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PROCESO 1765


ÍNDICE REPORTE ESPECIAL /MIGRACIÓN Rumbo al sacrificio... La matanza de Tamaulipas, sólo una muestra/José Gil Olmos Los secuestradores que nadie persigue /Óscar Martínez NARCOTRÁFICO /LAVADO DE DINERO Para los amigos… impunidad /Raúl Monge CUARTO INFORME DE GOBIERNO Los detonadores del colapso /Jesusa Cervantes Malversación y opacidad /Daniel Lizárraga Ahora sí, los priistas quieren ser “oposición” /Jenaro Villamil Política /ESTADO DE MÉXICO La embestida del Grupo Atlacomulco /Rosalía Vergara DERECHOS HUMANOS Alarma mundial por la violencia en México/Marcela Turati Las omisiones criminales de Ulises y Calderón/Marco Appel INTERNACIONAL PRENSA: El espejo colombiano /Édgar Téllez INTERNET: Con la ayuda de un pirata sueco/Anne Marie Mergier TERRORISMO: A las puertas de Europa/Alejandro Gutiérrez CIENCIA Atorada, la agencia espacial /Jenaro Villamil ANÁLISIS Los Diez Mandamientos del cardenal Sandoval Íñiguez /Denise Dresser Festejos /Naranjo Inconsecuencias perredistas /Jesús Cantú Guerrero: voto de castigo /John M. Ackerman Pelear o hacer política /Olga Pellicer Interés Público /Miguel Ángel Granados Chapa La chatarrización de la política educativa/Axel Didriksson ECOLOGÍA Revés al Ejército en la Corte Interamericana/Gloria Leticia Díaz HISTORIA Galería inédita de un pueblo en armas/Rodrigo Vera CULTURA Controversia por la librería Elena Garroen Coyoacán /Judith Amador Tello Páginas de crítica Arte: La cancelación del Sistema Nacional de Creadores /Blanca González Rosas Música: Cri-Cri en el teatro Julio Castillo /Mauricio Rábago Palafox Teatro: Teatro Penitenciario: Jorge Correa /Estela Leñero Franco Cine: Infierno y Bicentenario /Javier Betancourt Televisión: México, ¿a discusión?/Alma Rosa Alva de la Selva ESPECTÁCULOS Estrada defenderá El infierno con todo/Columba Vértiz de la Fuente DEPORTES Conade: Medalla al despilfarro /Beatriz Pereyra Palabra de Lector Mono Sapiens /Cristeros Crvzados /Helguera y Hernández


Rumbo al sacrificio... Cualquier expectativa en torno del cuarto informe de Felipe Calderón queda hecha añicos ante las atrocidades a las que asiste la inerme sociedad mexicana, con la comunidad internacional como horrorizado testigo. Indolente y, peor aún, instalado en la autocomplacencia, con su incapacidad el gobierno de Felipe Calderón condena a la población a un estado de violencia y de zozobra cuyos alcances rebasan toda capacidad de asombro. Las víctimas no son solamente mexicanos: 72 migrantes centro y sudamericanos acaban de ser asesinados, un caso entre otros muchos que no han tenido la característica de ser descubiertos como se descubrió aquél: por accidente. En este reporte especial, Proceso se ocupa en diversos textos de aquellos migrantes que al internarse en territorio mexicano, rumbo a lo que ellos creen que es una especie de paraíso, en realidad van con frecuencia rumbo al sacrificio… Hace un año, en su edición 1714, este semanario ya lo advertía en su portada titulada: “A la caza de migrantes. ¡Ahí vienen Los Zetas”… Como dice el periodista salvadoreño Óscar Martínez, autor del libro Los migrantes que no importan: la llamada “Ruta del Atlántico”, que recorren los que persiguen el “sueño americano”, es en realidad la ruta de la muerte.

La matanza de Tamaulipas, sólo una muestra José Gil Olmos El hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes centro y sudamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no sólo provocó un escándalo internacional, sino que exhibe una vez más la inoperancia de las autoridades frente a las bandas criminales que han hecho del secuestro de indocumentados un próspero negocio. El titular de la quinta visitaduría de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, declara a Proceso que este caso sólo confirma lo que ha dicho la institución desde hace años sobre los avatares que enfrentan quienes se suben a La Bestia, ese ferrocarril que los transporta a Estados Unidos. Le llaman La Bestia y atraviesa gran parte del territorio nacional, desde el sur hacia la frontera con Estados Unidos. Es el tren en el que miles de migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos son presa de asaltos, golpes, violaciones, secuestros y asesinatos durante el trayecto que los lleva al país del norte en busca de empleo. Las vejaciones son cotidianas en el campo, el desierto y las ciudades, y lo mismo las cometen autoridades mexicanas que bandas criminales. No obstante, el hallazgo reciente de los cadáveres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, provocó la repulsa de los países cuyos ciudadanos resultaron agraviados, a la par que la comunidad internacional calificó de “abominable” esa matanza. En lo interno quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados. Para Fernando Batista Jiménez, titular de la quinta visitadoruría de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica. En entrevista efectuada la noche del jueves 26 –cuando Los Pinos comenzó a difundir un


comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de Los Zetas y que el gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes–, Batista Jiménez reitera: Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros aumentan en el país. Expone: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de gobierno, principalmente del federal”. En abril pasado, Amnistía Internacional presentó el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, cuyas conclusiones coinciden con los señalamientos del visitador de la CNDH. Dice el informe: “Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra los migrantes”. Y sostiene que “esta persistente inacción” de las autoridades mexicanas, sobre todo cuando existen funcionarios públicos implicados en los abusos, exhibe un hecho: “México incumple la responsabilidad legal nacional e internacional de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos”. La industria del secuestro

El año pasado, la CNDH distribuyó un informe especial en el que documentó los secuestros de migrantes cometidos durante septiembre de 2008 y febrero de 2009. En ese periodo, según el cálculo de los investigadores de la comisión, se registraron 9 mil 758 casos en los que estuvieron implicados policías y autoridades mexicanas en colusión con el crimen organizado, en particular con Los Zetas e integrantes de la Mara Salvatrucha. Desde hace años, la CNDH y las organizaciones eclesiales y civiles han brindado apoyo a los indocumentados centro y sudamericanos en su paso por territorio nacional. El ombudsman nacional incluso ha emitido varias recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de la panista Cecilia Romero, en las que pide se apliquen medidas preventivas para detener la industria del secuestro de inmigrantes. No ha habido respuesta de la funcionaria, a pesar de que las primeras denuncias comenzaron a documentarse en 2007. Por ello, tras el descubrimiento de los cuerpos de los 72 indocumentados en Tamaulipas, el PRD pidió la renuncia de Romero. En su investigación de 2009, que abarcó sólo seis meses, la CNDH incluyó 198 casos comprobados pero advirtió: “Tomando en cuenta las cifras recabadas en ese periodo, el número de eventos de secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víctimas podría ser de 18 mil al año” puesto que ese fenómeno es cada vez más recurrente y redituable. De hecho, en lo que va de este año, el INM tiene contabilizado sólo en Tamaulipas el rescate de 815 inmigrantes centroamericanos, retenidos en 12 casas de seguridad. Durante agosto la dependencia registró 130 de esos rescates en todo el país. Los montos para liberar a migrantes van de mil 500 a 5 mil dólares. “Así –según el documento de la CNDH–, de los 9 mil 758 casos de víctimas identificadas, los secuestradores habrían obtenido un beneficio de aproximadamente 25 millones de dólares” en seis meses. Daniel Boche, padre del guatemalteco Gelder Lizardo Boche de 17 años, uno de los 72 asesinados en el rancho San Fernando, confirmó que recibió llamadas telefónicas de hombres que, con acento mexicano, le informaron que tenían secuestrado a su hijo y a sus dos yernos: Gilmar Augusto


Morales Castillo, de 22 años, y Hermelindo Maquin Huertas, de 24. Los secuestradores le exigieron 2 mil dólares por cada uno. En los hechos, el negocio es proporcional al flujo migratorio, el cual es prácticamente imparable: además de los ocho puntos formales para atravesar la frontera entre México y Guatemala, hay otros 54 puntos de cruce informales para vehículos y mil peatonales que no tienen vigilancia. Por esa frontera llegaron a territorio mexicano 400 mil centroamericanos en 2008, según la organización civil Mesa Nacional de Migraciones (Menamig) de Guatemala; y 250 mil en 2009, según el INM. De acuerdo con esta última dependencia, 64 mil extranjeros de Centroamérica fueron asegurados y repatriados en 2009. La quinta parte era de mujeres y niñas. De acuerdo con la Dirección General de Migración de Guatemala, en lo que va de este año, el número de deportados desde México asciende a 44 mil 949 mil migrantes. La mayoría de ellos son hondureños (18 mil 401), guatemaltecos (17 mil 950) y salvadoreños (7 mil 992). El visitador Batista Jiménez recuerda que en el informe presentado el 15 de junio de 2009 la CNDH hizo varias recomendaciones en torno a los secuestros, sobre todo en los estados por los que circula La Bestia, cuyo viaje se inicia en Chiapas y Tabasco. De acuerdo con la investigación, 9 mil 194 migrantes fueron plagiados por bandas organizadas, 35 por representantes de alguna autoridad y 56 más por delincuentes coludidos con autoridades. En seis casos las víctimas fueron privadas de su libertad por un solo secuestrador y en 467 casos no fue posible precisar la información sobre los captores. “De estos datos se desprende que el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos para la comisión del ilícito. La participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado”, agrega el documento. Los investigadores también destacan que 5 mil 723 migrantes fueron secuestrados por “polleros”; 3 mil por bandas de secuestradores, aunque no lograron identificarlas, 427 por supuestos sicarios de Los Zetas y 44 por maras. Del total de migrantes secuestrados, 6 mil 555 fueron confinados a casas de seguridad donde las condiciones higiénicas eran nulas; 2 mil 448 estuvieron en bodegas; 22 en un campamento;17 en patios; 10 en un hotel y dos en un vehículo. Los testimonios de los migrantes coinciden en que sus captores ejercían violencia sobre ellos para someterlos. Entre otras agresiones, dicen, los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Además, 37 relataron que vieron cuando los secuestradores violaban a mujeres y ejecutaron a varios de sus compañeros secuestrados. Los autores destacan la impunidad de las autoridades ante esta situación pues, arguyen, las cifras revelan que su actuación es deficiente ante la gravedad y frecuencia del delito: “La autoridad migratoria, la policía federal y las corporaciones policiales, así como los agentes del Ministerio Público locales y federales han llevado a cabo muy pocas acciones para combatir este flagelo que afecta a las personas migrantes en México, mayoritariamente a los de origen centroamericano”. En su informe de abril pasado, Amnistía Internacional aborda el tema de los indocumentados centroamericanos muertos o desaparecidos. Recuerda que, en febrero de 2009, una delegación de salvadoreños, que representaba a más de 700 familias, “informó que 239 de sus connacionales fueron asesinados o desaparecieron en México en los dos años anteriores, y presionó a las autoridades mexicanas para que proporcionaran información y llevaran a cabo acciones efectivas”.


El informe calcula que son cientos los centroamericanos asesinados o desaparecidos en México. Refiere que la mayoría de ellos no portan documentos, por lo que no puede establecerse su identidad ni localizar a sus familiares en sus países de origen. “Los cadáveres son enterrados en una fosa no señalada. El cementerio de Tapachula, Chiapas, contiene decenas de esas tumbas”, dice. La ruta de “La Bestia”

Durante la entrevista con Proceso, Fernando Batista Jiménez insiste en que el desdén de las autoridades y la ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes es oprobioso. Y relata que, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno federal adoptar vías concretas para solucionar el problema. La respuesta fue descalificar el informe de la CNDH. “Es un despropósito. Más que rechazar el informe (el gobierno) debería tomar medidas de solución a esta circunstancia (pero no lo hizo); ahora vemos esta tragedia (en Tamaulipas) que no tiene precedente”, sostiene el quinto visitador. Batista Jiménez asegura que la CNDH ya inició una investigación sobre los 72 migrantes centroamericanos ejecutados en el municipio de San Fernando. Dice que peritos y visitadores viajaron a esa región para asegurarse de que las autoridades cumplan con su deber e investiguen a fondo para sancionar a los responsables. El visitador insiste: “Hemos dicho a las autoridades que tienen la responsabilidad de prevenir el delito y no lo han hecho; que ese tipo de casos no deben quedar en la impunidad; que se castigue a los responsables. Pero hasta ahora ni una ni otra cosa han hecho. (El INM) ni siquiera labor de prevención ha hecho”. Sólo en marzo de 2007, la institución que dirige Cecilia Romero emitió una circular en la que establece como requisito para reconocer que un migrante ha sido víctima de un abuso que debe exhibir una prueba documental pública que lo acredite como tal. Pero eso supone haber presentado la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial o contar con documental pública expedida por autoridad con facultades suficientes para ello. Y eso es casi imposible. El motivo: La mayoría de los migrantes vejados opta por no presentar su denuncia; algunos sostienen que los agentes del INM están coludidos con las bandas criminales; otros ni siquiera saben que tienen el derecho de denunciar que fueron secuestrados. Batista Jiménez sostiene que, a partir de la tragedia de San Fernando, “el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales, tiene que poner una solución a esos sucesos cotidianos. Nosotros tenemos noticias diarias de ese tipo de sucesos, pero lamentablemente no vemos acciones concretas”. Y aun cuando el multihomicidio de los 72 migrantes exhibe al gobierno mexicano en el extranjero, las autoridades no dan una respuesta efectiva en materia de procuración de justicia”, sostiene el visitador de la CNDH. El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, condena la negligencia con que el Estado mexicano ha abordado el problema migratorio. En entrevista con Proceso afirma: “En Chiapas los asesinatos que habíamos documentado antes de Acteal eran parte de una estrategia contrainsurgente; ahora, los asesinatos, secuestros y ultrajes a los indocumentados centroamericanos son parte de una estrategia de administración migratoria encaminada por el Estado. Ahora tenemos el colmo de 72 ejecuciones. Esa acción no es


de ninguna manera aislada sino que se viene repitiendo desde hace más de dos años”. Insiste: “Esos son crímenes de lesa humanidad que se le deben cargar al Estado, porque es responsable en la medida en que administra deshonestamente la política migratoria y expone a los indocumentados a la acción criminal. Esta es una administración deshonesta por la complicidad y la omisión de las autoridades, que va contra todos los principios internacionales de derechos humanos”. Ritos de muerte

Los informes de Amnistía Internacional y de la CNDH ofrecen testimonios de secuestros masivos, torturas y asesinatos cometidos por grupos criminales contra migrantes centroamericanos. Por ejemplo, una joven salvadoreña relata que ella y su compañera fueron levantadas por hombres armados a orillas de las vías del tren en Tierra Blanca, Veracruz. Narra: “Nos pidieron el número de teléfono de nuestros familiares en Estados Unidos y nos amenazaron con que si no se los dábamos nos matarían. Todo el tiempo nos insultaron, además de que nos dieron de cachetadas, nos daban empujones y patadas en todo el cuerpo y nos pegaban con un látigo, nos taparon los ojos y nos amordazaron. “A mi compañera la mataron porque no tenía quien le ayudara y no les dio ningún número. Entonces le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí para intimidarme.” Los secuestradores hablaron con un familiar de la joven que vivía en Estados Unidos. Le pidieron 4 mil 500 dólares por liberarla. Durante los dos días que estuvo secuestrada la violaron y sólo le dieron de comer una vez pan duro y un poco de agua. Otro testimonio –recogido en uno de los refugios migratorios– ilustra la complicidad de agentes policiacos y de funcionarios del INM con grupos criminales: Policias municipales de Reynosa detuvieron a tres centroamericanas. Las entregaron a Los Zetas, quienes las violaron y exigieron dinero a sus familiares en Estados Unidos. Cuando el dinero llegó las liberaron. Ellas acudieron con agentes del INM a denunciar los hechos. Ahí empezó lo peor de su tragedia. Los agentes migratorios las “vendieron” de nueva cuenta a Los Zetas. En presencia de ellas los delincuentes pagaron en efectivo a los agentes. Luego las violaron tumultuariamente frente a otros inmigrantes centroamericanos. Uno de ellos protestó. Antes de que terminara de hablar fue brutalmente golpeado. Ya en el suelo, moribundo, disparos de cuerno de chivo lo fulminaron. Dos de las muchachas fueron asesinadas y colocadas como ofrenda a la Santísima Muerte. La tercera –Daisy, hondureña– sobrevivió. En su testimonio describió además la muerte de una embarazada que se encontraba entre los secuestrados. Luego de dar a luz los plagiarios se llevaron al recién nacido mientras que la madre murió porque no le retiraron la placenta. De acuerdo con el VI informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, elaborado por los organismos Humanidad sin Fronteras, Frontera con Justicia y Belén Posada del Migrante, es clara “la colusión entre los agentes del INM y de la Policía Federal con Los Zetas, pues muchos testigos refieren haber visto a los uniformados en las casas de seguridad donde los mantenían en cautiverio”. El documento ofrece como ejemplo el testimonio de Juan, un nicaragüense: “En Tenosique, el jefe de Los Zetas tiene una casa detrás de la Estación Migratoria. Cuando él quiere entra, saca migrantes y se los lleva secuestrados. Como los agentes del INM trabajan con él, intercambian gente: cuando Los Zetas tienen balines (indocumentados que no tienen forma de pagar el rescate) y los del INM tienen migrantes con familia en Estados Unidos, se los intercambian”.


“La idea central del gobierno es cuidar de una seguridad que, en realidad, la empobrecida población transmigrante no pone en riesgo. Esta lógica, que criminaliza a migrantes en situación irregular, genera la violación sistemática de los derechos humanos de los indocumentados, pues hasta el momento ha impedido regular este fenómeno, el cual, ciertamente, no dejará de ocurrir”, expone el informe. Para Raúl Vera los miles de casos documentados reflejan el fracaso de Felipe Calderón en este tema, como en todos los relacionados con la lucha en contra de la delincuencia. “Aquí no hay una declaración ni una acción firme del presidente. Nos anuncian repetidamente que van a erradicar el crimen y nosotros padeciendo, y ahí están los muertos. Vivimos la destrucción de este país. La muerte de los mexicanos y extranjeros”, afirma. (Con información de Homero Campa, Velia Jaramillo y Arturo Rodríguez) l

Tabasco, también cementerio de migrantes Armando Guzmán VILLAHERMOSA, TAB.- La hondureña Kenia Carolina Gálea Gómez, de 28 años, se despidió de su madre y de sus dos niños, y anunció que se iba a Estados Unidos. A mediados de julio salió de su país y el día 21 llegó a casa de su hermana Martha, que vive en Palenque, Chiapas. Ahí se quedó 12 días. Como el tren pasa cerca, conoció a tres hombres y dos mujeres que iban de paso y decidió continuar con ellos el viaje al norte, aunque su hermana no estuviera de acuerdo. El viernes 6, Kenia se encaramó en el ferrocarril. Dos días después, el domingo, fue violada y asesinada cerca de la estación que está en la ranchería Buenavista-Apasco de Macuspana, Tabasco. La mataron a garrotazos junto con el también hondureño José Antonio Calderón Orellana, de 31 años, y el tabasqueño Héctor López López, originario de la comunidad y quien al principio se creyó que era otro centroamericano ilegal. El hondureño Elkin Donaldo Padilla Flores, de 28 años y único sobreviviente del grupo, relató ante el Ministerio Público de Macuspana que un grupo de hondureños llegaron a El Ceibo, Guatemala, y por allí entraron a México. En Palenque conocieron a Kenia, volvieron a subir al tren y siguieron la ruta a Estados Unidos con otros 500 centroamericanos, aproximadamente. El domingo 8 por la noche, él se bajó con Kenia y Calderón Orellana en la estación de BuenavistaApasco porque ella se sentía mal. Querían conseguirle medicinas. Entonces se les unió el tabasqueño Héctor López. Alrededor de las 11 de la noche, cinco sujetos vestidos de negro les salieron al paso y gritaron que era un asalto, al tiempo que arremetían con garrotes y tubos. Los despojaron de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias. Los amarraron y les asestaron garrotazos y tubazos en la cabeza. A Kenia le bajaron los pantalones, la violaron y la tiraron sobre la vía del ferrocarril. Elkin Donaldo logró desatarse y buscó ayuda. Encontró una patrulla y guió a los policías hasta los cadáveres de Kenia, José Antonio y Héctor. Los habían molido a palos. El martes 10, Hilario Aldama Corral reclamó el cadáver de su cuñada Kenia en la agencia del MP de Macuspana para trasladarla a Honduras y sepultarla. Narró que Kenia era madre soltera y que sólo pretendía llegar a Estados Unidos para trabajar. Él se enteró del crimen porque su suegra, Martha Elena Gómez, le avisó por teléfono desde Honduras. El mismo día se presentó Andrés López a reclamar el cadáver de su hermano Héctor, de cuya


muerte se enteró en los medios de comunicación. Ignora por qué andaba con los centroamericanos, pero dijo que vivía en la ranchería Buenavista-Apasco, era soltero, salía frecuentemente de casa y a veces no llegaba a dormir. En cuanto a José Antonio Calderón Orellana, fue identificado con una credencial. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (CEDHT), José Manuel Argáez de los Santos, señala que este hecho confirma “la situación atroz” que enfrentan los migrantes centroamericanos ilegales en México, en la cual “no sólo están involucradas autoridades municipales sino también de migración”. Dice que la comisión estatal no ha documentado un caso similar, pero tiene abiertas 42 quejas desde 2008 hasta la fecha, de las cuales 10 se presentaron este año contra policías municipales de Tenosique, Balancán y Macuspana –que están en la ruta hacia Estados Unidos–, por abuso, extorsión y maltrato a centroamericanos internados ilegalmente en el país. La CNDH tiene abiertas otras 40 quejas en Tabasco contra agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por las mismas causas. El ombudsman tabasqueño asegura que, de acuerdo con testimonios de migrantes, la delincuencia organizada recluta a pandillas locales y las infiltra entre grupos de centroamericanos para que observen quiénes son secuestrables por la cantidad de dinero que llevan o por las llamadas telefónicas que hacen a sus familiares en Estados Unidos. Ya en territorio mexicano, los plagian y extorsionan a las familias. Lo grave es que cuentan con la complicidad de autoridades. En Tenosique, ejemplifica, los secuestros de migrantes ocurren en el día y en la estación del ferrocarril “que está enfrente de las oficinas del INM”. Argáez de los Santos cuenta que, en abril pasado, agentes de migración hicieron una redada de indocumentados cerca de la estación Buena Vista-Apasco, en una iglesia y en casas donde los migrantes suelen descansar: “En vez de proporcionarles seguridad y vigilancia (a los indocumentados), se metieron a la iglesia y a las propiedades privadas, y con macanas eléctricas los sacaron y golpearon”. La queja contra los agentes del INM se ventila en la CNDH por tratarse de la autoridad federal. Como resultado de ese acoso, prosigue, “la frontera sur es tierra de nadie. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de dar seguridad a quienes se internan en territorio nacional, independientemente de su condición de indocumentado o no. Ser indocumentado no es ser delincuente, y ese es el trato que muchas veces se le da en México”. Sin estrategia

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal, Luis Felipe Madrigal, describe: “A cada rato vemos cadáveres de indocumentados flotando en los ríos que, se presume, fueron delincuentes centroamericanos. Hay bandas como la Mara Salvatrucha, narcotráfico, tráfico de personas y de armas, por eso se está tratando de fortalecer la zona de El Ceibo, la frontera de México con Guatemala”. Añade: “No debemos de olvidar que en esta frontera están también los Kaibiles (soldados guatemaltecos de élite), que son los más salvajes”. Y opina que se puede disminuir la violencia colocando puestos de vigilancia en zonas estratégicas, aunque es difícil sellar toda la frontera. Cuando el gobernador Andrés Granier Melo participó en los llamados Diálogos por la Seguridad, convocados por el presidente Felipe Calderón, insistió en que la seguridad y el desarrollo en la frontera sur son temas prioritarios en la estrategia nacional contra la delincuencia organizada.


Añadió que ese problema afecta además a Campeche, Chiapas y Quintana Roo, pero enfatizó que los municipios tabasqueños de Balancán y Tenosique comparten con Guatemala 120 kilómetros de línea fronteriza. “Es una frontera totalmente porosa, donde prevalece el tráfico ilegal de todo tipo de mercancías, incluyendo armamento, y donde los migrantes centroamericanos son, cada vez más, víctimas de la delincuencia organizada”, aseguró. En un tácito reconocimiento de la falla, el presidente Calderón respondió: “Comparto con el gobernador de Tabasco la idea de tener una estrategia para la frontera sur, pues es un punto logístico clave para los criminales”. De acuerdo con estadísticas del INM, en 2009 fueron detenidos en Tabasco 12 mil 188 centroamericanos indocumentados, cifra sólo superada en Chiapas, con 29 mil 410. Del total de 62 mil 829 centroamericanos repatriados el año pasado, 28 mil 980 son guatemaltecos, 22 mil 941 hondureños y 9 mil 964 salvadoreños. l

Los secuestradores que nadie persigue Óscar Martínez Cuando decidió embarcarse en la riesgosa aventura periodística que implicaba ser un migrante más, Óscar Martínez, reportero del periódico digital salvadoreño elfaro.net, cayó en la cuenta de que la realidad que tenía ante sí era mucho más terrible de lo que sabía... En el azaroso viaje a bordo del tren al que los indocumentados llaman La Bestia, de pronto los machetes dieron paso a los fusiles de asalto; los refugios en el monte a las casas de seguridad; los asaltantes comunes a Los Zetas, y los robos a los secuestros... Con el permiso del autor, Proceso publica fragmentos de un capítulo de Los migrantes que no importan, libro de crónicas escrito por el propio Martínez bajo el sello de Icaria editorial. En la presentación del mismo, Julio Scherer García evoca de alguna manera la matanza de la semana pasada en Tamaulipas: “Los hechos que narra el libro tienen la contundencia inexcusable de la barbarie”.

Llovía en Tenosique cuando El Puma y sus cuatro pistoleros recorrían las vías del tren y exigían dinero a los migrantes que buscaban viajar como polizones (…) unos 300 indocumentados se amontonaban en las lodosas márgenes de los rieles. El Puma es un hondureño de unos 35 años, con una nueve milímetros en el cinto y un fusil de asalto AK-47 colgado de su hombro. (…) “Trabaja para Los Zetas”, dicen los que se han topado con él. Para subir al tren hay que pagarle. Quien no paga no viaja. Quien se resiste se las ve con él, sus escoltas, sus machetes y sus ráfagas de plomo. La mayoría pagó. Los que no tenían dinero se retiraron a pedir limosna al pueblo. El Puma pidió por radio al maquinista que parara y se acercó a darle su parte mientras los migrantes se acomodaban en el techo o en los balcones que hay entre vagón y vagón. En el del medio se ubicaron los cuatro polleros, guías para los indocumentados que pueden costeárselos, con unos 20 clientes. (…) En Pénjamo (…) el viaje empezó a empeorar. José, un salvadoreño de 29 años, fue el primero en ver cómo ocho hombres aprovecharon la lenta marcha del ferrocarril para subir. “Tranquilos – dijeron al grupo de José–, nosotros también vamos para el norte”. Pero José concluyó que le habían mentido cuando vio que, tras descansar unos minutos, cuatro de ellos sacaron pistolas


nueve milímetros, los otros cuatro desenfundaron sus machetes y todos se encajaron sus pasamontañas. “Adiós”, dijeron. Dejaron en paz a los salvadoreños y saltaron al siguiente vagón para asaltar a sus ocupantes. Cuando los encapuchados llegaron al cajón de Arturo, un cocinero nicaragüense de 42 años, ya llevaban con ellos a dos muchachas que pretendían secuestrar. Arturo se fijó en una de ellas porque era de piel blanca. Le pareció bonita. A la otra no pudo verla bien. (…) El siguiente vagón era el de los polleros. Hubo silencio durante unos minutos. Luego, balacera. Unos 15 minutos de detonaciones. Polleros contra asaltantes. Los polleros habían entregado dinero, pero se negaron a dejar la mujer que les pedían. Un cuerpo con pasamontañas cayó del tren que había disminuido su velocidad. Los demás bajaron a asistirlo, a pesar de que el hombre parecía muerto cuando rodó por el desnivel de las vías. (…) La revancha fue en Palenque, unos 50 kilómetros al norte de Pénjamo. Cinco de los asaltantes volvieron por la migrante. Mataron a otro hondureño de nuevo en el vagón de Arturo. Sin razón alguna. Lo rajaron de un machetazo en el estómago y lo lanzaron del tren, mientras repelían el fuego de los polleros. (…) Los asaltantes se movían rápido. Lograban adelantar en vehículos a un tren que va a unos 70 kilómetros por hora en los tramos deshabitados. Pero la marcha del ferrocarril no ayudó. Los motores se pararon en una zona conocida como La Aceitera, media hora después del segundo tiroteo. La oscuridad de la noche se interrumpía por la luz amarilla de los faroles del pueblo. La locomotora juntaba la nueva carga y el sonido de herrumbre completaba el ambiente. Todos los migrantes estaban de pie, volteando la cabeza, mirando hacia todas partes. Entonces se reanudó el intercambio de balas, los polleros cedieron el vagón y la muchacha en manos de los encapuchados, que se internaron con ella en el monte. El botín hizo que se confiaran y dieron la espalda al tren. Pero los polleros también saben arremeter: mataron a un segundo asaltante, recuperaron a la mujer, abordaron el ferrocarril antes de que acelerara y minutos después se bajaron con el grupo completo. Abandonaron el tren para buscar otra forma de seguir. Era obvio que los asaltantes volverían (…).

El otro negocio de “Los Zetas”

La historia del tren que partió de Tenosique es un libro de instrucciones para quien sepa leer entre líneas. En él se describen las claves que de un tiempo para acá han particularizado este tramo como la zona más caliente en medio de un recorrido total que nada tiene de amable. Los defensores de los migrantes que viven en estos puntos de paso ruegan alarmados que alguien haga algo. Gesticulan, piden que se apaguen las grabadoras, que se guarden las cámaras, y describen lo que ahí todos saben: decenas de indocumentados centroamericanos son secuestrados a diario por Los Zetas y sus aliados, a plena luz del día, y son confinados en casas de seguridad cuya ubicación muchos conocen, incluidas las autoridades locales. La lógica comercial es sencilla: más vale secuestrar durante unos días a 40 personas que paguen entre 300 y mil 500 dólares de rescate cada uno que a un gran empresario que entregue en un solo monto la misma suma, pero donde se corre el riesgo de llamar la atención de la prensa y de la policía. Autoridades nacionales como la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encargada de la migración, admiten la gravedad del problema. Estos son los secuestros que no importan. Estas son las víctimas que no denuncian. Estos son los secuestradores a los que nadie persigue. El gobierno mexicano en lo que va del año tiene registro de que 650 personas han sido raptadas. Pero ese es tan sólo el número de casos en los que


alguien ha pedido ayuda. Un recorrido por la ruta convierte el dato lanzado por el gobierno en un mal relativo. No es una exageración afirmar que sólo en uno de los puntos de plagio de migrantes, en cualquiera, en un mes se rebasa la cifra oficial de secuestros de todo el país. En los primeros seis meses de 2009, personal de la CNDH visitó estas zonas y recogió testimonios de indocumentados secuestrados. Reunieron casi 10 mil de esos relatos de viva voz de quienes los sufrieron. La misma CNDH aseguró que si hubieran tenido más personal, la cifra se habría duplicado o triplicado. (…) Del viaje del tren donde hubo cientos de asaltados, donde hubo al menos tres muertos y varios heridos y tres secuestrados no se escribió ni una letra en ningún periódico. Nunca llegó ni la policía ni la Fuerza Armada. Nadie ha puesto ninguna denuncia. Tenosique, como punto de partida; Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra Blanca, Orizaba y Lechería como sitios neurálgicos, y Reynosa y Nuevo Laredo, fronterizas con Estados Unidos, como último peaje, componen la ruta de los secuestros. Todas, menos Lechería –donde el tren se desvía hacia el interior del país–, son ciudades cercanas a la costa atlántica, todas dentro del dominio de Los Zetas, según el mapa del crimen organizado trazado por la División Antinarcóticos de ese país. En cadena descendente, desde los despachos en la capital mexicana hasta los albergues del sur, lo que pasa está dicho, para quien lo quiera escuchar. “La situación del migrante viene complicándose. Es alarmante. Se multiplican los testimonios de los secuestrados. Ocurre a plena luz del día, a grupos grandes. Llegan con armas, secuestran a algunos. El Estado mexicano es responsable de la integridad y la vida de quienes se encuentran en su territorio. Hemos hecho llamados enérgicos. Es increíble que esto siga pasando”, se queja Mauricio Farah, encargado de esa visitaduría. (…) Coatzacoalcos (…) Un grupo de migrantes sostiene junto a las literas una especie de reunión en la que el tema central es lo difícil que está la ruta debido a los secuestros. Unos relatan, otros solo observan con el interés del que escucha lo que le puede ocurrir. “A aquel compadre lo levantaron aquí y ahí va de vuelta, pero yo me quedo”, señala el hondureño a un hombre que descansa solo en la cama baja de un camarote. Se llama Pedro, tiene 27 años y también es hondureño. Se ve triste. Cuenta que fue hace tres meses. Todo empezó aquí, en Coatzacoalcos, en una casa frente a las vías. Dice que fue un engaño bien orquestado. Asegura que lo intentará de nuevo porque no le queda de otra. Sugiere que el que tenga parientes en Estados Unidos no lo diga en el camino. A nadie. Nunca. “Fue una señora a la que le dicen La Madre, que ofrece coyote que lo lleva a uno por 2.500 dólares. Así lo llevan engañado a uno hasta la frontera, Reynosa. Hasta ahí te tratan bien, pero ahí te secuestran. Ahí te amenazan con pistola, te agarran a golpes. Creo que son de Los Zetas. Me sacaron 800 dólares y 2 mil 500 a mi esposa. Y de ahí te sueltan. Un mes y 18 días me tuvieron ahí. Y los policías están con ellos”, dice, y vuelve a encogerse en la cama para ya no salir de su silencio. Hay sitios donde se respira el miedo. Para un migrante Coatzacoalcos es uno de esos lugares. Un testimonio desencadena otro: “A mí me secuestraron en mi anterior intento”; “yo me escapé ayer de un secuestro”; “yo vi hace tres meses cómo levantaron a dos muchachas”. Esta mañana, del grupo de diez reunido junto a las literas han surgido siete historias de secuestros vividos en carne propia o como testigos. Le cuento a Ortiz, el encargado de la CNDH, que en el cuarto contiguo hay muchas víctimas de secuestro, que incluso hay gente raptada a unas cuantas cuadras, en alguna casa de la marginal por la que serpean las vías. No se sorprende, aunque habla con contundencia. Es su pan de cada día.


