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guĂ­a de ciudades Kit operativo para entender nuestros barrios, ciudades y territorios Agosto 2017


EQUIPO GUÍA DE CIUDADES editor general y diseño |

mario ormazábal

asistente editorial |

pablo juica

asistente de diseño |

gastón vega

asistentes técnicos |

javiera martínez, liliana rosa, fernando toro y camila ureta editores de contenidos|

henry bauer, pilar beltrán, geraldine espinoza, claudia gonzález, dámaso jara, pablo juica, marcela lladó, mauricio maldonado,

mario ormazábal, hernán orozco, ricardo riveros, tatiana rojas, ana sugranyes, fernando toro, gastón vega y cristian weason contacto |

rd.guiadeciudades@gmail.com

1era Edición Impresión: 30 ejemplares Copyright @Comisión Ciudades y Territorio Revolución Democrática Agosto 2017


Guía de Ciudades tiene por finalidad contribuir a la discusión en torno a los barrios, ciudades y territorios que habitamos, instando a su debate crítico y a la transversalidad de su influencia en el desarrollo de nuestro país. Creemos que el espacio habitado, tal cual lo percibimos, es ante todo una construcción social. En este sentido todas y todos los habitantes de un territorio determinado somos producto y productores del mismo. Influenciamos y modificamos el territorio, y las consecuencias de ello afectan directamente la manera en que nos desarrollamos como sociedad. En año de elecciones y de la conformación del Frente Amplio, en la construcción cotidiana de las bases sociales para el Chile que queremos, esta discusión es imprescindible. Debemos cambiar el paradigma que establece el espacio habitado como escenario estático de nuestro desarrollo social por uno que lo considere parte constitutiva del mismo. Esta guía, representa parte del trabajo colectivo que hemos realizado como comisión, y pretende ser un punto de inicio para la expansión de la discusión sobre las Ciudades y los Territorios Democráticos. Consideramos que los temas aquí tratados son fundamentales para las aspiraciones de un Chile más justo, igualitario y en donde todas y todos sus habitantes reciban de manera justa los beneficios espaciales del hábitat del cual son parte. Abrimos este espacio de discusión para avanzar en el desarrollo de nuestro territorio .


EL PROCESO DETRÁS DE LA GUÍA DE CIUDADES Como coordinadora de la Comisión de Ciudades y Territorio y en nombre de todas y todos sus integrantes, les doy el más cordial saludo esperando un buen recibimiento de la Guía de Ciudades 2017, documento elaborado por esta comisión. La guía que compartimos con ustedes, nos llena de alegría y orgullo y es en cierta medida fruto del trabajo de todas y todos los integrantes que ha tenido está comisión durante sus 5 años de funcionamiento. Poder poner en sus manos esta guía, materializa un proceso que comenzó en el año 2012. El año 2012, se dio inicio al trabajo de la Comisión de Ciudades y Territorio, bajo la convicción de que nuestro entorno no representa sólo el escenario fijo donde se mueve nuestra vida cotidiana, sino que la ciudad, el territorio y sus habitantes conforman un sistema vivo, cuya configuración y salud, son consecuencia del modelo económico, social y político imperante. Para nosotros, es fundamental crear conciencia de la importancia de que todas y todos podemos y debemos ser parte de la construcción de nuestro hábitat; creemos que mediante la creación de una nueva institucionalidad y nuevos instrumentos que democraticen el poder ciudadano, se podrán garantizar estándares dignos de calidad de vida en comunidad, elementos de un modelo sustentable para nuestras ciudades y territorios. En los inicios del 2013, la Comisión revisó todos los ámbitos de preocupación en su quehacer, definiendo así las 9 Revoluciones en Ciudades y Territorio que Chile necesita. La segunda parte del 2013, la Comisión se avocó a repensar el país como escenario de numerosos y constantes desastres naturales, llegando a elaborar una propuesta de Política Nacional para la Reducción de Riesgos Socio-Naturales. El 2014, ante la promulgación por parte de este gobierno de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la conformación de una Comisión del mismo nombre, nuestra comisión trabajó en lo que consideró uno de los elementos más importantes de esta nueva etapa, la construcción de una Política de Suelos Integradora.


El año 2015, la comisión se organizó a través de grupos de trabajo que permitieron reordenar las prioridades y proponer los 7 Principios de las Ciudades Democráticas. El año 2016, las elecciones municipales nos pusieron el desafío de aterrizar nuestros principios a la realidad local, para así cooperar activamente en los programas de nuestros candidatos. Como resultado de ese trabajo, nacen los sellos de la Comisión, que dan origen y estructura a la guía que hoy estamos presentando. Este año 2017, se concreta el trabajo que comenzó el año anterior recogiendo la necesidad de agrupar y ordenar los contenidos discutidos y desarrollados por la comisión, en una guía que pueda acercar los contenidos a los habitantes del territorio. La contingencia electoral nuevamente nos moviliza, como comisión valoramos la entrega y la valentía de todas las candidatas y candidatos de RD. Es por esto, que con el objetivo de apoyar su trabajo programático, quisimos entregar esta guía en primer lugar a ustedes. Quiero agradecer a Mario Ormazábal, Pablo Juica y Gastón Vega, equipo que lideró y coordinó este proyecto, compañeros de la comisión que impulsaron permanentemente este desafío, puntales esenciales de este gran trabajo. Agradecer también a los autores de los contenidos que conforman la guía, quienes aportaron con sus conocimientos en cada tema. Y a todas y todos los integrantes de la comisión que trabajaron en alguna de sus instancias. Espero que esta guía sea de la mayor utilidad posible, tanto para nuestros candidatos, como para el despliegue de nuestras ideas. Siendo este el punta pie inicial para trabajar en conjunto y de manera articulada. Sabemos que la ciudad y los territorios son una construcción social en donde todos intervenimos, los cambios en política urbana son a largo plazo, por ello, los invito a seguir trabajando con nosotros, construyendo día a día la sociedad, una sociedad más inclusiva, justa y democrática . camila ureta | coordinadora comisión de ciudades y territorio 2017


¿POR QUÉ HACER UNA GUÍA DE CIUDADES? Las ciudades nos enferman o nos ayudan a sanar, nos excluyen o nos integran, nos rechazan o nos reconocen, nos desprecian o nos dignifican. El territorio y las ciudades se subordinan al modelo económico y social imperante, en la actualidad este modelo pone al capital por sobre la dignidad humana. Las consecuencias de esto las podemos ver en nuestro diario vivir, perjudicando nuestros entornos y nuestra calidad de vida en todas sus dimensiones. Por lo anterior resulta necesario construir las condiciones para que esta realidad comience a cambiar. Guía de Ciudades 2017, da un importante paso en esta dirección. Los invito a pensar en el «Poder transformador de las palabras y de las acciones» - Las palabras organizadas articulan ideas, —las hacen existir—. - Las ideas organizadas pueden inspirar. - La inspiración puede impulsar acciones capaces de cambiar nuestra realidad El cambio posible es directamente proporcional a nuestra capacidad de imaginar, soñar y ordenar las ideas, pero también a nuestra capacidad de convertirlas en acción. Para que el cambio sea positivo y estable, este debe perseguir el bien común. Los esfuerzos y la energía utilizada en reunir y organizar los contenidos en esta Guía de Ciudades apuntan a visibilizar las ideas y los argumentos generados como Comisión, para ser consultados, revisados, criticados, discutidos y profundizados por todas y todos

mario ormazábal | editor general y diseño guía de ciudades 2017


¿PARA QUÉ SIRVE LA GUÍA DE CIUDADES? La Guía de Ciudades es un insumo para abrir discusión frente a temas urbanos que desde la Comisión de Ciudades y Territorio de Revolución Democrática nos parecen fundamentales para llevar adelante los cambios que Chile necesita para materializar ciudades más justas, integradas y democráticas. De esta manera, la Guía de Ciudades no tan solo es el reflejo del trabajo interno que lleva adelante la Comisión, sino que nos permite abrir y transparentar las reflexiones que realizamos, buscando involucrar a un mayor número de personas en la discusión de los temas urbanos que consideramos relevantes para avanzar hacia una producción de territorios menos desiguales. Asimismo, en un año de elecciones y dónde hemos logrado junto a otros movimientos políticos y organizaciones ciudadanas la conformación del Frente Amplio, la Guía de Ciudades representa un insumo para la discusión y profundización programática, manifestando lineamientos e iniciativas políticas que consideramos relevante transmitir a los distintos candidatos e incorporar a sus respectivas agendas. Finalmente, la Guía de Ciudades la planeamos como un insumo abierto a ser modificado, alterado y debatido. En este sentido, la Guía es además un puente de conexión con toda la diversidad de perspectivas y formas de habitar de los distintos habitantes del territorio, y es una herramienta que nos permite recibir feedback por parte de ellos mismos. Lejos de considerar la Guía como una solución a la ciudad, la planteamos como una discusión abierta, desde dónde podamos reconocer las demandas de los distintos habitantes del territorio y seguir profundizando nuestro trabajo como Comisión

pablo juica | asistente editorial guía de ciudades 2017


¿QUÉ ES LA GUÍA DE CIUDADES? La presente guía busca ser dos cosas; primero una guía para abrir temas desde las miradas, conversaciones y documentos construidos por los miembros la Comisión de Ciudades y territorios de Revolución Democrática, y segundo ser un documento que el usuario/portador complemente cuestiones y debata. En la primera dimensión la guía tiene como objetivo ampliar y complejizar las 12 áreas temáticas iniciales, pues esperamos sumar más, entregadas como sellos de la comisión y se le adjuntan 13 textos específicos desarrollados para esta guía. Con esta batería de temas buscamos abrir en nuestro partido la temática de ciudad y salir a debatir frente a otros espacios políticos nuestras ideas y preguntas para la ciudad. En la segunda dimensión buscamos que tú, como propietario objetivo o casual de esta guía, debatas, cuestiones y complementes los textos de la misma. Queremos que la guía sea un libro de cabecera/compañía sobre estos temas; considerando desde su génesis que es más una propuesta que una verdad absoluta, que queda abierta a discutirse, estudiarse y complementarse. Y esa es tu tarea como propietario de este documento

gastón vega | asistente de diseño guía de ciudades 2017


ÍNDICE PRINCIPIOS Y SELLOS | ANEXOS gobernanza, gestión y planificación de ciudades y territorio nueva institucionalidad | gobierno de ciudad descentralización | la redistribución del poder participación ciudadana | participación activa ciudad inclusiva | reconocer la diversidad sostenibilidad y resilencia de comunidades, ciudades y territorios comunidades resilientes | gestión sostenible del riesgo movilidad sostenible | integración en la ciudad territorios rurales | desarrollo y planificación rural patrimonio | procesos de patrimonialización derechos sociales, estándares y condiciones para el buen vivir derecho a la ciudad | justicia social urbana ciudad integradora | centralidad e integración vivienda de interés público | derecho al habitar digno espacio público | generación de comunes urbanos - equidad en el paisaje


GOBERNANZA, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CIUDADES Y TERRITORIO

NUEVA D A D I L A N O I C U T I T INS


a

ropolitan

ciamet democra

#

eciudad

nod #gobier

politano o r t e m o n #gobier a adurban d i l a n o i nstituc #nuevai


PRINCIPIO Coordinación institucional para la planificación y gestión de ciudades y territorios, mediante una autoridad pertinente e instrumentos efectivos. Será importante el fortalecimiento o creación de una autoridad que vele por el territorio regional o área metropolitana, que tenga especial énfasis en la superación de los desafíos urbanos y que coordine bajo lineamientos estratégicos los objetivos sectoriales (desde arriba) y municipales (desde abajo). Al mismo tiempo, es necesario restablecer los equilibrios de poder, que permitan a ésta autoridad coordinar, interceder y velar por el cumplimiento de una agenda regional común. Además, será necesario el fortalecimiento de los instrumentos de planificación territorial existentes y la formalización de instrumentos de gestión urbana que los complementen. En Chile, la planificación urbana y el ordenamiento territorial son abordados desde diversas instituciones públicas (al menos 17 organismos estatales) como: Municipios, GORE, múltiples Ministerios con sus secretarias y divisiones, cada uno con sus propios objetivos y agendas. Lo anterior, genera un complejo sistema debido a la diversidad de instituciones públicas con atribuciones territoriales, las que deben ser articuladas en ausencia de lineamientos políticos claros guía de ciudades

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SELLO Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la planificación territorial desde las distintas escalas espaciales y sociales del territorio. Creación de una plataforma de levantamiento de datos y patrones socioespaciales de libre acceso, para la elaboración de propuestas ciudadanas e institucionales sobre el territorio. Modificar el financiamiento de los Municipios, otorgando mayor asignación al Fondo Común Municipal y fortaleciendo la distribución en comunas con habitantes de menores ingresos económicos. Crear autoridad mayor que coordine planificación territorial e implementación de infraestructura tanto desde una perspectiva local como global sobre los territorios metropolitanos. Ampliación de los Consejos Regionales, incorporando mesas ciudadanas y académicas locales a la discusión y ejecución de los Fondos Nacionales de Desarrolo Regional.

principios y sellos

| nueva institucionalidad


GLOSARIO aportes estatales permanentes Financiamiento complementario. El porcentaje y el destino de estos recursos muchas veces dependerá de los objetivos centrales del gobierno nacional o regional. autoridad metropolitana Según la experiencia de países desarrollados, es un factor común que la autoridad no sea una persona o un cargo único, sino más bien una entidad compleja basada en la democracia y con poder autónomo (gobierno), sin necesariamente contradecir el poder Estatal, Federal o Regional, según sea el caso. democracia metropolitana El uso del sufragio universal directo para la elección de casi todos los miembros de los distintos poderes que pueda tener el Gobierno Metropolitano. Así como los recursos generados por la ciudad deben nutrir financieramente al sistema de gobierno de la ciudad, el voto de los ciudadanos debe nutrirlo de democracia y legitimidad. sistema tributario propio Es imprescindible que la producción y las actividades de una urbe sean el motor de sí misma, y es sólo a través del pago de impuestos territoriales y comerciales que puede darse el círculo virtuoso (Ingresos Autónomos > Gasto Municipal > Calidad de Vida).


NUEVA INSTITUCIONALIDAD - GOBIERNO DE CIUDAD

Henry Bauer, Mario Ormazรกbal

Nueva institucionalidad Gobierno de Ciudad e instrumentos efectivos para la coordinaciรณn de la gestiรณn y planificaciรณn de ciudades y territorios


De los 34 países de la OCDE todos cuentan con alguna modalidad de gobierno de ciudad excepto tres, Israel, Corea del Sur y Chile. Coincidentemente, Chile es el país más desigual de dicho grupo. Santiago (así como todas las ciudades en Chile) no tiene una institucionalidad, gobierno o figura legal que le permita ser administrada como ciudad. Se encuentra en un espacio de ambigüedad administrativa entre una Intendencia Regional, y un conjunto de 37 municipalidades con presupuestos proporcionales al nivel socioeconómico. El presupuesto desigual de los distintos municipios determina la calidad y cantidad de la producción de bienes públicos en cada guía de ciudades

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comuna y en consecuencia impacta directamente en la calidad de vida. Según lo muestra la experiencia de países desarrollados, la implementación de sistemas de gobierno metropolitanos e intercomunales, funcionan cumpliendo con tres aspectos fundamentales: autonomía respecto de la estructura del estado nacional, un presupuesto único a través impuestos de ciudad y democracia metropolitana a través de sufragio universal directo. Un camino imprescindible para reducir la desigualdad, promover el crecimiento en las regiones y alcanzar el desarrollo simultáneo en las ciudades de Chile nueva institucionalidad

| gobierno de ciudad


Recomendaciones para una Institucionalidad Urbana de Santiago. La desigualdad en los niveles de calidad de vida de las comunas del Gran Santiago, descrita ampliamente en la literatura, hace necesaria la existencia de todo un sistema de gobierno de ciudad. El primer paso es la determinación de cuál es el territorio metropolitano, y despejar la recurrente confusión entre área metropolitana y región metropolitana (si bien, área y región podrían ser sinónimos en el lenguaje común, en un sentido político y administrativo son dos entidades de naturaleza y objetivos diferentes). Como vimos al comienzo, Santiago no tiene una definición territorial ni política precisa. Quizás no sea necesario establecer un límite dibujado en un plano , sino más bien establecer los criterios de cuáles comunas serán parte del gobierno urbano, simplemente porque las decisiones que se tomen tendrán efectos más o menos directos en ellas. Para la creación de una autoridad metropolitana de Santiago se recomienda ya sea un sistema supramunicipal (Londres) o intermunicipal (Francia) (Salazar, 2014). En ambos casos es ineludible considerar la debida autonomía, legitimidad y representatividad que logre hacerse cargo de las inequidades producidas por el desgobierno. Para ello se debe considerar la incorporación de los siguientes tres requisitos fundamentales: a. Una autoridad metropolitana con un poder ejecutivo plural (Consejo o Asamblea), o en su defecto un poder ejecutivo unipersonal acompañado de un poder legislativo de la ciudad. Es fundamental que esta autoridad (sistema) no reciba instrucciones directas de poder central, y por lo tanto que no pertenezca a las estructuras nacionales de jerarquía basada en cargos de confianza y visiones sectoriales (Manteniendo, por supuesto, la soberanía de la nación por sobre la ciudad y el respeto por la constitución de Chile). Además es necesario que la autoridad contenga a los representantes de los gobiernos locales que pertenezcan a la metrópolis. La autoridad metropolitana deberá establecer las prioridades para el uso de los recursos según los intereses de la ciudad en su conjunto, definir políticas de acción y definir los mecanismos para guía de ciudades

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implementarlas. Respecto a sus competencias, la autoridad metropolitana debe hacerse cargo de los aspectos más obvios como trasporte público, planificación territorial, medioambiente, obras públicas, pero puede perfectamente ampliar su campo de acción. Las necesidades de una ciudad cambiarán constantemente y las tareas de un gobierno metropolitano deben ajustarse a ellas. b. Un sistema tributario propio que reúna los impuestos generados en todas las comunas de la ciudad, para la conformación de un presupuesto único disponible para las prioridades establecidas por el gobierno y sus representantes. El financiamiento autónomo de los actuales municipios del Gran Santiago está estrechamente relacionado con los niveles de calidad de vida de sus habitantes (mejores oportunidades laborales, mejores educación, mejor salud pública, mejores espacios públicos, mayor seguridad, etc.) y este con el nivel de ingresos de los hogares, de esta forma, los municipios mejor financiados y con mejores oportunidades son los más caros para vivir, y los que concentran las riquezas públicas y privadas. Si todos los presupuestos de la ciudad fuesen reunidos en un único Presupuesto Metropolitano, la dirección de los recursos podrá definirse con criterios democráticos y según las necesidades más prioritarias de la ciudad, para aumentar la calidad de la ciudad en su total. Si la calidad de vida aumenta en otros sectores de Santiago, las oportunidades mejoran, y con ellos la productividad global. Es importante que los impuestos metropolitanos logren el objetivo de la máxima recaudación sin crear incentivos a que las personas más ricas abandonen la ciudad ya que sería un contrasentido para la diversidad y economía urbana (Glaeser, 2011), es por ello que si bien es posible aplicar un impuesto a la renta proporcional a los ingresos de los hogares, será necesario establecer un equilibrio conveniente para toda la ciudad. Es preferible que el presupuesto metropolitano se distinga del presupuesto estatal para la ciudad y que ambos tengan fines distintos.

