malos tratos y que es denunciable, y se debe presentar una reclamación en los Centros correspondientes.

“Grupos de alto riesgo de abusos y malos tratos” • “Perfil de riesgo”: Mujeres mayores de 65 años que viven en su domicilio, en el del cuidador o en una institución, con carencias económicas y sociales, que sufre deterioro funcional y cognitivo, por lo que requieren numerosos cuidados y pueden exceder en breve la capacidad familiar y/o institucional de asumirlos.

• Personas mayores cuyos cuidadores expresan frustración en relación con la responsabilidad de asumir dicho papel, presentan signos de estrés y pérdida del control de la situación.

• Personas que viven con familiares que han tenido historia previa de violencia familiar (niños, esposa ).

• Personas mayores que viven en su entorno familiar perturbado por otras causas ( pérdida de trabajo del cuidador, relaciones de pareja deterioradas) El profesional sanitario debe estar alerta y considerar la posibilidad de violencia familiar en estos colectivos (52).

Tras identificar al anciano de riesgo de maltrato, se le debe valorar de una manera exhaustiva y detallada para detectar ciertos: “Indicios o indicadores sospechosos que pueden la existencia de maltrato institucional”: • Posible negligencia -- Desnutrición y deshidratación -- Palidez, ojos o mejillas hundidos -- Pérdida de prótesis dentales, gafas, audífono – 91

-- Rechazo de servicios médicos o sociales -- Encamamiento prolongado -- Ropas sucias, viejas o rotas -- Enfermedades no tratadas -- Retraso en el cambio de pañal -- Uso incorrecto y constante de los dispositivos de contención física • Signos de posible abuso físico -- Lesiones inexplicables -- Magulladuras múltiples sin relación con caídas -- Calvas en cuero cabelludo -- Marcas de dedos, hematomas en grado diverso -- Moratones en cara interna de los muslos, ropa interior sucia, rota o con sangre -- Irritación genital e infecciones urinarias de repetición -- Accidentes en lugares y momentos extraños -- Letargo, dificultad para hablar, caminar, comer • Signos de posible abuso psicológico -- Temor, vergüenza, culpa -- Pasividad y sumisión -- Cambios de conducta -- Actitud de defensa ante determinadas personas -- Desamparo, llanto -- Aislamiento, ausente -- Síntomas depresivos, baja autoestima -- Búsqueda de atención y protección -- Cambios de apetito -- Estados confusionales • Signos de posible abuso financiero: -- Cheques sospechosos (firma extraña o firmados por un paciente incapaz de hacerse cargo de sus finanzas) -- Movimientos súbitos en las cuentas -- Familiares desconocidos que aparecen para reclamar acceso a los bienes -- Impago de facturas por familiares a cargo del paciente -- Desaparición de joyas u objetos valiosos -- Presiones de diferentes familiares en torno a cuestiones financieras 92 –

El papel del profesional en la residencia es de suma importancia. Debe garantizar y facilitar el acceso del anciano a sus derechos ( ser capaz de vivir libremente, reivindicar, elegir, ...).

El personal se encarga del cuidado de una población fuertemente imposibilitada que, si bien por un lado hace que su labor sea de un alto valor profesional y social, por otra sufra los efectos de una actividad estresante y dura.

El mayor riesgo de malos tratos se produce en los pacientes que más cargas de trabajo generan, a mayor invalidez mayor riesgo. Aunque el maltrato se puede dar en cualquier circunstancia.

Esto lleva a que el personal de la residencia infrinja algún maltrato de tipo físico (golpes, empujones, encierros exagerados), o bien agresión de tipo psicológico (insultos, amenazas).

Cierto es que antes de acusar a los trabajadores de residencias de ancianos, debemos observar en qué condiciones trabajan. Lo triste de este trabajo es que es uno de los que peor se pagan, una de las ocupaciones menos apreciadas que ofrece la sociedad. Además, las personas a las que se cuida pueden mostrarse muy poco agradecidas; muchos ancianos se vuelven violentos sin que se les provoque y esto induce a ese maltrato por parte del personal, aunque del todo injustificado.

En la 41a Asamblea Médica Mundial de Hong Kong de septiembre de 1989 y posteriormente revisada en la 126a Sesión del Consejo de Jerusalén, Israel, en mayo de1990 , se estableció la DECLARACIÓN DE HONG KONG de la Asociación Médica Mundial sobre el Maltrato de Ancianos.(59) Se adoptaron una serie de Principios Generales sobre el maltrato a los ancianos.

PRINCIPIOS GENERALES 1. Los ancianos deben tener los mismos derechos a atención, bienestar y respeto que los demás seres humanos.

2. La Asociación Médica Mundial reconoce que es responsabilidad del médico proteger los intereses físicos y psíquicos de los ancianos.

3. El médico debe velar, si es consultado por el anciano directamente, el hogar o la familia, para que el anciano reciba la mejor atención posible.

4. El médico que constate o sospeche de maltrato, en el sentido de esta declaración, debe discutir la situación con los encargados, sea la familia o el hogar. Si se confirma que existe el maltrato o se considera una muerte sospechosa, el médico debe informar a las autoridades correspondientes.

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5. Para garantizar la protección del anciano en cualquier ambiente, no debe hacer restricciones a su derecho de elegir libremente el médico.

Las asociaciones médicas nacionales deben luchar para que dicha libre elección sea respetada en el sistema médico-social.

Medidas de prevención La prevención comienza en la recepción del paciente que llega a nuestras manos: • Su sintomatología no aumente por el hecho de ser “institucionalizado”.

• Una asistencia de contacto humano frecuente y directo con el anciano cuando está en cama • Una colaboración constante con amigos y familiares para que con sus visitas y apoyos combatan la soledad y el aislamiento • Un levantamiento lo más pronto posible • Una movilidad, con ocupación del tiempo libre dentro del propio centro asistencial que debe tener una animación permanente • Medidas terapéuticas para que, cada vez menos ancianos sufran un síndrome de inmovilización, entidad clínica que deseamos pase en el futuro a ser un tema resuelto en la historia de la asistencia al paciente de edad.

• Asumir institucionalmente el riesgo que conlleva potenciar la autonomía del mayor (riesgo de caídas...)

• Crear Comisiones dentro de las instituciones que velen por los Derechos del Mayor La DECLARACIÓN DE TORONTO para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores fue diseñada en una reunión de expertos, patrocinada por el Gobierno de Ontario, en Toronto, el 17 de noviembre de 2002. (60) Puntos que deben ser considerados: -- Faltan marcos legales. Cuando se identifican casos de maltrato de ancianos, con frecuencia no pueden abordarse por falta de instrumentos legales apropiados para responder a ellos.

-- La prevención del maltrato de las personas mayores requiere la participación de múltiples sectores de la sociedad.

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-- Los trabajadores de la salud de atención primaria tienen un papel particularmente importante, ya que se enfrentan con casos de maltrato de ancianos en forma cotidiana – aunque con frecuencia no los diagnostican como tales.

-- Es vital la educación y diseminación de la información – tanto en el sector formal (educación a profesionales) como a través de los medios de comunicación (combatir el estigma, abordar los tabúes y ayudar a eliminar los estereotipos negativos sobre la vejez).

-- El maltrato de las personas mayores es un problema universal. Las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran su prevalencia, tanto en el mundo desarrollado como en los países en desarrollo. En ambos, el victimario suele ser conocido por la víctima, y es dentro del contexto familiar y/o en ““a unidad donde se proveen los cuidados”” donde ocurren la mayoría de los casos de maltrato.

-- Es fundamental una perspectiva cultural para comprender en profundidad el fenómeno del maltrato – es decir, el contexto cultural en cualquier comunidad particular en la que ocurre.

-- Es igualmente importante considerar una perspectiva de género, ya que las complejas construcciones sociales relacionadas ayudan a identificar el tipo de maltrato y quién lo inflige.

-- En cualquier sociedad algunos grupos de la población son particularmente vulnerables al maltrato y abuso de las personas mayores – como los muy ancianos, los que sufren discapacidades funcionales, las mujeres y los pobres.

-- En definitiva, el maltrato de las personas mayores sólo se podrá prevenir en forma eficaz si se desarrolla una cultura que favorezca la solidaridad intergeneracional y que rechace la violencia.

-- No es suficiente identificar los casos de maltrato de las personas mayores. Todos los países deben desarrollar las estructuras que permitan la provisión de servicios (sanitarios, sociales, de protección legal, policiales, etc.) para responder de forma adecuada y eventualmente prevenir el problema.

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IV. PERFILES DEL MALTRATADOR “La violencia es el último recurso del incompetente”.

Isaac Asimov. (Escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, 1920-1992)

Antes de hablar de perfiles más frecuentes, debemos de dejar muy claro, que al hablar de la Violencia de Género. NO EXISTE UN PERFIL TIPO NI DE VÍCTIMA NI AGRESOR: A CUALQUIER GRUPO DE EDAD, NIVEL ECONÓMICO, CLASE SOCIAL Y EN TODAS LAS CULTURAS. Como dice el Dr. Miguel Lorente Acosta, en su libro “Anatomía de un Maltratador”, el único perfil que hay que tener para ser MALTRATADOR: PERTENECER AL GÉNERO MASCULINO.(64) En la actitud violenta hacia las mujeres subyacen múltiples factores como la respuesta de inferioridad y la todavía la falsa existente creencia de que la mujer es un ser dependiente.

Hay estudios que dicen que pudieran existir algunos patrones o perfiles de violencia en el ámbito de la pareja según la motivación o el objeto: (75) 1. Relaciones conflictivas: se describen maniobras de violencia de tipo insulto (generalmente desvalorizante) y/o agresiones, en el contexto siempre problemático de pareja y generalmente de respuesta mutua; no son compatibles con un proceso de dominio, respuesta de la víctima ni sintomatología (cuando más, ansiedad y sintomatología levemente depresiva por la situación). Es característico que la paciente sea consciente de la problemática desde hace mucho tiempo e incluso haya iniciado los trámites de separación. Es compatible con violencia maerial y/o destructiva, más o menos estratégica.

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2. Violencia de Género: se describen maniobras de violencia (desvalorizantes y agresivas sin desencadenantes reales o nimios), proceso de dominio, respuesta de la víctima y sintomatología psíquica (cuando menos de anulación- autoculpa, desvalorización-ansiedad y depresión). Se remarca siempre que hay riesgo. Se corresponde con una violencia estratégica de dominio.

3. Violencia patológica: - Por alcohol: maniobras de violencia sobre todo agresión física y verbal (pueden o no ser desvalorizantes) siempre embarcadas en fases de embriaguez.

No es compatible con procesos de dominio ni con la respuesta anulada de la víctima y sintomatología (cuanto más, sintomatología ansioso-depresiva relacionada con la situación conflictiva). Es característico que la mujer sea consciente desde hace mucho tiempo de los problemas de su pareja hasta ya no “aguantarlo” más. Cuando haya compatibilidad con el dominio, pensar en violencia de género a la que se asocia consumo de alcohol.

- Por trastorno delirante persistente: grave riesgo. Irrupción repentina en la pareja del trastorno, a no ser que se derive de un trastorno paranoide de la personalidad; dominan los síntomas de celos y las maniobras encaminadas a demostrar el engaño de la pareja. No es compatible con proceso de dominio ni con respuesta anulada de la víctima (a no ser que haya pasado inadvertido mucho tiempo o se trate de un trastorno paranoide de la personalidad previo) y no ser evidente la sintomatología de anulación de la persona.

- Por otras enfermedades: puede aparecer descarga de violencia en cualquier momento y lugar, con aumento de la frecuencia e intensidad dependiendo de la evolución del trastorno, con expectativas de cambio pero sin dominio y no más sintomatología que la ansioso-depresiva que conlleva la situación para la familia.

4. Violencia psicopática: dependen del trastorno de la personalidad en concreto. Lo más característico es que su comportamiento suele ser con su pareja, sus hijos y ambiente donde se desenvuelve. Así en antisociales puede haber violencia de todo tipo, que puede ser compatible con un proceso de dominio, el maltratador frío, rígido y falto de arrepentimiento; en los paranoides dominarán los celos y comportamiento parecido a los trastornos delirantes persistentes, pero sin delirio agudo. Puede ser que la violencia de género a veces se asocie un trastorno de personalidad, al igual que el – 97

alcohol, pero no hay que buscar en estos su causa. La violencia desarrollada por el placer de violencia, cuya máxima representación serían los trastornos antisociales, si bien podrían tener también objetivos de dominio, material o destructivo.

También se podría hablar de unos perfiles de personalidad de hombres maltratadores más frecuentes: 1. Hombre cuyo perfil de personalidad encaja con el eje de “Neuroticismo”: • Joven, introvertido, baja fuerza del yo, que controla mal sus afectos y emociones • Inestable emocional y afectivamente, poca tolerancia a la frustración, inseguro, dependiente, conflictivo consigo mismo.

• Cuando establece una relación afectiva con una mujer suele manifestar una fuerte vinculación encontrando el refuerzo y seguridad a sus carencias personales.

• La mujer puede asumir o rechazar esta dependencia.

• El rechazo lo vive con gran frustración desde: • Coacciones, persecuciones, agresiones físicas.

• Tan grave para matarla y luego suicidarse 2. Maltratador fásico: • Inestable emocionalmente, extrovertido, poco responsable con sus obligaciones de pareja, con altibajos en su estado de ánimo y tendencia a experimentar ansiedad.

• En la vida cotidiana, en el trabajo reprime sus frustraciones y se libera al llegar a la intimidad de la vida familiar.

• Comportándose explosivamente con maltrato físico y/o psíquico, como una tormenta de verano.

• Cuando la mujer se aleja, amenaza con dejarlo o denuncia • El maltratador pide perdón, se arrepiente y promete que no se va a repetir, viene la reconciliación y retirada de la denuncia.

• Suele repetirse y tiene alto peligro para la mujer ya que su seguridad depende del nivel de agresividad.

3. Maltratador cuyo perfil encaja más en el eje del “Psicoticismo”: • Afectividad baja, alejamiento emocional, dureza de carácter, independiente, autosuficiente.

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• Desempeña un papel relevante desde el punto de vista social y profesional, con alta preocupación por la imagen social • Cuando establece vínculos afectivos con una mujer dependiente, sumisa, baja autoestima y poco control sobre sus sentimientos.

• Se estable una patología de convivencia con: - humillaciones, exigencias hacia su pareja y sus hijos - maltrato físico cuando no se cumplan sus deseos y necesidades.

• La mujer no se atreve a denunciar por temor a que no la crean y al potencial agresivo de estos maltratadores.

• Cuando los hijos son mayores de edad apoyan a su madre en la denuncia 4. El maltratador de denuncia tardía: • Hombre de edad, >55-60 años, con una convivencia sin desavenencias públicas graves.

• Son parejas que nunca habían tenido problemas y habían convivido aparentemente de forma pacífica.

• Pero debido a la evolución social, las mujeres son cada vez más conscientes y revindicativas de sus Derechos y de su Igualdad.

• Lo que hace que no aguanten determinados comportamientos violentos y decidan denunciar tardíamente.

• Los hombres responden con orgullo, dominancia y agresividad.

• Con resultado a veces muy grave porque es incapaz de soportar esta igualdad que la mujer tan legítimamente revindica.

Cuando se detecta la presencia de alcohol, drogas u otro tipo de adicciones, patologías psiquiátricas, hay que hacer un tratamiento especializado individual adecuado a cada caso. Solamente el tratamiento de estos cuadros y su mejoría o curación garantizarán el que este individuo mejore sus relaciones con los demás, aunque ya se hubiera producido la separación y ruptura definitiva con la mujer. Esta mejoría o curación podrá en la mayoría de las ocasiones garantizar, la desaparición de conductas coactivas o de seguimiento, tras la decisión de romper su relación.

Otro riesgo que se puede correr es plantear la violencia contra las mujeres como producto de una situación patológica. Si se entiende que el agresor necesita terapia, se está reconociendo que la violencia es producto de una anorma– 99

lidad, lo cual hace que la mujer entienda que su pareja realmente estaba mal y necesitaba ayuda, que el propio agresor se sienta liberado por tratarse de algo que “no puede evitar” y que la propia sociedad interprete y circunscriba estos casos a estos ambientes patológicos (trastornos, alcohol, drogas,..) en lugar de considerarlos como un problema social que afecta por igual a todas las clases, niveles y contextos sociales. (87) Aunque he descrito de forma resumida algunos tipos de maltratador diferenciados por su perfil de personalidad, y algunas circunstancias favorecedoras de la agresión, considero que en todo agresor contra la mujer existen unas circunstancias comunes como telón de fondo en las que destacan: • FACTORES EDUCATIVOS Y CULTURALES: que hacen que para muchos hombres el papel de la mujer sea de mero objeto, de servicio al hombre, a los hijos y a la casa y que actúen frente a ella desde un rol de dominancia y superioridad, sin que ello pueda ser etiquetado de patológico ni de anormal. “Es un patrón patriarcal, dominante y machista que explica que las descargas agresivas consecutivas a las frustraciones se deriven hacia la mujer como objeto, o que sea una actitud directa de posesión, dominancia y humillación la que se genere el comportamiento agresor”.

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No hay perfiles de agresores en cuanto a que la violencia no parte de determinadas personas ni de rasgos de personalidad o características psicológicas, pero sí formas de llevar a cabo las agresiones y de ejercer la violencia que nos permiten agruparlas en diferentes grupos alrededor del protagonista de las acciones violentas (64).

Estas formas serían las realizadas por los siguientes agresores: 1. El rompecabezas - Parte de la posición de inferioridad de la mujer, no tanto de la superioridad suya - Responsabiliza a la mujer ante hechos puntuales (discusiones o conflictos). No ante la situación general que viven - Busca CORREGIR en busca de un bien mayor centrado en la familia - Agresión en momentos en los que percibe que la relación está más fuerte - Busca un control objetivo, pero bajo interpretación subjetiva, de manera que siempre encontrará un motivo para llevar a cabo una nueva agresión - Violencia inmotivada - No arrepentimiento, sólo la escenificación del mismo - Narcisismo (orientado hacia el ambiente familiar) - Cada vez agraden más por menos 2. El quebrantahuesos - Irritabilidad e impulsividad (afectivas) - Inseguros con cierta falta de autoconfianza, lo cual los llevan a buscar apoyos (la mujer es el principal) - Cambios bruscos - Todo lo que dan lo hacen a cambio de algo, y creen que dan mucho, luego exigen más - VIOLENCIA: Impulsividad en el inicio y extraordinaria intensidad.

Labilidad al final, lo cual lleva a la “luna de miel”, también intensa - Rabia e ira - No hace una valoración crítica de sus múltiples agresiones, más bien se produce una habituación a la violencia, que cada día es más justificada - Conflictos externos también por la desconfianza (laborales, vecinales, relacionales,…)

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3. Psíquico. El mando a distancia - Efectividad de la violencia contra la mujer por la dispersión de los casos y la fragmentación de las circunstancias. Todo ello lleva a la invisibilidad y esta a la inexistencia (la cual se refuerza como tal ante los casos graves, que son los que se ven) - Objetivo fundamental: Control psicológico - Rígido, perfección, orden, control (no le gusta la improvisación, aunque haya dado resultados positivos) - Relación de pareja debe estar en orden, según su criterio - Rasgos obsesivos - El orden lo interpreta como tranquilidad por un doble mecanismo: o Uniformidad de criterios o Ver que se cumple su criterio - Control de todo, hasta de los detalles más mínimos - El mando a distancia confunde: o Lo invisible con lo inexistente o El amor con la sumisión o La ternura con la felicitación o El orden impuesto con la paz familiar 4. Controlador de lo normal - “Lo contrario al maltratador”: Considerado con la mujer, incluso busca el reconocimiento público de ella, siempre que lo haga bajo ciertos criterios - La mujer es un “apéndice” - Cumplimiento rígido de roles desiguales, no tanto el control impuesto - Adaptado e integrado socialmente - Nivel socio-cultural más elevado - Narcisismo orientado hacia el exterior - Egocentrismo - Orden (primero) después imposición de normas y pautas a mujer e hijos - No hay una estrategia de violencia específica (ni física ni psíquica), es un control exhaustivo de las normas - Al final la situación se torna insostenible y él se vuelve más expeditivo: o Control económico y crítica a los gastos (daño psíquico) 102 –

o Interpretación referencial: La mujer lo hace mal a conciencia, lo cual lo lleva a la violencia física y psíquica - Las normas y los valores sociales como control de lo normal se convierten así en el control como norma, lo cual lleva al “sobrecontrol” - Donal G. Dutton habla de dos tipos de sobrecontrol: o Activo: Como mecanismo asertivo. Son meticulosos, perfeccionistas,… o Pasivo: Parecido al agresor psicológico. Ataca más a la mujer - Ambos buscan la DOMINACIÓN-SUMISIÓN en lugar de la superioridad-control - Negación de las fuentes de afectividad y ataque a las fuentes de apoyo, lo cual unido a los ataques puntuales da lugar a la Sumisión, que las convierte en Esclavas psicológicas, y de ahí a la identificación con el agresor - Agresiones físicas explosivas ante conflictos mínimos, cuando la situación se ha desestabilizado. Se produce por cuestionamiento de la imagen pública - HOMICIDIO-SUICIDIO 5. Agresor cíclico - Dualidad omnipresente: Cubismo psicológico - Duplicación del ego (Robert Lay Lifton): Conductas distintas en contextos diferentes con sus referencias. Todo ello para evitar la culpa - QH: actúa por voluntad (inmotivada), pasa a la acción por decisión propia - Cíclico: Necesita una situación precipitante (la externas suele ser la frustración). Esa situación suele estar en relación con el cambio de contexto, lo cual no significa pasar a la acción de manera inmediata.

- Inestabilidad en las relaciones interpersonales y en la afectividad - Cambios bruscos, lo cual los lleva a la inestabilidad, lo cual los hace cerrarse más sobre sí mismos, y ello lleva a ejercer más control - Agresiones verbales sarcásticas e hirientes, debido a que controla la situación en cada contexto.

- Gran intensidad en cada una de las fases del ciclo de violencia, tanto en las agresiones como en la luna de miel – 103

- La relación significa una unión para perdurar, por lo que lo que no dura es superado por la propia relación, de ahí que los cambios bruscos sean considerados como algo ajeno a la relación.

6. Desalmados y armados - Solitarios e individualistas - Buscan su propio beneficio - Agresivos, irritables y violentos: Peleas fuera de la relación - Impulsividad - Predilección por vivir el momento presente - Modo de actuar más lento y placentero (se deleita) - Familia como plataforma utilitarista de su status y economía (recurre a la familia para obtener privilegios dentro y fuera) - Claves para iniciar la relación: o Carisma y liderazgo (superioridad, autosuficiencia, independencia, confianza,… y desconexión de los límites y restricciones) Perversión para utilizar todo y a todos o Elige a la mujer vulnerable, a partir de ese momento la mujer sufre o Controla a la mujer con el poder y la seducción o Ejerce una gran intimidación (situaciones de riesgo y amenazas para él y la familia) o No quiere ser controlado, y la situación hace que la mujer no pare de pedirle que cambie de actitud, lo cual lo lleva a ser más violento o Agresiones difíciles de predecir, pues en ocasiones se deben a motivo insignificantes y en otras aguanten mucho. o Estallan de forma progresiva para deleitarse o Violencia terriblemente eficaz por su frialdad y falta de empatía. o Mantiene control en los momentos álgidos. REACTIVOS VAGALES (10%) o Tras la agresión: olvido y minimización, lo cual junto al halo de desvalido por la falta de empatía y de compromiso hace que se entregue más la mujer. o A todo lo anterior hay que unir el terror que se produce ante la o experiencia de la convivencia con él.

Con relación a los tratamientos de los agresores tienen un escaso porcentaje de éxito solamente alrededor de un 3 %. Otros resultados que han 104 –

presentaron un porcentaje de éxito superior han mostrado que el seguimiento tras la terapia aplicada ha sido muy reducido, por lo que un tiempo después de considerar algunos de los casos recuperados se han demostrado que han vuelto a la agresión. También se ha comprobado que en muchos casos lo que se produce es una modificación en la forma de agredir, se abandona la violencia física, pero se recurre más y con la misma efectividad a la agresión psíquica.

Un estudio realizado en la Universidad de Granada (98) ha comparado cómo funciona el cerebro de los hombres que han maltratado a su pareja o expareja en comparación con él de otros delincuentes, cuando se les expone a imágenes violentas. Los hallazgos de esta investigación, han evidenciado las diferencias que existen en el funcionamiento cerebral ante imágenes relacionadas con la violencia contra su pareja. Este es uno de los tres únicos estudios que se han realizado en el mundo para analizar el cerebro de los maltratadores a través de la Resonancia magnética Funcional. Estos descubrimientos podrían explicar algunas de las alteraciones psicológicas que describen los maltratadores cuando se enfrentan a su compañera sentimental, como estrategias de afrontamiento desadaptativas, problemas de regulación emocional que se traducen en obsesión sobre su pareja, estados de ánimo como miedo, ira o rabia, miedo a ser abandonados e inestabilidad afectiva repentina en forma de aumento de ansiedad. (

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Este grupo de investigación (98) trabaja desde hace años en el funcionamiento mental y cerebral de los maltratadores, así como su perfil de reincidencia. Los resultados de estos estudios podrían tener implicaciones importantes para una mejor comprensión de la violencia contra las mujeres, así como de las variables que se relacionan con la reincidencia de los maltratadores.

Actuaciones dirigidas a hombres (170) Sensibilización y formación En varias Comunidades Autónomas se desarrollan actuaciones destinadas a la prevención de la violencia de género a través de la sensibilización y formación en materia de políticas de igualdad para hombres, principalmente a través de talleres o jornadas.

En la Comunidad de Castilla y León se han realizado en los últimos años actuaciones dirigidas a concienciar a los hombres sobre el rol activo que pueden desempeñar en la construcción de una sociedad más igualitaria. En 2014 se han realizado varios talleres en colaboración con la Asociación de Hombres por la igualdad de género dirigidos fundamentalmente a adolescentes.

Gizonduz es una iniciativa pionera del Gobierno Vasco, impulsada en el año 2007 por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, y que está dirigida a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

Su actividad se ha materializado en la realización de diversas medidas que dan cumplimiento al documento estratégico de actuación 2007 - 2009: “La igualdad te hace más hombre. Iniciativa para promover la concienciación, participación e implicación de los hombres a favor de la igualdad de sexos en la Comunidad Autónoma de Euskadi”. En este documento se recogieron tres objetivos: (1) Incrementar el número de hombres sensibilizados a favor de la igualdad de mujeres y hombres; (2) Incrementar el número de hombres con formación en materia de igualdad de mujeres y hombres; (3) Aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado de las personas.

Entre las medidas impulsadas para dar cumplimiento a la citada estrategia, se pueden destacar, entre otras, la celebración del “Congreso Internacional sobre masculinidad y vida cotidiana” (noviembre de 2007); la campaña de 106 –

sensibilización “La igualdad te hace más hombre”; la firma de la “Carta de los hombres vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres” (2008); o la puesta en marcha del programa de sensibilización y formación de Gizonduz (2009) y su desarrollo.

En Canarias, igualmente se han venido organizando actividades de sensibilización como son las ruedas de hombres por la igualdad y contra la violencia machista en diferentes islas. Asimismo, se dispone de la Carta de Hombres de Canarias por la Igualdad para su adhesión, que deriva de la celebración del I Congreso Canario de Hombres y Mujeres haciendo Igualdad.

En la Región de Murcia, se han realizado campañas de sensibilización contra la violencia de género dirigidas específicamente a hombres y charlas dirigidas mayoritariamente a población masculina, (como la del próximo día 21 de noviembre en el Centro Penitenciario de Campos del Río y que lleva por título “Otras formas de ser hombre desde la no violencia”).

En la Comunidad Foral de Navarra se realiza la campaña de sensibilización “Y en fiestas…¿qué?”, desde el año 2005 dirigidas a mujeres y hombres, con el objetivo de prevenir agresiones sexuales en los contextos festivos de las fiestas patronales, y buscar el rechazo de los hombres, y de la ciudadanía en general, ante este tipo de situaciones.

Programas voluntarios dirigidos a maltratadores en las comunidades autónomas La mayoría de las CCAA desarrollan programas voluntarios de intervención “psicosocio-educativa” dirigidos a hombres que ejercen o han ejercido violencia de género. A continuación se recoge en una tabla las actuaciones más destacadas en este ámbito:

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Tabla. 2 . Programas voluntarios dirigidos a maltratadores en las Comunidades Autónomas COMUNIDAD AUTÓNOMA

DENOMINACIÓN DEL RECURSO

ANDALUCÍA

· Programa Gandhi de atención psicológica y social para hombres que ejercen violencia de género a través de la Asociación hombres por la Igualdad · Proyecto Piloto de Reeducación para Agresores en Violencia de Género en febrero de 2010 (Convenio de colaboración con el entonces Ministerio de Igualdad)

ARAGÓN

· Programa Espacio. Programa voluntario de atención psicológica para hombres con problemas de control y violencia en el hogar, del Instituto Aragonés de la Mujer

BALEARES

· Servicio municipal de personas maltratadoras, de carácter voluntario dentro del ámbito de pareja (Ayuntamiento de Palma) a través de la Fundación IRES

CANTABRIA

· Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria-Fundación Botín y ONG Nueva Vida para la intervención terapéutica con la comunidad agresora

CASTILLA-LA MANCHA

· VITRUBIO (Programa voluntario dirigido a maltratadores)

CASTILLA Y LEÓN

· Programa Fénix de terapia voluntaria para hombres que ejercen violencia

CATALUÑA

· Programa formativo y de tratamiento de hombres protagonistas de violencia de género · Servicio de atención a hombres para la promoción de relaciones no violentas (SAH) de Barcelona

COMUNIDAD VALENCIANA

· Programas formativos para la reeducación de maltratadores · Programa PIHMA (Programa de Intervención PsicoSocio-Educativa con Hombres que han ejercido Malos Tratos dentro del Ámbito Familiar)

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GALICIA

· Programa “Abramos o círculo” de atención psicológica a hombres con problemas de violencia en el ámbito familiar · Proyecto “Eles tamén” dirigido a hombres en general

MADRID

· Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid

MURCIA

· Tratamiento psicológico para agresores

NAVARRA

· Programa terapéutico para maltratadores del ámbito familiar. Dirigido desde el Servicio Social de Justicia, en coordinación con el servicio social penitenciario y la Junta de Tratamiento de la prisión (en cumplimiento de sentencia judicial o de forma voluntaria, y de forma ambulatoria o en Institución penitenciaria).

PAIS VASCO

· Programa atención psicológica intervención familiar en supuestos de maltrato y agresiones sexuales que llevan a cabo las Diputaciones Forales · Programa de intervención psicológica del Ayuntamiento de Bilbao dirigido a agresores que acudan voluntariamente

RIOJA LA

· Programa de prevención para hombres con riesgo de violencia familiar

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V. MALTRATO DE GENERO EN EL ÁMBITO SANITARIO (14) La violencia de género no ha sido entendida como un problema de salud, circunstancia que ha llevado a que no se hayan desarrollado actuaciones específicas para abordarla como tal problema, y que cuando las mujeres que la han acudido a las consultas médicas, la respuesta haya sido dirigida más hacia la sintomatología que presentaban que hacia la etiología que la ocasionaba, por entender que se trataba de un problema fundamentalmente privado y jurídico o policial, no clínico.

En el abordaje de la violencia de género es especialmente importante ser consciente de que se trata de un problema multidimensional y que la actuación sólo será efectiva si se trabaja desde la medicina en coordinación con los muchos profesionales e instituciones (enfermería, trabajadores sociales).

La violencia es un problema de salud, que no se manifiesta como tal, ya que por un lado, la sociedad lo considera como una cuestión legal y sólo acude a los centros sanitarios cuando la manifestación del mismo es de espacial intensidad en su presentación aguda; y por otro, la mujer víctima de los malos tratos no relaciona su situación clínica con una violencia que, con frecuencia, ni siquiera es reconocida como tal. En estas circunstancias, la importancia de los profesionales de la medicina y de la salud es de especial trascendencia, pues su compromiso no sólo debe consistir en hacer un diagnóstico diferencial a raíz de los síntomas, sino que deberán ir más allá y ante un determinado cuadro físico-psíquico, ser ellos quienes profundicen en las causas de su origen, algo similar a la actuación frente a otro tipo de patologías. Dichas causas estarán protegidas por los prejuicios, los miedos y las dudas que se levantan junto a la violencia 110 –

en el seno de la relación de pareja. Por eso habrá que detectar la violencia ante determinados síntomas y signos relacionados con ella, identificar la alteraciones clínicas que presentan las mujeres como parte de las consecuencias crónicas de la violencia, y proceder a su diagnóstico definitivo y tratamiento continuado en coordinación con el resto de profesionales e instituciones implicadas, siempre considerando tanto las cuestiones clínicas como las médico-legales. (88) Desde antiguo todos los médicos conocen su deber de emitir un “Parte de Lesiones” (Artº. 355. L. E. Cr) cuando atienden a una persona lesionada, a través del cual ponen en conocimiento de la Autoridad Judicial en un plazo máximo de 24 horas, la existencia de lesiones y el posible mecanismo de producción de las mismas por si estas tuvieran relación con una conducta antijurídica.

Sin embargo, la Violencia Familiar a llevado a los Colegios de Médicos a insistir en el deber deontológico de esta denuncia, y a las Sociedades Científicas, sobre todo la de “Medicina Familiar y Comunitaria” y la de “Medicina Legal y Forense”, a promover protocolos de actuación del profesional médico.

El Consejo Interterritorial de Salud en el año 1999 elaboró un Protocolo de Actuación Sanitaria ante Malos Tratos Domésticos con el que se dan a los profesionales sanitarios las instrucciones a seguir ante una agresión doméstica.

Pero posteriormente se han desarrollado Protocolos de Actuación Médica más completos y específicos contemplando dos posibilidades diferentes según se trate de la Actuación del médico asistencial (Médico de Urgencias y de Atención Primaria) o de la actuación del Médico Legista.

Vamos a diferenciar las diferentes formas de intervención médica en los profesionales médicos más relacionados, implicados y más comprometidos en diagnosticar la Violencia de Género, ya que, deja de ser un asunto privado, no es sólo un grave problema social sino un problema de salud pública y solamente con este reconocimiento de los malos tratos como un problema sanitario, como aconseja la OMS y la ONU, podremos como profesionales de la medicina, tratar de combatir y buscar soluciones a esta violencia.

MÉDICOS DE URGENCIAS En los casos de asistencia en los servicios de urgencia normalmente lo que se detectará serán las lesiones físicas agudas, “Maltrato Agudo”, siendo obligatorio por parte del médico realizar el “parte de lesiones o Protocolo de – 111

Actuación Sanitaria ante los Malos Tratos” para poner en conocimiento (max 24 hs) Judicial y se realizará una: • Atención preferente a la víctima y reconocimiento completo.

• Valoración precisa de las lesiones y daños de la agresión.

• El informe médico es un documento esencial para la actuación judicial.

• Asesoramiento a la víctima sobre sus derechos y sobre las medidas sociales y de protección. (90) El parte de lesiones e informe médico estará disponible en todos los centros sanitarios. Se entregará un ejemplar: -- A la persona interesada siempre que no comprometa su seguridad (puede venir acompañada por el presunto agresor o puede que al llegar a casa el agresor descubra la copia). En tal caso, se le puede indicar que si teme llevar la copia consigo, se puede facilitar a algún familiar o persona de su confianza.

-- Al juzgado por correo. En los casos en que exista urgencia en la notificación se realizará vía fax.

-- Se archivará en la historia clínica de la mujer en el centro sanitario donde se la atendió.

Es importante resaltar que: “El informe médico debe leerse a la mujer antes de su redacción definitiva”. El informe médico es un documento esencial para la actuación judicial.

PARTE DE LESIONES E INFORME MÉDICO Datos del personal facultativo responsable de la asistencia: • Hospital/Centro de Salud/ Consultorio • Datos de la/el profesional que lo emite: Nombre y apellidos, CNP Datos de filiación de la víctima: • Nombre y Apellidos • DNI ó NIE (Nº de identificación de extranjería) • Fecha de nacimiento, Edad • País origen • Estado Civil • Dirección, Municipio (código postal ó código INE) • Teléfono 112 –

Lesiones presumiblemente producidas en la agresión y tipo: • Tipo de violencia ejercida • Uso de objetos en la agresión • Estado psíquico y emocional. (Describir los síntomas emocionales y la actitud de la mujer). El maltrato psicológico puede reflejarse en síntomas de depresión, ansiedad, tendencias suicidas, somatizaciones, síndrome de estrés postraumático). El estado emocional de cualquier persona que presente una lesión se encuentra alterado, pero su actitud difiere. Ésta puede ser un gran indicador de lo sucedido, por ejemplo: una mujer maltratada puede sentirse confusa, huidiza, inquieta, temerosa, agresiva, hipervigilante, apática, inexpresiva… Esta información es necesaria para aproximarnos al estado psíquico de la paciente.

• Lesiones físicas que presenta: Es importante que las lesiones (cutáneas, músculo-esqueléticas, oculares, auditivas, genitales, internas, etc.) se describan de manera detallada en cuanto a tipo, forma, dimensión, color y localización, con lo cual se facilitará su data ó posible fecha de producción. Con esta finalidad se prestará especial atención a las lesiones más antiguas o en distinto estadio evolutivo, como prueba de habitualidad o reiteración. Se recomienda hacer fotografías (preferiblemente en color) de las zonas con lesión, previo consentimiento de la mujer.

• Cuando exista la posibilidad de alguna lesión interna tras la valoración clínica (abdominal, torácica y/o cerebral), dicha información se recogerá como sospecha, pues sólo tras la realización de pruebas diagnósticas, a nivel hospitalario, se confirmarán las mismas.

Otros datos CLÍNICOS • Pruebas complementarias realizadas • Medidas terapéuticas (incluir medidas profilácticas, tratamiento farmacológico, curas locales, tratamiento quirúrgico, etc.)

• Pronóstico clínico Datos relacionados con los hechos que motivan la asistencia: En este apartado se reflejará cómo han ocurrido los hechos, utilizando y entrecomillando, cuando sea posible, las mismas palabras de la mujer. Además se recogerán: • Dirección, lugar de la agresión, fecha y hora del incidente • Fecha /hora de la atención – 113

• Origen que refiere la mujer acerca de las lesiones: Física, psíquica, sexual • Sospecha que la causa de las lesiones sea diferente a la que refiere la mujer Antecedentes • Acude sola o acompañada de (nombre y parentesco/relación) • Agresión puntual, primera vez ó reiteración de malos tratos • Si las agresiones se vienen sufriendo desde hace tiempo, indicar desde cuando y describir las características de estas agresiones, el tipo, la frecuencia (a diario, semanal, mensual...), si la intensidad de la violencia es cada vez mayor, si se ha realizado previamente alguna denuncia, etc. y la evolución de las mismas.

• Otras personas que ha sufrido malos tratos en el mismo incidente ó en otras ocasiones (Si la mujer tiene menores u otras personas dependientes a su cargo y además son víctimas de malos tratos esto ha de ser notificado a pediatría y trabajo social del centro. Si se estima conveniente, al Servicio de Protección de Menores correspondiente) • Testigos: Personas conocidas (vecindario, amistades), menores u otras personas dependientes a su cargo Datos del supuesto agresor: • Nombre y apellidos • Relación/parentesco con la persona agresora • Dirección ó teléfono supuesto Plan de actuación En su caso, incluir el alta o la derivación a otras especialidades y recursos, el ingreso hospitalario si ha sido necesario, y el seguimiento requerido.

Asesoramiento a la víctima sobre sus derechos y sobre las medidas sociales y de protección.

Otros datos Relacionados con aquellas situaciones que no estén recogidas en los apartados anteriores y precisen ser comunicadas al juzgado, como por ejemplo: • Si se ha puesto ó no en conocimiento del Juzgado telefónicamente y si se ha hecho, especificar cuando • Aspectos de seguridad y riesgo percibido por la mujer • Actitud de la mujer hacia la presentación de denuncia

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Observaciones En este apartado se recogerán aquellos datos que no han sido descritos anteriormente y que se consideren oportunos. Si bien los delitos relativos al maltrato son delitos públicos que serán perseguidos de oficio, se debe hacer constar en este apartado si la mujer ha manifestado que no quiere presentar denuncia y la causa (miedo al agresor, a perder la custodia de los hijos, a las reacciones familiares, dependencia económica, etc), con el objeto de ofrecer al órgano judicial información sobre las circunstancias en las que se encuentra la mujer, que podrían ser de utilidad para el abordaje del caso concreto.

Si se tiene constancia de lesiones anteriores que pudieran apuntar al convencimiento o la sospecha fundada de que la mujer sufre malos tratos habituales, es importante reflejarlo en el parte de lesiones, porque éste es otro delito distinto del de lesiones.

Se reflejará también la existencia de otras amenazas del agresor (verbales, anuncio de que utilizará en el futuro algún otro instrumento de agresión, etc.)

Es conveniente disponer de varios EJEMPLARES: para la persona interesada / Juzgado / Centro Sanitario (y/o historia clínica) y/o registro central sanitario. ¡¡¡CUIDADO UN 11-30 % URGENCIAS NO SON ACCIDENTES DOMÉSTICOS!!!

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MÉDICOS DE FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA El reconocimiento de los malos tratos como un problema de salud pública es imprescindible para avanzar en la búsqueda de soluciones. El 90 % de las mujeres maltratadas pasan por las consultas del Médico de familia en el año posterior a la agresión. El Médico de Familia es el profesional sanitario en mejores condiciones para identificar a tiempo un problema que afecta a un 12% de las mujeres españolas, de ahí la importancia del médico de familia en la detección, prevención y abordaje del maltrato crónico.

El diagnóstico en los servicios de atención primaria donde se van a detectar cuadros patológicos de difícil encuadre y que pueden poner al profesional de la Medicina sobre la pista de estas situaciones. “El medico puede ser la única persona fuera de la familia a la que una mujer le pida ayuda de forma silenciosa”. “Siempre hay actitudes de la mujer que deben de ser sospechosas de ser una víctima silenciosa de malos tratos: Temerosa, insegura, sentimientos de culpa, confusa al explicar el mecanismo de producción”.

Los signos y síntomas que deben servir de alarma son: Síntomas físicos: • patologías mal definidas de origen incierto como dolor de cabeza, de espalda, torácico, abdominal, pélvico...

• palpitaciones, ahogo, • contusiones leves en diferentes estadios evolutivos.

Síntomas psíquicos: • Depresión • Ansiedad • Trastornos del apetito (anorexia/bulimia) • Trastornos del sueño • Somatizaciones • Intentos de suicidios. (entre el 20-40 % de las mujeres que se suicidan cada año han sufrido malos tratos) Solamente se detectan un 20 % de los casos de mujeres víctimas de malos tratos. Diferentes estudios han revelado que cuando en la anamnesis se incluyen cuestiones y referencias a la violencia de género, alrededor de un 50 % de las mujeres indican que la han sufrido. La disponibilidad de la mujeres para hablar de estos temas es muy elevada, quizá un ejemplo lo tenemos en 116 –

el caso comentado por Richard Jones, expresidente del colegio americano de ginecólogos, quien unos días después de leer un folleto educativo sobre la violencia en el hogar le preguntó a una paciente, más por curiosidad que por interés, si su marido le había pegado alguna vez. La respuesta le dejo estupefacto: “Dr. Jones, no sabe cuánto tiempo he esperado esta pregunta”. Ella, como muchas mujeres, en realidad están buscando una ayuda o un apoyo sobre el que levantar y sacar a la luz todas las vivencias relacionadas con el maltrato. (88) En muchas ocasiones somos conscientes de la falta de tiempo existente en las consultas de atención primaria, pero lo que si se aconseja incluir en la entrevista clínica “preguntas tentativas o facilitadoras” que ayuden a la mujer a confesar su situación: sobre su situación familiar ¿cómo van las cosas en casa?, ¿Tiene algún problema con su pareja y sus hijos? mal ambiente en el hogar, discusiones, tensión entre la pareja para luego pasar a preguntas ya más directas como: ¿siente que no le tratan bien en casa?, ¿ha sufrido alguna vez malos tratos?, ¿se siente segura?, ¿ha sentido miedo?....Ya que el 60 % revelarían sin problemas su situación al médico si se lo preguntará, y sólo un 12 % manifiesta que no lo haría. La realidad indica que esta pregunta no se produce, pues desde la medicina familiar sólo se realizan entre un 10-15 % de las mujeres que acuden a una primera consulta; en consultas ginecológicas en el 20 % de los casos y en las de medicina interna sólo el 8 %.