–El dominio de las bandas organizadas –dice Ortiz– ha incrementado, por decir, un 200%. Tenemos muchas denuncias, el modus operandi es igual aquí que en Tierra Blanca. Hay secuestradores que van y cobran hasta 15 rescates, lo que me hace pensar que las compañías de remesas saben a quién le pagan, no es posible que alguien vaya por 30 envíos. Y hemos tenido casos fidedignos donde los policías municipales han detenido a un migrante y lo entregan a los delincuentes. –Tengo tres testimonios –le cuento– donde alguien que fue secuestrado asegura que de su grupo alguno se escapó y que al volver, muy golpeado, les dijo que venía de denunciar a la policía local que en la casa quedaban migrantes, y que la policía los llevó a entregarlos a los secuestradores. –Sí, si ya no es cuestión de omisión. Nosotros sabemos que los entregan, no hemos escuchado de esa mecánica de que los devuelven, pero eso es lo de menos, hay coparticipación. Con los cónsules de El Salvador y Honduras en Veracruz y el delegado del INM hemos estado reunidos con el presidente municipal de Tierra Blanca, y es común que nos desconozca el hecho, y hay malestar cuando hablamos de casos de secuestrados. De hecho, al mes siguiente de que me dijeran que eso no pasaba, hace un mes, el Ejército incursionó en una casa de seguridad y rescató a 28. Desde hace unos meses actúan a la luz del día, haya o no presencia de la autoridad, eso no los inhibe. Hay migrantes que nos han dicho: “¡Iba pasando la patrulla, voltearon, vieron cómo nos tenían apuntados con pistolas, en el piso, y siguieron de frente!”. ¡Es un hecho real, hay testigos que han visto hasta a 100 personas en la misma casa! Todos los vecinos le pueden decir cómo es el modus operandi, todos lo han visto, y nadie dice nada. ¡No pasa nada! Va a seguir pasando a los que vengan. Nadie nos quiere oír. Erving Ortiz, el cónsul salvadoreño en Veracruz, denunció en agosto de este año que “unos 40 indocumentados son secuestrados cada semana” en todo el estado. Lo hizo luego de que el Ejército incursionara en la casa de seguridad de Coatzacoalcos. Esta vez los dos periódicos más influyentes del país, Reforma y El Universal, lo publicaron. Intento por décima vez contactar al presidente municipal de Tierra Blanca, Alfredo Osorio, pero nunca contesta. Su secretario particular, Rafael Pérez, me prometió unos minutos al teléfono para hoy, pero ya no responde su celular. En la alcaldía, una secretaria contesta el teléfono y asegura que ambos funcionarios estarán fuera una semana. Marco al despacho de prensa del INM y me contesta la misma encargada que lleva cinco días diciéndome que busca al funcionario ideal para hablar sobre los secuestros. Sin embargo, hoy actúa como el secretario de Osorio y me dice que la persona indicada –de quien nunca supe el nombre– está fuera del trabajo y lo estará varios días. Dice que no sabe cuándo volverá. Mientras, varios continúan secuestrados a unas cuadras de donde marco los números del presidente municipal y el INM. Es tan cotidiano que no necesito hablar con ellos para estar seguro de que si fueran honestos y hubieran aceptado mis llamadas, tendrían que haber contestado con un rotundo sí a mi pregunta: ¿saben que aquí se secuestra de forma sistemática a migrantes? El 4 de abril de este año, la jefa del INM, Cecilia Romero, recibió el mismo documento que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Era un documento de 40 páginas, y su segundo capítulo se titulaba “Secuestros y crimen organizado”. Contenía una explicación general de lo que ocurre y tres testimonios de víctimas. Lo envió Leticia Gutiérrez, directora de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, organismo de la Iglesia católica que coordina 35 albergues del país, entre ellos los de Tierra Blanca, Coatzacoalcos y Reynosa. Los destinatarios nunca respondieron. La pregunta oculta en las palabras del cónsul Ortiz es evidente: ¿cómo es posible que siga pasando algo que conocen los alcaldes, los países de origen, los medios de comunicación, el Estado mexicano y hasta el gobierno de Estados Unidos?


Una ruta llena de cadáveres Arturo Rodríguez García La “Ruta del Atlántico”, la que transitan los migrantes centro y sudamericanos a través de México en su afán de llegar a Estados Unidos, está sembrada de cuerpos descuartizados y quemados por Los Zetas. Mujeres violadas, esclavizadas como sirvientes de criminales, explotadas sexualmente, ultrajadas igual que cientos de niños que, en el mejor de los casos, son forzados a trabajar; hombres que mueren durante su secuestro porque no tienen un familiar que compre su libertad… son casos que se multiplican y que las autoridades conocían incluso antes de la matanza de San Fernando, Tamaulipas. Óscar Martínez, reportero del periódico digital elfaro.net y de los proyectos Los Migrantes que no importan y En el camino, afirma que ninguna autoridad mexicana puede decir que desconocía lo que ocurre en la Ruta del Atlántico, que ha sembrado de cadáveres ranchos, parajes y caminos, y que ha vuelto a México un enorme cementerio de migrantes. La matanza de 72 migrantes ocurrida en Tamaulipas el pasado 25 de agosto, dice Martínez, es apenas un caso que se convirtió en alerta porque se hizo público y se encontraron los cuerpos; pero agrega que podría haber muchos más cementerios clandestinos a lo largo del país. A partir de 2007 –cuando Los Zetas se apoderaron del tráfico de indocumentados y sustituyeron a los viejos polleros– las denuncias por agresiones, asesinatos, violaciones y secuestros han sido documentadas por los periodistas de elfaro, quienes recorrieron la ruta de los migrantes en un trayecto que, de acuerdo con Martínez, se ha vuelto una tragedia humanitaria. Mientras el gobierno mexicano permanece indiferente a los crímenes contra migrantes, “los gobiernos centroamericanos jamás han hecho una condena por el secuestro, la violación y el asesinato de sus ciudadanos. Lo que les importa es que vuelvan en forma de remesa, en forma de televisor”. El caso de San Fernando revela que México está plagado de cementerios, pero también “de testigos, de migrantes que fueron liberados luego de que sus familias pagaron un rescate y que necesitan contar lo que les ha pasado; sólo falta que alguien vaya y se los pregunte”. El entrevistado cita los informes de la ONU y del FBI, que desde 2007 concluyeron que el tráfico de migrantes se volvió monopolio de Los Zetas. Con toda esa información, asegura, ya es tiempo de que el gobierno mexicano hubiera hecho algo.

Fosa nacional

Desechos humanos, los migrantes que no tienen familiares que paguen su rescate son exterminados. En el documental En tierra de nadie, de Marcela Zamora, se dio a conocer la entrevista con una salvadoreña que fue secuestrada y obligada a trabajar como cocinera en una “estaca” de Los Zetas. Las estacas, reveló la mujer, son células de ese grupo criminal formadas por los soldados, encargados de secuestrar y asesinar. Siguen los “alfa”, que son los jefes de cada estaca y cada


una cuenta con un carnicero, que es el encargado de descuartizar e incinerar los cuerpos de las víctimas. El procedimiento –descrito ya en los informes forenses relativos a cinco fosas clandestinas localizadas en el último año entre Coahuila y Nuevo León– consiste en asesinar, descuartizar y quemar en un tambo a las víctimas (Proceso 1761). “No es que esa estaca funcionara así, sino que en cada una hay un funcionario que se llama ‘carnicero’. En México hay una masacre cotidiana que se inició en 2007 o quizás antes, y desde entonces no ha parado”, dice Óscar Martínez. El periodista salvadoreño asegura que bastaría hacer excavaciones en los ranchos y casas de seguridad donde han sido liberados migrantes secuestrados para, con seguridad, hallar panteones improvisados en sus alrededores. Por ejemplo, el 6 de enero de 2009, en Reynosa, Tamaulipas, el Ejército tomó una casa de seguridad donde estaban secuestrados 188 indocumentados. Los migrantes aseguraron que habían pasado puestos de control militar y migratorio hasta llegar ahí. Martínez apunta que como en ese caso, en el último año y medio han liberado a migrantes en Piedra Blanca, Medias Aguas y Coatzacoalcos, Veracruz, así como en Tenosique y Gregorio Méndez, Tabasco. Subraya que en la mayoría de las liberaciones de secuestrados la actuación gubernamental se inicia con la denuncia de un migrante que logró escapar, pero no por una tarea de investigación. Concentrado en detalles que el gobierno mexicano pasa por alto y que podrían arrojar luz sobre lo que ocurrió en San Fernando (como el hecho de que los migrantes viajaban en autobús), Martínez agrega que no hay referente de una matanza así. “Creemos que en muchos ranchos de México debe haber más cadáveres. Los Zetas entierran en los mismos ranchos o en terrenos aledaños; lo que no entendemos es por qué esta vez no los enterraron, tal vez porque los sorprendió la Marina, pero en un lugar como ese tienen todo el tiempo que quieran… es un caso terrible: Los Zetas siembran México de migrantes.” Insiste en que este es apenas un caso y agrega: “Que desentierren con peritos los ranchos donde han encontrado migrantes y se darán cuenta de que hay varias decenas de miles de cadáveres”.

Despacho central

En su paso por México, los migrantes enfrentan numerosos peligros desde la frontera sur hasta la norte, atravesando unos 10 estados con puntos clave para el secuestro. Para Óscar Martínez no es extraño que la matanza haya ocurrido en Tamaulipas, ya que ese estado podría considerarse “el despacho central de Los Zetas” para el secuestro y la trata de personas, con fines de explotación sexual en el caso de mujeres y niños. Región de viejos polleros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en 2008 que éstos pagaban al grupo criminal cuotas de unos 10 mil dólares semanales y que por cada secuestro se cobran de 350 a 500 dólares a familiares en Estados Unidos. San Fernando colinda al norte con los municipios fronterizos de Matamoros y Río Bravo y al este con el Golfo de México. La región tiene legendarias bandas de polleros que ahora están al servicio de Los Zetas.


De acuerdo con Martínez, los jefes de las bandas de polleros son ampliamente conocidos y hasta míticos. En Matamoros opera Don Fito, en Nuevo Laredo están El Abuelo y su hijo y en Piedras Negras, Coahuila, un sujeto apodado El Borrado. Pero también hay polleros en el sur, como El Borrego, en Tierra Blanca, Veracruz. La ruta migratoria controlada por Los Zetas funciona con la complicidad de gobiernos y policías municipales, guardias y trabajadores del ferrocarril e inclusive de migrantes secuestrados a los que convencen u obligan a trabajar con el crimen organizado y que viajan como espías a través de la ruta atlántica. Empiezan en Tenosique, Tabasco, donde ya van secuestrados o lo serán, porque los maquinistas forman parte de la red; el tren viaja por Veracruz a Coatzcoalcos, pasa por Tierra Blanca y Orizaba y llega a Medias Aguas, uno de los puntos con mayor índice de secuestros, porque ahí las vías se juntan con las del tren que viene de Chiapas y Oaxaca. Sigue por Lechería, sitio peligroso, y llega a Tultitlán, en el Estado de México, donde también hay numerosos secuestros pues ahí se unen las vías a Tijuana y a Saltillo; éste es considerado uno de los puntos más riesgosos y es punto de partida a Nuevo Laredo o a Piedras Negras. En un mapa, la Ruta del Atlántico es una “S”, “una S de Zetas”, dice. Según Óscar Martínez, a lo largo del trayecto los policías actúan coludidos con Los Zetas, para quienes detienen a los indocumentados. “En México la ruta de los migrantes son Los Zetas. No es el gobierno ni el alcalde ni el gobernador, son Los Zetas. Ellos encierran a la luz del día, cobran rescates, para ellos trabajan las autoridades”, dice. El control de Los Zetas es tan grande que infiltran los albergues y tienen espías entre los grupos de migrantes que viajan desde Tenosique y Arriaga. Se ganan la confianza, indagan historias personales y luego pasan la información para determinar quiénes son candidatos a secuestro o si viajan con un pollero que no está alineado con el grupo criminal; en ocasiones se han desatado enfrentamientos de varios días entre traficantes de personas y zetas. Además, las mujeres son víctimas de un secuestro selectivo para fines de explotación sexual, destinándolas a los prostíbulos que tienen bajo su control en Ciudad Hidalgo y Tapachula.

El abandono

Para Óscar Martínez lo que ocurre en México a un indocumentado es infinitamente peor a lo que le podría pasar en Estados Unidos, donde las condiciones laborales son injustas y hay persecución de las autoridades que, pese a ser xenofóbicas son legales. “Siempre el lobo del cuento migratorio se ha dicho que es la Border Patrol, pero ellos están lejos, sólo los detienen y no es ni la mitad de corrupta que el Instituto Nacional de Migración, las policías estatales y municipales. Lo de allá es grave, pero aquí hay una crisis humanitaria, una masacre.” La omisión de los gobiernos centroamericanos y la responsabilidad del gobierno mexicano en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes llega al extremo de no poder identificar desaparecidos ni contrastar códigos genéticos y un servicio consular que no funciona, pues sólo tiene oficinas administrativas, sostiene. Así en todos los apartados relacionados con la tragedia humanitaria, cuando viajan a México o a Estados Unidos los presidentes de los países expulsores sólo abordan cuestiones económicas y


jamás la migración ni mucho menos denuncian que están violando a sus mujeres y matando a sus hombres. Por la omisión Óscar Martínez considera que los riesgos son graves, pues aunque en la Ruta del Atlántico sólo en Nuevo Laredo se han registrado casos de migrantes forzados a cruzar droga, en Sonora los burreros del cártel de Sinaloa detienen con frecuencia a los polleros y los obligan a pasar paquetes de 20 o 30 kilos de mariguana. “El monopolio del secuestro de migrantes es de Los Zetas. Pero las dinámicas en México pueden repetirse y si todos los cárteles tienen bajo su dominio el tráfico de migrantes, el problema será mayor. Lamentablemente con todo lo que las autoridades mexicanas saben ya es tiempo de que hubieran hecho algo”, concluye. l

Para los amigos... impunidad Raúl Monge Mientras el presidente Felipe Calderón anuncia que impulsará medidas para combatir el lavado de dinero, documentos con los que cuenta Proceso muestran que algunas investigaciones que se han iniciado para luchar contra este delito quedaron en el archivo. Así ocurrió con una querella que la Secretaría de Hacienda presentó contra Ricardo José Patrón Laviada por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La indagatoria alcanza incluso a su hermano, el exgobernador de Yucatán Patricio José, actual titular de la Profepa.

El 25 de octubre de 2006, en la recta final del sexenio de Vicente Fox, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, recibió un oficio “reservado y confidencial” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) – folio 110/H/245/2006–, con una petición puntual: investigar posibles hechos delictivos cometidos por Ricardo José Patrón Laviada, hermano de Patricio José, entonces gobernador de Yucatán y actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). A pesar del silencio cómplice de dicho procurador, quien ahora es consejero de la Judicatura Federal, la instancia encargada de detectar posibles delitos financieros en personas físicas y morales dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes no sólo mantuvo activa la indagatoria, sino que la extendió a otros miembros de la familia Patrón Laviada, incluyendo nada menos que al propio Patricio José, según se desprende del oficio 110/F/332/2008 fechado el 7 de noviembre de 2008. Sin embargo, la PGR no actuó en ninguno de los dos casos. Cuando Hacienda turnó el primer expediente a la procuraduría, Ricardo José era uno de los pocos integrantes del clan Patrón Laviada que había logrado mantenerse alejado de los escándalos públicos que desde hacía casi una década perseguían a su familia dentro y fuera de México. A sus hermanos Alejandro José y Antonio José se les ha vinculado más de una vez con la delincuencia organizada. Firmado por el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, José Luis Martínez Colina, el documento –del cual Proceso tiene copia– dice: “Con fundamento en los artículos 400-Bis párrafo IV del Código Penal Federal, 113, 117 y 118 del Código de Procedimientos Penales y 15-H fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vengo a denunciar hechos probablemente constitutivos del delito de


operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) presuntamente cometidos por Ricardo José Patrón Laviada y sus socios Johnny Alberto Benítez Cetina, Cecilia Margarita Laviada y Arrigunaga o Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, José Baltasar Cetina Pech y quien o quienes resulten responsables.” En la relatoría de hechos se indicó que Ricardo José es hermano de Patricio José Patrón Laviada, a la sazón gobernador de Yucatán, y que de 1998 a 2005 efectuó movimientos financieros “que no guardan relación con las actividades económicas declaradas, y mucho menos con sus manifestaciones de pago de impuestos”. Enumeró algunos: El 5 de septiembre de 2005, depositó 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital; de 2000 a 2005, realizó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos con 40 centavos y retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos en las siguientes cuentas también de Bital: 4014055156, 4014055206, 4014055214, 4014083042; en 2008, retiró 100 mil pesos de la cuenta 95050003488 abierta en banca Confía, y de 1998 a 2005 hizo dos depósitos en la cuenta 1626862 de Banamex, uno por 131 mil dólares y el segundo por 884 mil 72 pesos. También retiró 1 millón 45 mil 50 pesos. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP encontró operaciones sospechosas realizadas en distintas casas de bolsa por el hermano de Patricio José Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Sin precisar Ricardo José dólares y en Divisas Casa

fechas, el documento consigna que en Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V., hizo dos transacciones: en la primera compró divisas y cheques de viajero por 4 mil la segunda adquirió 10 mil dólares. En 2003, compró 13 mil 790 dólares en Vector de Cambio.

Oídos sordos

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investigó en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes y confirmó que el hermano del entonces gobernador de Yucatán declaró como actividad preponderante el “servicio de reparación de artículos y aparatos”; que se dio de alta el 16 de octubre de 1984 y que su número de cuenta fue reactivado el 30 de agosto de 2001. Además, averiguó que fungía como representante legal de la agencia Yucateca de Vehículos, S.A. de C.V., y que era cotitular en cuatro cuentas bancarias adicionales registradas a nombre de Johnny Alberto Benítez Cetina, Margarita Laviada Arrigunaga, Francisco Rodríguez de la Gala Faller y José Baltasar Cetina Pech, con quienes compartía el mismo domicilio fiscal, así como el de la agencia automotriz. La entidad fiscalizadora de Hacienda también detectó que para realizar sus operaciones bancarias Ricardo José dio tres domicilios distintos: Calle 15, número 113, por 20 y 22, Código Postal 97050, colonia Yucatán; calle Bugambilias, número M, por Cereza y Algarrobo, colonia La Ceiba, y Calle 22, número 449, Residencial Sol Campestre, Código Postal 97200. En las declaraciones fiscales que presentó entre 2003 y 2005 los investigadores encontraron inconsistencias; la más grave fue la omisión del pago anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2003, declaró ingresos por 346 mil 583 pesos; en 2004, por 455 mil 233, y en 2005, por 462 mil pesos. En el expediente que la SHCP envió al procurador Cabeza de Vaca también se incluían notas periodísticas relativas a presuntas actividades ilícitas –narcotráfico, venta de autos robados y negocios inmobiliarios fraudulentos– cometidas por al menos dos hermanos del actual titular de la


Profepa: Alejandro José y Antonio José. Otro hecho que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera fueron los inusuales movimientos bancarios realizados por Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga –prima de los Patrón Laviada– del 2 de mayo al 3 de octubre de 2005. De acuerdo con las pesquisas de Hacienda, en esos meses efectuó depósitos y retiros por 20 millones de pesos, de los cuales 14 millones fueron ingresados en efectivo. La cuenta personal que Laviada Arrigunaga manejaba en Bital –número 4029764750– tuvo 69 movimientos en el lapso mencionado. En varias ocasiones, detalla el informe, efectuó el mismo día depósitos y retiros por más de 100 mil pesos. Además, la investigación fiscal arrojó otro dato: que al momento de efectuar esas operaciones su cédula del Registro Federal de Causantes no estaba vigente y que en una declaración previa había manifestado que su actividad principal eran las tareas del hogar. Concluye la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP: “El millonario manejo en efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas, son elementos que permiten establecer indicios fundados respecto de la probable procedencia ilícita de los recursos operados dentro del sistema financiero mexicano por todos y cada uno de los ahora denunciados, con la probable finalidad de dar apariencia de legalidad a los mismos y con ello tratar de impedir conocer el origen del numerario. Por ese motivo, se hace del conocimiento de esa representación Social de la Federación para los fines legales a que haya lugar.”

Solapamientos

A pesar de la abundancia de elementos incriminatorios, el procurador Cabeza de Vaca, así como los dos funcionarios que lo sucedieron en el cargo durante el gobierno calderonista, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, no le dieron trámite a la denuncia. Al contrario, la hicieron perdediza. Ello se desprende del oficio número 110/F/26/2009 que el entonces director general adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías Beltrán, dirigió el 1 de septiembre de 2009 a Irving Barrios Mojica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR. En dicho documento, “reservado” y “confidencial”, se incluye parte de un oficio enviado por la PGR para justificar su omisión: “Se realizó una minuciosa búsqueda en el Libro de Gobierno de esta Unidad Especializada, en bases de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos, obteniéndose como resultado que, al día de la fecha, no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas…” Sin embargo, Elías Beltrán le recordó a Barrios Mojica que, de acuerdo con el acuse de recibo que obra en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el oficio fue recibido en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas. También le hizo saber que el 7 de noviembre de 2008 envió a la PGR el oficio número


110/F/332/2008, con el resultado de la investigación fiscal que realizó a otros integrantes del clan Patrón Laviada, entre quienes figuraban Alejandro José y Patricio José, quien en ese momento ya era titular de la Profepa. En ese mismo reporte fiscal de Hacienda aparecen los nombres de otras personas físicas morales: Pilar Cervera Hernández, hija del exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, esposa de Alejandro José Patrón Laviada; Aída Amira Hernández Guerra, viuda de Cervera expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Alfonso Humberto Zabaleta Laviada, las empresas Industrial Empacadora y Propesca.

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El documento incluye diagramas, cédulas de operaciones relevantes y constancia de la consulta al Registro Federal de Contribuyentes, así como al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía (Siger). Todo ello en relación con las personas sometidas a la pesquisa. En el oficio de septiembre de 2009 Elías Beltrán manifestó su inconformidad por la desidia mostrada por la PGR para iniciar una investigación formal contra Ricardo José Patrón Laviada y sus hermanos. “El argumento –alega Elías Beltrán– esgrimido por esa Representación Social de la Federación, para la devolución del reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/144/08 a esta Dirección General Adjunta de Procesos Legales, resulta contrario a derecho, en virtud de que no basta que indique que ‘no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentado la misma ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas’. “Ello en virtud de que tal y como esa Representación Social de la Federación podrá observar en la copia certificada del acuse de recibo del oficio 110/H/245/2006 de 25 de octubre de 2006, mismo que se remite como anexo 1, fue recibido por esa Unidad Especializada el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.” Con base en ese documento, el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sostuvo que la PGR “tenía obligación de investigar los hechos denunciados, llevando a cabo una averiguación previa, practicando y ordenando la realización de todos los actos conducentes para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados y, en su caso, determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal”. Además, destacó que el reporte adicional enviado a la PGR acerca de las operaciones realizadas por Patricio José y Alejandro José Patrón Laviada, entre otras personas físicas y morales, “robustece aún más la necesidad” de que esa dependencia proceda a ejercer las atribuciones que le han sido conferidas. A casi un año de distancia de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP refrendó su petición para que se investigue a Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada y socios, ni Medina Mora ni Chávez Chávez cumplieron con su deber de investigar los presuntos delitos.


Otra medida tardía... A tres años de iniciada su guerra contra la delincuencia organizada con las Fuerzas Armadas por delante, y luego de las innumerables críticas por no haber desmantelado la estructura financiera de los cárteles de la droga, el presidente Felipe Caderón lanzó una estrategia para detener el lavado de dinero. El jueves 26, el mandatario convocó en Los Pinos a su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y al procurador general de la República, Arturo Chávez, para explicar la nueva medida. Dijo que enviará iniciativas de ley al Legislativo para limitar el uso de dinero en efectivo en la compra de casas, autos, barcos, aviones y joyas; quien lo haga, expuso, será sancionado con penas de entre cinco y 15 años de prisión. “Diversos actores han señalado la importancia de atacar todas las fuentes de financiamiento de los criminales, atacarlos donde más les duele… Y para ello es indispensable contar con una estrategia clara, con un marco jurídico adecuado, un marco jurídico cierto que nos permita golpear y golpear contundentemente esta fuente de recursos donde está, precisamente, la clave de su fuerza”, sentenció. Semanas atrás, durante el primero de los Diálogos por la Seguridad organizados por la propia Presidencia de la República, representantes de organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales reclamaron a Calderón por la falta de una estrategia contra el lavado de dinero y por el uso excesivo de las Fuerzas Armadas. Ante las críticas, Calderón ordenó a su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, elaborar un paquete de reformas legales destinado a frenar el flujo de dinero en efectivo que maneja la delincuencia organizada. Y el jueves 26 las dio a conocer. “El dinero ilícito es vital para los criminales. Eso es lo que buscan, la ganancia, el dinero; y es vital también para financiar sus actividades. Este dinero, que se obtiene de manera ilegal, afectando los bienes, la vida, el patrimonio, la salud de los demás, se introduce de una manera relativamente accesible hasta ahora en nuestra economía formal, precisamente a través de los mecanismos de lavado de dinero”, dijo. Entre las medidas más importantes destaca la prohibición del pago en efectivo en transacciones superiores a 100 mil pesos para la compra de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos, y transmisión de títulos accionarios. De ser aprobadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, habrá orden en las casas de cambio, en los centros de apuestas, en las empresas de blindaje, en las joyerías, según Calderón. El gobierno también buscará ampliar el número de negocios obligados a reportar las “operaciones sensibles” de las que sean testigos. En este grupo se incorporarán los centros de juego y apuestas, los emisores de tarjetas no bancarias, las agencias inmobiliarias y los despachos de contadores.

Restructuración institucional

En la miscelánea fiscal, Calderón menciona que se acusará de lavado de dinero a los profesionistas que den información falsa a instituciones financieras, así como a quienes se presten a ser testaferros o prestanombres de negocios fachada. También destaca que el gobierno endurecerá las penas para los delitos de encubrimiento e intensificará el número de operaciones encubiertas para detectar y sancionar incluso la apertura de cuentas bancarias ilícitas.


“Se trata de evitar que (los delincuentes) cuenten con recursos para cooptar a las autoridades, para debilitar a las instituciones, para adquirir armamento o casas de seguridad y vehículos, con los cuales desarrollan su comportamiento criminal”, puntualizó. En este marco, Calderón anunció la reorganización de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), medida con la que se busca duplicar el personal de esta instancia e incluir en los procesos de investigación plataformas tecnológicas y de sistemas de administración de la información. En su alocución del jueves 26 en Los Pinos, Ernesto Cordero dijo que también se crearán “células especializadas” para compartir información con las instituciones crediticias para detectar casos ilícitos, respetando siempre el secreto bancario. (DL)

Los detonadores del colapso Jesusa Cervantes En vísperas de su IV informe de gobierno, Felipe Calderón no puede tapar ya con su triunfalismo mediático las realidades que dependencias y documentos ofi ciales, así como especialistas, exfuncionarios y legisladores subrayan: México se halla ante un inminente colapso, entre otros factores, por subejercicios presupuestales, recursos ociosos, endeudamientos absurdos, fugas de divisas y tratos impositivos preferenciales a los grandes consorcios del país... A unos días de que Felipe Calderón Hinojosa rinda su IV informe de gobierno, se evidencian en su administración subejercicios presupuestales, endeudamientos “absurdos”, manejos “mañosos” de las cuentas financieras, exceso de disponibilidades, recursos ociosos, discrecionalidad en las decisiones de servidores públicos, falta de regulación y supervisión del gasto, fuerte fuga de divisas y tratos impositivos preferenciales para 30 grandes empresas. Con base en documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informes de Hacienda y reportes del Banco de México emitidos el miércoles 25, se confi rmó que diversas empresas, cuyos nombres no fueron revelados, han sacado del país en los primeros seis meses de este año 10 mil millones de dólares que, a un valor promedio de 13 pesos por dólar, equivalen a 130 mil millones de pesos. Esta cifra es similar a la correspondiente a los impuestos que las 30 empresas más grandes de México deben al erario (130 mil 262 millones de pesos), cuyo pago, en vez de hacerse en un solo ciclo, ha sido diferido a lo largo de varios años en porcentajes que, discrecionalmente, la Secretaría de Hacienda acaba de disminuir, de manera que, por este concepto, en el presente año sólo cubrirán 13 mil millones de pesos. No solo eso. Las cifras del segundo Informe Trimestral de las Finanzas de 2010, elaborado por Hacienda, establecen que el gobierno de Felipe Calderón ha subejercido 88 mil millones de pesos en diversos programas sociales, de salud y de infraestructura, así como en pensiones. Y por si fuera poco, aparte de que la deuda del país ha aumentado en 108 mil 146 millones 500 mil pesos, la administración calderonista ha seguido alimentado diversos fi deicomisos, fondos o figuras jurídicas análogas que, al 30 de junio de 2010, acumulaban un total de 399 mil 378 millones 400 mil pesos que han estado sin utilizarse. Esto, de acuerdo con los dos informes trimestrales que la Secretaría de Hacienda entregó el día 25 de agosto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y es que, de acuerdo con el exauditor superior de la Federación Arturo González de Aragón


–entrevistado por Proceso el 18 de agosto–, una de las grandes difi cultades de la administración panista es que no sabe gastar o canalizar los recursos de los cuales dispone. Aclaró que al hacer las dos primeras revisiones de las cuentas del gobierno calderonista que le correspondieron, no detectó que “se hubiera robado el dinero”, sino que “su gran problema es de capacidad de gasto, calidad de gasto, calidad de programa y cartera de proyectos suficientes”, pese a que “se vio inundado de dinero”. Señaló que, pese a no haber confirmado que en la Secretaría de Hacienda se estuvieran haciendo desvíos, sí se percató –y eso dio origen a nuevas observaciones de opacidad y riesgo– de “subejercicios presupuestales, exceso de disponibilidades y discrecionalidad de servidores públicos. Pero también, de la falta de regulación y supervisión, aspectos en los cuales estamos en la calle”. De la ineficiencia al absurdo El lunes 23 de agosto, durante la reunión plenaria de los senadores del PRI –previa al inicio de sesiones del Congreso de la Unión que arranca con el IV informe de gobierno de Felipe Calderón–, Francisco Labastida Ochoa advirtió, en nombre de los legisladores, que el país se encuentra ante un “inminente colapso económico”. Aunque admitió que ha habido “crecimiento económico y generación de empleos en estos meses”, expresó la preocupación de su bancada porque dicho crecimiento proviene “de las exportaciones que se están haciendo a Estados Unidos de bienes manufacturados, no provenientes del esfuerzo que internamente se realice en el país, para crecer con base en nuestras propias fuerzas…”. Lo que pasa, dijo, es que si la economía estadunidense “baja su nivel de crecimiento”, eso implicaría que también “el crecimiento en México se caiga y el desempleo aumente”. Reveló además que el gobierno federal ha “subestimado” e inclusive “omitido” tres aspectos dentro de la información que está proporcionando: En primer lugar, manifestó que el IMSS tiene un défi cit de 1 billón 700 mil millones de pesos en sus reservas, y que para el año 2012 su déficit operativo llegará a los 34 mil millones de pesos. En segundo lugar, continuó, Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene activos por 102 mil millones de dólares y pasivos por 105 mil 500 millones de dólares. “Es decir, Pemex tiene ya capital negativo por 5 mil 500 millones de dólares (…) Hoy decimos que esta empresa va prácticamente a la muerte”. El tercer problema que advierte el PRI y que el gobierno federal no ha dado a conocer, sostuvo Labastida Ochoa, es que de las utilidades extraordinarias que tuvo el Banco de México por el tipo de cambio peso-dólar, que representaron 140 mil millones de pesos, el gobierno federal “tomó” 90 mil millones para fi nanciar su Presupuesto de Egresos de 2010, es decir, su programa de gasto. Al respecto, el especialista en gasto y manejo de las fi nanzas federales Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo, califi ca de “absurdo” y “mañoso” el manejo que ha estado haciendo el gobierno federal de las cuentas fi nancieras. En entrevista con esta reportera, pregunta: “¿Cómo te explicas que el gobierno federal reporte en sus informes de finanzas que tiene un monto brutalmente alto de dinero en fideicomisos, con un saldo al 30 de junio de 2010 por un total de 399 mil 378.4 millones de pesos, y aún así le quite al Banco de México 90 mil millones para pagar el gasto operativo?”. Ese dinero que está en los fideicomisos, explica, es parte de lo que la propia Cámara de Diputados le autorizó al gobierno federal para su gasto en 2010, “pero en lugar de gastarlo para lo que fue mandatado, no lo usó para cubrir el gasto y lo transfi rió a diversos fideicomisos. Es dinero que está guardado ocioso. Para cubrir el hueco que dejó ese dinero, tomó los 90 mil millones de pesos de parte de las utilidades que tenía Banxico. Es un completo absurdo y manejo inefi ciente del gasto”, enfatiza. Manejo discrecional Durante la discusión del paquete económico para 2010, Felipe Calderón Hinojosa propuso


que, en este año, las grandes empresas que fueron benefi ciadas desde 2004 por el régimen de pago de impuestos diferidos liquidaran 20% de sus adeudos. De acuerdo con la información que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entregó al diputado Di Costanzo, el año pasado 400 “grandes grupos” empresariales (de los cuales no dio nombres) adeudaban al fisco 850 mil millones de pesos. La propuesta calderonista era que este año liquidaran 20% de su adeudo; sin embargo, el Senado de la República modificó la propuesta y estableció que sólo deberían cubrir 15%. Pero el pasado 30 de abril, yendo más allá, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, emitió lo que llamó “cuarta resolución miscelánea”, mediante la cual las empresas únicamente quedaron obligadas a cubrir este año 10% de su adeudo. Ni el SAT ni Hacienda han dado a conocer en cifras el monto del pago ni mucho menos el nombre de las firmas involucradas. Sin embargo, el diputado Di Costanzo, a partir de la información que están obligadas a dar las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), elaboró un documento que da cuenta de lo siguiente: Según la información de la BMV, solamente las 30 empresas que cotizan allí tienen hasta 2010 un adeudo de impuestos por diferimiento que alcanza la suma de 130 mil 262.5 millones de pesos. Y si tan solo pagaron 10%, gracias a la circular de Hacienda, su desembolso no rebasó los 13 mil 262 millones de pesos. Esas empresas son: Cemex, América Móvil, Telmex, Grupo México, Kimberly Clark, Femsa, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Posadas, Grupo Maseca, Wal-Mart, Grupo Saba, AHMSA, Grupo Alfa, Grupo Asur, Grupo Aeroportuario del Pacífi co, Peñoles, Autlán, Grupo Bachoco, Grupo Electra, Grupo Inbursa, Comercial Mexicana, Grupo Gigante, Grupo Herdez, Liverpool, Palacio de Hierro, Grupo Televisa, Consorcio Ara, Grupo Sare y Grupo La Moderna. Dichos consorcios, refi ere Di Costanzo, “reportaron un ingreso por 1 billón de pesos. Lo grave del asunto es que durante el primer semestre de 2010 la Secretaría de Hacienda reporta, en su segundo informe trimestral de fi nanzas, una recaudación por Impuesto Sobre la Renta por todas las personas morales (empresas) que hay en el país, de 125 mil 882 millones de pesos. Es decir, que tan sólo por impuestos diferidos de 30 fi rmas se debe más al fisco que lo que la autoridad federal recaudó de todas las empresas por otro tipo de impuestos, que es el ISR”. Al diputado Di Costanzo le parece absurdo que el gobierno maneje así las fi nanzas, y explica: “Calderón le perdonó a 30 empresas por impuestos diferidos más de 100 mil millones, y si observas la información del Banco de México en el sentido de que ciertas firmas sacaron del país 130 mil millones para invertirlos en otras naciones, entonces lo único que está haciendo el actual gobierno es subvencionar inversiones de mexicanos en el extranjero en lugar de que inviertan aquí y generen más empleos”. Por otra parte, según los datos de Hacienda, en el primer semestre de 2010 el gobierno aumentó su deuda en 100 mil millones de pesos, por lo que Di Costanzo refl exiona: “Si no hubiera ese trato preferencial a los grandes empresarios del país, permitiéndoles diferir el pago de 130 mil millones de pesos, pues el gobierno no tendría necesidad de endeudarse”. Comenta que el hecho de que Hacienda saque de las arcas de Banxico 90 mil millones de pesos no se justifica porque el propio gobierno tiene un subejercicio, según sus propios números, de 88 mil millones de pesos. “Dinero –dice– hay; lo que no existe es capacidad para ejercer de manera correcta y efi ciente el gasto”. Justamente sobre este manejo discrecional del dinero “de todos los mexicanos” por parte de las autoridades, el exauditor de la Federación manifestó que pudo verlo en las dos primeras cuentas públicas que revisó del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Por ejemplo, en el documento de la ASF denominado Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, que se elaboró en 2009, puede leerse que el 21 de diciembre de 2007 Hacienda emitió una serie de circulares en donde, de acuerdo con la ASF, “se autorizó la distribución de remanentes presupuestales por 203 mil 659 millones de pesos, de los cuales 102 mil 435 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de Depósitos en Administración a favor de Terceros en la Tesorería de la Federación, que por lo avanzado del año no era posible que se devengaran antes del 31 de diciembre de 2007. Esto evidencia que se autorizó la


reasignación de recursos a efecto de no refl ejar un mayor subejercicio presupuestal”, concluye la ASF. El exauditor González de Aragón comentó a Proceso que esas fueron “transferencias indebidas a fideicomisos; dinero que no fue ejercido, pero que ellos (el gobierno) lo dieron por ejercido. ¿Por qué si era tal la cantidad de recursos que tenían en la mano no la ejercieron? Pues creo que la realidad los rebasó. No estaban listos. Había carencia de proyectos”. Los mismos problemas de subejercicios, creación de fi deicomisos y transferencias indebidas fueron detectadas en la cuenta pública de 2008 que el pasado mes de marzo dio a conocer la ASF. A petición de los actuales legisladores del PRI y PT, la ASF elaboró un “proyecto de dictamen” relativo a dicha cuenta. Proceso dispone ya de una copia de ese documento que en los próximos días será dado a conocer a los diputados para su aprobación. Allí se establece, entre otras cosas, que tanto el Ejecutivo como Hacienda deben cumplir con las leyes y la normatividad para evitar la constitución de actos jurídicos análogos o de mandato, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; abstenerse de utilizar “acuerdos de ministración” (forma mediante la cual el gobierno federal condiciona la entrega de los recursos a gobiernos estatales); evitar la discrecionalidad; el Ejecutivo federal debe girar instrucciones a las autoridades para que ejerzan el presupuesto aprobado (evitando los subejercicios); abstenerse de constituir fi deicomisos, y ordenar a la propia ASF dar seguimiento puntual a todo esto “para que, en su caso, inicie los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades, de todo tipo, que en derecho procedan”. La semana pasada, el Centro de Estudios de las Finanzas de la Cámara de Diputados elaboró un estudio sobre el manejo del gasto que realiza el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y concluyó, al igual que la ASF, que Hacienda mantiene una política de opacidad y violenta diversas disposiciones para no revelar el manejo de los millonarios recursos que tiene la Federación. A estos reclamos, como los derivados de la constitución de fi deicomisos y subejercicios, o las dispensas de pago de impuestos a grandes empresas, deberá dar respuesta Felipe Calderón en su IV informe de gobierno, concluye el legislador Mario di Costanzo. l