nueva institucionalidad

| gobierno de ciudad


c. Sufragio universal directo (vigente actualmente para los alcaldes y concejales) en la elección de todos los integrantes del gobierno metropolitano, así como de aquellos de los consejo urbanos, asamblea ciudadanas, representantes locales, etc. La práctica democrática de los habitantes de barrios, comunas y la ciudad en general legitima las decisiones del gobierno (Aguilar, 2006) y estimula el involucramiento de las personas en los procesos políticos y participativos ya que sus intereses se vuelven relevantes. Finalmente, la democracia solo es tal cuando las personas sienten que tienen algo que ganar a través de su participación activa. Las ciudades deben representar políticamente la diversidad y heterogeneidad cultural, social, étnica, religiosa propia de las aglomeraciones urbanas, y para alcanzar a representar sus intereses los procesos democráticos al interior de ellas son fundamentales (Jouve, 2004). Para un estado nacional, la inclusión puede tratarse de un tema en la agenda, pero en las ciudades es imprescindible que sea parte del proceso representativo de conformación del propio gobierno local y metropolitano. Un gobierno metropolitano con sufragio universal directo es una herramienta para alcanzar una de las características propias del desarrollo: el perfeccionamiento de la democracia. Aplicabilidad en otras áreas urbanas de Chile. Pensar en un Gobierno Metropolitano para Santiago podría parecer una exacerbación del centralismo de la capital, otorgándole más poder y autonomía, sin embargo, la gobernabilidad de las ciudades es extensible a otras ciudades del país. En Chile, además de Santiago, existen otras ciudades compuestas dos o más comunas conurbadas que mantienen una interdependencia microeconómica cotidiana y que conforman áreas metropolitanas consolidadas, como el Gran Concepción y el Gran Valparaíso, para los que es perfectamente factible y beneficioso aplicar gobiernos metropolitanos que promuevan la descentralización efectiva desde la propia ciudadanía, sin necesidad de esperar que el estado central se apiade de ellos, gestione recursos, coordine los actores e implemente políticas en los tiempos adecuados. Existen otros casos que deberían contar con algún modelo de gobierno especial. guía de ciudades

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Un gobierno metropolitano en distintas ciudades del país es una oportunidad única para promover un desarrollo equitativo no sólo al interior de cada ciudad sino que también entre las ciudades del país. Si los municipios de Chile tienen incentivos para asociarse y establecer un gobierno con presupuesto propio, mayor autonomía y democracia metropolitana, el desarrollo se crearía desde las mismas regiones y el estado chileno estaría en posición ya no de rescatarlas del empobrecimiento, sino de coordinarlas en los objetivos comunes de la nación

Bibliografía • Aguilar, L. (2006). Gobernanza y gestión pública. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. • Glaeser, E. (2011). El triunfo de las ciudades. Traducción al castellano de Federico Corriente B. México DF. Santillana Ediciones Generales. • Jouve, B. (2004). La Democracia Local: Entre el Espejismo Neotocquevillista y la Globalización, en Revista de Ciencia Política, Volumen XXIV / Nº 2 /pp. 116-132, Santiago. • OECD (2014), OECD Regional Outlook 2014: Regions and Cities: Where Policies and People Meet, OECD. [en línea] disponible en http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/ urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2014_9789264201415-en#page8 [Consultado en Noviembre 2014]. • Salazar, A., (2014) “Gobierno Metropolitano para Chile: ¿Una mejora en la planificación urbana, coordinación política y desarrollo?” en Asuntos Públicos [en línea] disponible en http:// www.asuntospublicos.cl/downloads/gobiernometropolitanoparachile-08-07-2014 [Consultado en Agosto 2014].

nueva institucionalidad

| gobierno de ciudad


GOBERNANZA, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CIUDADES Y TERRITORIO

N Ó I C A Z I L A R T N E C S DE


icipativa

#

ciapart democra

fectiva e n o i c a z i tral #descen lpoder e d n o i c #devolu r delpode n o i c u b i r #redist


PRINCIPIO Fortalecimiento de las capacidades institucionales regionales y locales, para el desarrollo territorial descentralizado. La descentralización, junto a los múltiples y diferenciados desafíos urbanos y territoriales, exigen de un esfuerzo importante por aumentar la capacidad técnica, la autonomía económica y las atribuciones de las autoridad locales, que mejoren el deficiente proceso de delegación de potestades hacia los gobiernos regionales y los municipios. Si bien existen esfuerzos importantes por dotar a gobiernos regionales y locales de mayores capacidades, es claro que la mayoría de los equipos profesionales no cuentan ni con presupuestos ni con recursos humanos acordes a la complejidad de sus áreas urbanas y territorios. A su vez, los equipos se enfrentan muchas veces a problemas derivados de la falta de atribuciones para articular la toma decisiones, lo que se evidencia por ejemplo en la compleja relación entre agendas regionales (GORE) y políticas de nivel central (SEREMI)

guía de ciudades

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SELLO Articular el territorio de manera descentralizada, ampliando las facultades de los gobiernos regionales y municipales, potenciando así su propia planificación territorial. Disminución de la estructura de poder centralizado, fomentando la elección popular de los distintos actores regionales con incidencia en la planificación territorial de sus regiones. Potenciar la dotación de competencias a las instancias administrativas locales, tanto regionales como municipales, robusteciendo su planificación y organización territorial. Propender el fortalecimiento de capacidades y competencias ciudadanas a nivel subnacional, incentivando la generación y distribución de capital humano avanzado en las regiones. Aumentar la capacidad técnica, la autonomía económica y las atribuciones de las autoridades locales, mejorando el deficiente proceso de delegación de potestades hacia los gobiernos regionales y municipios por parte del gobierno central.

principios y sellos

| descentralización


GLOSARIO democracia participativa Modelo político que facilita a la ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. descentralización Proceso de distribución de poderes hacia la ciudadanía, legitimado por el principio de soberanía popular en el que todo régimen democrático debiera sustentarse. estado democrático Estado en que el poder se distribuye de manera equitativa para la promoción y desarrollo de las identidades territoriales y/o nacionales, estructurándose de modo de generar reales gobiernos locales, pudiendo reafirmarse así la autonomía territorial como elemento fundamental de la democracia. gobierno metropolitano Un gobierno metropolitano en distintas ciudades del país es una oportunidad única para promover un desarrollo equitativo no sólo al interior de cada ciudad sino que también entre las ciudades del país. regionalización Proceso de distribución de los poderes concentrados en un aparato estatal centralizado en la capital de Santiago, hacia la generación de instituciones del Estado con diversos niveles de poder autónomo de tipo regional.


DESCENTRALIZACIÓN - LA REDISTRIBUCIÓN DEL PODER

Geraldine Espinoza

Descentralización La redistribución del poder


Chile se caracteriza por una estructura de poder político y económico altamente centralizada, que ha generado fuertes resistencias a ceder espacios de poder, por lo que la descentralización ha permanecido prácticamente estancada. La descentralización es un proceso de devolución del poder desde el centro hacia los territorios, las instancias locales y los ciudadanos, que son la fuente de legitimidad del ejercicio del poder en un sistema democrático. La descentralización es un tema que ha estado en la palestra, de igual forma que encontrar mejores maneras de afrontar la complejidad de los entramados urbanos y territoriales, frente a esto, la devolución guía de ciudades

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del poder a las regiones y a las administraciones locales, se encumbra como una de las mejores opciones para desentramar la complejidad urbana y territorial, ya que promueve la asociación intercomunal, la elección de las autoridades municipales y regionales y por ende la administración directa de sus territorios. La descentralización permite devolver el poder desde el nivel central hacia las instancias subnacionales y fortalece los mecanismos de participación para construir ciudad y territorio, permitiendo que la gestión, planificación y articulación del entramado urbano y territorial surja desde lo local descentralización

| la redistribución del poder


Chile se caracteriza por una estructura de poder político y económico altamente centralizada, que ha generado fuertes resistencias a ceder espacios de poder, por lo que la descentralización ha permanecido prácticamente estancada (Ley n° 20.990). La descentralización es un proceso de devolución del poder desde el centro hacia los territorios, las instancias locales y los ciudadanos, que son la fuente de legitimidad de ejercicio del poder en un sistema democrático. La descentralización es un tema que ha estado en la palestra, de igual forma que encontrar mejores maneras de afrontar la complejidad de los entramados urbanos y territoriales, frente a esto, la devolución del poder a las regiones y a las administraciones locales, se encumbra como una de las mejores opciones para desentramar la complejidad urbana y territorial, ya que promueve la asociación intercomunal, la elección de las autoridades municipales y regionales y por ende la administración directa de sus territorios. La descentralización permite devolver el poder desde el nivel central hacia las instancias subnacionales y fortalece los mecanismos de participación para construir ciudad y territorio, permitiendo que la gestión, planificación y articulación del entramado urbano y territorial surja desde lo local. En la actualidad existe un proceso de reformas; una de ellas es la modificación de la constitución para instituir la figura de un gobernador (antes intendente) regional electo. Asimismo, se ha reforzado la capacidad de las municipalidades tanto en términos financieros como de recursos humanos, no obstante, aún falta dotar de competencias a las instancias locales en pos de mayor decisión sobre la planificación y organización territorial (Ley n°20.922). Se debe propender a desarrollar el fortalecimiento de capacidades y competencias a nivel subnacional: una de las desigualdades territoriales más manifiestas es la falta de capital humano calificado en regiones. Su formación, educación, capacitación y retención permite no sólo mejorar las guía de ciudades

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condiciones de igualdad del territorio, además reduce la concentración de la riqueza, favorece el crecimiento económico, mejora las capacidades de innovar a nivel local, y promueve nuevas oportunidades laborales para las regiones y sus comunas. Lo anterior, permite generar confianza en las capacidades de organizaciones públicas y privadas a nivel regional y local, lo que a largo plazo se traduce en mayor cohesión territorial o generar un sistema de incentivos para fortalecer la instalación de capacidades territoriales que favorezcan el desarrollo regional y local, atrayendo, formando, educando, capacitando y reteniendo capital humano calificado a nivel regional y local; el que debe ser capaz de responder a las necesidades territoriales y articularse con las instancias pertinentes tanto públicas como privadas. Es así como la descentralización, el fortalecimiento de las capacidades a nivel local y el potenciamiento del capital Humano, apuntan hacia un camino que devuelve el poder a los ciudadanos, generando respuestas más rápidas y oportunas a las necesidades diarias de las personas, devolviéndoles el poder sobre la organización del territorio que habitan. De esta manera, la descentralización junto a los múltiples y diferenciados desafíos urbanos y territoriales, exigen de un esfuerzo importante por aumentar la capacidad técnica, la autonomía económica y las atribuciones de las autoridades locales, que mejoren el deficiente proceso de delegación de potestades hacia los Gobiernos Regionales y los Municipios, que permitan mejorar la articulación de los instrumentos de planificación territorial y dar mejores respuestas a la ciudadanía. Si bien, y tal como hasta acá se ha descrito, existen avances importantes por dotar a Gobiernos Regionales y Locales de mayores capacidades, es claro que la mayoría de los equipos profesionales no cuentan ni con presupuestos ni con recursos humanos acordes a la complejidad de sus áreas urbanas y territorios. A su vez, los equipos se enfrentan muchas veces a descentralización

| la redistribución del poder


problemas derivados de la falta de atribuciones para articular la toma decisiones, lo que se evidencia por ejemplo en la compleja relación entre agendas regionales (GORE) y políticas de nivel central (SEREMI)(Waissbluth y Cristian Leyton, 2006). Cabe señalar que actualmente los sistemas de planeamiento se originan en el Gobierno Central, tanto a nivel de políticas urbanas como de gestión territorial, la descentralización debe permitir que gran parte de la planificación se desarrolle de forma integrada entre las instancias locales y regionales, por ejemplo, estableciendo áreas metropolitanas que sean administradas por consejos de alcaldes, que permitan definir políticas e instrumentos y acuerdos para las áreas conurbadas. En Chile, además de Santiago, existen otras ciudades compuestas dos o más comunas conurbadas que mantienen una interdependencia microeconómica cotidiana y que conforman áreas metropolitanas consolidadas, como el Gran Concepción y el Gran Valparaíso, para los que es perfectamente factible y beneficioso aplicar Gobiernos Metropolitanos que promuevan la descentralización efectiva desde la propia ciudadanía, sin necesidad de esperar que el estado central se apiade de ellos, gestione recursos, coordine los actores e implemente políticas en los tiempos adecuados. Existen otros casos que deberían contar con algún modelo de gobierno especial. Un Gobierno Metropolitano en distintas ciudades del país es una oportunidad única para promover un desarrollo equitativo no sólo al interior de cada ciudad sino que también entre las ciudades del país. Si los municipios de Chile tienen incentivos para asociarse y establecer un gobierno con presupuesto propio, mayor autonomía y democracia metropolitana, el desarrollo se crearía desde las mismas regiones y el Estado Chileno estaría en posición ya no de rescatarlas del empobrecimiento, sino de coordinarlas en los objetivos comunes de la nación. guía de ciudades

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La autonomía local permite que el planeamiento urbanístico sea atingente a las realidades locales, la devolución del poder al nivel regional y local, trae consigo más participación, mayores recursos y gestión sobre los mismos, autoridades representativas, mayores atribuciones para regiones y municipios, otorgándole a las instancias subnacionales la capacidad de organizarse y asociarse en temáticas como la planeación de transporte, infraestructura, inversiones y espacio público, entre otros. Lo mismo sucede con el ordenamiento territorial, la disposición de los residuos, la tipificación de territorios de acuerdo a sus características y la articulación de los instrumentos de planificación con las políticas nacionales. Aún queda un largo camino para que la descentralización se materialice en el país y para que las problemáticas urbanas y territoriales puedan ser resueltas y articuladas de forma directa con municipios y regiones, éste debe ser un principio patente que permite mejorar la calidad de vida de las personas, para que, en síntesis, tengan más poder sobre las ciudades y territorios que día a día construyen

Bibliografía • Borrador Consolidado Programático Municipal RD. • Informe Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional. • La Descentralización en Chile: Asignatura Pendiente, La e-Columna de abril 17 del 2006. • Ley n° 20.990. Ley que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional. • Ley nº 20.922. Ley de Plantas municipales. • Texto Coordinación de Descentralización Revolución Democrática. descentralización

| la redistribución del poder


GOBERNANZA, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CIUDADES Y TERRITORIO

N Ó I C A P I PARTIC A N A D A D CIU


al raticoloc c o m e ld #contro adecidir o h c e r e #d inculante v n io c a #particip ciudad la s o im u r onst #tod@sc


PRINCIPIO Participación ciudadana activa, efectiva y vinculante, que sustente el control democrático en el desarrollo urbano en sus distintas escalas. Será necesario avanzar en cantidad y calidad de la participación ciudadana, a través de una institucionalidad que abra más espacios de participación, y el aumento de la efectividad de estos espacios con especial énfasis en la participación vinculante y el control democrático de las políticas, planes y programas de mayor impacto en el hábitat. Complementario con lo anterior, además de ampliar la participación de otros actores sociales como ONG`s, universidades o centros de pensamiento; el Estado deberá hacerse cargo de fortalecer y empoderar a las organizaciones ciudadanas tanto funcionales como territoriales, que sustenten esta institucionalidad. Lo anterior, deberá profundizar la democracia local, permitir la autonomía territorial y una mayor eficiencia de un Estado descentralizado, y finalmente aumentar las posibilidades de incidencia directa de las personas en la construcción y gestión de su propio hábitat; superando el prejuicio del desconocimiento de los ciudadanos respecto a las temáticas urbanas

guía de ciudades

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SELLO Fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas locales como expresión de la identidad viva de nuestros barrios y ciudades, así como la incidencia en la planificación territorial de las mismas. Obligatoriedad de incorporar instancias de participación ciudadana vinculante en todos los Intrumentos de Planificación Territorial y regulación de la capacidad ciudadana para modificar los mismos. Incorporar mesas de participación ciudadana en todos los Ministerios que incidan en la planificación territorial y/o tengan falcultad de ejecución de proyectos sobre los diversos territorios, así como en los respectivos Gobiernos Regionales. Fortalecer el rol de las juntas vecinales y organizaciones ciudadanas en el levantamiento, diseño y acceso a proyectos de vivienda de interés social. Fortalecer el rol de las juntas vecinales y organizaciones ciudadanas en el uso de suelo público comunal, fomentando las instancias de participación y postulación de proyectos de interés social.

principios y sellos

| participación ciudadana


GLOSARIO asistencialismo Actitud política orientada a resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de generar soluciones estructurales. autogestión Sistema de organización de una empresa en el que los trabajadores participan activamente en las decisiones sobre su desarrollo o funcionamiento. cohesión social El grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. hábitat Espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie, en este caso la humana, pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. participación vinculante Procedimiento de participación que impone una obligación efectiva respecto de lo acordado. subsidiariedad Tendencia favorable a una participación meramente subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades privadas o comunitarias.


PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PARTICIPACIÓN ACTIVA

Hernán Orozco

Participación ciudadana Una ciudad inclusiva es aquella que usa la participación como sustento del control democrático del desarrollo urbano


Se debe avanzar en mejor participación ciudadana, a través de una institucionalidad que abra espacios de contribución de la ciudadanía a la toma de decisiones, y el aumento de la efectividad de estos espacios con énfasis en la participación vinculante. La creciente demanda de mayor incidencia de los ciudadanos en las decisiones que afectan la ciudad y el territorio debe ser acogida por la institucionalidad para avanzar en participación ciudadana, permitiendo más y mejores espacios de contribución de la ciudadanía en la toma de decisiones, y el aumento de la efectividad de estos espacios con especial énfasis en la participación vinculante y el control deguía de ciudades

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mocrático de las políticas, planes y programas de mayor impacto en el hábitat. Complementariamente, además de ampliar la participación de otros actores sociales como ONG’s, universidades o centros de pensamiento; el Estado deberá hacerse cargo de fortalecer y empoderar a las organizaciones ciudadanas tanto funcionales como territoriales. Lo anterior, deberá profundizar la democracia local, permitir la autonomía territorial y una mayor eficiencia para un Estado descentralizado, aumentando la incidencia directa de las personas en la construcción y gestión de su propio hábitat

participación ciudadana

| participación activa


Se debe avanzar en mejor participación ciudadana, a través de una institucionalidad que abra espacios de contribución de la ciudadanía a la toma de decisiones, y el aumento de la efectividad de estos espacios con énfasis en la participación vinculante. La creciente demanda de mayor incidencia de los ciudadanos en las decisiones que afectan la ciudad y el territorio debe ser acogida por la institucionalidad para avanzar en participación ciudadana, permitiendo más y mejores espacios de contribución de la ciudadanía en la toma de decisiones, y el aumento de la efectividad de estos espacios con especial énfasis en la participación vinculante y el control democrático de las políticas, planes y programas de mayor impacto en el hábitat. Complementariamente, además de ampliar la participación de otros actores sociales como ONG’s, universidades o centros de pensamiento; el Estado deberá hacerse cargo de fortalecer y empoderar a las organizaciones ciudadanas tanto funcionales como territoriales. Lo anterior, deberá profundizar la democracia local, permitir la autonomía territorial y una mayor eficiencia para un Estado descentralizado, aumentando la incidencia directa de las personas en la construcción y gestión de su propio hábitat. «(...) la democracia es el gobierno del pueblo, concebido como el conjunto de la ciudadanía y no sólo de sus representantes. La soberanía popular debe ejercerse permanentemente en todos los ámbitos de la vida social, desarrollando una cultura democrática a través de todas las instancias educativas y formativas, tanto formales como informales. En la práctica democrática, el rol del ciudadano no es solo ser un sujeto de derechos, sino que también ser un miembro activo con responsabilidades ante la comunidad mediante las acciones cotidianas. Por ello, la democracia debe posibilitar institucionalmente instancias de participación directa, representativa y vinculante, que devuelvan dignidad y legitimidad a la acción política y social.» guía de ciudades

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Por mucho tiempo en el país la única instancia de participación ciudadana institucionalizada en los procesos de planificación urbana y territorial radicaba a penas en los procesos de aprobación de los Planes Reguladores Comunales o PRC (Art. 2.1.11 de la OGUC), es decir, en la etapa final y donde había muy poco que decir por parte de los vecinos que eran directamente afectados por las decisiones de planificación tomadas por entes políticos y técnicos muchas veces a «puertas cerradas». Lo anterior, no cambió hasta que creció la demanda desde la misma ciudadanía por mayor incidencia en las decisiones que afectan las viviendas, los barrios, la ciudad y el territorio, lo que ha permitido la apertura de múltiples espacios, los que no obstante aun mantienen como factores comunes la baja institucionalización y estar acotados a ciertas reacciones posteriores a los estallidos del conflicto; situación claramente insostenible. En este contexto, es necesario y urgente avanzar en la cantidad y la calidad de la participación ciudadana que se ofrece a los habitantes de cada una de nuestras ciudades y localidades; ciudadanía que no sólo requiere de espacios de expresión sino que tiene el derecho a la deliberación en las decisiones que tienen un impacto directo en sus condiciones materiales y su calidad de vida, como son las políticas, planes y programas, urbanos y habitaciones. En este mismo sentido, es necesaria una institucionalidad que permita y abra, más y mejores espacios de contribución de la ciudadanía en la toma de decisiones en distintos ámbitos y escalas, aumentando la efectividad de estos espacios que muchas veces se vuelven meras formalidades, es decir, con especial énfasis en la participación vinculante y el control democrático de la planificación y gestión relacionada con el hábitat. Complementario con lo anterior, además de ampliar la participación de otros actores sociales pertinentes al desarrollo de cada territorio como son algunas ONG’s, universidades, establecimientos educacionales, de salud, participación ciudadana

| participación activa


deportivos, etc.; el Estado deberá hacerse cargo de fortalecer y empoderar a las organizaciones ciudadanas tanto funcionales como territoriales, estas deberán ser sustento de una nueva institucionalidad de participación que permita la reorganización y la restructuración de las redes comunitaria. Todo lo anterior, tiene el objetivo de profundizar la democracia local, permitir la autonomía territorial y una mayor eficacia para un Estado descentralizado, y finalmente, aumentar las posibilidades de incidencia directa de las personas en la construcción y gestión de su propio hábitat en la escala de la ciudad; superando el prejuicio del desconocimiento o poco preparación de los ciudadanos respecto a las temáticas urbanas y de su entorno. Por otro lado, en lo que respecta a la política habitacional y la construcción de la vivienda de interés social, el Estado chileno ha perpetuado un modelo asistencialista y subsidiario basado en gestores y constructores privados; es decir, una estrategia neoliberal para la satisfacción de un derecho social que a su vez ha ido aportando a la desarticulación de las capacidades de las clases sociales menos favorecidas para la gestión y construcción de su propio hábitat, minusvalorando la importancia del desarrollo comunitario como parte del ejercicio de una ciudadanía plena. En este contexto, se debe avanzar para considerar como pilares de los procesos de generación de vivienda de interés social a: la gestión comunitaria, la cohesión social y cierto grado de autogestión en la construcción de las mismas. Lo anterior, debe estar sustentado en planes de empoderamiento y mejoramiento de las capacidades de dirigentes y pobladores, para que los nuevos vecinos participen en cada una de las etapas del proyecto, aumentando el grado de satisfacción con sus casas y sus barrios, y proyectando la organización comunitaria a etapas posteriores a la consecución del objetivo de la vivienda.

guía de ciudades

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Cabe señalar que en Chile existen valiosas experiencias de autogestión del hábitat que responden a las lógicas antes mencionadas, y que el desafío esta más bien en buscar mecanismo para replicar estas experiencias; y en definitiva terminar la lógica del Estado ausente que no genera relaciones prolíficas con comunidades que funcionan mediante procesos colectivos que no tengan como fin único y último la construcción de viviendas con un enfoque individualista, sino que conforman proyectos políticos que buscan el derecho a una vida digna. Así, la «producción social del hábitat» entendida como la generación de espacios residenciales o urbanos bajo el control de los mismos habitantes u otros agentes sociales que operan sin fines de lucro, y que en principio tienen una baja probabilidad de proliferar masivamente en un sistema preferentemente privado de generación de vivienda, debe transformarse en una de las principales herramientas de participación ciudadana en la escala de la vivienda y el barrio

Bibliografía • Borrador Consolidado Programático Municipal RD. • Castells, M. (2012). Redes de indignación y esperanza (p. 157). Madrid: Alianza Editorial. • Couve, M. J. C. (2013). Producción y gestión habitacional de los pobladores. La autogestión de vivienda en Peñalolén y La Pintana, Santiago de Chile. Boletín CF+ S, (54), 133-145. • Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Ediciones Akal. • Rodríguez, M. C. (2009). Autogestión, políticas del hábitat y transformación social. Espacio Editorial. participación ciudadana

| participación activa


GOBERNANZA, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CIUDADES Y TERRITORIO

CIUDAD A V I S U L C IN


accesible d a d iu c # as esdivers #ciudad s aratod@ p s e d a d #ciu nidades u t r o p o r #iguala


PRINCIPIO Contar con ciudades inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades, es decir, que no discriminen, directa o indirectamente, a causa de una discapacidad o diferencia. No basta sólo con reconocer que existe desigualdad, sino que hay que desarrollar acciones concretas y tomar medidas de acción positiva que permitan enfrentarla, de manera que el desarrollo adecuado de la vida cotidiana de todas y todos esté asegurado. Garantizarlo, permite la participación en la vida social, política, cultural y económica de un país, sin discriminación alguna. Aunque parezca que se ha avanzado en facilidades concretas de acceso, en tanto inversión en infraestructura urbana o exigencias normativas en la construcción, aún no se superan aquellas barreras simbólicas de acceso a la ciudad que cotidianamente enfrentan mujeres, indígenas, minorías sexuales, migrantes y algunos grupos etarios. Estas son hoy condiciones que excluyen y por ser su anális de corte más subjetivo parecen más difíciles de abordar. Entonces, no son sólo barreras físicas, sino que son barreras ideaológicas y culturales, las que tenemos que eliminar. Sin estas consideraciones, no podemos pensar en mejorar la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos/as en Chile guía de ciudades

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SELLO Ciudades que reconozcan la diversidad de sus habitantes y fomenten el desarrollo personal y comunitario de los mismos. Fortalecer la co-participación y co-responsabilidad, tanto público como privada, en la inclusión de los habitantes, considerando que la socierdad en general tiene un rol central en la producción de la ciudad. Promover la realización de actividades, acciones e instalación de programas que apuesten por el reconocimiento y valorización de la diversidad en la ciudad, lo que en definitiva para por proponer un activismo que visibilice lo excluido. Reconceptualizar las definiciones de ciudad, otorgándole un sentido social. Esto implica enfatizar, revitalizar, reforzar e instalar conceptos que materialicen una ciudad inclusiva en todos los Instrumentos de Planificación Territorial.

principios y sellos

| ciudad inclusiva


GLOSARIO accesibilidad universal La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.

exclusión (social) Se refiere al acceso limitado o inexistente a servicios públicos, al empleo, la salud, la educación, la justicia, la participación política, entre otros, y que tiene por resultado la sistemática falta de participación de aquellas o aquellos en los procesos de toma de decisiones, en los puestos relevantes y en los procesos y dinámicas sociales, políticas, económicas y jurídicas (UNESCO). igualdad de oportunidades Estrategias que garantizan la participación igualitaria en la vida económica, social y política de un país, evitando privilegiar algunos grupos sobre otros, en razón de superioridad racial, sexual, económica, entre otros aspectos de base discriminatoria. Todas las personas deben tener las mismas oportunidades garantizadas por el Estado. inclusión (social) Permite que todos los integrantes de una sociedad tengan oportunidades para participar equitativamente en su desarrollo. Para que el proceso de inclusión se complete, se debe reconocer la diferencia y respetar la diversidad, generando condiciones de igualdad y derechos para todas y todos.


CIUDAD INCLUSIVA - RECONOCER LA DIVERSIDAD

Tatiana Rojas, Cristian Weason

Ciudad inclusiva La ciudad inclusiva parte con reconocer las diferencias valorando la diversidad


Queremos Ciudades Inclusivas, que reconozcan y valoren la diversidad, donde todas y todos tengamos un espacio y encontremos facilidades para desarrollar nuestros diferentes roles sociales en igualdad de oportunidades. Para ello debemos pensar no sólo en superar barreras físicas, sino que barreras ideológicas y culturales. Actualmente en Chile, la inclusión asociada a la ciudad y al entorno, se concreta a través de la Accesibilidad Universal, que consiste en facilitar que cualquier persona tenga acceso a cualquier lugar, enfocado fundamentalmente a la discapacidad física. Aunque importante, creemos que la inclusión y la accesibilidad, no son guía de ciudades

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derechos privativos de las personas con discapacidad, más aún cuando se trata de igualdad de oportunidades, pues la inclusión debe ser entendida necesariamente en un sentido mucho más amplio, abarcando a todos quienes hoy son excluidos, en tanto vivencian la negación simbólica de ciertos espacios de la ciudad. Nos referimos a mujeres, minorías sexuales, grupos indígenas, discapacitados y ciertos grupos etarios. No son sólo barreras físicas las que tenemos que eliminar, sino que son barreras ideológicas y culturales, las que tenemos que abordar. Sin estas consideraciones, no podemos pensar en mejorar la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos/as ciudad inclusiva

| reconocer la diversidad


Hasta el momento en Chile, la inclusión asociada a la ciudad y al entorno, se ha concretado a través de lo que se denomina Accesibilidad Universal, que en resumen se refiere a la posibilidad de que cualquier persona tenga fácil acceso a cualquier lugar, objeto o servicio, incluso si tienen limitaciones físicas, permanentes o transitorias. Para lograr este tipo de accesibilidad, se hace uso del Diseño Universal, que aseguraría que todo aquello que se piensa, diseña y ejecuta, cumpla con estándares que permitan que cualquier espacio y sus contenidos sean comprensivos, utilizables y practicables en forma segura, cómoda y sobre todo, autónoma por las personas que así lo requieran. Para asegurarlo, el año 2010 se promulgó la Ley 20.422, que establece normas para ciudades y espacios públicos, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad definiendo allí ambos conceptos: Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. Sin embargo, creemos que la inclusión y la accesibilidad, no son derechos privativos de las personas con discapacidad, más aún cuando se trata de igualdad de oportunidades, pues la inclusión debe ser entendida necesariamente en un sentido mucho más amplio, abarcando a todos quienes hoy son excluidos, en tanto vivencian la negación simbólica de ciertos espacios de la ciudad.

guía de ciudades

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Esto no es más que reconocer la diversidad, que desde una perspectiva social, entra en colisión con el desafío de una Ciudad Inclusiva. El problema aparece al tomar en cuenta que las ciudades tal como están concebidas en la actualidad, carecen de mecanismos propios para hacerse cargo de un problema que es netamente social, en el fondo quienes piensan y tienen injerencia en el diseño de las ciudades, y a su vez, quienes aplican las políticas públicas direccionadas a su funcionamiento deben adaptar y construir entornos que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por todos y todas. De no ser así, la ciudad es también un escenario donde se llevan a cabo desigualdades, discriminaciones y prácticas que dejan en evidencia que existen ciudadanos de primera y segunda categoría, algunos discriminados y otros discriminadores. La problemática en sí, pasa por el diseño urbano, aunque como hemos dicho, en realidad el problema no se encuentra en éste sino más bien en quienes lo piensan, dejando abierta la posibilidad de que propicie actos discriminatorios. Por lo tanto, para efectos de la Ciudad Inclusiva el diseño urbano en sí, no es el promotor de la discriminación, pero si se convierte en un facilitador, tanto de la inclusión como de la exclusión, lo que en definitiva dependerá de cómo se gestiona la ciudad. En este sentido, cobra importancia la co–participación público/privada, considerando además que la sociedad en general también tiene un rol central en ello, pues una ciudad inclusiva es responsabilidad de todos. Especial relevancia tienen quienes desarrollan su quehacer profesional en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos urbanos y de ciudad, entendiendo que a través de ello pueden provocar e incentivar la igualdad de oportunidades. Lo que generalmente parece quedar en el discurso de lo intangible, se hace perfectamente concreto a través de un diseño que reconoce las diferencias para hacer de ellas un plexo de oportunidad más que de invisibilidad social. ciudad inclusiva

| reconocer la diversidad


Proponemos el reconocimiento de la diversidad en la ciudad, lo que en definitiva pasa por proponer un activismo que visibilice lo excluido. Dicha inclusión pasa por actividades intervencionistas que permitan reconocer la potencialidad de la ciudad como reflejo de la sociedad, lo privado en lo público y lo público como espacio de inclusión. Para ello es necesario un esfuerzo pedagógico-visibilizante de las diversas comunidades discriminadas quienes pueden avanzar desde la apropiación efímera y temporal del espacio (marchas, actividades, conversatorios, etc) desplazando dicha discriminación, suprimiéndola en un cotidiano urbano pos intervención. Todo esto con la finalidad de buscar fórmulas alternativas para acceder a la Igualdad de Oportunidades. El desafío final de la Igualdad de Oportunidades, tiene en su base la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que es causada en última instancia por una discapacidad o una diferencia. Es así, que creemos que no basta sólo con reconocerlo, sino que se deben desarrollar acciones como las anteriormente mencionadas y tomar medidas de acción positiva que permitan superar estas diferencias, de manera que el desarrollo adecuado de la vida cotidiana de todas y todos esté asegurado. Garantizarlo, permite la participación en la vida social, política, cultural y económica de un país, sin discriminación alguna. Por mucho que parezca que se ha avanzado en facilidades concretas de acceso, en tanto inversión en infraestructura urbana o exigencias normativas en la construcción, aún no se superan aquellas barreras simbólicas de acceso a la ciudad que cotidianamente enfrentan mujeres, indígenas, minorías sexuales, migrantes y algunos grupos etarios. El no poder llegar a algún lugar en tanto imposibilidad de desplazamiento, el sentirse inseguros/as en determinados espacios públicos, el ser estigmatizados/as, el estar obligados/as a cumplir ciertos roles en la sociedad, no son más que guía de ciudades

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argumentos que excluyen y que por su conformación más subjetiva, no han querido ser reconocidos. No son sólo, barreras físicas las que tenemos que eliminar, sino que son barreras ideológicas y culturales, las que tenemos que abordar. Sin estas consideraciones, no podemos pensar en mejorar la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos/as

Bibliografía • Body-Gendrot, Sophie: Grandes Evoluciones Sociales en las Áreas Metropolitanas, Pla Estrategic Metropolita de Barcelona, Barcelona, 2006. • Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, MINVU, 2016. • UNESCO, Políticas locales contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en Latinoamérica y el Caribe, Montevideo 2012. • Www.ciudaddemujeres.com/articulos: Ciudad y Mujer. Ciencias y Urbanismo. Artículos de Ciudad de Mujeres, abril de 2006.

ciudad inclusiva

| reconocer la diversidad


SOSTENIBILIDAD Y RESILENCIA DE COMUNIDADES, CIUDADES Y TERRITORIOS

S E D A D I N COMU S E T N E I L I RES


stenible o s o ll o r r #desa elriesgo d n io t s e #g dadana iu c n io c a #organiz ia resistenc y n io c n e #prev


PRINCIPIO Comunidades resilientes, que reduzcan la vulnerabilidad frente a amenazas socio-naturales. Se deberán construir y planificar comunidades resilientes con un accionar preventivo, manejo adecuado de la emergencia y posterior reconstrucción estratégica, frente a una realidad territorial de altas amenazas socio-naturales. Para lo anterior será necesario: fortalecer a las autoridades locales para la toma de decisiones, conformar cuadros técnicos capacitados para la evaluación y gestión del riesgo, movilizar de forma eficiente los recursos, formular instrumentos de planificación que incluyan una fuerte base científica en la evaluación de la vulnerabilidad, y fomentar la asociación y el apoyo a la sociedad civil para el uso eficaz de los conocimientos tradicionales. Ante la inminente promulgación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo, la creación de un Consejo Nacional que estudie su implementación y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias como reestructuración de la ONEMI, será importante empujar la generación de propuestas que evalúen el riesgo en función de la vulnerabilidad de los habitantes, con el enfoque de la resiliencia

guía de ciudades

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SELLO Contribuir al desarrollo de una gestiรณn eficiente en la reducciรณn del riesgo ante amenazas socio-naturales, con el fin de prevenir posibles efectos de alguna catรกstrofe. Establecer mecanismos de coordinaciรณn entre el gobierno local y las instituciones correspondientes para la Gestiรณn del Riesgo y Resiliencia, con enfoque preventivo. Desarrollo y actualizaciรณn de estudios de riesgo que evalรบen la componente de vulnerabilidad de la poblaciรณn, tanto ante catรกstrofes naturales como espaciales producto del mismo desarrollo de la ciudad. Profesionalizar la acciรณn de respuesta ante desastres, utilizando para ello la Propuesta PNUD Unidad Municipal de Gestiรณn del Riesgo de Desastres. Fomentar la participaciรณn ciudadana, incentivando el reconocimiento entre los mismos integrantes de una comunidad y el levantamiento de las vulnerabilidades y riesgos que ellos mismos perciben desde la cotidianidad de su acciรณn en el espacio.

principios y sellos

| comunidades resilientes


GLOSARIO amenaza Un fenómeno o condición que puede ocasionar impactos a la salud, daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. desastre Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad a cualquier escala debido a eventos peligrosos interactuando con condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, que conlleva pérdidas o impactos sea en vidas, materiales, económicos o ambientales.

gestión de riesgo de desastre La aplicación de políticas y estrategias de reducción de riesgo de desastres para prevenir nuevos riesgos, reducir el riesgo de desastres existente y gestionar el riesgo residual, contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia y a reducir las pérdidas ocasionadas por desastres.

resiliencia La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas.

vulnerabilidad Las condiciones determinadas por factores físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de un individuo, comunidad, activos o sistemas a los impactos de las amenazas.