El simple abordaje de la asistencia, considerando la alta frecuencia con la que se presenta la violencia de género y las múltiples manifestaciones que tiene de hacerlo en forma de pérdida de salud, tanto física como psíquica, debería llevar a realizar un cribado de la violencia, crear las condiciones adecuadas y realizar una serie de preguntas relacionadas con esta situación, lo que permitiría detectar la violencia y comenzar a tratarla de manera específica desde la perspectiva de salud de la mujer.

En un estudio realizado en la universidad de Seattle se entrevistó a profesionales de medicina de familia para averiguar el porqué del temor a preguntar por la existencia de violencia doméstica, y entre las causas más frecuentes se encontraron: -- El 20 % por miedo a lo imprevisible, a la sensación de pérdida del control de la entrevista por parte del médico al preguntar sobre la violencia en el hogar.

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-- 50 % por limitaciones de tiempo, falta de preparación sobre el tema, miedo a ofender a la paciente, sensación de incapacidad y frustración al tratar el tema, en definitiva, no saber cómo abordarlo o cómo preguntar.

-- 42 % por frustración, por no poder controlar el comportamiento de la víctima.

-- 39 % porque se identifican con sus pacientes.

Hay una encuesta a escala de la Unión Europea (UE) sobre Violencia de género contra las mujeres realizada por la European Union Agency for Fundamental Rights (Agencia de los Derechos Fundamentales de la unión Europea): (163) Estudio basado en entrevistas personales realizadas a 42.000 mujeres de 18 a 74 años residentes en los 28 Estados miembros de la UE, con una media de 1.500 entrevistas por país. El objetivo es respaldar la formulación de políticas públicas en la UE. 13 millones de mujeres en la UE experimentaron violencia física y 3,7 millones experimentaron violencia sexual en la pareja o fuera de ella durante los 12 meses previos a la entrevista. Entre las mujeres que tienen o han tenido una relación con un hombre, el 22 % ha sufrido violencia física y/o sexual. Para responder con eficacia a los abusos en la pareja, el Estado debe considerarlo como un problema público y no privado.

Los profesionales de la salud pueden jugar un papel destacado en la identificación y canalización de los casos de violencia contra las mujeres. (90 % de las mujeres pasan por atención primaria en el año posterior/agresión). La encuesta indica, por ejemplo, que las embarazadas son vulnerables a la violencia; de las mujeres que fueron victimas de la violencia en una relación anterior y estaban embarazadas durante la misma, un 42 % fueron objeto de tratos violentos por parte de esa pareja durante el embarazo.

Las reglas relativas a la confidencialidad deben aclararse de modo que los profesionales sanitarios puedan abordar y denunciar los casos de abuso. En este sentido, la encuesta muestra que el 87 % de las mujeres europeas y el 93 % de las mujeres españolas considerarían aceptable que los médicos preguntaran de forma rutinaria sobre actos de violencia cuando observen determinadas lesiones o características en las pacientes. En España se contacta con un hospital o centro de salud en un 26 % frente al 20 % que contacta con la policía.

No es infrecuente que el agresor acompañe a la víctima a la consulta con la intención de controlar sus manifestaciones. Hay que invitarle a salir.

118 –

Pero es importante observar la actitud del agresor: -- Solícito y preocupado -- Despectivo e irónico Con frecuencia el agresor comparte médico con la víctima y como médicos no debemos eludir la actuación con el agresor. La entrevista con el maltratador no es fácil para cualquier profesional de la salud, pero existen las siguientes recomendaciones pueden servir de orientación y ayuda.: • Hablar con un tono calmado y seguro sin juzgar.

• Identificar comportamientos inaceptables y no dejarse intimidar.

• Abordar el problema hablando francamente.

• Permitirle reconocer sus comportamientos violentos y hacerse responsable de sus actos.

• Ofrecer tratamiento si tiene problemas de alcoholismo.

• Si tiene problemas psicológicos, toxicomanías o problemas psiquiátricos: ofertar servicios especializados • No presumir una rehabilitación espontánea (aunque se confiese avergonzado y arrepentido).

• No dar nunca la dirección de la casa de acogida de su pareja.

El protocolo de actuación se estructura en las siguientes fases: Detección y valoración • Indicadores de sospecha • Identificación • Valoración: -- Biopsicosocial -- De la situación de violencia -- Del riesgo Intervención • Información acerca del problema • Trabajo en la consulta – seguimiento • Derivación • Registro en la historia clínica • Actuación con los hijos e hijas (si procede) y otras personas dependientes si las hubiera – 119

• Emitir cuando proceda el parte de lesiones e informe médico correspondiente • Indicadores de sospecha Existen una serie de signos y síntomas que pueden hacer pensar que una mujer sufre violencia de género. Es importante que el personal sanitario los conozca y mantenga una actitud de alerta en la consulta para identificar los casos.

Indicadores de sospecha en los antecedentes y características de la mujer 1. Antecedentes de haber sufrido o presenciado malos tratos en la infancia 2. Antecedentes personales y de hábitos de vida • Lesiones frecuentes • Abuso de alcohol u otras drogas • Abuso de medicamentos, sobre todo psicofármacos En un estudio de casos reconocidos en la Unidad de Valoración Integral de violencia de Género de Sevilla (156), el consumo de sustancias de adicción se da tanto en hombres agresores como mujeres maltratadas en un 38,34 %, pero el consumo siempre es más elevado en el hombre que en la mujer. Y además este consumo patológico está íntimamente relacionado con la violencia ejercida contra la pareja, y es el principal causante de la misma. Resultados coincidentes con otros estudios (160), quienes afirman que los efectos causados por las sustancias de adicción producen cambios negativos en el comportamiento verbal, y físico en menor medida, en la persona que les toma.

Dichos cambios se traducen en un aumento de la irritabilidad y una menor capacidad de inhibición o control del comportamiento. Del mismo modo, Marshall (161) afirma en los resultados de su estudio que el consumo de alcohol está asociado con una falta de satisfacción en la pareja, relaciones desadaptativas y mayores niveles de violencia.

3. Problemas gineco-obstétricos • Ausencia de control de la fecundidad (muchos embarazos, embarazos no deseados o no aceptados) • Presencia de lesiones en genitales, abdomen o mamas durante los embarazos 120 –

• Dispareunia, dolor pélvico, infecciones ginecológicas de repetición, anorgasmia, dismenorrea • Historia de abortos repetidos (según un estudio reciente de la revista digital inglesa The Obstretian & Gynaecologist la violencia de género tiene relación con abortos no deseados y se habla de la necesidad de apoyar a las mujeres que no desean acabar con embarazos no deseados por la violencia de sus maridos, en el Reino Unido 1 de cada 3 mujeres que quieren abortar han sufrido algún episodio de violencia de género, en mayor grado las gestantes que abortan más de una vez ) (61) • Hijos con bajo peso al nacer • Retraso en la solicitud de atención prenatal 4. Síntomas psicológicos frecuentes • Insomnio • Depresión • Ansiedad • Trastorno de estrés postraumático • Intentos de suicidio • Baja autoestima • Agotamiento psíquico • Irritabilidad • Trastornos de la conducta alimentaria • Labilidad emocional 5. Síntomas físicos frecuentes • Cefalea • Cervicalgia • Dolor crónico en general • Mareo • Molestias gastrointestinales (diarrea, estreñimiento, dispepsia, vómitos, dolor abdominal) • Molestias pélvicas • Dificultades respiratorias • Fibromialgia 6. Utilización de servicios sanitarios • Existencia de periodos de hiperfrecuentación y otros de abandono (largas ausencias) – 121

• Incumplimiento de citas o tratamientos • Uso repetitivo de los servicios de urgencias • Frecuentes hospitalizaciones • Acudir con la pareja cuando antes no lo hacía 7. Situaciones de mayor vulnerabilidad y dependencia de la mujer • Situaciones de cambio vital: -- Embarazo (una encuesta realizada en el Reino Unido entre los años 2003-2005 reflejo que 19 mujeres embarazadas fueron asesinadas por sus parejas) y puerperio -- Noviazgo -- Separación -- Jubilación propia o de la pareja -- Situaciones que aumentan la dependencia: -- Aislamiento tanto familiar como social -- Migración, tanto interna o nacional como extranjera -- Enfermedad discapacitante -- Dependencia física o económica -- Dificultades laborales y desempleo -- Dificultades de formación y de ascenso en el trabajo -- Ausencia de habilidades sociales • Situaciones de exclusión social (reclusas, prostitución, indigencia) 8. Información de familiares, amistades, o de otros y otras profesionales e instituciones de que la mujer está siendo víctima de malos tratos.

Indicadores de sospecha durante la consulta 1. Características de las lesiones y problemas de salud • Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones físicas • Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa • Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: cara/cabeza, cara interna de los brazos o muslos • Lesiones por defensa (cara interna del antebrazo) • Lesiones en diferentes estadios de curación que indican violencia de largo tiempo de evolución • Lesiones en genitales 122 –

• Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas • Lesión típica: rotura de tímpano 2. Actitud de la mujer: • Temerosa, evasiva, incómoda, nerviosa, se altera por ejemplo al abrirse la puerta...

• Rasgos depresivos: triste, desmotivada, desilusionada, sin esperanza • Autoestima baja • Sentimientos de culpa • Estado de ansiedad o angustia, irritabilidad • Sentimientos de vergüenza: retraimiento, comunicación difícil, evitar mirar a la cara • Vestimenta que puede indicar la intención de ocultar lesiones • Falta de cuidado personal • Justifica sus lesiones o quita importancia a las mismas • Si está presente su pareja: -- Temerosa en las respuestas -- Busca constantemente su aprobación 3. Actitud de la pareja • Solicita estar presente en toda la visita • Muy controlador, siempre contesta él o, por el contrario, despreocupado, despectivo o intentando banalizar los hechos • Excesivamente preocupado o solícito con ella • A veces colérico u hostil con ella o con el profesional • Identificación Cuando el personal sanitario sospecha que una mujer puede ser víctima de maltrato, deberá confirmar o descartar la situación de violencia. Para ello es preciso realizar una entrevista clínica específica. En muchas ocasiones somos conscientes de la falta de tiempo existente en las consultas de atención primaria, pero lo que si se aconseja incluir en la entrevista clínica “preguntas tentativas o facilitadoras” que ayuden a la mujer a confesar su situación: sobre su situación familiar ¿cómo van las cosas en casa?, ¿Tiene algún problema con su pareja y sus hijos? mal ambiente en el hogar, discusiones, tensión entre la pareja para luego pasar a preguntas ya más directas como : ¿siente que no le tratan bien en casa?, ¿ha sufrido alguna vez malos tratos?, ¿se siente segura?, ¿ha sentido miedo?....

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En la siguiente tabla se presentan algunas recomendaciones para crear un clima de confianza que la facilite.

Recomendaciones para la entrevista clínica a la mujer ante sospecha de maltrato • Ver a la mujer sola, asegurando la confidencialidad.

• Observar las actitudes y estado emocional (a través del lenguaje verbal y no verbal).

• Facilitar la expresión de sentimientos.

• Mantener una actitud empática, que facilite la comunicación, con una escucha activa.

• Seguir una secuencia lógica de preguntas más generales e indirectas a otras más concretas y directas.

• Abordar directamente el tema de la violencia.

• Expresar claramente que nunca está justificada la violencia en las relaciones humanas.

• En el caso de que lo reconozca: • Hacer sentir a la mujer que no es culpable de la violencia que sufre.

• Creer a la mujer, sin poner en duda la interpretación de los hechos, sin emitir juicios, intentando quitar miedo a la revelación del abuso.

• Ayudarle a pensar, a ordenar sus ideas y a tomar decisiones.

• Alertar a la mujer de los riesgos y aceptar su elección.

• NO dar la impresión de que todo se va a arreglar fácilmente.

• NO dar falsas esperanzas.

• NO criticar la actitud o ausencia de respuesta de la mujer con frases como: «¿Por qué sigue con él?; Si usted quisiera acabar, se iría...».

• NO infravalorar la sensación de peligro expresada por la mujer.

• NO recomendar terapia de pareja ni mediación familiar.

• NO prescribir fármacos que disminuyan la capacidad de reacción de la mujer.

• NO utilizar una actitud paternalista.

• NO imponer criterios o decisiones

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EJEMPLOS DE PREGUNTAS ANTE SOSPECHA En el caso de sospecha por información obtenida de los antecedentes y características de la paciente: • He repasado su historial y encuentro algunas cosas que me gustaría comentar con usted. Veo que... (relatar los hallazgos), ¿a qué cree que se debe su malestar ó problema de salud?, La encuentro algo intranquila ¿qué le preocupa? ¿Está viviendo alguna situación problemática que le haga sentirse así?, ¿qué me puede decir a esto? ¿cree que todo está relacionado?

• En muchos casos las mujeres que tienen problemas como los suyos, como... (relatar algunos de los identificados, los más significativos), suelen ser a causa de que están recibiendo algún tipo de maltrato por parte de alguien, por ejemplo su pareja, ¿es éste su caso?

• En caso de sospecha por antecedentes como dispareunia, dolor pélvico..., preguntar acerca de si sus relaciones afectivas y sexuales son satisfactorias o no.

En el caso de sospecha por las lesiones físicas que presenta: • Esta lesión suele aparecer cuando se recibe un empujón, golpe, corte, puñetazo... ¿es eso lo que le ha ocurrido?

• ¿Su pareja o alguna otra persona utiliza la fuerza contra usted?, ¿cómo?, ¿desde cuándo?

• ¿Alguna vez la han agredido más gravemente? (palizas, uso de armas, agresión sexual).

En el caso de sospecha por los síntomas o problemas psíquicos encontrados: • Me gustaría conocer su opinión sobre esos síntomas que me ha contado (ansiedad, nerviosismo, tristeza, apatía...): ¿Desde cuándo se siente usted así?, ¿A qué cree usted que se deben?, ¿Los relaciona con algo?

• ¿Ha sucedido últimamente algo en su vida que le tenga preocupada o triste? ¿Tiene algún problema quizás con su pareja? ¿O con sus hijas ó hijos? ¿Con alguien de su familia? ¿En el trabajo?

• Parece como si se encontrara alerta, asustada, ¿Qué teme?

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• ¿Tiene alguna dificultad para ver a sus amistades o familiares? ¿Qué le impide hacerlo?

PREGUNTAS PARA VALORAR LA SITUACIÓN Y TIPO DE VIOLENCIA Violencia física • ¿Su pareja le empuja o agarra?

• ¿Su pareja le golpea, le da bofetadas o cualquier otra agresión?

Violencia sexual • ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales contra su voluntad?

• ¿Le fuerza a llevar a cabo alguna práctica sexual que usted no desea?

Violencia psicológica • ¿Le grita a menudo o le habla de manera autoritaria?

• ¿Amenaza con hacerle daño a usted, a las hijas o hijos, a otras personas o a los animales domésticos?

• ¿La insulta, ridiculiza o menosprecia, a solas o delante de otras personas?

• ¿Se pone celoso sin motivo?

• ¿Le impide o dificulta ver a su familia o a sus amistades?

• ¿La culpa de todo lo que sucede?

• ¿Le controla el dinero y le obliga a rendir cuenta de los gastos?

• ¿Le impide trabajar fuera de casa o estudiar?

• ¿La amenaza con quitarle a los hijos o hijas si le abandona?

• ¿Ignora sus sentimientos, su presencia, etc.?

• Valoraciones Una vez que la mujer reconoce estar en una situación de maltrato, se debe proceder a realizar una exploración minuciosa de las lesiones y de su estado emocional, informándole de las exploraciones que se realizan y de su finalidad

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Biopsicosocial • Lesiones y síntomas físicos • Situación familiar • Situación económica, laboral y ocupacional • Red de apoyo social de la mujer • Situación emocional De la situación de violencia • Tipo de violencia , desde cuándo la sufre , frecuencia e intensidad de la misma.

• Comportamientos de la persona agresora a nivel familiar y social; si ha habido agresiones a otras personas o familiares • Mecanismo de adaptación desarrollado por la mujer.

• Fase del proceso de violencia en la que se encuentra De la seguridad y evaluación del riesgo • Determinar si la mujer se encuentra o no en peligro extremo, entendiendo por peligro extremo la situación actual de sufrir un evento inminente con riesgo cierto para la vida de la mujer o la de sus hijos o hijas. Indicadores de peligro extremo. Esta valoración se hará conjuntamente con la mujer: -- Amenazas con armas o uso de las mismas -- Amenazas o intentos de homicidio a ellas y sus hijos o hijas -- Amenazas o intentos de suicidio de la paciente -- Malos tratos a hijos o hijas u otros miembros de la familia -- Lesiones graves, requiriendo incluso hospitalización -- Amenazas o acoso a pesar de estar separados -- Aumento de la intensidad y frecuencia de la violencia -- Agresiones durante el embarazo -- Abusos sexuales repetidos -- Comportamiento violento fuera del hogar -- Celos extremos, control obsesivo de sus actividades diarias, adónde va, con quién está o cuánto dinero tiene -- Aislamiento creciente -- Consumo de alcohol o drogas por parte del cónyuge - - Disminución o ausencia de remordimiento expresado por el agresor – 127

• Considerar la percepción de peligro por parte de la mujer, tanto para ella como para otros miembros del entorno familiar. Ante la presencia de este indicador, la situación queda definida directamente como de peligro extremo.

• Criterio profesional tras la valoración conjunta (fundamentada en la entrevista y la valoración biopsicosocial realizada) • Si se detecta una situación de peligro preguntar: -- ¿Se siente segura en su casa? ¿Puede ir a casa ahora?

-- ¿Están sus hijos/as seguros? ¿Dónde está ahora el agresor?

-- Lo saben sus amistades o familiares? ¿Le ayudarían?

ACTUACIÓN. INTERVENCIÓN La confirmación de una sospecha de malos tratos a una mujer no pone fin a la actuación del personal sanitario sino que a partir de ese momento se debe desarrollar una importante labor de información a la mujer, de atención y trabajo en la consulta así como derivación cuando las características del caso lo requieran.

La actuación del personal sanitario será distinta si la mujer reconoce o no el maltrato y según la situación de peligro en la que se encuentre. Así, se presentan las 3 posibles situaciones para las cuales habrá que plantear pautas de actuación diferentes: Plan de atención a la mujer que presenta indicadores de sospecha pero no reconoce sufrir malos tratos • Registrar en la historia clínica la sospecha y la actuación realizada • Informar a la mujer de la situación en que se encuentra • Trabajo en la consulta – seguimiento: -- Atención integral/interdisciplinar -- Atención de los problemas físicos/psíquicos/sociales encontrados -- Ofertar visitas de seguimiento: acompañar a la mujer en el reconocimiento de la situación de violencia y en la toma de decisiones, de manera empática -- Ofertar, si es posible, la participación en intervenciones grupales (grupos de mujeres en el centro o en otros recursos de la zona 128 –

Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no se encuentra en peligro extremo • Registrar en la historia clínica la sospecha y la actuación realizada • Informar a la mujer de la situación en que se encuentra • Trabajo en la consulta – seguimiento: -- Atención integral/interdisciplinar -- Atención de los problemas físicos/psíquicos/sociales encontrados -- Plantear la elaboración de una estrategia de seguridad ante una posible situación extrema.

-- Establecer un plan de consultas de seguimiento para: o Plantear y favorecer la toma de decisiones para iniciar cambios en la situación o Acompañar a la mujer en el afrontamiento de su situación o Prevenir nuevas situaciones de violencia o Ofertar, si es posible, la participación en intervenciones grupales (grupos de mujeres en el centro ú otros recursos de la zona).

• Derivar (si se estima necesario y previo consentimiento de la mujer) -- Al personal de trabajo social -- A los recursos adecuados a la situación en la que se encuentra la mujer • Emitir parte de lesiones cuando proceda (En aquellos casos en que la mujer se niega a denunciar y el personal sanitario tenga fundadas sospechas de la existencia de malos tratos físicos ó psíquicos (no existe constatación clara del origen de las lesiones como para poder emitir el correspondiente parte de lesiones), se recomienda comunicar a la Fiscalía dicha situación, tal como establece el precepto legal. La Fiscalía decidirá en base a los indicios que se puedan aportar ó ampliar, cual es la situación procesal adecuada).

• Actuación con los hijos e hijas y otras personas dependientes si las hubiera Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos y se encuentra en peligro extremo • Informarla de la situación de peligro en que se encuentra y plantearle las posibles estrategias a seguir. Transmitirle que no está sola – 129

• Derivar con carácter urgente a trabajo social o a los servicios de apoyo de 24 horas de emergencias sociales para mujeres que sufren maltrato • Registrar en la historia clínica el episodio y las actuaciones realizadas.

Este registro puede servir como prueba en un proceso judicial.

• Emitir el parte de lesiones e informe médico, entregando una copia a la mujer e informándole de sus implicaciones.

• Conocer la situación familiar, personas dependientes y los recursos con que cuenta • Llamar al 112 (Emergencias) o los servicios específicos de su comunidad autónoma Con frecuencia el agresor comparte médico con la víctima y como médicos no debemos eludir la actuación con el agresor. La entrevista con el matratador no es fácil para cualquier profesional de la salud, pero existen las siguientes recomendaciones pueden servir de orientación y ayuda: • Hablar con un tono calmado y seguro sin juzgar.

• Identificar comportamientos inaceptables y no dejarse intimidar.

• Abordar el problema hablando francamente.

• Permitirle reconocer sus comportamientos violentos y hacerse responsable de sus actos.

• Ofrecer tratamiento si tiene problemas de alcoholismo.

• Si tiene problemas psicológicos, toxicomanías o problemas psiquiátricos: ofertar servicios especializados • No presumir una rehabilitación espontánea (aunque se confiese avergonzado y arrepentido).

• No dar nunca la dirección de la casa de acogida de su pareja.

INTERVENCIÓN MÉDICO-LEGAL EN EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA DE GENERO El Médico Forense se enfrenta con la violencia de género una vez que ha sido denunciada. Es muy importante ya que será el que asesore al Juez sobre la mejor manera de reparar el daño sufrido por la víctima.

La Medicina Forense constituye uno de los eslabones de la larga cadena de la respuesta social y sanitaria frente a la violencia de género. La detección, 130 –

la toma de medidas que evite nuevas acciones violentas y la canalización hacia el tratamiento del problema tienen en esta disciplina uno de los puntales más importantes.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su disposición adicional segunda, dispone que “El Gobierno y las comunidades Autónomas, que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género”.

Por tanto, es necesario llevar a cabo una respuesta integral desde la Medicina Forense en la que participen diferentes profesionales (en una primera fase Médico/a Forense, Psicólogo/a y Trabajador/a Social, dada la interdisciplinariedad del problema). Se crea por tanto la figura del “equipo forense” coordinado con los Cuerpos de Seguridad y, muy especialmente, con las Oficinas de Atención a las Víctimas.

Esta norma establece una obligación directa a la Medicina Forense para que diseñe un sistema probatorio eficaz a través de protocolos de trabajo que permitan responder de forma adecuada a los casos de violencia de género regulados por dicha Ley Orgánica.

Varios son los aspectos que hay que tener en cuenta ante esta respuesta forense. En primer lugar, la violencia de género por su gravedad y complejidad supera cualquier respuesta simple o que parta de un solo punto de vista o enfoque, por lo que debe vertebrarse desde actuaciones múltiples, por ello, la coordinación y conexión entre las partes son fundamentales. La actuación forense debe dirigirse hacia la consecución de los aspectos probatorios médicos y psicosociales que tienen al objeto de facilitar la mejor información posible al juzgador, dando respuesta a las diversas cuestiones que la justicia plantea.

La función forense es muy importante ya que será el que asesore al Juez sobre la mejor manera de reparar el daño sufrido por la víctima.

El juez y el Fiscal necesitan una información médica, cierta, precisa y completa sobre: • la existencia del maltrato • gravedad de las consecuencias – 131

• riesgo de repetición o se intensifique o incluso de muerte femicida fundamentalmente derivados de: (63) -- La oportunidad o facilidad de ocurrir la agresión, sobre todo si mantiene convivencia con el agresor.

-- La habitualidad (denuncias previas, agresividad constante) -- La localización anatómica de las lesiones (las más graves en cara, cuello o tórax) -- El empleo de armas o tortura en la producción de las lesiones en estudio.

• Descartar posibles casos de simulación • Muy importante valorar la peligrosidad que el agresor representa para la víctima: (76) partiendo de la especial dificultad que supone ponderar el “riesgo objetivo” de que sucedan nuevas agresiones, o la muerte misma, se trata de emplear un método mixto que combine la evidencia de los datos con el máximo valor estadístico. La predicción de la conducta humana depende de múltiples variables que se interrelacionan entre sí, por lo que no se puede alcanzar un grado de certeza absoluta.

Sólo en términos relativos podremos establecer una previsión futura de la conducta de la persona.

Hay factores que pueden actuar como facilitadores, inductores, cronificadores o generadores de riesgo vital grave en el contexto de la violencia de género. Entre los factores que crean inestabilidad en la relación están la patología mental, embarazo o hijo con discapacidad, relaciones fuera de la pareja, imposición de la familia política en el hogar familiar, problemas económicos o laborales. Entre los factores que inducen a respuesta agresiva se encuentran intentos de ruptura de relación, consumo de tóxicos, patología mental: entre los que favorecen la reiteración y/o cronificación de la violencia: ideas de posesión por parte de la persona agresiva, ideas de culpa aceptada por la víctima, dependencias económicas, dependencias emocionales de la víctima, dependencias emocionales de la persona agresiva, relación de seducción con el objetivo de manipulación, historias de violencia domésticas infantiles.

Aún cuando debe centrarse fundamentalmente en los aspectos médicos, no debe olvidar otras facetas de gran trascendencia, esenciales en la compresión y abordaje del problema.

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Por ello la prueba debe reunir un carácter multdisciplinar e interdisiciplinar. Pero además de esa complejidad y de la necesaria intervención de varias disciplinas, debemos considerar que estamos frente a un tipo de violencia que se diferencia de otras.

Desde el punto de vista de la medicina legal la situación se caracteriza por venir definida por el resultado, las lesiones, y por el contexto en el que se sitúan como parte fundamental de él el autor y la relación afectiva.

La investigación forense de los casos de violencia de género suelen superar el contexto de la agresión única para convertirse en una historia. Son “violencias con historia”, conductas lesivas que parecen en el contexto de una relación interpersonal mantenida a lo largo del tiempo, y que se caracterizan porque una historia anterior al hecho agresivo y también un posible futuro.

Las posibilidades de respuesta forense pueden darse ante víctimas que, por su gravedad (lesiones graves) o especificad de actuación (agresiones sexuales), requieren respuesta hospitalaria y/o ingreso en el centro, o ante víctimas que pueden seguir un itinerario de respuesta judicial programada ambulatoria.

Los indicadores de riesgo forense de repetición de nuevas agresiones y el riesgo de etiología homicida (76): • El estudio del riesgo a través de los hechos: -- Conducta agresiva -- Medios utilizados -- Forma de utilizarlos -- Coincidencia con amenazas -- Coincidencias con situaciones de especial valor.

• Estudio del riesgo desde la persona agresora: -- La justificación de lo sucedido -- La conducta y expresión verbal.

-- Problemas de expectativas de futuro -- Tóxicos de abuso -- Enfermedad mental y trastornos de personalidad -- Dependencia emocional de la persona agresora con respecto a al víctima.

• Estudio del riesgo de la víctima: -- Justificación de los sucedido y aceptación de culpabilidad – 133

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Ambivalencia y falta de conciencia de víctima Tóxicos de abuso Enfermedad mental y trastornos de personalidad Dependencia emocional de la víctima con respecto a la persona agresora.

• Estudio del riesgo a través de la relación víctima y agresor: -- Mal funcionamiento familiar con costumbre de relación violenta -- Factores creadores de inestabilidad -- Infidelidad -- Intereses económicos contrapuestos • Factores de riesgo especial: -- Delirio celotípico alcohólico -- Trastorno del control de impulsos -- Creencias obsesivas La evaluación inmediata de las secuelas de las mujeres que han puesto una denuncia, la valoración de las lesiones físicas y del daño psicológico de las víctimas como herramienta en los procesos judiciales, así como la posterior evaluación y rehabilitación cognitiva de las mismas puede significar una mejoría en la autonomía e independencia y una reincorporación positiva al mundo social y laboral.

El objetivo esencial de la respuesta forense es la elaboración de un INFORME PERICIAL DE ALTA CALIDAD, después de hacer una VALORACIÓN MÉDICO-LEGAL INTEGRAL, que consistirá en una EXPLORACIÓN DE VÍCTIMA/AGRESOR/ HIJOS/PADRES, que pueda responder a la petición que el juzgado para su labor de concluir y decidir aspectos penales, de evaluar la responsabilidad civil, de protección y establecimiento de las medidas de evitación que corresponden a cada caso.

1. Exploración y valoración de las lesiones físicas de la víctima Preliminares de la agresión física (62) Los inicios de la agresión son sutiles y probablemente más efectivos que una agresión física, que originaría en la víctima un rechazo frontal. Se comienza con una actitud hacia la mujer, con la que comparte teóricamente una relación 134 –

de afecto, que contiene como ingredientes básicos la frialdad afectiva teñida de menosprecio y falta de consideración. Progresivamente se añade un claro rechazo hacia la mujer con actos intimidatorios que incluyen violencia verbal y sobre objetos, también a a veces violencia física sobre animales domésticos y sobre miembros de la familia (hijos pequeños).

Esta situación mantenida en el tiempo genera malestar psíquico en la mujer que se siente rechazada, menospreciada y permanentemente amenazada.

Durante un cierto tiempo considera que su marido, o en general su pareja, tiene un problema y con frecuencia adopta una actitud de “comprensión” e intenta ayudarlo pero pronto se da cuenta de quien tiene realmente un problema es ella. Al poco tiempo, la mujer que adopta una posición de entrega y sumisión al agresor, se pone a merced del violento.

Esta renuncia al hacer frente a esta situación conlleva en alunas mujeres con rasgos psicopatológicos de gran interés para un diagnóstico precoz de maltrato: -- La mujer tiene un cuadro constituido por falta de autoestima, tristeza, bajo tono vital, ausencia de proyectos e ilusiones, apatía. También se aprecia ansiedad como producto de la situación adaptativa que a veces se expresa como crisis de angustia o trastorno o estrés agudo.

-- La somatización del conflicto interno se produce con frecuencia en grados variables. Son frecuentes las cefaleas a última hora de la tarde, las afecciones inespecíficas de vías respiratorias altas, dolores osteo-articulares difusos y mal definidos, dolorimientos musculares con fatiga mantenida y astenia.

Este estado físico y psíquico coloca a la mujer en una situación en la que es incapaz de tomar decisiones frente al agresor e incluso se encuentra imposibilitada de llevar su vida habitual, sus ocupaciones cotidianas. En esta etapa de adaptación al inicio de la violencia de pareja se empiezan a resentir las obligaciones de la mujer, tanto las que tiene fuera del hogar, su trabajo, como las que abarcan las tareas domésticas.

La pérdida de bienestar psíquico y las alteraciones psicosomáticas que llevan a la apatía y debilitamiento de la mujer se compaginan mal con las tareas de la mujer, esto se expresa con una disminución del rendimiento laboral y absentismo laboral.

En otros casos la mujer puede buscar en la actividad laboral algo de respiro a la situación que vive en casa además de obtener un rendimiento económico – 135

que en el futuro le pueda ayudar a emprender una nueva vida independiente; pero el maltratador no es amigo de independencia económica y social de su pareja, al contrario la tendencia a estas situaciones es a lo que se ha descrito como “secuestro doméstico” alejando a su víctima de cualquier promoción laboral o social.

En resumen, la propia adaptación inicial de la mujer a su situación de maltrato conduce a un estado psico-físico inapropiado para el desarrollo de una actividad laboral normal y también para el normal desempeño de sus tareas n el hogar lo que conlleva un motivo más de agravamiento de los malos tratos, además de la justificación y la progresiva asunción de culpas por la mujer que comprende el lógico malestar del marido ante esta situación de dejación en las cosas de la casa y los niños.

Agresiones físicas Buena parte de las mujeres que sufren maltrato y han pasado la fase preliminar a la agresión física, adoptan una actitud de justificación de la conducta violenta de su pareja. La víctima tiene una vida reducida, el maltrato rompe los lazos familiares y laborales de la mujer, de manera que su contexto vital se reduce al ámbito doméstico por lo que, como mecanismo de adaptación a la supervivencia, la víctima adquiere una adherencia anómala a su verdugo, un raro síndrome de Estocolmo.

La identidad de la mujer es atacada por el maltratador destruye en ella las aficiones, las iniciativas personales e incluso la autonomía del pensamiento que ha de adaptarse al de él para evitar desencadenar la violencia. Así pues, durante largo periodo de tiempo la víctima somete su vida, su comportamiento, al del agresor y ello unas veces por convencimiento (asumen la culpabilidad de tareas mal realizadas), y otras para intentar evitar la liberación de la furia de su compañero.

En este periodo evolutivo cuando, a pesar de la aparente sintonía entre agresor y víctima, se produce el primer golpe físico, directo. Antes pudo haber empujones, movimientos bruscos, pero ahora es un golpe dirigido y consciente para producir daño físico, inequívoco. (62) La variabilidad del patrón lesional que podemos encontrar es tan diversa, como diverso es el agente lesional y el mecanismo utilizado. Desgraciadamente, la primera y gran clasificación de las consecuencias que puede 136 –

sufrir una víctima de agresión se encuentra en el rango entre la muerte y la supervivencia.

Aparte de esto, clasificar las lesiones físicas por su trascendencia médico-forense significa hacer un repaso por todas las posibilidades traumatológicas posibles, desde simples contusiones y erosiones hasta heridas por diversos tipos de armas.

Las consecuencias suelen ser contusiones simples o complejas: • equimosis y hematomas • heridas • lesiones osteoarticulares leves o pequeñas • luxaciones • roturas viscerales • derrames cavitarios • erosiones • excoriaciones • heridas contusas • arrancamientos • aplastamientos • mordeduras • caídas • precipitaciones secundarias a empujones con o sin solución de continuidad en la piel • heridas por arma blanca y agresiones mixtas.

Aparecen ligadas a golpes con las manos u objetos romos y a amenazas con armas diversas.

La gran mayoría de las lesiones se califican como erosiones, equimosis y hematomas, lesiones osteoarticulares leves o pequeñas, y heridas.

Suelen ser contusiones diversas en diferentes grados evolutivos que indican habitualidad y continuidad de la violencia.

Normalmente este tipo de lesiones no requieran tratamiento médico y la media de días de curación sea de 6.

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Otras veces podemos encontrar: • Heridas por armas blancas punzantes, cortantes, corto-punzantes, corto-contundentes, tijeras. Es frecuente la presencia de “heridas defensivas” como consecuencia de la reacción natural de la víctima que intenta protegerse o desarmar al agresor ante un ataque, son cortes que se localizan en la cara palmar de las manos o en el borde cubital de los antebrazos.

Herida defensa (malos tratos)

• Quemaduras de distintos grados producidas sobre todo por agentes térmicos, pero también por cáusticos • Heridas por arma de fuego • Asfixias mecánicas: estrangulación a mano o a lazo, diversos tipos de sofocación, siendo quizá la más habitual la oclusión de orificios respiratorios.

Marcas causadas por un cepillo de pelo

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En un reciente trabajo (101) realizado sobre 9.000 mujeres que acudieron a los servicios de urgencias de diez hospitales diferentes encontró como datos significativos que la lesión más típica en las mujeres maltratadas era la rotura del tímpano, y que tienen mayor probabilidad de presentar lesiones en la cabeza, tronco y cuello. Las no maltratadas, por el contrario, suelen sufrir las lesiones con mayor frecuencia en la columna vertebral y extremidades inferiores.

Las circunstancias de las que depende el cuadro lesional son (102): -- El grado de violencia empleado -- La repetición seguida de la agresión -- Y la unión del maltrato a otro tipo de hechos Estos dos últimos factores, la repetición de los hechos y la unión a otras acciones dentro de un incidente, aumentan la capacidad lesiva, ya que conllevan un incremento del grado de violencia y hacen, además, que la víctima sea incapaz de recuperarse para protegerse de la siguiente agresión al encontrarse física y psicológicamente aturdida por la rapidez de los sucesos. (103, 104) La localización de las lesiones puede ser cualquiera, siendo tan frecuente encontrarlas en: • Aquellos lugares más fácilmente accesibles como la cabeza, la cara o los brazos, como en cualquier otro.

• En ocasiones se encuentran en lugares que pueden pasar fácilmente desapercibidos en la vida social de la víctima por la ropa, en el pecho, tórax o abdomen.

• La rotura del tímpano puede observarse tras traumatismos intensos sobre la cabeza.

• Únicamente se han descrito aquellas lesiones más frecuentemente observadas. Recordando lo manifestado anteriormente, el abanico de posibilidades es tan extenso y diverso, como medios y mecanismos lesivos utilizados.

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A pesar de lo anterior muchas víctimas se abstienen de acudir a un hospital, incluso cuando hay lesiones de cierta intensidad debido a la vergüenza, a las amenazas por parte del agresor si busaca cualquier tipo de ayuda y al temor a que el hospital comunique al Juzgado el origen de sus lesiones y se tomen medidas que puedan afectar a su familia. Otro dato significativo es que la mayoría de las mujeres que han sido víctimas de estos hechos y que se deciden ir al médico como consecuencia de las lesiones, cada vez que vuelven a acudir lo hacen con lesiones más graves. (105)

Femicidio Se ha establecido el concepto internacional como muerte de una mujer por el hecho de serlo a cargo de hombre. Por desgracia, el médico forense puede tener que estudiar los efectos de la violencia de género en una víctima cadáver.

Es imprescindible ante el cadáver de una mujer fallecida por muerte violenta o sospechosa de criminalidad, realizar la autopsia forense o médico-legal con un meticuloso examen externo y examen interno, incluyendo en éste las áreas genitales y extragenitales, buscando cualquier tipo de lesiones que indiquen una violencia sexual. (63) En ocasiones, dependiendo del medio utilizado, cuando se emplean en la agresión armas y de la localización de la lesión puede producirse la muerte, las lesiones cobran extrema gravedad. En estos casos suelen existir antecedentes de denuncias previas por lesiones leves.

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Contusiones. herida contusa

La valoración en caso de muerte (76), hay que considerar varios aspectos importantes para la investigación: -- Muerte homicida -- La muerte “accidental o “natural” requiere una especial consideración sobre todo en casos cronificados de maltrato.

-- La muerte suicida puede ser consecuencia de una historia de maltrato.

Agresión sexual La agresión sexual es uno de los actos más claros de abuso y preponderancia del hombre sobre la mujer. La agresión sexual puede producirse, bien por medio de la aplicación de la propia violencia, bien a través de la intimidación.

Se dan todo tipo de vejaciones y violaciones de la intimidad de la víctima, como parte de la violencia habitual o como violencia única previa en muchos casos al homicidio de la víctima. En estos casos se encontrarán también las lesiones características del tipo de agresión que dependerá de cual haya sido la circunstancia etiológica y de la vía de penetración. (63) Las mujeres víctimas de agresiones sexuales con penetración en el año 2015, fueron 827 mujeres y 5.560 mujeres víctimas de otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En comparación con 82 hombres que fueron víctimas de agresiones sexuales con penetración y 963 hombres víctimas de otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En relación con las detenciones e impu– 141

taciones en delitos contra la libertad sexual en el año 2015, son los hombres los más detenidos e imputados con un total de 5.028, en comparación con sólo 252 mujeres detenidas e imputadas por delitos contra la libertad sexual. (69) 2. Exploración y valoración psicológica-psiquiátrica de la víctima.

Para realizar un estudio psicológico-psiquiátrico completo de la víctima de violencia se utiliza una batería de pruebas, entre las que se pueden utilizar las siguientes: (70) • Cuestionarios de personalidad: “Factores de personalidad” (Cuestionario16-PF de Catell, 1993), “Inventario multifásico de la personalidad, de Minnesotta” (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI-2; Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer, 1989).

• Test proyectivos: Test de Rorschach para evaluar la personalidad (Rorschach, 1921), Test del Árbol (Koch, 1949).

• Test de inteligencia (cuando se presenta algún problema intelectivo): Test de inteligencia Wais (Wechsler Adults Intelligence Adults, WAIS-R; Wais, 1981).

• Escalas de ansiedad: “Inventario de ansiedad estado-rasgo (State Trai Anxiety Inventory, STAi; Spielberger, 1970), “Escala de ansiedad de Hamilton” (Anxiety Scale; Hamilton, 1959)…

• Escalas de depresión: “Inventario de depresión de Beck” (Beck Depression Inventory, BDI; Beck, 1985)...

• “Escalas de salud general” (General Health Questionnaire; Golberg, 1972) subescalas de síntomas somáticos de origen psíquico-.

Las primeras reacciones de la mujer víctima de violencia ejercida en el seno de una relación íntima se caracterizan por el sentimiento de humillación, vergüenza y preocupación; además de la percepción de pérdida de control, confusión, sentimientos de culpa y miedo vinculados al paso del tiempo. (112) En un estudio sobre casos reconocidos en la Unidad de Valoración Integral de violencia de género de Sevilla (156), observa como un elevado porcentaje de mujeres víctimas de malos tratos presentan sintomatología ansiosa y depresiva.

Los datos demuestran que el 92 % de las mujeres reportan haber sido golpeadas en la cabeza y cara durante la violencia perpetrada por su pareja.

(113) Como cualquier otro traumatismo craneoencefálico, estos golpes pueden afectar al sistema nervioso central de distintas formas.

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Estudios recientes demuestran que las secuelas psicológicas especialmente el estrés postraumático, puede producir alteraciones en el funcionamiento cerebral (114) y su consecuente repercusión en áreas como la atención, la función ejecutiva y el procesamiento del dolor. (115) Las mujeres que han sufrido violencia de género padecen multitud de problemas físicos, psicológicos, neurológicos y cognitivos. (92) Los estudios sobre déficit neuropsicológicos han encontrado alteraciones graves relacionadas con la memoria, atención y concentración, habilidades visoconstructivas, velocidad de procesamiento motor, fluidez verbal y función ejecutiva, concurrentes con las situaciones concurrentes de maltrato físico. (93) Los trabajos realizados en los últimos quince años han demostrado que la sintomatología psíquica encontrada en las víctimas debe ser considerada como una secuela de los ataques sufridos, no como una situación anterior a ellos.

(106) Los estudios en dicho sentido se llevaron a cabo realizando análisis comparativos con la respuesta humana al trauma, existiendo una correlación estrecha entre: -- La sintomatología desarrollada por las víctimas del maltrato -- Y la respuesta a determinadas situaciones estresantes También se ha encontrado en mujeres víctimas de violencia de género altos niveles de cortisol en saliva, vinculada muchas veces a la historia de victimización y la probable salud mental deteriorada tras el maltrato mantenido y el consecuente padecimiento de estrés crónico. (116) La secreción de glucocorticoides y en concreto cortisol, afecta al rendimiento cognitivo de diversas maneras, y muy probablemente explique un síntoma muy referido en mujeres víctimas de violencia de género como son los problemas de memoria.

Agresiones psíquicas y psicológicas La violencia psíquica puede ejercerse de múltiples formas y suele ser propia de una relación interpersonal problemática y viciada. La forma más frecuente son las agresiones verbales que suelen ser mutuas, con la frecuente utilización de los hijos y de sus afectos en contra del otro cónyuge. En relación con la clase social en la que se mueven los implicados, puede aparecer como un lenguaje lleno de insultos y amenazas (incluso para la vida), o bien como un lenguaje – 143

hiriente y agudamente agresivo. Suelen ser actos más o menos sutiles como despreciar las opiniones, faltar al respeto en la intimidad o públicamente, utilizar un lenguaje insultante, provocar celos, amenazar con el abandono, con el deterioro o enajenación de los bienes, con provocar lesiones personales o a seres queridos, etc.

La psicopatología relacionada con las agresiones se produce tanto por la violencia psíquica, como secundariamente al impacto emocional de la violencia física que se acompaña de una sensación cierta de peligro: • Reacción psicógena originada por la forma en que el entorno familiar vivencia la situación de violencia y la respuesta que dé a la víctima.

• Daños psíquicos originados por la acción directa de un agente traumático sobre las estructuras encefálicas.

• También puede derivarse daño psíquico como secuela tras una auténtica agresión sexual o física, en la que la víctima experimente auténtica sensación de peligro o humillación.

Hay que considerar que lo más habitual es la existencia de agresiones mixtas (físicas y psíquicas) que obligan a una valoración muy minuciosa del daño psíquico que se puede producir en la víctima tanto a corto como a largo plazo.

En ellas se mezcla el maltrato físico con la violencia verbal. En estos casos el médico debe valorar las lesiones físicas, así como el tratamiento indicado y la evolución, sin olvidar el daño psíquico presente ya en ese momento, derivado de la relación patológica, y el que puede sobrevenir en el futuro.