Malversación y opacidad Daniel Lizárraga Las relaciones entre la información y Felipe Calderón son pésimas desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo designó presidente electo: a la cabeza del equipo de transición, se despachó con una serie de estudios para mejorar su imagen personal y la de su familia, mandó a una empresa hechiza a sacarle información clave a los diputados federales y, cuando se detectaron esas irregularidades, hizo que la maquinaria burocrática enterrara los documentos que las comprueban. Como presidente electo, Felipe Calderón y su equipo de colaboradores, encabezado entonces por Juan Camilo Mouriño, malversaron recursos públicos durante el periodo de transición gubernamental de 2006, por lo que fueron obligados a devolver alrededor de 1 millón de pesos para reparar el daño al erario. La sanción contra Felipe Calderón, cumplida por Hacienda durante el actual gobierno, no se conoció públicamente durante más de dos años, pero la dio a conocer el exauditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, en entrevista con este semanario (Proceso 1764). La auditoría al equipo de transición presidencial surgió luego de una serie de reportajes publicados por la revista durante 2007 y 2008, que documentaron irregularidades en la


contratación de empresas para supuestas asesorías políticas y de imagen. Esos reportajes se retomaron en el libro La corrupción azul, el despilfarro en las transiciones presidenciales, del autor de esta nota, publicado por la editorial Debate, en el cual se detallaron actos de corrupción incluso en el Estado Mayor Presidencial (EMP). En la mencionada entrevista, González de Aragón reveló que 130 millones de pesos fueron puestos a disposición de Calderón, y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su cargo observó manejos irregulares por alrededor de 23% de ese monto. Sin embargo, el fondo de transición ascendió en realidad a 150 millones de pesos, de los cuales 20 millones fueron destinados al EMP. “Las irregularidades por 30 millones de pesos que les detectamos fueron corregidas y solventadas, en uso de sus atribuciones, por Hacienda, que es la que interpreta. Aun así, Nava (César Nava, quien fuera secretario particular de Calderón) tuvo que regresar 1 millón de pesos”, dijo González de Aragón a la reportera Jesusa Cervantes. El extitular de la ASF no aportó mayores detalles sobre el resultado de esa investigación. No obstante, en los expedientes integrados por Proceso en más de cuatro años de investigación, consta que quienes aprobaron la contratación de servicios irregulares fueron Juan Camilo Mouriño y, sobre todo, el entonces encargado de las fi nanzas en el equipo de transición, Gerardo Ruiz Mateos, ahora convertido, por segunda vez, en jefe de la Ofi cina de la Presidencia, luego de su fugaz gestión como secretario de Economía. De acuerdo con esas investigaciones periodísticas, el grueso de las irregularidades en el manejo del fideicomiso para la transición presidencial radicó en los festejos públicos y privados por el triunfo de Calderón una vez que lo dictaminó el Ttribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en gastos de imagen, renta de camionetas blindadas y en la contratación de una empresa fundada al vapor: Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas. En México, el periodo de transición presidencial puede prolongarse más de cuatro meses e implica entregarle al nuevo mandatario 150 millones de pesos provenientes de fondos públicos. Un sistema de transición similar al mexicano es el de Estados Unidos. Por ejemplo, el equipo de Barack Obama fue de 450 personas y el fondo correspondiente alcanzó 12 millones de dólares. Sin embargo, sólo 5.2 millones provinieron el erario; el resto fueron donativos privados hasta por 5 mil dólares. Aunque finalmente Felipe Calderón regresó al erario 27 millones 393 mil pesos, tuvo a su disposición el triple de los recursos públicos de Obama, de acuerdo con el tipo de cambio en 2006. De fiesta La empresa Make Pro cobró 5 millones 802 mil pesos por organizar el llamado “mitin de agradecimiento” panista en la monumental Plaza México, el 10 de septiembre de 2006. Ese dinero provino del fondo de transición presidencial, depositado en un fi deicomiso en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito). A Make Pro se le entregó un cheque con el pago completo a pesar de que el contrato todavía no era aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, cuyos integrantes –en su mayoría funcionarios del gobierno de Vicente Fox– realizaron una reunión extraordinaria en un intento por evitar irregularidades. Gerardo Ruiz Mateos, coordinador de la Ofi cina del presidente electo, se encargó de validar la factura en el contrato 032/2006, adjudicado directamente. En este caso, el equipo de transición buscó a la empresa ubicada en la Ciudad de México y con más de 10 años de experiencia en montar ferias de consumo, exposiciones, seminarios, congresos y convenciones. Aquel 10 de septiembre, en la Plaza México, unos cañones dispararon trocitos de papel con los colores patrios. Los panistas instalaron macropantallas. Tres grúas movieron cámaras. Televisa y Televisión Azteca trasmitieron la celebración en directo. Entre los invitados había artistas y deportistas famosos, como se relata en La corrupción azul... El problema es que dicho festejo no formaba parte de los trabajos de enlace con el gobierno saliente.


Otro contrato irregular, en el mismo sentido, fue el 019/2006, fi rmado con Beatriz Bañuelos, para montar y organizar eventos tanto públicos como privados por hasta 8 millones de pesos. La ASF analizó, de igual forma, la adquisición de servicios de imagen con empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Para los especialistas del órgano fi scalizador, no había forma de justificar la inclusión en los gastos para el cambio de gobierno de los proyectos de márketing político encargados a compañías como AP Comunicaciones, Pentimento, Centro de Comercio y Publicidad y Representación de Exposiciones Artísticas. No obstante, las reglas de operación del fi deicomiso no especificaban qué asesorías estaban prohibidas, como publicó este semanario el 3 de junio de 2007, en su edición 1596. En otros países no se permite el uso del erario para mejorar la imagen personal de los políticos. En Francia, por ejemplo, la candidata presidencial Ségolène Royal se hizo una cirugía dental y se inyectó botox, pero no pagó esas intervenciones con recursos públicos. Aquí fueron ocho empresas las que, contratadas por el equipo de transición, intentaron mejorar la imagen personal de Calderón, y la presidencial (“institucional”) y la de su familia. En ello se gastaron 12 millones 228 mil 49 pesos (1 millón 164 mil 576 dólares al tipo de cambio de entonces). Tres firmas se concentraron en idear mejoras para la imagen de Calderón, y una más –De la Riva Información Estratégica– se encargó de su mujer, Margarita Zavala, y de sus tres hijos. La primera cláusula del contrato 017/2006 –por 848 mil pesos– estableció que la empresa le practicaría una auditoría de imagen al presidente electo. Sin embargo, el llamado “proyecto de imágenes” sólo trata a la señora Zavala y sus hijos. Como no se agregó un apéndice para justificar el estudio de imagen a personas distintas de Felipe Calderón (Proceso 1596), los auditores consideraron esto como un “desvío del objetivo del contrato”. Los especialistas de la ASF también consideraron irregular el contrato 009/ 2006, por la renta de una camioneta blindada a la consultora contable y fi scal K Beta por 1 millón 850 mil pesos. Por ese motivo, la ASF le pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Banjercito aclarar de qué sirvieron tales auditorías de imagen y la fi esta en la monumental Plaza México en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la federación de 2007. Se esconden detrás de Carstens En esas mismas observaciones de la cuenta pública de 2006, la ASF responsabilizó al equipo de transición de no haberse ajustado a los criterios de economía, imparcialidad y honradez que debieron prevalecer en su funcionamiento y en la adquisición de productos o servicios. A esta conclusión llegó el órgano de fi scalización después de revisar contratos como el otorgado a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, propiedad de la panista capitalina Laura Ballesteros Mancilla. En la asignación ilegal del contrato por 2.9 millones de pesos, resultó involucrado Gerardo Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina de la Presidencia y amigo de Felipe Calderón, como reveló Proceso desde el 24 de junio de 2007 (edición 1599). Mediante la promesa de brindar servicios de información en internet que nunca se concretaron, tres jóvenes –incluida Ballesteros– recabaron entre los nuevos diptuados federales información sobre sus preferencias políticas, grupos de infl uencia, aspiraciones personales y agenda. La base de datos resultante, junto con las entrevistas grabadas, fue vendida al equipo de transición presidencial, que coordinaba Juan Camilo Mouriño. Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas fue registrada el 1 de noviembre de 2006, es decir, siete días antes de firmar el contrato 020/06 y sólo 24 horas antes de entregar su propuesta de trabajo a los amigos de Felipe Calderón, como se narra en el capítulo VIII de La corrupción azul. Pero en sus revisiones de 22 contratos la ASF no sólo confi rmó el contenido de esas investigaciones periodísticas; también puntualizó que el comité técnico del Fideicomiso de Transición autorizó adjudicarle directamente el mencionado contrato a la empresa de Ballesteros en sus sesiones del 20 y 26 de septiembre, cuando la empresa ni siquiera estaba


constituida legalmente. En las observaciones a la cuenta de 2006, los auditores pidieron a la Secretaría de Hacienda y a Banjercito que procedieran legalmente contra quienes respaldaron pagos inicialmente estimados en 42 millones 281 pesos. Además, la ASF aseguró que no halló información de que las empresas InterliCorp Consultoría, AP Comunicaciones, Representaciones de Exposiciones de México, Ideograma Consultores y la ya mencionada Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas hubieran entregado los trabajos prometidos. Al exsecretario de Hacienda y ahora gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, le tocó responder a las observaciones de la ASF. Al mismo tiempo se convirtió en un dique para los medios de comunicación que pretendieron transparentar el contenido de los estudios que supuestamente encargó el equipo de transición de Felipe Calderón. Cuando Proceso tramitó la primera solicitud de acceso a la información para conocer esos trabajos –no sólo los contratos– la respuesta fue que éstos no existían. Funcionarios de Hacienda respondieron que las asesorías de imagen y estudios desaparecieron cuando se incorporaron al paquete económico de 2007 presentado ante la Cámara de Diputados. En respuesta, este semanario presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Mientras el entonces comisionado Juan Pablo Guerrero desahogaba este expediente (el 982/08), la ASF hizo las primeras observaciones sobre los gastos de transición presidencial. En el informe de la revisión de la cuenta pública 2006, los auditores indican que tuvieron acceso a los contratos y estudios que Proceso había requerido, los mismos que Hacienda declaró inexistentes. Ante esta contradicción, Juan Pablo Guerrero ordenó hacer públicos esos estudios, pero el 19 de junio de 2008 Hacienda informó a Proceso que no cumpliría la resolución del IFAI porque los archivos eran objeto de una auditoría. Carstens fue más allá: reservó los documentos por un año. El 27 de junio de 2008 Proceso presentó una queja ante el IFAI por el desacato de Hacienda. Dos años y un mes más tarde, en agosto de 2010, el IFAI continúa esperando que el Ejecutivo cumpla la ley acatando esa resolución. l

Ahora sí, los priistas quieren ser “oposición” Jenaro Villamil Una vez aprovechada al máximo la raja política que consiguieron los priistas al ser comparsas del gobierno calderonista, ahora su cúpula dice que pintará su raya. El distanciamiento del PRI con el gobierno federal está marcado por hechos concretos: sus críticas ante la situación por la que atraviesa el país, el desaire al presidente al no acudir a los Diálogos por la Seguridad y el convencimiento de que desde Los Pinos se opera una turbia estrategia para impedir que el tricolor gane la Presidencia en 2012. Atrincherados en el Congreso, donde presidirán las mesas directivas de ambas cámaras en el periodo ordinario 2010-2011, los priistas dejaron de ser la “oposición leal” al gobierno de Felipe Calderón para convertirse en los adversarios más críticos de su administración, convencidos de que existe una “operación de Estado” para frenar su retorno a Los Pinos en las elecciones de 2012. La disputa no se circunscribe a las alianzas electorales entre PAN y PRD que provocaron la derrota del PRI en tres entidades estratégicas: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Se ha exacerbado porque los priistas culpan al gobierno calderonista de la “la gravísima situación que vive el país en todos los órdenes”, y por sus críticas a los recientes Diálogos por la Seguridad convocados por el presidente.


Para el grupo parlamentario del PRI en el Senado estos encuentros son “discursos o artilugios mediáticos que pretenden lesionar el clima de cooperación necesario para recuperar la seguridad y fortalecer la justicia en el país”. Así lo puntualizó el documento de la agenda legislativa aprobada por la Tercera Reunión Plenaria de senadores del PRI efectuada en Acapulco, Guerrero, del lunes 23 al martes 24. En esa reunión, el coordinador de los 237 diputados del PRI, Francisco Rojas, se quejó que a menos de 10 días de la presentación del paquete impositivo y de la distribución del presupuesto el gobierno de Felipe Calderón no ha tenido “ni una sola plática ni una llamada telefónica” con la mayoría priista en San Lázaro. Del martes 24 al jueves 26 se reunieron en Ixtapan de la Sal, Estado de México, 237 diputados del PRI y sus 21 legisladores aliados del Partido Verde Ecologista de México. En ese foro, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, anunció que su partido acordó disminuir de 16% a 15% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y subrayó que existe consenso entre los legisladores para rechazar “todo planteamiento que implique aumentar impuestos a alimentos y medicinas”. Las diferencias entre el gobierno y los priistas se agudizaron a raíz de los cambios ordenados por Felipe Calderón en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), donde se operó la renuncia de Héctor Osuna para colocar a Mony de Swaan, un funcionario incondicional del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar. Los cambios abruptos en el gabinete como la salida de Fernando Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación o el intento de que el Senado apruebe el nombramiento de Patricia Flores, excoordinadora de la Ofi cina de la Presidencia, como embajadora en Portugal, han abonado los desacuerdos. “De una u otra manera ya hay signos de una tentación autoritaria por parte del presidente. El caso de Cofetel es una tentación autoritaria llevada al extremo”, sentencia Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI y próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado. –¿Está de acuerdo con la valoración del jurista Diego Valadés en el sentido de que el país se acerca al “colapso institucional”? –se le pregunta a Beltrones. –El tema de fondo es que las cosas no funcionan. Y no funcionan porque buena parte de las instituciones que fueron planeadas para un México distinto, no tan plural, no han sido modificadas. “El debate de fondo con el gobierno es ¿hay interés en modernizar el sistema presidencial mexicano o simplemente hay una serie de mascaradas que el Ejecutivo federal, junto con su partido político, sigue para tratar de encubrir su obstrucción a la modernización del sistema presidencial?”, plantea. Elecciones de Estado En el cónclave de Acapulco la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, alertó a los legisladores que el gobierno federal buscará frenar el avance priista en las elecciones de Guerrero y el Estado de México en 2011. La renuncia del senador Ángel Heladio Aguirre al PRI, para buscar la candidatura opositora al gobierno de Guerrero, cayó como balde de agua fría en la plenaria de Acapulco. Ese mismo día, Felipe Calderón encabezó en el puerto guerrerense un evento con la lideresa magisterial y exdirigente priista, Elba Esther Gordillo. Ahí se confi rmó que Aguirre contará con el apoyo del Panal, partido vinculado a Gordillo, para enfrentar a Manuel Añorve, el abanderado tricolor. La disputa electoral se tornará más intensa en 2011, sobre todo ante la posibilidad de una alianza entre PRD y PAN en el Estado de México, el bastión de Enrique Peña Nieto, principal precandidato priista a la Presidencia. Al inaugurar la reunión de los diputados priistas en Ixtapan de la Sal, Paredes acusó al gobierno federal de realizar en las elecciones de 2010 “un manejo inescrupuloso del recurso federal de varias dependencias estatales y de una maquinación para realizar una elección de Estado”. El martes 24, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió un dictamen del


IFE y consideró que Felipe Calderón sí violó el artículo 41 de la Constitución y la Ley Electoral, con sus mensajes televisivos transmitidos entre el 15 y 30 de junio pasados. La queja fue interpuesta por el PRI ante el IFE, pero el organismo electoral desechó la acusación inicial al plantear que los mensajes no fueron transmitidos en cadena nacional, sino por “decisión particular” de cada concesionario de medios electrónicos. El tribunal electoral le dio la razón al instituto. –¿Cuáles son las razones de este endurecimiento? –se le pregunta al senador Pedro Joaquín Coldwell, responsable de presentar el documento de conclusiones de la plenaria de Acapulco. –Creo que el PRI ciertamente tiene posiciones ahora más críticas, pero sigue siendo oposición responsable. Los priistas tenemos una cultura política de la institucionalidad. Nos parece también que, en la medida que ha avanzado el gobierno, los resultados no se ven y sí tenemos una gran preocupación por la gravísima situación por la que está pasando el país en todos los órdenes. “El estancamiento económico es hoy una lamentable realidad. La recuperación económica no es tal. Hay una extensión de la violencia y de la inseguridad pública por todo el país. Hay una gran descomposición del clima social, del tejido social en nuestro país; sería realmente irresponsable de parte del PRI no señalar estas fallas y esta falta de resultados, sobre todo cuando parece que el gobierno federal le quiere transferir las culpas al PRI. El gobierno no quiere asumir su responsabilidad que tiene como conductor de la nación”, plantea el exgobernador de Quintana Roo. Pemex y el IMSS, quebrados Senadores que hasta hace dos años se les consideraba aliados del gobierno de Calderón, como el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, han transformado su posición cautelosa para insistir en la gravedad de la situación económica, particularmente en el quebranto de áreas sustanciales como Pemex y el Banco de México. El exgobernador de Sinaloa que tiene a su cargo en el Senado el análisis de los aspectos económicos señaló en la plenaria de Acapulco que la actual administración panista está “llevando a la bancarrota” al IMSS que, para 2012, registrará un défi cit operativo de 34 mil millones de pesos. Agregó que Pemex “está quebrado”, pues arrastra un pasivo superior a los 5 mil 500 millones de dólares. Como remate se refirió al hecho de que en el Banco de México existe un capital negativo de 50 mil millones de pesos. “¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que hay ocultamiento de problemas que no se están tocando; que no se está informando a la sociedad y, sobre todo, no se están tomando medidas para solucionar la problemática que estamos viendo”, sentencia Labastida. El miércoles 24, Calderón le respondió a Labastida negando que se ocultara información o que existiera un riesgo de bancarrota en Pemex o en el IMSS. Al preguntarle qué opinaba de la respuesta del presidente, el exgobernador de Sinaloa insistió: “Si siguen por este camino, hay riesgo de privatizar Pemex”. –Usted fue uno de los principales apoyos priistas en la reforma energética. ¿Por qué este cambio de actitud ante el gobierno de Calderón? –se le plantea. –Uno de los objetivos de la reforma era darle instrumentos a Pemex para que funcionara más como empresa, con un gobierno corporativo, que pudiera decidir dentro del Consejo de Administración lo que es mejor para el organismo. Creo que en el camino al gobierno no le gustaron estos cambios y han metido gente que va en contra de este propósito o que no son los funcionarios más idóneos: metieron como gerente de Finanzas a un ingeniero en Alimentos; nombraron como director de servicios de tierra al excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche que tiene como antecedente profesional haber vendido coches; colocaron como gerente de Pemex Refi nación a un abogado, cuando tienen ingenieros químicos con más de 20 o 30 años de experiencia. “Creo que en el camino, los panistas se arrepintieron de lo que se había hecho y la consecuencia final es que estamos hoy en el peor de los mundos posibles: tenemos lo peor del viejo sistema y los cambios incompletos. Estamos a la mitad y esto no va a dar buenos


resultados.” –¿Usted apoyará el proyecto calderonista de las Administradoras Públicas y Privadas, cuya minuta está aún en el Senado? –Es el proyecto más desmantelador que yo había visto en toda mi vida de funcionario público. Ese proyecto significa la privatización de todos los servicios públicos, por eso estamos proponiendo nuevos cambios a la minuta. –¿Hay posibilidades de sacar esos avances con el PAN? –se le insiste. –No, en todo caso, los sacamos con el PRD –afirma Labastida. Proyectos “desmanteladores” Hace un año, en septiembre de 2009, la actual diputada federal y presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, junto con un grupo de gobernadores encabezados por el mexiquense Enrique Peña Nieto negociaron con los secretarios de Hacienda y de Gobernación la aprobación del paquete fiscal para 2010. A pesar del jaloneo y de la oposición de senadores del PRI y del PAN, fi nalmente se aprobó el incremento del IVA de 15% a 16%, cuya paternidad tuvo que asumirla el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens. A cambio, los gobernadores del PRI lograron un incremento sustancial a las partidas presupuestales, en especial la bolsa de 16 mil millones de pesos en el Fondo General de Participaciones. El pacto entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón se rompió cuando el dirigente nacional panista César Nava acusó al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto de aprobar el paquete fiscal a cambio de que no se realizaran alianzas electorales opositoras en los comicios del Estado de México de 2011. Al darse a conocer el famoso “convenio de colaboración” que fi rmaron el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, junto con César Nava, líder nacional del PAN, y Luis Enrique Miranda Nava, secretario general de Gobierno mexiquense, se produjo un escándalo mayúsculo y un distanciamiento que desembocó en un agrio “ajuste de cuentas” entre el PRI y el PAN en marzo de 2010. La situación se tornó más tensa en vísperas de los 12 comicios estatales de este año para elegir gobernadores. Con el beneplácito de Los Pinos, el PAN armó alianzas con el PRD en la mitad de esas entidades y triunfó en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, arrebatándole las gubernaturas al PRI. Una semana antes de los comicios del 4 de julio, el asesinato del candidato priista a gobernador en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, unifi có a todos los grupos del tricolor en contra de la política de combate al narcotráfi co del gobierno de Felipe Calderón. En un duro comunicado, Beatriz Paredes rechazó el llamado al diálogo y le recordó al panismo que el PRI desempeñó un papel clave para superar el confl icto poselectoral de 2006, y facilitar la instalación del gobierno de Calderón. Además de las disputas de índole electoral, los desencuentros entre PAN y PRI se recrudecieron a raíz de los cambios en el gabinete: la salida de Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación prácticamente suprimió la interlocución entre el gobierno de Calderón y los grupos priistas. Además, la designación de Ernesto Cordero como titular de Hacienda fue señalada como una “maniobra de Los Pinos” para impulsarlo a la candidatura presidencial en 2012. En las últimas dos semanas, el distanciamiento entre el gobierno y los priistas se hizo más notorio por la realización de los Diálogos de Seguridad, convocados por Los Pinos, a los que no acudió ninguno de los coordinadores legislativos del PRI. El Revolucionario Institucional ha rechazado el planteamiento de crear una policía única y ha insistido en revisar la estrategia que ha seguido el gobierno en su lucha contra el narcotráfi co y el crimen organizado. El actual secretario general del PRI, el senador Jesús Murillo Karam, destaca que tras la nueva iniciativa existe una intención electoral. “Nosotros lo que no queremos es prestarnos al juego de que se nos imponga una tesis y en la que te digan que si no estás de acuerdo eres narco o cómplice”, afirma el exgobernador hidalguense. “Es evidente que se buscan culpables, que se trata de encontrar culpables ante todas las


ineficiencias que se tienen y fundamentalmente ante los éxitos del PRI y ante la fuerza de los candidatos priistas”, remata Murillo Karam, quien fue el último negociador de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que al fi nal se quedó atorada en la Cámara de Diputados.

La embestida del Grupo Atlacomulco Rosalía Vergara El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quiere asegurarse de que su partido, el PRI, gane la gubernatura de esa entidad el próximo año porque eso lo acercaría a Los Pinos en 2012. Para ello, el oriundo de Atlacomulco mueve sus piezas y prácticamente tiene en su puño a los tres poderes, incluso recurriendo a medidas poco limpias, como la remoción –hace dos años– de los tres únicos consejeros electorales que no se plegaban a sus intereses. El mandatario priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, está reforzando el control de las instituciones y partidos políticos de esa entidad con miras a la renovación del gobierno estatal en 2011. Desde el año pasado –cuando aseguró que los municipios gobernados por el PRD o el PAN se pintarían de rojo priista– comenzó a tejer una red de complicidades en el Congreso local para aprobar una serie de reformas para afi anzar el dominio del Grupo Atlacomulco, a decir del dirigente del PRD en la entidad, Luis Sánchez. El perredista agrega que en esos municipios comenzó a operar el cártel de La Familia michoacana con tal intensidad que ahora se le podría llamar La Familia mexiquense. A su vez Norberto López, Gabriel Corona y Ruth Carrillo cuentan a Proceso cómo el gobernador los expulsó en agosto de 2008 del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), del cual eran consejeros gracias a una reforma a la Ley Electoral que permitió designar a sus sustitutos “a modo” en agosto de 2008. El afán de control de Peña Nieto llegó al extremo de armar una “agenda bicentenario”: varias reformas que, según Luis Sánchez, son un retroceso político. Entre otras cosas, informa el perredista, se pretende aprobar una cláusula de gobernabilidad que automáticamente daría al partido que gane 37% de los votos 51% de la representación en el Congreso local, el mínimo necesario para aprobar cualquier reforma. La iniciativa no avanzó pues la Comisión Estatal de Convergencia (partido que en principio había apoyado la propuesta), recientemente renovada y encabezada ahora por Gonzalo Yáñez, ha vigilado a los tres diputados locales que se habían mostrado incondicionales del PRI. En este escenario, los partidos miembros del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) –PRD, PT y Convergencia– tratan de abrir camino para aliarse con el PAN e impulsar un candidato común. La propuesta de Luis Sánchez es que se elija al aspirante el próximo noviembre, pues el proceso electoral mexiquense arranca formalmente el 2 de enero de 2011. Dice que si esperan a febrero o marzo para designar al candidato, no podrán crear una estructura capaz de derrotar al PRI y frenar a Peña Nieto. “Y si no lo paramos en 2011 él ya tendrá un pie en Los Pinos en 2012”, apunta. No obstante, reconoce que no será fácil pues el gobernador controla el IEEM, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, además de los poderes Legislativo y Judicial locales. Consejeros apartidistas


Norberto López, Gabriel Corona y Ruth Carrillo fueron elegidos consejeros electorales 40 días antes de los comicios locales de 2005. Peña Nieto –nacido en Atlacomulco– aspiraba a ser gobernador y se le acusaba de haber rebasado el tope de gastos de campaña. Era un momento difícil para los partidos de la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PTConvergencia), que postularon a Yeidckol Polevnsky. El tema del dinero en la campaña del priista condujo al PRD a proponer a López, Corona y Carrillo como consejeros, quienes se ufanan de no tener compromisos con ningún político. “El problema es que se dieron cuenta de que éramos independientes”, recuerda Corona. A su llegada al IEEM, el tema que se impuso fue el del derroche de recursos, dicen, pues “se veía por todo el estado”. Pero no pudieron comprobarlo y se declararon incompetentes para resolver el tema. Después de eso empezaron las presiones. En agosto de 2008, Peña Nieto cobró venganza y “sacrifi có” a estos tres consejeros para armar un modelo electoral que le permitió obtener una victoria aplastante sobre el PAN y el PRD en las elecciones municipales de 2009. Lo hizo a través del Congreso, que aprobó una reforma para crear en el IEEM las figuras de secretario ejecutivo general y contralor general, nombrados por los legisladores, y quitar a los tres consejeros que no se atenían a los designios del mandatario. La reforma establecía que el consejero presidente –en ese entonces José Núñez Castañeda– podía reelegirse, así como otros tres consejeros: Bernardo Barranco, Jorge Muciño y Juan Flores. Los restantes: López, Corona y Carrillo, fueron relevados y se fi jó como fecha de su salida el 30 de agosto de 2008. Ese mismo día el Congreso mexiquense nombó a sus suplentes. Los tres consejeros pidieron la protección de la justicia contra la expedición del decreto número 176, del 28 de abril de 2008, para reestructurar el Consejo General del IEEM. Los expedientes asignados fueron 931/2008-VII, 944/2008-V y 946/2008-I para López, Carrillo y Corona, respectivamente. El 26 de agosto de 2008, el Congreso local se quejó porque juzgados de Toluca y de Naucalpan dieron entrada a la demanda de amparo; sin embargo, ocho meses después desechó la queja. El 1 de julio de 2009, cuatro días antes del proceso electoral, tuvo lugar una audiencia en la que se amparó a Gabriel Corona y se ordenó al Congreso mexiquense reponer en su cargo al consejero. Los casos de López y Carrillo aún no se deciden. El abogado de los consejeros indica en entrevista con Proceso que el Congreso mexiquense no ha querido cumplir la sentencia de dejar sin efecto el decreto 176 (por lo menos en el caso de Corona), con el argumento de que “ahora están en ejercicio otros consejeros”. Sostiene que si esto no lo hace en septiembre, cuando termine el periodo ordinario, tendrá que ser el año entrante, después de la elección para gobernador. “Es evidente que con el tortuguismo que se impuso buscaron empantanar el proceso para agotar tiempos, de tal modo que la reinstalación se hiciera imposible”, destaca Norberto López. Por eso, tanto Ruth Carrillo como Gabriel Corona ya habían solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer sus casos para su estudio y sentencia defi nitiva. Los consejeros cesados destacan que todas las bancadas del Congreso local se alinearon para llevar adelante la reforma al IEEM pues defendían ciertas posturas e intereses: los panistas, con Juan Carlos Núñez al frente, buscaban la aprobación de la reforma petrolera. El diputado Higinio Martínez y el senador Héctor Bautista, del PRD, pretendían que se avalara el proceso electoral de su partido y el PRI, mediante Eruviel Ávila y Humberto Benítez, se apoderó del instituto para afi anzar una estructura que le asegure la victoria a Peña Nieto. Pese a que el PRD llevó a estos consejeros al IEEM, no los ha apoyado en su lucha. Ellos eran académicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y ocuparon en el consejo general del instituto los espacios que correspondían al PRD, que intentaba así ponerle un freno a Peña Nieto. Agregan que ahora el coordinador de los diputados locales perredistas, Ricardo Moreno, y el jefe de la bancada federal del PRD, Alejandro Encinas, ni siquiera les contestan el teléfono. Corona señala que este caso es inédito porque esta decisión modifi có la correlación de fuerzas y se permite al PRI imponer sus decisiones en materia electoral.


“El PRI tiene el control (…) local, tiene una amplia mayoría. Como tiene la presidencia de la Junta de Coordinación Política y es rotativa, tienen la posibilidad de condicionar todas sus decisiones”, menciona. Los entrevistados coinciden en que a Peña Nieto le interesa “arrasar” en la elección del próximo año porque eso lo pondría en una posición privilegiada de cara a la elección presidencial de 2012. Por eso no quiere nada que estropee sus planes ni consejeros incómodos que denuncien, protesten y se opongan. Afirman que los partidos políticos están “muy controlados” y como tienen “compromisos en común” intercambian el apoyo, por eso han preferido el desacato a una orden judicial que es inapelable. “Pretenden dilatar y dilatar y dilatar”, hasta que “no podamos reintegrarnos” porque la ley señala que las modificaciones deben hacerse antes de que se inicie el proceso electoral y el plazo para modifi car la Ley Electoral vence en septiembre. A dos años de comenzado el conflicto, el PAN muestra indiferencia, el PRD propone consejeros sustitutos porque ya no se puede aplicar la sentencia, el PT avala la reforma y Convergencia lo considera un asunto laboral. El PRI ha guardado silencio. La izquierda y la derecha unidas… Con estos antecedentes el PRD tiene prevista una alianza entre el Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) y el PAN, para impulsar a un candidato de unidad. “Si las alianzas con el Partido Acción Nacional funcionan, aplicaremos esta fórmula en el Estado de México”, advirtió Manuel Camacho Solís, coordinador del Dia, en mayo pasado. Y de las cinco alianzas entre la izquierda y la derecha para las elecciones del pasado 5 de julio, funcionaron tres: Oaxaca, Sinaloa y Puebla. “En el Estado de México no existe realmente una oposición. Hay acuerdos. Aquí se nota claramente que hay acuerdos. Ni el PAN ni el PRD ni el PT ni Convergencia ven con simpatías nuestro caso. Ulises Ramírez (senador panista) está cercano al sistema. Si dejan en manos de partidos locales el proceso electoral… es que son partidos locales que históricamente han estado en comparsa con el sistema”, dicen los exconsejeros. Recuerdan que durante su gestión como gobernador, Arturo Montiel “compró a 11 diputados panistas” porque el PRI estaba en desventaja en el Congreso estatal. Además, los tres diputados de Convergencia siempre avalan lo que dice el PRI y el PT no fi gura. El dirigente del PRD estatal, Luis Sánchez, reconoce que existe una parte de Convergencia manipulada por el gobernador Peña Nieto, pero sostiene que la dirigencia estatal a cargo de Yáñez, “no está en eso”. En los comicios de 2009, el PRD perdió lo que se conocía como “el cinturón amarillo”: los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Metepec, La Paz, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Tultitlán, Tlalmanalco y Amecameca. Una fuente perredista sostiene que se dio un acuerdo con Peña Nieto para que arrasara el PRI en esta elección y pudiera armar la estrategia para ganar la gubernatura en 2011 y la presidencia en 2012; no se sabe qué les dio a cambio, pero sí que les prometió regresarles el cinturón amarillo en 2015. El PAN, por su parte, perdió “el corredor azul”: Toluca, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan. No obstante, Sánchez destaca que pese haber perdido el cinturón amarillo no perdieron votos, pues entre el PRD, PT y Convergencia suman 27.43% del Congreso. Si se unen al PAN tendrían 49% de la votación, lo que les permitiría ganarle al 45% del PRI. El candidato deberá ser de unidad. Se cita a Encinas o a la panista Josefi na Vázquez Mota, pero Sánchez los descarta porque son diputados de la cuarta circunscripción del Distrito Federal y no viven en el Estado de México. Para él los viables son los perredistas Horacio Duarte, de la corriente Alternativa Democrática Nacional, o Héctor Bautista, de Nueva Izquierda. “Si no vamos juntos Dia y PAN será difícil ganar, y si no paramos a Peña Nieto en 2011 tendrá un pie en Los Pinos en 2012”. Y no gobernará él sino el Grupo Atlacomulco, “la clase política del PRI más corrompida”, afirma.