COMUNIDADES RESILIENTES - GESTIร“N SOSTENIBLE DEL RIESGO

Claudia Gonzรกlez, Dรกmaso Jara, Pablo Juica

Comunidades resilientes La gestiรณn del riesgo como condiciรณn para el desarrollo sostenible y equitativo de las comunidades


Generar comunidades resilientes frente a la diversidad de amenazas de nuestro territorio es una tarea impostergable y responsabilidad de todos los actores sociales y políticos en distintos niveles territoriales y administrativos. La inversión en resiliencia debe ser condicionante para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y comunidades. Ante la publicación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo a fines de 2014, la inminente creación de un Consejo que estudie su implementación y la tramitación de la ley que creará el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias como reestructuración de la ONEMI, así guía de ciudades

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como la frecuente ocurrencia de emergencias que han afectado al país en los últimos años, es importante empujar la generación de propuestas que evalúen el riesgo con un enfoque que supere la mera identificación de las amenazas y la respuesta a la emergencia, para centrarse en la reducción de la vulnerabilidad de los habitantes y sistemas urbanos frente a eventos potencialmente catastróficos, con enfoque en el aumento de resiliencia urbana y comunitaria, en concordancia con los principios y líneas de acción propuestos por el Marco de Acción de Sendai 20152030, al cual Chile como Estado Miembro de las Nacional Unidas adscribió comunidades resilientes

| gestión sostenible del riesgo


La resiliencia urbana es entendida como la capacidad de una comunidad y su territorio para resistir o adaptarse a las distintas amenazas a la que se encuentra expuesta, ya sean de carácter natural o inducidas por el ser humano, riesgos que si son atendidos de manera oportuna y eficiente permiten a una comunidad mantener la cohesión social y económica desarrollada en torno a su territorio, preservando las estructuras espaciales y funcionales básicas que la definen como tal. Para que una comunidad pueda ser resiliente resulta primordial incorporar dentro de sus herramientas de producción espacial un accionar preventivo, cambiando un enfoque reactivo a las emergencias por un modelo que gestione de manera integral el ciclo del riesgo (identificación, prevención y mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción), para lo cual se requiere, entre otros aspectos, fortalecer a las autoridades locales para la toma de decisiones informadas y con base en la realidad local, conformar cuadros técnicos capacitados para la planificación que incluyan una fuerte base científica en la evaluación de la vulnerabilidad y las amenazas que pueden afectar a un determinado territorio, y fomentar la participación efectiva y la asociatividad de la sociedad civil, incluyendo el uso eficaz de conocimientos tradicionales y técnicos en complemento entre sí, mejorando la capacidad de prevención y respuesta de todos los actores a nivel local. La gestión integral del riesgo requerirá también de recursos económicos orientados exclusivamente a ello, de manera permanente. Dentro de los factores de riesgo que afectan al país, es posible señalar que Chile se caracteriza por encontrarse expuesto a numerosas amenazas naturales. Sin embargo, éstas no constituyen el único tipo de amenazas a las estructuras sociales de los territorios, pues éstos también se ven afectados por las consecuencias de economías espaciales desregularizadas y planificaciones urbanas deficientes, vulnerando a una parte importante de la población. De esta manera, podríamos mencionar que los principales factores de riesgo son: guía de ciudades

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• La extensión territorial de las ciudades, desencadenando asentamientos humanos en condiciones precarias. • Un mercado inmobiliario avasallador y con insuficientes regulaciones, que edifica sin establecer relaciones espaciales con los tejidos sociales existentes. • Infraestructuras urbanas poco sostenibles que no consideran el potenciamiento del tejido social existente frente a la ocurrencia de un evento. • La centralización institucional, afectando la gestión de los recursos fiscales y humanos para la reducción del riesgo de desastres a nivel regional y local. • Baja participación de actores locales en la planificación y gestión del territorio que habitan, así como las reducidas capacidades técnicas con las que cuentan los municipios para gestionar los riesgos. • Las condiciones geográficas propias de nuestro territorio, propicio a los desastres naturales. • La contaminación producto de actividades humanas, que desestabilizan los ecosistemas naturales y dificultan su regeneración. • La vulnerabilidad socioeconómica de la población, que fomenta la ubicación de asentamientos en territorios de alta vulnerabilidad. Frente a estos de factores resulta esencial lidiar con la precarización de la vivienda, debiendo dar soluciones dignas a los asentamientos informales, a los procesos de reconstrucción y a las viviendas sociales, estableciendo estándares acordes a las características geográficas del entorno y generando los mecanismos administrativos para velar por el cumplimiento de dichos estándares, incentivando soluciones eficientes y sostenibles. Asimismo, el entendimiento de la ciudad como una red de relaciones conlleva a establecer que la calidad de vida de los barrios y su capacidad para generar identidad y cohesión social son fundamentales para la resiliencia de los mismos, siendo necesario combatir la precarización de los barrios y el deterioro del entorno urbano.

comunidades resilientes

| gestión sostenible del riesgo


Relacionado a la ocupación del territorio, también resulta esencial la dotación de una estructura de servicios básicos de calidad, que asegure la provisión de agua potable y alcantarillado a todos los residentes de la ciudad. Junto a ello, servicios como transporte, salud y educación, entendidos como parte de la estructura que define a cada comunidad, deben ser incorporados a la planificación local, al igual que la preservación y gestión de sus activos culturales y su patrimonio. Los tres puntos anteriores no son posibles de mantener en el tiempo si no se estructuran sobre una organización ciudadana activa, que vele de manera local por los intereses de sus habitantes, aportando con el conocimiento del habitar cotidiano y la identidad de sus propias comunidades. En este ámbito, resulta crucial abordar la desmotivación que afecta a las sociedades urbanas respecto de la generación de lazos con los vecinos y la participación en organizaciones sociales, aspectos claves para enfrentar adecuadamente los riesgos. En conjunto con los habitantes, y permitiendo la interrelación de los mismos a escalas mayores al barrio, se debe fomentar y fortalecer la existencia de un gobierno local incluyente y competente, que identifique las vulnerabilidades de las comunidades y cuente con recursos y voluntad para gestionar con premura su reducción. A nivel de gobierno regional, se deberá contar con una institución de trabajo intersectorial que permita ahondar en la comprensión de las vulnerabilidades locales —riesgo—, y orientar la planificación urbana en torno a la disminución de los riesgos identificados, coordinando a los distintos actores asociados a la producción espacial —privados y públicos—. Asimismo, resulta importante generar planes educacionales que acerquen los factores de riesgo a la ciudadanía, con el fin de prepararla ante eventuales emergencias. Finalmente, en el ámbito de gobierno a nivel nacional, se debiera contar con una institución especializada en la gestión de riesgos, que aborde políticas asociadas a todo el ciclo del riesgos y apoye integralmente en la resguía de ciudades

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tauración de las condiciones base para asegurar la dignidad y seguridad de los habitantes del territorio en situaciones excepcionales. En este sentido, cabe señalar que el reciente anuncio del gobierno en cuanto a la creación de un instituto público dedicado a la resiliencia se aprecia como un avance, pero aún demasiado orientado hacia la participación predominante de la academia y la industria y con un enfoque centrado en la amenaza, que será necesario complementar con iniciativas destinadas a fortalecer a las comunidades y la participación de la sociedad civil. Resulta importante entender la inversión en resiliencia no como un estancamiento o una restricción al desarrollo y la renovación urbana, sino como la protección de los distintos canales que permiten el desarrollo humano de los habitantes y el desarrollo sostenible del territorio. Cabe señalar que el país ha gastado anualmente un promedio del 1,2% del PIB por desastres durante los últimos 30 años, situación insostenible. Así, los beneficios de generar comunidades resilientes abarcan tanto una perspectiva material, resguardando la propiedad privada y común de sus habitantes y las infraestructuras públicas; así como social, resguardando las estructuras que permiten a las comunidades reconocerse en el territorio y definirse a través del mismo

Bibliografía • Bosetti, L., Ivanovic, A. y Munshey M. (2016) Fragility, risk, and resilience: A review of Existing Frameworks. United Nations University Centre for Policy Research. Background paper. • Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD/UNISDR) (2009) Terminología sobre reducción del riesgo de desastres. Ginebra: UNISDR. • Sandoval, V., González, C., Wagemann, E., Mena, C. y Ejsmentewicz, D. (2015) Nueva institucionalidad para la gestión de riesgos y emergencias en Chile. Virtual Roundtable. • United Nations Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) (2015) Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030. Sendai: UNISDR.

comunidades resilientes

| gestión sostenible del riesgo


SOSTENIBILIDAD Y RESILENCIA DE COMUNIDADES, CIUDADES Y TERRITORIOS

D A D I L I V O M E L B I N E T S SO


accesible

#ciudad

lacalle

rtir #compa

le

sponsab

re #habitar

o

nderech

adesu #movilid


PRINCIPIO Sistemas e infraestructuras para la movilidad sostenible, que incentiven los modos no motorizados y el transporte público, desincentivando el uso del automóvil particular. Fomentar la movilidad sostenible como medio para la integración y desarrollo de los territorios, procurando la implementación de una pirámide de prioridades que privilegie tanto al peatón, como al uso de bicicletas y al transporte público; permitiendo el desarrollo de nuevas centralidades y un desplazamiento más eficiente y ecológico en las zonas urbanas. Para ello resulta fundamental implementar planes de movilidad a escala comunal y metropolitana que velen por el desarrollo de un sistema multimodal de desplazamiento y por una infraestructura adecuada para dar cumplimiento a su demanda, optimizando los tiempos de desplazamiento así como la experiencia usuario en torno al transporte público de la ciudad. Asimismo, la movilidad no debe ser entendida como un acto de desplazamiento basado únicamente en un sistema origen-destino individual, sino que además como el desarrollo de instancias de socialización colectivas sobre el espacio público, motivo que acentúa su incidencia en el desarrollo comunitario y la calidad de vida guía de ciudades

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SELLO Implementación de iniciativas participativas para la gestión y desarrollo de infraestructuras de movilidad que incentiven el uso de medios de transporte sostenibles en las distintas escalas del territorio. Peatonalización de zonas con alto tráfico de usuarios, que permitan el desarrollo comunal de subcentros que concentren actividades comerciales y de servicios. Generación de iniciativas de tráfico calmado (zonas 30) en conjunto con residentes, incorporando elementos geométricos en el diseño, con el objetivo de que el automóvil se inserte en los barrios de la comuna a una escala humana. Implementación de ciclovías y desarrollo de sistemas públicos de bicicletas, procurando la integración de ambos elementos con comunas aledañas o que sigan los lineamientos insertos dentro de planes maestros a escala metropolitana. Política de estacionamientos, avanzando a la reducción de éstos en zonas congestionadas, siempre en complemento con facilidades en la operación del transporte público.

principios y sellos

| movilidad sostenible


GLOSARIO accesibilidad Capacidad de desplazarse con facilidad y sin obstáculos físicos a un determinado lugar. Es decir, la posibilidad de tener acceso. intermodalidad Transporte de personas y de mercancías utilizando distintos modos de transporte de forma combinada, idealmente con un sistema de pago único. movilidad sostenible Movilidad eficiente, segura, equitativa, saludable, participativa y competitiva. transporte público masivo Conjunto de medios de transporte de personas de titularidad o concesión pública, gestionado por empresas públicas, privadas o mixtas. Se consideran masivos en cuanto trasladan a un gran número de personas simultáneamente. zona tranquila (zona 30) Espacio público destinado al uso exclusivo de los ciudadanos que se desplazan a pie y en bicicleta, que en ciertos casos pueden utilizar también los autos a bajas velocidades.


MOVILIDAD SOSTENIBLE - INTEGRACIร“N EN LA CIUDAD

Pilar Beltrรกn, Pablo Juica, Marcela Lladรณ

Movilidad sostenible La movilidad como base para una mayor integraciรณn y conectividad urbana en pos de una ciudad mรกs sostenible, equitativa y saludable


Cuando hablamos de movilidad sostenible estamos asumiendo responsablemente el imperativo de trasladarnos a través de la ciudad para llevar a cabo los procesos sociales y económicos propios de los sistemas urbanos, siendo una realidad que afecta constantemente nuestro habitar cotidiano y calidad de vida. Por esta razón es fundamental la articulación de políticas que aborden la movilidad de forma integral, asumiendo las problemáticas sociales y ambientales vinculadas al transporte, expresadas principalmente en inequidades cuantitativas y cualitativas de los distintos medios de transporte público presentes en la ciudad. guía de ciudades

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Estos medios de transporte y la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento condicionan en gran medida el espacio público de las ciudades y el desarrollo de sus barrios, influenciando fuertemente la vida sus habitantes. Para avanzar hacia una ciudad con un sistema de movilidad sostenible, sus medios de transporte deben ser diseñados de forma equitativa y coherente con las distancias de traslado, nivel de conectividad y densificación de sus barrios, promoviendo la intermodalidad, privilegiando el transporte público por sobre el privado y desarrollando múltiples centralidades, con el fin de obtener una ciudad más sostenible, equitativa y saludable movilidad sostenible

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La movilidad sostenible se entiende como derecho en cuanto el desplazamiento es requisito fundamental para desarrollar las actividades socio-económicas propias de los sistemas urbanos, siendo un beneficio común asegurar el acceso equitativo a los distintos medios de transporte, incrementando tanto la calidad de vida de los habitantes como el propio desarrollo de la ciudad. Hablar de movilidad sostenible es reconocer la necesidad de un sistema de transporte efectivo, que permita a todos los habitantes acceder a las dinámicas urbanas de las que ellos mismos son co-productores. La expansión urbana ha desencadenado diversas problemáticas sociales y ambientales, siendo la movilidad una de las principales dificultades a abordar, pues se ha enmarcado en un paradigma económico que privilegia la generación de excedentes por sobre la calidad espacial del territorio. Esto ha convertido la movilidad en una restricción que en vez de fomentar el acceso al hábitat, condiciona las relaciones espaciales vinculadas al desarrollo personal de los seres humanos como lo son el trabajo, la cultura, el esparcimiento, entre otros. Entre las principales dificultades relacionadas a la situación actual de la movilidad en nuestras ciudades podemos mencionar: problemas de institucionalidad, pues no existe organismo que vele por la movilidad desde una perspectiva holística; falta de voluntad política, reflejada en iniciativas de inversión de carácter reactivo en vez de propositivo e inclusivo con la sociedad civil; y el desarrollo de infraestructura deficiente, que no equilibra la necesidad de un desplazamiento expedito con el desarrollo local de su entorno y la experiencia usuario. La liberación de los mercados de transporte público que caracteriza al modelo neo liberal generan el decaimiento del transporte público masivo frente a modos privados de movilidad, disparando la tasa de motorización, los tiempos de desplazamiento y la contaminación, así como la desigualdad territorial y la segregación de los menos favorecidos. La implementación del Transantiago y la expansión del Metro, el repoblamiento de las áreas centrales y el guía de ciudades

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incremento de los viajes en modos no motorizados como la bicicleta y su respectiva infraestructura, no han permitido revertir de forma clara el mayor uso de vehículos particulares, manteniéndose las tendencias antes mencionadas. Es urgente un cambio de paradigma que instaure cambios estructurales relacionados a una planificación urbana sostenible, a la función social del suelo, a la reorganización del espacio público y a la coherencia entre una visión global y local de movilidad; permitiendo una movilidad más eficiente, que privilegie a peatones, ciclistas y transporte público masivo, disminuyendo la necesidad del uso de vehículos particulares. Garantizar el derecho a la movilidad en nuestras ciudades no puede reducirse a la construcción ilimitada de espacios para el automóvil. Nuestras calles cumplen propósitos más allá del desplazamiento, deben ser lugares diseñados para promover el habitar en su condición integral. Por esta razón las conductas de velocidad son claves para disminuir los incidentes viales y crear un tránsito seguro para todos los habitantes. Debemos avanzar estratégicamente hacia un cambio voluntario de comportamiento de los usuarios de la calle, pasando de un comportamiento de tránsito a un comportamiento social, donde la configuración física del espacio produzca el aumento del sentido de responsabilidad sobre el mismo y su uso compartido devuelva la vitalidad y civilidad que se ha perdido. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, las dos externalidades negativas referentes a la movilidad con mayores impactos en América Latina, son la contaminación del aire y los accidentes de tránsito. Un estudio realizado para evaluar el posible efecto en una medida de reducción de la velocidad, mostró que si se reduce la velocidad máxima de 60 km/hr a 50 km/ hr en vías urbanas, el resultado es un aumento de sólo 8 a 27 segundos en los tiempos promedio de viaje por persona. En recorridos de 3km, esta reducción implica sólo un minuto de tiempo adicional y las posibilidades de fallecer disminuyen de 80% a 10% respectivamente. Según se indica en el Manual de Vialidad Inclusiva del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un peatón que es movilidad sostenible

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golpeado por un automóvil a 60km/h, tiene probabilidades de morir cercanas al 80%. A 30 km/h esas probabilidades se reducen a cerca de un 5%. Queda en evidencia que la evolución hacia una movilidad sostenible implica cambios institucionales, culturales y espaciales; siendo una prioridad la implementación de estrategias que permitan el desarrollo de la ciudad y sus habitantes sin importar su condición social. La base de dichas estrategias es considerada en las siguientes medidas, las cuales abordan los conceptos descritos anteriormente y cuyo objetivo es avanzar hacia el diseño de ciudades que garanticen los derechos básicos de conectividad y accesibilidad a todos sus habitantes. Estas medidas son: 1. Desarrollo de una política de movilidad sostenible y un programa educativo acorde, los cuales deben incentivar el cambio de paradigma hacia una pirámide de movilidad que privilegie al peatón y a los sistemas de transporte masivos. 2. Establecimiento de un marco institucional descentralizado, el cual debe permitir la planificación, gestión e inversión en movilidad para las distintas ciudades de Chile, potenciando el desarrollo de las mismas acorde a sus propias características espaciales y demográficas. 3. Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura de transporte, considerando las siguientes iniciativas: 3.1. Peatonalización de zonas con alto tráfico de usuarios, permitiendo el desarrollo local de subcentros que concentren actividades comerciales y de servicios, disminuyendo la necesidad de desplazarse largas distancias para acceder a ellos. 3.2. Generación de iniciativas de tráfico calmado (zonas 30), incorporando elementos geométricos en el diseño vial, con el objetivo de que el automóvil se integre a los barrios de la comuna a una escala humana, potenciando la multiplicidad de usos en el espacio público.