Entre los factores que más pueden influir en el establecimiento de un daño psíquico se encuentran la edad, la frecuencia, la intensidad y el tipo de agresión, el tiempo que se haya mantenido la situación, la actitud del agresor, la reacción del entorno social familiar e incluso la propia personalidad de la víctima.

Reacción de la víctima Las secuelas psíquicas y/o psicológicas agudas o reacciones a corto plazo aparecen cuando se inicia la violencia física y habitualmente después de los episodios agudos. La reacción de la víctima puede ser de diferentes tipos: • Agresividad, verbal o física hacia su agresor o hacia otras personas del entorno inmediato y particularmente los hijos.

• Mutismo, acompañado de sensación de indiferencia, postración, tristeza e incluso agitación.

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• Confusión con inquietud que se acompaña de sentimientos de autoacusación y miedo a lo que esta situación pueda generar.

• Calma anormal, teniendo en cuenta lo sucedido, que hace que la víctima muestre un alto nivel de colaboración y sobriedad al prestar declaración o ante el reconocimiento médico.

Secuelas psíquicas o psicológicas a largo plazo Ante las secuelas psíquicas o psicológicas a largo plazo se pueden establecer diversos procesos patológicos de entre los que cabe destacar: • Trastornos de estrés postraumático y ansiedad, que también han sido descritos para otras agresiones y para víctimas de agresiones diversas.

En el estudio llevado a cabo por Golding (71), para analizar la violencia de género como factor de riesgo para diferentes trastornos mentales, se recogía que la prevalencia del Trastorno del estrés postraumático en mujeres maltratadas oscilaba entre un 31% y 84% entre los diferentes estudios. Esta frecuencia guardaba una relación dosis-respuesta con la gravedad y la duración del maltrato. La asociación entre violencia de género y los síntomas ansiosos, según diferentes estudios oscila entre un 16,4% al 54,4%.

• La depresión se ha señalado como una de las principales consecuencias de la violencia de género, esta asociación se ha constatado en diferentes lugares como en EE.UU, Australia, México, Pakistán y Nicaragua. En el mismo estudio de Golding (71), la prevalencia de depresión en mujeres maltratadas oscilaba entre un 15% y un 83%. Esta frecuencia también guardaba una relación dosis-respuesta con la gravedad y la duración del maltrato.

• Cuadros disociativos, la mujer maltratada además de la negación puede poner en marcha otro mecanismo de defensa para minimizar el daño o alejar la experiencia traumática. La disociación le permite separar la experiencia física de la agresión de la experiencia cognitiva de estar siendo agredida. Los cuadros más frecuentes son la amnesia disociativa y el trastorno de identidad disociativo.

• Cuadros somatoformes, cuando los conflictos psicológicos son convertidos y se expresan bajo forma de trastornos físicos (vómitos, otras alteraciones gastrointestinales, temblores, alteraciones respiratorias, trastornos ginecológicos, cefaleas, etc.).

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• Alteraciones del comportamiento, como los trastornos del comportamiento alimentario, sobre todo de tipo bulímico.

• Adicciones, sobre todo adicción al alcohol y drogas ilegales consumidas más por mujeres maltratadas en un 8,5% frente a un 1,5% de las no maltratadas y determinados fármacos como analgésicos los consumen con mayor frecuencia las mujeres que sufren violencia en un 56,1% frente a 46,7% de mujeres no maltratadas y psicofármacos como: antidepresivos consumidas en un 44,9% frente al 26% de mujeres no maltratadas y tranquilizantes un 50, 6% frente a un 46,7% de mujeres no maltratadas, que pueden derivar en situaciones clínicas de abuso, dependencia o intoxicación.

• Comportamientos auto agresivos, como intentos auto líticos que en ocasiones, pueden consumarse. Dentro de este estado de ánimo puede llegarse al suicidio ampliado a los hijos. En el estudio llevado a cabo por Golding (71), el 13,5% de las mujeres maltratadas había tenido ideación suicida, y el 23,7% había intentado suicidarse. Al igual que en el caso de la depresión, se ha constatado en varias zonas geográficas, como en EE.UU, Escandinavia y Papúa-Nueva Guinea.

• Los trastornos sexuales, que pueden aparecer como secuelas de la conducta violenta en general y de la violencia sexual en particular. Los más frecuentes son los trastornos por disfunción sexual: -- Deseo sexual hipoactivo.

-- Aversión al sexo.

-- Trastornos orgásmicos.

-- Trastornos sexuales por dolor: dispareunia o vaginismo.

• Situaciones de desinserción social y establecimiento del proceso de victimización, que se ha definido como el conjunto de cambios que se establecen en la víctima entre el segundo día y los tres meses después de que ha tenido lugar una agresión.

Todos los apartados contemplados son de gran importancia en la evaluación del daño integral sufrido por la víctima directa y por las víctimas indirectas, que conviven con ella y se ven afectadas por sus reacciones.

Por otro lado, recientes trabajos han demostrado que las secuelas psicológicas en víctimas de violencia de género, especialmente estrés postraumático, pueden producir alteraciones en el funcionamiento cerebral (92,94) y su con146 –

secuente repercusión en áreas como la atención, las funciones ejecutivas y el procesamiento del dolor (95). Por último recientes estudios han mostrado que la lesión cerebral traumática mantenida en el tiempo puede aumentar el riesgo de deterioro para la salud y síndrome posconmocional. (93) Sin embargo, actualmente y de manera rutinaria, no se realiza evaluación neuropsicológica de las mujeres maltratadas, y menos aún, cuando ha existido exclusivamente maltrato psicológico (no físico). Este problema es especialmente grave en el caso de procesos forenses, donde estas secuelas podrían tener implicaciones legales. (96) La neuropsicología forense es la disciplina responsable de realizar dicha evaluación, ya que incluye dentro de sus competencias, las referidas a los casos en los que se encuentra implicado el daño cerebral y sus consecuencias cognitivas, emocionales, conductuales, funcionales y sociales, tanto en referencia al imputado, como la víctima, los testigos o cualquier otra persona implicada en la causa. (97) Psicopatología de las mujeres víctimas de agresión En uno de los numerosos trabajos de Castellano (12), se evalúa la psicopatología de las mujeres víctimas de agresión con el fin de conocer el grado de ansiedad, angustia y depresión, estudiado asimismo el perfil de personalidad con los Cuestionarios 16 PF y el Inventario multifásico de personalidad de Minesota (MMPI). El perfil que ofrecen con estos datos es el siguiente: 1. Mujer con puntuaciones bajas en afectividad, estabilidad emocional y autoestima. Inmadura, sensible, poco responsable y dependiente.

2. Muestra timidez, poco interés por el sexo opuesto o por conocer gente nueva, tendencia al descuido y superficial.

3. Predisposición a la dramatización, preocupada por su cuerpo y con poco ánimo para enfrentarse a sus obligaciones y tareas.

4. Desconfiada, insegura, reservada e introvertida.

5. Deprimida, manifiesta graves sentimientos de culpa y angustiada.

Se trata de mujeres con un perfil psicológico muy frágil que necesitan ayuda médica y/o psicológica de manera importante para poder superar su situación de dependencia, reorganizando su vida afectiva y laboral.

La agresión psíquica comienza en la primera fase en la que aún no se ha iniciado la agresión física y según la amplitud temporal de esta etapa las repercusiones en la esfera mental pueden ser de mayor o menor entidad, pue– 147

den ir desde una reacción vivencial moderada hasta constituir un profundo trastorno. (62) Uno de los temas cruciales que se plantea a la hora de definir el maltrato psíquico es la “intencionalidad”. En otros tipos de malos tratos, físicos o de abuso sexual, es relativamente fácil delimitar la intencionalidad del sujeto pero no sucede lo mismo cuando los hechos pertenecen a la esfera psíquica.

Al igual que otras víctimas, la primera reacción normalmente consiste en una autoprotección y en tratar de sobrevivir al suceso (107). Suelen aparecer reacciones de shock, negación, confusión, abatimiento, aturdimiento y temor.

Durante el ataque, e incluso tras este, la víctima puede ofrecer muy poco o ninguna resistencia para tratar de minimizar las posibles lesiones o para evitar que se produzca una nueva agresión. (102, 108) Estudios clínicos han comprobado que las víctimas de malos tratos viven sabiendo que en cualquier momento se puede producir una nueva agresión.

En respuesta a este peligro potencial, algunas mujeres desarrollan una extrema ansiedad, que puede llegar hasta la verdadera situación de pánico. La mayoría de estas mujeres: -- Presentan síntomas de incompetencia -- Sensación de no tener ninguna valía -- Culpabilidad, vergüenza -- Y temor a la pérdida de control.

Consecuencias psicológico-psiquiátricas de la violencia habitual, lo que se ha llamado psicopatología relacionada con las agresiones que se produce tanto por la violencia psíquica, como secundariamente al impacto emocional de la violencia física que se acompaña de una sensación cierta de peligro.

Existen dos condicionantes fundamentales del síndrome de maltrato a la mujer con relación a las lesiones psíquicas: a) La repetición de los hechos da lugar a un mayor daño psíquico, tanto por los efectos acumulados de cada agresión, como por la ansiedad mantenida durante el periodo de latencia hasta el siguiente ataque. b) La situación del agresor respecto a la víctima. Desde el punto de vista personal el agresor es alguien a quien ella quiere, alguien a quién se supone que debe creer y alguien de quién, en cierto modo, depende.

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Desde el punto de vista general las mujeres agredidas mantienen una relación legal, económica, emocional y social con él.

Todo ello repercute en la percepción y análisis que hace la mujer para encontrar alternativas, viéndose estas posibilidades limitadas y resultando muy difícil la adopción de una decisión. La consecuencia es una reinterpretación de su vida y de sus relaciones interpersonales bajo el patrón de los continuos ataques y del aumento de los niveles de violencia, lo cual hace que la respuesta psicológica al trauma y la realidad del peligro existente condicione las lesiones a largo plazo.

El primer gran estudio que se llevó a cabo sobre la respuesta psicológica de mujeres envueltas en relaciones en las que eran maltratadas fue publicado por Leonere Walker (108), recogiendo los efectos potenciales a largo plazo que podían aparecer en las relaciones de pareja en las que el hombre agredía a la mujer.

El resultado fue la descripción de una serie de síntomas entre los que destacan los sentimientos de baja autoestima, depresión, reacciones de estrés intensas y sensación de desamparo e impotencia. A estos síntomas unía las manifestaciones de las víctimas refiriendo e insistiendo en la incapacidad para controlar el comportamiento violento de sus agresores. Sin embargo en contra de lo que se esperaba, estas mujeres presentaban un elevado control interno, quizá porque están muy pendientes de manejar sus propias respuestas al trauma y a las amenazas, al mismo tiempo que se encuentran inmersas en las necesidades de la familia y en otras responsabilidades.

Otros estudios (109) han comparado las reacciones de las mujeres maltratadas con las de los prisioneros de guerra, encontrando tres áreas comunes a ambos tipos de víctimas: 1. El abuso psicológico que se produce dentro de un contexto de amenazas de violencia física conduce a temor y debilitamiento de las víctimas.

2. El aislamiento de las víctimas respecto a anteriores fuentes de apoyo (amigos o familia) y a las actividades fuera del ambiente hogareño conllevan a una dependencia del agresor y la aceptación o validación de las acciones del agresor y de sus puntos de vista.

3. Existe un refuerzo positivo de forma intermitente ocasionado por el temor y la pérdida personal que refuerza la dependencia emocional de la víctima a su agresor.

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Agresiones mixtas Son las más frecuentes. En ellas se mezcla el maltrato físico con la violencia verbal y el insulto. En estos casos el médico debe valorar las lesiones físicas, así como el tratamiento indicado y la evolución. Pero no debe olvidar el daño psíquico presente ya en ese momento, derivado de la relación patológica, y el que puede sobrevenir en el futuro.

La forma de llevar a cabo esta violencia y las circunstancias harán que junto a las lesiones físicas aparezca un cuadro psicológico importante que debe ser valorado para hacerlo constar e integrarlo como parte de la situación de violencia. Por lo que hay que valorar siempre el daño psicológico que pueda tener la mujer para entender su conducta y sus reacciones ante el proceso judicial.

Las reacciones a largo plazo de las mujeres que han sido agredidas física y psíquicamente por sus parejas incluyen: -- Temor -- Ansiedad -- Fatiga -- Alteraciones del sueño y del apetito -- Pesadillas -- Reacciones intensas de susto, quejas físicas: molestias y dolores inespecíficos La ansiedad constituye la manifestación más evidente del síndrome general de adaptación frente a la conducta violenta. Pudiendo adoptar alguna de las diversas formas clínicas como crisis de angustia, agorafobia, fobia específica, ansiedad generalizada, estrés agudo, trastorno por estrés postraumático y también la victimización secundaria.

La llamada victimización secundaria, como señala la Profa. Dra. Dña. M. Castellano (Catedrática de Medicina Legal de Granada) (12), está constituida por los síntomas psíquicos o psicosomáticos que se añaden a los daños derivados directamente de la agresión y que aparecen a lo largo del tiempo, a menudo en relación con los aspectos médico-legales judiciales que acompañan la denuncia, interrogatorios, juicio, sentencia, etc.

La victimización secundaria es el fenómeno que se produce al quedar la víctima expuesta al proceso civil de separación (cuando este tiene lugar) y al propio proceso penal generado por la/las agresiones, con todo lo que esto significa. Se considera que es un daño adicional que se causa como consecuencia 150 –

de la intervención jurídico-penal. La aparición de esta victimización secundaria se ha relacionado con niveles altos de psicoticismo y aparece menos frecuentemente si la víctima tiene un buen entorno social, con amigos y familiares en los que apoyarse y cuando hay otras personas que dependen de ella. Esta victimización se intenta minimizar actualmente con los juicios rápidos que se desarrollan en estos procedimientos.

Hay que señalar que debido a la mejor formación del personal judicial y de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en materia de violencia de género ha mejorado el trato a la víctima de malos tratos por lo que la víctimización secundaria de la víctima ocurre con menos frecuencia.

Las víctimas son personas inmersas en una vida compleja, difícil, llena de ansiedad y miedos, pero también de “no saber qué deben hacer”, de “no saber qué es lo mejor”. La “ambivalencia” o la “falta de conciencia” de ser víctimas, es un aspecto clave de esta violencia.

La disimulación o la ocultación de lesiones de conductas agresivas, ocupa un papel protagonista en la violencia de género.

Las víctimas parecen no serlo en muchas ocasiones. En otras, las personas agresoras pueden aparecen como protectores, pero muy habitualmente son “protegidos” y “entendidos” por la víctima, y con ello “justificados”. La víctima puede serlo pro, además adquiere un papel protector matriarcal de la persona agresora, desdoblándose de su papel de cónyuge. Es la violencia en la que los cuerpos de seguridad pueden ser agredidos por la persona víctima/denunciante cuando intentan contener a la persona “agresora/denunciada”, a pesar de haber sido llamados con angustia y urgencia por la primera.

Un efecto inmediato es que la víctima, en la fase de protección de su entorno doméstico, puede ocultar lo que ha sucedido, y explicar que su dolor se debe a otra causa, o que su lesión ha sido accidental.

Entre las causas de disimulación se encuentran entre otras: -- El deseo de proteger a los allegados.

-- El riesgo de pérdida de seguridad económica y emocional.

-- Presión de familiares, allegados y compañeros para no presentar acusaciones contra la persona agresora.

-- Miedo a las represalias.

-- Miedo a la pérdida de residencia.

-- Miedo a la interrupción de lazos afectivos.

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-- La protección de la persona agresora por miedo de la víctima a la “actuación judicial” cuando pueden existir consecuencias graves para la persona agresora que pueden a su vez condicionar, pérdidas laborales, económicas o de relación familiar.

Con posterioridad, la víctima, tras comprobar lo infructuoso de sus esfuerzos y superadas sus capacidades de adaptación al clima violento, al miedo o al sometimiento, se quiebran, da un salto posicional. La víctima pasa del intento de adaptación a la violencia a la decisión de ruptura. Lo soportado hasta ese momento se convierte en insoportable. De la “sobreadaptación” de la víctima se pasa bruscamente a la “maladaptación”.

Se provoca, con ello, una situación insostenible que, desde su punto de vista, requiere una ruptura urgente de la relación. Esta ruptura necesitaba como inmediata, se enfrenta al vínculo doméstico que requiere tiempo para ser roto.

Aparece la desesperación de no poder romper algo que aparece como una carga imposible de llevar, y la simulación puede aparecer como un instrumento de uso que es justificado por la persona con base en la acumulación de un nivel elevado de sufrimiento por violencias anteriores.

El salto de la “disimulación” a la “simulación” se explica en muchas ocasiones por la propia creencia de las víctimas, y no sólo a una distorsión consciente de la realidad.

3. Exploración psicológico-psiquiátrica y valoración de la peligrosidad del agresor La actitud del agresor debe ser analizada con detenimiento para evitar algunas de las graves consecuencias que se pueden producir tras la denuncia. El agresor busca la sumisión y el control de la mujer desde la posición de autoridad, existe un componente cultural en el fondo de esa posición que le hace justificar su conducta, cargándola de argumentos que buscan el bien de la familia cuando en realidad sólo persigue su propio beneficio. Esto hace que la denuncia sea tomada como una ofenda y un ataque hacia él, pues además, su imagen pública, siempre bien protegida, se va asentir dañada.

Por lo que el agresor muchas veces responde con una agresión más grave o incluso con el homicidio de la mujer, el agresor no está dispuesto a permitirle a una mujer que considera como algo suyo, un objeto de su propiedad, rompa con su relación y menos aún que inicie una relación con otra pareja.

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Ante esta situación prefiere llevar a cabo el homicidio de la mujer, a veces en lugares públicos y con testigos y sin que el agresor intente ocultar su identidad, y después se entrega voluntariamente o cometen el suicidio, dando lugar a “homicidio-suicidio”, pues esta conducta prevalece la idea de dar muerte a la otra persona sobre la de ocasionarse la propia muerte.

Cuando se entrega a la policía después del homicidio, el agresor a sume las consecuencias sociales de la conducta. En el caso del homicidio-suicidio, aun queriendo el resultado homicida, no es capaz de enfrentarse a la reprobación y sanción social, por lo que ve ene le suicidio como una salida.

El hombre violento no se distingue de la “normalidad masculina” general. Puede ser simpático, seductor, atractivo, caballeroso, incluso ciudadano modelo. Eso le permite camuflarse y pasar inadvertido en el mundo exterior a su familia. (63) NO EXISTE UN PERFIL TIPO NI DE VÍCTIMA NI AGRESOR: A CUALQUIER GRUPO DE EDAD, NIVEL ECONÓMICO, CLASE SOCIAL Y EN TODAS LAS CULTURAS. Como dice el Dr. Miguel Lorente Acosta, en su libro “Rompecabezas: Anatomía de un Maltratador”, el único perfil que hay que tener para ser MALTRATADOR: PERTENECER AL GÉNERO MASCULINO. (64) Aunque la víctima de la agresión es el objetivo fundamental de la pericia médico forense, el juez puede disponer que el agresor sea examinado bien porque tenga lesiones físicas documentadas en la detención, en el forcejeo de la víctima, o simplemente porque, haciendo uso de sus derechos, solicita ser examinado. (63) La sistemática de la exploración psicológica-psiquiátrica del agresor es la misma mencionada anteriormente para la víctima: (70) • Cuestionarios de personalidad: “Factores de personalidad” (Cuestionario16-PF de Catell, 1993), “Inventario multifásico de la personalidad, de Minnesotta” (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI-2; Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen y Kaemmer, 1989).

• Test proyectivos: Test de Rorschach para evaluar la personalidad (Rorschach, 1921), Test del Árbol (Koch, 1949).

• Test de inteligencia (cuando se presenta algún problema intelectivo): Test de inteligencia Wais (Wechsler Adults Intelligence Adults, WAIS-R; Wais, 1981).

– 153

• Escalas de ansiedad: “Inventario de ansiedad estado-rasgo (State Trai Anxiety Inventory, STAI; Spielberger, 1970), “Escala de ansiedad de Hamilton” (Anxiety Scale; Hamilton, 1959)…

• Escalas de depresión: “Inventario de depresión de Beck” (Beck Depression Inventory, BDI; Beck, 1985)...

• “Escalas de salud general” (General Health Questionnaire; Golberg, 1972) subescalas de síntomas somáticos de origen psíquico-.

El porcentaje de hombres que presenta patología psiquiátrica que les pueda incapacitar o limitar la comprensión y la ilicitud los hechos cometidos es muy escasa. 10,2 % en el año 2013 y solo un 2% en el año 2014, en un estudio realizado en la Unidad de Valoración Integral de violencia de Género de Sevilla. (156) En la redacción del informe pericial del agresor merece mención especial, origen de los problemas de relación, actitud mutua VÍCTIMA/AGRESOR, Posibilidad de reinserción social del agresor, pero sobre todo predecir el pronóstico de la relación: La peligrosidad del agresor consiste en un juicio del que con gran probabilidad de que un sujeto llegue a ser auto de un delito, y generalmente en base a que ya ha cometido algún hecho delictivo.

RIESGO QUE SE REPITA LA AGRESIÓN: los riesgos que presenta el agresor de repetir un acto violento contra la mujer, sobre todo si se dan los siguientes rasgos: (63) -- Excesivamente celoso y posesivo.

-- Se irrita fácilmente cuando se le ponen límites.

-- No controla impulsos.

-- Bebe alcohol en exceso o consume drogas.

-- Culpa a otros de sus problemas.

-- Experimenta cambios bruscos de humor.

-- Comete actos de violencia y rompe cosas cuando se enoja.

-- Cree que la mujer debe someterse al hombre y ha maltratado a otras mujeres (reincidente).

-- Tiene una baja autoestima.

4. Valoración de las otras víctimas (hijos y padres) Según el Dr. M. Lorente Acosta, los niños viven la violencia como algo normal y muy eficaz reproduciendo más tarde las conductas violentas “Violencia intergeneracional”: (91) 154 –

-- Los niños serán hombres violentos -- Las niñas serán mujeres aceptarán la violencia como algo normal Existe un riesgo físico y Psíquico (40 %) para los hijos de participar y presenciar las disputas familiares.

Además sólo un 10-20 % del maltrato infantil sale a la luz, al igual que la violencia hacía los padres/madres mayores que conviven con el maltratador, que también pueden ser víctimas de sus agresiones, sólo se denuncian un 2-5% de los casos de maltrato que sufren los mayores o ancianos. Los menores no denuncian no son conscientes del maltrato y los padres/madres no se atreven a denunciar a la pareja de su hija, por miedo a posibles represalias hacia ella.

Los médicos somos un seguro de vida para estos menores y ancianos siempre que detectemos malos tratos en mujeres que tienen hijos y viven con su padre/madre debemos pensar que también los hijos y padres/madres los pueden sufrir.

Cuando en una casa existe un MALTRATADOR lo habitual es NO EJERZA SOLO SU VIOLENCIA SOBRE LA MUJER SINO TAMBIÉN HACÍA SUS HIJOS Y PADRES. 5. Valoración médico-forense integradora Para realizar una buena exploración se dar las siguientes recomendaciones generales: (76) -- Ambiente y situación adecuados: la víctima ha de ser reconocida sola y en la consulta del Médico Forense.

-- La actitud del Médico Forense ha de ser receptiva, pero neutra.

-- Se debe trasmitir a la víctima que tenemos conocimiento del tema para conseguir que no intente disimular.

-- Observación atenta de la víctima ( gestos, lo que dice, lo que omite).

-- Hay que evitar que el comportamiento de la víctima (angustia, agresividad, ansiedad) entorpezca la exploración.

-- Formación adecuada en violencia de género.

-- Adaptación a la paciente: empleo lenguaje sencillo y comprensible.

Con toda esta información recogida por el Médico Forense, realizará una Valoración Integradora Médico-Legal con un Informe que trasmitirá al Juez, y que podrá completarse más en el futuro, pero que debe ser útil por parte del Juez y del Fiscal, se decidan cuáles son las medidas a aplicar en cada caso.

– 155

Este Informe debe plantear las siguientes preguntas a las que se debe intentar dar respuesta: A) Con respecto a la mujer víctima de la violencia: 1. ¿Que lesiones físicas presenta la mujer y tratamiento médico necesita?.

2. ¿Cuál es el estado psíquico de la mujer y qué tratamiento inmediato necesita?

3. ¿Con qué apoyos afectivos, familiares, sociales, etc. cuenta la mujer y si está en condiciones de salir adelante?

4. ¿Cuál es la estructura de su personalidad y su situación familiar y social para prevenir nesgo de victimización posterior?

5. Si existe ese riesgo ¿Qué tratamiento psicológico-fármacológico necesita para superar el acontecimiento vital con éxito?

6. Pasado el tiempo suficiente ¿Han quedado secuelas físicas consecutivas a las lesiones físicas y cuál es su valoración?

7. ¿Han quedado secuelas psíquicas que merezcan la calificación de permanentes y secuelares a la experiencia vivida?

B) Con respecto al agresor: 1. ¿Qué actitud tiene ante la situación agresiva a la que ha sometido a la mujer?

2. ¿Cuál es su perfil de personalidad y. según este, cuáles pueden ser sus comportamientos ante las decisiones de la mujer o del juez?

3. ¿Qué grado de peligrosidad tiene para la víctima, su integridad física o su vida?

4. ¿Cuál es la mejor medida para el agresor atendiendo al riesgo que supone para la víctima?

5. ¿Debe dejarse en libertad, o dictarse alejamiento o prisión?

6. ¿Padece alguna adicción a alcohol y/o drogas o, padece alguna patología psíquica que permita prever atentados contra la vida o la integridad de la mujer aunque se indique el alejamiento?

C) Con respecto a los HIJOS/PADRES: 1. Edad y participación en la situación de violencia familiar.

2. Riesgo de ser víctimas del ambiente familiar y en qué grado.

3. Si son mayores deben implicarse en la solución del problema de la violencia de sus padres y la protección de la madre víctima.

156 –

Debemos tener como objetivo prever y prevenir la violencia contra la mujer, el riesgo de feminicidio y la violencia contra otros conviventes.

Datos del instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid (72) El Cuerpo Nacional de Médicos Forenses tuvo su origen en la Ley de Sanidad de 1855, siendo fruto de la campaña que en este sentido había desarrollado el profesor MATA pero sólo llegó a tener realidad como tal cuerpo en 1915.

Ha sufrido después diversas reorganizaciones, hasta que el 17 de julio de 1947 se aprobó la Ley orgánica que le dio forma.

En los últimos años se han venido produciendo diversas modificaciones legislativas que han supuesto un cambio significativo en el Cuerpo de Médicos Forenses. Tales disposiciones son: la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre (BOE de 21 de noviembre de 1992); el Real Decreto 181/1993, de febrero (BOE de 23 de febrero de 1993); la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre (BOE de 9 de noviembre de 1994), y, finalmente, el Real Decreto 296, de 23 de febrero (BOE de 1 de marzo de 1996), por el que se aprobó el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Les es también de aplicación la legislación general que regula a los funcionarios públicos.

De acuerdo con esta legislación, los médicos forenses constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia, adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia. Dependen de este Ministerio o de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las correspondientes competencias.

Los médicos forenses desempeñan funciones dé asistencia técnica a los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil en las materias de su disciplina profesional, independientemente de su dependencia orgánica de los Institutos de Medicina Legal. Los médicos forenses dependerán de los Directores de los Institutos de Medicina Legal o de Toxicología en los que estén destinados. Se les reconoce el ejercicio de sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.

Los médicos forenses tienen a su cargo todas las actuaciones periciales médico-legales: levantamiento de cadáveres, autopsias, reconocimiento de lesionados hecho de forma periódica hasta la sanidad, examen de las víctimas de – 157

atentados contra la libertad sexual, exhumaciones, etc. Aquellos exámenes que requieran instalaciones o instrumental especializado son realizados en o por los organismos médico-consultivos. Pero siempre, en último extremo es el médico forense el encargado de valorar sus dictámenes, integrándolos con el resto de datos existentes en el sumario o en la causa, para llegar a la formulación de un juicio médico-legal definitivo de síntesis.

Los médicos forenses tienen a su cargo las siguientes funciones: 1. La emisión de informes y dictámenes médico-legales que les sean solicitados a través de los Institutos de Medicina Legal por los Juzgados, Tribunales, Fiscalías, Oficinas del Registro Civil y otros órganos de la Administración de Justicia.

2. La realización de las investigaciones en el campo de la Patología Forense y de las prácticas tanatológicas que les sean requeridas a través de los Institutos de Medicina Legal, por Juzgados, Tribunales y Fiscalías, y que se deriven necesariamente de su propia función en el marco del proceso judicial.

3. El control periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales que sean objeto de actuaciones procesales, así como la asistencia o vigilancia facultativa a los detenidos que se encuentren a disposición judicial, y cuantas otras funciones establezca la legislación aplicable.

4. La asistencia técnica que les sea requerida a través de los Institutos de Medicina Legal, por Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil y demás órganos de la Administración de Justicia del ámbito territorial en el que estén destinados, en las materias de su disciplina profesional y con sujeción a los establecido en las leyes procesales.

5. La emisión de informes que les sean encomendados por el Director del Departamento de Toxicología en el que estén destinados, así como la atención a la demanda de información toxicológica.

6. La emisión de dictámenes sobre la causa de la muerte según las exigencias de la Ley del Registro Civil.

7. Cualesquiera otras funciones de colaboración e investigación, propias de su función, con el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, con las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos Administración de Justicia, así como con otros órganos de las Administraciones públicas, derivadas de convenios o acuerdos adoptados al efecto.

158 –

Los médicos forenses estarán destinados a un Instituto de Medicina Legal o al Instituto de Toxicología, aunque con carácter excepcional, o cuando las necesidades del servicio lo requieran, podrán estar adscritos a órganos jurisdiccionales, fiscales u oficinas del Registro Civil. Finalmente se contempla la provisión de puestos de trabajo vacantes entre miembros del Cuerpo de Médicos Forenses mediante concursos de traslado.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid como su nombre indica, da cobertura en materia Médico Forense a los partidos Judiciales de las Provincias de Palencia, Salamanca y Valladolid con una población de 1.031,718 habitantes a fecha de 1 de enero de 2015, de los cuales 166.035 habitantes corresponden a la provincia de Palencia, 339.395 a la provincia de Salamanca y 526.288 a la provincia de Valladolid. (73) La Dirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense tiene su sede en Valladolid, está compuesta por doce médicos forenses, que tienen como partido judicial de la provincia de Valladolid a Medicina del Campo y Medina de Rioseco. En Valladolid existen tres Equipos Psicosociales formados fundamentalmente por psicólogos y asistentes sociales, que se encargan de todas las actuaciones penales que le sean requeridas de la provincia de Valladolid, así como los procedimientos civiles del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Valladolid, y de todos los procedimientos civiles derivados de los juzgados de Familia de Valladolid y de los partidos judiciales de Medina del Campo y Medina de Rioseco.

La Subdirección de Palencia está formada por cuatro médicos forenses, que tienen como partido judicial de la provincia de Palencia a Carrión de los Condes y Cervera de Pisuerga y cuenta con dos equipos de psicosociales. Y la Subdirección de Salamanca la forman ocho médicos forenses, que tienen como partido judicial de la provincia de Salamanca a Peñaranda, Béjar, Ciudad Rodrigo Y Vitigudino y cuenta con dos equipos sociales.

Como ya comentamos anteriormente, en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, existe la Unidad de Valoración Forense Integral, esta Unidad está compuesta por un Médico Forense, un psicólogo y un Trabajador Social, quienes como especialistas podrán dar una valoración profesional en función de sus conocimientos y disciplina, sobre aquellas personas que se solicite, y que estén implicadas en el procedimiento judicial iniciado. (162) La intervención del Equipo de Valoración Forense será siempre cuando sea solicitado por el Juez, Magistrado o Ministerio Fiscal. El informe forense debe – 159

asumir la complejidad de la violencia de género y así mismo adaptarse a los casos de instrucción sencilla que requieren unas actuaciones más complejas. Es necesario para la confección del mismo, recoger datos contrastados y es prioritario que la terminología utilizada siga las clasificaciones médicas internacionales, para garantizar la normalización del lenguaje biomédico. Los datos empleados en la actividad forense poseen un elevado valor epidemiológico como fuente de información en la detección y seguimiento de un elevado grupo de enfermedades sociales entre las que la violencia de género ocupa un papel esencial. (76) Las medidas de protección deben ser solicitadas por el Juez, Magistrado o Ministerio Fiscal, tras ser valorado el hecho, el clima violento o el riesgo de nuevas agresiones, cada miembros del equipo Forense, y este en su conjunto estará en condiciones de aconsejar las medidas de protección que se consideren más ajustadas para cada caso. No hay que olvidar la repercusión civil de los procedimientos penales iniciados por denuncias de malos tratos, que afectarán a posibles modificaciones sobre custodia de los hijos o al régimen de visitas u otras cuestiones. (76) La secuencia de valoración por parte de los profesionales en los Juzgados de violencia sobre la Mujer varía en función de la solicitud de valoración. El médico forense, será quien realice una valoración delas lesiones físicas de la persona o personas agredidas, emitiendo un informe de las lesiones detectadas, pudiendo comunicar al Juzgado, si así lo considera, la conveniencia de la intervención del resto de los miembros del equipo (psicólogo y trabajador social) en la valoración de las personas lesionadas o agredidas.

La valoración psicológica recogerá los efectos psíquicos de la violencia en las personas que hayan sufrido o de aquellas que hayan estado expuestas a la misma (mujeres e hijos principalmente), y si así se lo requieren, sobre las características psíquicas de la persona que haya ejercido la violencia sobre su pareja.

El trabajador social valorará, recogerá e incidirá en las circunstancias sociales, incluyendo descripción de dinámicas relacionales, situación económica, laboral, familiar o social (red de apoyo), como aspectos más relevantes de las personas que hayan sufrido o estado expuestas a una dinámica de violencia (mujeres e hijos principalmente), y si así también se lo requieren, sobre las características sociofamiliares y económicas de la persona que haya ejercido violencia sobre su pareja. La percepción bio-psico-social que recoge la norma sobre los profesionales ofrece la oportunidad y conveniencia de poder tener una visión global 160 –

o integral de cada caso, siendo enriquecedor la puesta en común de los aspectos valorados por los distintos miembros de la Unidad de Valoración Forense Integral, así como la exposición de criterios sobre aquellos aspectos que cada profesional considere más relevantes y de utilidad en cada caso evaluado. (162) Las actuaciones de la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) y actuación médico forense, en materia de violencia de Género o doméstica, de los años 2015 al 2013, las tenemos resumidas en las siguientes tablas: TABLA 3. AÑO 2015 INFORMES UVFI. AÑO 2015 Violencia de género asuntos penales

Médico forense

Psicólogo

Trabajador Social

Psicólogo/ Trabajador Social

Informe integral

36

41

20

11

Víctima Agresor

271

0

TOTAL

401

Indicar cuántos incluyen valoración del riesgo

6

0

7

5

4

Violencia de género asuntos civiles

5

27

29

7

0

68

Violencia doméstica asuntos penales

244

4

5

4

1

258

Violencia doméstica asuntos civiles

18

0

1

1

0

20

Menores víctimas de violencia en ámbito familiar

35

14

7

1

1

58

Otros informes

48

89

67

17

7

228

TOTAL Informes emitidos

627

170

157

55

24

1033

Asistencia a juicios

641

78

61

4

0

784

– 161

TABLA 4. AÑO 2014 INFORMES UVFI. AÑO 2014 Violencia de género asuntos penales

Médico forense Psicólogo

Trabajador Social

Informe integral

57

22

5

Víctima Agresor

328

0

TOTAL

439

Indicar cuántos incluyen valoración del riesgo

2

13

11

1

Violencia de género asuntos civiles

13

40

34

0

87

Violencia doméstica asuntos penales

243

19

11

1

274

Violencia doméstica asuntos civiles

0

22

12

0

24

Menores víctimas de violencia en ámbito familiar

32

23

12

2

69

Otros informes

57

78

22

3

160

TOTAL Informes emitidos

675

252

124

12

1063

Asistencia a juicios

116

45

25

0

186

162 –

TABLA 5. AÑO 2013

INFORMES UVFI Violencia de género asuntos penales

Médico forense Psicólogo

Trabajador Social

Informe integral

50

53

2

Víctima Agresor 308

0

TOTAL

453

Indicar cuántos incluyen valoración del riesgo

13

14

12

1

Violencia de género asuntos civiles

5

33

36

0

74

Violencia doméstica asuntos penales

262

22

13

0

297

Violencia doméstica asuntos civiles

0

9

8

0

17

Menores víctimas de violencia en ámbito familiar

37

36

13

0

86

Otros informes

69

40

18

1

128

TOTAL Informes emitidos

694

204

153

4

1055

Asistencia a juicios

150

32

14

0

196

– 163

Como observamos, tanto en el año 2013 como 2014 se realizaron un número muy similar de informes, en la Unidad de Valoración Forense Integral en materia de violencia de género en asuntos penales, civiles y valoración del riesgo, 526 y 527, respectivamente. Y en el año 2015 el número de informes realizados en esta Unidad de Valoración Forense Integral, en materia de violencia de género fue inferior con 469. Sin embargo, existe más disparidad de cifras, en los informes hechos por la Unidad de Valoración Forense Integral, por violencia doméstica tanto en asuntos penales como civiles, aunque sigue siendo el año 2013 el que se realizaron más informes con 314 informes, seguido del año 2014 con 298 informes y el año 2015 con 278 informes. En un estudio realizado en la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Sevilla (156) durante los años 2013 y 2014 se realizaron por el médico forense 583 informes en 2013 y 528 informes en el año 2014. Que si lo comparamos con las cifras de los informes emitidos por el médico forense en la Unidad de Valoración Integral Forense de Valladolid son menos los que se emitieron en la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género en Sevilla. Siendo Sevilla una ciudad con más habitantes, por lo que podemos concluir que en La Unidad de Valladolid hay mucha actividad forense en relación con la violencia de género.

También es importante destacar, el número de informes realizados sobre menores víctimas de violencia en el ámbito familiar, en el año 2013 los informes fueron 86, en el año 2014 se hicieron 69 informes, y 58 informes en el año 2015.

Otra dato llamativo que podemos percibir de las tablas, es el aumento de la asistencia a juicios del médico forense en el año 2015 (645 veces), en comparación con las comparecencias o asistencias en el año 2014 con 116 veces y en el año 2103 con 150.

Parte de lesiones e informe médico 1. Función y finalidad del parte de lesiones El parte de lesiones es un documento médico-legal por el cual se comunica al Juez que en el ejercicio de su profesión ha asistido a un paciente que presenta un cuadro clínico que considera que tiene su origen en una casusa violenta (62). El médico que asiste a la víctima, cumplimentando el parte de 164 –

lesiones o el informe sanitario, se convierte en elemento esenciales para la detección de la violencia sobre la mujer y es imprescindible para valorar judicialmente los hechos que posteriormente investigarán en el procedimiento penal; se trata pues de un colaborador eficaz que no debe confundir su función con tareas policiales, periciales o judiciales. (62) Su finalidad es poner en conocimiento la posible existencia de un delito, pero no es una denuncia.

La importancia de la emisión del parte de lesiones radica en que, a veces, es el único instrumento con el que cuentan los juzgados, la única prueba de un posible delito, ya que hay lesiones que con el tiempo desaparecen. Servirá también para avalar la declaración realizada por la mujer y sobre todo para activar medidas de protección.

2. Recomendaciones para la cumplimentación del parte de lesiones El parte de lesiones e informe médico deberán ser cumplimentados por el personal facultativo responsable de la asistencia, siguiendo las recomendaciones que se señalan más adelante y con remisión obligatoria al Juzgado de Guardia.

Es importante tomarse el tiempo necesario para su cumplimentación.

En caso de que el modelo de parte de lesiones todavía no esté informatizado, se debe cumplimentar con letra clara, legible y sin tachaduras (pueden interpretarse como manipulación). En ocasiones, la ilegibilidad de los partes impide conocer el alcance exacto de las lesiones, de las exploraciones complementarias y otros datos de interés, y en consecuencia, de la gravedad de la agresión. Ello dificulta la posterior evaluación pericial por parte del médico/a forense y también la valoración por parte del juez/a. Es recomendable conocer bien el Parte de Lesiones y, como ante cualquier otra intervención sanitaria, adiestrarse en su cumplimentación antes de que se presente algún caso y no rellenar de forma irreflexiva y casi automática la información que se solicita.

Es necesario cuidar el lenguaje que utilizamos en el parte de lesiones.

No deben usarse los términos víctima ni agresor, sino paciente y presunto agresor. Sí es muy importante detallar el parentesco del presunto agresor con la mujer, porque el proceso judicial que se desencadene no será el mismo. Identificar los casos de violencia de género dentro del ámbito competencial de la Ley Orgánica 1/2004, facilita que el Decanato de los juzgados tenga conocimiento de que ha de tramitar la causa a un juzgado con competencias en violencia de género. De otro modo, se podría remitir a un Juzgado sin competencias en esta – 165

materia, que tendría que inhibirse, retrasando la tramitación en perjuicio de la mujer.

Es relevante reflejar los antecedentes médicos que pudieran estar relacionados con el maltrato con el fin de dar la visión cronológica de la historia de violencia y la posible existencia de maltrato habitual, relacionando los datos recogidos con la Historia Clínica. La historia clínica no debe ser adjuntada con el parte de lesiones en el momento de su remisión inicial al Juzgado de Guardia. Toda la documentación que llega al juzgado, incluida la información clínica, va a ser incorporada al expediente judicial y conocida también por la parte demandada, por la Fiscalía y el personal funcionario. Se debe considerar por tanto la conveniencia de reservar información clínica particularmente sensible para el momento en que el juzgado solicite más información de antecedentes de la Historia Clínica que considere relevantes para la instrucción del caso.

En caso de que sea el juzgado quien reclame la Historia Clínica, hay obligación de remitirla, sin embargo desde el punto de vista ético, el o la profesional pueden hacer notar al juzgado que hay información que trasciende lo necesario y solicitarle que le explicite qué parte o aspectos de la Historia Clínica le interesa conocer. Si el personal médico remite más información de la necesaria, puede tener responsabilidad judicial en caso de ser demandado por vulnerar la ley de protección de datos.

El modelo de parte de lesiones e informe médico, estará disponible en todos los centros sanitarios. Una vez confeccionado, se entregará un ejemplar: • A la persona interesada siempre que no comprometa su seguridad (puede venir acompañada por el presunto agresor o puede que al llegar a casa el agresor descubra la copia). En tal caso, se le puede indicar que si teme llevar la copia consigo, se puede facilitar a algún familiar o persona de su confianza.

• Al Juzgado de Guardia por correo. En los casos en que exista urgencia en la notificación se realizará vía fax o en formato electrónico (hay CCAA que ya tienen informatizado su envío o que lo están haciendo).

Asimismo, en algunos municipios que disponen de protocolos de coordinación interinstitucional, es la policía local la que se encarga del traslado del parte de lesiones, así como del acompañamiento de las mujeres en caso de que formulen denuncia.

166 –

• Se archivará en la historia clínica de la mujer en el centro sanitario donde se la atendió, por lo que es muy importante la confidencialidad de los datos (especial cuidado en los partes interconsulta). La responsabilidad de la custodia de la historia en cualquiera de sus formatos le corresponde a la institución sanitaria responsable (Hospital, Centro de Salud, Gerencia de Atención Primaria, etc.).

Es importante recordar que legalmente, y en caso necesario, cualquier profesional puede redactar la comunicación o parte de lesiones en un folio, firmarlo, poner su número de colegiado y es suficiente. Sin embargo, cualquier modelo de documento normalizado siempre es un instrumento que facilita, simplifica y promueve la equidad.

Con relación al parte de lesiones e informe médico que le acompaña, en las páginas siguientes se ofrecen orientaciones acerca de los datos que es conveniente cumplimentar, independientemente del formato que tenga establecido cada CCAA en su territorio.