Incluso prevé que en el proceso electoral habrá violencia. “Me imagino que habrá asesinatos, amedrentación a los dirigentes políticos. Campañas sucias. Ya me imagino cómo van a tratar de defender esto que es para el Grupo Atlacomulco como una mina de oro”. El perredista opina que si Peña Nieto llega al poder habrá represión de movimientos sociales, como la de Atenco –“que él ordenó”– en 2006. Los militantes que defendieron a las mazahuas en su lucha por el agua están encarcelados, igual que quienes se opusieron a un relleno sanitario en el municipio de San Antonio la Isla. Otro defensor de locatarios de Toluca, Almagrande, también terminó en la cárcel. “Estos son algunos ejemplos. Nadie puede ir a Toluca a manifestarse porque paran las protestas en La Marquesa. Esas son acciones de Peña Nieto. Y su agenda bicentenario corona su gestión. No se imagina que estos abusos provocaron que el PRI dejara de gobernar el país”, señala. l

Alarma mundial por la violencia en México Marcela Turati En este mes que termina estuvieron en el país representantes de la libertad de expresión de la OEA y de la ONU para escrutar la situación de violencia envolvente que afecta ya al gremio periodístico, las mujeres y a otros sectores sociales. En su inusual visita conjunta, los relatores de los organismos multilaterales Catalina Botero y Frank La Rue comprobaron que la cruzada contra el narco sólo ha polarizado la situación: hoy una parte del territorio nacional está militarizado, mientras otra está dominada por los cárteles de la droga. México está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia. En la reciente visita conjunta de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales discuten cómo clasifi car la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra que cataloga conflictos armados internacionales (de un país contra otro) y confl ictos armados internos (grupos rebeldes que buscan el poder). La violencia mexicana no cabe en las defi niciones de una guerra y existe resistencia a llamarla “conflicto armado” porque ello implica considerar débil al Estado. Lo que hoy se discute es si México inaugurará la categoría de “país con regiones de enfrentamiento intenso”, en la cual se considerarían como zonas especiales los territorios militarizados y los dominados por los cárteles de la droga. Al final de la visita, el relator La Rue señaló que la Cruz Roja Internacional deberá crear esa nueva clasificación para México que le permita intervenir y atender a los ciudadanos afectados en las zonas violentas. Durante la estancia de La Rue en México también salió a relucir que la Ofi cina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que cuenta sólo con cuatro sedes en la región, ubicadas en Colombia, Bolivia, México y Guatemala) aumentó su personal en la delegación mexicana. Uno de los nuevos comisionados es el estadunidense Christopher Guarnotta, que inaugurará el puesto de visitador para la zona norte, y a quien el exrepresentante de la oficina, Alberto Brunori, presentó a los defensores de derechos humanos en su último viaje a Chihuahua, donde informó que más personal llegaría a reforzar la oficina. Un día antes de que arribaran al país los relatores Botero y La Rue para realizar la inédita visita conjunta estaba en el país la alta comisionada adjunta de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, la coreana Kyung-Wha Kang, quien participó en un foro sobre derechos de las mujeres; también se reunió con funcionarios de gobierno y les expresó


sus “preocupaciones muy serias por la situación”, con énfasis en los abusos de los militares en tareas de seguridad pública. “El gobierno a lo largo de los años ha tratado de incorporar elementos que integran los elementos de derechos humanos en las operaciones militares y en la lucha por la seguridad y contra las bandas de delincuentes, pero ha habido casos de abusos –civiles que han perdido la vida, que han sido sacrifi cados, no solamente en fuego cruzado, violaciones de derechos humanos– que claramente se atribuyen a los elementos de las Fuerzas Armadas”, dijo a Proceso en entrevista. La diplomática recabó información que llevará a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien realizará una visita al país en noviembre. Para octubre se espera la visita de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul, quien revisará la situación estructural de impunidad. “Sabemos que el relator contra la tortura (de la ONU) está preocupado, ha recibido gran cantidad de denuncias, y la Unión Europea, que se ha manifestado en casos específi cos y paradigmáticos. Pero Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos ni de la tortura, a pesar de que lo hemos solicitado al embajador”, señala el director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez. A su vez, un diplomático extranjero comparte con Proceso la percepción manifi esta en los organismos internacionales: “Queda la sensación de que hay una crisis de institucionalidad del Estado, mucha impunidad y, por lo mismo, un progresivo deterioro de la situación. México enfrenta un momento decisivo”. Peligroso para todos En su visita al Distrito Federal y los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y México, los relatores recabaron información sobre las zonas donde el crimen organizado obliga a la prensa a censurarse, la violencia tiene paralizada a la gente y las procuradurías de justicia no investigan los crímenes cometidos contra el gremio y alientan, de esa manera, a que se cometan más ataques. El sábado 7, dos días antes del inicio de la misión, mil 200 periodistas marcharon en el Distrito Federal, y cientos más en 14 ciudades del país, congregados bajo un mismo lema “Los queremos vivos”, en reclamo por el asesinato de 64 colegas, la desaparición de 11 y la impunidad en sus casos. En el informe preliminar La Rue y Botero señalaron la urgencia de que el Estado implemente una política de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra periodistas, y criticaron la falta de voluntad, de recursos y de resultados de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR porque desde su creación, en 2006, no ha sancionado a ningún culpable. “La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensifi carse… en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia.” Señalaron que de los 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en una década, 29 asesinatos y cinco desapariciones ocurrieron a partir de 2008, a lo que hay que sumar los secuestros, amenazas y hostigamientos que comúnmente reciben los reporteros locales que cubren temas de corrupción, narcotráfi co y seguridad pública, y los atentados con explosivos contra sus medios de comunicación. “En algunos casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente infl uenciar los contenidos de los medios de comunicación. Esas graves tendencias, que antes afectaban solamente a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan ahora a impactar a medios nacionales”, advierte el informe. Frente a los brutales asesinatos atribuidos a grupos del crimen organizado, la responsabilidad del Estado es prevenir y crear un mecanismo de protección enfocado a


periodistas, así como luchar contra la impunidad. La colombiana Botero explicó en diferentes reuniones que los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, requieren especial protección del Estado porque con sus investigaciones “constantemente están tentando al monstruo”; y como se encargan de denunciar lo que ocurre, su trabajo protege a muchas personas. “Si ellos, que visibilizan los abusos, son silenciados, se genera un efecto amedrentador para toda la sociedad. Porque el derecho a la información es un bien público, todos tienen derecho a estar informados y los periodistas a informar”, dijo en uno de los encuentros. Los relatores reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad ofi cial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas” y señalaron que el Estado debe legislar para prohibir la asignación discriminatoria de la publicidad ofi cial, definir procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes. Botero y La Rue pusieron como ejemplo la queja presentada por Proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene una amplia y reconocida circulación. Código rojo Además de la ONU y la OEA, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch también han manifestado su preocupación. La Internacional Media Support, por ejemplo, planea organizar una segunda misión conjunta a México que congregue a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, el Comité de Protección a los Periodistas y Artículo 19, entre otros, porque considera que la violencia contra los periodistas tiende a agravarse. “No se ve un retén, no se ve una trinchera, no se ve dónde o cómo el gobierno pueda contener la violencia”, comentó el enviado de una organización de derechos humanos que analiza la situación del país. La generalización de la violencia ha disparado masivamente la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, y tiene saturado el trabajo de las organizaciones que velan por el respeto a las garantías de las personas. Así ocurre con organizaciones como la CMDPDH, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, el chihuahuense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres o el centro guerrerense Tlachinollan de la Montaña, que no se dan abasto para tomar la defensa de nuevos casos, y muchas veces se limitan sólo a registrarlos. “La situación ha disparado ciertas conductas violatorias de derechos humanos, como índices de tortura que se han manifestado de forma dramática, índices de arraigo, las denuncias de detenciones arbitrarias, los casos de personas desaparecidas, más la violación al derecho del debido proceso y las fallas del sistema de justicia penal”, dijo el director de la CMDPDH. Situación de las mujeres Al terminar su visita a México, la alta comisionada adjunta de derechos humanos de la ONU, Kyung-Wha Kang, se dijo profundamente preocupada porque el asesinato de mujeres se ha diseminado a varias entidades del país y por las enmiendas legislativas que permiten encarcelamiento de las mujeres por abortar, a contracorriente de las normas internacionales de salud reproductiva. En entrevista con Proceso, ella comentó que aun cuando cada Estado es autónomo y puede implementar sus propias leyes, el gobierno federal tiene el reto de armonizar las legislaciones estatales y leyes municipales para que estén en concordancia con los derechos humanos y de salud reproductiva a los que México se ha comprometido en el ámbito internacional. “Es muy preocupante encontrar casos donde las mujeres han sido enviadas a prisión, sentenciadas por muchos años en algunos casos. Algunas son mujeres violadas y tienen que enfrentar un embarazo no deseado y por lo tanto han tenido un aborto. Bajo los códigos penales se permite encarcelarlas… pero los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros: la norma más común indica que hasta las 12 semanas del


embarazo es legal la interrupción del mismo”, según la representante de la ONU. La diplomática participó en el 90 aniversario de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, realizado durante la segunda semana de agosto. También se reunió con funcionarios de gobierno y activistas que luchan contra el feminicidio en Ciudad Juárez, colectivos de mujeres asesinadas por militares y defensoras de la libertad sexual en Guanajuato. Kyung-Wha Kang recibió información del centro Las Libres, de Guanajuato, sobre los casos de las seis mujeres encarceladas en esa entidad por abortar, así como de aproximadamente 30 más que habían sido procesadas por el mismo delito y 150 que eran buscadas para ser juzgadas. Sobre esta situación, comentó: “Otros países tienen términos más amplios; otros, más restricciones, pero permiten el aborto legal en casos de violación, incesto o en casos en los que está en peligro la vida de la mujer… Pero hay que tener un espacio claro para que las mujeres ejerciten su derecho a la salud reproductiva libremente y en una forma responsable”. La diplomática coreana, que tiene una conocida trayectoria feminista, señaló que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción y sancionan los abortos bajo cualquier circunstancia, se oponen a décadas de normas de derechos internacionales que garantizan a las mujeres ejercitar su derecho a la salud reproductiva responsable y libremente. Otro tema que llamó la atención de la comisionada adjunta de la ONU fueron los asesinatos de mujeres: “Un tema muy importante en mis discusiones con los participantes de la sociedad civil y las autoridades es la violencia contra de las mujeres, en particular el feminicidio. Es increíble que, a partir de que esto se registró por primera vez, hayan pasado décadas y el problema no está desapareciendo; al contrario, parece estarse diseminando a otras partes del país”. Las organizaciones feministas informaron a Kang que este año se han registrado más de 400 asesinatos de mujeres, fenómeno que consideró “muy impactante”; pero criticó que en el país no haya todavía un centro que procese y compile los datos, esenciales para saber qué ocurre realmente y cómo atender el problema. “La impunidad –dijo– es un elemento que alimenta el crimen. Si matar a la mujer es fácil y nadie lo impide ni va ser castigado, nada impide que los delincuentes lo repitan… (ello se debe a que) la discriminación está enraizada profundamente. Así que creo que la discriminación de las mujeres y la impunidad se han juntado aquí para crear este reto que permanece sobre los feminicidios.” Señaló que la situación de las mujeres es un indicador muy claro de la situación de la sociedad, y los retos de derechos humanos en la llamada “guerra en contra del crimen organizado” son acabar con la discriminación y la impunidad que prevalece ante estos retos (…) el hecho de que los agresores sean llevados a la justicia es importante”. l

La osadía de informar en Oaxaca José Gil Olmos Después de un año de estar fuera del país a causa del secuestro y las amenazas de que fue víctima en 2008, el periodista Pedro Matías Arrazola, corresponsal de Proceso en Oaxaca – su tierra natal–, fue declarado ganador del premio por la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos que otorga cada dos años la Fundación Johann-Philipp Palm. Varias organizaciones de periodistas de Alemania y la Fundación para Perseguidos Políticos de Hamburgo postularon para el galardón al reportero de 46 años por sus trabajos realizados en 24 años de carrera, sobre todo a partir del confl icto social que se desbordó en Oaxaca en 2006 y durante el cual se detuvo a más de 500 personas, fallecieron 20 y se registró una decena de desaparecidos por motivos políticos.


Matías Arrazola manifestó que el premio también es un reconocimiento a Proceso, donde labora desde hace más de una década. Comenzó a trabajar a los 22 años en el periódico Nuevo Informador, de Oaxaca. Desde 1994 es corresponsal de Proceso en el estado, y en 2006 cubrió el confl icto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) con las autoridades estatales y federales. El 25 de octubre de 2008, en la ciudad de Oaxaca, fue secuestrado por un grupo de hombres armados y embozados. El ataque fue condenado por el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño y por la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, como una acción contra la libertad de prensa. “El reportero del diario Noticias y corresponsal de la revista Proceso es de reconocida trayectoria en el medio periodístico; persona honorable, sensata, prudente, que con toda autonomía e imparcialidad realiza sus investigaciones y las publica sin componendas ni chayoteos. Por lo que, ante la agresión perpetrada, es urgente que se esclarezcan los hechos, se identifique y se castigue a los responsables, pues los continuos ataques a la libertad de expresión en Oaxaca manifi estan con claridad que esta noble labor es de nula protección por el gobierno, quien debe velar por que el ejercicio periodístico se realice sin cortapisas.” Pedro Matías recuerda así el hecho: “El 25 de octubre de ese año (2008) fui secuestrado por dos personas que se decían parte de Los Zetas, del crimen organizado. Me ponían pistolas cerca de la cara, según me decían, para que no hablara. Me amarraron pies y manos, y me torturaron física y psicológicamente”. En aquel entonces el mencionado centro de derechos humanos hizo responsable del ataque al gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, ya que, argumentó, “existen varios ejemplos de ataque a medios de comunicación y periodistas en nuestro estado. Independientemente de quién los cometa, el gobierno no debe permitir ni solapar, y mucho menos encubrir a quienes los cometen”. A pesar de que esas organizaciones demandaron una investigación inmediata y exhaustiva de los hechos a fin de identificar y castigar a los responsables, el gobierno de Ruiz nunca llevó a cabo la indagación. Después de recibir amenazas de muerte, Matías se refugió durante un año en Alemania, donde denunció públicamente la grave situación que atraviesa México, y en específi co los riesgos que enfrentan los periodistas al realizar su trabajo. También difundió entre organismos internacionales de derechos humanos la persecución que grupos políticos, caciques y jefes del narcotráfi co desatan contra los profesionales de la información en México. En el comunicado sobre el premio, la Fundación Palm considera que Pedro Matías, “corriendo peligros y arriesgando su vida, lucha por el derecho fundamental a expresarse libremente y por la defensa de principios constitucionales en un Estado de derecho”. Al enterarse de que ganó el premio, el periodista recordó que en el clima de violencia que prevalece en el país, Oaxaca se ha convertido en un estado especialmente peligroso, ya que ahí fueron asesinados recientemente informadores como el estadunidense Brad Will (el 26 de octubre de 2006), las locutoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista (en abril de 2008), así como dos activistas de los derechos humanos: el fi nlandés Jyri Antero Jaakkola y la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo (el pasado 27 de abril). El premio se entregará el 5 de diciembre en Schorndorf, Alemania, y consiste en 20 mil euros, que Matías –el primer latinoamericano ganador de éste– compartirá con la escritora, periodista y defensora de los derechos humanos iraní Mahbubeh Abbasholizadeh, encarcelada varias veces por defender la democratización de su país y luchar contra la lapidación de las mujeres. Aunque pudo exiliarse, Abbasholizadeh optó por quedarse en Irán, donde padece “limitaciones masivas a su libertad personal de movimiento”, como señala el comunicado de la fundación alemana Johann-Philipp Palm, llamada así en honor de un librero asesinado en 1806 después de escribir una crítica a la ocupación de su país por las tropas de Napoleón Bonaparte. l


Las omisiones criminales de Ulises y Calderón Marco Appel De nueva cuenta, la violencia larvada en la zona triqui estalló el sábado 21 con el asesinato de cuatro integrantes del Movimiento Unifi cador de Lucha Triqui Independiente. Lo absurdo es que las advertencias ya estaban hechas. En informes entregados en julio pasado al Parlamento europeo, dos diputadas de esta instancia regional que viajaron a la zona del conflicto en Oaxaca dieron la voz de alarma: en cualquier momento –afi rmaron– pueden desencadenarse más hechos violentos… Pero los gobiernos federal y estatal desestimaron las advertencias. BRUSELAS.- El pasado 12 de julio la eurodiputada alemana Franziska Keller presentó al Parlamento Europeo un reporte acerca del viaje oficial que realizó a Oaxaca a comienzos de ese mes, en el cual advertía que la situación “terriblemente mala” que encontró en materia de derechos humanos en la región de San Juan Copala podía derivar en cualquier momento en una nueva escalada de la violencia, tal como sucedió. El sábado 21 por la noche cuatro integrantes del Movimiento Unifi cador de Lucha Triqui Independiente (MULTI) fueron asesinados cuando se disponían a acompañar a la ciudad de Oaxaca a un grupo de mujeres que participaría en una caravana hacia el Distrito Federal. Su propósito era denunciar la situación prevaleciente en el municipio autónomo de San Juan Copala. El vocero de MULTI, Jorge Albino Ortiz, señaló que el ataque fue perpetrado por militantes de la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), un grupo de corte paramilitar ligado al gobierno de Ulises Ruiz, quien dejará el cargo el 30 de noviembre. En su informe, que también fue enviado al Parlamento alemán, Keller destacó que los recientes actos violentos en la región “no son casos aislados”, y podrían devenir en múltiples asesinatos. La eurodiputada estuvo en México del 30 de junio al 4 de julio de este año, acompañada por su colega finlandesa Satu Hassi. Ella elaboró su propio reporte que coincidió con las advertencias vertidas por Keller. En ese documento que la eurodiputada publicó en su página en internet el pasado 5 de julio, consideró “imposible que la situación de asedio contra el poblado de San Juan Copala pudiera continuar durante meses” sin consecuencias trágicas. En su informe, Hassi consignó que el 1 de julio Keller y ella se entrevistaron en la Ciudad de México con representantes del gobierno federal, quienes les aseguraron que en San Juan Copala no había ninguna situación de emergencia. Prueba de ello, dijeron, era que las mujeres podían salir del pueblo para comprar comida. Además, los funcionarios aseguraron que la falta de energía eléctrica era un mito propalado por los mismos pobladores. Las dos eurodiputadas viajaron a México para conocer el estado de las investigaciones en torno a los asesinatos –todavía impunes– del ecologista fi nlandés Jyri Jaakkola y de la activista mexicana Beatriz Cariño. Ambos cayeron en una emboscada de un grupo paramilitar el pasado 27 de abril cuando se dirigían a entregar víveres a la comunidad autónoma de San Juan Copala, cercada por la Ubisort. En su reporte –al que este semanario tuvo acceso–, Keller indicó que el 2 de julio Hassi y ella se trasladaron del Distrito Federal a la ciudad de Oaxaca, donde se entrevistaron con más de 50 personas para recabar información de primera mano acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo en la zona de confl icto triqui. “La gente que había escapado de San Juan Copala –detalló Keller a los parlamentarios europeos– nos dijo que las condiciones de vida allá eran muy difíciles: rara vez hay electricidad, no tienen acceso al sistema de agua, no cuentan con atención médica ni con maestros, pues el pueblo está aislado.” Y prosiguió: “Los grupos armados se instalaron en las colinas de los alrededores y desde ahí pueden controlar el poblado. Ya han disparado contra personas que se atrevieron a salir de sus casas”.


Keller afirmó que ella y Hassi se entrevistaron con algunas mujeres heridas de bala por los elementos paramilitares. El médico que las atendió –asegura la eurodiputada– determinó que las municiones con las que les dispararon “son expansivas y es posible que puedan ser de tipo dum-dum, prohibidas por las convenciones internacionales de guerra”. La mano del gobierno En su reporte, la legisladora finlandesa se refirió a la gran capacidad de fuego de la Ubisort, cuyos miembros están entrenados para disparar a grandes distancias sin fallar, como ocurrió cuando fueron emboscados Jaakkola y Cariño. Ello sugiere, apuntó, que ese grupo cuenta con el apoyo de Ulises Ruiz. Comentó que en Oaxaca se reunieron con víctimas de la violencia, así como con defensores de los derechos humanos en la sala de juntas del hotel. El gobernador y sus funcionarios no las atendieron, pues argumentaron que estaban muy ocupados en la preparación de las elecciones del 4 de julio. Algunos sobrevivientes del ataque a la caravana de paz ocurrido el 27 de abril le comentaron a Hassi que desde ese día viven con miedo, pues hay individuos que los vigilan de manera permanente. Las eurodiputadas documentaron en sus reportes el caso de un grupo de mujeres secuestradas por militantes de la Ubisort. Narra Keller: “La comida es escasa en San Juan Copala. Como los habitantes no cuentan con ingresos, deben ser ayudados por familiares que viven en otros poblados. Algunos tienen derecho a apoyos estatales, pero deben recogerlos en otras localidades, lo que representa un gran peligro para las mujeres”. El 14 de mayo pasado, 30 mujeres de San Juan Copala tuvieron que ir al poblado de Juxtlahuaca para recibir esas ayudas. Dos de ellas, explicó la eurodiputada alemana, permanecieron secuestradas durante varias horas, por lo que pidieron protección policiaca para regresar a sus casas.Las autoridades accedieron y les proporcionaron una escolta integrada por 300 elementos de seguridad; sin embargo, señalaron las mujeres, fueron conducidas a otro pueblo, Yosuyoxi. Cuando preguntaron por qué las llevaban a es lugar, uno de los policías les dijo que ellos sólo cumplían órdenes. Desde ahí –le dijeron a la alemana– tuvieron que caminar a San Juan Copala. Cuando pasaban por Sabana, una localidad controlada por la Ubisort, fueron atacadas. La mayoría pudo huir, pero nueve de ellas fueron secuestradas por 15 hombres armados y permanecieron retenidas todo un día. Les arrebataron sus compras y el dinero. Antes de viajar a Oaxaca, el 1 de julio, las eurodiputadas se reunieron en la Ciudad de México con Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; con Carlos Garduño, director general adjunto de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y con Marcela Mora, representante de la Procuraduría General de la República (PGR). En el informe de Keller, ésta no ocultó su perplejidad ante los argumentos esgrimidos por los funcionarios mexicanos: “Nos dijeron que ellos son conscientes de los problemas existentes en Oaxaca, y en México en general, en el terreno de los derechos humanos, pero que mediante una serie de programas y enmiendas constitucionales tratan de mejorar la situación. “Sin embargo, explicaron esos funcionarios, México es una república en la que los estados tienen mucho poder; éstos incluso disponen de sus propios sistemas jurídicos, por lo que el gobierno federal no puede intervenir fácilmente en ellos. Así, no sería competencia de éste garantizar la seguridad y los derechos humanos del pueblo de Oaxaca si no hay de por medio una invitación del gobierno local para que intervenga.” El reporte añadió: “La PGR no sospecha de los grupos paramilitares y considera la emboscada como un ʻincidente aisladoʼ. Para el gobierno federal la tensión en la zona se debe a conflictos internos entre las comunidades triquis. Es cierto que existen tres grupos en conflicto, pero los pobladores de San Juan Copala con los que hablamos nos dijeron que, en realidad, la causa del problema eran los intereses económicos y políticos”. En las conclusiones de su documento Keller sostuvo: “Aunque el gobierno mexicano se


presenta como sensible y comprometido con los derechos humanos, y ha fi rmado todos los acuerdos pertinentes más importantes de la Organización de las Naciones Unidas, falta que los aplique. El gobierno mexicano no se ve en condición de intervenir en Oaxaca. La población indígena es discriminada y privada de sus derechos, sin que el Estado intervenga ni garantice la seguridad pública”.

El espejo colombiano Édgar Téllez Un bombazo contra la cadena radial Caracol, ocurrido el jueves 12, revivió la pesadilla de los comunicadores de Colombia que comenzó en 1986 con el asesinato –ordenado por narcotraficantes– de Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador. A partir de entonces, ser periodista en aquella nación fue un riesgo: después de los narcos, aparecieron los paramilitares y los parapolíticos, grupos al margen de la ley que amenazan y atacan impunemente a medios e informadores. BOGOTÁ.- A las seis de la mañana del viernes 13, el periodista Darío Arizmendi Posada, director del programa 6 am Hoy por Hoy, de la cadena radial Caracol –el espacio de noticias más escuchado de Colombia–, anunció al aire que haría un editorial sobre el atentado con coche-bomba ocurrido el día anterior y que causó heridos y daños al edifi cio, así como a la zona aledaña a la emisora. Un día antes, a las 5:27 horas, Arizmendi acababa de sentarse en la cabina, en el octavo piso de la estación, cuando los oyentes escucharon el estallido. Él mismo dio la noticia: “Atención, se acaba de presentar una gravísima explosión aquí en el estudio de la Cadena Caracol de Colombia, en el máster central. Ha caído buena parte del techo sobre los estudios de la primera cadena de América Latina”. Arizmendi fue sacado de las instalaciones por sus cinco escoltas, quienes consideraban posible un segundo ataque, por lo que llevaron al periodista a un refugio. A media mañana del jueves 12, los investigadores establecieron que el atentado fue ejecutado con un automóvil cargado con 50 kilos de anfo (explosivo a base de nitrato de amonio), robado el 31 de julio a un subofi cial del Ejército. Todo ese día la zona del ataque fue cerrada mientras se sacaban los escombros de los estudios de Caracol y se hacía el recuento: nueve heridos y daños a 71 locales comerciales y 322 viviendas. Arizmendi regresó a su lugar de trabajo al día siguiente para transmitir su editorial, en el que envió un mensaje a los autores del ataque: “Pueden temblar los cimientos de este edifi cio, pero no nos vamos a dejar intimidar de los terroristas”. Se quejó, además, porque dos semanas antes la policía retiró la vigilancia de la emisora, que recientemente había sido objeto de otros ataques. Arizmendi salió de Colombia en marzo de 2007 en un exilio forzado del que regresó un año después. El 11 de octubre de 2009, las autoridades descubrieron un plan de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para atentar contra otro periodista de la misma cadena radial, Herbin Hoyos, autor del programa Las Voces del Secuestro, espacio que se convirtió en canal de comunicación entre las familias y al menos dos centenares de personas retenidas por grupos al margen de la ley. Tres décadas bajo fuego La explosión del vehículo frente a la sede de la cadena radial hizo recordar de inmediato la prueba que ha tenido que soportar el periodismo colombiano desde hace cerca de tres décadas, durante las que ha sido atacado sistemáticamente por los diferentes actores de la


violencia. Primero fue el narcoterrorismo, luego el paramilitarismo, después la narcoguerrilla y por último la parapolítica. Un registro actualizado de la Unidad de Respuesta Rápida, dependencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indica que entre 1993 y lo que va de 2010 en Colombia han sido asesinados 132 periodistas, el último de ellos el pasado 19 de marzo: Clodomiro Castilla Ospino, director de la revista El Pulso del Tiempo y reportero de la emisora La Voz de Montería. Castilla era conocido por las insistentes denuncias que formulaba contra políticos de la provincia de Córdoba por corrupción y por sus vínculos con grupos al margen de la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reprobó este asesinato y reconoció la rápida reacción del gobierno para iniciar una investigación, pero se quejó porque “al momento de los hechos el periodista no contaba con protección del Estado”, que según la entidad había sido requerida desde noviembre de 2009. De acuerdo con las indagaciones de la SIP, de los 132 comunicadores asesinados, 59 lo fueron por su ejercicio profesional; sobre 22 más hay dudas en la identifi cación de los autores intelectuales y en otros 50 casos la SIP cree que se trata de episodios no relacionados con el quehacer periodístico. La persecución al ejercicio del periodismo en Colombia viene de comienzos de los ochenta, cuando el Estado empezó a luchar frontalmente contra el narcotráfi co, en particular contra el cártel de Medellín. Los jefes del tráfi co de cocaína –encabezados por Pablo Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano– desataron una guerra sangrienta contra los comunicadores o medios que informaran sobre sus actividades o se mostraran de acuerdo con la extradición de narcotrafi cantes a Estados Unidos. Entre 1984 (con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, la primera acción desafiante de los cárteles) y 1993 (con la muerte del capo Pablo Escobar) Colombia vivió la tragedia del narcoterrorismo en una guerra del narcotráfi co contra el Estado, que dejó al menos dos mil muertos. En ese capítulo el periodismo pagó una cuota muy alta que se inició con el asesinato, el 17 de diciembre de 1986, del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza; se había convertido en una piedra en el zapato de la mafi a con sus punzantes editoriales contra el tráfico de drogas y a favor de la extradición. El periodista fue baleado por órdenes de Escobar y El Mexicano. Como repudio al asesinato, por primera y única vez en la historia colombiana los medios se unieron en una protesta: al día siguiente no circularon periódicos, no hubo noticiarios de televisión y la radio se silenció. Después, reporteros especializados en el tema elaboraron informes especiales, de 10 minutos cada uno, que se transmitieron simultáneamente durante una semana en todas las emisoras del país; en esos reportes quedaron al descubierto las identidades y los enlaces de las principales redes mafi osas que apenas eran conocidos por la opinión pública. Al recordar aquella época, Fidel Cano, actual director de El Espectador, dice a Proceso que el sacrificio de Guillermo Cano “les abrió los ojos a los periodistas y al país sobre el tamaño de la amenaza”. Temporada de bombas La venganza del cártel de Medellín no se detuvo. Tres años más tarde, el 2 de septiembre de 1989, un coche-bomba destruyó parte de las instalaciones de El Espectador y dañó seriamente la rotativa y el sistema de producción del periódico. Ese mismo día, hombres armados incendiaron una casa de descanso de la familia Cano en Islas del Rosario, Cartagena. Además, el 10 de octubre siguiente sicarios asesinaron en Medellín a la gerente administrativa del diario, Marta López, y al jefe de circulación, Miguel Soler. La ofensiva de la mafia contra los medios continuó el 16 de octubre de ese año, cuando enviados de Escobar detonaron otro coche-bomba, ahora en la redacción del periódico Vanguardia Liberal, en Bucaramanga. Ocho personas perdieron la vida y el diario quedó en ruinas. A la larga lista de periodistas muertos en ese periodo se suman el director del noticiario de televisión MundoVisión, Jorge Enrique Pulido, el 8 de noviembre de 1989; Diana Turbay, la


secuestrada editora de la revista Hoy por Hoy, el 25 de enero de 1991 en un intento fallido de rescatarla de las manos de Escobar; y Carlos Lajud Catalán, de la cadena ABC de Barranquilla, baleado el 19 de abril de 1993. Por aquella época, aunque en menor proporción, los capos del cártel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, también se sentían incómodos con los periodistas que promovían la extradición. Las autoridades atribuyen a los Rodríguez Orejuela el asesinato de al menos dos columnistas de periódicos regionales a fi nales de los ochenta, pero la amenaza directa era la manera más expedita de amedrentar a los comunicadores. Uno de ellos, un reportero que trabajó en la fuente judicial del diario El Tiempo, recordó una llamada que recibió de Gilberto Rodríguez por un artículo publicado ese día que hacía referencia a la extradición. “Me dijo que nosotros no habíamos entendido cómo era enfrentarse a ellos. Y agregó: ʻCon una sola llamada, por cinco millones de pesos (2 mil 500 dólares) usted está muerto antes del mediodía. En Bogotá mucha gente hace cola para hacer trabajos tan sencillos como eseʼ”. Desaparecidos los grandes capos del narcotráfi co de los cárteles de Medellín y de Cali a mediados de los noventa, y con la aparición de una nueva generación de narcos sin ambiciones políticas se redujeron notablemente los ataques contra la prensa. La tregua duró poco, porque a finales de esa década Colombia vivió otro fenómeno: el paramilitarismo, con los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil a la cabeza, que mutaron del narcotráfi co y mostraron una faceta ideológica de extrema derecha que consistía en mostrarse como enemigos a muerte de las guerrillas, especialmente de las FARC. Ese movimiento surgió en la región noroeste del país, en la frontera con Panamá, y pronto se extendió a todo el país de la mano de buena parte de la fuerza pública que encontró en los paramilitares el escudo adecuado para combatir los enlaces de los grupos rebeldes en pueblos y ciudades. De ese periodo violento en el que murieron cerca de 8 mil personas a manos de bandas paramilitares que arrasaron sin piedad y ejecutaron matanzas a manera de escarmiento, sobresale el asesinato, el 13 de agosto de 1999, del periodista y humorista Jaime Garzón, baleado por sicarios cuando llegaba a su trabajo en la emisora Radionet. A través de sus personajes de caricatura el comunicador denunciaba la barbarie paramilitar y recreaba su relación con agentes del Estado que cerraban los ojos ante el avance de la extrema derecha. Carlos Castaño, asesinado por sus propios compañeros el 16 de abril de 2004, fue señalado por varios testigos como autor intelectual del asesinato del periodista. Recientemente varios exjefes paramilitares, entre ellos Jorge Iván Laverde, El Iguano, acusaron como instigador del asesinato de Garzón a José Miguel Narváez, quien en 2008 fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que depende de la Presidencia. El pasado 8 de julio, el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, dictó medida de aseguramiento contra Narváez, quien según comprobaron los investigadores viajó en varias ocasiones a Urabá a dictarles conferencias a los jefes paramilitares en sus campamentos. Medidas blandas y duras Tras la muerte de Garzón, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana –quien años atrás había ejercido el periodismo– acató las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales y en 2000 creó un Programa de Protección a Periodistas (PPP), dependiente del Ministerio del Interior y de Justicia. En él funciona un comité que se reúne cada mes –y de manera extraordinaria cuando las condiciones lo ameritan–, el cual se encarga de realizar un estudio de riesgo y actuar de manera inmediata si cree que un comunicador está bajo amenaza. El PPP dispone al año de cerca de 15 mil millones de pesos (unos 7.5 millones de dólares) y prevé la aplicación de dos tipos de medidas: las blandas, que incluyen el uso de chaleco antibalas, un aparato de comunicación y talleres de autoprotección; y las duras, que de acuerdo con el examen de riesgo incluyen rondas o vigilancia policial permanente, la


asignación de escoltas, el traslado a otras ciudades o el exilio. Proceso dialogó con Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), organismo del comité que examina las alarmas que prenden los comunicadores, quien explicó que desde la creación del PPP es evidente la disminución del número de asesinatos de periodistas. “Desde 1978 –dice Gómez, un reconocido investigador del noticiario de televisión Noticias Uno– en Colombia eran asesinados siete periodistas por año. Esa cifra bajó a tres o cuatro y ya ha habido periodos en los que no es asesinado ninguno”. Pese al buen panorama de los últimos años, en Colombia subsisten las amenazas a los periodistas, sólo que ahora los autores son identifi cados como parapolíticos, narcoguerrilleros o simplemente bandas criminales. Según Gómez, la Flip recibe dos o tres quejas semanales de periodistas que se sienten amenazados en el ejercicio de su profesión, especialmente en las regiones donde la actividad del Estado es más dispersa y lejana. Pero a diferencia del pasado, la rápida acción de la entidad creada para protegerlos ha impedido que los delincuentes cumplan su cometido. l

