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En la mitad del mes de setiembre del 2010, el país fue testigo de una conversación telefónica entre la candidata a la alcaldía de Lima, Lourdes Flores

Todos quedamos sorprendidos ante el lenguaje emitido por Flores Nano, pero los periodistas nos quedamos aún más confundidos ante la publicación deliberada de los audios en el programa “El Francotirador”, del reconocido periodista peruano Jaime Baily. ¿Cuál es el límite de los periodistas para obtener y publicar algún tipo de información? ¿Es necesario traspasar la privacidad de un candidato político, con tal de conocer y difundir la verdad? Y peor aún ¿Era necesario que toda la ciudadanía escuchara dicha conversación telefónica?

Nano y el ex congresista Xavier Barrón. En dicha conversación, la candidata Flores Nano, manifestaba su frustración y aclaraba que le importaba un comino las elecciones.

La interceptación telefónica es una herramienta que puede ser utilizada para desenmascarar la verdad, destapar la corrupción o los fines bajos de aquellas autoridades que quieran abusar de su poder. En muchos países, las interceptaciones telefónicas son controladas para salvaguardar la privacidad de los individuos, aunque a su vez, algunas naciones permiten que sea utilizado como una prueba factible por las cortes para resolver un caso. En Estados Unidos, existen ciertas agencias secretas que están autorizadas a ejecutar este tipo de actividades de manera legal. Nuestra constitución afirma lo siguiente:

Toda persona tiene derecho: Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Vivimos en un país democrático, donde la libertad de expresión y el respeto de tus derechos priman. Bajo esta premisa, los periodistas estamos obligados ética y socialmente a difundir una información competente a la sociedad, de interés público, sin embargo es nuestra responsabilidad determinar y establecer los límites para informar al público con la finalidad de esclarecer los hechos y demostrar la verdad, con objetividad, sin traspasar los derechos de los demás. El nivel de objetividad en un artículo dependerá en la medida que el periodista sepa sabiamente desprender sus sentimientos y posiciones personales de dicha información. Escribe Valeria López Cano

Interceptación telefónica

en

elecciones

a la

alcaldía de Lima

2010

Prueba  

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