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3.3. Implementación de ciclovías y desarrollo de sistemas públicos de bicicletas, procurando el desarrollo de una red interconectada de alto estándar, integrada tanto a los distintos modos de transporte público masivo como a las comunas aledañas y sus respectivos planes maestros. 3.4 Definición de una política de estacionamientos, avanzando a la reducción de éstos en zonas congestionadas, siempre en complemento con facilidades en la operación del transporte público masivo, desincentivando el uso del automóvil particular. 3.5 Desarrollo de un sistema integrado de corredores (BRT), tranvías y trenes subterráneos, que potencie el desarrollo socio-espacial de las ciudades tanto a escalas locales como globales, considerando la regeneración del tejido urbano a través de planes seccionales que disminuyan el impacto de esta infraestructura sobre la habitabilidad de los barrios dónde se encuentran

Bibliografía • Haworth, N., Ungers, B., Corben, B. and Vulcan , P. (2001) A 50km/h default urban speed limit for Australia?. • Instituto para la diversificación y ahorro de energía (2006) Guía PMUS para la elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Madrid. • Speck, J. (2012) Walkable City: How downtown can save america, one step at a time. North Point Press, New York. • Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment (2008) Towards Sustainable Urban Transport Policies. SMILE partners and cities. • Urry, J. (2007) Mobilities. Polity, London. movilidad sostenible

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SOSTENIBILIDAD Y RESILENCIA DE COMUNIDADES, CIUDADES Y TERRITORIOS

S O I R O T I TERR RURALES


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PRINCIPIO Territorios rurales planificados para el desarrollo sostenible y progreso permanente de sus comunidades. Fortalecer una institucionalidad que promueva y articule iniciativas desde el ámbito público, privado y de la sociedad civil, que permitan generar desarrollo humano, reducir la pobreza y promover la sustentabilidad ambiental de los espacios rurales, mediante una planificación territorial que incentive e incorpore las demandas ciudadanas y el diseño de políticas públicas flexibles y coherentes con sus particularidades, permitiendo revalorizar los sectores rurales desde un nuevo enfoque cultural, socioeconómico y ambiental. El desarrollo rural debe considerar un enfoque territorial, que permita generar una institucionalidad capaz de articular y coordinar a los diversos actores territoriales en torno a un desafío común: mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas rurales y generar desarrollo con equidad. Para alcanzar este objetivo, los intrumentos que promueven el desarrollo del sector rural deben ser concebidos de manera diferenciada y deben incorporar las características propias del sector, sus procesos históricos, actividades productivas, intereses y contextos socioculturales guía de ciudades

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SELLO Fortalecer la organización y planificación de los territorios rurales con el fin de promover su desarrollo humano, reducir la pobreza y promover la sostenibilidad ambiental. Generar políticas públicas que incentiven e incorporen las demandas rurales, que sean coherente con sus particularidades y que permitan revalorizar estos sectores desde un nuevo enfoque cultural, socioeconómico y ambiental. Promover el desarrollo rural desde una perspectiva territorial, en base a una institucionalidad local organizada que permita articular y coordinar a los diversos actores territoriales en torno a desafíos comunes. Promover la planificación y ordenamiento territorial de las zonas rurales, reduciendo el conflicto por la demanda de uso de suelo y el despoblamiento, como así también iniciativas eficaces que permitan mitigar potenciales riesgos de desastres. Incentivar políticas pertinentes en materia infraestructura, transporte, acceso a servicios básicos y equipamiento, como así también iniciativas que incorporen de forma transversal un enfoque de género. principios y sellos

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GLOSARIO desarrollo rural Proceso localizado de cambio social, revitalización y crecimiento económico sostenible, que tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad rural y de cada individuo integrado en ella (Valcárcel-Resalt, 1992). nueva ruralidad Término utilizado para diferenciar las dinámicas rurales del éxodo campo-ciudad (ruralidad tradicional) de aquellas producidas en los años recientes, durante la consolidación de las ciudades. Existen distintas visiones respecto a si el término responde a una adaptación natural de las actividades agrarias o a la imposición de un modelo económico sobre ellas. planificación rural Conjunto de medidas y acciones consensuadas que permiten avanzar hacia un desarrollo sustentable de los territorios rurales y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. pluriactividad rural Se refiere a la existencia de una diversidad de actividades agrícolas y no agrícolas ejercidas por los miembros de una unidad familiar, interna y externamente a la propiedad agrícola.


TERRITORIOS RURALES - DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN RURAL

Mauricio Maldonado

Territorios rurales Principales desafíos para el desarrollo y planificación de territorios rurales en Chile


El permanente cambio y transformación del paisaje rural genera nuevos desafíos y demanda duplicar esfuerzos en el ámbito de la gestión, organización y planificación del espacio rural, que permitan generar desarrollo, reducir la pobreza y promover la sustentabilidad ambiental. Para esto, se deben entre otras medidas, generar instrumentos que incentiven e incorporen las demandas ciudadanas y el diseño de políticas públicas flexibles y coherentes con las particularidades de los espacios rurales, que permitan revalorizar estos sectores desde un nuevo enfoque cultural, socioeconómico y ambiental.

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Según INE, en la actualidad, cerca de un 13% (2.230.000 habs.) del total de la población chilena vive en sectores rurales. Sin embargo, estudios recientes que incorporan variables más complejas para medir la ruralidad como conectividad, acceso a servicios, la dimensión socioeconómica de sus habitantes, entre otras, estiman que esta cantidad alcanza un 35%. A pesar de la gran relevancia de los sectores rurales a nivel país, persiste la sensación de que son territorios tremendamente desfavorecidos y aislados, producto principalmente de la alta centralización y concentración de las políticas públicas y de la priorización de lo urbano por sobre lo rural territorios rurales

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La intensificación de la economía neoliberal en Chile a partir de los años 70, la apertura económica y reestructuración de la economía chilena hacia un modelo exportador, han impactado de manera notable a los sectores rurales del país. Este proceso ha significado una profunda transformación del paisaje rural en su totalidad, afectando no sólo las formas en que se realizan las actividades productivas vinculadas tradicionalmente al sector agropecuario, sino también, las características culturales e identitarias de sus habitantes. La aparición de nuevos actores productivos en sectores rurales, especialmente grandes industrias del sector agrícola y forestal, han intensificado la transformación de los sectores rurales, generando territorios donde cohabitan y conviven diversos actores, grandes industrias que realizan un uso intensivo de la tierra con micro y pequeños productores asociados a una agricultura campesina de subsistencia. Por otra parte, el incremento de procesos migratorios urbano - rural, principalmente como resultado de la expansión horizontal de la ciudad, ha generado la aparición de nuevas localidades y enclaves urbanos en zonas rurales, fortaleciéndose así procesos de integración y homogenización de los patrones culturales de sus habitantes, activando mecanismos que intensifican la diferenciación campesina y contribuyen por una parte a reducir los contrastes entre ambos espacios, pero por otra, a aumentar los conflictos socio espaciales. La importante transformación del trabajo de sectores rurales desde actividades productivas basadas en economías de subsistencia familiar hacia nuevos modos de generación de ingresos que se sustentan en la pluriactividad, han intensificado los nexos a nuevos mercados y oportunidades comerciales que provienen de sectores urbanos, aumentando por una parte las opciones de mercado para las familias campesinas que ya contaban con estructuras productivas relativamente competitivas y por otra, accediendo a empleos de alta precariedad que son principalmente ocupados por campesinos más pobres, intensificado así la desagrarización de los sectores rurales. En este proceso en que se diversifican los empleos y se incrementan por guía de ciudades

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tanto los ingresos familiares, la creciente incorporación de la mujer a este tipo de fuentes laborales ha sido fundamental, por lo que las relaciones de género adquieren una especial relevancia. El permanente cambio y transformación del paisaje rural genera nuevos desafíos y demanda duplicar esfuerzos en el ámbito de la gestión, organización y planificación del espacio rural, que permitan generar desarrollo, reducir la pobreza y promover la sustentabilidad ambiental. Para esto, se deben entre otras medidas, generar instrumentos que incentiven e incorporen las demandas ciudadanas y el diseño de políticas públicas flexibles y coherentes con las particularidades de los espacios rurales, que permitan revalorizar estos sectores desde un nuevo enfoque cultural, socioeconómico y ambiental. En un sentido amplio, el desarrollo rural debe considerar un enfoque territorial, y en este sentido, las políticas públicas debiesen por una parte contribuir a mejorar los vínculos entre las actividades productivas del sector rural con mercados externos, y por otra parte, generar una institucionalidad local - regional que permita articular y coordinar a los diversos actores territoriales en torno a un desafío común; mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales y generar desarrollo con equidad. Para alcanzar este objetivo, los instrumentos que promuevan el desarrollo del sector rural deben ser concebidos de manera diferenciada y deben incorporar las características propias del sector rural, sus procesos históricos, intereses y contextos socioculturales. Particularmente en materia de desarrollo económico, las acciones deben estar enfocadas a entregar servicios de apoyo para el fomento productivo, la entrega de recursos básicos para la explotación agraria familiar, asistencia técnica y mejorar progresivamente las condiciones contractuales de trabajo. Por otra parte, estas medidas deben contribuir a que las familias campesinas aumenten el grado de asociatividad y cooperación entre ellas, de forma de aumentar las oportunidades en base a la diversificación de sus sistemas productivos y autosuficiencia en términos de generación de ingresos e integración al mercado. territorios rurales

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Debido a que las formas productivas agrícolas intensivas asociadas al modelo capitalista han deteriorado y precarizado las condiciones de empleo (Ej. temporalidad del empleo) y han desplazado espacialmente a las familias campesinas a sectores productivos de menor valor y condición agrícola–productiva, tanto las iniciativas ciudadanas y las vinculadas a las políticas públicas debiesen tener especial énfasis en acciones que permitan un ordenamiento territorial pertinente a estas nuevas dinámicas territoriales, que favorezcan el desarrollo actual y futuro de todos los actores que conviven en el mundo rural. Particular foco debe estar puesto sobre la explotación sustentable de iniciativas productivas y sobre la promoción de mejores condiciones laborales que surgen a partir de estas nuevas formas de empleo, contribuyendo así a superar la vulnerabilidad laboral y los derechos laborales de los trabajadores. En este contexto, la configuración de nuevos espacios rururbanos deben contemplar una planificación territorial que incorpore las diversas dimensiones que componen el paisaje rural, que propenda a la sustentabilidad ambiental y sea creada en base a procesos de participación de sus habitantes, minimizando el potencial conflicto por la demanda de usos de suelo y el despoblamiento y empobrecimiento de las zonas rurales. Debe a su vez, considerar medios de transporte adecuados y de calidad para la movilización dentro de sectores rurales y entre sectores rurales y urbanos, políticas pertinentes en materia de infraestructura, acceso a servicios básicos y equipamiento, instrumentos adecuados de planificación para mitigar potenciales riesgos de desastres e iniciativas que incorporen de forma transversal un enfoque de género. En este nuevo escenario, la dimensión política de los procesos de desarrollo rural deben estar abiertos a reconsiderar y reenfocar sus objetivos respecto al desarrollo sociocultural y productivo de los sectores rurales incorporando las características propias de estos espacios y su constante proceso de transformación guía de ciudades

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Bibliografía • Berdegué, J. Jara, E. Modrego, F. Sanclemente, X. y Schejtman, A. (2010). “Comunas Rurales de Chile”. Documento de Trabajo N° 60. Programa Dinámicas Territoriales Rurales. Rimisp, Santiago, Chile. • Echeverri R. y Sotomayor O. (2010). “Estrategias de gestión territorial rural en las políticas públicas en Iberoamérica”. CEPAL. Colección Documentos de proyectos. • INE, 2016. Compendio Estadístico. Santiago de Chile • Manzanal, M. (2006). “Regiones, Territorios e Institucionalidad del Desarrollo Rural” en Manzanal M., Neiman, G. y Lattuada M. (comp.) (2006). Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio. ED. CICCUS. Buenos Aires, Argentina. pp. 21 - 50. • Valcárcel-Resalt, G. (1992): “Balance y perspectivas del desarrollo local en España”, en el libro Desarrollo Rural. Ejemplos europeos, pp. S1-67. MAPA, Madrid. territorios rurales

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SOSTENIBILIDAD Y RESILENCIA DE COMUNIDADES, CIUDADES Y TERRITORIOS

O I N O M I R PAT


undeber

onioes #elpatrim

derecho n u s e io n o #elpatrim nioactivo #patrimo sbarrios o r t s e u n mos #valorice


PRINCIPIO Ciudades y ciudadanos que definan, valoren y protejan su patrimonio, sus singularidades culturales, diversidad material, natural e inmaterial. La protección del patrimonio no finaliza con las declaratorias, es nuestro rol que éstas sean el primer paso para lograr mejores ciudades. La multiculturalidad es parte de los procesos de patrimonialización y las autoridades locales tienen un rol importante para la protección y puesta en valor del patrimonio. El desarrollo de un proceso de protección y generación de valor urbano en barrios de carácter patrimonial y cultural debe iniciarse desde la participación efectiva, a partir del sentido de pertenencia de sus habitantes. Es necesario crear una nueva Ley de Suelos y una nueva institucionalidad, con los instrumentos efectivos, que implemente una regulación del mercado del suelo para lograr un uso más justo y equitativo, en donde el valor del suelo y el valor cultural no sean conceptos opuestos. El patrimonio es un derecho pero también es nuestro deber valorizarlo y protegerlo. Nuestros barrios construyen nuestras ciudades guía de ciudades

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SELLO Compromiso con la proyección en el tiempo de los registros de la memoria viva de nuestros barrios y ciudades. Creación de departamentos Municipales para el patrimonio que cuenten con profesionales dedicados a la difusión, desarrollo de proyectos con la comunidad, estrategias de gestión, vinculación entre comunas y entre comunidades de patrimonio. Crear fondos comunales y/o incentivos tributarios enfocados al patrimonio para el desarrollo de obras, estudios y proyectos para inmuebles y barrios de carácter patrimonial. Generar una institucionalidad local que permita a los vecinos de áreas patrimoniales desarrollar sus proyectos con la autoridad local y/o a partir de fondos de desarrollo municipales. Una fiscalización y protección más eficaz del patrimonio, ya que el rol actual de las municipalidades para la protección y fiscalización es pasiva y en gran parte reactiva. Integrar como variable estratégica el patrimonio en las políticas de planificación urbana y/o Territorial.

principios y sellos

| patrimonio


GLOSARIO edificios patrimoniales Inmuebles que por razones históricas o por características propias (Estilo, innovación constructiva o singularidad) son referentes del patrimonio cultural de una sociedad. multiculturalidad Condición desde la cual debe entenderse el sentido actual del patrimonio cultural, pues comunica la complejidad y la diversidad cultural de una sociedad contemporánea. patrimonio cultural Referentes materiales o inmateriales de la memoria e identidad cultural de una sociedad. Es una “herencia” que cada generación debe resguardar y traspasar a la siguiente. patrimonio vivo Cualidad que tiene una persona o un colectivo de ser representantes de una práctica cultural (Oficio, actividad artística o singularidad particular) que debe ser reconocida como un patrimonio cultural. procesos de patrimonialización Sistema articulado de acciones que se suceden en torno a un patrimonio. Inicia con una declaración como patrimonio y puede dirigirse hacia temas de difusión, investigación, restauración, puesta en valor, etc. zonas de valor patrimonial Áreas de la ciudad o de un asentamiento urbano que por razones históricas o por características propias son referentes del patrimonio cultural de una sociedad.


PATRIMONIO - PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIร“N

Gastรณn Vega

Patrimonio Claves para entender los procesos de patrimonializaciรณn, un camino para ciudades mรกs sostenibles


Claves para entender los desafíos de los procesos de patrimonialización para convertirlos en un camino para lograr ciudades más sostenibles. La protección del Patrimonio no finaliza con las declaratorias, es nuestro rol que éstas sean el primer paso para lograr mejores ciudades. La multiculturalidad es parte de los procesos de patrimonialización y las autoridades locales tienen un rol importante para la protección y puesta en valor del patrimonio. Nuestros barrios construyen nuestras ciudades. guía de ciudades

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Este documento pretende tocar el tema de los proceso de patrimonialización desde dos aristas; la primera busca analizar los procesos de concepción y declaratoria de nuestros patrimonios y la segunda los procesos de protección, puesta en valor y activación de estos. Esta mirada al Patrimonio es principalmente desde la dimensión de lo urbano y territorial, en especial énfasis a los mecanismos de protección de inmuebles y áreas, pero es válida en algunos puntos al concepto de patrimonialización más allá de lo arquitectónico ambiental

patrimonio

| procesos de patrimonialización


¿Qué entendemos por patrimonio y por qué es tan importante para nuestros ciudadanos, sus barrios y nuestras ciudades?. Cuando hablamos de patrimonio cultural debemos hacerlo alejándonos del concepto patria–única–nación, como una mirada base del siglo XIX, que buscaba que los relatos culturales se unificaran en una única línea argumentativa, por lo que los valores culturales de comunidades más complejas (Etnias, grupos socioeconómicos, minorías sexuales, inmigrantes, grupos etarios, entre otros) quedaban anulados por un discurso totalizante: «una cultura, una nación». Hoy necesitamos comprender el patrimonio desde una mirada multicultural, por lo que la acepción inglesa de patrimonio, heritage que nos habla de la herencia, es una plataforma más compleja desde la cual comprender el concepto moderno de cultura y patrimonio. La idea de una multiculturalidad que nos hereda su historia a las futuras generaciones, nos ayuda a entender y valorar nuestra cultura nacional como una cultura mestiza, unión de los diversos grupos que nos integran como sociedad y que deben ser valorados. El patrimonio no es único, por lo que se debe referir a patrimonios de una multiculturalidad que nos conforma como nación, por la geografía claramente, pero también por la concepción actual que nos lleva a recuperar las costumbres y culturas locales que quedaron olvidadas por el relato histórico–moderno de un patrimonio una nación. Debemos comprender que desde Chile y Latinoamérica, somos culturalmente jóvenes, frente a las culturas asiáticas y europeas. Esto hace que nuestras ciudades y patrimonios, exceptuando los de los pueblos originarios, no pasen más allá de 500 años, mientras que en los otros continentes hay de más de mil. Esto lleva a poner en crisis la idea de patrimonio igual a antiguo. Hay patrimonios culturales que lo son por su importancia y no por su antigüedad. Se debe comprender, que los procesos de patrimonialización no siempre entran en el concepto de patrimonio-nación que celebra un hecho, suceso guía de ciudades