Con la ayuda de un pirata sueco Anne Marie Mergier WikiLeaks, el más conocido de los sitios de internet especializados en fi ltraciones de asuntos secretos, está siendo sometido a un golpeteo brutal. La divulgación que hizo de los Diarios de la guerra de Afganistán puso de cabeza al Pentágono, que le ha exigido en todos los tonos que retire esa información de la red. Pero nada hace cambiar de opinión a Julian Assange, director del portal, ni las amenazas ni las campañas de difamación en su contra… y ahora un pequeño partido le abre una puerta hacia la seguridad del Parlamento sueco. PARÍS.- Al Pentágono le urge callar a Julian Assange, fundador y vocero de WikiLeaks. “Va a ser una guerra sin cuartel”, advierte a la corresponsal Rick Falkvinge, líder del pequeño Piratpartiet (Partido Pirata) de Suecia, que el pasado 16 de agosto fi rmó una alianza estratégica con ese sitio de internet para ofrecerle la protección de la ley sueca. Hace años que los partidarios de la libertad total de información en la red luchan por defender y ampliar sus derechos. Unas batallas se dan en internet, otras en tribunales y unas más acaban con la encarcelación de los ciberactivistas. La guerra que ahora sostienen WikiLeaks y Washington se inscribe en ese contexto y se ha vuelto un rompecabezas jurídico y político. El problema comenzó el pasado 5 de abril, cuando el portal especializado en fi ltraciones de documentos secretos difundió un video de 2007 en el que soldados estadunidenses disparan desde un helicóptero contra civiles en calles de Bagdad y matan a 12 de ellos (Proceso 1761). Tres meses después, el 26 de julio, WikiLeaks provocó otro escándalo internacional al aliarse con The New York Times, The Guardian y Der Spiegel para fi ltrar archivos internos (20042009) de Estados Unidos sobre la guerra de Afganistán. Esos medios publicaron sólo una mínima parte de los documentos, mientras que Assange puso 75 mil de ellos a disposición de los internautas en WikiLeaks y anunció que pronto subiría los 15 mil restantes. Washington reaccionó de inmediato. Robert Gates, secretario de Defensa, acusó a Assange de haber publicado datos personales de colaboradores civiles afganos de las tropas estadunidenses y de la OTAN. Sintetizó sus acusaciones diciendo que WikiLeaks había “regalado a los líderes talibanes y de Al Qaeda una lista completa de personas a eliminar”. Aunque afirmó que Assange ya “tenía sangre en las manos”, no ha podido citar ni un caso de represalias ejercidas contra colaboradores afganos a raíz de esas fi ltraciones. Gates exigió a Assange que devolviera los 15 mil expedientes que seguía sin divulgar y que


borrara definitivamente de su portal y de sus archivos los 75 mil que ya estaban a la vista de todos. Assange se negó. Reveló que había pedido asesoría al Pentágono para “limpiar” los documentos antes de ponerlos en línea, pero que no tuvo respuesta. Voceros de la Casa Blanca y del Pentágono no lo desmintieron y se volvieron más amenazantes. Todavía más: el miércoles 25 Assange respondió a las crecientes presiones de Washington en su contra filtrando un documento interno de la CIA elaborado por una enigmática “Célula Roja” de esa agencia y cuyo título es insólito: ¿Qué pasaría si los extranjeros ven a Estados Unidos como exportador de terrorismo? Ese memorando analiza el impacto que puede tener el hecho de que los terroristas recluten a ciudadanos de Estados Unidos que usen el territorio de ese país como base para lanzar operativos en otras naciones. El seguro de Assange El sábado 7, Cryptome, otra página especializada en fi ltración de documentos, dijo que había detectado un fichero electrónico llamado Insurance en las páginas de WikiLeaks dedicadas a la guerra en Afganistán. Según los expertos de Cryptome, el fi chero Insurance (seguro) es gigantesco –de 1.4 gigaoctets– y podría haber sido encriptado con el sistema Aescrypt (advanced encryption standard), sumamente sofi sticado y usado, entre otros, por el más secreto de los servicios de inteligencia estadunidenses, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés). Sobre Insurance Assange se limitó a comentar: “Uno puede imaginar fácilmente que alguien que se encuentre en una situación parecida a la nuestra busque asegurarse de que los documentos históricos no desaparezcan”. Insurance genera debates en la red y alarma en el Pentágono y los estados mayores de las fuerzas de la OTAN en Afganistán que se preguntan si ese fi chero podría contener videos tanto o más demoledores que el difundido en abril o si fue creado para guardar los 90 mil documentos de los Diarios de la guerra. Sea como sea, desde hace un mes el fichero misterioso no ha dejado de ser copiado por los ciberactivistas. En caso de un ataque para aniquilar WikiLeaks o de una acción legal para cerrar la página, a Assange le bastará revelar el código de Insurance a “quien corresponda” y su contenido circulará de inmediato por el ciberespacio. Según la página web de Wired, revista estadunidense especializada en nuevas tecnologías, WikiLeaks es uno de los portales más copiados del planeta. El archivo de los Diarios de la guerra de Afganistán ya tiene 61 semilleros (páginas que multiplican su difusión) en el mundo. No se puede descartar, sin embargo, que Insurance sea una trampa y que esté vacío. Pero la reacción virulenta del Pentágono hace pensar que los documentos de ese archivo podrían ser mucho más recientes y devastadores. Por lo pronto, Julian Assange se mantiene fi rme. Asegura que equipos de expertos están expurgando los 15 mil documentos restantes de la guerra de Afganistán y que se publicarán en colaboración con grandes medios internacionales a fi nales de septiembre. A salto de mata El fundador de WikiLeaks ya no pisa Estados Unidos. Sus abogados estadunidenses le advirtieron que podía ser detenido bajo cargos de espionaje o complicidad en espionaje. Nadie sabe dónde está. Sólo se comunica vía Twitter o en videoconferencias. A veces chatea con lectores de uno que otro medio. Aparece en una capital europea y luego se esfuma para reaparecer en otra. Su actual y prolongada estadía en Estocolmo es excepcional. El fundador de WikiLeaks tenía razones de sobra para romper sus estrictas medidas de seguridad. En entrevista telefónica con la reportera, Rick Falkvinge explica: “Desde abril, pero sobre todo desde la publicación de los Diarios de la guerra de Afganistán, se empezó a desatar una campaña internacional de difamación muy dura contra Julian Assange. Sus acciones molestan a muchos poderes. Urge desacreditarlo para callarlo. Además Assange es víctima


de amenazas y presiones de todo tipo. WikiLeaks es blanco de fuertes ataques cibernéticos. Recalca: “Entendimos que Julian Assange necesitaba ayuda. Todo fue muy rápido. El 13 de agosto le enviamos un mensaje diciéndole simplemente: ʻSi necesitas ayuda, aquí estamosʼ. Nos contestó de inmediato. Llegó a Estocolmo. Platicamos. El 17 de agosto fi rmamos públicamente un acuerdo que estipula que el portal de Piratpartiet alberga varios servidores de WikiLeaks”. Precisa: “Sin ser perfecta, la legislación sueca sobre libertad de expresión es bastante protectora, especialmente en lo que concierne a las fuentes de información de los periodistas. “En todas las democracias el periodista puede proteger a su fuente. En cambio en Suecia y en Bélgica el periodista debe proteger a su fuente y corre el riesgo de ser enjuiciado y encarcelado si revela el nombre de su informante. Es la razón por la que Assange tiene algunos de sus servidores en nuestro país.” El fundador de WikiLeaks, sin embargo, no los había registrado debidamente en Suecia y Washington pensaba sacar provecho de esa falla. El Piratpartiet se adelantó y tomó por sorpresa a la Casa Blanca y al gobierno de Suecia. WikiLeaks queda legalmente a salvo ahora en ese país, pero podría estar más protegido en las próximas semanas. Todo depende de las próximas elecciones parlamentarias. El Piratpartiet fue fundado en 2006, al igual que WikiLeaks, y, como él, lucha contra la vigilancia creciente en internet. Aboga por todas las “libertades digitales”, la protección de la privacidad electrónica y el libre acceso a los bienes culturales en la red. Sus seguidores pertenecen esencialmente a las nuevas generaciones. De hecho fue gracias el electorado juvenil sueco que el Piratpartiet pudo obtener dos escaños en el Parlamento Europeo en 2009. “Ahora nuestro objetivo es entrar al Parlamento sueco”, afi rma Rick Falkvinge. Si obtenemos 4% de los votos en las elecciones del 19 de septiembre tendremos 14 diputados”. Según cuenta, los sondeos son favorables a su partido, y la hazaña de WikiLeaks despertó mucha simpatía entre la juventud. “Con 14 diputados en el Parlamento podríamos avanzar mucho en la defensa de la libertad de expresión en la red”, asegura. Para empezar podríamos brindar inmunidad parlamentaria a WikiLeaks, ya que la constitución sueca impide que se demande judicialmente a diputados por las acciones políticas que realizan en su mandato.” Agrega: “En caso de ser electos pensamos, además, mover parte de nuestras computadoras a la sede misma del Parlamento, por supuesto con todo y servidores de WikiLeaks. De esa forma Julian Assange y su portal estarían protegidos a la vez por la ley sueca sobre la prensa y por nuestro estatus parlamentario”. La iniciativa islandesa Otra batalla del Piratpartiet es apoyar al Parlamento islandés en sus esfuerzos por volver realidad la IMMI, la Iniciativa Islandesa para Medios de Comunicación Modernos (Proceso 1763), un cuerpo de leyes sin igual en el mundo que garantizará protección máxima a periodistas profesionales y blogueros de investigación de todo el orbe. “Sabemos que todos los gobiernos observan con lupa lo que está pasando en Islandia y Suecia en este momento. También les preocupa la brecha que están abriendo WikiLeaks y otros sitios de filtraciones. Si juntos logramos nuestro cometido, el concepto de secreto de Estado, entre otros, se volverá caduco. También quedará trastornada la censura. Desafortunadamente no se acabarán las presiones sobre los medios y los reporteros ni los asesinatos de periodistas, pero por lo menos se podrán preservar y divulgar sus investigaciones.” Falkvinge reconoce que hospedar a WikiLeaks es arriesgado para él y su partido. “No tememos al gobierno sueco. Nuestras leyes, por incompletas que sean, nos protegen. Además estamos en campaña electoral y atacar a nuestro partido porque brega en defensa de WikiLeaks y de la libertad de prensa tendría un costo político demasiado alto. No descartamos ataques cibernéticos contra nuestra infraestructura. “Pero contamos con el apoyo de un número creciente de especialistas en criptología.


Además, quienes tendrían la tentación de destruirnos para aniquilar los archivos de WikiLeaks saben que Assange tiene servidores esparcidos en el mundo y que respaldó todos sus documentos. “En realidad”, sigue el dirigente del Piratpartiet, “sabemos que la guerra contra WikiLeaks tomará formas mucho más perversas. De hecho ya empezó. Prueba de ello es la confusión que se creó a raíz de una carta abierta enviada a Assange por Reporteros sin Fronteras (RSF). En un tiempo récord la mayoría de los medios masivos occidentales afi rmaron casi al unísono que grandes ONG de fama mundial expresaban las mismas críticas que el Pentágono contra WikiLeaks. Pero no fue así”. Mentiras y difamaciones Al igual que el Piratpartiet, Proceso investigó la noticia según la cual cuatro grandes ONG – Amnistía Internacional (AI), Open Society Foundation (OSF), Campaign for Incocent Victims in Conflict (Civic) y RSF, así como el centro de investigación International Crisis Group– condenaron a WikiLeaks en una carta abierta dirigida a Assange. La reportera contactó uno por uno a los voceros de esos organismos. Percibió su enojo ante la utilización de su nombre contra WikiLeaks y su voluntad de no fomentar polémica con la prensa. Sólo RSF envió una carta condenatoria a Julian Assange el pasado 12 de agosto y la dio a conocer públicamente el mismo día. Los portavoces de Civic, AI y OSF explicaron que nada tenían que ver con esa carta y que se habían limitado a intercambiar correos electrónicos privados con el fundador de WikiLeaks. “Sólo quisimos saber qué medidas de protección se tomaban para con los civiles afganos mencionados en los documentos”, aclaró una vocera de AI. Lo mismo aseguraron OSF y Civic. Todos reiteraron su respeto por el trabajo realizado por WikiLeaks en los cuatro últimos años, señalando con particular énfasis el video de las acciones de los militares estadunidenses grabado en 2007 y que corroboró sus denuncias. El International Crisis Group declinó contestar, pero extraofi cialmente uno de sus representantes confió a Proceso que no había enviado carta alguna a Assange. Impresionado por el impacto internacional negativo de su carta, Jean-François Julliard, secretario general de RSF, decidió publicar el 17 de agosto un amplio comunicado en el que denunció el uso político de sus críticas a WikiLeaks. En entrevista con Proceso, Gilles Loret, uno de los altos responsables de la organización, reconoció que la expresión “increíble irresponsabilidad” –usada el 12 de agosto para califi car al portal– había sido demasiado fuerte. “La atención internacional sólo se centró en esas dos palabras”, deploró Loret. Eso creó malentendidos. Ciertamente consideramos que es peligroso lanzar nombres, apellidos y datos personales de civiles en la red, pero eso no nos impide apoyar todos los combates de Assange a favor de la libertad de expresión. En su comunicado RSF subrayó: “Reafi rmamos aquí nuestro apoyo a WikiLeaks en las acciones y los principios que la fundan. Es gracias a WikiLeaks que se dio a conocer el naufragio de las guerras dirigidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán. Es también gracias a WikiLeaks que supimos cómo el ejército estadunidense había tomado deliberadamente como blanco a un equipo de la agencia Reuters en julio de 2007 en Bagdad”. Falkvinge comenta: “Los grandes medios, como Fox News por ejemplo, que habían destacado la carta del 12 de agosto, apenas mencionaron el comunicado del 17”. Al cierre de la edición Julian Assange estaba envuelto en una nueva polémica. El viernes 20 de agosto dos jóvenes suecas acudieron por separado a dos distintas delegaciones de policía de Estocolmo para denunciar una violación, la primera, y acoso sexual, la segunda, de parte de Assange. El mismo viernes Maria Haljebo Kjellstrand, juez de guardia, lanzó una orden de investigación contra el fundador de WikiLeaks, quien se enteró de que era perseguido por la justicia sueca leyendo el periódico Expressen el pasado día 21. Entrevistada por la prensa sueca la juez confesó que había puesto en marcha la maquinaria judicial basándose sólo en


llamadas telefónicas de los policías. La procuradora Eva Finné retomó rápidamente el caso y anunció que la denuncia por violación no tenía fundamento pero recalcó que seguía vigente la denuncia por acoso sexual. En su página web Assange habló de un complot en su contra y confi ó al diario Aftonbladet, del que es colaborador: “No sé quién está detrás de esto, pero ya nos habían avisado que el Pentágono estaba tramando golpes bajos para destruirnos. También me habían advertido que me estaban preparando trampas con asuntos sexuales.” El miércoles 25 Assange anunció que había contratado a Leif Silbersky, uno de los abogados más renombrados de Suecia, para enfrentar esa nueva tempestad. l

A las puertas de Europa Alejandro Gutiérrez Al Qaeda se posicionó en el norte de África. Su alianza con el antiguo Grupo Salafi sta para la Predicación y el Combate creó una nueva organización: Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que ahora aglutina a facciones radicales de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Malí, Níger y Chad. Es responsable de múltiples atentados y de secuestros de ciudadanos europeos, cuya liberación se convierte en un vía crucis para gobiernos occidentales. Los expertos coinciden: AQMI acecha a Europa desde el otro lado del Mediterráneo. MADRID.- En el quinto aniversario del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2006, el número dos de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, anunció mediante un video que el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) se unía a su organización. A raíz de ello, los servicios de inteligencia europeos, en particular los españoles y los franceses, incrementaron la alerta al máximo nivel. En su mensaje, Al Zawahiri exhortó al GSPC a realizar acciones terroristas hasta convertirse en “una espina en la garganta de los cruzados estadunidenses y franceses, así como de sus aliados”, publicó al día siguiente el periódico francés Le Figaro. El 24 de enero de 2007, el emir del GSPC, el argelino Abdelmalek Drukdel (rebautizado después como Abu Musaab Abdelwadud), dio a conocer que a partir de entonces su célula terrorista cambiaba su denominación por Tanzim Al Qaeda Fi Bilad Al Magrib Al Islami, nombre que meses después, con autorización de Osama bin Laden, se simplifi có como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). El jueves 5, el Departamento de Estado alertó en su Informe 2009 sobre terrorismo que África es la zona donde más ha crecido la presencia de Al Qaeda. También reveló que esta organización representa una mayor amenaza para Europa. Las acciones más recientes de AQMI así lo dejan ver: el pasado 25 de julio miembros de esta organización asesinaron al rehén francés Michel Germaneau, en venganza por las dos fallidas operaciones militares que tres días antes realizaron comandos de Mauritania y Francia, en las cuales murieron siete terroristas. El asesinato de Germaneau se atribuyó a la facción que encabeza el argelino Abdelhamid Abu Zeid, a quien también se achaca el homicidio, en junio de 2009, de otro rehén: el británico Edwin Dyer, luego de que el Reino Unido se negó a liberar a un clérigo de Al Qaeda preso en Londres. El domingo 22, AQMI liberó a Albert Vilalta y Roque Pascual, voluntarios de la organización civil Barcelona Acció Solidària, quienes permanecieron 267 días en cautiverio. Es hasta la fecha el secuestro más largo de esta organización terrorista. Cinco meses antes –el 10 de marzo– liberó a Alicia Gámez, una tercera voluntaria catalana que había estado secuestrada desde el 29 de noviembre de 2009. El secuestro de los tres españoles se imputa a la célula Al Moulathamun que dirige el emir


Mojtar Belmojtar, conocido como El Tuerto, un exsoldado argelino que luchó en Afganistán. Sus hombres son los responsables de los secuestros cometidos en la zona del Sahel, donde mantiene amplias redes de tráfi co de armas y contrabando de tabaco. Yihad global La alerta máxima activada por los cuerpos de inteligencia europeos en septiembre de 2006 tenía sentido: AQMI se convirtió en la mayor amenaza al otro lado del Mediterráneo. No sólo cambió de nombre, sino que aglutinó a facciones terroristas marroquíes, tunecinas y libias; dejó de ser una amenaza local o regional y se convirtió en una organización terrorista global; ni más ni menos que la base de Al Qaeda en el norte de África, explica el periodista David Alvarado Roales, en su libro La Yihad a nuestras puertas (Foca, 2010). Añade: además del forMalísmo de contar con una nueva célula, “la alianza implicó una evolución política, ideológica, estructural y operativa en el norte africano”. Y ejemplifica: actualmente esta organización comete “atentados simultáneos con coche bomba valiéndose de mártires, una fi gura inédita en Argelia y en toda la región”. El nuevo grupo extendió rápidamente su zona de infl uencia: Argelia, Libia, Túnez y el sur de Marruecos, además de Mauritania, Malí, Níger y Chad. El informe del Departamento de Estado encomia las acciones de España y Francia contra el terrorismo orquestado por el islamismo radical, pero advierte que el primero de estos países es una “base importante de tránsito, recaudación y logística para organizaciones terroristas que operan en el oeste de Europa”, así como un “cruce de caminos” para sus militantes. Indica que España es un “foco de riesgo” del islamismo radical no sólo por su posición geográfica, sino también por el creciente activismo de AQMI y por los contactos que ésta mantiene con las redes que operan la inmigración ilegal en la península Ibérica y en el resto de países europeos. También hace hincapié en la propagación de la infl uencia de Al Qaeda en SoMalía, el llamado Cuerno de África, mediante su alianza con la organización terrorista Al Shabaab, la cual incrementó su activismo terrorista, sobre todo los ataques suicidas y con coches bomba. En sintonía con los múltiples llamados de Bin Laden y Al Zawahiri para “recuperar” el Andalús, como llaman al califato que incluía a casi toda la península Ibérica durante la dominación musulmana que duró ocho siglos (de 711 a 1571), AQMI anunció el 4 de noviembre de 2009 que con ese nombre –“Al Andalús”– rebautizaba su aparato propagandístico. Por medio de éste coloca en internet comunicados y mensajes de video y audio, según publicó el periódico El País, el día 17 de ese mismo mes. El 18 de noviembre de 2009, Eric Rosand, codirector del Centro de Cooperación en Contraterrorismo Global, con sede en Nueva York, indicó que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la región, los terroristas de Al Qaeda han registrado un crecimiento sorprendente y están “implicados en ataques suicidas con bombas, lavado de dinero, tráfi co de drogas y de personas y secuestros, así como en otras actividades ilícitas a través de las fronteras de Mauritania, Níger, Libia, Chad y Malí, entre otras naciones”. Advirtió que “el rápido desarrollo de esta red criminal trasnacional que opera entre el norte de África y el desierto del Sahel provocará inestabilidad en la región”. Rosand habló en el Seminario Permanente sobre Terrorismo de la Fundación Ortega y Gasset, en Madrid, donde criticó que Estados Unidos y los países europeos combatan “por caminos diferentes” al terrorismo del norte de África. Asimismo, abogó por que se realicen acciones coordinadas dentro de la estrategia global de contraterrorismo de Naciones Unidas. El especialista manifestó que la estrategia de contraterrorismo debe valorar el papel activo de las redes que AQMI tiene en Europa. Citó un informe de Europol de 2008, el cual asegura que en los dos años previos, 2006 y 2007, la mayoría de los presuntos terroristas arrestados en suelo europeo proviene de “los países del norte de África; más claramente de Argelia, Marruecos y Túnez”. Informes del gobierno español señalan que durante 2009 fueron arrestados en su territorio 40 “yihaidistas” en distintos operativos. De hecho, la policía desmanteló en años anteriores células del entonces GSPC. Fue el caso


del arresto en Valencia, en noviembre de 2004, de Mohamed Boualem Khouni, acusado de encabezar una célula que supuestamente planeaba un atentado contra la Audiencia Nacional. En 2001 este hombre había sido arrestado a petición de Bélgica, pero por otro delito, y la policía sospechó de su presunta participación en los atentados del 11 marzo de 2004 en Madrid. El 23 de noviembre de 2005, la Guardia Civil desarticuló en España una red de apoyo al GSPC encabezada por el argelino Abdelhamid Bouchema. Ésta se dedicaba al robo y clonación de tarjetas de crédito. Tenía contactos en Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Holanda. Bouchema fue previamente arrestado en Holanda en el contexto de las investigaciones por el asesinato del cineasta Theo Van Gogh el 2 de noviembre de 2004 El día 9 del mismo mes, la policía detuvo en Málaga a siete argelinos a los que la Audiencia Nacional vinculó con el financiamiento del GSPC y de células de Al Qaeda en Afganistán, Chechenia y Pakistán. El informe del Departamento de Estado alude al arresto cerca de París de dos hermanos – cuyos nombres no menciona–, uno de los cuales es un físico de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés) en Suiza y sospechoso de planear un atentado en Francia. El periódico Le Figaro publicó que estos dos franceses de origen argelino son sospechosos de tener relación a través de internet con miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Focos rojos El 29 de noviembre de 2009, Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Villalta, integrantes de la ONG catalana Barcelona Acció Solidaria fueron secuestrados por un grupo armado en un tramo de la carretera que une a Nuackchot, capital de Mauritania, con la ciudad de Nuadibú. Los tres voluntarios viajaban en el último vehículo de una caravana de 13 camiones que se dirigía a Dakar para llevar ayuda humanitaria. Esto encendió los focos rojos en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que emprendió una intensa movilización diplomática. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España apoyó al ejército de Mauritania y de Burkina Faso para dar con los secuestrados. El 8 de diciembre AQMI emitió un comunicado –transmitido por la televisora Al Jazeera–, en el que se atribuye el secuestro de los españoles y del sexagenario francés Pierre Camatte, capturado el 25 de noviembre en la habitación de su hotel, en el norte de Malí. “Dos unidades de valientes muyahidines consiguieron llevarse a cuatro europeos en dos operaciones distintas”, dijo el portavoz de la organización, Saleh Abu Mohamed, quien también anunció que en su momento informarían sus exigencias a las autoridades de España y Francia. El 19 de diciembre miembros del AQMI secuestraron en el sureste de Mauritania al italiano Sergio Cicala y a su esposa Filomene Kabouree, originaria de Burkina Faso. La organización reivindicó el rapto nueve días después mediante una grabación emitida por la televisión de los Emiratos Árabes, Al Arabiya. AQMI demandó el retiro de las tropas italianas de Afganistán e Irak como condición para liberar a los dos rehenes italianos, según publicó El País. A Francia le exigió la excarcelación de cuatro islamistas presos en Malí, a cambio de liberar a Camatte. Le dio un plazo de 20 días o de lo contrario lo mataría. El gobierno español manejó con absoluta cautela las negociaciones con los terroristas. Semanas después se filtró a la prensa que contaba con la ayuda de un mediador: Mustafá Imam Shafi, asesor del presidente de Burkina Faso. Gracias a la mediación de Iman Shafi se logró la liberación el pasado 10 de marzo de la voluntaria Alicia Gámez, y luego, el domingo 22, de Vilalta y Pascual. El presidente Rodríguez Zapatero confi rmó hasta el lunes 23 esta última liberación debido al riesgo de que en el trayecto de 20 horas por tierra a través de Malí, los liberados pudieran ser nuevamente secuestrados o atacados por la facción de Abu Zeid. Como parte del acuerdo para liberar a los españoles, el gobierno de Rodríguez Zapatero habría pagado 5 millones de dólares a AQMI, según publicó el diario El Mundo el lunes 23. Además, una semana antes, Omar Sid Ahmed Ould Hamma, un mercenario al servicio de esa organización terrorista, fue extraditado a Malí.


Este personaje fue detenido en febrero pasado en Mauritania y condenado a 12 años de trabajos forzados debido a su participación en dicho secuestro. Sidi Bounema, uno de sus abogados, dijo a la prensa mauritana que a su cliente no se le informó que sería extraditado y alegó que éste no tenía causas judiciales en Malí. No obstante, ya en Bamako, capital de Malí, aparentemente se perdió el rastro de Ould Hamma. Sin embargo, este fue posteriormente entrevistado por la agencia France Presse (AFP) y la cadena de televisión catalana TV3 difundió una imagen de Roque Pascual y Albert Vilalta en camino a su libertad, a bordo de una camioneta que era conducida por Ould Hamma, el secuestrador que los vendió a AQMI por 15 mil dólares. El periódico El País publicó el 10 de marzo pasado, que AQMI habría pedido también la liberación de Jahen Olsaman, un islamista sospechoso de participar en el asesinato de cuatro franceses, quien purga condena en la cárcel de Lahsar, y en cuya casa la policía mauritana encontró el manual clandestino sobre cómo actuar en casos de secuestro, redactado por clérigo Abderramán conocido como Anú Hannas. El periodista David Alvarado Roales señala en su libro La Yihad a nuestras puertas, que Al Qaeda no sólo ganó con la alianza con AQMI “una plataforma para introducirse en el Magreb y en Europa, aprovechando las redes del GSPC en el Viejo Continente, sino que esta organización empezó a aportar nuevos combatientes para la primera línea de combate yihaidista que actualmente se libra en frentes como Irak o Afganistán. Un estudio del Centro Internacional de Estudios Sobre Terrorismo del Instituto de Investigación Potomac, de Estados Unidos, citado en el libro de Alvarado Roales, señala que desde 2001 hasta este año, el número de acciones terroristas del GSPC, primero, y de AQMI después, crecieron 550%. Sostiene que durante este periodo murieron unas mil 500 personas y otras 600 resultaron heridas a causa de las acciones violentas de esta organización. Sólo en 2009 AQMI fue responsable de 204 acciones terroristas, señala Alvarado Roales. “AQMI supone un peligro evidente, una amenaza permanente y creciente, con una nueva selección de objetivos y una nueva forma de actuar, adoptando los postulados y fi losofía de ʻLa Baseʼ de Osama Bin Laden, que se ven acompañados por una más efi caz estrategia de comunicación y divulgación de su campaña de terror”, dice el periodista. AQMI realizó su bautismo de sangre el 13 de febrero de 2007 en Argelia: hizo explotar de manera simultánea seis vehículos en distintas ciudades del país. Uno de los objetivos fue la oficina de Interpol en la capital Argel. AQMI la califi có como “la sede de la lucha contra el Islam”. Luego, el 11 de abril de ese año, la organización terrorista fue la responsable del atentado con un auto bomba que estalló en las puertas del Palacio de Gobierno, donde se encuentra la oficina del primer ministro Abdelasis Beljadem. En ambas acciones murieron decenas de personas. Los numerosos secuestros han servido a AQMI para fi nanciar la adhesión de nuevos combatientes y consolidar su presencia en la región del Sahel. Uno de esos secuestros es ilustrativo: el 22 de febrero de 2008 un comando de la organización secuestró en el sur de Túnez a los ciudadanos de origen austriaco Wolfgang Ebner, de 51 años, y a su compañera de 43 años, Andrea Kloiber. Fueron liberados ocho meses después tras el pago de un millonario rescate.


Atorada, la agencia espacial Jenaro Villamil Aprobada ya la creación de la Agencia Espacial Mexicana luego de una prolongada discusión legislativa que duró cuatro años, aún se desconoce quién la presidirá. Por un lado, un grupo de empresarios hidalguenses y el gobernador de Quintana Roo buscan a toda costa apropiarse del nuevo organismo y hablan ya de “plataformas de lanzamiento para viajes turísticos espaciales”; del otro, la comunidad científi ca encabezada por el astronauta Rodolfo Neri Vela, cuyos integrantes sostienen que el país necesita un proyecto nacional, no visiones o proyectos mesiánicos. Tras un accidentado proceso legislativo que se prolongó cuatro años, el 30 de julio último el Diario Oficial de la Federación informó que en los próximos días la Agencia Espacial Mexicana comenzará a dar sus primeros pasos. Sin embargo, aun cuando ya se conformó la Junta de Gobierno de la nueva entidad responsable del desarrollo aeroespacial del país, sus impulsores deben resolver antes el confl icto que enfrenta a los dos grupos que aspiran a dirigirla. Uno de ellos, conformado por inversionistas y políticos de Hidalgo, lo encabeza el joven empresario Fernando de la Peña Llaca, quien es apoyado por el gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y varios legisladores federales del PRI. Sus integrantes dan por hecho que la agencia se construirá en Tulancingo, aun cuando el decreto presidencial establece que la sede estará en la Ciudad de México. De la Peña se autonombró incluso “promotor” y “próximo director” de la agencia –Aexa, como la denomina en su blog–. Desde el 27 de julio, el empresario hidalguense y el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, anunciaron que la agencia tendrá una sede en Chetumal. Además, De la Peña aseguró también que invertiría 120 millones de dólares para impulsar plataformas de lanzamiento, pistas de aterrizaje y hasta una unidad para promover viajes turísticos al espacio; su protagonismo mediático es innegable. No sólo ha concedido entrevistas en Televisa, la CNN y otros medios impresos, también se autopromueve en compañía de su compadre José Hernández. Este astronauta de origen mexicano declaró el pasado 21 de abril que De la Peña cuenta con “la experiencia y los contactos a nivel internacional” para ser el primer director de la agencia. El otro grupo contendiente está conformado por ingenieros y científi cos de las instituciones académicas más importantes del país y lo encabeza el primer astronauta mexicano: Rodolfo Neri Vela. También están Gerardo Ferrando Bravo, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el astrónomo José Franco, vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias; el doctor Salvador Landeros Lomelí, así como directivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para Neri Vela, Ferrando Bravo, Franco y Landeros Lomelí la intensa autopromoción de De la Peña para que el presidente Felipe Calderón lo nombre director de la agencia y que la sede se ubique en Tulancingo, Hidalgo, es “frívola”, “mesiánica” y está “fuera de la realidad”, comentan a Proceso. “De la Peña no tiene experiencia ni relación con la comunidad científi ca; su visión es completamente empresarial”, asegura Neri Vela. Y acusa al empresario hidalguense de brincarse las trancas, pues “ha cabildeado con los gobernadores de Chihuahua y de Quintana Roo haciendo compromisos o preacuerdos”. Y se lanza también contra el mandatario quintanarroense: “¿Cómo es posible que desde hace dos años se comprometa a algo que no se ha instalado? ¿Cómo es posible que González Canto declare que invertirán 120 millones de dólares porque fueron a visitarlo De la Peña y su compadre José Hernández?” Neri Vela sostiene que De la Peña ya se reunió con el presidente Calderón gracias a sus contactos con el secretario particular del mandatario, Luis Felipe Bravo Mena.


Ferrando Bravo insiste en que hay un solo proyecto de agencia espacial, como lo estable la ley: “En estos cuatro años de construcción de la agencia existe una visión institucional, profesional, seria, que está refl ejada en la ley; la otra visión que se llama Aexa se encuentra fuera de la realidad. Eso confunde y le resta seriedad a la idea. “De la Peña se ostenta como un científico, pero no tiene las credenciales sufi cientes. Su página electrónica es un santuario de loas personales. Es el blog del ego de De la Peña”, advierte el líder de la Academia de Ingenieros que aglutina a los profesionistas de la UNAM, IPN, Conacyt y Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El doctor José Franco subraya que la agencia espacial “es un proyecto nacional en el que no hay cabida para visiones mesiánicas ni de genios; se requiere conocimiento y visión de futuro”. El doctor Salvador Landeros, uno de los posibles directores de la agencia critica los proyectos de “turismo espacial” en Quintana Roo porque, arguye, carecen de “realismo”: “No se requieren viajes turísticos, se necesita articular una planta de científi cos y una plataforma para generar nuestra propia tecnología espacial”. Disputa por espacio Datos proporcionados por Ferrando Bravo indican que entre 1990 y 2009 en México se invirtieron 33 mil millones de dólares en la industria aeroespacial, generados por un conglomerado de 200 empresas que operan en el país. Esa inversión, añade, está por encima de la que se ha realizado en otros países en vías de desarrollo y reflejan el potencial del sector aeroespacial. “Tenemos como ventaja la vecindad con Estados Unidos, la mayor potencia en este sector. Contamos con posibilidades y capacidades para desarrollar tecnología y ciencia propia del espacio. No disponemos de infraestructura para lanzar cohetes al espacio, pero sí satélites y otros artefactos”, afirma el exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. José Franco considera que el espacio es un “sitio estratégico”, ya que desde ahí se pueden desarrollar investigaciones en telecomunicaciones, condiciones meteorológicas y monitorear el calentamiento global, así como zonas para cultivo de alimentos. “Si a estas investigaciones se suma el desarrollo de tecnologías propias para el consumo humano, entendemos el potencial de la agencia. El ejemplo más trillado son los pañales, que surgieron en la industria espacial, o la tecnología médica”, abunda el actual vicedirector de la Academia Mexicana de Ciencias. Salvador Landeros afirma que está comprobado que por cada dólar o euro que se invierte en el espacio, se generan otros 60 dólares o 60 euros. Por ello, insiste, la agencia “es una gran oportunidad para coordinar los esfuerzos de México en materia espacial y para activar la industria; de otra manera nos vamos a seguir rezagando. Países en desarrollo como India, Brasil o Corea ya han desarrollado tecnología propia”. Añade que la agencia espacial puede impulsar la construcción de pequeños satélites de aplicación, conocidos como psicosatélites, así como generar estudios sobre el Sol, observaciones para prever cambios climáticos, así como diagnosticar desastres naturales y sismos. “Lo más importante es generar una cultura espacial entre niños y jóvenes mexicanos. Se necesita coordinar las actividades de las universidades, realizar foros, conferencias, congresos y posgrados relacionados con el tema”, abunda Landeros. Ferrando Bravo destaca que, a diferencia de Hidalgo, donde no existe ninguna industria espacial ni aeronáutica, entidades como Baja California, Querétaro, Jalisco, Sonora y Nuevo León han desarrollado una importante infraestructura académica y aeroespacial. En marzo de 2009, por ejemplo, se creó en Querétaro la Universidad Nacional Aeronáutica, primera institución pública que forma ingenieros aeroespaciales con apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además, 30% de la matrícula universitaria que se gradúa en México corresponde a ingenieros, mientras que en Estados Unidos es de sólo 14%. “Ahí está el talento nacional que tenemos que aprovechar. Graduamos más ingenieros en México que en Estados Unidos”, sentencia Ferrando Bravo. Precariedad presupuestal


De acuerdo con el decreto presidencial publicado el 30 de julio en el Diario Ofi cial de la Federación, la Agencia Espacial Mexicana será un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y tendrá tres órganos de administración y gobierno: Junta de Gobierno, Dirección General y un órgano de vigilancia. La Junta de Gobierno tendrá 15 miembros, siete de ellos serán representantes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Educación Pública, de Hacienda, de Defensa Nacional y Marina. Los otros ocho son el titular del Conacyt, el rector de la UNAM, el director general del IPN, y los presidentes de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, así como un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El director general de la agencia será nombrado directamente por el titular del Ejecutivo federal y durará en su cargo cuatro años, con posibilidad de un periodo adicional. Además, deberá ser mayor de 30 años y “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio y contar con conocimientos y experiencia en materia técnica y espacial de por lo menos cinco años”. Según el segundo artículo transitorio, la Junta de Gobierno deberá estar instalada en un periodo no mayor a los 45 días. Una vez integrada, deberá organizar foros y mesas permanentes de trabajo para establecer el Programa Nacional de Actividades Espaciales. Al aprobar la creación de la agencia espacial el pasado 20 de abril, el Congreso de la Unión estableció que el futuro organismo contará con un presupuesto mínimo de 10 millones de pesos. Esta partida corresponde a recursos que la bancada de diputados federales priistas de Hidalgo destinó para lo que ellos consideran “su” agencia espacial. Sin embargo, tanto Ferrando Bravo como Salvador Landeros consideran que para 2011 el presupuesto mínimo para el funcionamiento de la agencia deberá ser entre 100 y 200 millones de pesos. “Se trata de tener un presupuesto razonable. Por supuesto, no tendremos partidas como las de la NASA u otras agencias europeas, pero 200 millones de pesos es el techo necesario para iniciar operaciones”, afi rma Landeros. En contraste, De la Peña presume en su página promocional que en Chetumal se instalará un Space Center, similar a la base que tiene la NASA en Houston, con inversión de hasta 120 millones de dólares “que dio a conocer el gobernador Félix González Canto”. El 26 de julio último De la Peña informó que se reunió en Los Pinos con Felipe Calderón y le presentó su “plan de acción” denominado 020, “es decir, desde el día cero del nacimiento de la agencia hasta los próximos 20 años, lo cual ha sido recibido con optimismo por la SCT”.