MODELO DE PARTE DE LESIONES E INFORME MÉDICO Datos del supuesto agresor: - Relación de parentesco/vínculo con la mujer (pareja - ex pareja - padre - hijo - hermano - desconocido): - Nombre y apellidos: - Dirección y/o teléfono: Datos de filiación de la mujer: - Nombre y Apellidos: - DNI/NIE/PASAPORTE: Fecha de nacimiento, Edad: - Estado Civil: - Dirección, Municipio (código postal): - Teléfono: Otros datos relativos a la mujer - Si tiene alguna discapacidad, tipo y grado: - Si tiene hijas e hijos, cuántos y edades: - Si tiene personas dependientes a su cargo: Datos del personal facultativo responsable de la asistencia: - Centro Sanitario: Datos de la/el profesional que lo emite: Nombre, apellidos y CNP: – 167

Lesiones presumiblemente producidas en la agresión y tipo: Tipo de violencia ejercida: Uso de objetos en la agresión: Estado psíquico y emocional: (Describir los síntomas emocionales y la actitud de la mujer). El maltrato psicológico puede reflejarse en síntomas de depresión, ansiedad, tendencias suicidas, somatizaciones, síndrome de estrés postraumático). El estado emocional de cualquier persona que presente una lesión se encuentra alterado, pero su actitud difiere. Ésta puede ser un gran indicador de lo sucedido, por ejemplo: una mujer maltratada puede sentirse confusa, huidiza, inquieta, temerosa, agresiva, hipervigilante, apática, inexpresiva… Esta información es necesaria para aproximarnos al estado psíquico de la mujer.

Lesiones físicas que presenta: Es importante que las lesiones (cutáneas, músculo-esqueléticas, oculares, auditivas, genitales, internas, etc.) se describan de manera detallada en cuanto a tipo, forma, dimensión, color y localización, con lo cual se facilitará su data ó posible fecha de producción. Con esta finalidad se prestará especial atención a las lesiones más antiguas o en distinto estadio evolutivo, como prueba de habitualidad o reiteración. Se recomienda hacer fotografías (preferiblemente en color) de las zonas con lesión, previo consentimiento de la mujer.

Cuando exista la posibilidad de alguna lesión interna tras la valoración clínica (abdominal, torácica y/o cerebral), dicha información se recogerá como sospecha, pues sólo tras la realización de pruebas diagnósticas, a nivel hospitalario, se confirmarán las mismas.

Otros datos clínicos Pruebas complementarias realizadas: Medidas terapéuticas (incluir medidas profilácticas, tratamiento farmacológico, curas locales, tratamiento quirúrgico, etc.): Pronóstico clínico: Datos relacionados con los hechos que motivan la asistencia: En este apartado se reflejará cómo han ocurrido los hechos, utilizando y entrecomillando, cuandosea posible, las mismas palabras de la mujer. Además, se recogerán: Dirección, lugar de la agresión, fecha y hora del incidente: Fecha /hora de la atención: Origen que refiere la mujer acerca de las lesiones: Física, psíquica, sexual: Sospecha que la causa de las lesiones sea diferente a la que refiere la mujer: Antecedentes Acude sola o acompañada de (nombre y parentesco/relación): Agresión puntual, primera vez ó reiteración de malos tratos: Si las agresiones se vienen 168 –

sufriendo desde hace tiempo, indicar desde cuando y describir las características de estas agresiones, el tipo, la frecuencia (a diario, semanal, mensual...), si la intensidad de la violencia es cada vez mayor, si se ha realizado previamente alguna denuncia, etc. y la evolución de las mismas.

Otras personas que ha sufrido malos tratos en el mismo incidente ó en otras ocasiones (Si la mujer tiene hijas o hijos u otras personas dependientes a su cargo y además son víctimas de malos tratos, esto ha de ser notificado a pediatría y trabajo social del centro. Si se estima conveniente, al Servicio de Protección de Menores correspondiente) Testigos: Personas conocidas (vecindario, amistades), menores u otras personas dependientes a su cargo: Plan de actuación En su caso, incluir el alta o la derivación a otras especialidades y recursos, el ingreso hospitalario si ha sido necesario, y el seguimiento requerido.

Otros datos Relacionados con aquellas situaciones que no estén recogidas en los apartados anteriores y precisen ser comunicadas al juzgado, como por ejemplo: Si se ha puesto o no en conocimiento del Juzgado telefónicamente y si se ha hecho, especificar cuando. Aspectos de seguridad y riesgo percibido por la mujer. Actitud de la mujer hacia la presentación de denuncia.

Observaciones En este apartado se recogerán aquellos datos que no han sido descritos anteriormente y que se consideren oportunos. Si bien los delitos relativos al maltrato son delitos públicos que serán perseguidos de oficio, se debe hacer constar en este apartado si la mujer ha manifestado que no quiere presentar denuncia y la causa (miedo al agresor, a perder la custodia de los hijos, a las reacciones familiares, dependencia económica, etc.), con el objeto de ofrecer al órgano judicial información sobre las circunstancias en las que se encuentra la mujer, que podrían ser de utilidad para el abordaje del caso concreto. Si se tiene constancia de lesiones anteriores que pudieran apuntar al convencimiento o la sospecha fundada de que la mujer sufre malos tratos habituales, es importante reflejarlo en el parte de lesiones, porque éste es otro delito distinto del de lesiones. Se reflejará también la existencia de otras amenazas del agresor (verbales, anuncio de que utilizará en el futuro algún otro instrumento de agresión, etc.).

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Es conveniente disponer de VARIOS EJEMPLARES: para la persona interesada / Juzgado / Centro Sanitario (y/o historia clínica) y/o registro central sanitario.

3. Itinerario que sigue el parte de lesiones Una vez cumplimentado el Parte de Lesiones, debe salir con urgencia por la vía más rápida posible para ser presentado en el Juzgado de Guardia.

Su envío no se puede demorar. Por ello, es importante sistematizar las vías de remisión del Parte de Lesiones, dejando claro qué profesional debe encargarse en la práctica de enviarlo (médico/a, personal administrativo, enfermería, etc.) y a través de qué medio debe ser remitido (fax, correo electrónico, correo postal, policía).

El envío del parte de lesiones a la autoridad judicial supone, generalmente, su registro de entrada y remisión al Decanato de los Juzgados. Una vez tiene lugar el registro de entrada del parte de lesiones en la correspondiente oficina judicial, la tramitación de la causa va a ser igual que si se hubiera presentado denuncia por la mujer o por personas cercanas a la misma (vecindad, amistad).

En el Decanato se determinará cual será el Juzgado que conocerá del asunto teniendo en cuenta, en primer lugar, la clase de Juzgado competente de acuerdo con la legislación vigente. En segundo lugar, y si en ese partido judicial existe más de uno de la misma clase, conocerá aquél al que le corresponda de acuerdo con la aplicación de unas normas de reparto que son previamente aprobadas por la Junta de Jueces de cada partido judicial.

Recibido el parte de lesiones, el/la juez/a ordenará la incoación del procedimiento penal (o lo unirá, si tuvo conocimiento previo de los hechos, al procedimiento penal ya incoado) y acordará la práctica de diligencias de investigación y, en su caso, la adopción de medidas de protección de la víctima.

En el caso de que se hubiera solicitado una orden de protección, el juzgado de guardia, siempre que concurran los presupuestos para su aplicación, convocará a una audiencia urgente a la víctima, al solicitante (si fuera distinto de la víctima), al agresor, asistido de abogado y al Ministerio Fiscal. Esta audiencia se celebrará en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud. Celebrada esta audiencia, el órgano judicial resolverá si concede la orden de protección.

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ES IMPORTANTE RESALTAR QUE: • El parte de lesiones, y/o en su caso, el informe médico que se adjunte al mismo, debe leerse a la mujer antes de su redacción definitiva.

SIEMPRE SE DEBE INFORMAR A LA MUJER DE: • Los pasos que sigue el parte de lesiones y las consecuencias que se derivan del mismo.

• Que en el caso en que se hubiera solicitado una orden de protección, el juzgado de guardia puede convocarla a una audiencia urgente, que se celebrará en un período máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud, tras la cual, el órgano judicial resolverá si concede la orden de protección.

• Que el presunto agresor también será llamado a declarar y, en caso de peligro, puede ser detenido para ser trasladado ante el/la juez/a.

• Si la mujer no declara o no confirma los hechos relatados en el parte de lesiones, el juez puede archivar la causa o puede instruir el procedimiento más oportuno en su caso si hay sospechas consistentes de Violencia de Género y hay ocultación por la mujer por miedo u otras causas.

• Si los confirma, el juzgado puede ordenar la continuación del procedimiento y acordar en su caso una orden de protección con medidas penales y civiles, pudiendo llegar a celebrarse juicio y dictarse sentencia.

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VI. ASPECTOS LEGISLATIVOS Y ÉTICOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Evolución legislativa histórica de la violencia de género La igualdad formal es proclamada por la Constitución Española de 1978, en el Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Siendo uno de los informadores del Ordenamiento Jurídico, y su promoción en la vertiente material es encomendada a los poderes públicos por el texto constitucional en el Artículo 9.2.” Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas…..(19) El Derecho es un conjunto de normas que regulan nuestra vida en sociedad, y el conjunto de normas que rigen en un determinado territorio y tiempo se conoce como Ordenamiento Jurídico.

El Derecho Penal describe o tipifica una serie de conductas humanas, a las que asocia una pena o castigo para el caso de contravención. En el caso de los malos tratos el Código Penal siempre ha castigado las conductas concretas de los malos tratos físicos, pero haciendo abstracción de quien era la víctima y el contexto intrafamiliar donde se producían. El tratamiento legislativo de este tipo de violencia es reciente. Partimos de una situación social en que muchas de las manifestaciones de estos comportamientos violentos eran considerados como pertenecientes al círculo íntimo de la familia, círculo en el cual no debía entrometerse el Estado pues se trataba de una sociedad patriarcal y machista 172 –

desde un punto de vista tanto material como formal, así por ejemplo hasta el año 1975 el Código Civil Español exigía el consentimiento del marido para la venta de inmuebles privativos de la esposa, como si fuese incapaz o debiera ser tutelada por razón de género (20).

La reforma del Derecho penal español en materia de malos tratos y la violencia física en el ámbito familiar comenzó a partir de una reforma habida en 1989 en el Código Penal (C.P en adelante) inmediatamente anterior al de 1995, que introdujo en el Título dedicado al delito de lesiones una previsión específica para castigarlos de manera expresa y autónoma .En 1989 se legislo por primera vez sobre violencia en el seno familiar o intrafamiliar: art. 425. C.P “delito autónomo de lesiones en el ámbito familiar”.

A partir de ese momento, las modificaciones legales se han ido sucediendo hasta el punto de que ha sido uno de los ámbitos del Derecho Penal que más reformas ha tenido en los últimos años, incluso tras las aprobación del actual código penal, que en principio mantuvo el régimen punitivo introducido en la reforma de 1989.

En las reformas introducidas en la legislación penal a partir de 1989, intentando eliminar los toques machistas del mismo y adecuándolo a la Constitución Española, se pretende atajar el problema utilizando otras técnicas, es decir, anticipando la intervención del Derecho penal en los inicios de la violencia, incluso antes de que ésta llegue a manifestarse en agresiones físicas, creando tipos penales de nuevo cuño de difícil interpretación y aún más difícil aplicación práctica, que a veces se superponen e incluso producen un incremento del rigor punitivo que va más allá de la idea de proporcionalidad del castigo en relación con el hecho aislado.(19)

Diferentes reformas o etapas legislativas: de la violencia intrafamiliar a la violencia de género A lo largo de 15 años se han venido realizando sucesivas reformas legislativas hasta la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Primera Etapa: Introducción del delito de violencia en el ámbito familiar en el Código Penal de 1989.

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En el año 1989 se introduce en el C.P por primera vez entre las lesiones, el art.425: “delito de violencia física habitual sobre cónyuge o sobre persona unida por análogo relación de afectividad, sobre los hijos propios, pupilos, menores e incapaces sometidos a la propia tutela”. Con este artículo se daba a la violencia doméstica habitual un tratamiento diferenciado del delito de lesiones, castigándose separadamente con la pena de arresto mayor (1-6 meses). Se exigía el requisito de la convivencia: exclusivo violencia doméstica o familiar. Insuficiente porque quedan fuera la violencia ejercida sobre ex parejas. Las posteriores modificaciones legislativas ampliarán los sujetos protegidos e incrementarán penas. (20) Segunda Etapa: el nuevo Código penal de 1995.

El delito de maltrato familiar se incluye en el art. 153: ”El que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona que se encuentre ligado por análoga relación de afectividad o sobre hijos propios o del conviviente, ascendientes o incapaces que con él convivan..”.

La cobertura se extiende además a parejas de derecho y de hecho y a los hijos propios, también a los hijos del cónyuge o conviviente, y se incluyen ascendientes o incapaces. Se incrementan las penas (6m-3años) y las personas protegidas pero se mantiene el requisito de convivencia y de habitualidad (violencia doméstica o familiar), por lo que esta clase de violencia parece seguir atentando contra un interés esencialmente “doméstico-familiar”. (20) Así sólo se castigaba el maltrato que fuese habitual y que fuese inferido sobre el cónyuge del sujeto activo (fuese este hombre o mujer) o persona unida a él por análoga relación de afectividad a la conyugal, así como sobre un concreto grupo de personas (hijos, pupilos, ascendientes o incapaces con los que conviviere o sometidos a su patria potestad, tutela, curatela o guarda de hecho de cualquiera de ellos). Si bien este grupo se amplió en las posteriores reformas. (19) Tercera Etapa: Reforma del Código penal de 1999.

Mediante la Ley Orgánica 14/19998, de 9 de junio, se vuelve a modificar el delito de violencia doméstica (art. 153) de modo decidido y sustancial: -- No se exige la convivencia en el momento del delito, por lo que se amplían las víctimas potenciales a los ex cónyuges y ex parejas.

-- Se introduce la violencia psíquica como modalidad típica, equiparada a la violencia física. Se incorporan prohibiciones de residir o acudir a determinados lugares, o de aproximarse o comunicarse con la víctima.

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-- Para apreciar la habitualidad se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas. Ahora bien es preciso que estén integrados en el marco de convivencia. (20) Cuarta Etapa: La Orden de Protección (OP) de 2003. (21) La OP pretende que la víctima obtenga, a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial que se sustancia ante el Juez de Instrucción, “un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal”. Protección integral a la víctima de forma inmediata en una única resolución: • Protección Física -- evitar que el agresor puede acercarse a la víctima y cometer nuevas agresiones (Orden de Alejamiento, prisión provisional) • Protección Jurídica -- Atribuir vivienda familiar -- Custodia de los hijos • Protección Social -- Renta Activa o ayudas -- Acceso a viviendas protegidas o tuteladas Las Medidas Cautelares de las O.P. Año 2014: • 59.041 medidas penales: -- Orden de alejamiento (acordada en 90 %) -- Prohibición de comunicación (adoptada en un 89,5 %) -- Prohibición de volver al lugar en el que se cometió la agresión (fijada en un 12 % de los hechos) • 14.525 medidas civiles: -- Prestación de alimentos 25% -- Atribución de la vivienda 21,2 % -- Suspensión de la guardia y custodia de los hijos 5,7 % -- Suspensión del régimen de visitas 3 % Quinta Etapa: La actual Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género (en adelante LOMPIVG) (22) Un paso más se dio en 2004 debido a que la realidad social era otra, en el 90% de los casos, las víctimas eran mujeres y que las 84 que fallecieron en – 175

dicho año fueron víctimas de la violencia doméstica a manos de sus parejas o ex parejas. Esta situación hizo que el legislador se diera cuenta de la existencia de un problema específico que era y es el de «la violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión», violencia que vino a llamarse «de género», y fenómeno criminal éste que se estimó necesitado de un tratamiento separado al de otras formas de violencia doméstica, siéndole procurado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ya su exposición de motivos señala que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado si no que se manifiesta como la el símbolo de la más brutal desigualdad existente en nuestra sociedad. Dejando claro que los poderes públicos no pueden ser ajenos a la misma pues supone un ataque frontal a derechos fundamentales de la persona. (19) En el artículo 2 de la misma se enumeran los principios rectores que son los que se enumeran a continuación; “A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: a. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. b. Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. c. Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. d. Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. e. Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

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f. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. g. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género. h. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos. i. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. j. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. k. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.”

Además la LOMPIGV, reconocerá una serie de derechos a las mujeres víctimas de violencia de género con independencia de su origen, religión o cualquier otra circunstancia personal o social: • Derecho a la información La víctima tiene derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su la situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer la Administraciones Públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en la LOMPIVG relativas a su protección y seguridad, derechos y ayudas previstos en la misma y lo referente a los lugares de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.

• Derecho a la asistencia social integrada.La organización de los centros a través de los que se presta esta asistencia corresponde a las CCAA y a las Corporaciones Locales (artículo 19.1 LOPIVG).

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• Derechos de acceso al régimen jurídico del desempleo, a la percepción de ayudas sociales, y a la adjudicación de vivienda.Se establecen medidas de protección en el ámbito social mediante la oportuna reforma del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las víctimas de violencia de género, posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato.

E igualmente se garantiza a las víctimas que carezcan de recursos económicos, unas ayudas sociales en los casos en los que por su edad, falta de preparación y circunstancias sociales no va a mejorar su empleo.

• Derecho a la asistencia jurídica gratuita.Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, las mujeres víctimas de este tipo de violencia tienen reconocida la asistencia letrada inmediata e integral, no sólo en todos los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos (incluidos por tanto las diligencias policiales) que tengan su causa fundamentada en la violencia de género, hasta la total ejecución de sentencia, sin necesidad de tramitar previamente la solicitud de asistencia jurídica gratuita. Esto significa que el Incidente de justicia gratuita no obstaculizará nunca al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, la cual ha de prestarse a la víctima con independencia de que la solicitud de gratuidad no haya sido promovida, aunque, eso sí, en el bien entendido de que esa gratuidad sólo se dará en el caso en el que, “a posteriori” y en el curso ya del procedimiento judicial, la interesada acredite que efectivamente concurren los presupuestos que para su reconocimiento y como prevé la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento, modificada aquella en tal sentido por la Disposición Final Sexta de la LO. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

• Derecho a la movilidad geográfica de funcionarias.La funcionarias víctimas de violencia de género son titulares de los mismos derechos reconocidos por tal causa al personal laboral. Aunque en el caso de la víctima funcionaria, la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de esos derechos sea competencia del Ministerio de Administraciones Públicas.

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• Derecho al acceso al Fondo de Garantía de Pensiones (Disposición Adicional decimonovena).En esta Disposición la LO prevé que el Estado garantizará el pago de la pensión de alimentos judicialmente aprobada a hijos menores, mediante una legislación específica que concretará el sistema de cobertura “y que en todo caso, tendrá en cuenta las circunstancias de las víctimas de violencia de género”. (11) La Ley (LOMPIVG) aborda la violencia de género de un modo integral y multidisciplinar, comenzando por el proceso de socialización y educación.

El término “sexo” nos diferencia biológicamente, sin mayores connotaciones, mientras que la palabra “género” alude a desigualdades entre sexos construidos históricamente como consecuencia de la estructura familiar-patriarcal, es decir, el género es un concepto cultural, por lo que la dimensión del fenómeno habrá de verse en clave cultural que no biológica. (23) Igualmente en la LOMPIVG se abarcan aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas. Y se legislan medidas de sensibilización e intervención en los siguientes ámbitos: -- Educativo -- Publicidad y Medios de Comunicación -- Sanitario Protección a los menores: víctimas directas o indirectas de esta violencia.

Se crean los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) son órganos judiciales especializados en el conocimiento de la violencia de género, tienen competencias: -- Penales -- Civiles: cuestiones matrimoniales y de familia.

Los Juzgados de Violencia sobre la mujer, que como muy bien se ha apuntado por diversos sectores de la doctrina, no son un tribunal especial ni suponen la creación de una nueva jurisdicción, sino que se trata de un tribunal ordinario incluido dentro de la demarcación y planta judicial fijadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son verdaderos juzgados de instrucción especializados funcionalmente, resultan competentes para la instrucción de las causas por los delitos que la Ley determina susceptibles de ser calificados como violencia de género. (74) – 179

Tienen su sede en la capital del partido, aunque de manera excepcional pueden establecerse juzgados de violencia sobre la mujer cuya jurisdicción de extienda a dos o más partidos dentro de la misma provincia. Con la creación de estos órganos, se reformó la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, añadiendo el artículo 15bis.

En un momento se previó la creación de 16 juzgados, número insuficiente desde el primer momento, con lo que ha obligado a aumentar su número.

La LOMPIVG exige de estos juzgados una importante especialización para lo que debe someterse a los jueces y magistrados a una formación intensa.

Tarea en la deben implicarse tanto Gobierno Central como el de las Comunidades Autónomas dentro de sus respectivas competencias.

La constitución de los mismos se ha hecho de una manera escalonado e incluso previendo la posibilidad de que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción asuman esas funciones. Estos Juzgados de Violencia sobre la Mujer son servidos por Magistrados siempre que los estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes y cuando tengan su sede en una capital de la provincia.

La cuestión más importante y dada la magnitud de este tipo de delitos es la de la especialización de los órganos jurisdiccionales que están al frente de ellos. De hecho en casi todas las provincias españolas se ha aumentado el número de los mismos y el Consejo General del Poder Judicial ha incidido en este aspecto mediante cursos de formación continua. Muchas han sido las voces doctrinales que se han manifestado tanto a favor como en contra de la especialización de determinados órganos jurisdiccionales; los que se posicionan a favor de la misma, señalan que es necesaria para conseguir mayor eficacia en las actuación de jueces, fiscales y policía ya que se evita la dispersión judicial concentrando en un único órgano jurisdiccional la resolución de todas las cuestiones que derivan la violencia de género sufrida por la víctima.

Otros como Tejada y del Castillo, son contrarios a la forma en que esta especialización se ha llevado a cabo.

En cuanto a la competencia objetiva conoce tanto de asuntos penales como civiles y esta concentración de funciones responde a la idea de facilitar una protección integral a la víctima de malos tratos. Los juzgados de violencia sobre la mujer son fundamentalmente órganos de instrucción (con la excepción del enjuiciamiento de determinadas faltas) y conocerán de la instrucción de una serie de delitos determinados en el código penal y además que dichos delitos 180 –

sean cometidos contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una relación de afectividad, aun sin convivencia; así como descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela o curatela, guarda o acogimiento de las esposa o conviviente, cuando también se haya producido violencia de género. Y además el autor del delito debe ser hombre relacionado con la mujer de alguna de las maneras antedichas.

En el orden civil conocerán de los asuntos a los que se refiere el artículo 87ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre ellos filiación, maternidad y paternidad, nulidad, separación y divorcio, los procedimientos que versen sobre relaciones paterno-filiales, los que tengan por objeto adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.

La atribución de estas competencias civiles se producirá en aquellos casos en que conozca de un caso de violencia de género y dicha atribución es principal, nunca prejudicial y se justifica por esa idea que apuntábamos de conceder a la víctima una protección integral. Únicamente cuando concurran unos presupuestos legalmente establecidos el Juez de Violencia Sobre la Mujer asumirá estas competencias civiles siéndole atribuidas de manera exclusiva y excluyente.

Esta competencia exclusiva y excluyente, valga la redundancia, exige la concurrencia simultánea de una serie de requisitos: 1. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto algunas de las materias del artículo 44.2 de la LOMPVG. 2. Que alguna de la partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género “homicidio, aborto, lesiones…”.

3. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.

4. Que se haya iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer o se haya adoptado una orden de protección.

Y se crea también la figura del Fiscal contra la Violencia de la Mujer, con diversas funciones de supervisión y coordinación en la materia, que será nombrado por el Fiscal General del Estado y actuará en su delegación. Prevé la especialización de los Fiscales en materia de violencia de género a través de su integración en las secciones contra la violencia sobre la mujer que se creen en – 181

cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencias Provinciales, así como en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. (11) En estos JVM existen las Unidades de Valoración Forense Integral formadas por un médico forense, psicólogo y un trabajador social (22).

Las posibles críticas a la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género (13): • Posible vulneración del principio de igualdad (art.14 de la Constitución Española) cuando una misma conducta es tipificada como delito o como falta en función del sexo del sujeto pasivo (víctima sea mujer y agresor un hombre).

• También se ha criticado la falta de medios materiales y personales en el despliegue de la protección integral para el buen funcionamiento de la Administración de la Justicia.

Actividad de la administración frente a la violencia de género. Normativa en Castilla y León.

Partiendo de lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución española en el que declara a la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico y de lo establecido en el artículo 9 de la Constitución, en el que se señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, fundamentarán la regulación y la actuación de la Administración.

Tanto el Estado, las Comunidades Autónomas como las Entidades Locales tienen competencias normativas en materia de violencia ejercida por la sobre la mujer. El Estado derivado de los artículos 149.1.1º,5º,6º,7º,8º,17º y 18º de la Constitución y las Comunidades Autónomas del 149.3 de la Norma Suprema aunque compartida y a través de sus Estatutos de Autonomía. De hecho casi todas las Comunidades Autónomas han desarrollado las bases estatales aprobando su normativa específica. En cambio de las entidades Locales podemos decir que asumen una función de colaboración puesto que de manera expresa no tienen traspaso alguno de competencias.

Lo que debe primar en la actuación de la Administración y precisamente por esa obligación que impone el artículo 9 es la celeridad y la eficacia buscando siempre una actuación urgente ofreciendo tutela y protección a las víctimas.

182 –

Así, la Administración cuenta con numerosos órganos (166) y medios en la búsqueda de esas finalidades, entre ellos, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género entre cuyas funciones se encuentra la de formular políticas públicas en materia de violencia de género e impulsar medidas de sensibilización y prevención mediante los Planes nacionales, elaborar campañas informativas etc. Destacar igualmente al Observatorio de Violencia de Género, que es un órgano administrativo específico de estudio, consulta y participación sobre la violencia de género.

Las Unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que hasta la fecha se han creado son tres: • Unidades de prevención, asistencia y protección a la mujer maltratada (UPAP).

• Servicios de atención a la mujer (SAM).

• Equipos y especialistas mujer-menor (EMU-ME).

También se cuenta con la Comisión contra la violencia de género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que es un órgano colegiado de apoyo técnico y de orientación sobre la planificación de las medidas sanitarias previstas en la Ley Orgánica 1/2004, llevando a cabo evaluaciones y proposiciones para una aplicación eficaz de los protocolos sanitarios en esta materia y adoptando las medidas necesarias para su erradicación.

Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno cumplen una función importante en sus respectivos ámbitos territoriales a través de las unidades de violencia. Éstas se encargarán de apoyar la protección integral de las víctimas de la violencia de género identificando las necesidades y realizando seguimientos individualizados de los casos con mayor riesgo. La coordinación será el principio informador de su actuación.

Por lo tanto la actuación de la Administración Pública se dirigirá a establecer actividades de planificación, de prevención de asistencia social, prestaciones y de fomento de las ayudas públicas a las víctimas.

En el ámbito de Castilla y León puede verse una gran actividad normativa en materia de violencia de género a través sobre todo del Plan contra la violencia de la mujer.

Debemos destacar, en primer lugar, la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León (167), cuyos objetivos generales son los siguientes: – 183

1) La participación de la mujer en la planificación, desarrollo y ejecución de políticas generales de las distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León.

2) La implicación de la sociedad en la adopción de medidas de acción positiva que impulsen la incorporación de la mujer en el ámbito político, social, económico, laboral y cultural de nuestra Comunidad.

3) Promover la integración laboral de la mujer.

4) Prevenir las situaciones de violencia contra la mujer.

5) Prestar atención integral a las mujeres con problemas de violencia de género.

6) Difundir en la Comunidad el concepto de igualdad de oportunidades, como progreso social y bien común.

7) La implicación de las Administraciones Públicas en facilitar a las mujeres su participación activa en la sociedad del conocimiento y de la información.

8) Las Administraciones Públicas promoverán la participación de las mujeres en los asuntos públicos.

9) Las Administraciones Públicas garantizarán una educación para la Igualdad.

En dicha Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León, se establecen los principios que informarán la actuación administrativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, siendo los tres siguientes: 1) La Transversalidad: que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de las políticas llevadas a cabo por las distintas Administraciones Públicas.

2) La Planificación: como marco de ordenación estable en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, que garantice la coherencia, continuidad y optimización de los recursos en todas las acciones que se lleven a cabo en esta materia.

3) La Coordinación: como la ordenada gestión de competencias en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con objeto de aumentar la eficacia.

Por lo que respecta a los Planes de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, esta Ley 1/2003, dispone que las funciones de ordenación, planificación y programación dentro de la Junta de Castilla y León, corres184 –

ponderán a la Consejería competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León se clasifican en: a) Planes Generales de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobados por la Junta de Castilla y León. Contendrán los objetivos y acciones positivas a desarrollar por la Junta de Castilla y León en dicha materia; Su cumplimiento será objeto de una adecuada evaluación por parte de la Consejería competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Junta de Castilla y León. b) Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres aprobados por las Corporaciones Locales. c) Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres aprobados por otras entidades públicas.

Las Administraciones Públicas destinarán un porcentaje fijo de su presupuesto a la elaboración y ejecución de los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Por lo cual tanto la Comunidad Autónoma como las entidades locales desarrollaran el plan de igualdad de hombres y mujeres facilitando su inserción laboral, eliminando el lenguaje sexista en anuncios, formación de la mujer en el medio rural, protección y asesoramiento a la mujer etc.

Es importante destacar la distribución de competencias que establece la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León, correspondiendo a la Consejería competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, asesorar sobre las medidas específicas destinadas a las mujeres desarrolladas por otras Consejerías, así como la realización de otras que las refuercen o complementen, distinguiendo entre: A) COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA: dentro de ellas, cabe distinguir competencias en materia de coordinación, de promoción de la igualdad y de asistencia a la mujer: · Competencias en materia de coordinación: 1) Establecer medidas que garanticen la coordinación de las actuaciones de todas las Consejerías para promocionar y asegurar la igualdad de la mujer y su participación.

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2) Elaborar Planes Generales de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

3) Facilitar vías de comunicación con el Consejo Económico y Social, Universidades y Asociaciones de mujeres de la CA, para la valoración periódica de su situación.

4) Apoyar y coordinar las actuaciones de entidades públicas y privadas en materia de promoción de la igualdad y asistencia a la mujer. · Competencias en materia de promoción de la igualdad: 1) Creación de mecanismos e instituciones que permitan conocer la situación de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

2) Desarrollo de programas educativos, formativos y culturales.

3) Incorporación, promoción y estabilidad de la mujer en la actividad laboral o profesional.

4) Actuación en la comunicación social para que las imágenes, contenidos y lenguajes reflejen la pluralidad de papeles sociales que mujeres y hombres pueden compartir.

5) Fomento de las políticas conciliadoras de la vida laboral y familiar.

6) Fomento de la participación equilibrada en las estructuras de poder y toma de decisiones.

7) Programas que favorezcan la participación y mayor calidad de vida de las mujeres del ámbito rural.

8) Cooperación con las asociaciones de mujeres para la promoción de la I de O. 9) Promoción y protección de la salud de la mujer.

10) Programas que promuevan la participación de la mujer como elemento esencial del desarrollo sostenible y en materia de consumo.

11) Desarrollo de actuaciones para que en los documentos de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma se utilice un lenguaje no sexista. · Competencias en materia de asistencia a la mujer: 1) Prevención de la violencia ejercida contra la mujer.

2) Atención y asistencia integral e inmediata a las mujeres víctimas de violencia de género.

3) Impulso y promoción de programas específicos de atención a las mujeres con problemas de violencia de género y agresiones sexuales.

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4) Inserción social y laboral de las mujeres víctimas de violencia.

5) La Administración Autonómica se personará en los procedimientos penales sobre violencia contra mujeres en la forma y condiciones establecidos por la legislación procesal, siempre que las circunstancias lo aconsejen y la víctima o sus familiares hasta el 4º grado lo soliciten. Reglamentariamente se determinará el procedimiento administrativo dirigido a autorizar el ejercicio de las acciones judiciales en estos casos, dictándose el Decreto 116/2007, de 29 de noviembre, por el que se regula el ejercicio de acciones judiciales por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en los procesos penales por violencia contra las mujeres.

B) COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: Ejercerán sus competencias en los términos establecidos en la presente Ley, en la Ley 7/1985, de 2 de abril y en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

Serán competencias de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes las siguientes: 1) Adoptar las medidas necesarias para el fomento de acciones positivas en favor de las mujeres de su ámbito territorial.

2) Aprobar y ejecutar en su respectivo ámbito, Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, velando por: a) Garantizar la coordinación con la Junta de Castilla y León de acciones, programas y servicios destinados a las mujeres. b) Asegurar la coherencia y complementariedad de Planes de las Entidades Locales con los Planes Generales de la Comunidad. c) Desarrollar las competencias asignadas por esta Ley. d) Fomentar la participación y presencia de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural en sus respectivos ámbitos de competencia.

En cuanto a las Estrategias de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la citada Ley 1/2003, de Castilla y León, – 187

clasifica las mismas en actividades de promoción de la mujer y en actividades de asistencia a la mujer: A) PROMOCIÓN DE LA MUJER: • Clasificación de las actividades de promoción de la mujer: 1) Sensibilización y concienciación en igualdad de género.

2) Promoción educativa, cultural y artística de la mujer.

3) Promoción económica y laboral de la mujer.

4) Promoción de una imagen no estereotipada de la mujer en la sociedad actual.

5) Conciliación de la vida laboral y familiar para hombres y mujeres.

6) Promoción de la igualdad y participación de las mujeres en la vida pública.

7) Formación para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

8) Información, asesoramiento y orientación para la mujer.

9) Promoción de la mujer del ámbito rural.

10) Promoción y protección de la salud de la mujer.

11) Promoción de la integración laboral de la mujer.

12) Promoción de la mujer a la sociedad del conocimiento y de la información.

Por lo tanto, las Administraciones Públicas de Castilla y León, en su ámbito de competencias, promoverán y llevarán a cabo medidas que garanticen conseguir los siguientes objetivos en relación con los distintos ámbitos de que trata la Ley 1/2003, así: • Medidas de acción positiva en favor de la mujer en el ámbito educativo, cultural y artístico: 1) Respeto del derecho a la igualdad en todos los ámbitos educativos.

2) Incorporación de las mujeres a la investigación y a la formación científica y tecnológica.

3) Producción y divulgación de obras de arte realizadas por mujeres.

4) Material didáctico de corresponsabilidad en la vida pública y privada.

5) Eliminar el lenguaje sexista en todas sus manifestaciones.

6) Implantar módulos de enseñanza en igualdad y valores no sexistas en todos los niveles educativos.

188 –

• Medidas de acción positiva en favor de la mujer en el ámbito económico y laboral: 1) Elaborar un Plan de Empleo específico para mujeres.

2) Facilitar la participación de las mujeres en sectores en los que estén infrarrepresentadas o que constituyan nuevos yacimientos de empleo.

3) Facilitar la participación de las mujeres en las mesas de negociación de los convenios colectivos.

4) Impulsar la creación de líneas de crédito preferentes para las iniciativas empresariales de las mujeres.

5) Distinguir a las empresas que destaquen por la promoción del principio de Igualdad de Oportunidades.

6) Reducir las tasas de desempleo femenino.

7) Eliminar la discriminación salarial de las mujeres.

8) Fomentar la compatibilidad del trabajo con la maternidad y la paternidad.

9) Penalizar, dejando de subvencionar, a aquellas empresas en las que por resolución administrativa o sentencia judicial exista discriminación salarial, acoso moral o trato desigual por razón de sexo dentro de las relaciones laborales.

• Medidas de acción positiva para la superación de la imagen estereotipada de la mujer: 1) Apoyar la Igualdad de Oportunidades y una imagen positiva de la mujer en los medios de comunicación y agencias de publicidad.

2) Promocionar la imagen de la mujer en un plano de igualdad con el hombre.

3) Incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la comunicación.

4) Impulsar los observatorios para la publicidad y los medios de comunicación.

5) Garantizar que los medios de comunicación no emitan imágenes o contenidos sexistas, vejatorios para la mujer o que inciten a la violencia de género.

• Medidas de acción positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar: – 189

1) Incentivar que las bajas, permisos o excedencias por nacimiento de hijos o cuidado de familiares sean solicitados por el padre para facilitar la vida profesional de la mujer.

2) Promover la incorporación de los hombres a las tareas domésticas y responsabilidades familiares.

3) Valorar y hacer visible el trabajo realizado en el ámbito familiar.

4) Incentivar a las empresas para que realicen acciones positivas de conciliación de la vida familiar y laboral.

5) Promover la incorporación y aplicación en las relaciones laborales y en todos los Planes de Igualdad de la CA del código de conducta contra el acoso moral y sexual recogido en la Directiva Europea del 24 de mayo de 2002, relativa a protección de la dignidad de la mujer en el trabajo.

6) Incentivar a las empresas que faciliten la inclusión en los convenios colectivos y de ámbito superior de medidas sobre la flexibilidad de horarios en función de las necesidades familiares del personal a su servicio.

• Medidas de acción positiva para la promoción de la participación de las mujeres en la vida pública: 1) Incrementar y favorecer la participación de la mujer en las organizaciones representativas de intereses públicos.

2) Contribuir al asociacionismo de la mujer e introducir la perspectiva de género en las organizaciones públicas y privadas.

3) Eliminar los obstáculos que existen para la participación equilibrada de mujeres y hombres en lo público y en lo privado.

• Medidas de acción positiva para la formación en el área de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: 1) Incentivar la formación de Agentes y Promotores de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

2) Impartir cursos continuos de formación sobre la igualdad de géneros dirigidos a los colectivos de profesorado, servicios sociales, personal sanitario, de la Administración de Justicia y de los diversos cuerpos policiales, en los que siempre estarán presentes contenidos sobre la violencia contra las mujeres.

190 –

3) En todos los planes de formación organizados por la Junta de Castilla y León para su personal, existirá un módulo sobre la igualdad entre hombres y mujeres.

• Medidas de acción positiva para la información, asesoramiento y orientación para la mujer: 1) Garantizar el funcionamiento y crear, en el plazo máximo de 2 años, centros y servicios de información y asesoramiento, de orientación y asesoramiento laboral-empresarial a la mujer.

2) Apoyar a las entidades que presten servicios de información y asesoramiento a la mujer.

• Medidas de acción positiva para la promoción de las mujeres del ámbito rural: 1) Valorar y visibilizar el trabajo de la mujer en la explotación familiar agraria.

2) Alentar el asociacionismo de las mujeres del ámbito rural.

3) Promover el acceso de las mujeres del ámbito rural a puestos de decisión política, profesional y sindical.

4) Promover el acceso al autoempleo y al empleo de las mujeres del ámbito rural.

5) Apoyar la comercialización de productos y servicios realizados por mujeres del ámbito rural.

6) Promover el acceso al ocio, cultura y deporte de la mujer en el mundo rural.

• Medidas de acción positiva para la promoción y protección de la salud de las mujeres: 1) Capacitar al personal sanitario para que sea receptivo ante cualquier manifestación que pueda ser sugestiva de maltrato.

2) Promover una cultura que contemple a las mujeres no sólo como cuidadores y agentes de salud sino también como receptoras de cuidados.

3) Garantizar que el estado civil y/o la opción sexual de las mujeres no condicionen la calidad de la atención sanitaria.

4) Impulsar líneas de investigación que contemplen las características específicas de cada sexo.

5) Impulsar en C y L las técnicas de reproducción asistida incluso en familias monoparentales.

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6) Garantizar el cumplimiento por el personal sanitario, del Protocolo de Actuación Profesional para casos de maltrato a la mujer en C y L. 7) Garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres por encima de cualquier condicionante cultural, religioso o social, impidiendo prácticas culturales que atenten contra su dignidad.

• Medidas de acción positiva para la promoción de la mujer en aspectos medioambientales y de consumo: 1) Promover que el consumo y el respeto al medio ambiente se realicen de manera corresponsable por mujeres y hombres.

2) Potenciar el conocimiento sobre la relación entre factores medioambientales y factores consumistas y la calidad de vida.

3) Fomentar la participación de las mujeres en políticas de protección medioambiental.

B) ASISTENCIA A LA MUJER: Las Administraciones Públicas de Castilla y León, en su ámbito de competencias, promoverán y llevarán a cabo medidas dirigidas a conseguir los siguientes objetivos en relación a la asistencia de la mujer maltratada o con necesidades especiales por razón de género: • Medidas de acción positiva para la asistencia a la mujer maltratada o con necesidades especiales por razón de género: 1) Impulsar y promover los programas específicos de atención a las mujeres maltratadas o con necesidades especiales por razón de género.

2) Propiciar la permanencia de la mujer maltratada en su ámbito familiar y laboral en condiciones de máxima seguridad.

3) Favorecer el acceso a la vivienda de mujeres maltratadas.

4) Prevenir la violencia ejercida contra la mujer.

5) Insertar social y laboralmente a las mujeres maltratadas.

6) Prevenir la feminización de la pobreza.

7) Sensibilizar sobre la situación de los colectivos de mujeres con especial dificultad por razón de género.

8) Garantizar el funcionamiento y puesta en marcha de un servicio de asistencia integral y de asesoramiento jurídico para las mujeres víctimas de malos tratos o agresiones sexuales.

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• Igualdad y participación política: Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León promoverán las medidas, incluso de carácter económico, que fueran necesarias para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a las funciones y cargos públicos.

Se debe destacar por su importancia en la organización administrativa prevista en la Ley 1/2003, la Comisión Interconsejerías para la igualdad entre mujeres y hombres.

Fue creada por el Decreto 300/1999, de 25 de noviembre.

Se trata de un Órgano colegiado de coordinación de las acciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desarrolladas por las distintas Consejerías, adscrito a la Consejería con competencias en materia de igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, siendo su finalidad, estudiar, promover y coordinar la introducción de políticas dirigidas a conseguir la Igualdad de Oportunidades en las actuaciones de la Junta de Castilla y León.

Sus Funciones son: a) Recabar y recibir información sobre las actuaciones y resultados de las actuaciones y programas que los diferentes Centros Directivos desarrollan y que puedan incidir en la Igualdad de Oportunidades. b) Examinar periódicamente las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos en la introducción de política de género. c) Proponer nuevas medidas que introduzcan políticas de género en las actuaciones de la Administración Regional. d) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Planificación Regional en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. e) Coordinar las políticas ejecutadas en cumplimiento de lo dispuesto en el eje del Plan de Desarrollo Regional relativo al desarrollo de los recursos humanos, empleabilidad e Igualdad de Oportunidades. f ) Estudiar y proponer sistemas de información que garanticen el acceso de los órganos de la Administración y la informac sobre Igualdad de Oportunidades. g) Cualquier otra función que le fuese encomendada.

Por lo que se refiere a la participación de la mujer, la Ley 1/2003, señala al Consejo regional de la mujer en Castilla y León, como Órgano colegiado de – 193

participación y consulta adscrito a la Consejería con competencias en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, cuya finalidad es Institucionalizar la colaboración entre las entidades públicas y privadas que trabajan específicamente en actividades a favor de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, agilizar la comunicación entre la Administración y la Sociedad Civil y facilitar la participación activa de las Mujeres a través de su movimiento asociativo en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas en materia de Igualdad de Oportunidades.

Son sus Funciones: a) Asesorar externamente al Centro Directivo competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. b) Promover iniciativas y líneas de reorientación y mejora de los Programas en el campo de la Igualdad de la Mujer. c) Canalizar hacia el Centro Directivo competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres las sensibilidades y demandas sobre los temas de la Mujer, así como el estado, los resultados y el impacto efectivo de la Planificación Regional en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León. d) Constituirse en foro de debate, discusión e información sobre temas de la Mujer. e) Elaborar informes referidos a la situación y perspectivas de la Igualdad de Oportunidades en Castilla y León y a las medidas necesarias para avanzar en esta materia. f ) Recibir de la Administración Regional la información necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. g) Conocer el Plan de Actividades y la memoria anual del Centro Directivo competente en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y emitir informe no vinculante al efecto. h) Coordinarse con otras Administraciones y con las Asociaciones de Mujeres cuyo ámbito se encuentra dentro de la Comunidad Autónoma. i) Nombrar a las Vocales del Sector de representación de la Mujer en el Consejo Regional de Acción Social y posibles órganos de coordinación con otras Comunidades Autónomas.

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j) Cualesquiera otras relacionadas con la Igualdad de la Mujer que le fueran atribuidas por la Consejería con competencias en materia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

En el aspecto político se tratará de mantener una igualdad de hombres y mujeres y de garantizar la participación de la misma. Así debemos destacar la creación de LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER: Fue creada por Decreto 162/1999, de 29 de julio y se encontraba adscrita a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.

No obstante, el artículo 1 del Decreto 2/2003, de 3 de julio, de Reestructuración de Consejerías, procedió a la creación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, correspondiendo a la misma las competencias que en materia de servicios sociales e Igualdad de Oportunidades tenía atribuidas la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, adscribiéndose a aquélla el Organismo Autónomo Gerencia de Servicios Sociales y las relativas a juventud de la Consejería de Educación y Cultura. Dentro de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se encuentra la Dirección General de la Mujer.