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u características singulares. Existen los casos de declaratorias por causas de Derechos Humanos, que llevan estos procesos a una dimensión más de la conmemoración, hecho que a veces polariza a la sociedad. No necesariamente los patrimonios nos deben unir como un todo, se debe sumar a este proceso la dimensión de lo local o lo de grupos que puedan recoger y realzar su patrimonio, sumando los conceptos de cosmovisión particular que quedan fuera del concepto patrimonio delimitado como inmueble o polígono urbano o predial. Pasar de declaratorias a Procesos de Patrimonialización. Los procesos de relevamiento, protección y puesta de valor y sentido de nuestros patrimonios culturales hoy se han convertido en banderas de lucha y unión de diferentes agrupaciones locales, y a la vez como procesos de reconocimiento académico e institucional a inmuebles en riesgo. Mientras que para los segundos existe una estructura armada de fondos y difusión, para los primeros el proceso es más difícil, por lo que se producen muchas frustraciones y que al alero de la explosión de declaratorias de Zonas Típicas, serán un conflicto cuando estas comunidades se percaten que el sistema les obliga en la mayoría de los casos a hacer las postulación a fondos al alero de los proyectos desarrollados con su municipio. El desafío es entonces transitar de una serie de procesos de declaratorias a procesos de patrimonialización. Estos procesos hacen referencia un todo complejo en torno al patrimonio: inicia con la pregunta de los habitantes por el valor del inmueble, barrio u objeto. De ahí pasa a un proceso de declaratoria, ya sea vía LGUC o Ley de Monumentos Nacionales, donde se busca gravar una protección por parte del Estado al patrimonio. Estos primeros dos puntos son los más comunes y que hasta ahora han sido llevados por el Estado, ya sea por municipios, CNCA y CMN. Los pasos que continúan son más difusos y dependen de lo declarado, pero se puede definir en caminos: patrimonio

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• Procesos de puesta en valor: dan cuenta de acciones de restauración, de recuperación y de activación de los objetos patrimoniales (inmuebles, barrios u otros). Transitan desde la restauración de fachadas a proyectos para dar una segunda vida útil al edificio. Normalmente estos proyectos son liderados por una comunidad organizada que junto a su municipio son postulados a fondos regionales, nacionales e internacionales. • Procesos de desarrollo de proyectos locales en torno al patrimonio: hace referencia a los proyectos de la comunidad organizada que realizan junto a su patrimonio, revitalizando sus barrios y entorno. Son acciones que van más allá del patrimonio y que buscan potenciar atributos de su barrio, ya sea mejorando inmuebles o espacios públicos, potenciando su comercio local o cultural, o simplemente como acciones para hacer frente a acciones gentrifícadoras, sean externalidades negativas del proceso de patrimonialización como inversiones del estado que detonan acciones de inmobiliarios. Estos procesos son liderados por organizaciones barriales existentes (Juntas de Vecinos o Comités) o creados para este fin (Corporaciones, ONG o Fundaciones). • Procesos de Difusión: son acciones de socialización de los valores singulares del patrimonio, las cuales son acompañadas por actividades de extensión, de prensa y de plataformas para atraer a visitantes externos del barrio (habitantes de la misma ciudad o comuna y turistas del país o internacionales). Esta difusión busca también sensibilizar a las autoridades del Estado y a privados, para lograr que se destinen fondos e inversiones a estas áreas patrimoniales. Cuando uno estudia los casos exitosos de declaratorias de barrios (ZT o ZCH), su éxito radica en que de forma inconsciente tienen claro el proceso de patrimonialización, pues mientras se hacen la pregunta de si su área tiene valor ya están visualizando el o los proyectos posteriores a la declaratoria. guía de ciudades

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En este documento se busca que esta concepción de un procesos complejo para el patrimonio sea una requisito implícito y no la claridad de algunos de estos ejemplos. Para esto el Estado debe destinar fondos y potenciar a los gobiernos locales y regionales en este rol, para que no queden solo en procesos de declaratorias, que sin estos proyectos posteriores, pueden ser más detonantes de deterioro del patrimonio que las mismas inmobiliarias. Rol local con el patrimonio para lograr barrios y ciudades sostenibles. Los municipios deben ser los aliados estratégicos del patrimonio y de las comunidades asociadas a ellos. Para esto los municipios deben generar espacios internos y externos para el desarrollo de proyectos y obras. Desde la creación de Direcciones de Patrimonio a fondos específicos. Se detecta la oportunidad para la autoridad local de generar equipos específicos para el desarrollo de acciones con las comunidades organizadas en torno al patrimonio

Bibliografía • CARRIÓN , F. Desarrollo cultural y gestión en centros históricos. Quito: UNESCO – BID – FLACSO. Ecuador. 2001. • Ley 17288 de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas. • Ley General de Urbanismo y Construcciones, Articulo 60°. • Reglamento sobre Zonas Típicas o Pintorescas. Decreto Nº 223 del 27 de julio de 2016 Publicado en el Diario Oficial el 04 de febrero de 2017. • UNESCO. Carta de Cracovia. Principios para la Conservación y la restauración del Patrimonio Construido. 2000.

patrimonio

| procesos de patrimonialización


DERECHOS SOCIALES, ESTÁNDARES Y CONDICIONES PARA EL BUEN VIVIR

O H C E R E D D A D U I C A AL


ciudad

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PRINCIPIO La ciudad como propiedad de las y los ciudadanos y el bien común como prioridad de su desarrollo. Por la tradición de la prevalescencia del derecho a la propiedad privada por encima del bien común; por el tenor de la Constitución (1980) vigente, especialmente los artículos referidos a la función social del derecho de propiedad, que define las modalidades de compensación económica en caso de expropiación, sin abordar el enfoque de los derechos económicos, sociales y culturales; por la trayectoria de la política de desarrollo urbano desde la dictadura, que no contempla una política social de suelo; y por la larga implementación del «subsidio habitacional» —delegando al sector privado la localización y la materialización de viviendas económicas de mala calidad y en localizaciones desconectadas de la trama urbana— como única política de financiamiento de la vivienda, sin considerar a las personas como protagonistas de la producción y gestión social del hábitat; los territorios y las ciudades de Chile acusan una profunda segregación socio-espacial. El Derecho a la Ciudad es otorgar a las personas la posibilidad de participación conciente en la producción de una ciudad de la cual son tanto productores como producto

guía de ciudades

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SELLO La bandera política del «Derecho a la Ciudad» para formular y pactar la nueva constitución, para revisar el marco legal y las políticas públicas referidas a territorios y ciudades. El ejercicio pleno de la ciudadanía, o sea la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas y todos los habitantes de la ciudad, en condiciones de igualdad y justicia, así como el pleno respeto a la producción social del hábitat. La gestión democrática de la ciudad, o sea el control y la participación de la sociedad, a través de formas directas, vinculantes y representativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, priorizando el fortalecimiento y autonomía de los muncipios y de las organizaciones sociales. La función social de la propiedad y de la ciudad, o sea, en la formulación e implementación de las políticas urbanas, la prevalencia del interés común sobre el derecho individual de propiedad; implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.

principios y sellos

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GLOSARIO derecho a la ciudad «(...) usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado.» (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Foro Social Mundial, 2005). función social de la propiedad Es un concepto jurídico que limita el carácter absoluto y exclusivo del derecho de propiedad –de inspiración liberal e individualista– y lo sujeta al bien común. justicia social Se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera. sostenibilidad Es la capacidad de permanecer; cualidad por la que un elemento, sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la que un elemento resiste, aguanta, permanece. usufructo Del latín usufructus; es la utilidad o provecho que se obtiene de una cosa. En el caso del derecho a la ciudad, el “usufructo equitativo” corresponde a la recuperación y redistribución de las ganancias que la ciudad genera entre todas y todos.


DERECHO A LA CIUDAD - JUSTICIA SOCIAL URBANA

Ana Sugranyes

Derecho a la ciudad Claves para entender las posibilidades, a largo plazo, de construir ciudades justas


El derecho a la ciudad es una bandera política para quienes luchamos por cambiar la historia. Repensemos el buen vivir a partir de la función social de la ciudad y del suelo, revisando el derecho de propiedad desde los derechos sociales. «El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho guía de ciudades

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a un patrón de vida adecuado.» (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Foro Social Mundial, 2005). «Entendemos que la construcción de una ciudad justa e igualitaria es inseparable de la lucha por la democratización del acceso a tierra, por la reforma urbana y agraria, por la democratización de la gestión del territorio, por la soberanía alimentaria de los pueblos, y por las prácticas ambientales responsables…». (Carta de Río de Janeiro, Foro Social Urbano, 2010)

derecho a la ciudad

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La primera mención del derecho a la ciudad es de Henri Lefebvre (1968), sociólogo y filósofo de la Universidad de Nanterre, cuyo mensaje se centra esencialmente en los derechos de las personas a la vida urbana, transformada, renovada. En este sentido, el derecho a la ciudad se entiende como una propuesta política de cambio y alternativa a las condiciones de vida urbana creadas por las políticas de desarrollo urbano y de construcción de las viviendas. Esta reformulación de la vida urbana propone mayor equidad, donde la mayoría de las y los habitantes logren redescubrir la solidaridad, redistribuyendo los beneficios de la ciudad para todas y todos. Son muchos los desafíos de esta aspiración de justicia social; algunos los llaman quimera o ilusión; para los defensores de los derechos humanos, se trata de una utopía indispensable para la praxis de construcción de otro mundo posible. En esta tarea de (re)inventar condiciones del «buen vivir» —sumak kawsay, como lo reclaman los pueblos indígenas andinos quechuas y aymaras—, encuentros entre distintas expresiones de la sociedad civil —movimientos sociales y académicos, así como organizaciones profesionales— desempeñan un rol importante en las luchas por el acceso al suelo, a los servicios básicos, a la vivienda, reivindicando ciudades más justas. A casi cincuenta años de la primera formulación del derecho a la ciudad, esta propuesta sigue vigente y convoca a movimientos sociales y distintas expresiones de la sociedad civil en diferentes partes del mundo. Por un lado, se trata de una bandera para orientar las prácticas de organizaciones sociales en contra de la violación de los derechos humanos, contra la marginalización y los desalojos, y buscando cómo resolver sus aspiraciones al buen vivir en la ciudad; por el otro, apela a un debate académico sobre el sentido político del derecho a la ciudad y de los aportes legales para llegar a su exigibilidad jurídica de este derecho colectivo emergente. Entre los instrumentos jurídicos más avanzados a nivel internacional, destaca la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), firmada por alrededor de cuatrocientas ciudades. guía de ciudades

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Es el resultado de la Conferencia «Ciudades por los Derechos Humanos» (1998), que se organizó en conmemoración del 50º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Participaron en el encuentro centenares de alcaldes/as y representantes políticos de diferentes ciudades europeas, que aunaron su voz para reivindicar un mayor reconocimiento político como actores clave en la salvaguarda de los derechos humanos en un mundo cada vez más urbanizado. En América Latina, la formulación del derecho a la ciudad remonta a comienzos de los años noventa. Los principales avances nacionales se han dado en Brasil, en 2001, con la creación del Ministerio de las Ciudades y el Estatuto de la Ciudad, cuyos mayores logros son los instrumentos destinados a garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad, el impuesto progresivo en el tiempo sobre la propiedad urbana; los instrumentos de reglamentación del uso y acceso a las tierras urbanas ocupadas por personas de bajos ingresos; y los instrumentos de gestión democrática de la ciudad: audiencias públicas, consejos y conferencias de las ciudades en el plan nacional, estatal y municipal. Un conjunto de movimientos populares, organizaciones y asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil construyeron la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005), que recoge los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, parlamentarios y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades. La Carta basa su propuesta en tres ejes fundamentales: (i) el ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, el ejercicio de todos los derechos humanos, que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y que promueven la producción y gestión social del hábitat; (ii) la gestión democrática de la ciudad, a través del reconocimiento pleno de todos los actores implicados, especialmente de la sociedad civil, a través de la planificación y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, derecho a la ciudad

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así como las organizaciones sociales; (iii) la función social de la propiedad y de la ciudad, para que predomine el bien común sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sostenible del espacio urbano. La Constitución del Ecuador (2008) menciona explícitamente: «Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica» (Art. 30); y: «Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía» (Art. 31). La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010) se ha ido formulando a lo largo de cuatro años en un espacio de diálogo entre diversas organizaciones del movimiento urbano y las autoridades del Distrito Federal. Este documento oficial define el derecho a la ciudad de la siguiente forma: «Es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.»

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En el sistema de Naciones Unidas, la Unesco, es la instancia que acumula más trabajos sobre el tema. ONU-Hábitat hace una pequeña referencia al derecho a la ciudad en la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III (2016). En el mundo universitario, más de quinientos académicos avanzan en la formulación de propuestas a través del proyecto «El derecho a la ciudad» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), coordinado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso-Ecuador. En Chile, la participación ciudadana sigue siendo un tema no asumido políticamente por la esfera gubernamental; tampoco por la parlamentaria. De ir prosperando la tendencia por el cambio constitucional para iniciar el proceso de construcción del derecho a la ciudad, los desafíos pasarán en primera instancia por transparentar la territorialización de los derechos humanos, empezando por una revisión de la función social de la propiedad y la especificidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), entre los cuales se inscribe el derecho humano a una vivienda adecuada

Bibliografía • Borja, J. (2003) “La Ciudad Conquistada”, Alianza Editorial. Barcelona. • Borja, J. et al (2016) “Ciudades para cambiar la vida. Una respuesta a Hábitat III”, Flacso Ecuador y Café de la Ciudad. • Harvey, D. (2003) “The New Imperialism”, Oxford University Press. • Lefebvre, H. (1968) “Le droit à la ville”, Ed. Economique, Paris. • Sugranyes, A. y Mathivet, C. (2011). “Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias”, HIC.

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DERECHOS SOCIALES, ESTÁNDARES Y CONDICIONES PARA EL BUEN VIVIR

CIUDAD A R O D A INTEGR


inclusiva e a r o d a r integ #ciudad ad oalaciud h c e r e d # dadjusta iu c a n u #hacia zamiento la p s e ld a #no


PRINCIPIO Ciudad compacta, que privilegie la densificación por sobre la expansión, promueva la integración social y asegure accesibilidad equitativa a equipamientos públicos y servicios. Empujar el concepto de compacidad como modelo de ciudad, mediante políticas públicas que desincentiven la expansión urbana y generen densificación con la adecuada conservación de las condiciones ambientales, sociales y culturales de los barrios. Lo anterior, deberá basarse en un nuevo rol del Estado, cuya ausencia se evidencia en los fenómenos de la expansión urbana descontrolada y en la densificación en altura que ha predominado en las últimas décadas. Uno de los principales desafíos de las metrópolis nacionales es el alto nivel de segregación urbana, evidencia espacial de la desigualdad de nuestra sociedad. Esta situación, además de generar enormes problemas vinculados a la movilidad diaria, ha permitido la concentración espacial de la pobreza, la ocupación de zonas de riesgo para actividades residenciales, y muchos otros fenómenos urbanos que han impactado fuertemente en la perdida de la democracia urbana, evidenciado la crisis de nuestras ciudades como motor del desarrollo social

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SELLO Compromiso con una ciudad más justa que privilegie la densificación a mediana altura, promoviendo la integración social a través del derecho a la centralidad y el derecho a permanecer en los barrios. Revisar y actualizar participativamente el Plan Regulador Comunal (PRC) con enfoque en zonificación de altura y densidad media en el caso de sectores urbanos centrales, para un crecimiento sostenible y respetuoso con su entorno. Actualizar y desarrollar un nuevo PLADECO de forma participativa, ajustando el desarrollo comunal a las necesidades e identidad local. Rediseñar y optimizar el análisis, diseño, gestión, aprobación e implementación de los nuevos Planes Reguladores Comunales (PRC), profesionalizando y desburocratizando el proceso. Perfeccionar el uso de herramientas de gestión territorial coordinadas con los instrumentos de planificación, como por ejemplo la sesión de patentes, la localización de proyectos municipales y otros, que aporten a la generación equilibrada del equipamiento. principios y sellos

| ciudad integradora


GLOSARIO especulaciรณn inmobiliaria Acciรณn de la compraventa de terrenos y/o bienes inmuebles con la รบnica intenciรณn de revenderlos posteriormente, esperando obtener un beneficio econรณmico debido a las fluctuaciones de los precios del mercado en el tiempo. gentrificaciรณn Reestructuraciรณn espacial de un รกrea urbana mediante la inyecciรณn de capital fijo al mercado inmobiliario y de infraestructura, orientada al reemplazo de usuarios de ingresos medio-bajos por usuarios de poder econรณmico superior, en un contexto de mercantilizaciรณn de suelo. gobernanza Las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios. segregaciรณn Resultado de disparidades sociales y abandono flagrante del Estado, que se manifiestan en desiguales condiciones de vivienda, con desiguales infraestructuras y servicios, ademรกs de condiciones ambientales desiguales, tales como acceso a espacios verdes, calidad del agua y del aire, riesgos socionaturales, etc.


CIUDAD INTEGRADORA - CENTRALIDAD E INTEGRACIÓN

Hernán Orozco

Ciudad integradora Una ciudad justa promueve la integración a través del equilibrio entre el derecho a la centralidad y el derecho a permanecer en los barrios


Una morfología urbana justa para una vida digna promueve la densificación de calidad por sobre la expansión urbana descontrolada, para propiciar la integración social, evitar la periferización de los grupos más vulnerables y respetar el derecho de los vecinos a no ser desplazados. En ciudades como las nuestras, donde la segregación periférica ha caracterizado las décadas anteriores, y que en la última década ha mutado para permitir la hiperdensificación y la gentrificación en las comunas centrales, es innegable que el derecho a la centralidad urbana (accesibilidad a equipamiento y servicios, transporte, oferta laboral, etc.) para todos guía de ciudades

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debe ser una prioridad para el Estado y sus políticas públicas. En este escenario, es prioritario privilegiar una densificación de calidad por sobre la expansión, para asegurar la integración social y estándares equitativos de accesibilidad a equipamientos públicos y servicios urbanos, pero al mismo tiempo debe ser una densificación adecuada para permitir la conservación de las condiciones ambientales, sociales y culturales de los barrios centrales. Para esto, es necesario fortalecer los instrumentos de planificación urbana y territorial, además de construir nuevos instrumentos mediante procesos ampliamente participativos ciudad integradora

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En ciudades como las nuestras, donde la segregación periférica de nivel metropolitano ha sido el principal resultado del modelo de desarrollo urbano predominante de las décadas anteriores basado en la expansión urbana descontrolada y que en la última década ha mutado para permitir la hiperdensificación de las comunas centrales y la gentrificación de los residentes tradicionales de sus barrios; es innegable que la densificación de calidad y el derecho a la centralidad urbana (accesibilidad a equipamiento, oferta de transporte, oferta laboral, etc.) para todos debe ser una prioridad para el Estado y las políticas públicas urbanas. Pero, estas necesidades de carácter urgente, no pueden transformarse en la excusa para la hiperdensificación de las comunas centrales y pericentrales; en el contexto de un mercado inmobiliario apalancado por planes y subsidios que aseguran altas rentabilidades para las empresas inmobiliarias, mientras que concentran el riesgo político en los gobiernos locales y el riesgo económico en el sector público central que debe gastar cada vez más en subsidios a la localización de las clases medias y en comprar suelo con valores sujetos a la especulación inmobiliaria. Además, este modelo de regeneración de la ciudad está afectando gravemente los modos de vida de las familias tradicionales de estos barrios, disminuyendo el valor de cambio y el valor de uso (calidad de vida) de sus viviendas; y por si fuera poco, vulnerando el derecho a permanecer en los barrios en que han desarrollado sus vidas, ya sea por el acoso inmobiliario o por la generación de barreras de acceso al mercado de la nueva vivienda, cada vez más cara y al mismo tiempo cada vez más pequeña. Es evidente que bajo las lógicas del modelo neoliberal no es posible pedir a las empresas privadas que tomen decisiones en función de objetivos sociales. No obstante, la ausencia de regulación estatal efectiva sumado a los incentivos pro-empresariales de las políticas públicas urbanas han permitido la expansión urbana descontrolada que predominó las décadas anteriores y la brutal densificación de áreas centrales que ha predominado en los últimos años. guía de ciudades