Los Diez Mandamientos del Cardenal Sandoval Íñiguez Denise Dresser Primer Mandamiento: Odiarás a Marcelo Ebrard por encima de todas las cosas. Pensarás que es la encarnación del Demonio sobre la faz de la Tierra. Dirás que sus leyes destruyen a la familia y llamarás a desobedecerlas aunque ello constituya una violación a la Constitución y un ataque frontal al Estado laico en México. Repetirás que él hace más daño al país que el narcotráfico aunque eso entrañe recurrir a cifras falsas sobre el número de abortos realizados desde la aprobación del derecho a decidir en el Distrito Federal. Serás soez en todo momento con el objetivo de descalifi carlo. Segundo Mandamiento: Tomarás el nombre de la ley en vano. Aprovecharás el silencio y las omisiones tanto de la Secretaría de Gobernación como del IFE para violarla cada vez que puedas. Exigirás a los católicos del país que no voten por el PRD dada la universalización de derechos humanos que ha fomentado en la capital. Ignorarás la Constitución aunque constituya el documento fundacional que rige a todos los actores del país, incluidas las


Iglesias. Te burlarás de las ideas y las conquistas que Juárez y los liberales ganaron y defendieron a lo largo del siglo XIX aunque sean reconocidas como un avance para el país. Violarás de manera flagrante la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos. Confrontarás constantemente a las instituciones y llamarás a los ministros de la Suprema Corte a repudiar las resoluciones que tomaron, aunque hayan sido con base en la Constitución. Tercer Mandamiento: Santifi carás a los regímenes homofóbicos y discriminatorios. Te referirás a los homosexuales como “maricas” y utilizarás otros adjetivos derogatorios para satanizarlos. Pensarás que debe permanecer la diferencia entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Aunque en la teoría democrática y del Estado laico no existen argumentos para justificar la discriminación y la limitación de derechos, seguirás promoviendo ambos. Aunque en el mundo actualmente existen múltiples manifestaciones de la familia, ignorarás esa realidad. Desperdiciarás esta oportunidad para tratar a las personas con respeto a pesar de sus preferencias sexuales. Cuarto Mandamiento: No honrarás a los padres y a las madres homosexuales. Insistirás en que las uniones homosexuales inciden de mala manera en los niños aunque múltiples estudios revelan que ellos crecen de la misma forma que en familias de padres heterosexuales. Enfatizarás la importancia de “proteger los derechos de los niños” aunque la Iglesia católica no hubiera alzado la voz cuando Marcial Maciel y tantos otros los violaron. Quinto Mandamiento: Matarás la civilidad. Atacarás la idea de la expansión de los derechos individuales y colectivos en un régimen democrático. Te burlarás del argumento sobre el reconocimiento de condiciones de igualdad ante la ley. Te volverás apóstol de las posiciones homofóbicas, discriminatorias, misóginas y polarizantes dentro de la sociedad mexicana. Aplaudirás la confrontación que comienza a darse en lugares públicos entre representantes de las posiciones en contienda. Resucitarás los argumentos de la Guerra Cristera e insistirás en la necesidad de librarla nuevamente para defender a la Iglesia de la violación de su derecho a la libre expresión aunque esa libertad sea usada para promover el odio. Sexto Mandamiento: Cometerás actos impuros contra el Estado laico. Argumentarás que importa más la ley de Dios que la del César e ignorarás los preceptos sobre los cuales se construyó el Estado mexicano, precisamente para promover la separación Estado-Iglesia. Impulsarás a Armando Martínez, presidente de los Abogados Católicos, a decir –una y otra vez– que si la Secretaría de Gobernación promueve alguna sanción a los clérigos, estaría “actuando en el camino de la represión”, cuando en realidad tan sólo estaría aplicando la ley. Séptimo Mandamiento: Robarás la esperanza de construir un país más justo, más tolerante, más equitativo, más democrático. Harás un llamado a burlarte de los derechos de las minorías y buscarás imponer la visión de ciertos católicos sobre el resto de la sociedad. No comprenderás que el tema del matrimonio homosexual es un asunto de derechos civiles, y que las luchas por su promoción siempre se han dado en el mundo ante contextos históricos de discriminación. Te manifestarás en contra del derecho a la diferencia entre mexicanos que no piensan como tú. Octavo Mandamiento: Darás falso testimonio y mentirás sobre Marcelo Ebrard y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirás que los ministros fueron “maiceados” por el jefe de Gobierno aunque no logres presentar una sola prueba para validar tu posición. Hablarás de los intereses oscuros e internacionales que hay detrás de la promoción de los matrimonios homosexuales y sugerirás la teoría del complot. Difamarás a cualquiera que cuestione tu postura, y dirás que tus críticos atacan a la dignidad humana y a la familia, aunque lo único que hacen –en realidad– es discrepar de ti. Dirás que quienes enarbolan posiciones diferentes a la tuya sirven intereses que operan en la oscuridad, y tratarás de descalifi carlos moralmente, cuando se trata de una discrepancia intelectual legítima.


Noveno Mandamiento: No consentirás pensamientos tolerantes, discrepantes, democráticos, divergentes o aquellos que defi enden la laicidad del Estado. Argumentarás que toda opinión contraria a la tuya emana de un maiceado o un títere o un depravado o un maricón. Desplegarás el espíritu de la intolerancia que corre en contra de las enseñanzas de la propia Iglesia católica y el precepto de “amaos los unos a los otros” que guía su labor. Décimo Mandamiento: Codiciarás el bien ajeno de la popularidad y la credibilidad obtenidas por Marcelo Ebrard en este tema. Promoverás posiciones públicas imprudentes y contraproducentes, con tal de ocupar la palestra y obtener el respaldo que él ha logrado despertar. Envidiarás el hecho de que en este asunto incluso los peores críticos de Ebrard reconocen que tiene razón. Te molestará que, en contraste con otros prominentes políticos, él no haya guardado silencio sobre tu llamado a desobedecer la ley. Te indignará que haya evidenciado tu prepotencia y tu propensión a dar falso testimonio durante años al frente de la Iglesia. Y precisamente porque te ha exhibido, usarás todos los instrumentos a tu alcance – incluyendo las homilías dominicales– para seguir dirimiendo un pleito que se ha vuelto personal. Amén. l

Inconsecuencias perredistas Jesús Cantú De las 15 victorias electorales que ha obtenido el Partido de la Revolución Democrática (solo o en alianza con otros partidos) para gobernar nueve entidades del país, 11 fueron con candidatos que previamente militaron en el Partido Revolucionario Institucional, de los cuales seis renunciaron a dicha militancia cuando no fueron postulados por el tricolor, es decir, meses, semanas o incluso días antes de ser nominados candidatos del partido del sol azteca. Hasta estos momentos la única entidad bajo administración perredista que no ha sido gobernada por un expriista es precisamente Guerrero, donde la coalición Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia, que agrupa a los partidos del Trabajo, Convergencia y PRD) pretende postular al extricolor Ángel Heladio Aguirre Rivero. Los únicos mandatarios estatales que, impulsados por el PRD, no habían tenido antes militancia en el tricolor son: Lázaro Cárdenas Batel, quien ganó la contienda de Michoacán en 2001; Amalia García, en Zacatecas, en 2004; Narciso Agúndez, en Baja California Sur, en 2005, y, el mismo año, Zeferino Torreblanca, en Guerrero. De ellos los únicos que arrebataron la gubernatura al PRI fueron Cárdenas y Torreblanca, pues García y Agúndez relevaron a perredistas. El primer triunfo que le fue oficialmente reconocido a los amarillos fue el que obtuvo Cuauhtémoc Cárdenas, en las elecciones del 6 de julio de 1997, para convertirse en el primer jefe de Gobierno electo del Distrito Federal. Cárdenas rompió con el tricolor en 1987, fue candidato presidencial del Frente Democrático Nacional en las elecciones del 2 de julio de 1988 y presidente fundador del Partido de la Revolución Democrática. Los otros cuatro expriistas, con militancia en el PRD o en partidos integrantes del Dia, que lograron triunfos electorales, fueron: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Leonel Godoy y Gabino Cué. Bajo la presidencia de López Obrador, el PRD obtuvo cuatro victorias con candidatos sin previa militancia en la izquierda y que renunciaron al PRI para ser postulados por el PRD, o en alianzas que encabezó dicho partido, una vez que el tricolor abanderó a otros aspirantes: en 1998, se lograron los triunfos en Tlaxcala, en alianza con el PT y el PVEM, mediante la candidatura de Alfonso Sánchez Anaya; y en Zacatecas, con Ricardo Monreal, postulado únicamente por el PRD. En 1999 se concretaron, en las mismas circunstancias, la postulación de Leonel Cota en Baja California Sur y la de Antonio Echevarría en Nayarit, esta vez en una alianza amplia que


incluyó al PAN en elecciones celebradas el 4 de julio de 1999, cuando López Obrador ya había dejado la presidencia del PRD. Después de los comicios presidenciales de julio del 2000, el PRD nuevamente recurrió a la candidatura externa y a la alianza amplia para obtener, con Pablo Salazar, el triunfo en Chiapas, estado donde en 2006 nuevamente postuló a un tricolor despreciado por su partido: Juan Sabines; en dicha entidad, los dos gobernadores postulados por alianzas encabezadas por el PRD nunca tuvieron una militancia previa en éste último. En el recuento no se incluyen los triunfos electorales en Sinaloa y Puebla, en julio de este año, ya que aunque el PRD formó parte de las alianzas que le permitieron ganar la gubernatura, en ambas entidades el partido coaligado con mayor participación electoral es el Partido Acción Nacional. En cambio, en Oaxaca, aunque Gabino Cué es militante de Convergencia, el PRD sí es el partido con mayor votación. De las nueve entidades gobernadas, en algún momento, por candidatos postulados por el PRD –Distrito Federal, Tlaxcala, Zacatecas, BCS, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca–, en cinco recurrió a candidatos sin militancia previa para arrebatarle la gubernatura al PRI; en dos de ellas –Tlaxcala y Nayarit– no pudo refrendar el triunfo. En contrapartida, únicamente en dos –Michoacán y Guerrero– consiguió la victoria en primera instancia con candidatos que únicamente habían militado en el PRD. En las otras dos –Distrito Federal y Oaxaca– sus abanderados, aunque extricolores, sí tenían militancia perredista o en Convergencia. Los dirigentes de Dia anunciaron el miércoles 25 de agosto la decisión de respaldar en Guerrero la candidatura de Ángel Heladio Aguirre Rivero, senador priista que, tras ser desplazado de la postulación del tricolor, el jueves 26 anunció su renuncia al mismo para buscar el apoyo de una amplia coalición donde se pretende que, además de PRD, PT y Convergencia, participen el PAN y el Panal. La postulación del también exgobernador interino –ocupó ese cargo tras la renuncia de Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas– es todavía más controvertida, pues Heladio Aguirre no únicamente carece de militancia en la izquierda, sino que, de acuerdo con los dirigentes históricos del PRD en Guerrero, tiene un pasado antiperredista. Concretamente se le acusa de haber estado involucrado en la represión de una protesta postelectoral en 1990. En dicha ocasión, los simpatizantes perredistas, encabezados por Eloy Cisneros Guillén, quien había sido el candidato a la alcaldía de Ometepec, ocuparon la presidencia municipal en protesta por el fraude electoral; el 6 de marzo policías estatales los desalojaron, con un saldo de 72 lesionados, la muerte de Ramón de la Cruz Zacapala y la desaparición de su hermano Andrés y de otro militante llamado Daniel López Álvarez. Aguirre Rivero, al igual que Manuel Añorve –quien seguramente será el candidato tricolor–, son oriundos de Ometepec y se les acusa de haber coordinado la represión contra perredistas en la llamada Costa Chica de Guerrero. Así, aunque la historia electoral del PRD da plena evidencia del pragmatismo de esta organización para seleccionar candidatos y privilegiar el probable resultado electoral, por encima de la militancia partidista o la congruencia ideológica, pues ha postulado desde fervientes tricolores hasta prominentes empresarios –como en los casos de Echevarría y Torreblanca–, éste sí parece un caso extremo, pues más allá de que no existen pruebas con valor jurídico que demuestren la participación de Aguirre en la represión de perredistas, sí hay plena evidencia de que su administración (1996-1999) no se distinguió en nada del resto de los gobiernos tricolores. Así que existe la certeza de que, en caso de ganar la gubernatura, nada cambiará en Guerrero. l


Guerrero: voto de castigo John M. Ackerman Los movimientos progresistas y de izquierda le deben al estado de Guerrero una de sus vetas más consecuentes y activas. Esta entidad sureña es tierra de Vicente Guerrero, Juan N. Álvarez e Ignacio Manuel Altamirano. Ahí se fi rmó la Constitución de Apatzingán, y se instaló el primer cuerpo legislativo de la historia del país, el Congreso de Anáhuac, donde José María Morelos presentó sus Sentimientos de la Nación. Más recientemente, desde la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez hasta nuestros días, Guerrero ha albergado un activismo social absolutamente central para la democratización del país. Con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel federal, era casi inevitable que la izquierda ganara la del gobierno de este importante estado. Así ocurrió en 2005, cuando Zeferino Torreblanca triunfó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, era difícil prever que una vez en el poder Torreblanca traicionaría todos y cada uno de los principios y programas enarbolados en su campaña. Durante los cinco años de su administración, el primer gobernador de la oposición no ha logrado solucionar ninguno de los reclamos populares. La pobreza sigue igual o peor que antes. El caciquismo político se ha consolidado. El poder del narcotráfi co y el crimen organizado ha proliferado en la entidad. Los sistemas de salud y educación siguen sin llegar a las poblaciones rurales e indígenas más marginadas. La corrupción no ha disminuido y la procuración e impartición de justicia siguen siendo tan irregulares y desiguales como antaño. Torreblanca ha seguido al pie de la letra el guión establecido por el gobierno federal para militarizar las tareas de seguridad pública y dejar impunes las violaciones a los derechos humanos. El caso de la injusta encarcelación del indígena Raúl Hernández es apenas el ejemplo más reciente y ostensible de la cortedad de miras del actual gobernador. Como en los viejos tiempos, utiliza al Ministerio Público estatal para intimidar y acosar a dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos. La total indolencia en la investigación de los asesinatos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, así como de Armando Chavarría, revela también la tendencia del mandatario estatal a preferir el encubrimiento por encima de la justicia. Por ello la figura de Torreblanca se encuentra muy desprestigiada entre el pueblo guerrerense. Inspirados en los acontecimientos del pasado 4 de julio en las elecciones estatales, los ciudadanos de Guerrero anticipan ya un duro castigo ciudadano a tan mal gobierno. El problema es que los dos líderes políticos que pudieron haber encabezado una rebelión popular a favor de una alternancia efectiva y un cambio transformador, hoy yacen muertos. Antes de su asesinato, Chavarría –exsenador federal, exsecretario de Gobierno estatal y presidente del Congreso local– había logrado un consenso entre casi todas las fuerzas progresistas de la entidad para ser el candidato de unidad en 2011 e impulsar un auténtico proyecto de transición. Por otro lado, Pablo Sandoval Ramírez, uno de los dirigentes de mayor altura que ha dado Guerrero, también falleció hace unos años. Encabezó los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y fue figura insustituible en la lucha en contra del despótico régimen de Rubén Figueroa Figueroa en los setenta. También se desempeñó como dirigente nacional del sindicalismo universitario; fundador del PRD; coordinador de la campaña de Torreblanca para su primer cargo público como presidente municipal de Acapulco en 1999, y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante la LVII legislatura (1997-2000). Ante la ausencia de figuras del tamaño de Sandoval o Chavarría, hoy el PRD, junto con el Partido del Trabajo, Convergencia y posiblemente el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Nueva Alianza (Panal), han decidido abanderar a Ángel Heladio Aguirre Rivero, priista de hueso colorado. Resulta paradójico y hasta contradictorio pensar que la persona que suplió a Rubén Figueroa Alcocer como gobernador después de la matanza de Aguas


Blancas en 1996 y quien ha sido presidente del Comité Estatal del PRI, así como secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno, coordinador de Desarrollo Municipal y secretario particular del gobernador, todos durante gobiernos priistas, pueda llegar a representar algún cambio de rumbo para el estado. La otra opción, sin embargo, hubiera sido peor. Lanzar como candidato al “delfín” de Torreblanca, el diputado Armando Ríos Piter, hubiera implicado un suicidio político para el PRD. Ríos era el candidato de la continuidad de un gobierno fallido y no cuenta con trayectoria alguna dentro de la izquierda. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, trabajó con el polémico José Ángel Gurría en la Secretaría de Hacienda, y después como subsecretario de Gobierno con el último gobernador priista de Guerrero, René Juárez. Tiempo después saltó a la ola de la “alternancia” y fue nombrado subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria con Vicente Fox, para finalmente encontrar refugio en el gobierno de Torreblanca como secretario de Desarrollo Rural. Si el PRD hubiera abanderado a Ríos, sin duda ocurriría lo mismo que en Zacatecas este año, cuando Amalia García impuso a otro burócrata fiel y gris como candidato a la gubernatura: una derrota contundente. Aguirre, por lo menos hasta ahora, ha tenido la valentía de romper de manera pública con el caciquismo de la familia Figueroa, que presume de mover todos los hilos de la política estatal. Esto es algo que Torreblanca nunca estuvo dispuesto a hacer y que Ríos ni siquiera se ha propuesto. El PRD en Guerrero no había tenido la necesidad de alimentarse de cuadros o escisiones del PRI. El estado era uno de los pocos lugares en el país en que la fuerza de la izquierda por sí misma podía imponer la agenda política. Hoy, tenemos que cantar un réquiem al excepcionalismo guerrerense y esperar que a pesar de ello la izquierda aproveche la candidatura de Aguirre para implementar un verdadero proyecto progresista y no, como también podríamos prever, sea Figueroa quien utilice a Aguirre para terminar de pisotear al PRD. Si Aguirre quiere tener alguna posibilidad de ganar, desde ahora tendría que dar muestras contundentes de su independencia respecto de Figueroa, así como fi rmar públicamente una serie de compromisos específicos con la izquierda y el pueblo de Guerrero. Asimismo, si el pueblo de Guerrero quiere tener alguna posibilidad de fi nalmente contar con un gobierno menos ineficaz, debe presionar y exigir el cumplimiento de estos compromisos en todo momento y hasta el último día del mandato del nuevo gobernador. l www.johnackerman.blogspot.com

Pelear o hacer política Olga Pellicer El último episodio de las relaciones México-Cuba dejó muchas interrogantes sobre los objetivos del legendario y desprestigiado comandante al reaparecer en público y hacer “reflexiones” que sorprendieron y molestaron al gobierno mexicano. Asimismo, despierta muchas dudas sobre el futuro de las relaciones de México con los gobiernos de izquierda radical en América Latina. Después de muchos esfuerzos, tiempo y concesiones para llevar la fiesta en paz con ellos, Felipe Calderón se encuentra de nuevo en el punto de partida: una relación con el actor más importante de esa izquierda caracterizada por dimes y diretes, tensiones y el abierto distanciamiento de los dirigentes castristas. Era difícil ignorar las reflexiones de Fidel que tocaron el delicado tema de las elecciones de 2006. Es comprensible, por lo tanto, el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que de inmediato rechazó las afi rmaciones de Fidel Castro destinadas a descalifi car a las instituciones jurídicas y políticas mexicanas. Lo que resulta discutible es la pertinencia del siguiente párrafo, donde se hacen pronunciamientos sobre las elecciones democráticas en Cuba y la situación de los derechos humanos. Es evidente que se cayó en la provocación de


Castro y se abrió, con ello, un espacio de confrontación que será muy difícil de zanjar. Creo que las provocaciones de Fidel Castro no tienen mayor importancia. El viejo dirigente ya no ocupa el sitio de mayor influencia dentro del gobierno cubano, sus escritos y declaraciones son cada vez más deshilvanados y su fi gura ya no ejerce atractivo en la opinión pública mundial. A cambio, la decisión mexicana de incursionar en el asunto de la democracia y los derechos humanos en Cuba sí tiene consecuencias. Para empezar, es un tema al que se llega tarde. En fechas recientes la acción internacional a favor de los derechos humanos en Cuba tuvo un momento álgido a raíz de la huelga de hambre de presos políticos, un hecho particularmente doloroso al perder la vida uno de ellos. La movilización en diversos países condenando la represión de los disidentes y el maltrato a los prisioneros en Cuba fue intensa. La acción más destacada fue la llevada a cabo por el canciller español, quien condujo, apoyado por la Iglesia, negociaciones que permitieron la liberación de buen número de presos políticos y abrieron la puerta, todavía no se sabe hasta dónde, a un giro en la política cubana de derechos humanos. El Ejecutivo mexicano se mantuvo ajeno a esas movilizaciones. En su momento, tuvo mayor importancia lograr la presencia de Cuba en las celebraciones de la Cumbre de la Unidad en Cancún. Reunión encabezada por México en la que, cuidadosamente, se eludió el tema de los derechos humanos. El interés por el tema se manifestó en el Senado, donde se promovió un punto de acuerdo para solicitar al gobierno cubano respeto a la dignidad y los derechos humanos de los prisioneros políticos. Ese punto no se aprobó al no obtener los votos afi rmativos necesarios en el pleno. Dentro de los votos en contra se encontraba el del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, un connotado miembro del PAN. Al comentar sobre su voto, el senador se refi rió a la petición que le había hecho el embajador mexicano en Cuba; difícil imaginar que la canciller y el presidente no coincidían con su representante. ¿Cómo explicar el cambio tan brusco? Sin duda por el enojo despertado por Fidel Castro. Pero la irritación no es suficiente para conducir una política o para recuperar autoridad moral en los temas de democracia y derechos humanos. Considero esencialmente errado pensar que la relación con Cuba se debe guiar por las provocaciones de Fidel o por un estado de ánimo condescendiente o indignado. Los motivos que llevaron en los inicios del gobierno de Felipe Calderón a buscar la normalización de relaciones con Cuba eran y siguen siendo válidos. Las relaciones con Cuba no interesan por motivos coyunturales, ni por el rumbo que sigan sus procesos internos, sino por el papel que la isla tiene para intereses de México en el ámbito nacional e internacional. Primero, no se puede olvidar la infl uencia de Cuba en el voto de países africanos y caribeños en el seno de los organismos multilaterales. Otra sería la historia de nuestra elección al Consejo de Seguridad en 2008 si Cuba hubiese decidido boicotear la candidatura mexicana. Para bien o para mal, los grupos regionales son signifi cativos en los organismos internacionales. Por ello, es importante medir el ambiente que reina en dichos grupos y, hoy en día, la mayoría de gobiernos latinoamericanos opta por entenderse con Cuba. En segundo lugar, se debe tener presente que las relaciones con los gobiernos de izquierda radical en América latina pasan por La Habana. Si Hugo Chávez decide condicionar la buena relación con México al buen entendimiento que éste tenga con su amigo Fidel, la posición de los países de la Alianza Bolivariana (Alba) en la próxima conferencia del COP16 puede provocar problemas. No se puede olvidar que los países pertenecientes a dicha alianza fueron los que mayormente entorpecieron el consenso en Copenhague. En tercer lugar, se encuentran los temas bilaterales que conviene conducir amistosamente con Cuba. Los dos más evidentes son el asunto migratorio y la lucha contra el crimen organizado. Mantener la cabeza fría para guardar los benefi cios que se quisieron obtener a los inicios de la presente administración, cuando la prioridad fue la normalización de relaciones con los países de izquierda radical en América Latina, era la tarea obligada de un buen estadista. De otra manera, nos encontramos frente a una situación en la que el pleito sustituye a la política. l


Javier Corral y su batalla por la democracia Miguel Ángel Granados Chapa Lo sabТamos bien, pero los relatores de la OEA y la ONU lo han confi rmado desde la solidez de su indagaciЧn institucional en MОxico: “el vigor, la diversidad, la pluralidad en el debate democrЗtico se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentraciЧn en la propiedad y el control de los medios de comunicaciЧn a los que se les han asignado frecuencias de radio y televisiЧn”. Es decir, hay una relaciЧn directa entre monopolios de los medios electrЧnicos y democracia pobre. Por eso, la batalla que desde hace mЗs de una dОcada libra Javier Corral en contra de la concentraciЧn de privilegios en ese campo es claramente una batalla por la democracia. No es contra Televisa, como asume ese consorcio que todo lo domina y todo lo recibe, sino contra la precariedad del debate democrЗtico. Como diputado federal por segunda vez, Corral ha concentrado su esfuerzo reciente en explicar y tratar de impedir la entrega de una concesiЧn de telefonТa celular a Televisa, que ya reina en la televisiЧn abierta, la satelital, la transmitida por cable, y acaba de adquirir nuevas frecuencias de televisiЧn abierta (con las que darЗ alcance nacional al capitalino Canal 4), asТ como mЗs de 20 kilЧmetros de fi bra Чptica a la ComisiЧn Federal de Electricidad. Corral ha tratado de evitar que se consume la licitaciЧn 21 del espectro radioelОctrico, convocada desde el principio para favorecer al monopolio. Infl uyЧ centralmente en la solicitud aprobada por todas las fracciones en la ComisiЧn Permanente para que el presidente de la RepЬblica declarara desierta aquella licitaciЧn. No ha sido escuchado, por lo que promueve ahora que se fi nque juicio polТtico a Mony de Swan y Gonzalo MartТnez Pous, cuyos dos votos en la ComisiЧn Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fueron mЗs poderosos que los de tres comisionados mЗs. El procedimiento se extenderТa al secretario de Comunicaciones Juan Molinar Horcasitas, si como es de preverse confirma el irregular fallo de la Cofetel, ya infectada de ilegalidad por el nombramiento de un comisionado, De Swan, que no satisface el requisito de contar con “desempeЦo sobresaliente” en telecomunicaciones, no obstante lo cual en la misma sesiЧn en que tomЧ posesiЧn como comisionado fue elegido presidente del organismo. Corral imputa responsabilidades en el benefi cio a Televisa no sЧlo a la Cofetel y la SCT, sino tambiОn a la ComisiЧn Federal de Competencia (Cofeco), que “estableciЧ barreras de entrada, entre ellas autorizar alianzas, pues no se favoreciЧ la competencia; por el contrario, se disminuyЧ la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 mhz, en el que, finalmente, las dos empresas interesadas se unieron para obtener el espectro licitado… resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia, cuando (se) autorizЧ la alianza Televisa-Nextel, en lugar de dejar que ambas empresas pujaran por la asignaciЧn. “El momento de mayor cinismo fue cuando se hizo claro que en el bloque de 30 mhz dedicado a nuevos competidores, no habrТa puja alguna, pues la Ьnica propuesta era la de la alianza Televisa Nextel. Era de obligada conducta en el ejercicio pЬblico introducir una regla ʻde igualaciЧn de preciosʼ, a efecto de que el precio fi nal por mhz para nuevos incumbentes se sujetara al precio fi nal resultante de las pujas en los otros bloques. De esa manera, ademЗs de asegurar las mejores condiciones para el Estado, se habrТa asegurado equidad en el proceso. “Pero la decisiЧn de quiОn iba a ganar el segmento de 30 mhz y cuЗnto el monto a pagar de entrada estaba determinada desde antes que empezara la ahora famosa licitaciЧn que en el caso de Televisa-Nextel no tuvo subasta. Ese es el tamaЦo de la simulaciЧn que quieren envolver en el discurso de la competencia, cuando lo que hacen es reforzar el acaparamiento de espectro en manos de Televisa. Es una nueva claudicaciЧn” (El Universal, 24 de agosto). Ese mismo dТa adquiriЧ concreciЧn la campaЦa de mofa y difamaciЧn que se esparce entre los bajos fondos de la prensa para desprestigiar a Corral y con ello fortalecer la posiciЧn de Televisa. El martes 24 la propia empresa asumiЧ el cuestionamiento a Corral, que serТa


enteramente lТcito, en bien del debate democrЗtico, si no estuviera encuadrado en antecedentes y prЗcticas de intimidaciЧn. El tocayo de Corral, Javier Tejado, cerebro jurТdico de Televisa, presentado ahora como director de InformaciЧn, atribuyЧ al diputado intenciones diferentes a las explТcitas, tendientes al provecho propio del legislador. Tejado deforma los hechos con Зnimo burlЧn. Dice que Corral trata de exhibir “el gran complot con el que supuestamente el gobierno federal (emanado de su propio partido) pretende favorecer al consorcio Nextel-Televisa al otorgarle una concesiЧn para darle telefonТa mЧvil. No he escuchado decir a Corral quО arreglo tendrЗ el gobierno federal con la empresa antes seЦalada. SЧlo alcanza a hilar que es un abuso mЗs de los poderes fЗcticos y seЦala que llevarЗ a juicio polТtico al secretario de Comunicaciones Juan Molinar y al presidente de la Cofetel, Mony de Swan, junto con no sО quО tantos funcionarios federales. Incluso, desliza todo tipo de insinuaciones contra el propio presidente de la RepЬblica… “Uno pensarТa que el diputado Corral sabe de lo que habla. Lleva siendo 10 aЦos legislador e incluso dirigiЧ la Conferencia Parlamentaria en Telecomunicaciones. Desafortunadamente no ha producido ninguna legislaciЧn en telecomunicaciones. Pero eso es seguramente imputable tambiОn a los poderes fЗcticos… O quizЗ el diputado Corral estЗ en realidad preocupado por construir una coaliciЧn que le permita contender por la presidencia nacional del PAN, para lo que puede servir juntar al panismo tradicional (resentido histЧricamente con las televisoras) y a una parte del neopanismo que se siente desplazado por el presidente CalderЧn y los suyos. Bajo ese escenario, lo de menos serЗn los consumidores mexicanos y los ingresos que por licitaciЧn reciba la naciЧn. Siempre el benefi cio personal por delante. Lo demЗs puede esperar”. (Reforma, 24 de agosto.) Tejado concluye su mofa insidiosa dЗndose un tiro en el pie. Compara a Corral con el senador Joseph McCarthy, que no era otra cosa que un perseguidor de comunistas y no discutidor de polТticas pЬblicas. Y le recomienda ver una cinta con George Clooney, que los televidentes de los canales abiertos de Televisa no han visto ni verЗn jamЗs, porque estЗ por encima de los estЗndares del monopolio. Por medio de campaЦas como la que estЗ en curso, y de anЗlisis tramposos como el de Tejado, Televisa busca linchar a quien juzga su adversario, para mitigar el daЦo que puede causar la exhibiciЧn de sus provechosos vТnculos con el gobierno. En esa campaЦa se ha traТdo a cuento, una vez mЗs, el garlito tendido por Televisa Chihuahua al diputado, al que judicialmente le exige el pago de un adeudo que no contrajo Corral sino el PAN y que ese partido estЗ dispuesto a cubrir. La embestida de Televisa ha puesto en riesgo el patrimonio familiar del diputado, que en efecto no ha podido llevar adelante ninguna ley de telecomunicaciones porque, sТ, se han opuesto los poderes fЗcticos, pero ha contribuido a impedir que el abuso de la Ley Televisa se consumara plenamente. l

La chatarrización de la política educativa Axel Didriksson La generalización del pensamiento conservador está obstaculizando seriamente las posibilidades de poner en marcha reformas sustanciales e integrales en el sistema educativo nacional. Para muestra, el botón alimentario y las inconsistencias que se están dando respecto del control de la comida chatarra en las escuelas. Al conservadurismo en las iniciativas hay que sumar su ineficacia argumentativa, con lo que sólo se busca esconder los rígidos criterios del mercado y el dominio de las compañías de alimentos y bebidas sobre el bien público. En lugar de que los indicadores de obesidad y malnutrición infantil en el país pudieran ser entendidos como un problema gravísimo de salud pública y de falta de una educación para la salud, de modo que esa comprensión derivara en una reforma educativa que propiciara la organización de aprendizajes signifi cativos tanto para el consumo balanceado de alimentos


como para el pleno desarrollo humano, corporal e intelectual, el tema se ha convertido en un asunto donde la negociación de las políticas escolares con las empresas de alimentos no sólo está dejando fuera a expertos, investigadores, padres de familia, estudiantes, profesores y directivos –quienes debieran ser los principales interlocutores de una reforma sustancial–, sino que se ha decidido implantar las medidas, sin más, “de forma gradual” en un horizonte de tres años, esto es, para cuando los que han tomado la iniciativa “regulatoria” ya no estén en sus cargos. El hecho es que esa iniciativa se ha implantado así, sin el concurso ni la opinión de los más interesados y dejando de lado principios fundamentales –diríamos elementales– que debieran ser debatidos y conocidos. Por ejemplo: nunca se expuso de manera explícita, clara y precisa cómo las acciones regulatorias de la comida chatarra en las escuelas se organizarán como parte del currículum de la educación básica, ni de qué manera se socializarán al interior de los planteles, en las cooperativas escolares, en las tiendas de abarrotes y supermercados, ni cómo llegarán a ser un motivo de educación y cultura para el desarrollo de nuevos hábitos alimentarios en las familias de los alumnos. Tampoco se ha dicho que, para aplicar las tímidas medidas propuestas, por lo menos se tomará en cuenta la gran diversidad y riqueza culinaria que existe en el país (ésta debiera ser una de nuestras fortalezas, digamos pedagógicas, frente a la comida chatarra). Menos aún se ha planteado lo que se hará para enfrentar las enormes desigualdades que se reproducen en el sistema educativo, precisamente, por las iniquidades en el acceso a los alimentos considerados como saludables para el pleno desarrollo de niños y jóvenes, y que adecuadamente consumidos pueden evitar la propagación de altos niveles de diabetes, hipertensión, obesidad y problemas cardiacos en las actuales generaciones. Por supuesto que el problema de salud pública que se tiene enfrente no se reduce a esas enfermedades, sino que tiene que ver, también, con los altos niveles de violencia, bullying, acoso sexual, falta de espacios para la recreación y el deporte, para la convivencia y para el aprendizaje sobre el medio ambiente y la sustentabilidad, todo lo cual debiera formar parte de un currículum referido a la salud integral de los estudiantes. Nada de lo anterior ha sido discutido, pero ya se ha impuesto la regulación de la comida chatarra en las escuelas, y con las prisas de negociar el asunto con las grandes empresas de alimentos y bebidas, tampoco se tocó (ni siquiera se ha mencionado) la regulación de la propaganda televisiva de la comida chatarra, de la violencia chatarra y de la educación chatarra que se transmite a diario y a todas horas, como si esto no importara para los fines que se buscan. Los alimentos chatarra, entonces, siguen en las escuelas, y con ello una política del mismo tipo: superficial, abaratada y sin sustancia. l

Reves al Ejercito en la Corte Interamericana Gloria Leticia Díaz El caso de tortura contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera se volvió a ventilar ante la opinión pública mundial, el jueves 26 y viernes 27 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la capital costarricense las víctimas refrendaron y sustentaron sus acusaciones en tanto que los representantes del Estado mexicano, por sus desatinos, quedaron mal parados ante los jueces. El caso aún no está cerrado: en octubre las partes en litigio se volverán a enfrentar. SAN JOSÉ de Costa Rica.- Sometido una vez más al escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a los abusos cometidos por miembros del Ejército Mexicano, el gobierno de Felipe Calderón se vio en aprietos para defender a esa institución, acusada de torturar a Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). El testimonio de Montiel Flores ha sido consistente: desde hace 11 años sostiene que él y


