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psíquico de una persona que no está en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, requerirá autorización judicial. Ésta será previa al internamiento, salvo que por razones de urgencia se hiciese necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de 24 horas. El internamiento de menores se realizará en todo caso en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor. El Juez, tras examinar a la persona y oír el dictamen de un facultativo por él designado (que no necesariamente tiene que ser médico forense...), concederá o denegará la autorización para internarlo y pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, a efectos de que éste promueva la declaración de incapacitación de la persona, siempre que haya un principio de prueba de que la misma padece una enfermedad o deficiencia persistente de carácter psíquico que le impida gobernarse por sí misma (art. 200 del Código Civil). Concedida la autorización para el internamiento psiquiátrico de un menor por razón de trastorno alimentario, el Juez de oficio recabará información del Hospital o Centro Sanitario donde esté ingresado, sobre la necesidad de proseguir el internamiento, cuando el Juez lo crea pertinente y, en todo caso, cada seis meses, examinando de nuevo a la persona internada y oyendo el dictamen de un facultativo, acordando a continuación lo que proceda sobre la continuación o no del internamiento. 211

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