Compete a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, bajo la superior dirección del Consejero, promover, proyectar, dirigir, coordinar, ejecutar e inspeccionar la política de familia, de servicios sociales, de Igualdad de Oportunidades para la mujer, de atención a las drogodependencias, de juventud y mantener relaciones con Instituciones Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales.

Funciones: El titular de la Dirección General de la Mujer tendrá las atribuciones de la Ley 3/2001, de 3 de julio, en materia de promoción, elaboración y ejecución de medidas para hacer efectivo el principio de igualdad de género en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural, social y laboral.

Son: 1) Impulso y desarrollo de programas que faciliten la promoción de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

2) Elaboración de actuaciones tendentes a favorecer la Igualdad de Oportunidades para la mujer en el acceso al trabajo, la cultura y la educación.

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3) Realización de estudios e informes en relación con la Igualdad de Oportunidades y campañas de formación y divulgación sobre la situación de la mujer.

4) Articulación de formas de colaboración con las organizaciones, grupos y entidades públicas y privadas que realicen programas para el fomento de la igualdad e integración de la mujer.

5) Emisión de informes, elaboración de planes y coordinación sobre los trabajos y actividades que afecten a materias relacionadas con la mujer.

6) Asesoramiento e información a las mujeres, con especial atención a las residentes en medios rurales.

7) Apoyo a las mujeres víctimas de violencia doméstica y otros colectivos femeninos que estén en riesgo de exclusión por razón de sexo.

8) Impulso y seguimiento de las actuaciones de la Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

9) Acreditación e inscripción de las entidades para la Igualdad de Oportunidades.

10) Autorización e inscripción de los centros de asistencia para la mujer de Castilla y León.

11) Ejercicio de las demás competencias que se desconcentren o deleguen en él y de aquellas otras que se le atribuyan normativamente.

Estructura: La Dirección General de la Mujer se estructura en las siguientes unidades administrativas: a) Servicio de Promoción de la Igualdad y Empleo. b) Servicio de Asistencia a la Mujer.

Directamente dependiente de la Dirección General existirá una Secretaría con nivel orgánico de Negociado. a) Servicio de Promoción de la Igualdad y Empleo: - Sección de Formación y Empleo, con 2 Negociados.

- Sección de Programación y Estudios, con un Negociado.

- Sección de Cooperación e Información, con un Negociado. b) Servicio de Asistencia a la Mujer: - Sección de Programas de Asistencia, con un Negociado.

- Sección de Centros de Asistencia, con un Negociado.

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Legislación de comunidades autónomas en materia de violencia de género (169) Entre los principios rectores que establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 2, se hace referencia a la necesidad, por un lado, de establecer un sistema integral de tutela institucional que impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia de género y, de otro, la de coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos y asegurar la prevención de los casos de violencia de género.

En este sentido, la labor de impulso y coordinación se hacen imprescindibles si se quiere que los objetivos previstos en la Ley de Medidas sean conseguidos de una manera eficiente y eficaz. Con tal finalidad, la disposición final quinta de dicha Ley, consciente de la necesidad de armonizar la respuesta del ordenamiento jurídico español, establece que el Estado y todas las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán su normativa a las previsiones establecidas en ella.

Es cierto que la Ley Orgánica sitúa el problema de la violencia de género en el contexto de la política de Estado –sin dejar de tener en cuenta las recomendaciones y normativas de los organismos internacionales y comunitarios–, pero no lo es menos, que dada la distribución territorial de competencias señalada básicamente en el Título VIII de nuestra Constitución, la intervención legislativa de las Comunidades Autónomas es una realidad, por lo que en la regulación de un mismo hecho social –la existencia de violencia de género o de violencia contra la mujer– están coexistiendo normas estatales y autonómicas que habrá que armonizar en algunos aspectos básicos para conseguir unos estándares mínimos de sensibilización social, prevención, atención y protección en todo el territorio nacional que nos lleve a la erradicación de la violencia de género.

De hecho, todas las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla han desarrollado –teniendo competencia exclusiva para ello o no– políticas sobre esta materia, a través de leyes concretas, a través de planes integrales o de programas y protocolos de actuación para prevenir y eliminar la violencia de género garantizando, en su ámbito territorial respectivo, la atención y la asistencia social integral a la mujeres víctimas de ese tipo de violencia.

Algunas Comunidades Autónomas incluso, como es sabido, con anterioridad a la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004 ya habían aprobado instru– 197

mentos legales específicos para luchar contra la violencia de género. Dichas leyes autonómicas se adelantaron en algunos aspectos a las previsiones contenidas en la Ley estatal y ésta a su vez recoge un amplísimo catálogo de medidas que, en muchos casos, coinciden con las previstas en las leyes autonómicas sobre violencia de género o de igualdad.

Esta multiplicidad normativa, como decimos, hace coexistir en paralelo normas estatales y autonómicas sobre un mismo objeto de regulación. En la mayor parte de los casos estas normativas autonómicas, recogen el mandato de la Ley Integral cuando encomienda a las Comunidades Autónomas –dentro de su marco competencial propio–la organización y prestación de determinados servicios y el reconocimiento de determinados derechos. Pero no es menos cierto que muchas de esas normativas amplían el ámbito de protección y de asistencia referidos en la Ley estatal, introduciendo además otros tipos de violencia como la social, la docente y la laboral, con lo cual se está ampliando el concepto de violencia de género que diseña la norma estatal.

En efecto, se detecta prima facie que no existe unicidad sobre el concepto de violencia de género empleado en las diferentes leyes autonómicas y, por ende, esta heterogeneidad hace difícil un estudio comparativo sistematizado. Porque no se trata sólo, a nuestro entender, de un simple problema terminológico o nominalístico de las diferentes expresiones utilizadas –violencia doméstica, violencia contra la mujer, violencia sexista, violencia machista, violencia de género, etc.– sino que trasluce un diagnóstico diferente sobre un asunto concurrente, como consecuencia de una ideología o posición política concreta y preponderante que se concreta en diferentes formas de intervención y protección. Esto puede producir brumas, dudas e incluso equívocos intelectuales que pueden ser perjudiciales para un riguroso tratamiento del problema y de la realidad social sobre la se pretende intervenir y, precisamente por ello, somos conscientes de que la homogeneización terminológica parece un objetivo complicado.

No obstante, podemos afirmar desde ahora que, aunque todo ello añada un factor de complejidad más, debe valorarse en principio como un elemento enriquecedor en la medida que introduce otros enfoques respecto de un mismo fenómeno cual es la violencia sexista. En este sentido habrá que detectar y deslindar aquellos aspectos que pueden producir algunas disfunciones en asuntos relacionados con la sensibilización, la prevención e, incluso, con las prestaciones, evitando que se produzcan situaciones de desigual protección y atención 198 –

que conlleven cierta inseguridad jurídica en la práctica. En este sentido, la primera parte del Informe se dedica a llevar a cabo unas breves consideraciones sobre la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional en torno al Principio de Igualdad ante la Ley en su doble vertiente (artículos 14 y 149.1.1).

De lo que se trata, en definitiva, es de asegurar un estándar mínimo de protección en todo el Estado español y de conseguir que el objetivo común, que no es otro que la erradicación de la violencia contra las mujeres, se consiga en el menor plazo posible con el concurso coordinado de los diferentes entes administrativos territoriales. El consenso necesario entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas, implica que aquel establezca las líneas básicas o estratégicas y estas las desarrollen armónicamente a partir de sus competencias, haciendo partícipes también a los Entes locales.

Ante esa realidad, parece conveniente exponer las diferentes leyes autonómicas, leyes emanadas de los diferentes Parlamentos autonómicos o, en su caso, de la normativa y políticas públicas desarrolladas por las Comunidades Autónomas que aún no lo han hecho. Y facilitar el disponer en el futuro de los mejores instrumentos para la erradicación de la violencia de género en España.

Para ello citamos los textos normativos o legislativos buscando la unidad orgánica y su articulación interna, uniendo lo que podría parecer inconexo, articulando líneas aparentemente no relacionadas. (TABLA 8)

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TABLA 8.

Legislación de comundiades autónomas en materia de violencia de género COMUNIDAD AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

LEGISLACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO E IGUALDAD - Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.

- Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

ARAGÓN

- Ley 4/2007 de Prevención y Protección Integral a las mujeres victimas de violencia en Aragón.

- Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la Persona.

ASTURIAS

- Ley 2/2011 del Principado de Asturias para la Igualdad de Mujeres y hombres y la Erradicación de la Violencia de Género.

BALEARES

- Ley 12/2006, de 20 de septiembre para la mujer, que dedica el capítulo VI a la violencia contra las mujeres.

- Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres

CANARIAS

- Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género.

CANTABRIA

- Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de Abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.

CASTILLA-LA MANCHA

- Ley 5/ 2001 de 17 de mayo, de Prevención de los malos tratos y de Protección a las mujeres maltratas.

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla–La Mancha

CASTILLA Y LEÓN

200 –

- LEY 13/2010, DE 9 DE DICIEMBRE, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN. - Ley 7/2007, de 22 de octubre, de Modificación de la Ley 1/2003, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CATALUÑA

LEGISLACIONES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO E IGUALDAD - Ley 5/2008, de 24 de abril, de los derechos de las mujeres para la erradicación de la violencia machista.

COMUNIDAD VALENCIANA

- Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre hombres y mujeres.

- Ley 7/2012, de 23 de diciembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana

EXTREMADURA

- Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género.

GALICIA

- Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y tratamiento integral de la violencia de género.

- Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres - Ley 2/2007, de 28 de marzo, de Trabajo en Igualdad de las Mujeres de Galicia.

MADRID

- Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral de violencia de género de la Comunidad de Madrid.

MURCIA

- Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.

NAVARRA

- Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista, modificada por la Ley Foral 12/2003, de 7 de marzo.

- Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres, aprobada el 26 marzo de 2015.

PAIS VASCO

RIOJA LA

- Ley 4/2005 de Igualdad de mujeres y hombres (Título III, Cap. VI, dedicado a Violencia de Género).

- Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en la Rioja

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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN En este apartado vamos a desarrollar, la parte de Legislación, Normativa, acciones, planes y programas relacionados con la igualdad de oportunidades y en contra de la violencia de Género en Castilla y León.

El artículo 9.2 del texto constitucional señala como obligación de los poderes públicos la de promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. El artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León reitera el mandato del artículo 9.2 de la Constitución , dirigiéndolo de forma específica a los poderes públicos de Castilla y León.

Ante la gravedad de violencia de género, la Junta de Castilla y León puso en marcha la Red de Asistencia a la Mujer, que garantiza un conjunto de derechos y prestaciones de atención e inserción sociolaboral en favor de las mujeres que padecen este tipo de violencia; entre esos derechos se reconoce el de recibir asistencia jurídica inmediata y gratuita y acompañamiento judicial si fuere preciso.

El artículo 32.1.19ª del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad competencia exclusiva en materia de promoción de la igualdad de la mujer. En ejercicio de este título competencial se aprobó la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León . En su redacción original esta Ley preveía en su artículo 10.5 la personación de la Administración Autonómica en los procesos penales sobre violencia contra las mujeres «siempre que las circunstancias lo aconsejen y la víctima lo solicite».

Con fecha 9 de noviembre de 2006 la Junta de Castilla y León acordó «Autorizar el ejercicio de acciones judiciales en los procesos penales por violencia contra las mujeres, en los supuestos legalmente establecidos y en los términos que se determinen reglamentariamente». Por Ley 7/2007, de 22 de octubre , de modificación de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León, se ha dado nueva redacción al artículo 10.5 de ésta, que queda redactado en los siguientes términos: «La Administración Autonómica se personará en los procedimientos penales sobre violencia contra mujeres en la forma y condiciones establecidos por la legislación procesal, siempre que las circunstancias lo aconsejen y la víctima o sus fa202 –

miliares hasta el cuarto grado lo soliciten. Reglamentariamente se determinará el procedimiento administrativo dirigido a autorizar el ejercicio de las acciones judiciales en estos casos». El Decreto 116/2007, de 29 de noviembre viene a dar cumplimiento a este mandato legal, regulando el ejercicio de acciones judiciales por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en los procesos penales por violencia contra las mujeres.

Téngase en cuenta que en Castilla y León existe una larga trayectoria de actuaciones dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género. La Dirección General de la Mujer, como organismo competente en nuestra Comunidad para la planificación de políticas públicas en materia de igualdad, materializa estas políticas a través de los Planes de Igualdad de Oportunidades. Las primeras actuaciones dirigidas a la erradicación de la violencia de género se plasmaron en medidas concretas recogidas en el I Plan Integral para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer para el período 19941996 y en el II Plan Integral de Igualdad de Oportunidades para la Mujer 1996-2000.

Dada la complejidad y trascendencia de este fenómeno, y con el fin de profundizar en las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se hizo necesaria la aprobación de un plan específico para erradicar la violencia de género. Por ello, en el año 2002 se aprobó el Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer en Castilla y León, surgido, como complemento y desarrollo en materia de violencia de género, del III Plan Integral de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León.

A pesar del elevado grado de implantación de las medidas en él contenidas, en los momentos actuales se pone de relieve la necesidad de incidir en las actuaciones de sensibilización y prevención de la sociedad, poner en marcha nuevos recursos para la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género desde un enfoque integral, así como lograr una mayor coordinación entre los organismos implicados, a través de medidas que continúan las acciones desarrolladas en el anterior plan, e incluyendo nuevas medidas que buscan dar respuesta a las necesidades actuales y futuras. Como consecuencia de lo anterior nace el II Plan contra la Violencia de Género de Castilla y León, Plan que, de forma coordinada y complementaria al IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León, marca las líneas generales que la Junta de Castilla y León va a poner en marcha para el período 2007-2011 en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres.

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Y por último tenemos los siguientes planes: Plan específico de apoyo a las mujeres del medio rural en Castilla y León (2010-2015) y el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018. (TABLA 9) TABLA 9.

Planes y programas específicos en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de violencia contra las mujeres aprobados en las comunidades autónomas:

COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUCÍA

PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013

ARAGÓN

Plan estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Aragón 2014-2017

ASTURIAS

Programa del Principado de Asturias de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (2008) II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en el Principado de Asturias 2016-2019

BALEARES

IV Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de las Illes Balears 2014-2020

CANARIAS

Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres, aprobada por el Gobierno de Canarias para el periodo 2013 -2020.

CANTABRIA

Estrategia de Mainstreaming de Género del Gobierno de Cantabria 2007-2015

CASTILLA-LA MANCHA

Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 20112016

CASTILLA Y LEÓN

Plan específico de apoyo a las mujeres del medio rural en Castilla y León (2010-2015) Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género en Castilla y León 20132018

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COMUNIDAD AUTÓNOMA CATALUÑA

PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS Plan de Políticas de mujeres del Gobierno de la Generalitat de Cataluña (2008-2011)

CEUTA

III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de Ceuta actualizado y aprobado 2013-2016

COMUNIDAD VALENCIANA

Plan de Medidas del Gobierno Valenciano para combatir la Violencia contra las Mujeres (2010 -2013) Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2010-2012)

EXTREMADURA

Plan para la Igualdad de las Mujeres de Extremadura (2013-2016)

GALICIA

VI Plan Gallego para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estrategia 2013-2015

MADRID

Plan de Acción Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid (2005-2008)

MURCIA

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Región de Murcia (20082011)

NAVARRA

Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Comunidad Foral de Navarra( 20062010) I Programa de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra

PAIS VASCO

VI Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Plan de Actuación del Gobierno contra la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma del País Vasco (2011-2013)

RIOJA LA

IV Plan Integral de Mujeres 2011-2014 del Gobierno de La Rioja

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Acciones de SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN La violencia de género tiene una serie de características que la diferencian en esencia de otro tipo de conductas violentas. Se trata de una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo. Debido a sus propias características, cuanto más se conozca acerca de este fenómeno, más adecuadas serán las estrategias para su prevención y erradicación. Por ello, se quiere dotar de especial importancia, dentro de esta área, al campo de la investigación. Con la investigación se persigue profundizar en el conocimiento de este fenómeno social y de las intervenciones implementadas para combatir la violencia de género. A su vez, se busca que los resultados obtenidos reviertan en actuaciones más eficaces para conseguir su erradicación.

Las medidas contenidas en esta Área pretenden prevenir y evitar el desarrollo de la violencia de género. Se realiza un abordaje de la violencia contra las mujeres, partiendo de la premisa de que se trata de un fenómeno estructural. Se entiende que las múltiples formas de violencia (violencia doméstica familiar, agresiones sexuales, acoso sexual y acoso por razón de sexo, etc.) tienen un denominador común: la violencia contra las mujeres está profundamente arraigada en las estructuras sociales.

Por tanto, si no se incide sobre estas estructuras la violencia no desaparecerá.

La sensibilización busca fomentar un cambio de actitud de la sociedad. Las medidas y actuaciones programadas en esta Área se dirigen sobre el origen del problema de la violencia de género. Se pretende cuestionar los estereotipos y comportamientos sociales que fomentan y favorecen la violencia contra las mujeres. Asimismo, se pretende desmontar los estereotipos culturales asociados a los géneros masculino y femenino relacionados con la violencia, fomentando unas relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Pero, además, es necesario que, dentro de estas estrategias preventivas, se adopte una actitud de rechazo con respecto a todas las formas de violencia contra las mujeres, para evitar la aparición de estas situaciones. Sensibilizar es el medio de intervención más directo para evitar el posterior desarrollo y reproducción de la violencia de género.

Actuaciones y medidas puestas en marcha en el ámbito de la EDUCACIÓN (170) Desde la aprobación de la Ley Integral, las medidas principales han ido orientadas a la formación y sensibilización de la comunidad educativa, y a la revisión de los materiales educativos, guías del profesorado y libros de texto.

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En la actualidad pueden destacarse, además, importantes avances en la composición de los Consejos Escolares o en su defecto, la puesta en marcha de mecanismos para garantizar la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real entre hombres y mujeres. Por último, también cabe reseñar una mayor participación de la inspección educativa.

Escolarización inmediata en caso de violencia de género Todas las Comunidades Autónomas aseguran la escolarización inmediata de las alumnas y alumnos que se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de género.

Formación inicial y permanente del profesorado Todas las Comunidades Autónomas realizan en mayor o menor medida formación del profesorado en materia de igualdad entre hombres y mujeres, coeducación, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género. La asistencia a las formaciones contempladas en los respectivos Planes de Formación Permanente del Profesorado es de carácter voluntario, y se observan diferencias en la incidencia entre Comunidades Autónomas.

Fomento de la igualdad en los libros de texto y los materiales curriculares Desde la aprobación de la Ley Integral, se han realizado diversas iniciativas para eliminar los estereotipos sexistas de los libros de texto y materiales educativos. La mayoría de las Comunidades Autónomas disponen de guías específicas sobre lenguaje no sexista y llevan a cabo formaciones dirigidas a todos los agentes implicados.

El programa “+ Iguales” en Castilla y León, que desde el curso 2010 proporciona al profesorado herramientas para identificar desigualdades en el ámbito educativo, y para desarrollar una educación no sexista que proporcione valores de igualdad y contribuya a superar discriminaciones y prejuicios sociales.

Actuaciones y medidas puestas en marcha en el ámbito de la PUBLICIDAD Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Las leyes de Igualdad entre hombres y mujeres aprobadas por los gobiernos autonómicos contienen artículos específicos referidos a la imagen de la mujer y al tratamiento informativo de la violencia de género. Entre las actuaciones principales destacan medidas para la salvaguarda del principio de igualdad entre hombres y mujeres, para velar por el cumplimiento de las obligaciones de los medios de comunicación y acciones de cesación y rectificación de la publicidad ilícita. Las Administraciones Públicas en general promueven acuerdos de auto– 207

rregulación de la actividad publicitaria y la formación de las y los profesionales de los medios de comunicación.

Por otra parte, la mayor parte de Comunidades Autónomas han elaborado acuerdos, protocolos y/o guías para el tratamiento informativo de la violencia de género.

En Castilla y León hay, una Sección de Género del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León, con un Código para el tratamiento de la Violencia de Género en los medios de comunicación (2007).

Como políticas públicas asociadas destacamos que en Castilla y León se ha impulsado una iniciativa de información y sensibilización denominada «Pacto Social contra la violencia de género», para el rechazo de la violencia contra las mujeres, apoyo a las víctimas de la violencia de género y contribución a la creación de una sociedad más igualitaria, así como sendas campañas de igualdad y contra la violencia de género a través de dos imágenes significativas. Con la finalidad de sensibilizar en el ámbito de la investigación, impulsar la participación de las mujeres en la investigación y hacer visible su destacada labor en el ámbito científico, la Fundación Museo de la Ciencia, en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, convoca el Premio «Laura Iglesias Romero de divulgación científica», premio que distingue el trabajo de divulgación más destacado hecho por una científica española durante el año anterior a la convocatoria.

Las acciones del programa se agrupan en tres áreas: Acciones de Promoción, Formación y Sensibilización de Formadores y Jornada anual de formación de formadores, «Igualdad de Oportunidades entre chicas y chicos en el deporte».

• En materia de sensibilización en igualdad, significar por su repercusión en el ámbito rural el foro de la Mujer en el Medio Rural, que tiene como objetivo valorar el papel de la mujer en el desarrollo del medio rural, reconocer las actuaciones realizadas y lideradas por mujeres, analizar sus perspectivas de futuro y otros aspectos para el desarrollo de la región. También destacar el proyecto de «Sensibilización sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres» dirigido a madres y padres del medio rural.

• La incorporación de 14 Agentes de Igualdad de Oportunidades en Organizaciones Sindicales, fomentado por la Junta de Castilla y León, pretende garantizar la participación y presencia de las mujeres en las mesas de negociación de los convenios colectivos y en la eliminación 208 –

de cláusulas discriminatorias que en ellos pudieran recogerse. Asimismo, señalar la convocatoria dirigida al fomento de la contratación de agentes de igualdad por las Corporaciones Locales, como mecanismo de hacer extensible la igualdad a todas las actuaciones de las demás instituciones públicas, y la concesión de Becas de formación y realización de prácticas de agentes de igualdad con el objeto de formar a profesionales en este campo e impulsar la implantación de profesionales para la igualdad entre mujeres y hombres.

• Campañas como «Profesiones sin Género» realizada en Castilla y León, que engloban una serie de actuaciones (campaña de difusión, edición y difusión de materiales didácticos y jornadas con formadores) y cuyo fin último es promover la incorporación de mujeres a los estudios profesionales en que se encuentran infrarepresentadas, y que cuentan con un alto grado de Inserción laboral ya que existe una gran demanda en el mercado laboral. En la de «Las Mujeres cuentan» se establece la reflexión sobre la problemática de las mujeres a las residencias de estudiantes universitarios de la región a través de actuaciones de teatro y cuenta cuentos.

• En Castilla y León, se han elaborado un material didáctico sobre «Orientación profesional en clave de igualdad», con el objetivo de proporcionar a los orientadores, tutores y toda la comunidad educativa materiales didácticos y estrategias de intervención que les permita desarrollar una acción tutorial y orientación profesional no sexista y les sensibilice sobre su papel activo en la incorporación de las mujeres a los estudios profesionales en los que están infrarrepresentadas.

• La Comunidad ha elaborado y puesto en marcha un Plan de Formación para la detección y atención a las mujeres que sufren violencia de Género, para los profesionales de Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, en el que se han establecido prioridades de intervención en función del papel que pueden jugar los y las profesionales de diferentes dispositivos sanitarios de los mismos.

Acciones de PROTECCIÓN Y ATENCIÓN Esta Área recoge las medidas dirigidas a procurar una asistencia multidisciplinar e integral, ofrecida desde los diferentes ámbitos, a las mujeres que han sufrido alguna forma de violencia, para dar respuesta a sus necesidades.

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En Castilla y León, la Red de Asistencia a la Mujer tiene como finalidad proporcionar esta atención integral a mujeres que han sufrido violencia de género y a los menores que tengan a su cargo, garantizando sus derechos a través de una red de centros y recursos especializados.

Se facilita a las mujeres víctimas de violencia de género la información más adecuada a su situación personal, así como asesoramiento y asistencia jurídica en todos los procesos judiciales que tengan como origen la violencia de género. Conjuntamente, se ofrece una asistencia social integral que comprende atención psicológica, formación y orientación laboral especializada, para conseguir la inserción sociolaboral de las mujeres, así como ayudas sociales que fomenten la autonomía personal y la plena integración de la mujer que sufre malos tratos.

Se presta protección a las mujeres víctimas de la violencia de género frente a las amenazas y los actos de violencia, para garantizar su propia seguridad, la de las personas a su cargo y la de sus bienes, y la asistencia necesaria para poder seguir con su vida. Para ello, se prevén medidas que garanticen la adecuada tutela institucional, tanto desde los diferentes órganos de las Administraciones Públicas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como desde los Órganos Judiciales. La coordinación entre las diferentes instituciones y organismos implicados en la asistencia y atención de las víctimas es crucial para lograr la máxima eficacia posible.

En las medidas previstas en esta Área se ha considerado especialmente la situación de mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales, tienen mayor riesgo de sufrir violencia de género o presentan especiales dificultades para acceder a los recursos previstos, con el fin de procurar una mayor efectividad a la asistencia prestada.

Es necesario que se reconozca que los niños y las niñas suelen ser también víctimas de la violencia, por lo que es imprescindible garantizar su atención y protección especializada dentro de los servicios y recursos previstos. La Comunidad dispone de un servicio de asesoramiento jurídico para mujeres y profesionales relacionados con esta materia que se presta tanto en capitales de provincia como en municipios importantes de la Comunidad, para ello ha suscrito un Convenio con el Consejo de Colegio de Abogados de Castilla y León. En dicho convenio se contemplan actuaciones de formación continua de los profesionales que prestan dicho servicio.

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Acción de RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES Como políticas asociadas destacamos las que siguen: • El servicio de información y asesoramiento para las mujeres en materia de empleo y/o autoempleo, «Red Mujer Empleo», puesto en marcha por Castilla y León, tiene dos objetivos fundamentales: favorecer la creación de empresas por mujeres y mejorar la empleabilidad de las mujeres, con una actuación prioritaria dirigida a mujeres con especiales dificultades de inserción laboral y del medio rural.

Cuenta con 18 oficinas que prestan atención presencial, orientación on line y través de la página web (www.redmujer.net), información mediante el teléfono móvil, a través de SMS, formación ocupacional adaptada a la demanda detectada. Se han atendido a 37.249 usuarias (23.533 para Orientación laboral y 11.945 Orientación de creación de empresas), creándose 2.792 empresas de las cuales 1.177 están en el medio rural.

• El programa ÓPTIMA Castilla y León está encaminado a combatir las desigualdades por razón de sexo, aumentar la presencia y mejorar la posición de las mujeres en la empresa. El Programa se crea para asesorar técnicamente a las empresas para que realicen un diagnóstico sobre la situación de la igualdad de oportunidades en su entidad, a partir del cual diseñen un plan de acciones positivas encaminado a combatir las desigualdades por razón de género, aumenten la presencia de las mujeres y mejoren su posición en la empresa. Desde su puesta en funcionamiento se han llevado a cabo cuatro ediciones del Programa. En total se han beneficiado del Programa Optima 95 empresas, afectando aproximadamente a 28.011 trabajadores/as. En el momento actual se está desarrollando la fase de captación de la quinta edición. Con el fin de incentivar y reconocer la labor de las empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades, lograr la máxima difusión pública, así como incentivar la puesta en práctica de políticas de acción positiva en las organizaciones se crea la distinción «OPTIMA Castilla y León» y se regula la figura «Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres» con carácter honorífico. 20 empresas de la región cuentan con este distintivo.

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Acciones para LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL La erradicación de la violencia de género es una tarea compleja en la que, además de la sensibilización, la formación de los colectivos profesionales y, por supuesto, la atención integral a la víctima, se requiere la existencia de una coordinación institucional.

Esta cuarta Área busca desarrollar estructuras y mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones e instituciones responsables de las políticas contra la violencia de género a todos los niveles, para garantizar la ordenación de sus actuaciones, consiguiendo, así, mejorar y potenciar los servicios existentes, evitando la duplicidad de acciones.

Por otro lado, se destaca la necesidad de colaboración entre los distintos operadores (sociales, sanitarios, judiciales, policiales, tejido asociativo, etc.) implicados en los procesos derivados de la violencia contra las mujeres, como mecanismo imprescindible para dotar de máxima eficacia a la intervención multidisciplinar.

Asimismo, se desea reforzar el compromiso para erradicar la lacra social que es la violencia contra las mujeres, a través de la promulgación de una Ley contra la Violencia de Género en la Comunidad de Castilla y León, que contribuya al desarrollo en la Comunidad de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Las medidas más importantes son: -- Impulsar cauces para la coordinación, el seguimiento y la evaluación de cuantas acciones para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres se desarrollen en Castilla y León.

-- Consolidar y fomentar la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer, como un organismo operativo en la coordinación de las políticas de cada uno de los diferentes organismos que están implicados en la asistencia a las mujeres.

-- Elaborar protocolos de coordinación interadministrativa de actuación para Castilla y León, dirigidos a desarrollar una acción que permita un tratamiento integral de la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, evitar la duplicación de acciones y realizar una cooperación efectiva.

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-- Establecer cauces de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que intervienen frente a las redes de tráfico de mujeres.

-- Creación de una comisión territorial contra la violencia de género en el ámbito provincial, que garantice la cooperación entre todas las instituciones y organizaciones implicadas.

-- Colaborar con los Ayuntamientos con el fin de crear una red de municipios que lleve a cabo programas que contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

-- Colaborar con las Oficinas de Atención a las Víctimas de Castilla y León para ofrecer una atención coordinada a las mujeres víctimas de violencia de género.

-- Colaborar en la cooperación al desarrollo, para la inclusión de proyectos dedicados a promover campañas de información y prevención contra el tráfico de mujeres y niñas en los países de origen, a través de las ONG’s con sede en Castilla y León.

-- Actualizar y difundir el protocolo marco de intervención profesional en materia de violencia de género, del que derivarán los protocolos de actuación de todos los profesionales implicados en el proceso, dirigido a desarrollar una acción coordinada que permita el tratamiento integral en la asistencia a las mujeres víctimas de violencia.

-- Colaborar con las asociaciones de mujeres y otros colectivos que contribuyan a favorecer la igualdad para propiciar programas que contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia de género.

-- Fomentar en el tejido asociativo de mujeres las actitudes solidarias y de ayuda a las mujeres víctimas de violencia, y favorecer la creación de redes de ayuda mutua entre las mujeres que hayan sido víctimas de malos tratos.

-- Y la aprobación de la LEY 13/2010, DE 9 DE DICIEMBRE, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN. Esta Ley incluye medidas de prevención, protección, educativas, sociales, sanitarias y de asistencia socioeconómica a las víctimas.

LEY 13/2010, DE 9 DE DICIEMBRE, CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN. (168) La violencia de género constituye, sin duda, la manifestación más grave de la desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres.

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Es una violación de los derechos fundamentales y un grave problema social que no puede tolerar ninguna sociedad asentada en valores de respeto y solidaridad.

La presente ley pretende, desde un enfoque multidisciplinar e integral, abordar este grave problema social estructural de primera índole profundizando en las medidas de sensibilización y prevención, así como de detección, y perfeccionando aquellas otras encaminadas a paliar los efectos devastadores que la violencia produce en las víctimas, teniendo como fin último la erradicación de la violencia de género en nuestra Comunidad Autónoma. Partiendo del elemento esencial que caracteriza la violencia de género y que no es otro que el ser una violencia ejercida por los hombres contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, como la más clara expresión de desigualdad basada en estereotipos sociales asociados al género. La presente ley, en consonancia con las normas internacionales, comunitarias, estatales y con otras normas autonómicas, avanza en la protección a todas las víctimas de la violencia ejercida sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer. A los efectos de esta ley se entiende por violencia de género cualquier acto de violencia hacia las mujeres, que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluso las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública como privada, comprendiendo las distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, que tienen lugar en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario.

El reconocimiento internacional de la violencia de género como un problema social y estructural ha sido reciente. En los años setenta del siglo pasado, las primeras iniciativas encaminadas a abordar la violencia contra las mujeres estuvieron centradas en la familia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, adoptada el 10 de diciembre de 1948, establece en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de sexo. Un primer documento jurídico de reconocida autoridad en relación con los derechos humanos de las mujeres es la «Convención sobre eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer de 1979». Por otro lado, la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985, dio lugar a otro documento esencial, las Estrategias de Nairobi, en el que se contemplaron consideraciones directas relacionadas con la violencia de 214 –

género. En la Declaración sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1993, aparece por primera vez la definición de la violencia contra las mujeres como: «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada». En esta Declaración se manifiesta que «la violencia hacia la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por el que se fuerza a la mujer a una subordinación respecto al hombre». Avanzando en el reconocimiento internacional de la violencia contra las mujeres, la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995, identifica esas situaciones como una manifestación de las históricas relaciones de poder que existen y persisten entre mujeres y hombres, que derivan esencialmente de patrones culturales y presiones sociales. De esta Conferencia Mundial surgió la Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyos contenidos han sido revisados en el 2000, donde se valoraron los logros alcanzados y se propusieron nuevas medidas, y en el año 2005 en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing+10 donde se propone acelerar las tareas para hacer realidad la igualdad para las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la Resolución 2002/52 incluye nuevos actos de violencia de género como: «los crímenes pasionales, el matrimonio precoz y forzado, el infanticidio de niñas y los ataques de ácido y la violencia relacionada con la explotación sexual comercial y la explotación económica».

En el ámbito de la Unión Europea, el problema de la violencia de género se abordó, por primera vez, en el marco de la Comunicación de 1996 sobre la trata de mujeres, a la que siguió la puesta en marcha de la iniciativa Daphne en 1997, que pasó a convertirse, en el año 2000, en un programa completo para combatir la violencia. En 1999, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se declara que la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de las desigualdades entre unos y otras son un objetivo que debe integrarse en todas las formas de las políticas y acciones de la Unión y sus miembros. Ese mismo año, 1999, se declaró Año Europeo de Lucha contra la Violencia de Género.

Asimismo existen diversas normas comunitarias que se ocupan del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en distintos ámbitos. Recien– 215

temente, cabe destacar la Decisión n.º 779/2007/CE por la que se establece, para el período 2007-2013, un programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres, y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III), que se viene desarrollando desde 1997, integrado en el programa general «Derechos fundamentales y justicia». Importantes son también la Decisión Marco del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001, sobre el Estatuto de la víctima en el proceso penal, que señala la importancia de evitar los procesos de victimización secundaria, así como la Directiva 2006/54/CE de Igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, en asuntos de empleo y ocupación, que destaca la importancia de medidas en este ámbito, y la creación del Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Hay que señalar que el 1 de diciembre de 2009 ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, en el que se reconocen los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, con efectos jurídicamente vinculantes, entre los que se recoge, en su artículo 1, que «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida», que se complementa con los artículos 2 y 3, que establecen el derecho de toda persona a la vida y a la integridad física y psíquica. En particular, el Título III, Igualdad, consagra expresamente los principios de igualdad y no discriminación, recogiéndose en particular la no discriminación por razón de sexo y, en el artículo 23, la igualdad entre mujeres y hombres, que deberá garantizarse en todos los ámbitos, incluso en los de empleo, trabajo y retribución. Por último, cabe destacar la aportación de la Junta de Castilla y León que, en materia de violencia de género, ha realizado en el marco de la Unión Europea durante la Presidencia de la delegación española del Comité de las Regiones, con la elaboración y aprobación del Dictamen para la prevención de la Violencia de Género, en octubre de 2009. Dicho Dictamen recoge una serie de recomendaciones para su posterior desarrollo por los países miembros, partiendo de la premisa de que la violencia contra las mujeres constituye una agresión contra las libertades y derechos fundamentales humanos y un obstáculo en la consecución de la equiparación de oportunidades con los hombres.

En España, la Constitución de 1978 recoge en su artículo primero el principio de igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y establece en el artículo 9.2 que «Corresponde a los poderes públicos promover 216 –

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Además cabría citar algunos de los preceptos que recogen derechos fundamentales que se ven conculcados ante supuestos de violencia de género, como son el artículo 14 (igualdad ante la ley), o el artículo 15 (derecho a la vida, la integridad física y moral). Es a partir de 1998 cuando se desarrolla en el ámbito nacional la regulación específica de la protección hacia la mujer que sufre malos tratos, a través del I Plan de Acción contra la violencia de género en el ámbito doméstico.

En los últimos años se han producido importantes avances normativos en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres y en la creación de mecanismos de protección de las víctimas: la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, por último, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. La Ley Orgánica 1/2004 es la primera ley europea que recoge una respuesta global frente a la violencia hacia la mujer en el ámbito de las relaciones de pareja, donde, además de las disposiciones judiciales y penales, se incluyen aspectos preventivos, educativos, así como el reconocimiento de unos derechos sociales, laborales y asistenciales a las mujeres.

La Comunidad de Castilla y León dicta, en el año 2003, la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, siendo conscientes, ya en ese momento, de que la violencia contra las mujeres es la máxima expresión de desigualdad que puede darse. La ley tiene como objetivo general prevenir situaciones de violencia de género, a través de la erradicación de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, haciendo efectiva la igualdad real. Dentro de su articulado, y como objetivos específicos, la citada ley, no sólo pretende prevenir las situaciones de violencia contra la mujer, sino prestar atención, protección y asistencia a las mujeres – 217

víctimas de violencia de género y a otras mujeres con necesidades especiales por razón de género. Para ello fija los criterios esenciales que garantizan, en el ámbito de Castilla y León, una asistencia integral a la mujer en materia de violencia y establece medidas de acción positiva para la promoción y protección de la salud de las mujeres en general y, en especial, en materia de malos tratos a la mujer.

Sistematiza y refunde la Red de Asistencia a la Mujer en Castilla y León. Crea la Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, crea el Consejo Regional de la Mujer de Castilla y León e impone la creación, en el plazo de un año, de la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer. Aun siendo esenciales las disposiciones reguladas en aquella ley, y a las cuales viene dándose adecuado cumplimiento, el transcurso del tiempo y las modificaciones estatutarias producidas hacen necesaria una ley específica que contemple los distintos supuestos de violencia hacia la mujer, y un nuevo impulso legislativo a esta materia, concretando las acciones positivas señaladas en la Ley de Igualdad pero respetando siempre los principios que la inspiran.

El II Plan contra la Violencia de Género en Castilla y León (2007-2011), aprobado por Decreto 2/2007, de 12 de enero, establece como actuación específica dirigida a los poderes públicos de la Comunidad la promulgación de una ley contra la violencia de género, que contribuya al desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, abordando la violencia de género desde una perspectiva integral. El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuya reforma ha sido aprobada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, dispone en su artículo 8.2 que «Corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social». Además, el artículo 14, en su apartado 1 prohíbe expresamente la discriminación de género, y en su apartado 2 exige a los poderes públicos de la Comunidad «la adopción de acciones positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sobre todo en los ámbitos educativo, económico, laboral, en la vida pública, en el medio rural, en relación con la salud y con los colectivos de mujeres en situación de necesidad especial, particularmente las víctimas de violencia de género». A partir de esta reforma estatutaria se ha recogido como competencia exclusiva autonómica (artículo 70.1.11.ª) «La promoción 218 –

de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de violencia de género». La presente ley desarrolla el mandato estatutario para aportar a nuestra sociedad, y principalmente a las víctimas, una necesaria respuesta que garantice la seguridad y la recuperación integral de las mujeres y de las personas dependientes de las mismas. En un estado de derecho, la ley es un instrumento privilegiado y el único válido para dar cobertura y garantía a los cambios sociales. Esta ley pretende ser un instrumento para la consecución de la efectividad del derecho fundamental a vivir sin violencia, del que se derivan deberes para todos los poderes públicos respecto a la garantía del efectivo ejercicio del mismo, debiendo contar con las mujeres afectadas para conocer sus necesidades.

La ley pretende ser un instrumento efectivo para eliminar la violencia de género, potenciando los instrumentos de prevención y sensibilización dirigidos a toda la sociedad, formando específicamente a profesionales en esa materia y articulando una serie de recursos que presten una atención integral a todas aquellas mujeres, y a las personas a su cargo, que padecen situaciones de violencia, regulando la necesaria coordinación que debe existir entre las distintas instituciones y organizaciones que trabajan en esta materia para alcanzar el fin último que persigue la ley: erradicar la violencia de género. Para ello, se quiere regular con el máximo rango normativo de la Comunidad de Castilla y León las distintas actuaciones dirigidas a erradicar la violencia de género, que se asientan en dos pilares: la prevención y la atención integral; estructurándose la ley en un título preliminar, tres títulos, una disposición derogatoria, una disposición transitoria y cuatro finales. En el Título Preliminar se establece el objeto definiendo el concepto de violencia de género y estableciendo el ámbito de aplicación territorial, objetivo y subjetivo. El concepto de violencia de género, abarca cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, como expresión de desigualdad entre mujeres y hombres y con independencia del ámbito en el que se produzca. Se establecen los principios rectores de actuación, garantizando la protección de la intimidad de las víctimas en todas las actuaciones y procedimientos que a tal efecto se tramiten en esta materia. Asimismo, se recogen las competencias de la Comunidad Autónoma y Entidades Locales de conformidad con el Estatuto de Autonomía.

El Título I regula las medidas de sensibilización, investigación y prevención frente a la violencia de género. Este título desarrolla uno de los pilares sobre – 219

los que se asienta la ley: la prevención. En el Capítulo I se recogen las medidas de sensibilización dirigidas a toda la sociedad. Se contempla la realización de estudios y trabajos de investigación que nos permitan conocer con mayor precisión las causas y consecuencias de la violencia, así como la colaboración de los medios de comunicación. En el Capítulo II se regula la prevención, destacando las medidas de formación de todas las personas que en los diferentes ámbitos profesionales intervienen en la atención integral a las mujeres, y en especial la incidencia de la prevención en el ámbito educativo y sanitario. El otro pilar sobre el que se asienta esta ley es el dedicado a la atención integral, regulándose en su Título II. La atención integral incluye todas las medidas dirigidas a asegurar la integridad física y psíquica de las víctimas, y la atención desde distintos ámbitos: social, jurídico, psicológico, sanitario, laboral, económico. Este título se inicia con un precepto donde se reconoce el derecho a la atención integral a las víctimas de todas las formas de violencia previstas en esta ley y en el que se establece un catálogo de derechos que se reconocen por primera vez a las mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León. En este mismo artículo se recogen los principios que inspiran la actuación en esta materia. Como novedad a destacar se contempla a las personas dependientes de la mujer, menores y mayores, como víctimas de la violencia de género y posibles beneficiarias de sus recursos. Asimismo, se quiere significar la importancia de las entidades privadas sin ánimo de lucro en la atención a las víctimas y su colaboración con los poderes públicos, que cuenten con profesionales especializados. El primero de los capítulos regula la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León, incluyendo una relación de los distintos recursos que se ofrecen para satisfacer las necesidades de las víctimas. Además, las prestaciones de la Red se extienden a las mujeres que sufren vulneración de sus derechos por razón de género. Se remite a un posterior desarrollo normativo la regulación de los requisitos para acceder a los distintos recursos, así como el contenido y características de los mismos. La atención a la mujer se completa con otras medidas en el ámbito judicial, del empleo, de la función pública, de prestaciones tecnológicas, así como en el ámbito educativo y en el acceso a la vivienda. En otro capítulo se recoge la protección especial prevista en situaciones específicas de mayor vulnerabilidad o de concurrencia de factores de riesgo añadidos, como son el tráfico y explotación sexual, algún grado de discapacidad, la condición de ser mujer e inmigrante, las dificultades de acceso a los recursos desde 220 –

el medio rural, o cualquier otra circunstancia que pudiera agravar el riesgo o la vulnerabilidad de las mujeres, como la pertenencia a etnias minoritarias. El Título II se cierra con un capítulo dedicado a la Seguridad, donde, en el marco de las competencias autonómicas, se destaca la importancia de la colaboración en la protección de las mujeres víctimas de violencia. Por último, el Título III regula los instrumentos de Planificación y de Coordinación como ejes rectores de una política pública de carácter integral, orientada a sumar los esfuerzos de las instituciones, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro que trabajan en la erradicación de la violencia de género.