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Estos fenómenos, además de generar enormes problemas sociales vinculados a la movilidad diaria, la concentración espacial de la pobreza, la ocupación de zonas de riesgo geológico para actividades residenciales, entre otras; han permitido evidenciar la crisis de nuestras ciudades como motor del desarrollo social, demostrando espacialmente la desigualdad de nuestra sociedad y transformándose en los principales desafíos para la construcción de ciudades integradas. En el mismo sentido, la segregación y la gentrificación como dos partes del mismo modelo privatizado, excluyente, de nula sensibilidad con el patrimonio y basado en el endeudamiento, ha impactado fuertemente en la pérdida de la democracia urbana entendida como la posibilidad de todos los que conformamos la sociedad de tomar las decisiones respecto del futuro de nuestros barrios y de ejercer el derecho a la ciudad en plenitud. En definitiva, se propone avanzar de forma decidida hacia una nueva institucionalidad urbana donde el Estado asuma un rol más activo en la gestión del suelo, y una nueva gobernanza donde la participación ciudadana sea pilar del desarrollo urbano. Siendo, de vital importancia revisar el sistema completo de políticas públicas urbanas, y sobre todo aquellas que dan plataforma al actual modelo ya descrito, para sustituirlo por otro que privilegie la densificación de calidad por sobre la expansión y que al mismo tiempo asegure la integración social y estándares equitativos de accesibilidad a equipamientos públicos y servicios urbanos, mediante políticas públicas que prohíban la expansión descontrolada, generen densificación con la adecuada conservación de las condiciones ambientales, sociales y culturales de los barrios; y gestionen el desarrollo territorial a través de herramientas más flexibles y coordinadas. Para lograr este objetivo general es necesario: • Optimizar el análisis, diseño, aprobación y gestión, de nuevos Planes Reguladores Comunales (PRC), profesionalizando y desburocratización el proceso de formulación y aprobación con el fin de establecer una planificiudad integradora

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cación urbana permanente y efectiva. En el ámbito local se deberá revisar y actualizar participativamente cada Plan Regulador Comunal (PRC) con un enfoque en zonificación de altura y densidad pertinentes para un crecimiento sostenible y respetuoso con el entorno y los vecinos. • Desarrollar o actualizar Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) de forma participativa con la comunidad y coordinadamente con los PRC, para generar diagnósticos asertivo y ajustar el desarrollo comunal a la identidad local y a la planificación urbana. • Fomentar el uso de otras herramientas de gestión territorial coordinadas con los instrumentos de planificación, como por ejemplo: la sesión de patentes, la localización de proyectos municipales y de los gobiernos centrales, que aporten a la generación equilibrada de equipamiento, áreas verdes, etc. • Reforzar la presencia y actividad de los equipos de Asesoría Urbana y Planificación multidisciplinares en los gobiernos locales, para que las comunas cuenten con una visión urbana no residual que permitan los procesos de planificación participativos, permanentes y de múltiples herramientas de gestión coordinadas. • Y, avanzar hacia la gestión y diseño de proyectos urbanos intercomunales o metropolitanos, diseñando estrategias de colaboración y financiamiento, creando alianzas y fortaleciendo otras ya existentes, con el objetivo de evaluar aquellas iniciativas que puedan ser más eficientes y equitativas al entender que la ciudad es un sistema que va mas allá de las comunas, sobre todo en ciudades metropolitana que hoy carecen de gobernabilidad

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Bibliografía • Casgrain, A., & Janoschka, M. (2013). Gentrificación y resistencia en las ciudades latinoamericanas: El ejemplo de Santiago de Chile. Andamios, 10(22), 19-44. • Chavoya Gama, J. I., García Galván, J., & Rendón Contreras, H. J. (2009). Una reflexión sobre el modelo urbano: ciudad dispersa-ciudad compacta. In 5th International Conference Virtual City and Territory, Barcelona, 2, 3 and 4 June 2009 (pp. 37-50). Centre de Política de Sòl i Valoracions. • López-Morales, E. (2013). Gentrificación en Chile: aportes conceptuales y evidencias para una discusión necesaria. Revista de Geografía Norte Grande, (56), 31-52. • Ruiz-Tagle, J., & López, E. (2014). El estudio de la segregación residencial en Santiago de Chile: revisión crítica de algunos problemas metodológicos y conceptuales. EURE (Santiago), 40(119), 25-48. ciudad integradora

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DERECHOS SOCIALES, ESTÁNDARES Y CONDICIONES PARA EL BUEN VIVIR

A D N E I V I V O C I L B Ú P S É R E T N I DE


justa

#ciudad

vivienda la a o h c e r #de s rosbarrio t s e u n r a r #recupe adigna #viviend


PRINCIPIO Vivienda de interés público integrada y de calidad, como herramienta de desarrollo, que permita remediar el estigma de la vivienda social. Entendida la vivienda como la unidad básica del concepto de hábitat colectivo, es importancia orientar las políticas habitacionales hacia la generación de espacios residenciales y barrios que permitan el desarrollo integral de los habitantes. Para ello, se deberá asegurar viviendas con: estándares mínimos de calidad, flexibilidad ante los múltiples usos que requieran sus residentes, eficiencia respecto de su realidad geográfica y cultural; además de barrios con buena accesibilidad a equipamiento y servicios urbanos. Complementario con lo anterior, será necesario redefinir el concepto de vivienda social y ampliarlo hacia el concepto de vivienda de interés público, con lo cual el Estado pueda hacerse cargo en forma integra del derecho a la vivienda de todos los chilenos

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SELLO Promover el desarrollo de vivienda de interés público abordando de forma progresiva el enfoque de derechos humanos, situando a las comunidades, familias y personas en el centro de la política habitacional. Implementación de modelos de gestión recogiendo distintas experiencias: cooperativas de vivienda, autogestión, empresas públicas, consorcios. Promover diálogo entre DIDECO y SECPLA en la formulación y ejecución de estos modelos. Organización, promoción y difusión de actividades ligadas a la sustentabilidad a escala barrial y de vivienda, generación de tejido social, establecimiento de redes e incentivo de prácticas medioambientales sostenibles que aporten a economías locales y dinámicas sociales. Protocolo para la radicación / rehabilitación del parque de vivienda de interés público, apoyando en la creación de redes tanto internas como externas. Regularización de viviendas (títulos de dominio, recepción final) antes de postular a subsidios. Promover la elaboración de planes maestros de barrios para la consolidación de la integración de los subsidios habitacionales y programas de barrios (Quiero mi barrio, Protección del patrimonio familiar 3pf, entre otros) considerando etapas de cocreación y habilitación social post implementación de los proyectos. principios y sellos

| vivienda de interés público


GLOSARIO derecho humano a una vivienda adecuada (dhva) Es el derecho a tener un lugar donde vivir con seguridad, paz y dignidad. Forma parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966), definido en su artículo 11. interés público La expresión se usa para reflejar el postulado de que la finalidad de las acciones del Estado, o de las instituciones de una comunidad políticamente organizada, ha de ser el bien (felicidad, interés, utilidad o beneficio) del conjunto del pueblo (la totalidad de los que componen una nación). regeneración de barrios Es un instrumento global para la recuperación integral de ámbitos urbanos, centrales o periféricos, afectados por problemas habitacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento de la población y otros aspectos de carácter urbanístico, social y económico, mediante la integración, la coordinación y el fomento de las distintas actuaciones que los agentes públicos y privados puedan desarrollar en dichos ámbitos urbanos. seguridad de la tenencia Es un componente central del derecho a la vivienda adecuada. Proteje a los individuos más vulnerables contra el desalojo forzoso, tales como los habitantes de los campamentos o conjuntos de vivienda social obsolescentes, en riesgo de padecer una serie de violaciones de los derechos humanos.


VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO - DERECHO AL HABITAR DIGNO

Ana Sugranyes, Fernando Toro

Vivienda de interés público Repensemos la vivienda por su valor de uso y desde las capacidades locales y de sus pobladores


La vivienda hoy es un negocio. Las políticas habitacionales se olvidaron de la vida en comunidad y el buen vivir segregando a los habitantes, estigmatizando la pobreza y delegando la producción del hábitat a privados. Repensemos la vivienda desde su valor de uso y desde las capacidades locales y de sus pobladores. La vivienda debe entenderse como el componente esencial tanto del barrio, como de la ciudad y del territorio, y bajo esta premisa debe estar integrada a los diversos sistemas y servicios que la componen. El derecho humano a una vivienda adecuada, nos permite cambiar la historia, centrando las políticas habitacionales en las capacidades de los habitantes guía de ciudades

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para el buen vivir de todas y todos en los barrios y en todo el tejido urbano. Las propuestas apuntan a fortalecer política y económicamente los gobiernos locales en materia urbano-habitacional; regeneración de barrios, especialmente periféricos; producción pública de viviendas de bajo costo reconociendo e incentivando alternativas autogestionarias y apuntando a la diversificación de tenencia; rediseño de las funciones de fiscalización de la vivienda de interés público; avanzar hacia mayores capacidades de coordinación e integración entre la producción de viviendas y el desarrollo urbano; responder a los desafíos de sustentabilidad y eficiencia energética vivienda de interés público

| derecho al habitar digno


La historia del subsidio habitacional demuestra la factibilidad de movilizar los recursos públicos y privados necesarios para responder a la demanda de vivienda. A su vez, el impacto social y espacial de la producción masiva de viviendas de bajo costo en los últimos 35 años demuestra que no es suficiente darle un techo a los sectores vulnerables. De esta práctica surgen los mayores problemas habitacionales actuales: la muy profunda segregación socio-espacial de nuestras ciudades, especialmente las grandes; la mercantilización de la vivienda que la reduce a su valor de cambio y la desvirtúa de toda socialización del espacio habitacional; y la estigmatización de la pobreza en espacios urbanos precarios. De esta práctica, a su vez, surgen las pistas de cómo ir repensando ahora el tema de la vivienda. En primera instancia, corresponde centrar las políticas habitacionales en el enfoque de derechos humanos. Entre muchas variables que precisan el enfoque territorial de los derechos humanos, como el suelo, el agua o el aire, el tema habitacional está centrado en el Derecho Humano a una Vivienda Adecuada, que forma parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11 lo define como «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia». El contenido del derecho a la vivienda se construye a partir de siete atributos, o cualidades, relacionados con la calidad de vida de las personas. Además de los evidentes requisitos de calidad física y habitabilidad del bien material, sin duda la localización y el costo de adquisición y de mantenimiento son esenciales. Las personas aspiran a una infraestructura básica; cercanía a fuentes laborales, escuelas, centros de salud y otros servicios y equipamiento accesibles. La vivienda, entonces, se concibe como un bien social, un valor de uso y un valor de cambio, que permite el goce de otros derechos fundamentales, como parte del sistema internacional de protección y promoción de los derechos humanos. guía de ciudades

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La seguridad de la tenencia es un componente central. Cualquier iniciativa relacionada con la vivienda, ya sea en el contexto de la renovación urbana, la rehabilitación de conjuntos caídos en la obsolescencia, la gestión de la tierra u otros proyectos de desarrollo, o para hacer frente a las necesidades de reconstrucción después de desastres, puede tener repercusiones en la seguridad de la tenencia. La falta de seguridad de la tenencia hace muy difícil la protección contra el desalojo forzoso, dejando a los más vulnerables, tales como los habitantes de los campamentos o conjuntos de vivienda social obsolescentes, en riesgo de padecer una serie de violaciones de los derechos humanos. Otro atributo importante se refiere a la localización de la vivienda. El lugar de la vivienda debe facilitar el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niñas y niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente importante en ciudades grandes y en zonas rurales donde los costos temporales y financieros para movilizarse a los lugares de trabajo pueden imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. Así mismo, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. Chile se encuentra en un momento en que puede transformar la situación de «beneficiarios» a «ciudadanas y ciudadanos con derechos», o sea una ciudadanía que lucha por el «derecho a tener derechos»; tiempo también de reformular la función social del derecho de propiedad a partir de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) desde la especificidad de los territorios; de construir los instrumentos constitucionales, legales y normativos necesarios; y de volver a pensar las políticas de la ciudad y del hábitat desde el derecho humano a una vivienda adecuada. En este sentido, se proponen 10 acciones básicas:

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1.- El derecho a la vivienda debe consagrarse en la Constitución. 2.- Centrar al habitante como sujeto primordial de la producción y gestión del hábitat. Esto a efecto de avanzar hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, el ejercicio de todos los derechos humanos, que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y que promueven la producción y gestión social del hábitat. 3. Fortalecer los gobiernos locales y de ciudad, política, técnica y económicamente, en materia de vivienda; esto en cuanto a organizar la oferta y la demanda prioritaria; también de articulación entre municipio, movimientos sociales, organizaciones profesionales y empresas para la adquisición y gestión de suelo, generando agendas innovadoras e integradoras. Modificación a la EGIS, avanzando hacia corporaciones públicas como desarrolladores inmobiliarios. 4. Diversificar la oferta de vivienda desde el sector público, generando entidades dentro o a partir de la municipalidad, en términos de tenencia segura, como el comodato, vivienda tutelada, arriendo y propiedad colectiva; reconociendo la autogestión y el cooperativismo; facilitando interacciones entre instancias municipales e instancias externas como asesores habitacionales locales. 5. Cambiar el término de «vivienda social» a «vivienda de interés público», sin discriminación racial, etaria, económica o de género. Los campamentos deben ser regularizados y reconocidos como unidades barriales válidas, favoreciendo la radicación y evitando toda forma de expulsión o desalojo. 6. Regeneración de barrios correspondiente a la particularidad de cada comuna, respetando los valores patrimoniales: En áreas periféricas, se priorizan proyectos con visión de espacio público y cívico, equipamientos y servicios, no más densidades. La vivienda no es sólo un bien aislado; funciona desde su entorno y las redes sociales que la sustenta. En sectores centrales o pericentrales se propone una renovación en densidades medias, en propiedad y arriendo, que facilite la integración de población diversa, además de primeros pisos con comercios de escala barrial. guía de ciudades

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7. Realizar una coordinación entre programas habitacionales y barriales, entre las distintas instancias municipales, sociales y técnicas y entre las organizaciones vecinales; con el apoyo de planes maestro de los barrios, con todas las escalas de intervención y mejoramiento de la vivienda y el espacio público, además de la rehabilitación de los conjuntos y condominios; y con programas de acompañamiento técnico y social, ante y ex post. 8. Promover el compromiso con el medio ambiente y la eficiencia energética de las viviendas y de los barrios, con políticas e instrumentos legales: por ejemplo, reciclaje de desechos, huertos comunitarios orgánicos y sistemas municipales de captación de energía renovables. 9. Reforzar la regularización de viviendas de interés público, para facilitar el acceso a los beneficios de mejoramiento de la vivienda, especialmente, desde los municipios. Establecer mecanismos y espacios de acompañamiento y apoyo a la ciudadanía. 10. Estudiar la generación de una superintendencia de urbanismo que vele porque el desarrollo inmobiliario privado cumpla con un mínimo de dignidad a nivel espacial, escalar y de espacio público y no se genere lucro con subsidios estatales

Bibliografía • Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Chile. 2013. Derecho a la vivienda adecuada. En INDH, Situación de los derechos humanos en Chile. Informe anual 2013 (pp. 195-204), en http://bibliotecadigital.indh. cl/bitstream/handle/123456789/605/INFORME%20ANUAL%202013.pdf?sequence=4 • Nahoum, Benjamin, et al, eds. 2013, La vivienda, entre el derecho y la mercancía. Las formas de propiedad en América Latina. We effect, Monteviedo: Ediciones Trilce, en http://www.hic-al.org/noticias.cfm?noticia=1532&id_categoria=8 • Rodríguez, Alfredo et al, eds. 2015, Con subsidio, sin derecho. La situación del derecho a una vivienda adecuada en Chile. Santiago: Ediciones SUR, en http://www.sitiosur.cl/con-subsidio-sin-derecho.php • Rodríguez, Alfredo y Ana Sugranyes, eds. 2005. Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. Santiago: Ediciones SUR, en http://www.sitiosur.cl/publicacionesca

vivienda de interés público

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DERECHOS SOCIALES, ESTÁNDARES Y CONDICIONES PARA EL BUEN VIVIR

ESPACIO PÚBLICO


urbano #comun je nelpaisa e d a id u #eq detod@s #espacio spacial e ia ic t s u #j


PRINCIPIO Espacios públicos de calidad como base común para la articulación digna de las relaciones espaciales y sociales en la ciudad. En ciudades como las nuestras, sacudidas por la segregación que define en la ciudad espacios ganadores y perdedores de acuardo a las lógicas de mercado, las cuales el Estado repite en su obsoleta estructura y administración, es posible observar de manera contundente el flagelo de la inequidad y la desigualdad también en la dotación de espacios públicos. Es así como en las comunas vulnerables y sus gobiernos locales, se vuelve una tarea casi imposible la construcción de espacios públicos aptos para el apropiamiento por parte de la ciudadanía, mucho menos pensar en su planificación, diseño, mantención y gestión para su activación, y ni pensar en la incorporación de infraestructura y tecnologías para soportes de movilidad, accesibilidad universal, areas verdes, o en la expresión de nuestra cultura y arte y el ciudado de nuestra salud, pensando de esta forma en una verdadera implementación del espacio público como un espacio no sujeto a las leyes de mercado, dónde se defina un paisaje urbano de calidad, y los habitantes puedan acceder equitativamente a las ventajas de un espacio de dominio común

guía de ciudades

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SELLO Fortalecer cuantitativamente y cualitativamente los espacios públicos de nuestras ciudades, otorgándoles un rol configurador en el desarrollo territorial de las mismas. Modificar los mecanismos de mantención y financiamiento de los BNUP, otorgándo mayores facultades al Gobierno Regional para una mantención que asegure la equidad de sus cualidades entre los distintos municipios. Fomentar el aumento de m2 de area verde por habitante en nuestras ciudades, generando un plan de incentivo a la creación de espacios públicos, sustentados con participación ciudadana vinculante y concursos públicos. Instaurar el rol de integración social del espacio público dentro de los Instrumentos de Planificación Territorial, fortaleciendo su desarrollo de manera equitativa a la densificación y expansión de la ciudad. Normar estándares cualitativos mínimos para las distintas tipologías de espacios públicos, entre ellos el ancho de veredas, porcentaje y tipos de vegetación, accesibiliad universal, iluminación y sombra, entre otros. principios y sellos

| espacio público


GLOSARIO bienes nacionales de uso público (bnup) Son aquellos bienes nacionales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como calles, plazas, puentes, caminos, el mar adyacente y sus playas. (inciso segundo, artículo 589 del Código Civil). común urbano Aquellos bienes, recursos productivos, procesos o cosas (ya sean materiales o de carácter intangible) cuyo beneficio, posesión o derechos de explotación pertenecen a la comunidad. espacio público Según la OGUC, «Bien Nacional de Uso Público, destinado a circulación y esparcimiento, entre otros». Una definición, a lo menos, mezquina. ley de aportes al espacio público Reciente ley que define el aporte al espacio público que deberán cumplir los proyectos inmobiliarios de densificación, entregando hasta el 44% del avalúo fiscal del terreno. plan regulador comunal (prc) Instrumento legal que define un conjunto de normas para el ordenamiento de las comunas y su respectiva planificación territorial.