Cabrera García fueron torturados. Esa versión se incluye en la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009. Montiel Flores viajó de Estados Unidos –donde vive como asilado político– a Costa Rica para exponer que, al igual que su compañero fue detenido el 2 de mayo de 1999 en un operativo militar en la comunidad de Pizotla. Ahí, declaró que ambos fueron torturados y sometidos a tratos crueles e interrogados sobre su presunta pertenencia al EZLN, al EPR y a su agrupación, la OCESP; para ser llevados fi nalmente al XL Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde continuó el maltrato. Montiel afirmó que fue hasta julio de 1999 cuando él y Cabrera pudieron rendir un testimonio “sin presiones” de los militares, es decir, cuando el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) asumió su defensa. Durante la primera parte del proceso judicial, iniciado por la denuncia militar que los acusaba de portación de armas y posesión de semillas de mariguana, Montiel afi rma que fue obligado a firmar documentos que no pudo leer, porque en mayo de 1999 “yo no sabía leer, nomás me inventé una firma (…) y don Teodoro mero no sabe nada”. Fue muy específico al narrar lo ocurrido día a día desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición de un juez, el 7 de mayo de ese año. Recordó especialmente lo ocurrido un día antes en los separos de la policía, cuando un sujeto le fue presentado como médico, por lo que le pidió que atendiera a su compañero, quien sangraba de una herida detrás de la oreja como resultado de los disparos de los militares en Pizotla… “pero nomás le dio una cachetada”. lll Montiel –quien tras cinco años de exilio pudo reencontrarse con su esposa, Ubalda Salgado– declaró ante los jueces de la Corte Interamericana que el primer examen médico se lo realizaron en julio de 2000 Christian Tramsen y Morris Tidball-Binz, de Médicos por los Derechos Humanos-Dinamarca (PHR-D, por sus siglas en inglés). Producto de ese examen, Tramsen y Tidball-Binz determinaron que ambos campesinos presentaban daños que concordaban con la aplicación de tortura; entre ellos: atrofi a testicular por estiramiento de los órganos masculinos e insensibilidad en muslos y tumores subcutáneos por descargas eléctricas. En la audiencia (que tuvo lugar el jueves 26 y el viernes 27 en la capital costarricense) y para apuntalar esta prueba, los representantes de Teodoro y Rodolfo –Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional– presentaron como testigo a Tramsen, quien explicó que las autoridades de la cárcel de Iguala, donde estuvieron encarcelados los ambientalistas, les pusieron trabas para realizar su trabajo. “Nos catearon, me quitaron mi cámara (…) había una atmósfera tensa, teníamos que hablar en voz baja porque no queríamos que nos pidieran que abandonáramos la cárcel”, contó el médico al recordar que sólo se les dieron dos horas para hacer su trabajo y se les asignó un pasillo y un baño utilizado como bodega para revisar a Rodolfo y a Teodoro. En la audiencia, el médico danés sostuvo que era imposible que una persona que no fuera médico describiera sensaciones de dolor acordes con secuelas de maltrato y se dijo sorprendido de que ninguno de los certifi cados médicos expedidos por órganos del Estado cumplieran con los estándares internacionales para dictaminar tortura. Incluso afirmó que en el dictamen que utilizó el gobierno de Vicente Fox para justifi car la liberación de Teodoro y Rodolfo el 8 de noviembre de 2001, había coincidencias en los síntomas descritos en el examen de PHR-D, pero no se mencionaba la palabra “tortura”. El documento utilizado por el gobierno foxista, fechado el 7 de octubre de 2001 –este semanario tiene copia– está firmado por el doctor José Éric Muñiz Torres y tiene el sello de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el caso de Montiel, el dictamen describe, entre otros síntomas: pérdida de audición del oído izquierdo, insensibilidad en el muslo derecho y una infl amación del testículo izquierdo que le causa, “además de dolor intenso, difi cultad para deambular”. En cuanto a Cabrera, Muñiz Torres asentó entre las dolencias del campesino “dolor testicular, que hace necesaria una valoración médica por la especialidad de urología”.


lll En un intento por desvirtuar el testimonio de Tramsen, los representantes del Estado mexicano, encabezados por el director de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Alejandro Negrín, descargaron en los médicos de PHR-D la responsabilidad de no haber contado con el tiempo ni el lugar adecuado para realizar la auscultación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como que no se haya contado con elementos gráfi cos para describir las lesiones. Para insistir en que no hubo tortura, los funcionarios del gobierno calderonista presentaron a la perito en medicina forense Juana Gutiérrez Hernández, quien sostuvo esa versión con base en 15 dictámenes médicos que, según ella, no documentan el delito y que fueron realizados por personal militar y médicos forenses de los fueros común y federal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero así como del médico de la cárcel de Iguala. La forense, quien dijo ser capacitadora nacional del Protocolo de Estambul –método médico y sicológico internacionalmente aceptado para valorar la tortura– secundó la sorpresa de los representantes del Estado de que el dictamen médico de Tramsen y Tidball-Binz no se hubiera realizado bajo esos estándares internacionales, que valoraran el dolor como síntoma de tortura “cuando el dolor no se puede ver”, y que no contaran con el tiempo ni el equipo necesarios para la realización de la exploración física. Las declaraciones de la perito provocaron un fuerte debate en la Corte Interamericana. La representante de la CIDH, Karla Quintana preguntó si a diferencia del dictamen de los médicos daneses, los 15 certifi cados médicos que ella esgrimía se apegaban al Protocolo de Estambul. Gutiérrez Hernández aseguró que todos esos documentos sólo certifi caban “integridad física” y que no estaban dirigidos a comprobar tortura, porque esos estudios especializados se hacen a petición del Ministerio Público, lo que no ocurrió. La legista –quien afirma haber participado en 111 casos de denuncias de tortura, de los cuáles sólo logró acreditar uno– sostuvo que el único certifi cado médico que se elaboró con la finalidad de determinar si se cometió ese delito en agravio de Montiel y Cabrera fue hecho por personal militar como parte de la investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, y que determinó que no lo hubo. La abogada del Prodh, Stephanie Brewer preguntó a la doctora por el examen del doctor Muñiz Torres, que coincide con lo expuesto por Tramsen y Tidball-Binz y que no se incluyó en el análisis que ella entregó a la Corte Interamericana. Nerviosa, Gutiérrez Hernández reconoció el documento y dijo que en éste se “habla de padecimientos crónico-degenerativos por la edad y hongos”, en el caso de Cabrera. –¿La atrofia testicular se debe a la edad? –cuestionó la abogada. –Es que (Teodoro) tenía incrementados sus niveles de colesterol –adujo la perito del Estado mexicano, respuesta que provocó risa y manifestaciones de desaprobación entre personas que asistieron a la audiencia. La especialista trató de explicar el asunto del colesterol y su efecto en la atrofi a testicular de Teodoro Cabrera, pero no pudo recuperar su credibilidad entre la audiencia. Además, Gutiérrez Hernández padeció los duros cuestionamientos de los jueces Eduardo Vio Grossi, Alberto Pérez Pérez y Margaret May Macaulay, por su afi rmación de que el dolor no se puede certificar “porque no se ve”. Pérez Pérez puso en duda su calidad moral para criticar el profesionalismo de los doctores Tramsen y Tidball cuando ella “de más de 100 denuncias de tortura sólo ha certifi cado una. ¿Le parece suficiente experiencia esa?”, apuntó el juez. Macaulay fue más allá y le preguntó a la médico qué hubiera hecho ella de estar en condiciones similares a las de los doctores Tramsen y Tidball, que “no eran bienvenidos” en México ni en la cárcel. Titubeante, Gutiérrez Hernández se limitó a decir que “hubiera pedido la oficina del director (del penal) para tener más privacidad”. En la última parte de la audiencia, Pérez Pérez fue implacable con los representantes del Estado mexicano, que en su exposición fi nal hicieron una muy breve mención de la perito sólo para insistir en que los militares no violaron los derechos humanos de los campesinos. Pérez empezó su interrogatorio preguntando por la autoridad que había puesto en libertad a


Montiel y Cabrera, a lo que Alejandro Negrín admitió que había sido el Poder Ejecutivo como parte de una política de preliberaciones de personas que sufren problemas de salud. Como ejemplo, dijo, en 2005 se liberó a 142 personas y al año siguiente 108. “El asunto no se refiere a estadística sino a casos concretos de estas personas”, dijo Pérez Pérez, y pasó a referirse al examen médico que motivó la excarcelación anticipada, que “no es compatible con ninguno de los 15 certifi cados en los que se dice que no habría problemas” y que coincide con las conclusiones de Tramsen y Tidball. El presidente de la Corte pidió a las partes que explicaran las coincidencias entre ambos dictámenes médicos en sus escritos fi nales, que tendrán que ser entregados a más tardar el 5 de octubre. Por su parte, Negrín pidió a los jueces del máximo tribunal interamericano declararse incompetentes frente a este caso, por considerar que “la responsabilidad penal de delito en flagrancia plenamente acreditada no es materia de análisis de la Corte”, que “no guarda relación alguna con la justicia militar en México, la valoración por la presunta comisión de tortura fue realizada por tribunales independientes e imparciales del Poder Judicial, subsanando cualquier violación que pudiera implicar a una autoridad ministerial militar, y porque se garantizó el debido proceso legal”. Durante la rendición de su testimonio, Montiel, ganador del Premio Goldman de Ecología, pidió a los jueces que “ordenen” a México una investigación exhaustiva de la denuncia que interpusieron por tortura en tribunales civiles, “que sean sancionados no sólo los militares, sino los magistrados, jueces y ministerios públicos corruptos que se prestaron a hacer esa violación”. Además demandó garantías de seguridad para regresar a México, así como que se otorgue a los campesinos ecologistas y a sus familias atención médica y sicológica. Exigió también “que la Corte ordene que los militares salgan de las regiones rurales y de las calles, que se vayan a sus cuarteles porque en los pueblos los militares se alían con los caciques y pueden matar, violar y forzar, y todo queda en orden según ellos”.

Galería Inédita de un pueblo en armas Rodrigo Vera Fotografías inéditas de situaciones, personajes y acontecimientos de la Revolución Mexicana acaban de salir a la luz en el libro La primera gran revolución del siglo XX. México, 19101921, publicado por Proceso bajo la coordinación del historiador Guillermo Tovar de Teresa, que hace acompañar la selección gráfi ca con un texto suyo que tiene como sustento la tesis de que el movimiento armado que dio inicio en 1910 no fue sólo de caudillos y héroes conocidos, sino, sobre todo, de la gente del pueblo que creyó que era posible transformar el destino del país con la carabina al hombro. Un siglo después, los herederos de aquella generación –y de algún modo es la tesis del libro– saben que aquel maravilloso esfuerzo se frustró. Bajo el criterio de que fue el pueblo el gran protagonista de la Revolución Mexicana, Proceso acaba de publicar La primera gran revolución del siglo XX. México, 1910-1921, libro coordinado por el historiador Guillermo Tovar de Teresa y que recopila una gran colección de impactantes fotografías –la mayoría inéditas- de ese trascendental acontecimiento que se gestó hace justamente un siglo. El libro gira en torno de un texto del propio historiador cuyo título sirve de sumario del volumen: Un imaginario de la Revolución Mexicana. La mayor parte de las fotografías –seleccionadas por el historiador y otros especialistas– pertenece al archivo fotográfi co de este semanario. En ellas se muestran imágenes que dan testimonio de hechos ocurridos de 1900 a 1921; desde la represión del régimen porfi rista contra los yaquis y los huelguistas de Cananea, hasta “el júbilo y la esperanza” que en todo


el país desató la revolución triunfante de Obregón y Calles. Explica Tovar de Teresa: “Nuestro criterio básico fue colocar al pueblo como el gran protagonista de la Revolución Mexicana, mostrar a la gente que decidió tomar las armas y jugarse la vida, pues no fue solamente una lucha de caudillos y de personajes que se disputaban el poder. “Hemos heredado la idea de que la Revolución tiene que ver con monumentos, con iconos y personajes como Villa y Zapata. Ahora, lo que queremos es demostrar que la Revolución no fue un mito, sino una realidad producto de un movimiento social reivindicador, algo que se venía soslayando. “No olvidemos que en ese tiempo el pueblo estaba politizado, ya que lo habían nutrido las recientes experiencias de las guerras de Reforma, la intervención francesa y el imperio. La gente estaba muy motivada, tenía la conciencia sufi ciente para emprender una revolución. Ese entusiasmo cívico se refleja en las fotografías.” –¿Qué consideraciones tomaron para seleccionar el material gráfi co del libro? –Incorporar no sólo la foto más rara, sino también la más emblemática, la que mejor nos permitiera hacer una lectura visual del libro y, por supuesto, comprender mejor a la Revolución desterrando al mito. Tovar de Teresa ha sido cronista de la Ciudad de México, miembro fundador del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, becario de la Fundación Guggenheim y colaborador en diversas publicaciones, incluido Proceso. Es autor de libros como México barroco, Pintura y escultura del Renacimiento en México, Repertorio de artistas mexicanos, y La ciudad de México y la utopía en el siglo XVI, entre otros. Entrevistado en su estudio de la colonia Roma, Tovar de Teresa indica que en la realización de este nuevo libro lo apoyaron los historiadores Manuel Guerra de Luna, especialista en el tema de la Revolución, y Miguel Ángel Berumen, perito en fotografía documental de ese periodo. Los tres historiadores –dice– se dieron a la tarea de analizar las mil fotografías de la Revolución que el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, les entregó para integrar el volumen, luego de que el semanario las compró al coleccionista Roberto Donís. “En su mayoría eran anónimas o firmadas por fotógrafos desconocidos y, en conjunto, formaban una impresionante galería de los movimientos sociales y armados durante las primeras décadas del siglo XX”, explica Rodríguez Castañeda en la presentación del libro. Y añade: “No eran producto del ojo artista de los grandes fotógrafos nacionales y extranjeros que retrataron a la Revolución Mexicana y a sus protagonistas. Eran tomas primitivas, con frecuencia hechas con cámaras improvisadas, de quienes tuvieron la oportunidad de captar instantáneas en el lugar y en el momento exactos. “¿Qué hacer con aquel altero de postales con escenas inéditas, amarillentas muchas, otras desgastadas, apenas perceptibles, rasgadas o rotas algunas, coleccionadas a lo largo de muchos años por Roberto Donís, fallecido, por cierto, poco tiempo después de haber puesto en manos de Proceso su trabajo? La idea era obvia, en vísperas del centenario de la Revolución Mexicana: elaborar un libro con ángulos diversos, puntos de vista desconocidos, imágenes más allá de las historias gráfi cas convencionales que abundan y que, sin duda, circularán aún más en este año de celebraciones.” Tovar de Teresa cuenta que, al empezar a trabajar, se dio cuenta de que el libro podía mejorarse incorporando algunas fotografías inéditas de otros archivos, principalmente de la Fototeca Nacional del INAH. Y así se hizo. “Nos llevó meses realizar la selección. Tuvimos que desechar una cantidad increíble de fotografías. Finalmente, como el título lo indica, el libro muestra en imágenes cómo fue la primera gran revolución del siglo XX, pues la nuestra se adelantó a la revolución soviética y a la Primera Guerra Mundial. De manera que el libro cobra interés no sólo para los mexicanos. Trasciende además al actual momento conmemorativo de la Revolución Mexicana.” –Con tantas fotografías publicadas sobre el tema, ¿cómo saber si éstas son realmente inéditas? –Aquí ya entra el conocimiento de la bibliografía y la hemerografía en la materia. Miguel Ángel Berumen y Manuel Guerra las conocen muy bien, lo mismo que yo. Tengo prácticamente todos los libros publicados sobre la Revolución Mexicana y he consultado


muchísimo periódico. Aunque aclaro que en el libro se incluyeron algunas fotos, muy pocas, ya publicadas anteriormente. Digamos que la mayoría, un 90%, son fotos inéditas. –¿Quiénes captaron esas imágenes? –Podemos decir que fueron tres tipos de fotógrafos: el fotógrafo espontáneo y popular que, con su camarita, sólo quería demostrar que fue testigo del hecho; el fotoperiodista que ofrece al gran público una imagen de mejor calidad con la que además intenta informar; y, finalmente, el artista de estudio, como Hugo Brehme, cuya intención ya era construir imágenes épicas de los caudillos y hacer toda una representación escenográfi ca del momento captado. Entre varias imágenes tomadas por anónimos fotógrafos afi cionados, en el libro aparecen de pronto fotografías con el crédito de Brehme, Manuel Ramos, Samuel Tinoco, Emile Ain, H.J. Gutiérrez, Miguel Casasola y el estadunidense Walter Horne, quien llegó a vender decenas de miles de postales en su país gracias a que supo explotar el morbo que allá causaban las escenas de colgados y acribillados de la Revolución. El gran genio de la prensa amarillista de Estados Unidos, William Randolph Hearst – inmortalizado por Orson Welles en el fi lme El ciudadano Kane–, estuvo muy al tanto de los sangrientos acontecimientos y proyectó la fi gura de Francisco Villa como el arquetipo del guerrillero revolucionario mexicano. Comenta Tovar de Teresa: “Randolph Hearst le construyó la imagen a Villa y terminó convirtiéndolo hasta en un héroe cinematográfico, se dedicó a hacerle una publicidad tremenda. El revolucionario se hizo tan famoso que llegaba a retrasar una batalla con tal de que camarógrafos y fotógrafos le hicieran mejores tomas. Los soviéticos le tenían un gran respeto a Villa, al grado de que Stalin lo convirtió en su héroe. Stalin y su gabinete solían ver juntos la película hollywoodense ¡Viva Villa! El mexicano era para ellos el símbolo del revolucionario.” En una de las fotos inéditas de Villa publicadas en el libro, éste aparece aún sin la pose de guerrillero legendario. Observa a la cámara sin ninguna pretensión. Lleva unos zapatos desgastados y despeinada la cabellera. Su vestimenta llena de arrugas es como la de cualquier paisano. Está de pie frente a una desnuda barda de adobe, con los ojos entrecerrados. Las fotografías del libro La primera gran revolución del siglo XX se organizaron temáticamente en cuatro apartados: “Porfi riato”, “Las primeras rebeliones”, “Maderismo” y “La guerra civil”. En el primero, choca el fuerte contraste entre las damas de sociedad con sus cargados ropajes y la muchedumbre harapienta de las calles; aparece el fasto de la conmemoración porfirista del centenario de la Independencia, en la que se ve participando a la anciana Guadalupe Hidalgo Aboites, nieta del cura Hidalgo; o un solemne Porfi rio Díaz observando, desde el palco presidencial, elegantes escaramuzas de la caballería militar... En “Las primeras rebeliones” se incluyeron las fotografías inéditas de la huelga de Cananea y de las milicias estadunidenses que llegaron a reprimirla; hay también una secuencia de imágenes en la que aparece un grupo de indígenas yaquis amarrados, y que, en fi la, son conducidos a la muerte, para terminar ahorcados en los árboles. El apartado del “Maderismo” muestra el tumulto y la euforia popular provocada por Madero; a éste se le ve arengando a la multitud desde una azotea de Ciudad Juárez; luego vienen imágenes del Palacio Nacional acordonado por tropas huertistas, en el momento en que ahí se tenía preso a Madero; se muestran también nuevas fotografías de los bombardeos en la calle de Bucareli… el principio y el fi n del maderismo. Y por último, en el capítulo de “La guerra civil”, el libro presenta novedosas escenas bélicas: los generales Villa y Felipe Ángeles revisando con catalejos las posiciones enemigas; una joven soldadera con sus cananas al pecho adornadas con ramos de fl ores; los ferrocarriles cargados de tropa –“hombres-tren”– atravesando el mapa de la Revolución; o la euforia triunfal de brazos agitando banderas durante el obregonismo. En su texto, Tovar de Teresa advierte: “Una imagen no es más que la representación de un objeto ausente. Un ʻimaginarioʼ no es otra cosa que la colección de representaciones de una época, de un suceso, de un momento, constituidas, a veces, en una ʻhistoria únicaʼ… En una época mediática, el riesgo de una


ʻhistoria oficialʼ y única es evidente. Los medios la compran y la venden: es una mercancía, banalizada, publicitaria y con diversos usos políticos.” Y analiza el paso del Porfiriato a la irrupción armada y sus líderes: “El espíritu nacional sentía que heredaba un disfraz que no le quedaba bien, que no le correspondía a su modo de ser. Un disfraz, heredado del liberalismo, hecho para asistir a una kermesse, donde los mejores juegos estaban ya ocupados de antemano por gente trepadora que inventó ser dueña de los privilegios y los espacios selectos. Ir a la revolución era la oportunidad para sacudirse de ese tedio y esa infausta situación de rehén de la condición social asignada por el poder y el orden. Ir a la revolución fue la oportunidad que tuvieron algunos mexicanos hasta entonces inéditos: un empresario norteño con propósitos modernizadores entendidos bajo la lógica del ministro porfi rista Limantour, precursor del neoliberalismo de finales del siglo XX (Madero); un campesino legitimista de la posesión de la tierra, buen jinete, que se vuelve un símbolo internacional de las revoluciones del siglo XX (Emiliano Zapata); un cuatrero, inteligente y sentimental, quien se transfi gura en un emblema del cambio (Francisco Villa); un político porfi rista portador del liberalismo decimonónico, para transformarse en el creador de un nuevo orden constitucional (Carranza); un maestro de provincia (Calles), quien se convierte en estadista, y un agricultor en estratega militar y caudillo (Obregón), por mencionar a unos cuantos.” El historiador repara con desencanto en la situación actual: “Ahora, un siglo después, la violencia regresa con otra cara. Ya no fundada en un cambio reivindicador, sino en un reclamo feroz contra la desigualdad. Los nuevos enemigos del Estado mexicano ya no son los ʻgeneralesʼ surgidos de las circunstancias más diversas para derrocar a Porfirio Díaz, sino los infractores de la ley que se proponen atacar un orden sostenido en la desigualdad.” Señala que la Revolución fue “un hecho donde hubo millones de muertos, y no siempre de aquellos miembros de las clases privilegiadas, sino del pueblo que creyó en el cambio. Aquel cambio que les ofrecería posibilidades para su bienestar, para el de sus hijos y descendientes. Pero, ¿lo hubo?”. Y pone tan sólo de “ejemplo” a “un lugar como Ciudad Juárez”, que jugó un papel determinante en la Revolución Mexicana: “Un siglo después, en plena conmemoración, ¿qué es Ciudad Juárez para México? ¿Un respetable sitio cívico para el país o el paraíso del crimen organizado? ¿Triunfó la llamada Revolución Mexicana?” En la presentación del volumen, Rodríguez Castañeda lo califi ca como “un libro rudo, llano, honesto, al que sólo se le puede hacer, si es el caso, un reproche. No da espacio a la esperanza. Tal como ocurre en el México de hoy”. Durante la entrevista, Tovar de Teresa recalca que se trata de un libro sobre el “imaginario” de la Revolución, basado en una colección gráfi ca, como debe haber muchas otras por ahí perdidas. –¿Ya hay una especialidad que investigue archivos fotográfi cos de un suceso? –se le pregunta. –Eso es muy difícil porque es enfrentarte al azar. Es una locura seguirles la pista a esos archivos, porque su propia naturaleza es circunstancial; pueden estar en un sótano o tirados en la basura, puede tenerlos ya el INAH o el archivo Casasola. Pero, eso sí, debe haber en todo el país fotografías tan excepcionales como las que presentamos en el libro.


Controversia por la librería Elena Garro en Coyoacán Judith Amador Tello Las autoridades del Conaculta se empeñan en levantar una librería (y centro cultural que llevaría el nombre de Elena Garro) en una zona en que, para algunos críticos, no es necesaria. Los vecinos se oponen, pues el impacto ambiental, sobre todo por los autos, ocasionaría aún más caos vial. La pintora Rina Lazo y el cronista Luis Everaert se adhieren a ellos por esas razones, pero están a favor del nuevo recinto. Al tomar posesión de su cargo en marzo de 2009, la actual presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Consuelo Sáizar, anunció la creación del Centro Cultural Elena Garro (CCEG) en el corazón del histórico Coyoacán, y aunque a la fecha no se ha movido una piedra para iniciar el proyecto ya despierta controversia. La justificación oficial para esta obra es el fomento a la lectura, que se viene impulsando desde el mandato de Ernesto Zedillo, aunque a la fecha no se logre revertir el índice de falta de lectura para alcanzar los 12 libros por persona al año, según las expectativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El índice en México es de 2.9 al año. El nuevo espacio se realizará adecuando una casona en la calle de Fernández Leal 43, en el barrio de la Concepción, en el Centro de Coyoacán, catalogada como patrimonio artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Estará dedicado a los estudios de género y contará entre sus espacios con “una gran librería” de mil metros cuadrados de la red Educal. Tendrá también áreas para “diversos facilities” –así dice el proyecto presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP)– tales como auditorio de usos múltiples con isóptica, que podrá funcionar también para proyecciones de cine y presentaciones teatrales (250 metros cuadrados), y una escuela de libreros (180 metros cuadrados). No faltará un restaurante “del tipo queso, pan y vino” (200 metros cuadrados). Al propósito general de impulsar el fomento a la lectura, este centro suma el de dar “cumplimiento de la Ley General de Fomento a la Lectura”, que entró en vigor en abril pasado. Pero también se destacan sus objetivos comerciales: “Mejorar la posición financiera de la entidad, al incrementar los ingresos propios de la misma, con la puesta en marcha de un proyecto ʻanclaʼ que además sirva como referencia del posicionamiento de la marca Educal, y con lo anterior, coadyuvar al logro de los objetivos sustantivos enfocados a la promoción de la lectura, la cultura y las artes.” Educal es una empresa paraestatal constituida legalmente el 29 de enero de 1982. Fue en 1987 cuando comenzó a funcionar como distribuidora y comercializadora de las ediciones de la SEP, y en 1988, con la creación del Conaculta, su función se extendió a otras instituciones del país. Proceso solicitó desde principios de julio una entrevista con su director Héctor Chávez Castillo, a través de Comunicación Social del Conaculta. No hubo respuesta. En el documento del proyecto, obtenido por intermediación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se habla de otras razones más vinculadas a la venta que a la lectura de libros: Entre ellas que Coyoacán “ha demostrado a lo largo de más de 20 años, ser la zona para librerías más exitosa de toda la república debido a los altos niveles de educación de sus residentes y albergar a gran cantidad de los artistas e intelectuales de México”. Los ingresos anuales de las dos principales librerías de la cadena Gandhi –se dice– rebasan los 120 millones de pesos al año, y se agrega que la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica (FCE) “es el punto de venta por metro cuadrado más rentable” de esta editorial, pues sus ventas alcanzan 30 millones de pesos anuales. La tentación de construir obras de relumbrón fue el sello distintivo del gobierno foxista con la Biblioteca Vasconcelos, conocida como “megabiblioteca”, que disparó su presupuesto inicial –de mil 180 millones originales rebasó los 2 mil millones de pesos (Proceso, 1586)–. Toda proporción guardada, el proyecto del CCEG nació con un presupuesto de 30 millones y ahora se estima que requerirá de 121 millones 880 mil pesos.


Se invirtieron ya 20 para la compra del inmueble y el pago de los impuestos; un millón 880 mil más en los honorarios del proyecto arquitectónico realizado por Fernanda Canales y Saidee Springall. Para la ejecución de la obra se destinarán 70 millones, 2 millones 960 mil 100 pesos para la supervisión de la misma, y una vez terminada, 20 millones en los inventarios y 7 millones 39 mil 900 pesos en mobiliario y equipo. Pero el proyecto ya alcanzó la polémica. Quizá sorprenda que la creación de un centro cultural sea cuestionable, pero el CCEG ha confrontado a los vecinos, no sólo de la Concepción, sino del Centro de Coyoacán. Quienes rechazan la construcción lo manifi estan con mantas a lo largo de la calle de Fernández Leal y en el inmueble que albergará al centro, y otros están a favor del centro que ocupará una hermosa casona con espacio jardinado a su alrededor. El principal obstáculo: que el diseño arquitectónico prevé llevar hasta la acera una construcción de cristal, para lo cual tendría que derribarse la barda exterior, modifi cando el estilo uniforme que caracteriza a la calle de Fernández Leal. Improcedente Según el proyecto o Estudio de costo-benefi cio simplificado, Coyoacán cuenta con 59 librerías, 21 museos, 24 teatros, 15 centros culturales, 7 galerías, 20 bibliotecas, y 15 universidades. ¿Por qué no una librería o un espacio cultural más? Es el periodista Eduardo Cruz Vázquez, autor del libro Economía cultural para emprendedores, perspectivas, recién editado por las universidades autónomas de Nuevo León y Metropolitana, y fundador en el seno de esta última del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, quien responde –vía correo electrónico– que el proyecto “a la luz del Estudio de costo-benefi cio simplificado”, elaborado por la SEP y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en octubre de 2008, resulta inocuo e improcedente”: “Una de las funciones sustantivas de la paraestatal se enfoca a cubrir nichos donde inversionistas privados no pueden, no quieren o no los dejan operar. Educal cuenta con 91 unidades económicas, 27 de ellas en la capital. En la delegación Coyoacán, según el estudio, operan 59 librerías, varias de ellas del FCE. Ello establece un contrasentido al impulsar un nuevo establecimiento que generará competencia desleal (propia de una intervención de la Comisión Federal de Competencia –CFC–) a los particulares y al mismo Fondo. Además, según el estudio, la perspectiva a ¡20 años! es tomarse el 13.31% del mercado de la demarcación gracias a una inversión de 122 millones (que seguramente ya son más).” Cruz Vázquez no puede desligar el asunto de la librería con un contexto general, en el cual Sáizar llega al cuarto informe gubernamental sin haber presentado un programa de trabajo donde defina sus metas, y ha habido falta de transparencia: “Sabemos de los escándalos que emparentan su gestión con las de Sergio Vela y Sari Bermúdez: el irresuelto caso de la Biblioteca Vasconcelos, las obras del Palacio de Bellas Artes, la estela de dudas sobre la labor de Arturo Saucedo, los constantes cambios de directivos (entre ellos este funcionario gordillista que no pudo ser Secretario Ejecutivo), el desorden en la relación con numerosas asociaciones civiles que impidió fi ncar las ayudas que requerían, la asignación directa por casi 37 millones de pesos a la empresa Índigo Films de Isabelle Tardán, cercana a Sabina Berman, amigas pues, para la producción de la serie Discutamos México.” Y sigue con “la cancelación del Museo del Cine, la falta de fi rmeza para las relaciones con las secciones sindicales, el desaseo para hacer realidad la Ley del Libro, el haber recibido una condecoración del gobierno de Colombia sin previa autorización del Congreso que, dicho sea de paso, se hace de la vista gorda, la ausencia de miras para eliminar el clientelismo del Fonca, el irresuelto problema de la educación artística entre el INBA y el Cenart”. A decir de Cruz Vázquez las autoridades han sido omisas y, en el caso de la librería, el estudio que la justifica lo es también. No brinda un diagnóstico del impacto ambiental, uso de suelo, implicaciones del desarrollo urbano, y no aclara que la zona, habitada por sectores de medianos y altos ingresos, “no demanda ni requiere de un nuevo equipamiento cultural”. Se ha dicho, sobre todo cuando las obras se realizan e inauguran con premura, que los


tiempos políticos se imponen a los que el país requiere. El arquitecto Teodoro González de León, responsable de adecuar el antiguo cine Bella Época para el Centro Cultural del mismo nombre y la Librería Rosario Castellanos del FCE, expresó su inconformidad por tener que inaugurar antes de lo previsto. Luego hubo una granizada y el plafón se desplomó. Ahora recuerda Cruz Vázquez que la obra del CCEG se anunció sin contar con las autorizaciones requeridas, “lo cual señala el acelere del megalómano”. Y considera como la prueba más evidente de su inviabilidad que estén iniciadas las obras cuando su apertura estaba prevista para el próximo mes de diciembre. Propone una revisión para precisar las funciones del FCE, Educal, la Impresora y Encuadernadora Progreso, la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, y los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA) que hacen ediciones. “Educal debe privilegiar su función original: estar en los lugares donde sólo con subsidio se puede alentar el mercado librero y de fomento a la lectura; ser un facilitador de la distribución de todo tipo de títulos, sean grandes corporativos, editoras universitarias o de las docenas de editoriales pequeñas y medianas que son las que más requieren de que el Estado les apoye para ofertar sus productos en la República, en un equilibrio en su disposición en cada tienda.” Y para el Conaculta sugiere: “De la mano de la Secretaría de Economía, de Nafi nsa, ProMéxico y otras entidades, debería alentar a los inversionistas a jugar la aventura de poner librerías donde la sociedad más las requiere y de la mano de una fuerte campaña de fomento a la lectura. Jugar un papel activo en la economía cultural generadora de empleos es una responsabilidad tan importante como mantener el acceso al libro mediante la intervención estatal.” Sí, pero… El ingeniero Luis Everaert, habitante de Coyoacán desde su nacimiento hace 87 años y cronista decano de la demarcación, y la pintora Rina Lazo, también residente y presidenta de la Asociación Pro Conservación y Defensa del Barrio de la Conchita, ofrecen a Proceso sus puntos de vista vía telefónica. No se trata –aclaran– de ir en contra de un proyecto cultural, sino de buscar que se desarrolle en las mejores condiciones posibles y su apertura no complique el desorden provocado por el comercio ambulante, el tránsito vehicular, y asimismo el fl ujo de personas que asisten a las distintas escuelas, al famoso Hospital de la Ceguera, a la Delegación Coyoacán y a los espacios culturales. El mencionado estudio calcula que el CCEG será visitado diariamente por entre 700 y 900 personas, nacionales y extranjeras. Tiene prevista la construcción de un estacionamiento subterráneo de 350 metros cuadrados para 20 autos y “adicionalmente se contará con servicio de valet parking para al menos 50 automóviles más en un estacionamiento ubicado a 200 metros del inmueble”. Everaert habla de la ya conflictiva situación del Centro de Coyoacán, una demarcación muy concurrida: Diariamente acuden a realizar trámites a las ofi cinas de la delegación, en la llamada Casa de Cortés, cinco mil personas. Las calles de Felipe Carrillo Puerto y Fernández Leal son las única vías para ingresar de norte a sur al Jardín Hidalgo y viceversa, y en la práctica sólo cuentan con un carril y transitan por ahí microbuses de servicio público y vehículos pesados, lo cual hace más lento el tráfi co. Añade los bares y restaurantes que tampoco cuentan con servicio de estacionamiento, y espacios como el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) “al cual acude mucha gente, especialmente los fi nes de semana porque hay actividades para todas las edades y exposiciones de muy buena calidad”, y la Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué bueno, dice, que haya un proyecto como el de la librería, pero “qué malo que no tenga resueltos estos problemas tan irritantes para el usuario que no necesariamente va ahí a comprar un libro, pues habrá afl uencia de mucho público, y paga los pecados de malas administraciones que bloquearon la circulación de Coyoacán quitándole lo perimetral a la dos


plazas centrales, facilitando el establecimiento de ambulantes, cuidacoches y toda clase de tamborileros”. Recuerda además que en Coyoacán existe ya una librería de Educal, a la cual se le hizo una remodelación “muy modernizadora”, justamente en el MNCP, ubicado en avenida Hidalgo, a unos 500 metros de la que ahora se piensa crear. Se muestra escéptico ante el futuro centro pues recuerda proyectos donde incluso se invirtió por parte de la misma delegación Coyoacán, entonces a cargo de María Rojo, en edifi cios para trasladar las oficinas o para solucionar el problema del comercio ambulante. Menciona en el primer caso un edificio llamado El Parián, en avenida Hidalgo y la calle de Vicente García Torres, y el otro en donde fue el Centro Benemérito Benito Juárez: “Dos ejemplos que costaron una fortuna y no llevaron a nada, fue también por la falta de comunicación, de consulta y de no ver las cosas a corto y largo plazo.” En cambio le parece muy bien utilizada la antigua Casa de Alvarado, donde pasó sus últimos momentos Octavio Paz, convertida ahora en Fonoteca Nacional, donde la mayoría de sus usuarios, “casi todos estudiantes”, llegan a pie, y pese a que el sonido es su materia de trabajo, “es de lo más silenciosa”. Defensa de la cultura Según se anunció oficialmente al darse a conocer el proyecto, la pintora Rina Lazo formará parte del Consejo Consultivo del CCEG junto con las conocidas artistas e intelectuales Sabina Berman, Carmen Boullosa, Coral Bracho, Fabienne Bradu, Mercedes de la Garza, Denise Dresser, Carla Faesler, Julieta Fierro, Margit Frenk, Margo Glantz, Susana Harp, Graciela Iturbide, Marta Lamas, Paulina Lavista, Nubia Macías, Lucía Melgar, Irma Palacios, Elena Poniatowska, Cristina Rivera Garza y María Rojo, entre otras mujeres. La pintora, discípula de Diego Rivera, no se opone al centro cultural, pero sí está por la defensa del patrimonio arquitectónico, por lo cual pide que se respete la barda original de la casona, la cual sería derruida para hacer desde la fachada original hasta el fi nal del terreno, pegado a la banqueta, una especie de caja de cristal, a fi n de aumentar la superficie del CCEG. Relata la artista visual que se enteró de la propuesta por haber sido invitada junto con otras 25 mujeres intelectuales y artistas “representativas realmente de la cultura de la Ciudad de México”. En principio le pareció bien pues el edifi cio original se restauraría y está bien conservado. Consideró además que “una librería nunca daña a un barrio”. Ahora pide que la cafetería funcione a las horas de la librería y el auditorio sea pequeño –para presentaciones de libros–, si no complicará el problema del estacionamiento. Y es que coincide con lo expuesto por Everaert respecto al caos vial. A decir suyo el muro de vidrio no va con la arquitectura ni con el entorno del resto de la calle y del barrio. Enumera varios inmuebles de valor como la propia iglesia de la Conchita, la Casa de La Malinche –donde ella habita– y el Convento de los Camilos. Destaca que el barrio de la Conchita es el más antiguo del Distrito Federal. Dice que justo en la zona se aposentaron los conquistadores mientras se libraban las batallas de Tenochtitlan y Tlatelolco, y luego comenzaron ahí la fundación de su ciudad: “Se llama Barrio de la Concepción porque Hernán Cortés era devoto de la Virgen de la Concepción, entonces este barrio debería de respetarse mucho más.” La iglesia de la Conchita –que ahora está apuntalada– forma un eje con la de San Juan Bautista ubicada en el Centro de Coyoacán, a través de la calle de La Higuera, que lamenta ha sido también muy afectada por el tránsito pesado. Lazo aclara que el Conaculta dio a conocer el proyecto al grupo de 25 mujeres, pero que ni este organismo ni la delegación tuvieron alguna reunión con los vecinos que ella representa para darles a conocer el proyecto con todos sus detalles e impactos. A la asociación que preside se ha unido el Patronato de Amigos del Centro Histórico, encabezado por Carmen Aguilar Zinser. Hay siete asociaciones civiles en la demarcación. Y cuenta que ha sido por la movilización de los vecinos que algunos espacios han podido preservarse, como una parte de Los Viveros, donde querían instalarse unas ofi cinas. Rescató, añade, un espacio donde se proyectaban unos departamentos frente al parque de


la Conchita y el Convento de los Camilos: “Nos lo entregó la delegación como área verde. Personalmente hice la lucha y entonces solicité que se llamara Frida Kahlo y es hoy el Parque Frida Kahlo, que hemos estado defendiendo porque dos veces han tratado de hacer ahí un teatro.” –Se ha llegado a decir que usted se opone a la cultura. –Les puedo decir que no me puedo oponer a la cultura porque toda mi vida he sido pintora, si me opusiera a la cultura sería un contrasentido. Quienes dicen eso quieren abrir cantinas, ese ha sido el pleito. “Han habido muchos antros que hemos logrado evitar, y hemos evitado que un parque, un área verde, se convierta en un teatro. Eso sí, yo lo he encabezado y me da mucho gusto haberlo ganado dos veces ya, porque hay muchos predios que la delegación puede convertir en teatros, muchísimos, y no tomar los parques porque es ilegal, por eso hemos ganado, nosotros nos basamos siempre en las leyes.” Y enfatiza finalmente: “Quiero decir que no estoy en contra de que se construya ese centro cultural, si así fuera lo hubiese dicho desde el primer día cuando nos presentaron el proyecto, pero sí creo que sería muy conveniente que no llegara el edifi cio de vidrio hasta la calle y que dejaran aunque sea una pequeña área verde, para que armonice mejor con el entorno.”