En la mayoría de las Comunidades Autónomas se han aprobado Acuerdos Interinstitucionales con el objetivo de mejorar la coordinación para la prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer. Solamente voy a comentar los Acuerdos/Protocolos Interinstitucionales y los Acuerdos/Protocolos Sectoriales de Castilla y León, Protocolo Marco de Actuación Profesional para casos de violencia de género: -- Protocolo de Creación de la Red de Municipios sin Violencia de Género en Castilla y León -- Protocolo de actuación profesional para casos de violencia de género en el medio rural (9 provincias) -- Protocolo de actuación en los puntos de encuentro familiar cuando existe orden de protección -- Protocolo de actuación para coordinar los procedimientos de derivación de los centros de acogida entre diferentes CCAA (común, aprobado en la Conferencia sectorial junio 2014) -- Protocolo de actuación sanitaria, incluido en la Guía de práctica clínica sobre violencia contra las mujeres en la pareja -- Protocolo de actuación para comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los ingresos, traslados y salidas de las víctimas de los Centros de Acogida -- Convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León para la participación propia y el fomento de la participación de las Entidades Locales, en el modelo regional “Objetivo Violencia Cero” (9 de octubre de 2014). ((Ha dado lugar a la firma, hasta enero de 2015, de 99 convenios) – 221

-- Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León para actuaciones en materia de atención a víctimas de violencia de género en la Comunidad de Castilla y León (20 de octubre de 2014).

-- Convenio de colaboración, en el ámbito de Castilla y León, entre el Ministerio Fiscal y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León para actuaciones en materia de atención a víctimas de violencia de género en la Comunidad de Castilla y León (11 de noviembre de 2014).

-- Protocolo de colaboración, entre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León para actuaciones en materia de atención a víctimas de violencia de género en la Comunidad de Castilla y León (18 de noviembre de 2014).

-- Protocolos entre la Consejería de Familia e I.O., la Consejería de Educación y las Universidades de Castilla y León para impulsar y fomentar actuaciones en materia de igualdad y violencia de género (9 Universidades) (18 de diciembre 2014) -- Convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e I.O., la Consejería de Educación y las Universidades públicas y privadas de Castilla y León para la implementación de un procedimiento excepcional de cambio de lugar de realización de estudios universitarios oficiales de grado para supuestos de violencia de género (2013).

-- Comisión de Secretarios Generales -- Consejo Regional de la Mujer. Sección de igualdad de oportunidades y sección de violencia de género -- Sección de Género del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León -- Observatorio de Género/ de Igualdad de Oportunidades -- Guía de Actuación ante la Violencia contra las mujeres en la pareja de Castilla y León -- Protocolo de atención a víctimas de violencia de genero con problemas de salud mental en casas de a cogida. (pendiente de firma) -- Programa de Formación en Violencia de Genero para profesionales de la salud.

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-- Protocolo marco de actuación profesional para casos de violencia de género en Castilla y León (Coordinación intersectorial) Instrumento de actuación y coordinación de los distintos profesionales implicados en la atención a las víctimas de violencia de género. (ya citado en protocolos) -- Estructuras de coordinación interinstitucionales

Ética de la violencia de género Ante una situación de maltrato a la mujer, nos enfrentamos a un problema de salud pública con repercusiones jurídicas, tanto para ella y sus hijas e hijos, como para el personal sanitario, planteando en ocasiones, un dilema ético a las y los profesionales en la toma de decisiones.

Hay mujeres que acuden a los servicios sanitarios y a pesar de presentar lesiones importantes, no reconocen verbalmente en la consulta su situación de maltrato por temor a que se comunique al juzgado y se puedan tomar medidas que puedan afectar a su seguridad y la de su familia.

En España, el personal sanitario tiene la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la posible existencia de un hecho delictivo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.Cr) señala en su artículo 262: (77) «Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratase de un delito flagrante».

El artículo 355 de esta Ley menciona de modo explícito la obligación de las y los profesionales de la medicina: «Si el hecho criminal que motive la formación de una causa cualquiera consistiese en lesiones, los médicos que asistieran al herido estarán obligados a dar parte de su estado».

En caso de sospecha de maltrato ejercida por parte de la pareja o ex pareja, se comunicará al juzgado de guardia mediante el parte de lesiones o informe médico. La información del hecho a las autoridades judiciales permite poner en marcha las medidas dirigidas a la protección de la mujer y evitar que el delito quede impune.

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En el caso de otras situaciones de violencia hacia la mujer no cometidas por su pareja o ex pareja, se emitirá también el parte de lesiones, pero no bajo el epígrafe de violencia de género, y se enviará también al juzgado de guardia.

El parte de lesiones es un documento sanitario mediante el que se traslada a la autoridad judicial lo que el saber profesional ha permitido conocer. Su finalidad es poner en conocimiento la posible existencia de un delito, pero no es una denuncia.

La importancia de la emisión del parte de lesiones radica en que, a veces, es el único instrumento con el que cuentan los juzgados, la única prueba de un posible delito, ya que hay lesiones que con el tiempo desaparecen. Servirá también para avalar la declaración realizada por la mujer y sobre todo para activar medidas de protección. (24) Es una obligación legal del médico enviar un “parte de lesiones o PROTOCOLO SANITARIO DE MALOS TRATOS” (Artº.262 y 355. L.E.Cr) (77) al Juzgado de Guardia (max 24 hs) cuando tenga conocimiento o sospecha de una situación de malos tratos (físicos, psicológicos o sexuales) en la atención sanitaria prestada En la atención a las mujeres en situaciones de violencia de género, al igual que en cualquier intervención sanitaria, las y los profesionales deben tener siempre presentes los principios éticos de actuación y los derechos que las mujeres tienen como pacientes, reconocidos en la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y en todos los códigos deontológicos profesionales. Las características específicas de la situación de maltrato y la vulnerabilidad de las mujeres que viven en estas relaciones, así como de sus hijas e hijos, requieren poner especial atención en estos aspectos.

Velar por la vida y el beneficio de la salud (principio de beneficencia) La finalidad última de la intervención desde el sistema sanitario con las mujeres que viven en situaciones de violencia de género es la restitución de la salud, así como la promoción de las condiciones para su recuperación integral y el desarrollo de una vida en un entorno sin violencia.

El maltrato pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y, en su caso, la de sus hijas e hijos y otras personas de su entorno, por lo que el personal sanitario tiene que tener en cuenta que entre sus tareas se encuentran la coordinación con otros sectores para su protección. La comunicación del maltrato a las autoridades judiciales mediante el parte de lesiones e informe médico, permite poner en mar224 –

cha las medidas legales dirigidas a la protección de la mujer y además evita que el delito quede impune. Por el contrario, si no se emite un parte de lesiones en los casos necesarios, tal como se indica en los procesos de actuación que contempla este Protocolo, no estaremos atendiendo al principio de beneficencia.

Evitar perjuicios con las intervenciones, minimizando los daños (principio de no maleficencia) Siempre que se tome la decisión de emitir un parte de lesiones, es necesario informar a la mujer previamente, valorar con ella su seguridad y tomar medidas para su protección, garantizando la minimización del riesgo.

En caso de que ella manifieste su deseo de que no se emita el parte de lesiones, si no se indagan las razones de su negativa, ni se exploran cuáles son sus miedos, sus necesidades, etc., se estaría desatendiendo el principio de no maleficencia.

Cuando se sospeche que de la emisión del parte de lesiones puede derivar un grave riesgo para la vida de la mujer, sus hijas o hijos u otras personas dependientes a su cargo, se debe plantear de forma prioritaria con la mujer un plan que le permita superar esa situación y tener las debidas garantías de seguridad para su integridad.

Asimismo, es imprescindible cuidar el lenguaje y evitar preguntas que la culpabilicen, contribuyendo a su victimización secundaria.

Cuando la gravedad de las lesiones lo requiera, se puede solicitar al Juzgado de Guardia por escrito o telefónicamente, la presencia en el centro sanitario de profesionales de las Unidades de Valoración Forense Integral para que las exploraciones y pruebas se realicen en un solo acto, muy especialmente en situaciones de agresiones sexuales, intentando no someter a la mujer a una doble victimización.

En la intervención sanitaria con hijas e hijos de mujeres en situaciones de violencia de género, los profesionales sanitarios del sistema sanitario público pueden ser requeridos como testigos o como peritos en relación a la detección, consecuencias para la salud o circunstancias sanitarias del caso.

Compromiso de confidencialidad respecto a la información conocida en virtud del ejercicio profesional Es importante tener presente en la actuación sanitaria la legislación que regula los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente (78) y la Ley de Protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). (79) – 225

En todos los códigos deontológicos se recoge el secreto profesional como un derecho de las y los pacientes y un deber profesional, por lo que este compromiso es extensible a todo el equipo sanitario que participa o interviene en la atención: profesionales de la medicina, enfermería, trabajo social, psicología, administración, personal celador.

Respetar la autonomía de la mujer En todo el proceso de acompañamiento e intervención sanitaria se debe respetar y potenciar la autonomía de la mujer. Para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y ser protagonistas de su propio proceso de recuperación, han de ser informadas de las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, de las consecuencias probables de actuar o no actuar, de los beneficios y riesgos esperados, también y además, como medida para garantizar su seguridad.

También es importante recordar que es preciso solicitar su consentimiento para la realización de fotografías y para ser reconocida por el equipo forense.

PRINCIPIOS ÉTICOS

Velar por la vida y el beneficio de la salud Evitar prejuicios con las intervenciones minimizando los daños Compromiso de confidencialidad respecto de toda información Repetar la autonomía de la mujer

Dilemas éticos Una de las situaciones de mayor dificultad y conflicto a la que se enfrentan las y los profesionales sanitarios derivan de la colisión de las obligaciones legales y los principios éticos que rigen las actuaciones del personal sanitario.

Esto ocurre especialmente cuando las mujeres manifiestan el deseo de no denunciar, por lo que se ven ante la disyuntiva de cumplir con lo que sienten 226 –

como su deber y la ley obliga y el respeto a la autonomía de las mujeres y a sus decisiones, así como su derecho a la confidencialidad.

Emitir un parte de lesiones sin el consentimiento de la mujer sitúa a los y las profesionales ante un conflicto ético, ya que consideran estar violando el secreto profesional y la posible pérdida de confianza de la paciente.

La ley establece y especifica los casos en que la salvaguarda de la confidencialidad no es una obligación absoluta y debe revelarse el secreto médico, como ante la sospecha de un delito y en caso de ser llamados a declarar en un proceso judicial.

Teniendo en cuenta que cada caso es singular y que se debe realizar un análisis y valoración individual de la situación en que se encuentra cada mujer.

El personal sanitario, en ocasiones, puede tener dudas sobre la veracidad del relato, temiendo poner en marcha el mecanismo judicial cuando sólo hay sospechas. En este caso pueden comunicarlo al Ministerio fiscal. Es importante saber que el sistema judicial garantiza el no enjuiciamiento de las y los profesionales por emitir un parte de lesiones y pueden ser llamados a declarar únicamente en calidad de testigos o peritos.

Algunos/as profesionales pueden tener temor a las represalias del supuesto agresor tanto por ser acusados/as de calumnias en vía judicial, como por la posibilidad de sufrir represalias físicas o de otro tipo (ciberacoso, amenazas a través de medios electrónicos). Esto se observa más en profesionales de atención primaria, ya que en muchos casos es el mismo profesional el que atiende a la mujer y al agresor, lo que posibilita su identificación. (24)

Cuando la mujer no quiere denunciar Obligaciones legales

Principios éticos

Emitir un parte de lesiones sin el cosentimiento de la mujer

Violar el secreto profesional, pérdida de confianza

El parte de lesiones es la única prueba de un posible delito

Hay una limitación al secreto que es la colaboración con la justicia

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VII. PREVENCIÓN Hablar de prevención ”global” de la violencia de género puede parecer pretencioso por las dificultades objetivas que entraña, ya que para prevenir esta violencia de género hay que afrontar las causas de las desigualdades sociales, económicas y políticas que la sustentan, todas ellas ancladas en la estructura de nuestra sociedad. (88) La violencia masculina hacia las mujeres, como ya hemos comentado, es un auténtico problema de salud pública que atenta contra la libertad de las personas y que viola los derechos de la humanidad, una pandemia de carácter global sustentada en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, es un problema fundamentalmente masculino que sufren las mujeres en el que se necesita de toda la sociedad para su erradicación, la cual la educación en y para la igualdad y contra la violencia de género es fundamental, por lo que ha de abordarse con un carácter integral a través de todas las etapas educativas. (84, 85) Los profesionales de la salud sólo son un pequeño eslabón de la gran cadena necesaria para abordar eficazmente el problema de la violencia sobre las mujeres. Pero quizás son los únicos que tienen la posibilidad de establecer contacto con todas las mujeres maltratadas, contacto, además se hace en el ámbito de una relación de confianza y de confidencialidad. (88) La lucha contra la lucha contra la violencia de género y la lucha en y por igualdad entre mujeres y hombres son dos caras de la misma monedad. De hecho, no podemos educar contra la violencia de género sino es desde y en la educación para la igualdad, y no podemos educar para la igualdad si no es como dique de contención contra la violencia de género. La mejor vacuna contra la 228 –

violencia de género es la educación en y para la igualdad, con continuas dosis de recuerdo a lo largo de la vida.

Para la prevención de la violencia de género, es esencial la acción educativa en clave coeducadora, puesto que esta gravísima lacra social hunde sus raíces en valores socioculturales sexistas que mantienen la desigualdad entre los sexos, y por tanto, son susceptibles de modificación mediante la labor coeduactiva en las diferentes etapas educativas, a lo largo del ciclo vital. Si bien la educación no es sinónimo de sistema educativo, y la trasmisión de valores en igualdad entre los sexos han de estar alineados en toda la sociedad (familias, medios de comunicación, relaciones en los grupos de iguales, entornos laborales,etc..), la escuela tiene una responsabilidad ineludible de trasmitir valores de equivalencia entre los sexos. (84, 85) La educación por la igualdad y contra la violencia de género es un aspecto legislado de obligado cumplimiento a nivel internacional y nacional, es un deber de las personas educadoras y un derecho del alumnado, que esta interconectado con el desarrollo de la cultura de paz, que apuesta por el valor de la noviolencia y la solución justa y pacífica de los conflictos. La equivalencia entre los sexos y la prevención de la violencia de género se embarcan en el ámbito del respeto a los derechos de la humanidad, es un proyecto global e inclusivo de ciudadanía democrática y compartida, al que están invitadas todas las personas que entienden que el principio de igualdad entre los sexos es un aspecto innegociable en cualquier sociedad democrática que se precie.

La consecución de la igualdad es un proyecto compartido entre mujeres y hombres, un horizonte posible que ofrece evidentes beneficios a la mujeres como principales perjudicadas del sexismo, pero también para los hombres, y el que alentamos espacialmente al compromiso de los hombres contra la violencia de género, a favor del respeto a los derechos de la humanidad y críticos con los modelos de masculinidad hegemónicos, desde una perspectiva autocrítica y de asunción de responsabilidades cotidianas frente al sexismo.

En relación con el maltrato a la mujer o violencia de género, se plantea la necesidad de: (76) -- Sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad del problema del maltrato.

-- Trasmitir y enseñar el valor de no violencia como medida fundamental de prevención.

-- Elaborar campañas en los medios de comunicación social.

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-- Profundizar en la enseñanza escolar de valores tales como la igualdad y el respeto entre ambos sexos.

-- Aumentar los recursos sociales.

-- El maltrato exige un esfuerzo continuado por parte de toda la sociedad.

-- En nuestra capacidad de respuesta se halla la solución a este terrible problema.

Prevención de la violencia de género en la universidad La Ley Orgánica de Medidas contra la Violencia de Género 1/2014 señala: “Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y la no discriminación de forma trasversal” (13). La Ley de Igualdad 3/2007 que rige el estado español señala: “En el ámbito de la educación superior, las administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre hombres y mujeres. En particular, y con tal finalidad, las administraciones públicas promoverán: a) la inclusión, en los planes de estudios en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. b) La creación de postgrados especializados. c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia”. (86) La universidad, como escuela de ciudadanía adulta, tiene una indudable responsabilidad a la hora de trasmitir valores de igualdad entre los sexos. Es prioritario esforzarse en incluir específicamente una perspectiva de prevención de violencia masculina hacia las mujeres en disciplinas académicas del mundo del derecho, la sanidad, el área educativa, el periodismo y la comunicación social, que se hallan específicamente señaladas en la Ley Integral contra la Violencia de Género (13).

La mejora de la igualdad entre mujeres y hombres es el principal antídoto contra la violencia de género. El cambio hacia la igualdad no es una “guerra de sexos”, en la que unos u otros pierden, sino la construcción de un mundo más justo y libre para todas las personas, por lo que es importante mostrar espacios de alianza y cooperación por la igualdad entre hombres y mujeres. (87) La lucha contra la violencia y a favor de la plena igualdad entre mujeres y hombres son dos caras de una misma moneda. Es muy importante implicar 230 –

a los hombres en la lucha contra la violencia de género, tras demasiados años en los que la inmensa mayoría de los hombres han permanecido ajenos y/o silenciosos cómplices ante este grave problema. La violencia de género no existiría si no hubiese hombres capaces de ejercerla, por lo cual debemos trabajar para evitarlo, para que el alumnado masculino analicen su papel en el proyecto de equidad e igualdad entre mujeres y hombres. Coeducando por la igualdad y contra la violencia de género estamos consolidando el derecho a la igualdad de oportunidades, derechos y deberes entre mujeres y hombres, en definitiva, estamos garantizando la promoción y el respeto de los derechos de la humanidad. (84, 85) En muchas Universidades existen Protocolos de actuación específicos como en la Universidad de Valladolid, se aprobó por Resolución de 9 de octubre de 2014, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se acuerda la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de octubre de 2014, por el que se aprueba el PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (171): DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. La Universidad de Valladolid declara que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo suponen un atentado contra la dignidad de las personas, por lo que son totalmente inaceptables y no pueden ni deben ser tolerados. En consecuencia, se garantizará un entorno universitario exento de cualquiera de estas formas de acoso. La Universidad debe procurar un entorno laboral y relacional libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, a los que habría que sumar el acoso que también en ocasiones se produce por la orientación sexual. El Plan de Igualdad de la Universidad de Valladolid, aprobado por el Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2012, establece como uno de sus objetivos «prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, así como la violencia de género»; y se propone la elaboración de un protocolo de prevención y de actuación frente a situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Universidad de Valladolid. Este protocolo tiene así como objeto, por un lado, evitar y tratar de prevenir las situaciones de acoso; y, por otro, establecer un procedimiento que se aplique a la solución rápida de las reclamaciones relativas al acoso sexual – 231

y por razón de sexo, con las debidas garantías y procedimientos imparciales, tomando en consideración la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes. De conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, el presente protocolo se inspira en los siguientes principios: • El compromiso de las Administraciones Públicas de prevenir y no tolerar ninguna forma de acoso sexual ni por razón de sexo.

• El deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad y al honor, así como la igualdad de trato y de oportunidades.

• El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.

• La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.

En virtud del presente código de conducta, la Universidad se compromete investigar todas las denuncias sobre acoso que se tramiten de acuerdo al presente procedimiento, estableciendo como finalidad facilitar la resolución de los citados conflictos. Todo ello, obviamente, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales que las víctimas puedan ejercitar en su caso.

MARCO CONCEPTUAL. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres define el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en los siguientes términos (Art. 7): 1. Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo constituye una discriminación que se manifiesta a través de la sexualidad y que, si bien puede tener tanto a hombres como mujeres como eventuales sujetos pasivos, es padecido fundamentalmente por 232 –

las mujeres en función de las desequilibradas relaciones de poder que el género produce en nuestra sociedad. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo constituyen actos de coacción que ignoran la voluntad de la víctima, atentan contra su dignidad, niegan el respeto a su integridad física y psíquica y convierten el sexo o la orientación sexual en objeto de hostilidad. Todo ello, además, provoca una serie de consecuencias negativas en el contexto laboral y relacional de la víctima.

OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Protocolo tiene un doble de objetivo.

1. El desarrollo de medidas dirigidas a prevenir situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, a través de la formación, la información y la sensibilización de quienes forman parte de la comunidad universitaria.

2. La tramitación y, en su caso, resolución, con las debidas garantías, de las denuncias presentadas por las víctimas.

Las disposiciones recogidas en este protocolo serán de aplicación a las personas pertenecientes a los colectivos que a continuación se relacionan, durante su permanencia en la Universidad de Valladolid. a) Personal Docente e Investigador de la Uva. b) Personal de Administración y Servicios de la Uva. c) Alumnado de la Uva. d) Cualquier persona de empresas o entidades externas que desarrolle su trabajo en la UVa, y que considere que ha sido objeto, por parte del personal o del alumnado de la Universidad, de acciones que queden encuadradas dentro de la definición de acoso sexual y por razón de sexo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN. La Universidad de Valladolid se compromete a la divulgación del presente protocolo, y propondrá la inclusión en el Plan de Formación de la Universidad de cursos sobre prevención y actuación en caso de acoso sexual y por razón de sexo, así como de actividades de sensibilización y formación en esta materia para el personal que pueda ser designado como parte de la Comisión.

Este protocolo se dará a conocer a las empresas colaboradoras y a las entidades suministradoras de la Universidad de Valladolid, y estará disponible – 233

desde el momento de su aprobación por el Consejo de Gobierno en las páginas web de la Secretaría General y de la Unidad de Igualdad. ÓRGANOS ENCARGADOS DE APLICAR EL PROTOCOLO Los órganos encargados de aplicar este Protocolo serán la Unidad de Igualdad y la Comisión contra el acoso sexual y por razón de sexo.

En relación con el primero de los objetivos de este protocolo la Unidad de Igualdad asumirá las siguientes funciones: 1. Promover una cultura de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo, a través de acciones formativas e informativas de sensibilización dirigidas a todos los sectores de la comunidad.

2. Informar sobre los derechos de quienes forman parte de la comunidad universitaria en el ámbito de la normativa sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

3. Desarrollar una labor de difusión entre toda la comunidad universitaria del procedimiento y de las garantías previstas en el presente Protocolo.

4. Informar sobre el procedimiento de protección previsto en este Protocolo.

5. Informar, en su caso, sobre la pertinencia de presentar denuncia ante los Tribunales de Justicia.

6. Recibir las denuncias por acoso sexual y por razón de sexo.

7. Informar a la víctima de los servicios de salud laboral existentes así como de cualquier otro servicio de atención o asesoramiento que se considere pertinente.

8. Poner en conocimiento de la Comisión contra el acoso sexual y por razón de sexo de la existencia de alguna situación de acoso sexual o y por razón de sexo.

En relación con el segundo de los objetivos de este protocolo se constituirá y actuará la Comisión contra el acoso sexual y por razón de sexo (en adelante Comisión competente), que estará compuesta por: • El Defensor o Defensora Universitaria que podrá delegar en su Adjunto/a, quien la presidirá y velará por la transparencia y equidad de la aplicación del protocolo.

• El Director o Directora de la Unidad de Igualdad de la UVA, que actuará de secretario o secretaria.

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• Tres personas designadas por el Rector a propuesta de la Comisión de Igualdad (un miembro del PAS, otro del PDI y un o una estudiante).

Las personas nombradas tendrán un mandato de dos años, salvo que dejen de pertenecer al colectivo del que forman parte, en cuyo caso serán inmediatamente sustituidas.

Se procurará que las personas que formen parte de la Comisión posean una formación suficiente en temas relacionados con la discriminación por razón de género y en especial sobre acoso.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. El procedimiento se iniciará a instancia de la parte afectada mediante escrito de queja dirigido al Rector/a, según el modelo que figura en el Anexo.

El escrito será presentado por la persona denunciante o, por la representación de los trabajadores y trabajadoras o de los estudiantes, autoridades académicas, familiares o personas de confianza de la persona afectada. Se entregará en la Unidad de Igualdad por duplicado, devolviéndose uno de los ejemplares sellado como justificante de su presentación.

La solicitud se remitirá a la presidencia de la Comisión competente que, en un plazo de 5 hábiles, reunirá a la Comisión.

Cuando la queja no responda a ninguna situación de acoso, tal y como éste ha sido definido, la Comisión competente lo comunicará a la parte denunciante, motivando suficientemente su decisión y dando por finalizado el procedimiento.

Si del escrito de queja se deduce la existencia de una situación que aún no es constitutiva de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, pero que si no se actúa pudiera acabar siéndolo, la Comisión competente, podrá proponer a la persona denunciante las actuaciones que se consideren oportunas para buscar una resolución informal que ponga fin a la situación denunciada y evite su repetición en el futuro.

Cuando se estime que la situación denunciada pudiera ser constitutiva de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, la Comisión competente, remitirá el escrito de queja a la parte denunciada e iniciará la investigación y elaboración del informe pertinente.

Una vez oídas las partes, la Comisión competente podrá proponer a las autoridades competentes, medidas provisionales relativas a las condiciones de trabajo de las personas implicadas, mientras se tramita el procedimiento – 235

y siempre que las circunstancias de los departamentos, servicios o unidades afectados lo permitan.

La Comisión competente podrá recabar información y documentación así como practicar las pruebas y entrevistas que considere oportunas; dará audiencia a ambas partes, las cuales podrán acudir acompañadas de otra persona perteneciente a la Comunidad Universitaria; podrá requerir asistencia de los servicios de la universidad que estime pertinentes (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, Gabinete de Psicología, entre otros).

Al final de su actuación la Comisión competente remitirá al Rector una propuesta escrita que contendrá las actuaciones realizadas, así como las medidas propuestas para dar solución al problema, que podrán incluir la recomendación de apertura de expediente disciplinario. En este caso se recomienda que la persona designada para ejecutar la instrucción tenga formación en temas de igualdad de género.

El plazo máximo para la remisión de esta propuesta de resolución no podrá exceder de veinticinco días hábiles a partir del inicio del procedimiento.

Contra la Resolución cabrá interponer los recursos legalmente establecidos.

CONSIDERACIONES GENERALES. El procedimiento es voluntario, no siendo necesario acogerse al mismo para poder iniciar las acciones legales que se estimen pertinentes en sede administrativa o judicial. En este sentido, se ha de informar que el inicio del procedimiento establecido en el presente protocolo no interrumpe ni amplía los plazos para la interposición de los recursos y/o el ejercicio de las acciones establecidos en la normativa vigente. La apertura de procedimientos administrativos disciplinarios, demandas o querellas ante la jurisdicción competente determinará de inmediato el archivo de cualquiera de los procedimientos articulados en el presente protocolo.

La Universidad podrá adoptar las medidas que considere oportunas en el caso de que haya existido una utilización manifiestamente maliciosa de este procedimiento, dado que las falsas denuncias de acoso son una manifestación de intimidación intolerable, pudiendo ser objeto de sanción disciplinaria.

Toda la Comunidad Universitaria está obligada a colaborar en la investigación y en los procesos que se desarrollen en relación con las actuaciones contempladas en el presente protocolo. Respecto de las posibles recusaciones o 236 –

abstenciones de las personas nombradas para actuar en la resolución informal o para la Comisión, se estará a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común.

DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. Toda la información relativa a quejas en materia de acoso se tratará de modo que se proteja el derecho a la intimidad de todas las personas implicadas y la confidencialidad durante todo el proceso. Se exigirá el deber de secreto a todo el personal que haya participado en cualquiera de las actuaciones previstas en el presente protocolo.

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROTOCOLO. A partir de la aprobación del presente protocolo por el Consejo de Gobierno, se realizará por la Comisión de Igualdad un informe anual de seguimiento que podrá incluir propuestas de mejora del protocolo. La revisión del mismo se realizará, en su caso, cada dos años.

Qué hacer para prevenir la violencia? (118) La violencia es un problema polifacético, de raíces biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, y para el que no existe una solución sencilla o única; al contrario, es una cuestión que debe abordarse a varios niveles y en múltiples sectores de la sociedad simultáneamente. Basándose en la perspectiva aportada por el modelo ecológico, es posible orientar los programas y las políticas de prevención de la violencia hacia los individuos, las relaciones, las Comunidades y las sociedades en su conjunto, y aplicarlos en colaboración con distintos sectores de la sociedad en escuelas, lugares de trabajo y otros centros, y sistemas de justicia penal. La prevención de la violencia tendrá más probabilidades de éxito si es integral y con base científica. Por lo general, las intervenciones emprendidas en la infancia y las prolongadas suelen ser más eficaces que los programas a corto plazo.

Estrategias a nivel individual A nivel individual, la prevención de la violencia se centra fundamentalmente en dos objetivos: en primer lugar, fomentar las actitudes y los comportamientos – 237

saludables en los niños y los jóvenes, para protegerlos durante el desarrollo; en segundo lugar, modificar las actitudes y los comportamientos en los individuos que ya se han hecho violentos o corren el riesgo de atentar contra sí mismos.

Sobre todo, se busca garantizar que las personas puedan resolver sus diferencias y conflictos sin recurrir a la violencia.

La siguiente es una relación de estrategias centradas en las creencias y los comportamientos individuales: • Programas de educación, como los que ofrecen incentivos para que los alumnos terminen la enseñanza secundaria, formación vocacional para jóvenes y adultos jóvenes desfavorecidos, y programas de información sobre el abuso de las drogas.

• Programas de desarrollo social, como los orientados a prevenir la intimidación, así como los programas preescolares de enriquecimiento.

Los programas de desarrollo social, en particular, tienen como objetivo mejorar el éxito escolar y las relaciones sociales, y están concebidos para ayudar a los niños y adolescentes a adquirir aptitudes sociales, controlar la ira, resolver los conflictos y desarrollar una perspectiva moral.

• Programas terapéuticos, como el asesoramiento a las víctimas de la violencia o a las personas que corren el riesgo de atentar contra sí mismas, los grupos de apoyo y la terapia comportamental para la depresión y otros trastornos psiquiátricos relacionados con el suicidio.

• Programas de tratamiento para las personas que corren el riesgo de atentar contra sí mismas, incluido el tratamiento médico de los trastornos psiquiátricos. Existen también programas para los autores de delitos sexuales y las personas que maltratan a sus parejas o a sus hijos.

En estos programas suele utilizarse un formato grupal para discutir las cuestiones de género y enseñar aptitudes tales como el control de la ira y la asunción de responsabilidades por las propias acciones.

La eficacia de estas estrategias varía en función de diversos factores. Por ejemplo, los programas de desarrollo social que prestan especial atención a las aptitudes de competencia y sociales figuran entre las estrategias más eficaces para prevenir la violencia juvenil, pero parecen dar mejores resultados cuando se aplican a los niños de preescolar y enseñanza primaria que cuando se dirigen a los alumnos de enseñanza secundaria (125–126).

238 –

Los programas de asesoramiento destinados a los hombres que maltratan a sus parejas han ayudado a algunos de ellos a modificar su comportamiento (127-128), pero la tasa de abandonos suele ser muy elevada, y muchos de los hombres remitidos a estos programas nunca acuden a ellos (127-129). Por otro lado, los programas de terapia comportamental para el suicidio han mostrado cierta capacidad de reducir las ideas y los comportamientos suicidas (130-131).

A nivel individual, las estrategias se centran fundamentalmente en fomentar actitudes y comportamientos saludables en los niños y los jóvenes durante el desarrollo, y en modificar las actitudes y los comportamientos en los individuos que ya se han hecho violentos o corren el riesgo de atentar contra sí mismos.

Estrategias relacionales En esencia, las estrategias relacionales tratan de influir en los tipos de relaciones que las víctimas y los perpetradores de actos violentos mantienen con las personas con las que interactúan más habitualmente. Por lo general, sus objetivos son los problemas intrafamiliares, como los conflictos conyugales, la ausencia de vínculos emocionales entre padres e hijos y la falta de disciplina o supervisión de los niños, así como las influencias negativas de los compañeros.

Entre las estrategias centradas en las relaciones se cuentan las siguientes: • Formación parental: estos programas tienen como objetivo mejorar los vínculos emotivos entre los padres y los hijos y alentar a los padres a utilizar métodos de crianza coherentes y ayudarlos a desarrollar el autocontrol. Pueden utilizarse en los casos en los que los niños corren el riesgo de ser maltratados por sus padres y para intentar prevenir la futura delincuencia cuando el comportamiento de unos niños pequeños suscita preocupación.

• Programas de tutoría: consisten en emparejara una persona joven, en particular una que corra el riesgo de tener comportamientos antisociales, con un adulto ajeno a la familia que se preocupe por él o ella y pueda actuar como guía y modelo.

• Programas de terapia familiar: con ellos se busca mejorar la comunicación y las interacciones entre los miembros de la familia, así como enseñar aptitudes de resolución de problemas que ayuden a padres e hijos.

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• Programas de visita domiciliaria: en estos programas, una enfermera u otro profesional sanitario visita periódicamente los hogares de las familias con especial necesidad de apoyo y orientación en el cuidado de los hijos, o en los que se ha identificado un riesgo de maltrato de menores. Estos programas se utilizan también para prevenir ulteriores comportamientos delictivos. Las intervenciones pueden consistir en asesoramiento, formación y envío a especialistas u otros organismos.

• Formación en aptitudes relacionales: por lo general, estos programas reúnen a grupos mixtos de hombres y mujeres con un «moderador», a fin de analizar problemas de género y de relación que intervienen en la violencia y adquirir las aptitudes para afrontarlos.

Todos los tipos de programas mencionados se han mostrado eficaces en algunos ámbitos.

Por ejemplo, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados, los programas de visita domiciliaria han frenado el maltrato de menores por parte de los padres, y son una de las intervenciones más prometedoras para lograr a la larga un descenso de la violencia juvenil (132-134). También los programas de formación parental y terapia familiar tienen efectos positivos a largo plazo sobre la reducción de los comportamientos violentos y delictivos, y al cabo del tiempo resultan menos costosos que otros programas de tratamiento (134-138).

Entre los programas más conocidos de formación en aptitudes relacionales se cuentan Stepping Stones y Men as Partners, desarrollados originalmente para África pero adoptados luego en muchos países del mundo en desarrollo (139, 140). Según las evaluaciones cualitativas del programa Stepping Stones en África y Asia, los hombres consideraban que éste los había ayudado a comunicarse, les había inspirado más respeto por las mujeres y los había capacitado para responsabilizarse de su comportamiento (141).

Las estrategias relacionales buscan influir en los tipos de relaciones que las víctimas y los perpetradores de actos violentos mantienen con las personas con las que interactúan más habitualmente, y se centran en los problemas intrafamiliares y las influencias negativas de los compañeros.

Iniciativas de base comunitaria Las actividades de prevención de la violencia basadas en la comunidad tienen como objetivos principales concienciar a la población y suscitar el debate 240 –

público en torno a estas cuestiones, fomentar las actuaciones comunitarias, hacer frente a las causas sociales y materiales de la violencia en el ámbito local y establecer medidas para asegurar la asistencia y el apoyo a las víctimas.

Entre las estrategias centradas en los factores comunitarios se cuentan las siguientes: • Campañas de educación pública utilizando los medios de comunicación para dirigirse a comunidades enteras, o campañas educativas para ámbitos específicos como escuelas, lugares de trabajo y centros de atención de salud u otro tipo de instituciones.

• Modificaciones del medio físico, como mejorar la iluminación de las calles, establecer rutas seguras para que los niños y jóvenes vayan y vengan de la escuela, y vigilar y eliminar los contaminantes ambientales que puedan afectar al desarrollo infantil.

• Actividades extraescolares para los jóvenes, como deportes, teatro, arte y música.

• Formación de los policías, los profesionales de la salud y la educación, y los empleadores para mejorar su capacidad de identificar los distintos tipos de violencia y darles respuesta.

• Programas de policía comunitaria para crear fórmulas de colaboración entre la policía y diversos grupos a nivel de la comunidad.

• Programas para ámbitos específicos, como escuelas, lugares de trabajo, campos de refugiados e instituciones sanitarias (hospitales, clínicas y residencias de ancianos, entre otros). Estos tipos de programas se basan en modificar el entorno del centro mediante políticas, directrices y protocolos adecuados.

• Intervenciones comunitarias coordinadas, que involucran a muchos sectores con el propósito de mejorar los servicios y programas.

Se ha comprobado que las campañas educativas son beneficiosas en algunas circunstancias, como la campaña multimedia Soul City en Sudáfrica, que trató muchos tipos de violencia interpersonal, como la intimidación, la violencia de bandas, la violencia de pareja, la violación y el acoso sexual. En las evaluaciones de la serie de televisión para adultos Soul City se constató un mayor conocimiento y conciencia del problema, junto con cambios en las actitudes y las normas sociales relativas a la violencia doméstica y las relaciones entre los sexos. Aumentó en grado significativo la voluntad de cambiar los – 241

comportamientos y actuar contra la violencia, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, y tanto entre los hombres como entre las mujeres.

En Río de Janeiro (Brasil) y San José (Costa Rica) se han puesto en práctica con cierto éxito iniciativas de policía comunitaria (142, 143), pero hay que evaluar con mayor rigor su eficacia.

Es esencial mejorar la formación de la policía y de los dispensadores de atención de salud para prevenir muchos tipos de violencia, pero las pruebas de eficacia indican que la preparación no basta, por sí sola, para combatir la violencia.

Debe ir acompañada y reforzada por intentos de modificar las actitudes y la cultura organizacional (144-146 ).

Cada vez se recurre más a la creación de sistemas de redes y a la cooperación multisectorial a nivel comunitario para afrontar el problema de la violencia.

Se crean consejos coordinadores, foros interorganismos y estructuras similares en las que participan personas muy diversas, como magistrados, profesionales sanitarios y asistentes sociales de la comunidad, miembros de grupos de mujeres, personal de escuelas y las autoridades religiosas y políticas locales.

Sus funciones consisten generalmente en poner en común la información y la experiencia, identificar los problemas en la dispensación de servicios, y promover la sensibilización de la comunidad y su acción frente a uno o varios tipos de violencia.

Las iniciativas de base comunitaria buscan concienciar a la población sobre el problema de la violencia, promover las acciones comunitarias y ofrecer a las víctimas atención y apoyo.

Estrategias basadas en la sociedad Las estrategias de reducción de la violencia basadas en la sociedad se centran en factores culturales, sociales y económicos, y en cómo éstos modelan diversos ámbitos y comunidades enteras.

Entre las estrategias centradas en estos factores más generales de la sociedad se cuentan las siguientes: • Medidas legislativas y judiciales, como la promulgación o mejora de leyes contra la violencia sexual o de pareja, o contra el castigo físico de los niños en el hogar, la escuela u otros ámbitos; leyes que estipulen la notificación obligatoria del maltrato de menores y ancianos, y procedimientos para tratar los casos de violencia intrafamiliar o sexual.

242 –

• Tratados internacionales: muchos tratados y convenios internacionales guardan relación con la prevención de la violencia. Además de establecer modelos para las legislaciones nacionales, son instrumentos sumamente valiosos para sensibilizar a la población.

• Modificaciones de las políticas a fin de reducir la pobreza y la desigualdad y mejorar el apoyo a las familias; por ejemplo, mediante planes de asistencia social y desarrollo económico, creación de empleo, mejora de la educación, permisos de paternidad o maternidad, empleo para las madres y medidas para garantizar la atención infantil.

• Esfuerzos por modificar las normas sociales y culturales. Son especialmente importantes para hacer frente a los problemas de género, la discriminación racial o étnica y las prácticas tradicionales lesivas, todos ellos profundamente enraizados en el entramado social.

• Poner en práctica programas de desarme y desmovilización en los países que emergen de conflictos, incluida la oferta de puestos de trabajo para los excombatientes.

Se cree que las tasas de maltrato y abandono de menores podrían descender significativamente si se lograra hacer frente con éxito a la pobreza, mejorar los niveles educativos y las oportunidades de empleo, y elevar la accesibilidad y calidad de la atención de salud infantil.

Investigaciones llevadas a cabo en varios países indican que los programas de gran calidad para la primera infancia pueden compensar las desigualdades sociales y económicas y mejorar en los niños resultados tales como el desarrollo y el éxito escolar (147), que pueden también reducir las tasas de violencia juvenil.

Se han instituido en varios países medidas para reducir la violencia armada, como una vigilancia policial más estricta de la posesión ilegal de armas o normas más restrictivas para su almacenamiento, a fin de prevenir el robo y el tráfico de armas robadas. Con ellas se ha logrado reducir las tasas de homicidio y suicidio en algunos ámbitos (148-151). Frente al suicidio también se han mostrado eficaces las limitaciones severas a la venta de productos agrícolas tóxicos y medicamentos, y la eliminación de sustancias nocivas, como el monóxido de carbono del gas de uso doméstico y los gases de escape de los automóviles.

Por ejemplo, en Samoa, las restricciones impuestas a la venta del herbicida paraquat, muy utilizado allí para suicidarse, condujeron a un descenso espectacular de las tasas de suicidio en el término de tres años (152).

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Las estrategias basadas en la sociedad se centran en factores culturales, sociales y económicos relacionados con la violencia, y prestan especial atención a las modificaciones de la legislación, las políticas y el entorno social y cultural más amplio para reducir las tasas de violencia en distintos ámbitos y en comunidades enteras.

Algunas lagunas importantes En las secciones precedentes se ha ofrecido una breve panorámica de los diversos programas que, en todo el mundo, aspiran a poner coto a la violencia y darle respuesta. También se ha indicado que en muy pocos de ellos se ha evaluado con rigor su eficacia. Para saber qué es eficaz y qué no en la prevención de la violencia y dirigir los recursos adonde es probable que sean más eficaces, en todas las actividades se debe conceder una mayor prioridad a las evaluaciones.

Es importante señalar, no obstante, que las investigaciones rigurosas tardan en ofrecer resultados.La tendencia a invertir únicamente en estrategias de eficacia probada no debería ser óbice para respaldar a las que parezcan prometedoras.

Se advierten también otras deficiencias.

Como ya hemos comentado, a diferencia de lo que ocurre con la prevención secundaria o terciaria, los programas de prevención primaria, es decir, las medidas para impedir que lleguen a producirse actos violentos, son insuficientes.

Existe igualmente un desequilibrio en la orientación de los programas: se concede menos interés a las estrategias basadas en la comunidad y la sociedad que a los programas centrados en los factores individuales y de relación.

Por último, es un hecho que la mayor parte de los programas de prevención de la violencia se han desarrollado y probado en países industrializados.

Es urgente desarrollar o adaptar, probar y evaluar muchos más programas de prevención en los países en desarrollo y descubrir qué es eficaz y qué no lo es en una variedad de ámbitos mucho más amplia.

Son relativamente pocas las estrategias cuya eficacia se ha evaluado con rigor; en todas las actividades se debe conceder una mayor prioridad a las evaluaciones.

No hay suficientes programas orientados a la prevención primaria, a diferencia de lo que ocurre con la prevención secundaria y terciaria.

Se presta menos atención a los programas que operan a nivel de la comunidad o la sociedad que a los centrados en los factores individuales o de relación.

Es urgente desarrollar o adaptar, probar y evaluar muchos más programas de prevención en los países en desarrollo.

244 –

Conclusiones (118) Aunque existen importantes lagunas en el conocimiento y se necesitan urgentemente más investigaciones, hasta la fecha hemos extraído de la experiencia algunas lecciones importantes sobre el modo de prevenir la violencia y mitigar sus consecuencias; se exponen a continuación.

A menudo la violencia es previsible y evitable.

Como ha puesto de manifiesto el Informe mundial sobre la violencia y la salud, y aun siendo difícil establecer una causalidad directa, algunos factores parecen claramente predictivos de violencia.

Identificarlos y medirlos puede servir para advertir oportunamente a las instancias decisorias de la necesidad de actuar. Además, la panoplia de instrumentos para intervenir aumenta constantemente a medida que avanza la investigación orientada hacia la salud pública.

Las inversiones «río arriba» dan resultados «río abajo». En todo el mundo, las autoridades tienden a actuar sólo después de que se han producido los actos violentos. Sin embargo, invertir en prevención, especialmente en actividades de prevención primaria que operan antes de que lleguen a producirse los problemas, puede resultar más eficaz con relación al costo y aportar beneficios considerables y duraderos.

Para diseñar las intervenciones es vital comprender el contexto de la violencia. Todas las sociedades la padecen, pero su contexto, esto es, las circunstancias en las que se produce, su naturaleza y la actitud de la sociedad hacia ella, varía mucho de unos lugares a otros.

Dondequiera que se planeen programas de prevención, es preciso conocer el contexto de la violencia para adaptar la intervención a la población a la que va destinada.

Diversos tipos de violencia están muy relacionados entre sí y comparten a menudo factores de riesgo. Lamentablemente, las actividades de investigación y prevención de los distintos tipos de violencia se han desarrollado a menudo aisladas unas de otras. Si se consigue superar esta fragmentación, es muy probable que el alcance y la eficacia de las intervenciones aumenten.

Los recursos deben concentrarse en los grupos más vulnerables. La violencia, al igual que muchos problemas de salud, no es neutra. Todas las clases sociales la padecen, pero las investigaciones demuestran sistemáticamente que las personas de nivel socioeconómico más bajo son las que corren mayor riesgo. Si se desea – 245

prevenir la violencia, se ha de poner fin al abandono que sufren las necesidades de los pobres, que en la mayoría de las sociedades son quienes suelen recibir menos atención de los diversos servicios estatales de protección y asistencia.