ESPACIO PÚBLICO - GENERACIÓN DE COMUNES URBANOS

Pablo Juica

Espacio público El espacio público como productor de comunes urbanos para el fortalecimiento del tejido social de nuestras ciudades


Todo espacio público puede transformarse o surgir como bien común urbano. Como común urbano entendemos aquellos espacios de propiedad pública que incorporan tanto en su estructura espacial como social su identidad y propiedad colectiva y por ende el civismo de ser habitado por múltiples personas, sin la necesidad de sobre-regulaciones que limiten la convivencia de sus habitantes. Los comunes urbanos se diferencian fuertemente de todo espacio privado, pues los primeros permiten expresar espontáneamente la identidad de la comunidad que los habita y articular los lazos sociales que la definen como tal, mientras que los seguía de ciudades

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gundos necesitan de la regulación de su uso y su estandarización para definir a sus usuarios. Mientras los primeros se potencian a través de la heterogeneidad, los segundos necesitan homogenizar a sus habitantes para alcanzar su mayor grado funcional. Es por ello que los comunes urbanos fortalecen el tejido social de los habitantes de una comunidad y si bien no todo espacio público se constituye necesariamente como común urbano, proteger y fomentar la creación de espacios públicos permite elevar las posibilidades de mantener cohesionada a su comunidad y hacer frente a las amenazas de la ciudad neoliberal espacio público

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Una manera de abordar el concepto de Espacio Público es a través de su definición legal y de la relación de ésta con la percepción vivida del mismo. Por un lado, la legislación chilena —a través de la Ley General de Urbanismo y Construcción— define al espacio público como Bien Nacional de Uso Público, revelando una interdependencia entre propiedad y uso. Por otro lado, desde la experiencia cotidiana, la percepción del espacio público parece ser todo ese «entre medio» que surge entre la masa de estructuras edificadas y permite, voluntaria o involuntariamente, la interacción natural de los habitantes y por ende la emergencia de patrones sociales colectivos. Como se observa, ambas caracterizaciones parecen no encontrar un punto común. Esta diferencia puede ser uno de los motivos por los que el espacio público no ha tomado un rol articulador en la producción espacial de nuestras ciudades. Por un lado, el sentido de propiedad de la LGUC apela a un imaginario de «Nación» que no responde necesariamente al sentido de comunidad local desde donde es más fácil reconocer una propiedad colectiva, mientras que la amplitud de su sentido de uso no permite visualizar el espacio público desde la identidad y caracterización propia de sus habitantes. En otras palabras, en la distancia que surge entre su definición y su materialización, se aumenta el riesgo que el espacio público se transforme en —espacio de nadie—, perdiendo sus intrínsecas características de socialización. Este riesgo se profundiza aún más al revisar los mecanismos actuales de producción del espacio público. Específicamente, al revisar los Instrumentos de Planificación Territorial, en especial los Planes Reguladores Comunales (PRC) y sus metodologías de planificación, se observa que éstas se basan en un criterio de zonificación que se caracteriza por un alto nivel de abstracción del espacio y por omitir la posibilidad de interacción social que se produce en el mismo (se zonifican y distribuyen usos de suelo, esperando que la habitabilidad de esas zonas surja a partir de las relaciones de las estructuras guía de ciudades

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edificadas que ahí se desarrollen). Al no incorporar metodologías bottom-up de producción espacial que contrarresten a la zonificación top-down, ni tener dentro de sus objetivos el incentivo a la calidad de vida de sus habitantes, los prc caen en considerar al espacio público como un resultado de las disputas entre estructuras privadas. En vez de considerarlo como articulador (núcleo desde dónde se generar el resto de relaciones espaciales) del entorno urbano, el espacio público pasa a ser una especie de escenografía u hoja en blanco sobre la cual se posicionan las estructuras espaciales privadas. Una expresión de esto lo podemos observar en la planificación de las áreas verdes —espacios públicos por excelencia— en Santiago. La OMS recomienda que, para alcanzar una calidad de vida deseable, las ciudades debieran responder a un estándar de 9.2m2 de área verde por habitante. Actualmente Santiago alcanza únicamente un índice de 3.5m2 por habitante, al que si se hace el ejercicio de restar los grandes parques de la ciudad (Parque Intercomunal, Parque Bicentenario, Parque de Peñalolén, Parque Metropolitano, Parque O’Higgins, entre otros), este índice cae rotundamente. Esto demuestra que las áreas verdes no están consideradas en la producción local de la ciudad, es decir en la generación de barrios y de relaciones sociales, siendo excepciones dentro de la trama urbana que no disputan el uso de suelo en la misma escala que el resto de la ciudad. Por otro lado, en cuanto a la planificación y construcción de calles —otra importante tipología de espacio público— tanto los PRC como el resto de los Instrumentos de Planificación Territorial abordan su producción desde una restringida visión de la movilidad, clasificando cada calle acorde a su función en el sistema de transporte (vías locales, colectoras o arteriales). En segundo plano quedan los aspectos cualitativos de la calle que pueden ser conducentes a desencadenar altos índices de habitabilidad de dichos espacios públicos y que los pueden posicionar como espacios de esparcimiento y recreación, como podrían espacio público

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ser los anchos de sus veredas, sus niveles de sombra, su iluminación, infraestructura, la relación con las fachadas, entre muchos otros. Así, la calle toma forma en torno a una concepción de conector de dos puntos en el espacio y no como desencadenador de experiencias y relaciones sociales entre dichos puntos. Desde la perspectiva del financiamiento al espacio público, la Ordenanza designa a los Municipios como las entidades encargadas de la mantención de los BNUP, traduciendo a una dimensión espacial las desigualdades económicas que se producen entre los distintos municipios de Chile. Así, la calidad de los espacios públicos en las comunas de mayor ingreso supera ampliamente a aquellas de menor ingreso. Por otro lado, la reciente Ley de Aportes al Espacio Público, si bien representa un avance en contrarrestar las desigualdades de los espacios públicos en el territorio, es estrictamente dependiente del desarrollo inmobiliario futuro y por lo tanto está sujeta a intenciones de maximización de la rentabilidad del suelo, lo que termina reproduciendo su concepción como espacio de segunda categoría. Sin duda estos tres casos no son suficientes para abordar la totalidad de la producción del espacio público ni sus diferentes tipologías, pero sí son suficientes para mostrar distintas perspectivas de planificación en las cuales no hemos logrado posicionar el espacio público como eje articulador de la ciudad. Contrariamente a la definición que nos da la Ordenanza, pareciese ser que en la ciudad neoliberal el espacio público tiende a perder tanto su dominio como su uso. Esta pérdida no solo afecta la articulación espacial de la ciudad, sino también su desarrollo social. El espacio público posee características muy difíciles de replicar en otro tipo de espacios, entre las cuales cabe mencionar su dimensión cívica al convocar una multiplicidad de usuarios simultáneamente (evidentemente algunos espacios públicos responden mejor que otros a esto), su dimensión comunicativa al ser expresión de la identidad guía de ciudades

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de quienes habitan dicho lugar, su dimensión política al ser un espacio de negociación entre sus distintos habitantes, su dimensión social al fortalecer y permitir el encuentro entre los distintos miembros de una comunidad y su dimensión de integración al permitir el acceso al resto de la ciudad y a comunidades locales de las cuales no necesariamente se es parte (evidentemente nos falta mucho por avanzar en este sentido). En definitiva, la producción espacial de nuestras ciudades hoy —una producción sostenida a través de criterios neoliberales de producción basados en la generación de excedentes y no de bienestar común— no otorga valor productivo al espacio público y por ende lo transfiere a un plano escenográfico desde donde su injerencia en la calidad de vida de las personas es desechada. Utilizando los conceptos de producción espacial de Lefevbre, el gran desafío al que nos enfrentamos para derribar la incidencia del capitalismo sobre el espacio público es lograr coherencia entre su dimensión representacional, su representación y su uso, haciendo que su regulación y materialización sean coherentes con su potencial intrínseco de producción social. En otras palabras, valorizar la generación de comunes urbanos como construcción colectiva y cotidiana de la ciudad

Bibliografía • Astrom E. (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. • Gehl J. (1971) Life Between Buildings. Island Press. • Harvey D. (2013) Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Verso Books. • Lefebvre H. (1974) La production de l’espace. Anthropos. • Negri A. y Hardt M. (2009) Commonwealth: El Proyecto de una Revolución del Común. Akal. • Schlack E. (2007) Espacio Público. Ediciones ARQ. espacio público

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GLOSARIO acceso al espacio verde público Se refiere a la equidad espacial en la dotación de los espacios verdes públicos. Esto no sólo en cuanto a una medición cuantitativa de hectáreas por habitante, sino también incorporando aspectos como la calidad, el tamaño y distancia a los hogares equitativa para la planificación de espacios verdes públicos. espacio verde público Constituido mayoritariamente por parques, arboledas y jardines públicos, cuyas funciones se pueden clasificar en cinco grandes grupos: ecológicas, económicas, sociales, de planificación urbana y transversales (Baycan-Levent et al., 2004). espacio verde público de calidad Es aquel que provee de los cinco grupos de funciones, en la mayoría de las ocasiones a modo de mixtura integrada, de manera eficiente y en dotación suficiente. paisaje Espacio / tiempo resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que al ser percibido y modelado por la gente, refleja la diversidad de las culturas. (Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, LALI. www. lali-iniciativa.org).


ESPACIO PÚBLICO - EQUIDAD EN EL PAISAJE

Ricardo Riveros

Espacio verde público Una ciudad justa promueve la integración social a través de la equidad en el acceso al paisaje urbano que propician los espacios verdes públicos


Vemos como normal que en ciudades como las nuestras, donde la segregación se manifiesta en diversas dimensiones, esto incluya la inequidad en producción de paisajes urbanos de calidad, los cuales en gran medida se sustentan en sus espacios verdes públicos a la luz de la percepción de los vecinos. El derecho al acceso de espacios verdes de calidad y para todos, debe ser una prioridad pública. Urge priorizar planificación y diseño de espacios verdes públicos en lugares perjudicados por la actual distribución segregacionista, por sobre su acumulación en sectores privilegiados de la ciudad, asegurando integración social y estándares equitativos de acceso, equipamiento, seguridad y diseño. guía de ciudades

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Planificándose permitiendo la continuidad de las condiciones culturales favorables de los barrios y asegurando su viabilidad económica para las comunas. Para esto, la principal medida será la de poner en valor el paisaje urbano y su ecología y fortalecer instrumentos de planificación mediante procesos participativos. Una ciudad justa promueve la equidad en la planificación y diseño de espacios verdes públicos, promoviendo la integración social y evitando la exclusión en su acceso y disfrute a grupos vulnerables, respetando así el derecho a un paisaje urbano de calidad

espacio verde público

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Si el paisaje urbano, nuestro espacio público comienza apenas salimos de nuestra casa, ¿debiera interesar a las autoridades la calidad y el diseño de este espacio común?. Considerar la importancia del espacio público en el desarrollo de nuestras ciudades, enfatizando en espacios verdes públicos de calidad, bien localizados (accesibles y distribuidos equitativamente) es fundamental para garantizar el buen vivir de los habitantes de una ciudad. Un paisaje urbano de calidad es posible y el espacio público verde juega un importante rol en esta tarea. En ciudades como las nuestras, marcadas por la segregación que define espacios ganadores y perdedores de acuerdo a las lógicas de mercado, las cuales el Estado repite en su obsoleta estructura y administración, es posible observar de manera contundente el flagelo de la inequidad y la desigualdad también en la dotación de espacios verdes públicos (Reyes y Figueroa, 2010). Sin ir más lejos, las 37 municipalidades de Santiago cuentan con presupuestos proporcionales al nivel socioeconómico de sus habitantes. El presupuesto desigual de los distintos municipios determina la calidad y cantidad de la producción de bienes públicos en cada comuna y en consecuencia impacta directamente en la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en ellas, de esta forma se perpetúan y agudizan las desigualdades ya existentes a través de largos procesos de segregación socio-espacial. Es así como en las comunas vulnerables y sus gobiernos locales, se vuelve una tarea casi imposible la construcción de espacios verdes públicos, mucho menos pensar en su planificación, diseño, mantención y gestión para su activación, ni pensar en la incorporación de infraestructura y tecnologías para soportes de movilidad, energías limpias y servicios, o la incorporación del componente ecológico para el manejo sustentable de los suelos, el agua, la vegetación y la fauna, el diseño bioclimático, el cuidado de nuestra salud, la expresión de nuestra cultura y arte, etc. (Riveros, 2017). Resulta esencial la redistribución equitativa del presupuesto, poniendo especial énfasis en los sectores más abandonados, de esta forma lograr la implementación del verde urbano en las comunas, el cual pueda aportar en la definición de un paisaje urbano de calidad para todos. guía de ciudades

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La visión holística del paisaje, aplicada a los espacios verdes público puede ser de enorme utilidad para la implementación de calidad de otras infraestructuras urbanas que se integran al tejido de la ciudad. ¿Qué paisaje urbano queremos para nuestra ciudad?, imaginemos una superposición de capas en donde el espacio verde público cobije espacios para el ocio, para la recreación, ferias de frutas y verduras, lugares para el deporte, ciclovías y senderos peatonales, en donde las condiciones de los espacios permitan hábitats para nuestra avifauna y vegetación nativa, en donde la comunidad tenga un espacio de sombra y regulación térmica en días de temperaturas extremas, un espacio accesible a todos (Beatley, 2011; Riveros, 2017). Es evidente que esta es una labor pública, sin embargo también innegable es que el sector privado puede apoyar esta labor si cuenta desde el Estado, con medidas iniciativas en torno a incentivos, compensaciones y obligaciones a la hora de hacer ciudad. Estas iniciativas no deben ver al espacio verde público sólo como una moneda de cambio por deficiencias en sus proyectos, sino como una verdadera manera de hacer ciudad, complementando proyectos de ciudad y también aquellos que se construyen desde las bases sociales, con impulso de los gobiernos locales. Una ciudad justa promueve también la integración social a través de la equidad en el acceso al paisaje urbano que propician los espacios verdes públicos, por tanto se propone avanzar de forma decidida, primero hacia la puesta en valor del espacio verde público como un factor de desarrollo y equidad; insumo prioritario para la planificación de nuestras ciudades y con esto la comprensión de su estatus de imprescindible urbano, y segundo agregar, mejorar, reforzar, conectar e integrar la institucionalidad urbana a esta materia, donde el Estado asuma un rol activo en la gestión del espacio verde público y su vinculación e integración a otros aspectos urbanos. También una nueva manera de gobernar, donde la participación ciudadana amplia y vinculante sea pilar para el desarrollo de los paisajes urbanos que los vecinos necesitan (Beatley, 2011). espacio verde público

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Se propone a modo de medidas: • Poner en valor la relación perceptual de los ciudadanos con su paisaje como generador de cultura e identidad. El valor emotivo que es percibido por los vecinos y que se vincula a los espacios verdes públicos, al ser considerados como factor de identidad frente a respuestas homogéneas que derivan de la globalización y del modelo económico neoliberal. La creciente manifestación intuitiva de la comunidad sobre el valor afectivo de estos paisajes, se ha traducido en la expresión en la calle de movimientos sociales que denuncian estas acciones (Hernández, 2008). Estas transformaciones y alteraciones, por lo general son producidas por actores públicos y privados externos a la comunidad local, quienes influyen en los procesos de pérdida de calidad e identidad de los espacios verdes públicos. Para los ciudadanos esto no es visto solamente desde una perspectiva ornamental y ecológica, sino también, y es el factor de cambio, los valores de calidad de vida, la memoria colectiva y la identidad local. Estos valores de identidad, natural y cultural, constituyen la base de un paisaje, por tanto patrimonio de todos los chilenos en lo general y particular (Morales et al., 2014). Se deben revisar las metodologías para garantizar el mantenimiento de las características regulares de los espacios verdes públicos. Se hace necesario adaptar y desarrollar metodologías que sistematicen los valores y relaciones ecológicas, culturales y perceptuales de los espacios verdes públicos con los vecinos, tanto en lo general como en lo particular, para guiar el desarrollo de las transformaciones sobre el bien común, garantizando un paisaje urbano de calidad. • Integrar la planificación de espacios verdes públicos con visión integradora, precisión y madurez, a las instancias de pensamiento de la región que queremos y de la ciudad que queremos, documentos e instrumentos como la Estrategia Regional de Desarrollo, PROT, Planes Reguladores Metropolitanos, Planes de Desarrollo Comunal y PRC.

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• Profesionalización en el enfoque y contenido en materia de espacio verde público de los equipos ideólogos de instrumentos de tanta trascendencia en lo local, como son los Planes Reguladores Comunales, desarrollándolos de manera participativa con los vecinos y población flotante, para generar diagnósticos asertivos y soluciones coherentes al contexto de cada comuna. • Elevar estándares de diseño y equipamiento, como también hacer equitativo su implementación para la localización y construcción de espacios verdes públicos. El Estado no debe discriminar a sus ciudadanos en materia de espacios públicos verdes, debido a su estatus de imprescindible urbano para la calidad de vida de los vecinos. • Integrar a los equipos de diseño y mantención de espacios verdes públicos, el concepto y profesional gestor para la activación de los espacios, ente que debe mediar entre el equipo proyectista y la comunidad en la etapa de diseño y quien luego debe asumir un contacto permanente con los vecinos para la continua funcionalidad del espacio verde público en el barrio

Bibliografía • Beatley, T. (2011). Biophilic cities: integrating nature into urban design and planning. Island Press. • Hernández, María. (2008). El paisaje como seña de Identidad Territorial: Valorización Social y Factor de Desarrollo, ¿Utopía o Realidad? Departamento Análisis Geográfico Regional y Geografía Física Universidad de Alicante. • Morales, M.; Riveros, R., & Palma, M. (2014). Paisaje y propuestas a las decisiones políticas para el desarrollo sostenible. Urbano, (30). • Reyes Päcke, Sonia, & Figueroa Aldunce, Isabel Margarita. (2010). Distribución, superficie y accesibilidad de las áreas verdes en Santiago de Chile. EURE (Santiago), 36(109), 89-110. • Riveros, R. (2017). Parques Urbanos en Chile ¿Serán parte de nuestra deuda con la ciudad? Ladera Sur. Articulo disponible en línea en: http://www.laderasur.cl/reportajes/parques-urbanosen-chile-seran-parte-de-nuestra-deuda-con-la-ciudad/ espacio verde público

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Guía de Ciudades RD - 1era Edición (2017)  
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