La autocomplacencia es una barrera para combatir la violencia. La fomenta en gran medida y constituye un obstáculo formidable para responder a ella. Así ocurre, en particular, con la actitud que considera la violencia –al igual que el problema de la desigualdad entre los sexos, tan estrechamente relacionado con ella– como algo inmutable en la sociedad humana.

La autocomplacencia ante la violencia se ve reforzada a menudo por el propio interés, como en el caso del derecho de los hombres, consentido por la sociedad, a «aplicar correctivos» a sus mujeres. La reducción de la violencia, tanto interpersonal como colectiva, depende de que se combata toda autocomplacencia hacia ella.

El compromiso político de poner coto a la violencia es vital para las iniciativas en el ámbito de la salud pública. Aunque es mucho lo que las organizaciones de base, los individuos y las instituciones pueden lograr, el éxito de las iniciativas emprendidas en el ámbito de la salud pública depende del compromiso político. Éste es tan importante a nivel nacional, donde se toman las decisiones políticas, legislativas y de financiación general, como a los niveles provincial, de distrito y municipal, en los que reside la responsabilidad de la administración cotidiana de las políticas y los programas. A menudo es necesario que muchos sectores de la sociedad hagan un esfuerzo sostenido para lograr el compromiso político de hacer frente a la violencia.

La violencia no es inevitable. Es mucho lo que podemos hacer para arrostrarla y prevenirla.

El mundo todavía no ha calibrado en su totalidad la envergadura de la tarea ni dispone de todas las herramientas para llevarla adelante, pero la base general de conocimientos se está ampliando y se ha adquirido ya mucha experiencia útil.

El Informe mundial sobre la violencia y la salud intenta contribuir a esta base de conocimientos.

Confiamos en que inspirará e impulsará la cooperación, la innovación y el compromiso para prevenir la violencia en todo el mundo.

246 –

VIII. RECURSOS SOCIALES Y AYUDAS (24) La Ley Orgánica 1/2004 en su Título II reconoce a todas las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, con independencia de cualquier condición o circunstancia personal, el derecho a recibir información, asesoramiento, atención de emergencia, de apoyo, de acogida y recuperación integral a través de los servicios, organismos u oficinas de las Administraciones Públicas.

Como se ha señalado repetidamente a lo largo del protocolo, la coordinación y colaboración intersectorial (recursos sociales, laborales, de igualdad de oportunidades, jurídicos, policiales, etc.) es esencial en la atención a las mujeres que sufren malos tratos. En muchas Comunidades Autónomas se han elaborado protocolos para la actuación coordinada y la colaboración entre los servicios sanitarios, los Cuerpos de Seguridad, los Juzgados y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica y atención integral a las mujeres.

Es importante que cada profesional tenga a su alcance información acerca de los protocolos, los recursos y servicios específicos que hay disponibles a nivel nacional, autonómico, provincial y municipal y sus características, con el fin de orientar adecuadamente a la mujer en su utilización y derivación.

No existe un perfil concreto de mujer víctima de violencia de género, la situación psicosocial de cada mujer es singular y tiene unas necesidades diferentes, tampoco existe un itinerario-tipo a través de los recursos disponibles. En todos los casos, se debe realizar un análisis y valoración individual de la situación en que se encuentra cada mujer, adaptándose a las necesidades personales y los tiempos que cada mujer necesite teniendo en cuenta, además, las situaciones de especial vulnerabilidad. Corresponderá a cada profesional decidir qué recurso – 247

es más apropiado en cada momento, para lo cual es muy importante contar con un equipo interdisciplinario.

Es importante que el personal sanitario tenga presente que no está solo y que en sus intervenciones en situaciones de violencia de género debe contar con otros profesionales, disponibles tanto en los equipos de atención primaria como en la atención hospitalaria.

En este sentido, en el sistema público de salud, las y los profesionales de trabajo social del centro sanitario representan una figura de enlace esencial en el proceso de atención psicosocial, y pueden participar en el seguimiento y derivación de los casos que requieran otros dispositivos y/o recursos, con los profesionales sanitarios que tienen la responsabilidad de la atención en salud a la mujer en situación de violencia de género.

Es fundamental tener en cuenta también que la derivación a un recurso no debe ser considerada como el fin de la actuación, y que el seguimiento de las mujeres en la consulta es esencial. Se recomienda, en todo caso, seguir las actuaciones que se han expuesto en los capítulos correspondientes.

Este apartado del Protocolo pretende ofrecer un inventario básico de diferentes recursos que integran los circuitos de intervención y apoyo a la mujer que sufre violencia de género y sus hijas e hijos. Se detallan únicamente los recursos a nivel nacional. Cada Comunidad Autónoma adecuará esta información a su realidad territorial y poblacional, incluyendo el ámbito provincial y municipal, información que deberán facilitar a cada profesional de los servicios sanitarios como herramienta de apoyo fundamental en la calidad de su atención.

Recursos de ámbito estatal (24) Servicios de Información Telefónica: servicios gratuitos disponibles las 24 horas: 016: Servicio de información y de asesoramiento jurídico, telefónico y on line, a las mujeres víctimas de violencia de género. Delegación de Gobierno para la Violencia de Género.

900 116 016: Servicio de información y de asesoramiento jurídico sobre violencia de género para personas con discapacidad auditiva y/ o del habla. Acceso a través de los siguientes medios: Teléfono de texto 248 –

(DTS); Teléfono móvil (precisa configuración previa con la aplicación TOBMOVILE); PDA (precisa configuración previa con la aplicación TOBMOVILE). Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

900 191 010: Servicio de información del Instituto de la Mujer.

900 152 152: Servicio de información del Instituto de la Mujer Especializado en la atención a mujeres con discapacidad auditiva y/o del habla: • A través del Móvil: es necesario que el teléfono desde el que se llama tenga dispositivo DTS. • A través de Internet: conexión con la página web Telesor a través de ordenador o de móvil.

112: Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias.

091: Policía Nacional.

062: Guardia Civil.

PÁGINAS WEB: Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02_t03_ Comision.htm Enlace a diferentes documentos de Interés para profesionales del Sistema Nacional de Salud (protocolo común de actuación sanitaria ante la violencia de género del SNS, indicadores epidemiológicos, criterios de calidad de la formación, objetivos, contenidos y materiales educativos, Informes anuales de Violencia de Género del SNS, enlaces a otros organismos europeos e internacionales, etc.).

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Apartado violencia de género). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/home.htm Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género (W.R.A.P.) . Delegación del Gobierno para la Violencia de Género http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action A través de este enlace, se puede acceder directamente a la web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género con modalidad Google Maps, que agiliza la búsqueda de recursos (policiales, judiciales, información, atención y asesoramiento) que las administraciones públicas – 249

y las entidades sociales han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de violencia de género.

Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_ de_ genero/Guia_y_Protocolos_de_actuacion

Recursos de ámbito autonómico (24) A continuación se presenta un listado genérico de recursos para que las distintas Comunidades Autónomas indiquen las direcciones y teléfonos de cada uno de ellos. Deben distinguirse los recursos en casos de urgencias de los recursos en casos de no urgencias.

1. Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias en la C.A. 2. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, integradas por Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local.

Entre sus funciones se cuentan: • Información.

• Recepción de denuncias e investigación de los delitos.

• Protección en caso de peligro, acompañando a poner la denuncia, al domicilio, al centro de salud o al centro de emergencia.

• Vigilancia del cumplimiento de las órdenes de protección y seguimiento del estado de las mismas.

Policía Nacional • SAF - Servicio de Atención a la Familia: Atención directa a mujeres, menores y personas ancianas.

• SAM - Servicio de Atención a la Mujer de la Policía Nacional en las CCAA: Atención directa a víctimas de delitos sexuales.

Información telefónica sobre denuncias de violencia.

• GRUME - Grupo de Menores de la Policía Nacional.

• UPAP - Unidades de Protección a las mujeres que disponen de orden de alejamiento.

Guardia Civil • EMUME - Especialistas Mujer-Menores de la Guardia Civil en las CCAA. 250 –

Policía Local y Autonómica en su caso. Unidades especializadas en Violencia de Género y características de sus programas.

Especificar, en su caso, los servicios especializados para la atención a las Mujeres y Menores.

3. Ámbito Legal y Judicial: (Se deberán incluir direcciones y teléfonos) Instituciones donde presentar la denuncia, la solicitud de Orden de Protección: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Fiscalía, Juzgados, equipos psicosociales, Unidades de Valoración Forense.

Servicios de Atención a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual en los Juzgados.

Orientación y asesoramiento Jurídico.

Intérpretes de los Juzgados incluyendo Lengua de Signos.

Puntos de Encuentro.

4. Ámbito de atención psicosocial. Servicios de atención directa a las mujeres: Teléfono 900 de las CCAA (en caso de existir).

Organismos de Igualdad de las CCAA. Concejalías de Mujer y Servicios Sociales de los Ayuntamientos. (acceso al Servicio telefónico ATENPRO). Información a Entidades Locales: atenpro@femp.es Organizaciones de Mujeres.

Organizaciones de inmigrantes (especialmente importante reflejar aquellas que atienden a inmigrantes cuya lengua no sea el castellano).

Casas de acogida: información en Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas y los Servicios Sociales de los Ayuntamientos (reflejar sólo esto, no indicar un listado), centros de día, pisos tutelados.

Si existieran programas específicos en materia de Violencia de Género, debieran reflejarse.

Cualquier otro recurso específico de las CCAA en esta materia.

5. Material informativo: Guías de recursos, folletos informativos destinados a que las mujeres conozcan sus derechos y los recursos con los que cuentan, disponibles también en diferentes lenguas, por lo que es importante tenerlos de forma accesible en las consultas.

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IX. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (164) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (B.O.E. núm. 313, de 29 de diciembre de 2004), consagra y garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género una serie de derechos, con la finalidad de que las mismas puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida.

Estos derechos son universales, en el sentido de que todas las mujeres que sufran o hayan sufrido algún acto de violencia de género tienen garantizados los mismos, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Quién es víctima de violencia de género?

(Artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) A los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, es víctima de violencia de género la mujer que es objeto de cualquier acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, ejercido sobre ella por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o hayan estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Este tipo de violencia es la expresión más grave de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Además, sus hijos menores y los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia son víctimas de esta violencia y la Ley Orgánica 1/2004 les reconoce 252 –

toda una serie de derechos contemplados en los artículos 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 y en la Disposición Adicional 17ª. ¿Cómo se acredita la situación de violencia de género?

(Artículos 23, 26 y 27.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) Con carácter general, la situación de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos correspondientes se acredita con la sentencia condenatoria, la orden de protección a favor de la víctima y, excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

No obstante, para el reconocimiento de algunos derechos su normativa reguladora especifica cuáles son los medios para acreditar la situación de violencia de género.

Derecho a la información (Artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) Para garantizar el derecho a la información de las mujeres víctimas de violencia de género, las Comunidades Autónomas han puesto en marcha distintos servicios.

En todas las Comunidades Autónomas se han creado centros de información y atención jurídica gratuita, a nivel provincial y municipal, constituyendo una amplia red de puntos de información en todo el territorio del Estado. Otras medidas han sido la edición de guías y folletos, la creación de webs de información, la realización de campañas específicas dirigidas a colectivos especialmente vulnerables y los servicios telefónicos de información y asesoramiento.

Por otro lado, algunas Comunidades Autónomas han emprendido medidas para garantizar la accesibilidad de la información a los colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad e inmigrantes. En este sentido, se han editado materiales y guías para personas no videntes, y en algunas Comunidades Autónomas los servicios telefónicos están adaptados para personas con discapacidad auditiva. Es importante destacar que cada vez más Comunidades Autónomas ofrecen servicios de teletraducción y atienden en mayor número de idiomas.

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Junto a los medios más tradicionales, hay que destacar el empleo de las nuevas tecnologías y las redes sociales (como Facebook o Twiter), por parte de algunas CCAA como la Región de Murcia. También el Principado de Asturias cuenta con la figura de Responsable de caso que actúa de forma coordinada con el resto de organismos vinculados por el protocolo Interdepartamental. (170) Servicios telefónicos La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas cuentan con este servicio, si bien sus características varían considerablemente en función de los siguientes factores: - Número de teléfono diferenciado o asociado al 112 (emergencias) - Información genérica en materia de igualdad o específica en violencia de género - Carácter gratuito del servicio - Franja horaria de atención - Accesibilidad para personas con discapacidad auditiva - Atención en varios idiomas Dada la diversidad de servicios y ante la necesidad de garantizar el derecho a la información en todo el territorio, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género puso en marcha el servicio telefónico de atención y asesoramiento jurídico, a través del 016.

Es importante destacar que, en aplicación de lo acordado en la Conferencia Sectorial de la Mujer celebrada el día 23 de julio de 2007, ya se han celebrado convenios de colaboración con todas las Comunidades Autónomas (salvo Cataluña) y con las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Así, las llamadas al 016 son derivadas a los teléfonos autonómicos que garantizan un servicio similar, y en los casos en que la prestación difiere, se atienden por las propias operadoras del 016 a partir de la información facilitada por las propias Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

El derecho a recibir información está garantizado a través de los siguientes medios: 1. Servicio 016 de información y de asesoramiento jurídico - Servicio telefónico gratuito a través de un número corto de tres dígitos: 016.

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- Además, las consultas se pueden dirigir por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@msssi.es.

- Accesible a las personas con discapacidad auditiva y/o del habla por varios medios: a través del número 900 116 016; Servicio Telesor a través de la propia página web de Telesor, en cuyo caso se precisa conexión a Internet. https://www.telesor.es; por medio de un teléfono móvil o una PDA con la instalación de una aplicación gratuita; Servicio de videointerpretación SVIsual a través de la página http://www.svisual.org.

- Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Universalidad: atención en 52 idiomas: en Castellano, Catalán, Euskera y Gallego, además, en inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro, tamazight y otros 38 idiomas a través de un servicio de tele-traducción.

- Confidencialidad de los datos de las personas usuarias.

- Derivación de las llamadas en los siguientes supuestos: o Cuando se trate de llamadas referidas a situaciones de emergencia, se derivará al teléfono 112. o Cuando se trate de llamadas de información general sobre mujer, se derivará al Instituto de la Mujer. o Cuando se trate de llamadas que requieran de información específica relacionada con una Comunidad Autónoma. o Las llamadas realizadas por personas menores de edad serán derivadas al Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes.

2. Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género Está disponible en la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el Área de Igualdad: http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action Permite la localización sobre mapas activos de los distintos recursos (policiales, judiciales, información, atención y asesoramiento) que las administraciones públicas y las entidades sociales han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de violencia de género.

Derecho a la asistencia social integral (Artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) – 255

Este derecho comprende los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de tales servicios debe responder a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinaridad profesional.

La asistencia social integral en Castilla y León se garantiza a través de la Red de Atención a las Mujeres víctimas de violencia de género y se integra por centros de acogida y programas que ofrecen a las víctimas los siguientes servicios: información, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico a mujeres y menores, intervención psicológica con agresores inserción laboral, servicio de traducción para inmigrantes acceso a viviendas individuales y pisos tutelados. En relación con la mujer rural cabe destacar la realización de talleres de sensibilización en igualdad y prevención de la violencia de género en el medio rural. La comunidad de Castilla y León está implantando el nuevo modelo de atención integral y coordinado denominado “Objetivo Violencia Cero”. Las claves de este modelo son: la atención integral, el enfoque proactivo (trascendiendo el “modelo de espera”) y la implicación de toda la sociedad (por lo que la Junta de Castilla y León está implicando en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en la atención a las víctimas de violencia de género).

Derecho a la asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada (Artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita; Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita) Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de la existencia de recursos para litigar, que se les prestará de inmediato, en aquellos procesos y procedimientos administrativos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie el procedimiento penal, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia 256 –

condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de género, deberá ser el mismo abogado el que asista a ésta, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.

Los respectivos Colegios de Abogados contarán con un turno de guardia permanente especializado para la prestación de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, entre otras, las siguientes prestaciones: • Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso y, en particular, en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia.

• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos.

• Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, en periódicos oficiales.

• Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.

• Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.

• Obtención gratuita o reducción del 80% de los derechos arancelarios de los documentos notariales.

En Castilla y León se dispone de un servicio de asesoramiento jurídico para mujeres y profesionales relacionados con esta materia que se presta tanto en capitales de provincia como en el medio rural. A las mujeres víctimas de violencia de género se les garantiza información y asesoramiento jurídico gratuito en todo tipo de materias, y se les presta apoyo y acompañamiento en la toma de decisiones facilitando su salida del circuito de la violencia.

La información y asesoramiento jurídico, de forma presencial o telefónica lo llevan a cabo abogadas y abogados con especialización en materia de violencia de género, y se extiende a los profesionales que prestan sus servicios en la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León.

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Derechos laborales (Artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) El Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género (Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre) recoge medidas relativas a la atención confidencial y especializada por los servicios públicos de empleo, ayudas a la movilidad geográfica, incentivos económicos o convenios con empresas, entre otros.

Todas las Comunidades Autónomas han puesto en marcha diversas medidas para garantizar la formación e inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, aunque en muchas aún están en proceso de implementación.

EN CASTILLA Y LEÓN: La actuación en materia laboral sería: - Programa de empleo para mujeres víctimas de violencia de género - Red de Igualdad y Juventud Activa (RIJA) - Programa ÓPTIMA hasta 2014. En 2015 el Programa Igualdad en la Empresa - En 2015, a través del Fondo Social Europeo se van a retomar las ayudas a empresas para la contratación de víctimas de violencia de género El objeto en materia laboral sería: - Igualdad entre mujer y hombre en el ámbito de la empresa - Inserción Laboral - Empoderamiento - Fomentar la participación de las mujeres en el ámbito laboral - Sensibilizar a jóvenes y mujeres en la igualdad laboral El instrumento en materia laboral sería: - Líneas de convocatoria de subvenciones y ayudas - Contratos de servicios El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que, a causa de la violencia que sufren, abandonen el mercado laboral. Para ello, se les reconocen derechos tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género, se garantiza su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, 258 –

bien con carácter temporal, bien con carácter definitivo, y se procura su inserción laboral en caso de que no estuviesen empleadas.

Para ejercer estos derechos las trabajadoras deben acreditar la situación de violencia de género, bien mediante la sentencia por la que se condene al agresor, la orden de protección o, excepcionalmente y hasta tanto se dicte la orden de protección, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia de género.

Derechos de las trabajadoras por cuenta ajena (Artículos 37.8, 40.4, 45.1.n), 48.10, 49.1.m), 52.d), 53.4, 55.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) Derechos de las trabajadoras autónomas económicamente dependientes (Ley 20/2007, de 20 de julio, reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo) Derechos en materia de Seguridad Social Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social • El período de suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de trabajo previsto para las trabajadoras por cuenta ajena, tendrá la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

(Artículo 165.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; Disposición adicional única del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social) • Suspensión de la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante un período de seis meses para las trabajadoras por cuenta propia o autónomas que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

(Artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; art.

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329 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) • Suscripción de convenio especial con la Seguridad Social por parte de las trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan reducido su jornada laboral con disminución proporcional del salario.

(Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social) Derechos en materia de prestaciones de la Seguridad Social • A los efectos de las prestaciones por maternidad y por paternidad, se considerarán situaciones asimiladas a la de alta los periodos considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia que sean víctimas de violencia de género.

(Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural) • Derecho a la pensión de jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador de las mujeres que extingan su contrato de trabajo como consecuencia de ser víctimas de violencia de género, y reúnan los requisitos exigidos.

(Artículo 207 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) • Derecho a la pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial de las mujeres víctimas de violencia de género que, aunque no sean acreedoras de la pensión compensatoria, acrediten los requisitos exigidos.

(Artículo 220 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) • Impedimento para ser beneficiario de la pensión de viudedad a quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones cuando la víctima fuera su cónyuge o ex cónyuge, o pareja o ex pareja de hecho.

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(Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; artículo 231 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) Incremento de la pensión de orfandad de los huérfanos, en los términos de los supuestos de orfandad absoluta, cuando el condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no pudiese adquirir la condición de beneficiario de la pensión de viudedad, o la hubiese perdido.

(Artículo 233 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) Para tener derecho a la prestación por desempleo, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la trabajadora por cuenta ajena se encuentra en situación legal de desempleo cuando extinga o suspenda su contrato de trabajo de manera voluntaria como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

(Artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; artículo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) Para tener derecho a la protección por cese de actividad, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que la trabajadora autónoma se encuentra en situación legal de cese de actividad, cuando cese en el ejercicio de su actividad, de manera temporal o definitiva, por causa de la violencia de género.

(Artículo 331 y 332 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) Para tener derecho a la protección por cese de actividad, además de reunir los requisitos exigidos, se considera que las socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado se encuentran en situación legal de cese de actividad, cuando cesen, con carácter definitivo o temporal, en la prestación de trabajo, por causa de la violencia de género.

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(Artículo 334 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) Derechos en materia de empleo y para la inserción laboral Programa específico de empleo (Artículo 22 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género) El programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, incluye las siguientes medidas: • Itinerario de inserción sociolaboral, individualizado y realizado por personal especializado.

• Programa formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral por cuenta ajena.

• Incentivos para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

• Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género.

• Incentivos para facilitar la movilidad geográfica.

• Incentivos para compensar diferencias salariales.

• Convenios con empresas para facilitar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y su movilidad geográfica.

Contrato de interinidad para la sustitución de trabajadoras víctimas de violencia de género (Artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a las trabajadoras víctimas de violencia de género, que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tienen derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

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Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género (Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo; Disposición final primera del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre) Las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social, diferentes en función del carácter indefinido o temporal del contrato celebrado.

Derechos de las funcionarias públicas (Artículos 24 a 26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) El Capítulo III del citado título de la Ley Orgánica 1/2004, contempla dentro del conjunto de derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y como una novedad, la incidencia en el ámbito de los derechos de las funcionarias públicas, de forma que la situación de violencia de género se recoge en la normativa de función pública como una circunstancia especial a tener en cuenta en los caso de reducción y reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, excedencia o faltas de asistencia, teniendo en cuenta la situación particular en que se encuentra una mujer que está sufriendo dicho fenómeno en relación con las mujeres que no lo sufren y que justifican ciertos supuestos de discriminación positiva.

Por su parte, en Castilla y León se ha firmado un acuerdo en el marco de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, sobre movilidad geográfica entre las Administraciones Públicas de las Empleadas Públicas Víctimas de Violencia de Género.

Para garantizar la protección de datos relativos a las mujeres víctimas de violencia de género se han creado ficheros automatizado de datos de carácter personal para la aplicación del sistema integrado de gestión de personal y un fichero automatizado de datos de la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo. Las actuaciones relacionadas con las víctimas de violencia de género de las empleadas públicas, están detalladas en la Ley 7/2005, de 27 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y en el Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los – 263

permisos y las licencias del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

• Las funcionarias víctimas de violencia, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.

• Movilidad por razón de violencia de género: las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura.

• El procedimiento de movilidad está regulado en la Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.

• Excedencia por razón de violencia de género: las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Los derechos de otros tipos de personal están establecidos en su legislación específica propia, como es el caso, entre otros, del personal docente, del personal estatutario de los Servicios de Salud o del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Derechos económicos Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo (Artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Real Decreto 264 –

1452/2005, de 2 de diciembre. La normativa relativa al procedimiento de tramitación es la que al respecto haya aprobado la Comunidad o Ciudad Autónoma en la que se solicite la ayuda) Comprende los programas autonómicos de ayuda económica para las víctimas de violencia de género carentes de recursos, con ayudas de distinta naturaleza.

Estas ayudas son concedidas por las Comunidades Autónomas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (excepto Navarra y País Vasco), de conformidad con el procedimiento regulado en cada una de ellas. En la actualidad, el procedimiento de concesión de las ayudas está regulado en todas las Comunidades Autónomas.

Es una ayuda económica dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género que reúnan los siguientes requisitos: • Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

• Tener especiales dificultades para obtener un empleo, dada su edad, falta de preparación general o especializada o sus circunstancias sociales, lo que se acredita mediante el informe emitido por el Servicio Público de Empleo correspondiente.

Esta ayuda económica se abona en un único pago, y su importe, calculado en función de un número de mensualidades del subsidio por desempleo correspondiente, depende de si la mujer tiene o no familiares a su cargo, y de si la propia mujer y/o los familiares a su cargo tienen reconocido un grado de discapacidad.

Esta ayuda es compatible con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. En cambio, es incompatible con otras ayudas que cumplan la misma finalidad, así como con la participación en el programa de Renta Activa de Inserción.

Esta no tiene en ningún caso la consideración de renta o ingreso computable a efectos del percibo de las pensiones no contributivas.

Renta activa de inserción (Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo) – 265

Es una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas incluidas en el llamado “programa de renta activa de inserción”, a través del cual se llevan a cabo actuaciones encaminadas a incrementar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

Para ser incluida en el programa de renta activa de inserción y ser beneficiaria de esta ayuda económica, la mujer víctima de violencia de género deberá cumplir los siguientes requisitos: • Acreditar su condición de víctima de violencia de género.

• Estar inscrita como demandante de empleo, pero no se le exige llevar 12 meses inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo.

• No convivir con su agresor.

• Ser menor de 65 años, pero no se le exige tener 45 ó más años de edad.

• Carecer de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

• Puede ser beneficiaria de un nuevo programa de renta activa de inserción aunque hubiera sido beneficiaria de otro programa dentro de los 365 días anteriores a la fecha de la solicitud.

La cuantía de la renta activa de inserción es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento. Además, incluye una ayuda suplementaria de pago único si la mujer se ha visto obligada a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en éste, de cuantía equivalente al importe de tres meses de la renta activa de inserción.

Anticipos por impago de pensiones alimenticias (Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos) A través del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se garantiza el pago de alimentos reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, filiación o alimentos, mediante el abono de una cantidad que tendrá la condición de anticipo.

Las personas beneficiarias de los anticipos son, con carácter general, los hijos titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e 266 –

impagado, que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores que integren la unidad familiar.

Las personas beneficiarias tienen derecho al anticipo de la cantidad mensual determinada judicialmente en concepto de pago de alimentos, con el límite de 100 euros mensuales, que se podrá percibir durante un plazo máximo de dieciocho meses.

En el supuesto en que la persona que ostente la guarda y custodia de los menores (que es quien solicita y percibe el anticipo) sea víctima violencia de género, se entiende que existe una situación de urgente necesidad para reconocer los anticipos del Fondo, por lo que se tramitará el procedimiento de urgencia, que implica que el plazo para resolver y notificar la solicitud será de dos meses.

Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores (Artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 20132016) Las mujeres víctimas de violencia de género constituyen un colectivo con derecho a protección preferente en el acceso a la vivienda: • Posibilidad de acogerse a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales, acordados en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria.

• Posibilidad de acceder al Fondo Social de Viviendas en Alquiler. http:// www.imserso.es/imserso_01/fsva/index.htm • Tienen la consideración de “sector preferente” a los efectos de las ayudas previstas en el Plan Estatal orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores con dificultades económicas.

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Derecho a la escolarización inmediata (Artículo 5 y disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) Los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de los actos de violencia de género, tienen derecho a su escolarización inmediata en su nuevo lugar de residencia.

Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género Situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género (Artículo 17.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril; Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) La situación de residencia en España de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género incluye las siguientes posibilidades: 1. Mujeres extranjeras que tengan la condición de familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

(Artículo 9.4 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) Para conservar el derecho de residencia en el caso de nulidad matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, la 268 –

mujer que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberá acreditar que ha sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas.

2.1.2. Mujeres extranjeras no comunitarias: pueden ser titulares de alguno de los dos tipos de autorizaciones de residencia y trabajo específicas por razón de violencia de género siguientes: • Autorización de residencia y trabajo independiente de las mujeres extranjeras reagrupadas con su cónyuge o pareja: (Artículo 19.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Artículo 59.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril) • Obtención de la autorización una vez dictada a favor de la mujer una orden de protección o, en su defecto, cuando exista un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.

• Duración de la autorización: 5 años.

• Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular: (Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Artículos 131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril) • Solicitud de la autorización desde el momento en que se haya dictado a favor de la mujer una orden de protección o emitido informe del Ministerio Fiscal en el que se aprecie la existencia de indicios de violencia de género.

• Concesión de la autorización cuando el procedimiento penal concluya con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, – 269

incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado.

• Duración de la autorización: 5 años. No obstante, en el curso de estos 5 años la mujer puede acceder a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud, a cuyo efecto se computará el tiempo durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional de residencia temporal y trabajo.

• Autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, o autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia: solicitud por parte de la mujer extranjera en el momento en que ella solicite a su favor la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal.

Su concesión y su duración se producen en los mismos términos que la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de las mujeres extranjeras en situación irregular.

• La autoridad administrativa competente para otorgar esta autorización por circunstancias excepcionales, concederá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades, que se encuentren en España en el momento de la denuncia. Estas autorizaciones provisionales concluirán en el momento en que se conceda o deniegue definitivamente la autorización por circunstancias excepcionales.

2. La autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de la que sea titular una mujer extranjera, se renovará a su expiración en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

(Artículo 38.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) 270 –

Protección de las mujeres extranjeras en situación irregular víctimas de violencia de género (Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Artículos 131 a 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril) • Si al denunciarse una situación de violencia de género, se pusiera de manifiesto la situación irregular de la mujer extranjera: -- No se incoará el procedimiento administrativo sancionador por encontrarse irregularmente en territorio español (infracción grave).

-- Se suspenderá el procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.

• Concluido el procedimiento penal: -- Con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se concederá a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las auto-rizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades.

-- Con una sentencia no condenatoria o con una resolución de la que no pueda deducirse la situación de violencia de género, se denegará a la mujer extranjera la autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales y, en su caso, las autorizaciones solicitadas a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Además, perderá eficacia la autorización provisional de residencia y trabajo concedida a la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones provisionales concedidas a sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades. Y se incoará o continuará el – 271

procedimiento administrativo sancionador por estancia irregular en territorio español.

Derecho a la protección internacional (Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria) • El derecho de asilo Se reconocerá el estatuto de refugiada a la mujer que, debido a un fundado temor de ser perseguida por motivos de género, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, así como a la mujer apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.

En este sentido, pueden ser motivos de persecución basados en el género la violencia ejercida por la pareja o expareja y otras formas de violencia sobre la mujer, tales como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia sexual o la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, siempre que, en cualquier caso, concurran los demás requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho de asilo.

-- Para que se reconozca el derecho de asilo es preciso que el fundado temor de las mujeres a ser objeto de persecución se basen en actos de persecución que sean graves y revistan la forma de actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual.

-- Para valorar los motivos de persecución se deberán valorar las circunstancias imperantes en el país de origen en relación con la situación del grupo social determinado, en este caso, las mujeres.

• La protección subsidiaria Se otorgará protección subsidiaria a las mujeres extranjeras o apátridas que, sin reunir los requisitos exigidos para obtener asilo, padezcan un riesgo real de sufrir un daño grave en caso de retornar a su país de origen, o al de su anterior residencia en el caso de las apátridas. El daño grave que da lugar a protección subsidiaria consiste en alguno de los siguientes: 272 –

-- Pena de muerte -- Tortura o tratos inhumanos o degradantes -- Amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles en situaciones de conflicto.

Derechos de las mujeres españolas víctimas de violencia de género fuera del territorio nacional Las mujeres españolas que residen en el extranjero, cuando sufren violencia de género, pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad debido a las barreras lingüísticas y culturales, la falta de redes sociales o al desconocimiento de los recursos existentes en el país. Así, a la obligación de los poderes públicos en materia de información, asistencia y protección a las mujeres víctimas de violencia de género, se suma la obligación general de proteger a los ciudadanos y ciudadanas españoles en el exterior.

Por ello, existe un Protocolo firmado por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Empleo y Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que persigue el establecimiento de un marco común de colaboración para articular la realización de funciones en materia de violencia de género, previniendo y abordando las situaciones de violencia de género mediante la información sobre recursos disponibles en el país de residencia, y facilitando la protección y el retorno de las mujeres víctimas de violencia de género y, en su caso, de sus hijos e hijas cuando la situación lo requiera, dentro del marco normativo vigente.

Las Oficinas Consulares de España y las Consejerías de Empleo y Seguridad Social facilitarán a las mujeres españolas información para contactar con los recursos especializados para víctimas de violencia de género disponibles en el país en que residan, así como orientación sobre los recursos médicos, educativos y legales que las autoridades locales ponen a su alcance ante situaciones de violencia de género.

Por su parte, la Delegación del Gobierno para Violencia de Género, en caso de retorno de la mujer, llevará a cabo labores de coordinación con las Comunidades Autónomas a fin de garantizar a las mujeres los derechos que les reconoce la normativa española y de facilitar su integración social.

– 273

Derechos de las víctimas del delito de los que también son titulares las víctimas de violencia de género Además de los derechos específicos que la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, las mismas tienen los derechos que las leyes reconocen a las víctimas del delito, entre los que cabe destacar los siguientes: Derechos del Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) Las víctimas de violencia de género pueden acceder al catálogo general de derechos, procesales y extraprocesales, recogidos en el Estatuto de la víctima del delito. El cónyuge de la víctima directa del delito o la persona que hubiera estado unida a ella por una relación análoga de afectividad, no tendrá la consideración de víctima indirecta del delito cuando se trate del responsable de los hechos.

Algunos de estos derechos son: • Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia.

• Derecho, en el momento de presentar la denuncia, a obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada y, en su caso, a la traducción escrita de la copia de ésta.

• La notificación de determinadas resoluciones sin necesidad de que lo soliciten, de manera que estén informadas de la situación penitenciaria del investigado, encausado o condenado: las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo; las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima.

• Derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial, a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones públicas, así como a los que presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Estas Oficinas realizarán las siguientes funciones, entre otras: -- El apoyo emocional a las víctimas y la asistencia terapéutica de las víctimas que lo precisen, garantizando la asistencia psicológica adecuada para la superación de las consecuencias traumáticas del delito.

274 –

-- Evaluación y asesoramiento sobre las necesidades de la víctima y la forma de prevenir y evitar las consecuencias de la victimización primaria, reiterada y secundaria, la intimidación y las represalias.

-- La elaboración de un plan de apoyo psicológico para las victimas vulnerables y en los casos en que se aplica la orden de protección.

-- La información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la víctima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto.

-- El acompañamiento de la víctima a lo largo del proceso.

-- Recibir la comunicación de las resoluciones a las que se refiere el artículo 7.1 del Estatuto de la víctima del delito (la sentencia, las resoluciones que adopten medidas cautelares, etc.), y realizar las actuaciones de información y asistencia que en su caso resulten precisas.

• Derecho a ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

• Pueden participar en la ejecución, a través de la interposición de recurso contra determinadas resoluciones judiciales, aunque no hayan sido parte en la causa: -- El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria autoriza la posible clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena.

-- El auto por el que el Juez de Vigilancia Penitenciaria acuerde que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento de condena, y no a la suma de las penas impuestas.

-- El auto por el que se conceda al penado la libertad condicional.

Derecho a formular denuncia (Artículos 259 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) Las mujeres tienen derecho a denunciar las situaciones de violencia de género sufridas.

A través de la denuncia se pone en conocimiento de las autoridades correspondientes la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de un delito.

– 275

Tras la presentación de la denuncia y su remisión a la autoridad judicial, si ésta entiende que existen indicios de haberse cometido un hecho delictivo, iniciará las correspondientes actuaciones penales.

Derecho a solicitar una orden de protección (Artículo 62 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) La orden de protección es una resolución judicial que dicta el órgano judicial competente en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito, aprecia la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiere la adopción de medidas de protección durante la tramitación del proceso penal.

La orden de protección contempla en un único documento medidas cautelares de naturaleza penal y civil a favor de la mujer víctima de violencia de género y, en su caso, de sus hijos e hijas; y activa al mismo tiempo los mecanismos de protección social establecidos a favor de la víctima por las distintas Administraciones Públicas. Con la orden de protección se acredita la situación de violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos que establece la Ley Orgánica 1/2004.

Las medidas cautelares de naturaleza penal pueden ser una o algunas de las siguientes: 1. Desalojo del agresor del domicilio familiar.

2. Prohibición de residir en determinada población.

3. Prohibición de que el agresor se aproxime a la víctima y/o a sus familiares u otras personas a la distancia que se determine.

4. Prohibición de que el agresor se comunique con la víctima y/o con sus familiares u otras personas por cualquier medio: carta, teléfono, etc.

5. Prohibición al agresor de acercarse a determinados lugares: centro de trabajo de la víctima, centros escolares de los hijos, etc.

6. Omisión de datos relativos al domicilio de la víctima.

7. Protección judicial de la víctima en las oficinas judiciales.

8. Incautación de armas y prohibición de tenencia.

Las medidas de naturaleza civil pueden ser las siguientes: 1. Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar.

276 –

2. Determinación del régimen de guarda y custodia de los hijos menores.

3. Determinación del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores.

4. Fijación de una prestación de alimentos.

5. Cualquier otra medida que sea necesaria para apartar a los menores de un peligro o evitarles perjuicios.

La solicitud puede efectuarla la propia víctima, sus familiares más cercanos, su abogado, o el Ministerio Fiscal. Sin perjuicio del deber de denuncia, los servicios sociales que conozcan su situación, deberán ponerlos en conocimiento del órgano judicial o del Ministerio Fiscal para que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección. Cuando existan menores, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas civiles. Es aconsejable solicitar la orden de protección en el mismo momento en el que se presenta la denuncia, aunque también puede solicitarse con posterioridad.

Cuando no se presenta denuncia, la propia solicitud de la orden de protección tiene esta consideración, en cuanto a los hechos y situaciones de violencia relatados en la misma.

El Juzgado debe dictar la orden de protección en el plazo máximo de 72 horas desde su presentación, tras una comparecencia de la víctima y el agresor. La Ley establece que esta comparecencia deberá realizarse por separado, evitando así la confrontación entre ambos.

Derecho a solicitar una orden europea de protección (Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea) La víctima de violencia de género que vaya a trasladarse a otro Estado miembro de la Unión Europea para residir o permanecer en él, y sea beneficiaria de una medida de protección adoptada, como medida cautelar o como pena privativa de derechos, en una orden de protección, auto de medidas cautelares o sentencia, puede solicitar la adopción de la orden europea de protección ante el órgano judicial competente.

La orden europea de protección emitida por el órgano judicial se documentará en un certificado, que se transmitirá a la autoridad competente del otro Estado miembro para que proceda a su ejecución.

– 277

Derecho a ser parte en el procedimiento penal: el ofrecimiento de acciones (Artículos 109 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) En el acto de recibirse declaración por el Juez a la víctima, el Secretario judicial le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible.

El ejercicio de este derecho, que supone la intervención activa de la mujer víctima de violencia de género en el proceso judicial que se tramita tras su denuncia y el ejercicio de la acción penal y, en su caso, de la acción civil, se realiza a través de su personación en las actuaciones penales como acusación particular; para ello debe nombrar un abogado en defensa de sus intereses y un procurador para su representación.

Además, las víctimas que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito.

La designación de estos profesionales puede realizarse por libre elección de la víctima o a través del Turno de Oficio Especializado de Violencia de Género (beneficio de justicia gratuita).

La personación y consiguiente condición de “parte” en el proceso penal conlleva que la víctima, a través de su abogado, puede proponer diligencias de prueba, intervenir en la práctica de las mismas, y conocer todas las resoluciones que se dicten durante la tramitación del proceso, pudiendo, si no está de acuerdo, presentar los recursos que procedan.

Asimismo, como acusación particular, la víctima podrá solicitar la condena del agresor y una indemnización por las lesiones, daños y perjuicios sufridos.

El Ministerio Fiscal tiene encomendada la defensa de los intereses de las víctimas y perjudicados en los procesos penales. Si llega a la convicción de que se ha cometido un delito, dirigirá la acusación contra quien considere responsable, independientemente de que la víctima se haya personado o no en el proceso penal. Si no llega a dicha convicción, no formulará la acusación o podrá solicitar el archivo del procedimiento, por ejemplo, si considera que no existen suficientes pruebas de los hechos.

278 –

Derecho a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado (Artículos 100 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) La comisión de un delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados.

Esta responsabilidad civil comprende la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. En caso de que la víctima haya ejercido la acción civil (para exigir esta responsabilidad civil) en el proceso penal, en la sentencia que se dicte, y siempre que la misma sea condenatoria, además de la pena que en su caso se imponga al culpable, se fijará cuál es la responsabilidad civil por los daños físicos, psicológicos o morales causados a la víctima por el delito.

No obstante, la víctima puede reservarse su derecho a ejercer la acción civil en un proceso distinto ante los Juzgados del Orden Civil, de forma que en el proceso penal no se ejercitará la acción civil. También puede renunciar a cualquier reclamación que, en este sentido, le pudiera corresponder.

Derecho a recibir información sobre las actuaciones judiciales La víctima, aunque no ejerza su derecho a intervenir en el proceso penal, debe ser informada de su papel en el mismo y del alcance, desarrollo y la marcha del proceso.

La información a la víctima de sus derechos corresponde tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Juzgado y a las Oficinas de Asistencia a la Víctima.

El contenido de dicha información comprenderá: • Su derecho a mostrarse parte en el proceso penal y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho delictivo.

• La posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente pueden corresponderle.

• Información sobre el estado de las actuaciones judiciales, a examinar las mismas, así como a que se le expidan copias y testimonios (Artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

• Debe serle comunicada cualquier resolución que pueda afectar a su seguridad, así la orden de protección, la adopción o modificación de otras medidas cautelares, los autos que acuerdan la prisión o libertad provisional del imputado y la situación penitenciaria del agresor – 279

(Artículos 109, 506.3, 544 bis y ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

• Tiene que ser informada del lugar y fecha de celebración del juicio oral (Artículos 785.3, 962 y 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

• Debe notificársele la sentencia, tanto de instancia como, en su caso, la que resuelva el recurso de apelación. (Artículos 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículos 789.4, 792.2, 973.2 y 976.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

• Debe notificársele el sobreseimiento del proceso.

Derecho a la protección de la dignidad e intimidad de la víctima en el marco de los procesos relacionados con la violencia de género (Artículo 63 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; artículo 232.2 de la Ley Orgánica Poder Judicial; artículos 19 y siguientes de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; artículo 15.5 de la Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; arts. 2.a) y 3.1 de la Ley Orgánica 19/1994, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales) La Ley Orgánica 1/2004 prevé medidas específicas de protección de la dignidad e intimidad de la víctima.

Por un lado, se establece que los datos personales de la misma, de sus descendientes y las personas que estén bajo su guarda o custodia, tengan carácter reservado.

La reserva del nuevo domicilio, centro de trabajo o colegios de los hijos no sólo preservan la intimidad de la víctima sino que, además, es un instrumento importante para su seguridad, al evitar que estos datos puedan llegar a conocimiento del imputado.

Con esta misma finalidad, el modelo de solicitud de la orden de protección dispone que la víctima puede indicar un domicilio o teléfono de una tercera persona a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los órganos judiciales podrán hacer llegar las comunicaciones o notificaciones.

Por otra parte, la Ley del Estatuto de la víctima del delito reconoce el derecho de las víctimas a la protección de su intimidad en el marco del proceso penal, y en este sentido, obliga a jueces, fiscales, funcionarios encargados 280 –

de la investigación y cualquier persona que de cualquier modo intervenga o participe en el proceso, a adoptar las medidas necesarias para proteger la intimidad de las víctimas y de sus familiares, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. En particular, respecto de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, deberán adoptar las medidas para impedir la difusión de cualquier tipo de información que pueda facilitar su identificación.

A este respecto, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima, la adopción de cualquiera de las medidas siguientes cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma o a su familia: • Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.

• Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.

Asimismo, el Juzgado puede acordar, de oficio o a instancia de la propia víctima o del Ministerio Fiscal, que las actuaciones judiciales no sean públicas y que las vistas se celebren a puerta cerrada.

Ayudas a las víctimas de delitos (Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo) Se trata de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la salud física o mental; así como en beneficio de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual aunque se perpetren sin violencia. Además, se prevé la concesión de ayudas provisionales con anterioridad a que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situación económica en que hubiese quedado la víctima o sus beneficiarios.

– 281

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden ser beneficiarias de estas ayudas en tanto que son víctimas de un delito.

Las personas beneficiarias de estas ayudas pueden serlo a título de víctimas directas, cuando sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia directa del delito; y a título de víctimas indirectas, en el caso de muerte, como los hijos de la persona fallecida.

El plazo para solicitar estas ayudas es de un año, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. No obstante, dicho plazo se interrumpe con el inicio del proceso penal y se abre de nuevo desde que recaiga la resolución judicial firme.

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN Ámbito estatal 016 Personas con discapacidad auditiva: 900 116 016 Andalucía 900 200 999 Aragón 900 504 405 Canarias 112 Cantabria 942 214 141 Castilla-La Mancha 900 100 114 Castilla y León 012 Cataluña 900 900 120 Extremadura 112 Galicia 900 400 273 Illes Balears 112 / 971 178 989 La Rioja 900 711 010 Madrid 012 Navarra 012 País Vasco 900 840 111 Principado de Asturias 900 209 629 Región de Murcia 112 Comunidad Valenciana 900 580 888 Ceuta 900 700 099 Melilla 952 699 214

282 –

TABLA 10 Sitios webs de las ccaa COMUNIDAD AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

SITIO WEB Portal de Mujer: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ Dirección General de Violencia de Género y Atención a Víctimas http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/ violenciagenero.html

ARAGÓN

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/ Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia Portal de Mujer: http://www.aragon.es/iam

ASTURIAS

Portal de Mujer: http://institutoasturianodelamujer.com/iam/

BALEARES

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3349 Portal de Mujer: http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=232

CANARIAS

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/

CANTABRIA

http://www.cantabria.es/consejeria-de-presidencia-y-justicia Portal de Mujer: http://mujerdecantabria.com/

Portal de Mujer: http://www.castillalamancha.es/tema/mujer http://www.institutomujer.jccm.es/ Portal de Mujer: CASTILLA Y LEÓN http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/centrosAtencion/ castillaLeon.htm CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA CEUTA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA

Portal de Mujer: http://dones.gencat.cat/ca/ Portal de Mujer: http://www.ceuta.es/ceuta/por-consejerias/educacion-cultura-y-mujer http://www.ceuta.es/ceuta/cam http://www.bsocial.gva.es/web/mujer http://www.sinmaltrato.gva.es/ http://www.gobex.es/cons007/view/portal/index/index.php?id=inicio Portal de Mujer: https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-e-igualdad

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COMUNIDAD AUTÓNOMA

SITIO WEB

GALICIA

http://igualdade.xunta.es

MADRID

Portal de Mujer: http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187278&packedArgs=idOrganismo%3D1109266228570%26cid%3D1109266228570%26c%3DCM_Agrupador_FP&buscar

MELILLA

http://www.melilla.es/melillaPortal/index.jsp?codResi=1

MURCIA

http://violenciadegenero.carm.es/inicio/index.html

NAVARRA

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/

PAIS VASCO

RIOJA LA

Portal de Mujer: http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-prehome/es http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-home/es Programa de Buenos Tratos http://buenostratos.larioja.org/ Portal de Mujer: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24850 Oficina de Atención a la Víctima del Delito http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=8214081

Con emoción viene ahora a mi memoria la primera Comunicación que hice en esta Real Corporación al poco de terminar la carrera hace ya algo más de veinte años. Era una Comunicación de la Patología de la Siniestralidad Laboral, recuerdo los nervios de hablar los Ilustres Académicos, que todos ellos habían sido mis maestros y Profesores, pensaba ¡qué gran responsabilidad!, pero lo que nunca me podría ni imaginar es que lograría poder ser uno más. ¡Ni en mis mejores sueños lo pensaba!. Pues como decía Antonio Machado (5): “Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar”. Pues eso es lo que me ocurre a mí.

A todos muchas gracias He dicho.

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Referencias bibliográficas

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4.

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8.

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– 297

ANEXO

Cuestionario DEL ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES ESPAÑOLES REALIZADO EN EL ÁREA DE MEDICINA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: 1) Edad · (…)

2) Sexo: · Hombre · Mujer 3) Nacionalidad: en caso de no ser “Española” detallarla: · Española · Otro (…)

4) Máximo nivel de estudios alcanzados: Si marcas “Otro” detallar la respuesta: · Primaria · E.S.O. · Bachillerato · Grado/Licenciatura Universitaria · Ciclo formativo · Otro (…)

5) Estudios en curso: En caso de no estudiar actualmente escribir “ninguno” · (…)

6) Tienes pareja actualmente: · Sí · No 7) Sexo de tu pareja: Con respecto a tu relación de pareja actual o en relaciones pasadas · Hombre · Mujer 8) ¿Conoces algún caso de Violencia de Género en parejas tu edad?: · Sí · No

– 299

9) En caso de haber respondido “Sí” en la pregunta anterior, marca el tipo o tipos de violencia de género que has conocido: · Física (uso deliberado de la fuerza) · Psíquica (contra la integridad psíquica y emocional de la víctima). · Económica (privación de recursos para el bienestar de la víctima) · Social (humillación, ridiculización...en público) · Ambiental (romper cosas que pertenezcan a la víctima) · Sexual 10) Responde a las siguientes preguntas (Con respecto a tu relación de pareja actual o en relaciones pasadas): · “¿Tu pareja te ha cogido el móvil para controlarte?”: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · “¿Tu pareja ha entrado en tu perfil de redes sociales para controlarte?”: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · “¿Te has sentido controlado/a por tu pareja cogiéndote el móvil o entrando en tu perfil de redes sociales?”: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · “¿Tu pareja te ha llamado frecuentemente por teléfono para preguntarte dónde estabas o con quién?”: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · “¿Tu pareja ha contactado con otras personas para comprobar que no le mentías?”

-- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca 11) Indícanos si tu pareja te controla o impide las siguientes situaciones: · Horarios · Actividades · Ver a amigos

300 –

· Ver familiares · Forma de vestir · Decir lo que tienes que hacer · Ninguna 12) Indícanos si tu pareja te ha insultado y/o ridiculizado en las siguientes situaciones: · En privado: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · Delante de tu familia: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · Delante de tus amigos: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · Por SMS/WhatsApp... (mensajería instantánea): -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · Por llamada telefónica: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · Por redes sociales en público: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca · Por redes sociales en privado: -- Siempre -- Muchas veces -- Pocas veces -- Nunca

– 301

A la pregunta “¿Has realizado alguna vez alguna de las siguientes acciones?”: 1) Distribuir en Internet una imagen o datos comprometidos de contenido sexual (reales o falsos). · Sí · No 2) Dar de alta a una persona en un sitio web donde puede estigmatizarse o ridiculizar a esa persona · Sí · No 3) Crear un perfil falso en nombre una persona para realizar demandas u ofertas sexuales. · Sí · No 4) Usurpar la identidad de una persona para, por ejemplo, hacer comentarios ofensivos sobre terceros. · Sí · No 5) Divulgar por Internet grabaciones con móviles en las que se intimida, agrede, persigue, etc. a una persona. · Sí · No 6) Dar de alta el email de una persona para convertirla en blanco de spam, contactos con desconocidos, etc. · Sí · No 7) Acceder al ordenador de una persona para controlar sus comunicaciones con terceros. · Sí · No 8) Hacer correr en las redes sociales rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a personas · Sí · No 9) Perseguir e incomodar a una persona en los espacios de Internet que frecuenta de manera habitual. · Sí · No 10) Presentarse en un perfil falso ante una persona con el fin de concertar un encuentro digital para llevar a cabo algún tipo de chantaje on-line

302 –

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MÉDICA ASISTENCIAL EN LOS SUPUESTOS DE MALTRATO Previo al reconocimiento, como en toda actuación clínica, de debe obtener el consentimiento de la víctima Este protocolo es útil en todos los casos de maltrato Lo más importante es concienciar al médico asistencial (servicios de urgencia, atención primaria y especialistas) de la importancia de su actuación en la detección, diagnóstico, prevención y tratamiento de estas situaciones.

El Protocolo recoge aquellos aspectos más importantes para el inicio de las acciones judiciales que correspondan.

Ha sido presentado al Consejo Interterritorial de Salud el Documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las Sociedades Científicas y las Administraciones de Justicia e Interior, sobre protocolización de las actuaciones sanitarias ante los casos de malos tratos domésticos.

Con la protocolización de las actuaciones sanitarias se pretende que en todo el Estado, cualquier profesional sanitario del ámbito público y privado siga las mismas pautas de actuación, facilitando las acciones judiciales y sociales a la víctima, favoreciendo la denuncia de estas agresiones, sensibilizando al profesional sanitario ante estos casos, protegiendo la intimidad y facilitando la información de la persona víctima de la violencia doméstica.

El Protocolo aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial, con las sugerencias de las Consejerías de Sanidad y de los Servicios de Salud correspondientes, debe aplicarse a todo el ámbito sanitario estatal y estar presente dentro de los modelos habitualmente utilizados para las historias clínicas, que los respectivos centros tienen aprobados por sus órganos rectores.

Este documento facilitará las posteriores actuaciones forenses y legales que se emprendan, al objeto de delimitar responsabilidades ante los malos tratos como consecuencia de la violencia doméstica.

El Protocolo tiene como objetivo el fijar las pautas de actuación que el profesional sanitario tiene que seguir ante una persona maltratada que acude a la consulta de un servicio sanitario, bien sea por urgencia, consulta de atención primaria, consulta de especialista y consulta de medicina general, tanto del ámbito privado como público.

– 303

En primer lugar, presenta un árbol de decisiones que establece los procedimientos para, tras asistir a la persona maltratada, facilitar todos los pasos precisos para que la víctima de esos ataques cuente cuanto antes con una protección integral, sanitaria, jurídica y social, que dé solución a su caso y, cuando sea necesario, se inicien las medidas de protección procedentes.

El Protocolo va referido a todas aquellas conductas en el ámbito familiar que den como resultados lesiones y daños físicos, psíquicos u otros, independientemente de la edad y sexo de la víctima.

Ante una víctima de una agresión que acude a una consulta, la pauta de actuación del profesional sanitario que atienda a estas personas, debe ser, en primer lugar, la asistencia a posibles daños y lesiones físicas y psíquicas que sufra la persona.

El inicio de esta actuación, al igual que cualquier otra actividad sanitaria, pasará por la apertura de la historia clínica correspondiente o la inscripción de los datos de la asistencia por malos tratos en la historia ya abierta.

Se hará una valoración médica del impacto y alcance de las lesiones y daños del agredido/agredida, dejándose constancia de los mismos en la historia.

En ese mismo momento, debe iniciarse el plan de actuaciones terapéuticas que corresponda: derivación al servicio de urgencias, ingreso, observaciones, derivación a otro especialista, citación para próximas revisiones, transporte urgente, etc.

Ante la constatación de daños físicos o psíquicos por malos tratos, ha de cumplimentarse el Protocolo existente ante malos tratos domésticos, que lleva incluido el oficio de remisión al Ilmo. Sr. Juez de Guardia. Copia de este oficio-remisión y del informe deberá quedar constancia en la historia clínica.

El informe contiene, además de los datos de filiación de la víctima, una descripción de los hechos, según lo manifieste la persona agredida. Si hubiera constancia, deberán reflejarse a los antecedentes de interés, en relación con la agresión, del agredido/ agredida. El informe ha de acompañarse de una descripción minuciosa de las lesiones y del estado en el que se encuentre la víctima; finalmente, deberá comprender diagnóstico y tratamiento escrito.

Es importante recordar que este documento servirá al Juez y al Médico Forense para el inicio de las actuaciones posteriores.

304 –

D/Dª..........................................................., Médico, colegiado/a en ........................, con el nº..................con ejercicio profesional en (centro y lugar de trabajo)................

PARTICIPA A V.I: que en el día de hoy, a las.......................horas, he atendido en (Consultorio, Centro de Salud, Hospital, denominación del Centro y Lugar de trabajo, localidad, calle)........................................................................................... a D/Dª.....................................................................................de........................años; con domicilio en (calle y número)...............................................................................

Código Postal y Localidad............................................................................................

Pronvincia...........................................; Teléfono................................y le REMITE el informe meció por presuntos malos tratos, que se acompaña.

PARTICIPA A V.I: que en el día de hoy, a las.......................horas, he atendido en (Consultorio, Centro de Salud, Hospital, denominación del Centro y Lugar de trabajo, localidad, calle)............................................................................................. a D/Dª...................................................................................; de........................años; con domicilio en (calle y número)...............................................................................

Código Postal y Localidad...........................................................................................

Pronvincia...........................................................;Teléfono......................y le REMITE el informe meció por presuntos malos tratos, que se acompaña.

Fecha y Firma:

ILMO/A. SR/A. JUEZ DE ........................................

INFORME MÉDICO POR MALOS TRATOS (Se recomienda hojas autocopiativas por triplicado ejemplar para el Juzgado, para la historia clínica y para el interesada/o) 1.º - DATOS DE FILIACIÓN DE LA VICTIMA nombre apellidos fecha de nacimiento sexo DNI Estado Civil domicilio teléfono

– 305

2.º - EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ASISTENCIA (Reflejar fecha, hora y lugar de la agresión, según declaración de la víctima, así como el tipo de maltrato físico, psíquico o de otro tipo que se aprecie). ¿Qué le ha pasado?. Descripción de los hechos ¿Es la primera vez?

De no ser así: Historia del maltrato 3º.- ANTECEDENTES PERSONALES DE INTERÉS (En relación con las lesiones).

4.º- EXPLORACIÓN FÍSICA: (Descripción de las lesiones, sin olvidar data aproximada) Lesiones: Tipo, forma, tamaño, zona anatómica, data...

Recoger estos datos para cada una de las lesiones (fotografía o dibujo de las mismas) 5º.- ESTADO EMOCIONAL ACTUAL: Estado de ánimo Valoración de las funciones psíquicas 6.º - EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS (Si las hubiera) Analíticas, RX, ecografías (en función de los hallazgos de la exploración) 7º.- DIAGNÓSTICO: 8.º - TRATAMIENTO no requiere ningún tratamiento tratamiento farmacológico tratamiento psicofarmacológico ingreso hospitalario.Indicación 9.º - PLAN DE ACTUACIONES Y OBSERVACIONES En caso necesario solicitar la actuación de las Fuerzas de Seguridad Ofrecer asesoramiento a la víctima directamente o a través de trabajadores sociales del centro Derivar al Centro Mujer 24 horas.

Fecha y Firma del facultativo.

306 –

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MÉDICA PERICIAL EN LOS SUPUESTOS DEL MALTRATO PROTOCOLO DEL MALTRATO A LA MUJER 1.º - DATOS GENERALES lugar del reconocimiento fecha hora nombre del médico/s nº de colegiado nombre del personal auxiliar acompañantes (Número, nombres y relación con la víctima) Juzgado y procedimiento 2º.- DATOS RELATIVOS A LA DENUNCIA Existe denuncia si/no Quien la ha interpuesto 3º.-DATOS DE LA VÍCTIMA: nombre apellidos fecha de nacimiento sexo DNI

domicilio teléfono 4º.-Reconocimiento de lA mUJEr 4.1.- ANAMNESIS Historia del maltrato Antecedentes personales.

Antecedentes familiares Antecedentes psicosociales

En la recogida de antecedentes es importante contar con la colaboración de familiares, médicos, etc. haciendo constar la persona o profesional que facilita los datos, por la frecuencia con que la víctima niega la existencia del problema 4.2 - EXPLORACIÓN General: Actitud durante el reconocimiento Exploración física: Lesiones: Tipo, forma, tamaño, zona anatómica, data...

Recoger estos datos para cada una de las lesiones (fotografía o dibujo de las mismas)

– 307

Es importante la sistemática en la recogida de las hallazgos Exploración psíquica: Estado de ánimo Valoración de las funciones psíquicas Poner especial atención a la existencia de :

Cuadros de ansiedad

Alteraciones de conducta

Trastornos del sueño Somatizaciones

Consumo de alcohol u otras drogas En caso de agresión sexual, acudir al protocolo específico 5.º - PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y RESULTADOS Orgánicas: Analíticas, RX, ecografías Psíquicas: pruebas psicométricas, test psicológicos (en función de los hallazgos de la exploración) 6.º - TRATAMIENTOS APLICADOS Y RESPUESTA A LOS MISMOS no fue necesario tratamiento farmacológico tratamiento psicofarmacológico ingreso hospitalario.Indicación 7.º - Valoración médico-legal Diagnóstico del cuadro Establecimiento de las relaciones de causalidad Descartar los posibles casos de simulación Determinación de las secuelas, en caso de existir Necesidad de medidas terapeúticas o de otro tipo Este estudio deberá ser completado por un estudio que contemple Circunstancias familiares Estructura familiar

Situación y relaciones sociales

Situación económica

Dependencia con respecto al agresor Antecedentes de malos tratos Problemas con la justicia Antecedentes médicos orgánicos y psíquicos

308 –

DISCURSO DE CONTESTACIÓN DEL ILUSTRÍSIMO SEÑOR

Dr. D. JOSÉ RABADÁN JIMÉNEZ ACADÉMICO DE NÚMERO

312 –

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid.

Excmas. e Ilmas. Autoridades.

Ilmas. Sras. e Ilmos. Sres. Académicos.

Distinguidos Colegas.

Señoras y Señores:

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid luce con orgullo sus mejores galas cuando recibe públicamente a un nuevo Académico de Número.

En efecto esto sucede porque, para una institución multisecular como la nuestra, el hecho de recibir en su Claustro a nuevos miembros, es un motivo de alegría y algo digno de celebrarse con el boato de una gran fiesta.

Y es lógico que hagamos fiesta porque actos como el de esta noche nos indican, de manera bien elocuente, que la Institución está llena de vitalidad, que se encuentra muy activa y que goza de buena salud.

De otra parte pone de manifiesto que su compromiso con los ideales científicos y universitarios que hicieron posible su nacimiento permanece inalterable, y que han sido precisamente esos ideales los que le han ido marcando el ritmo y han impulsado su espléndido desarrollo a lo largo de la historia.

Como refrendo de lo que acabo de señalar, el Reglamento de Régimen Interior de nuestra Real Corporación establece en su artículo 24 que “el acto de recepción de un Académico de Número revestirá la máxima solemnidad”. Y esta expresión “máxima solemnidad” tiene un significado bien preciso que vamos a tratar de analizar.

La palabra solemnidad etimológicamente proviene del vocablo latino solemnis, que se emplea para calificar “a aquello que se realiza con suntuosidad, pompa y gran formalismo”.

Ahora bien, si se consideran estas palabras con superficialidad y ligereza, es fácil caer en el error de pensar que nos estamos refiriendo a una ceremonia – 313

cargada de impostura, en un ambiente frívolo, insustancial y rebuscado. Que estamos inmersos en un clima un tanto artificial lleno de convencionalismos, de actitudes afectadas y poco auténticas. ¡Y nada hay más alejado de la realidad qué calificar el acto que estamos celebrando de esa manera!

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua explicita más aún el anterior concepto y afirma que “la solemnidad, el acto solemne, suele disponerse para eventos de gran importancia que, por su entidad, requieren una cierta formalidad o majestuosidad. De este modo el evento solemne es organizado con antelación y se lleva a cabo de acuerdo a determinadas reglas preestablecidas, respetando un protocolo”.

Y si ahora volvemos la vista hacia las anteriores afirmaciones, hemos de concluir que el acto que esta tarde-noche nos ocupa, reúne todos los requisitos para que con verdad pueda ser calificado de solemne.

El concepto peyorativo que apuntábamos párrafos más arriba no aparece por lado alguno, y por el contrario brillan con luz propia el señorío y el buen gusto que deben presidir todas las ceremonias académicas y universitarias.

Y sin duda alguna que a crear este ambiente contribuye, en gran medida, la elegante austeridad de nuestra Sede material de una parte, y de otra el cumplimiento de un Protocolo que es rico en expresividad. Un Protocolo con gran solera que, como sucede con el buen vino, ha sido acrisolado por el paso del tiempo y que confiere a este evento distinción, majestuosidad y autenticidad.

Y en este marco, ciertamente imponente, los Discursos de los Nuevos Académicos son proferidos con auctoritas, es decir “con una legitimación socialmente reconocida que procede de un saber y que se otorga a una serie de ciudadanos”, como definía este término el Derecho Romano. Y ostentan la auctoritas “aquella personalidad o institución que tiene capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión”.

Y si bien es cierto que esa “opinión cualificada” ni puede ser impuesta ni legalmente es vinculante, también lo es que en si misma encierra un gran valor de índole moral, porque reúne en muchos casos, todos los requisitos necesarios para poder calificarla, sin jactancia, como de verdadero y auténtico magisterio.

Y cuando los discursos que se pronuncian, como este que acabamos de escuchar, además de tener una gran altura científica, están dictados con elegancia gramatical y con una perfecta construcción sintáctica, habremos 314 –

de concluir que a este acto le conviene, tanto el adjetivo “solemne” como el sustantivo “auctoritas”.

Por todo ello afirmamos que la Profesora Mercedes Martínez León acaba de dictar, con autoridad y de manera solemne, su Discurso de Ingreso como Académica de Número en esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid.

Y quien les habla manifiesta, que se siente muy feliz y muy honrado de poder participar en esta ceremonia, al haber recibido el encargo de hacer la “laudatio” de la recipiendaria.

Como es sabido por la mayoría de los aquí presentes, la doctora Martínez León se dedica a la docencia universitaria, y en concreto a la enseñanza de la Medicina Legal y Forense. Y a ello se dedica con tal pasión que podemos decir que es una “gran aficionada”.

Obviamente al calificarla de “gran aficionada” no estoy utilizando la palabra “afición” en el sentido típico como de persona no profesional, sino que estoy empleando la acepción taurina del término, donde la designación como “aficionado” es el mayor de los piropos. De Joselito El Gallo, uno de los toreros más grandes de la historia, siempre se dijo que era el mejor “aficionado”.

Pues bien de nuestra nueva Académica se puede predicar lo mismo, pues es tal la dedicación con que a ella se entrega y el grado de afinidad que siente por esta Especialidad que, me atrevería a asegurar, debe llevarla impresa en su ADN. Afirma el Cardenal Robert Sarah, Prefecto de la Congregación del Culto Divino, que “la familia es un espacio donde el hombre aprende a estar al servicio de la sociedad”. Y es precisamente en su ambiente familiar, recio hogar castellano y escuela de tantas virtudes, donde Mercedes encuentra el clima adecuado para madurar su personalidad, y el lugar donde, poco a poco, irá familiarizándose con la Medicina y modelando su innata inclinación.

De su abuelo materno, que ejercía la Medicina de Familia en el ambiente rural, aprende que la Medicina es una manera excelente de servir a los demás, y que es precisamente en el servicio donde reside la verdadera grandeza y el secreto de la felicidad. Al mismo tiempo intuye que el servicio a los demás, puesto a disposición de la Administración de Justicia, supone una ayuda inestimable al bien de la colectividad.

Y sin duda alguna que esto lo percibe, lo asimila y lo incorpora a su propia razón existencial, gracias a que lo oye decir a su padre y a que lo ve hecho realidad en su actuación profesional como experto en Medicina Forense.

– 315

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid cursa la Licenciatura con la calificación de Sobresaliente, y esta misma Universidad le otorgó el grado de Doctor, con la máxima calificación, por su Tesis “Siniestralidad laboral en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 1990-1994”.

Siempre bajo la dirección de su padre y mentor, el Prof. Martínez Baza, ilustre Académico de esta Real Corporación y reconocido Catedrático de Medicina Legal y Forense de nuestra Facultad de Medicina, se inicia en el estudio y cultivo de esta área de conocimiento.

Y a esa tarea se entrega con verdadera ilusión, de tal modo que los frutos cosechados se han concretado en una riquísima actividad docente e investigadora que ha quedado plasmada en su brillante currículo profesional. Hagamos un somero repaso de lo en él recogido.

Desde que concluyó la Licenciatura hasta nuestros días, se ha dedicado de manera exclusiva a cultivar esta rama del saber. Por esta razón ha realizado diversos cursos y másteres de postgrado para obtener los correspondientes Títulos y Diplomas de Especialista en diferentes ramas de su Disciplina: Valoración del Daño Corporal, Bioética, Derecho Sanitario, Antropología Forense y Criminalística.

También ha realizado varias estancias en diferentes Centros nacionales, siempre con la inquietud de ampliar conocimientos para poder luego llevar a cabo una investigación pionera. Determinación de ADN, Biología y Genética Forense, identificación antropológica de restos cadavéricos, etc., han sido algunos de los temas más trabajados.

En cambio su estancia en el Instituto de Medicina Legal de Coímbra tuvo como finalidad profundizar en el conocimiento y en la forma de hacer docencia en esta disciplina académica.

Como Profesor contratado Doctor del Área de Medicina Legal y Forense imparte las clases, teóricas y prácticas, de esta materia en el Grado de Medicina y en los Grados de Enfermería y Nutrición Humana y Dietética.

Por su dedicación, por su simpatía y por su seriedad profesional, goza de un gran prestigio entre sus alumnos, pues como señalara el Beato Pablo VI “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan”, y seguía “Si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio”.

Estas palabras del Sumo Pontífice se cumplen a la letra en la persona de nuestra nueva Académica, tal y como ha quedado reflejado en las diferentes 316 –

encuestas de evaluación docente realizadas por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de nuestra Universidad. En todas ellas ha obtenido una valoración de Excelente.

De trabajo bien hecho y de competencia profesoral también nos hablan la docena de Tesis Doctorales dirigidas, así como la treintena de Proyectos para la obtención de la Suficiencia investigadora y de los trabajos de Fin de Grado tutelados por ella.

Más arriba he insinuado que este no es el momento adecuado para hacer un recorrido exhaustivo por su “curriculum”, pues el empeño nos llevaría mucho tiempo. No obstante déjenme que les refiera que su producción literaria, tanto en revistas nacionales como internacionales, es muy abundante así como su colaboración, con diferentes capítulos, en libros de su Especialidad.

Lo mismo cabría decirse de su participación en los numerosos Congresos Nacionales e Internacionales a los que ha acudido, siendo Ponente en muchos de ellos, y presentando un número considerable de Comunicaciones Orales y Pósteres.

Pero permítanme que me detenga, siquiera sea un instante, para referirme a las actuaciones que ha tenido en esta Real Academia. Su participación en las sesiones científicas es realmente ejemplar. Su asiduidad a las mismas es paradigmática, y el interés con que las sigue verdaderamente irreprochable.

Y puedo afirmar, sin miedo a caer en la hipérbole, que supone una verdadera alegría el verla ocupar cada día, sesión tras sesión, acompañada siempre de su madre, de Regina, y de Camy su hermana, una de las primeras filas en este Salón de Actos.

De otra parte, la calidad de las muchas Comunicaciones que ha hecho a esta Real Academia es bien conocida de todos los Sres. Académicos. En ellas se unen a la perfección el rigor científico con el interés humano, así como la excelente presentación de las mismas. Es decir han sido unas Comunicaciones magníficas, tanto por su contenido como por su forma, y que hablan bien a las claras de la valía intelectual de Mercedes.

Todos estos trabajos y publicaciones, son fruto del estudio y de la dedicación personal de la profesora Martínez León a cinco campos de investigación: Medicina del Trabajo, Derecho Médico y Ética, Patología Forense, Ciencias Policiales e Investigación en Educación. Y yo quisiera en esta – 317

noche dejar constancia de la gran labor que realiza en el campo de la Ética y de la Deontología Médica y agradecérselo públicamente.

Efectivamente la Dra. Martínez León imparte docencia en nuestra Facultad de Medicina sobre Derecho Sanitario y sobre Ética y Deontología Médica. Y es digno de resaltarse el hecho de que, con los tiempos que corren de gran confusión doctrinal y de un feroz relativismo moral, su voz resuene clara en las aulas universitarias haciendo una defensa a ultranza de la dignidad de la vida humana, desde su concepción hasta su ocaso natural.

En estos momentos en los que algunos rinden culto a un pretendido progreso, en el que el hombre queda reducido a la condición de un simple animal evolucionado, es bueno recordar que, como afirmara Chesterton “nadie puede usar la palabra progreso si no tiene un credo definido y un férreo código moral”. Y, en esto también, nuestra nueva Académica resulta verdaderamente ejemplar, impartiendo de manera continuada auténticas lecciones magistrales con sus palabras y con sus actos.

He de confesarles a ustedes que el hecho de compartir las mismas ideas en torno a la dignidad de la vida humana y el máximo respeto al Código Deontológico de nuestra profesión, fue el nexo de unión que nos permitió trabajar juntos en la Comisión de Ética y de Deontología Médica del Colegio de Médicos de Valladolid.

La labor en aquella Comisión, a la que dedicamos muchos días y muchas ilusiones, me permitió conocer de primera mano, la gran valía intelectual de Merche, su enorme capacidad de trabajo y su colosal categoría humana.

Fueron aquellas muchas horas dedicadas a servir a nuestros colegas, trabajando codo a codo con ella y con los demás miembros de la Comisión Deontológica, y que hicieron posible que surgiera entre todos nosotros una amistad, limpia y sincera, que en mucho estimo, y que a lo largo de estos años ha seguido creciendo hasta llegar a abarcar a todas nuestras familias.

Y fruto de ese mismo respeto a la dignidad de la persona humana es el magnífico Discurso con que nos ha regalado esta tarde. Si lo leen con detenimiento, y eso es algo que les aconsejo vivamente, podrán comprobar que es realmente exhaustivo, que se trata de un verdadero tratado sobre la “violencia de género”, y que a partir de hoy se convertirá en trabajo de obligada consulta para quien quiera profundizar en el tema.

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Se podría también añadir que, además de un estudio completo, es una memoria pormenorizada del tema en cuestión, donde se analizan con rigor y seriedad intelectual la importancia del problema, su concepto, así como su etiopatogenia y las líneas maestras de su tratamiento.

A lo largo y a lo ancho de todo el Discurso se ha puesto de manifiesto la tremenda sinrazón de la llamada “violencia de género”, así como de su colosal falta de humanidad y de los gravísimos problemas que crea en toda la sociedad.

Y aún a riesgo de caer en la repetición permítanme que subraye algunos de los datos más relevantes que en él se recogen.

Fue la ONU el primer organismo internacional que reparó en la gravedad del problema al reconocer ya en 1993, que era el crimen encubierto más frecuente en el mundo, al tiempo que definía su concepto y establecía sus límites. A su vez la OMS en 1996, catalogó la violencia contra la mujer como un grave problema de salud pública.

Desde entonces acá el problema no solo no ha remitido sino que, más bien al contrario, se ha ido agravando hasta convertirse en una lacra social que, como señala Amnistía Internacional, ha adquirido caracteres de epidemia universal.

Cada año son asesinadas, víctimas de la violencia de género, unas 55,000 mujeres en todo el mundo y según las estadísticas elaboradas por el Instituto de la Mujer, en los últimos 10 años han fallecido en España por esta causa 670 mujeres, o lo que es lo mismo, una mujer ha sido asesinada cada semana.

Por otra parte el número de denuncias presentadas en España contra esta lacra social alcanzó, en el año 2015, la impresionante cifra de 129,193.

La violencia de género se ha convertido en la primera causa de muerte de mujeres jóvenes en España. Entre los 16 y los 44 años es la causa más frecuente de fallecimientos, estando muy por delante de las ocurridas por los diferentes cánceres o por los accidentes de tráfico en este mismo intervalo de edad.

De las 44 víctimas mortales españolas ocurridas en el año 2016, 6 lo fueron en nuestra Comunidad Autónoma, que tuvo igual número de casos que Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y hasta el mes de marzo del 2017 se han producido ya 20 defunciones de mujeres por este tipo de violencia.

Este dato y los demás, que se recogen en el trabajo, son realmente estremecedores y nos informan claramente de la gravedad de la situación. Una situación a la que hay que poner solución con toda urgencia, que a todos nos concierne y de la que nadie puede sentirse dispensado.

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Pero esta lamentable plaga no es un problema español en exclusiva, o algo que afecte principalmente a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino que por el contrario, es en las sociedades más evolucionadas donde este drama adquiere una mayor relevancia.

En los Estados Unidos, cada 15 segundos una mujer recibe una paliza a manos de su pareja, y cada 90 otra mujer es violada.

Rumanía, con 147 muertes en el año 2000, lideró en Europa esta triste clasificación, ocupando España el décimo lugar en el número de muertes y el quinto en maltrato entre los países de la Unión Europea, por detrás de algunos países más avanzados como Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Suecia.

Pero en estos primeros años del siglo XXI, las cosas no han ido a mejor, sino que más bien al contrario, se han desbocado y han empeorado de una manera muy significativa.

Llama mucho la atención el hecho de que sea precisamente en los países avanzados donde esta violencia siga cobrándose más víctimas, y que, en estos mismos países, sea donde empiecen a darse casos de defunciones del elemento masculino de la pareja.

En el Reino Unido más de 150 mujeres son asesinadas cada año y en Francia 1, 500,000 mujeres son maltratadas y 25,000 de ellas son violadas.

En Rusia 36,000 mujeres son apaleadas diariamente por sus parejas, y cada 38 minutos muere una, quedando impune el culpable de tan cobarde agresión.

En Alemania 40,000 mujeres requieren al año algún tipo de protección siendo más de 300 las mujeres y 84 los hombres fallecidos por violencia de género en 2015.

Ante la elocuencia de los datos aportados es fácil de concluir, que se trata de un fenómeno universal, que afecta a todos los países y que, de alguna manera, alcanza a toda la escala social.

A continuación Mercedes se dedica en su discurso a analizar, muy pormenorizadamente, las características psicológicas del agresor y de la víctima, la patología social donde se enmarca el síndrome violento y el contexto sociocultural donde se produce. Y aunque no soy experto en este tipo de patologías, he de confesar que también en este apartado el Discurso me parece completo, bien acabado y excelentemente rematado.

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La autora analiza los diferentes perfiles y síndromes psiquiátricos donde pueden ser encuadrados los maltratadores, el tipo de relaciones interpersonales que existen entre las víctimas y sus verdugos y el grado de aceptación o de comprensión que este problema puede suscitar en un determinado contexto social.

En un ambiente de violencia en general, en una sociedad excesivamente crispada y permisiva, o en un clima que facilite la ocultación del delito, se puede falsear la realidad del problema y tratar de justificar lo injustificable.

Pero estimo que, salvo en casos de un gravísimo deterioro de la capacidad cognitiva y de la voluntad del individuo que constituyen patologías perfectamente estudiadas y tipificadas en Psiquiatría, la libertad personal y el libre albedrio son los únicos responsables directos de la bondad o maldad de los diferentes actos humanos.

Viene a mi memoria aquello que le oí repetir a mi padre en innumerables ocasiones: “odia al delito y compadecerás al delincuente”. Con esta afirmación no pretendía justificar al que transgredía la ley, sino que trataba de hacernos comprender el grave desorden que supone un delito, que es algo que no puede dejarnos indiferentes y que, en muchas ocasiones, causa lesiones irreparables en las personas, en la sociedad e incluso en los que delinquen.

Por lo tanto, dada la frecuencia y la gravedad del problema y de la tremenda injusticia que supone, no es el momento de tranquilizar nuestra conciencia con un simple “basta ya”, o con un “yo no lo haré”. Por el contrario todos debemos sentirnos interpelados por una situación gravemente peligrosa, a la que hasta ahora no se ha sabido poner remedio ni encontrarle solución adecuada.

En el trabajo de la Profesora Martínez León se recogen muchas, por no decir todas, las medidas legales y protocolos de actuación, que tanto desde el Gobierno de la Nación como desde los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas, se han ido arbitrando para tratar de prevenir y de remediar tan tremendo problema.

He de confesar que, por un momento, me he sentido abrumado por la gran cantidad de documentación que aporta. Sinceramente no pensaba que, a nivel legislativo, se hubiese trabajado con tanta constancia en su prevención ni con tanto ahínco en su resolución.

No obstante, pienso que algo no estamos haciendo bien y que, de alguna manera, todos podemos sentirnos corresponsables. Se dan palos de ciego con – 321

campañas informativas, protecciones policiales, denuncias previas, juzgados especializados… pero se nos escapa aquello que nos explique qué ley puede detener a un hombre que ha decidido matar a su compañera y luego quitarse la vida él mismo.

Y es que en verdad no existe motivo alguno que justifique tan tremenda barbarie, ni discurso medianamente razonable, que pueda darnos un poco de luz para poder resolver definitivamente este problema a corto y medio plazo.

Las soluciones, tal y como se indica en el Libro, hay que buscarlas arbitrando medidas que conjuguen el verbo prevenir a largo plazo con medidas, concretas y puntuales, que permitan evitar los delitos y castigar conforme a derecho a los delincuentes.

Ciertamente es al poder legislativo y al poder judicial a quienes les compete establecer las medidas concretas que lleven a poder proclamar que, contra la violencia de género, existe “tolerancia cero”. Pero no es menos cierto que es toda la sociedad la que debe sentirse convocada a erradicar de nuestro entorno este problema.

Decía el Prof. Sánchez Cámara hace unos días en su Tercera de ABC que, “las sociedades democráticas podían conducir alternativamente a la libertad o a la servidumbre, a la civilización o a la barbarie, al bienestar o a la miseria.

Depende de sus ciudadanos”. Por tanto somos todos nosotros, los ciudadanos “de a pie”, los que estamos llamados a crear un clima que rechace de plano toda forma de violencia y a promover ya desde la infancia una educación en valores.

Y para esta educación en valores, la familia se convierte en protagonista y ocupa un lugar principal e insustituible.

Una familia normalmente estructurada, es el lugar natural donde los hombres y las mujeres aprendemos a respetarnos, a convivir y a conocer las diferencias de orden natural que existe entre los dos sexos, al mismo tiempo que a proclamar sus mismos derechos e idéntica dignidad.

La familia es pues el lugar donde se inicia una adecuada promoción de la mujer dentro de la sociedad. Y aunque solo fuera por este único motivo, la familia se convierte así en el foco más importante de humanización que existe.

Por tanto como primera medida hay que devolverle a la familia, tanto desde un punto de vista legislativo como de opinión pública, ese lugar relevante que le corresponde por ser la fuente del amor, de la entrega y de la confianza, aunque desgraciadamente algunas veces falle.

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Y esta labor de “educación en valores” debe continuar a lo largo de todo el proceso de maduración del individuo y de la sociedad, de modo que resulte natural el rechazar de plano cualquier planteamiento, teórico o práctico, que lleve a poner en solfa la dignidad de la mujer. Siempre que un varón actúa contra la dignidad femenina, está actuando contra su propia dignidad.

Mucho se ha avanzado en estos últimos años sobre el papel de la mujer en la sociedad, pero no obstante no podemos “tirar la toalla”, sino que hay que seguir avanzando en estos planteamientos hasta conseguir erradicar cualquier tipo de discriminación.

Pienso que cada uno de los sexos tiene algo particular que aportar a la vida social, pero eso no conlleva una relación de subordinación de un sexo hacia el otro, ni siquiera una relación de competencia, sino más bien al contrario una relación de complementariedad.

No obstante hay que decir bien alto que la mujer tiene claramente un papel que no puede ser compartido por el varón. Y que ese papel es, ni más ni menos, que el de ser madre, ya que fue creada para eso y para asumir esa hermosa responsabilidad.

La familia destruye como por ensalmo, cualquier perspectiva que pretenda proponerse como una lucha de sexos, como una “ideología de género”, que ahora está tan de moda y que es una gran superchería, porque no es que pretenda acabar con las diferencias hombre-mujer, sino que pretende algo mucho más insensato como es redefinir la naturaleza humana.

Y esta “ideología de género” que lleva a perder la percepción de la realidad debido a sus intereses apriorísticos, sin duda se nutre de familias desestructuradas y de una concepción falsa de la libertad.

Creo que recordarán esa gran película titulada “La costilla de Adán” donde se plantea una rivalidad profesional entre marido y mujer, que acaba conduciendo a una crisis matrimonial. Pues bien cuando al final de la película se produce la reconciliación, Spencer Tracy dice a su mujer, Katharine Hepburn, en una escena muy romántica “somos iguales pero ¡viva la diferencia!”.

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He de ir acabando, el tiempo pasa de manera inexorable y he de poner fin a mis palabras, porque temo haberme alargado en demasía. ¡Querida Mercedes! Mi más cariñosa felicitación para ti, para tus padres, Regina y Pelegrin, para tu hermana Camy, para Segunda y para toda tu familia, que sé que están participando y viviendo esta ceremonia con grande alegría y muchísima emoción.

Esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid se siente muy complacida y se auto felicita, porque desde hoy cuenta en su Claustro con una nueva y gentil Académica que la va a enriquecer con su sabiduría médico-legal y con su juventud.

Y todos los aquí presentes mucho nos alegramos de qué, cómo nos tienes acostumbrados, sigas impartiendo tu magisterio desde esta Tribuna; porque como dijera Antonio Díaz Cañabate: “Lo magistral siempre es bello”. ¡Profesora Martínez León! En nombre del Excmo. Señor Presidente os doy la bienvenida a esta Real Corporación, tres veces centenaria, que ha vestido sus mejores galas para recibiros.

He dicho.

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Índice

PREÁMBULO..................................................................................................... 7 I. INTRODUCCIÓN......................................................................................... 11 Diferenciación entre los conceptos de “violencia doméstica” y “violencia de género”........................................................................................ 11 Importancia del problema................................................................................ 16 Origen, dinámica, mantenimiento de la violencia............................................ 24 El proceso de la violencia: dinámica del síndrome de maltrato a la mujer......... 26 Características de la violencia sobre la mujer desde el punto de vista clínico: síndrome de agresión a la mujer y síndrome de maltrato a la mujer.................. 29 ¿Por qué no huyen de la relación violenta las mujeres que sufren las agresiones?.................................................................................................. 35 Repercusiones y consecuencias en los hijos e hijas expuestos a violencia de género......................................................................................................... 37 II. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES. ..... 41 Estudio sobre violencia de género en jóvenes españoles realizado en el área de medicina legal de la Universidad de Valladolid .................................................... 41 Situación actual................................................................................................ 42 Material y Método........................................................................................... 44 Resultados........................................................................................................ 45 Discusión......................................................................................................... 50 Conclusiones................................................................................................... 52 III. VIOLENCIA Y MALOS TRATOS EN PERSONAS MAYORES................. 56 Tipos de abusos................................................................................................ 62 Etiología y factores de riesgo............................................................................ 65 Perfil de la víctima y del posible cuidador responsable del abuso...................... 70 Decisiones en Medicina y Edad........................................................................ 73 Iatrogenia en Geriatría..................................................................................... 78

Maltrato Institucional...................................................................................... 82 Papel del médico en la Identificación del síndrome de malos tratos en las personas mayores.................................................................................... 88 Medidas de prevención ................................................................................... 94

IV. PERFILES DEL MALTRATADOR............................................................... 96 Actuaciones dirigidas a hombres....................................................................... 106 Programas voluntarios dirigidos a maltratadores en las Comunidades Autónomas ............................................................................... 107 V. MALTRATO DE GÉNERO EN EL ÁMBITO SANITARIO......................... 110 Actuación en Medicina de Urgencias............................................................... 111 Actuación en Medicina de Atención Primaria y Especializada.......................... 116 Actuación sanitaria e Intervención de la Medicina Legal y Forense en la Violencia de Género................................................................... 130 Exploración y valoración de las lesiones físicas de la víctima............................. 134 Exploración y valoración psicológico-psiquiátrica de la víctima........................ 142 Exploración psicológico-psiquiátrica y valoración de la peligrosidad del agresor........................................................................................................ 152 Valoración de las otras víctimas (hijos y padres)................................................ 154 Valoración médico-forense integradora............................................................ 155 Datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid.................................................................................... 157 Parte de lesiones e informe médico................................................................... 164 Modelo parte de Lesiones............................................................................ 167 VI.ASPECTOS LEGISLATIVOS Y ÉTICOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO............................................................................... 172 Evolución legislativa histórica de la violencia de género.................................... 172 Diferentes reformas o etapas legislativas: de la violencia intrafamiliar a la violencia de género.................................................................................... 173 Actividad de la administración frente a la violencia de género.

Normativa en Castilla y León........................................................................... 182 Legislación de Comunidades Autónomas en materia de violencia de género..... 197 Comunidad Autónoma de Castilla y León................................................... 202

Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León................................................................................................. 213 Ética en la violencia de género.......................................................................... 223 VII. PREVENCIÓN .......................................................................................... 228 Prevención de la violencia de género en la Universidad.................................... 230 Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Universidad de Valladolid........................ 231 ¿Qué hacer para prevenir la violencia?.............................................................. 237 VIII. RECURSOS SOCIALES Y AYUDAS ........................................................ 247 De ámbito Estatal............................................................................................ 248 De ámbito Autonómico................................................................................... 250 IX. DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO...................................................................................................... 252 Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género ................ 268 Derechos de las mujeres españolas víctimas de violencia de género fuera del territorio nacional ...................................................................................... 273 Derechos de las víctimas del delito de los que también son titulares las víctimas de violencia de género ....................................................................... 274 X. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 285 ANEXO............................................................................................................... 299 Discurso de contestación del Ilustrisimo Señor Dr. D. José Rabadán Jiménez.

Académico de número.......................................................................................... 311