Sobre los inéditos de Sor Juana Señor director: Los comentarios a la entrevista (aparecida en la edición 1764) del reportero Rodrigo Vera con el señor Alejandro Soriano Vallés, donde éste da a conocer documentos inéditos de sor Juana Inés de la Cruz, no son exclusivamente de mi autoría. Son compartidos por un grupo de amigos que ayer, como casi todos los miércoles, nos juntamos a platicar sobre temas de común interés. Sor Juana ha sido, a lo largo de seis años, uno de nuestros temas preferidos. Aunque su obra es inmensa e inabarcable, hemos gustosamente leído parte de ella. Y algo nos hemos enterado de su vida, sobre la que abundan más las dudas que las certezas por los autores que la han abordado. Todos ellos –a través de su particular prisma ideológico y en el mejor de los casos, apoyados sobre documentos en los que fundamentan sus opiniones– han construido su versión de la vida de Sor Juana: su cronología, sus motivaciones, el contexto cultural en el que vivió, sus preferencias, peligros que afrontó, vicisitudes y decisiones que tomó, su muerte. Uno de los temas que más polémica ha causado es el de su confl ictiva relación con la Iglesia, sobre todo a partir de la sorpresiva, y sin su consentimiento, publicación de su crítica al Sermón del mandato del afamado jesuita Antonio Vieyra por parte del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Éste renombró la Crisis de un sermón de Sor Juana como Carta atenagórica y la acompañó de una carta admonitoria a ella dirigida, que fi rmó, travestido, como sor Filotea. Sor Juana, como sabemos, le contesta al obispo en su famosa Respuesta a sor Filotea de la Cruz. Allí defiende su vocación por las letras y, a la par que nos cuenta su vida, nos informa de su pasión por saber, por escribir, por leer; discurre lúcida y apasionadamente en pro de los derechos de la mujer a educarse, a escribir y a argumentar, aun en contra de cualquier autoridad, con la sola fuerza de la razón. Esta defensa no es conocida sino hasta 1700, nueve años después, cuando es publicada en España en el tercer volumen de sus obras, el llamado Fama y obras póstumas. Ya para entonces, todo se ha consumado. El entrevistado, Alejandro Soriano Vallés, después de decir que “en la Carta a sor Filotea de la Cruz, escrita por el obispo, éste le dice a Sor Juana que siempre la ha querido y que al paso de los años no se ha entibiado su cariño hacia ella”, a pregunta expresa del entrevistador de si la Carta es también una dura reprimenda a la monja, contesta: “–Bueno, en ella el obispo le dice textualmente que no se ocupe tanto de las ʻnoticias rateras


de la tierraʼ, refiriéndose claramente a la poesía. Le pide que ocupe su entendimiento en la teología, pues acababa de demostrar estar versada en la materia.” Luego se refiere al hallazgo de una carta, hecho por el historiador Jesús Peña en la biblioteca Palafoxiana –a la que bautiza con el nombre de Carta de Puebla– en la que el obispo de Puebla le contesta a Sor Juana su Respuesta. Aclara que está plenamente comprobada su autenticidad y que, junto con otros documentos, la publicará el próximo octubre con el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, doncella del verbo, bajo el sello de editorial Garabatos. A continuación, el entrevistador, Rodrigo Vera, nos explica que “Soriano asegura que estos testimonios echan por tierra la falsa versión de que hubo una conjura eclesiástica contra Sor Juana. Tesis que han sostenido –dice– Octavio Paz con sus Trampas de la fe; Fernando Benítez en Los demonios en el convento y especialistas como Antonio Alatorre, Elías Trabulse y el italiano Darío Puccini, entre otros”. Sobre el contenido de la Carta de Puebla, Soriano dice que el obispo le pide a Sor Juana que “le dé mayor énfasis al estudio de la teología mística, materia en la que ya demostró tener grandes dotes”, o en palabras del obispo: “Para curar el accidente que ocasionó el estudio, le aconsejo que estudie prácticamente dos horas al día mística teología”. Habrá que esperar la mentada publicación para poder emitir una opinión seria sobre esta Carta de Puebla y demás documentos, pero, desde ya, se vislumbra que el consejo de estudiar más teología es idéntico al de la Carta de sor Filotea de la Cruz. Cabe preguntarse si Sor Juana no quería ruidos con la Inquisición y después del “accidente” por meterse a escribir sobre asuntos teológicos, a petición del mismo obispo, ¿atenderá tal consejo de más de lo mismo? Y si antes, por inmiscuirse en teología, coto de varones, le costó el desprenderse de su biblioteca y aparatos científi cos, el juicio privado que le enderezó el Arzobispado, las auditorías a sus bienes y a su contabilidad, la petición de que se abstenga de leer y escribir, la abjuración de sus errores fi rmada con sangre “Yo, la peor”, ¿a qué autoinmolación la está empujando el obispo pidiéndole más de lo mismo? Pareciera que con la mención de este contenido de la Carta de Puebla, el especialista Alejandro Soriano Vallés apoyara la tesis de la conjura, misma que asegura que la dicha Carta echa por tierra. Termino transcribiendo la cita de Paz que aparece en la entrevista, página 64 de la revista: ”De pronto, todo se quiebra y unos prelados intransigentes la cercan, la acusan y le piden que no escriba sino de asuntos religiosos. ¿Por qué?”. Américo Larralde.

Puntualizaciones sobre la Sala Siqueiros Señor director: El pasado domingo 15 de agosto de 2010, en su columna Arte, la periodista Blanca González Rosas, bajo el título de “SAPS: el derrumbe de una fachada”, enuncia una serie de argumentaciones plagadas de errores, en contra de la remodelación que la Sala de Arte Público Siqueiros, bajo mi dirección, inauguró el pasado 27 de julio del presente año. La escritora afirma que he destruido la personalidad de la casa del reconocido muralista mexicano sin tomar en cuenta que el propio David Alfaro Siqueiros –en vida– convirtió el inmueble ubicado en Tres Picos número 29 de la Colonia Polanco, en Sala de Arte Público. González Rosas cita en relación a la apertura del espacio hacia su exterior que, después de substituir su fachada original por un muro de vidrio… la SAPS se deshizo de su identidad de casa habitación. Ignora la periodista que la fachada original del recinto en cuestión poseía grandes puertas metálicas y corredizas, abiertas al exterior y en forma de estacionamiento (adjunto fotografía). El gesto arquitectónico o intervención al espacio de la Sala de Arte


Público Siqueiros, realizado por el despacho Arquitectura 911 (José Castillo + Saidee Springall) en colaboración con Héctor Esrawe; simplemente retoma el principio modernista de la construcción original (recuperando su herencia estructural) en pos de abrir el espacio hacia el exterior, idea que parte de la concepción pública tan subrayada por Siqueiros en su obra plástica y en su discurso intelectual. Cabe aclarar que ninguna estructura original del espacio ha sido modificada, mucho menos destruida. Cómodamente, González Rosas etiqueta el proceso anterior como un “derrumbe” y se desentiende del análisis de la propuesta artística y espacial que este proyecto ha contemplado; demerita incluso el valor que para la historia del arte poseen los estudios que Siqueiros legó a este museo. Por cierto, bien valdría la pena corregir que la señora González empaqueta bajo el término “boceto” al Mural para una Escuela del Estado de México (19711973), desconociendo que es probablemente junto a Maternidad (1971-1973) –también parte del patrimonio de esta SAPS–, una de las propuestas que le permite al muralista continuar explorando el problema de la espacialidad y el desplazamiento. En otras palabras, se trata de un artículo rápido y descuidado que obvia el proceso de restauración al que fue sometida la totalidad de la capa muralística que resguarda esta institución; que obvia el Pasillo de las Escenografías e, irresponsablemente, deja de señalar el proceso de digitalización al que ha sido sometido el archivo documental de David Alfaro Siqueiros, sin importar el papel que el concepto de “documento” jugó en la obra del artista. Mi papel de directora de la Sala de Arte Público Siqueiros así como de funcionaria pública, y no únicamente de “curadora cubana”, como señala González, me obliga además a preguntarme si acaso la periodista me ha despojado de la nacionalidad que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos me otorgó en el año 2002. Necesitamos debate de ideas, análisis artísticos y de nuestra política cultural, pero basados en una postura constructiva que proponga estructura, ideas y no acuse irresponsablemente a funcionarios públicos profesionales de incumplir sus responsabilidades (carta resumida). Atentamente, Taiyana Pimentel Paradoa

Respuesta de Blanca González Rosas Señor director: Interesada en descalificar sin aportar datos sustanciales sobre sus vínculos con el mercado artístico y la remodelación del inmueble, la señora Pimentel presenta una redacción confusa y agresiva que se delata como una “cortina de humo”. Al margen de que la formación profesional básica de la señora Pimentel se desarrolló en Cuba y, por lo mismo, puede considerarse como una curadora cubana, me parece que lo más relevante de su carta es lo que omite: los aspectos esenciales que sustentan la remodelación y administración de la Sala de Arte Público Siquieros (SAPS); la fuente concreta en la que David Alfaro Siqueiros propone tirar la fachada de la que fue su casa habitación; la teoría de restauración arquitectónica que sustenta el proyecto de remodelación de la SAPS; los argumentos que tuvo el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) para aprobar la propuesta del despacho Arquitectura 911; el procedimiento administrativo bajo el cual se asignó el proyecto de remodelación de la sala y su ejecución –licitación, adjudicación directa, invitación a tres proveedores, otros–; el desglose del costo del proyecto; el listado de las instancias que financiaron tanto el proyecto como la ejecución de la obra; los benefi cios que tiene el INBA al permitir que Pimentel apoye al mercado artístico; y los criterios profesionales que sustentan la contratación de Pimentel como directora de la SAPS. Este último punto es de especial relevancia, ya que, al haberse formado la señora Pimentel en Cuba –y por eso ser una curadora cubana–, debe demostrar en México sus conocimientos sobre la obra y pensamiento de Siqueiros. Con respecto a los bocetos, le recomiendo a la señora Pimentel que revise la descripción del legado de Siqueiros que se publicó en 2001, cuando la actual directora del museo Carrillo


Gil, Itala Schmelz, asumió la dirección de la SAPS: “cuatro bocetos para murales y trazos en salas: Maternidad (1971-1973), Proyecto para mural en escuela del Estado de México (19711973), Escenografías (1969) y diversos trazos de composición espacial (1969)”. (Periódico Reforma, 31 de octubre, 2001). Debido a las omisiones, la carta de la señora Pimentel confi rma el deterioro profesional que existe en el INBA bajo la gestión de Teresa Vicencio. Atentamente: Blanca González Rosas

La cancelación del Sistema Nacional de Creadores Blanca González Rosas El próximo 24 de septiembre se cierra la nueva convocatoria para obtener las codiciadas becas de Creador Artístico. A sólo dos meses de haberse publicado los resultados de la emisión 2009, Consuelo Sáizar, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consiente y controla a los artistas con una reestructuración que delata la necesidad de cancelar el Sistema Nacional de Creadores. Instituidas en 1993 por el presidente priista Carlos Salinas de Gortari como una estrategia para desactivar y cooptar la polarización política de intelectuales y artistas, las becas de Creadores Artísticos y Eméritos del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA), dependientes del Fonca que dirige Martha Cantú, se han convertido en un lastre social, artístico y financiero. Arbitrarias, antidemocráticas y generadoras de una cultura de desigualdad social que convierte a los intelectuales y artistas en ciudadanos más valiosos que otros trabajadores, las becas han paliado las críticas a su impertinencia a través de cambios ineficientes en su operatividad. Otorgadas anualmente a un promedio de 76 autores mayores de 35 años, durante periodos trienales, con un estímulo económico mensual de 15 salarios mínimos –26 mil pesos, aproximadamente–, y con la posibilidad de obtenerse ilimitadamente dejando pasar un año entre cada periodo, las becas se transformaron en número, estructura y periodicidad. A partir de la emisión 2010, además de una categorización por edades que deriva en diferentes montos económicos, se otorgarán 200 becas anuales que podrán mantenerse de “manera indefinida”. Decisión esta última cuestionable, ya que no sólo convierte las becas en un sistema de pensiones, sino que también impacta en los servicios y recursos fi nancieros de la institución: dentro de tres años existirán anualmente 600 becarios que, si se mantienen indefi nidamente, no permitirán el ingreso de nuevas postulaciones. Otro aspecto inapropiado de la reestructuración es la implementación de un programa de Retribución Social que, si bien es obligatorio, carece de indicadores precisos y cuantifi cables en las modalidades de retribución: se menciona que pueden impartirse talleres de 32 horas, pero no se especifica si son mensuales, anuales o trienales; se da la opción de asesorar proyectos o participar en actividades de difusión, pero no se menciona ni el número ni la manera de evaluarlas. Y por último, la división por edades y su relación con los estímulos mensuales: los artistas de 35 a 50 años recibirán siete salarios mínimos –12 mil pesos aproximadamente–, los de 51 a 65 percibirán 10 salarios –17 mil pesos aproximadamente– y los mayores de 66 serán beneficiados con 15 salarios –aproximadamente 26 mil pesos–. Una decisión que demuestra la indefinición de las becas como política de estímulo para la creación, ya que la edad no determina el costo de la producción.


Maridajes arbóreos Samuel Máynez Champion La casa Bein & Fushi de Chicago ha puesto en venta el violín más caro de la historia: 18 millones de dólares. Fue construido por Giuseppe Guarneri (1688-1744) de Cremona, también conocido como Guarnerius del Gesú por la impresión que hizo del monograma IHS (Iesus, Homini Salvator) en las etiquetas que guardan al interior sus instrumentos. De su autoría existen sólo 146 ejemplares. A este violín de 1741 se le denomina ex Vieuxtemps. Ante el desconcierto de la noticia, conviene aclarar que al instrumento en cuestión se le ha considerado desde mediados del siglo XIX como el violín con las propiedades acústicas más notables jamás obtenidas, es decir, logra conjuntar una paleta tonal de inusitada amplitud con una proyección sonora que amalgama potencia y sutileza en grado sumo; sin embargo, existen otros instrumentos a los que ni siquiera puede adjudicárseles un valor comercial, cualquier cifra sería aproximativa. Dos de ellos, por ejemplo, son el Guarnerius del Gesú de 1742, apodado Il Cannone (El cañón), que Niccoló Paganini (1782-1840) dejó en heredad al ayuntamiento de Genova; y el Stradivarius The Messiah que reposa en el museo Ashmolean de Oxford, y que se exhibe tal como salió de las manos de Antonio Stradivari (1644-1737) en 1716 pues no ha sido tocado nunca. Con respecto a la valía y unicidad de estos instrumentos, viene a cuento la hipotética encrucijada que se presenta cuando en un incendio hubiera de dilucidarse qué habría de rescatarse primero, si a la obra de arte o al niño, y que el celebrado Yehudi Menuhin (19161999) parafraseó declarando que él no habría dudado en salvar primero a su Guarnerius de las llamas, después a sus Stradivarius y, al fi nal, lo que quedara vivo. (Hijos y Stradivarius tuvo varios, pero Guarnerius uno solo.) Es de anotar que aquello que pasa inadvertido, asimismo, de importancia capital en la resultante sonora, es la baqueta que pone en vibración a los violines, o a los instrumentos de cuerda en general. Su intervención va más allá de friccionar las cuerdas, con ella el músico activa su hemisferio masculino (no en balde se usa como falo estilizado) para interactuar con su lado femenino (expresado a través de la mano izquierda que acaricia y manipula un objeto de formas mujeriles). En una analogía extrema, podemos decir que el gran instrumentista es aquel que logra que su arco posea y penetre las cuerdas haciendo que el instrumento gima y cante de éxtasis. Podrá resultar inverosímil, pero el valor comercial de estos trozos de madera es también estratosférico. Digamos, para entrar en materia, que un arco de autor famoso como podría ser uno de François Tourte (1747-1835) se cotiza por encima de los 200 mil dólares. Soslayemos el comentario obligado acerca de la insania que implica esa desmedida valoración para hablar de su génesis. Es una historia digna de contarse. Se esculpió el cedro y se escarbó la haya, se lijó el abedul y se barnizó el roble, sin embargo el sonido perfecto que imitara a la voz humana, no se conseguía. Muchas tentativas se unieron en cuanto a medidas y proporciones, pero tampoco brotaban las sonoridades que le dieran azogue a las almas y retozo a los cuerpos. Declinó el Medioevo para que el hombre pusiera la mirada en sí mismo y ahí, casi por azar, apareció la forma. Enamorados de la perfección de su especie, los adeptos a la selección de maderas cayeron en la cuenta de que debían encontrar alguna que reaccionara como ellos a los elementos. La experimentación concluyó cuando los lauderos se extasiaron con la pasiva resistencia del abeto y la recia docilidad del arce. Ya para entonces habían agotado las variedades arbóreas existentes en Europa y Medio Oriente. El pino abeto soportaba presión sin sufrir rajaduras, por ende era apto para las tapas armónicas. El arce se reveló ideal para los costados, el fondo y el mango. No faltó la búsqueda entre resinas y aceites para producir un barniz que resguardara de inclemencias y magnificara la emisión. Incluso Sangre de dragón trájose de China para elaborar el barniz que convirtiera en joya las pulidas superfi cies. Se multiplicaron faenas para localizar aquella madera más pesada que el agua que fuera capaz de soportar la deformación ejercida por dedos ágiles. Todas resentían la usura, hasta que se pensó en el continente negro. En las costas de Gabón se halló el ansiado milagro


vegetal. Con el ébano se tallaron diapasones y cordales. Para los paladines cremoneses, el objeto conseguido era insuperable y dieron por bueno su trabajo. No tenían mayores pretensiones para los arcos; les bastaba una simple vara provista con algún tipo de cerda que jalara las cuerdas. Algún insatisfecho esgrimió dudas sugiriendo ulteriores experimentaciones. Los violines tenían que acoplarse con una pareja que supiera hurgar en sus profundidades para emitir su verdadera voz. Crines de yegua se desecharon por las insinuaciones de un viajero que trajo consigo la crinera blanca de un caballo de Mongolia. No hubo dudas sobre el hallazgo; el sonido se redondeaba y adquiría mayor robustez, no obstante las baquetas eran aún muy rudimentarias para alcanzar los matices, y la veloz articulación que la nueva música estaba pidiendo a gritos. En la punta se malograba el tono y la polifonía se antojaba imposible. La curvatura original de los arcos de caza tenía que evolucionar hacía una impensable forma cóncava que facilitaría el manejo. Agotada la inventiva de los italianos, hizo su ingreso el refi namiento auditivo de los maestros archetieres franceses para adjudicarse la invención defi nitiva del arco moderno. Llegaban a París grandes cantidades de una madera rojiza de procedencia ultraoceánica con la que se obtenían tintes para telas. Una tromba intuitiva obligó al maestro Tourte a pedir una muestra de ese leño extraño para analizar su comportamiento. La madera sobrepasó sus expectativas. Aguantaba el fuego para plegarse y respondía a los impulsos del brazo humano como una prolongación divina. “Eureka”, se dijo el archetier sin darle mayor crédito a la procedencia del maderamen. Una vez más, el Nuevo Mundo entraba al concierto universal de la música sin que le fuera plenamente reconocido. La madera rojiza nace en la región de Pernambuco en Brasil y actualmente está en riesgo de extinción. Sin ella, los esponsales perfectos entre los violines y sus insustituibles consortes serían amasiatos que se difuminan en sonidos mediocres. l PD. Dado el valor del Guarnerius puesto en venta en Chicago, podemos sugerir que el Grupo Carso que comanda el señor Carlos Slim lo adquiera para poderle pintar violines al pueblo mexicano con conocimiento de causa…

Cri-Cri en el teatro Julio Castillo Mauricio Rábago Palafox En el Cerro del Chapulín, en el corazón de la Ciudad de México, es donde ha estado cantando, brincando y bailando el más famoso chapulín mexicano: Cri-Cri, El Grillito Cantor, al conjuro de los muchachos de la Compañía Nacional de Danza (CND), y el cuantioso público que acude a contemplarlo y se deleita extasiado. Al compositor veracruzano Francisco Gabilondo Soler (1907-1990) se le conoce más por el nombre de su inolvidable personaje Cri-Cri, El Grillito Cantor. A los inicios de la radio en los años treinta, Gabilondo Soler tenía un programa dirigido al público infantil, donde él mismo contaba cuentos, cantaba y tocaba el piano. Cri-Cri era el personaje central de sus relatos, y cosa rara, que yo recuerde, no aparece en las canciones. Cuando los directivos de la XEW estaban a punto de cancelar esa emisión descubrieron que llegaban cientos de cartas de apoyo a él y se dieron cuenta de su enorme popularidad. Ese programa duró décadas al aire y encabezó la lista de preferencias del público. Las canciones de Cri-Cri, de una factura sobresaliente, pronto se hicieron famosas en México y Sudamérica. La Compañía Nacional de Danza (CND) ideó hace tres años, seguramente con motivo del centenario del natalicio de Cri-Cri, este lúdico montaje escénico, dirigido originalmente a los niños. Pero no tardaron en descubrir que el espectáculo fascina por igual a tres generaciones del público, quienes incluso corean algunas canciones y las acompañan con palmas. El éxito de esta propuesta se debe, sin duda, a la música de Cri-Cri y a la gracia de los integrantes de la CND, así como a la atinada coreografía de José Luis González; y a pesar


de la errática iluminación, lo extraño e infuncional del vestuario y lo ridículo de los solistas masculinos que cantan en la grabación de audio. ¿Para qué grabar de nuevo los temas de Cri-Cri si ya existen unas versiones de lujo con el propio autor? O con Flavio, Plácido Domingo o Eugenia León, entre otras. Era de esperarse que usaran esas en vez de las de Eugenio Toussaint, que son impecables salvo por los mencionados cantantes que creyeron estar interpretando ópera. Y no es que canten mal, todo lo contrario, pero se salieron absolutamente del estilo. En cambio, las voces femeninas y el ensamble coral, muy bien, así como el pianista y los músicos atrilistas. Si no se van a mejorar las grabaciones de referencia, ¿para qué se hacen y utilizan éstas que movieron a risa e indignación a más de una persona del público? En el fondo, este espectáculo es un homenaje a Cri-Cri, y qué mejor que escuchar varias de las canciones, o todas, en la voz del propio Gabilondo. El vestuario o la falta de éste la mayoría de las veces resultó “moderno fallido”; la iluminación con errores y sombras; la escenografía paupérrima: sólo dos trasnochadas escaleras, de boga en los cincuenta, como gradas de coro, que se movían y daban acomodo a los bailarines. El baile impresionante, impecable. Notable la mímica y pantomima de los integrantes de esta compañía, así como su habilidad técnica de primer nivel. A lo largo de hora y media, y sin intermedios, se disfrutan los 21 temas de Cri-Cri. Participan 80 bailarines en 16 diferentes cuadros. Todavía este fi n de semana habrá presentaciones en el teatro Julio Castillo del Centro Cultural de El Bosque. l

Teatro Penitenciario: Jorge Correa Estela Leñero Franco Jorge Correa ha sido un hombre de teatro dedicado a impulsar y desarrollar el teatro en las cárceles trabajando con los internos. El teatro es visto por él como una forma de liberación y autoconocimiento, donde el interno puede cuestionar su situación, cambiar juicios y actitudes, y escaparse por unas horas del encierro. El 31 de agosto se le brindará un homenaje organizado por el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, por sus 30 años de hacer teatro en las cárceles. Jorge Correa Fuentes estudió en el CADAC y en la Escuela Teatral del INBA, donde conoció a Juan Pablo de Tavira. Años después éste se convierte en el director de Reclusorios y lo invita a realizar el proyecto de Teatro Penitenciario con el objetivo de trabajar con presos para su rehabilitación y desarrollar una actividad terapéutica y cultural. En su primer taller, en 1978, trabajó con Gilberto Flores Alavés, encarcelado por el homicidio de sus abuelos, tema con el cual Vicente Leñero construyó su novela Asesinato. En esa ocasión participaron 16 internos e internas de los reclusorios Oriente y Tepepan. La obra autobiográfi ca de Flores Alavés, con alusiones a Jean Rostand y Oscar Wilde, tuvo gran resonancia al ser cubierta por noticiarios como el de Jacobo Zabludosky y Ricardo Rocha. El proyecto de Teatro Penitenciario, apadrinado por Juan Pablo de Tavira y Jorge Correa, proliferó en los ochenta y parte de los noventa. El INBA, por ejemplo, llevó a cabo talleres literarios y de teatro en el Reclusorio de Tepepan, donde estuvieron Josefi na Estrada, María Morett, Claudia Ríos y María Muro, entre muchas otras. Dentro de la Coordinación de Teatro, encabezada por Mario Espinosa, se organizaron durante varios años concursos de dramaturgia a nivel nacional para los cuales los reclusos escribieron infi nidad de obras de teatro. Después, las iniciativas empezaron a escasear, y si queríamos hacer teatro en cárceles, era sin presupuesto y paga alguna. El teatro en las prisiones se fue muriendo, dejando un hueco inmenso a nivel social y cultural. Ahora hay proyectos aislados y signifi cativos, como el de Itari Marta y Luis Sierra, quinenes llevaron a escena Cabaret pánico con los reos de Santa Marta Acatitla, hicieron una gira interreclusorios y tienen otros proyectos con ellos. Pero Jorge Correa no se detiene. Él sigue impartiendo talleres y montando obras en diferentes reclusorios del país. Un día está en Durango, otro en Tlaxcala, o se va a trabajar


con los presos de las Islas Marías. En una temporada monta La balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde, el monólogo de Antonio Herrera Bandera negra, o algo de teatro de carpa como Los merolicos. A lo largo de estos años, ha ideado el Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva, que esperamos pronto sea publicado, con el que imparte sus talleres. Incorpora distintas metodologías, principalmente las de Stanislavsky y Grotowsky, y trata de involucrar de manera emotiva al interno: realiza trabajos de sensibilización biomecánica, manejo de energía y desarrollo humano. Como dice Correa, “si ya los desechó la sociedad, por qué los tengo que segregar yo”. l

Infierno y Bicentenario Javier Betancourt El mes de las fiestas patrias, septiembre, se inaugura con el estreno de El infi erno, la cinta de Luis Estrada que merecerá una nota aparte. Por lo pronto, la expectativa del público mexicano es muy alta, mucho por el tema del narcotráfi co, otro tanto por el coqueteo con la censura con que juegan las dos versiones del póster, como por los antecedentes del director debido al escándalo que provocó el boicot de La ley de Herodes en el último año del gobierno del presidente Zedillo. Con El infierno, Luis Estrada completa una trilogía sobre México, el de la corrupción y el tráfico de influencias en la política del PRI con La ley de Herodes (1999), las desigualdades sociales con Un mundo maravilloso (2006), y ahora toca el turno a la llamada ʻguerra del narcotráficoʼ, el tema más incómodo del presente gobierno y que mantiene en vilo a todos los mexicanos por igual, ricos o pobres. Con motivo del Bicentenario, se estrena también una serie de películas sobre el tema de la guerra de Independencia, Hidalgo, la historia jamás contada, de Antonio Serrano, por mencionar sólo un título donde resuena el libro de texto. Pese a la actitud mercantilista, las cadenas de salas cinematográfi cas del país tendrán suficiente material de exhibición de cine mexicano entre septiembre y noviembre; he aquí una buena oportunidad para que el público confirme de cerca la tendencia del cine nacional en su conjunto. En medio del bombardeo mediático de los festejos orquestados principalmente por Televisa, el espectador tendrá a la mano otro punto de vista sobre la historia y la situación actual de la nación. Lo que habrá que ver, ya sin concesiones, es hasta qué punto este cine mexicano ofrece una postura crítica auténtica sin recurrir al reciclaje de los modelos acartonados del gobierno de Echeverría y su sucesor. Mucho color, balas y mentadas de madre. El asunto es serio porque se juega la credibilidad del público una vez pasada la exaltación patriótica. “Crisis, desempleo y violencia”, los temas de donde parte El infi erno de Estrada, resumen la experiencia cotidiana del ciudadano medio y hacen inverosímil cualquier intento de celebración. Ahora casi cualquier refl exión sobre las condiciones sociales y políticas del país parte de la nota roja. Pero esto no debe pasar por alto el compromiso de conmemorar el Bicentenario; como distinguió el coloquio celebrado en Montpellier, Francia –que debería difundirse más y que Raphaël Moran reporteó para Proceso (No. 1742)–, dadas las condiciones actuales (resumo), festejo se opone a conmemoración. Una cosa es borrachera y otra memoria (agrego). El trabajo de Luis Estrada tiene una vocación icónica, el éxito de La ley de Herodes no sólo provino del escándalo con la censura, como opinan algunos, sino de la capacidad para retratar, dramáticamente, los estereotipos que produjo el PRI en 70 años de gobierno. ¿Será, como apunta la doctora Sofía Anaya en el mencionado coloquio, que los narcotrafi cantes representan a los caciques de antaño que tenían sumidos en la miseria a los campesinos? Entonces, con tanta sangre y crímenes, El infi erno es algo más que tremendismo y nota roja. l


México, ¿a discusión? Alma Rosa Alva de la Selva Discutir es, en la escueta definición de la Real Academia Española, examinar atenta y particularmente una materia por dos o más personas… A dicha tarea se ha propuesto dedicarse la serie Discutamos México, producida por la SEP y el Conacaulta, que con las celebraciones del Bicentenario como telón de fondo se presenta a sí misma como “un diálogo crítico con más de 500 expertos en la historia y la cultura de nuestro país”. Estrenada en enero para concluir hacia fi nales de 2010 y compuesta por 150 programas que se transmiten por radio, televisión e internet, el diseño de la serie, que busca recorrer la historia de nuestro país, se remonta a la época prehispánica para luego transitar a la época virreinal. La Independencia, el Porfi riato y la Revolución han sido temas relevantes para Discutamos México, propuesta organizada alrededor de 23 temas en los cuales, además de analizar las problemáticas del país en sucesivos periodos históricos, se incluyen tópicos de indudable importancia hoy como la educación, la problemática de la juventud o los derechos humanos, entre otros. Así planteada, en lo general, la serie se percibe estimulante y saludable. Sin embargo, revisada a detalle y puesta en pantalla, la propuesta temática genera dudas sobre su pertinencia; primero, a partir de la signifi cativa vaguedad de algunos de los asuntos a abordar (por ejemplo, el programa México en un caleidoscopio, a transmitirse próximamente y que es precedido por la emisión titulada llanamente Actualidad); o bien por la ubicación de ciertos temas en rubros donde se diluye su importancia. Tal fue el caso de los programas sobre medios de comunicación (donde se abordó la situación de prensa, radio y televisión), recién proyectados e incluidos en el excesivamente genérico rubro titulado “Discusión pública”, donde prácticamente cabe todo un repertorio de asuntos. A pesar de que en los momentos actuales se ha hecho aún más evidente que la problemática de los medios constituye una de las más importantes cuestiones nacionales, compartió la ubicación temática con “La fi esta brava en la historia de México” y “Los nuevos sonidos del rock”. Cabe hacer notar también que signifi cativamente, a pesar de su ineludible imbricación con los medios, no se incluyó el tema de las telecomunicaciones –quizá por el espinoso asunto de la “Licitación 21”–. Pero difuminar la configuración del tema de los medios como uno de los grandes problemas del país y sus implicaciones para la transformación de México, no es lo único que puede reclamarse a la serie. A menos que en los programas por venir se aborde con la apertura, pluralismo y visión crítica necesarias, aquélla corre el riesgo de dejar como el gran ausente al México de hoy, ése de la supremacía de los poderes fácticos, del desempleo y de las cifras sangrientas. ¿Se discutirá también ese México en la televisión? l Inconformidad del arquitecto Artís Con motivo de los arreglos a la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl en este año, la placa metálica colocada el día de su inauguración en diciembre de 1976 fue cambiada por otra en la que se omite mi nombre, Arcadio Artís. La placa original decía “LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA ESTUVO FUNDAMENTALMENTE AL CUIDADO DE LOS UNIVERSITARIOS ARCADIO ARTIS, FRANCISCO DE PABLO, ORSO NÚÑEZ, ROBERTO RUIZ”, la actual dice “ESTA SALA SE CONSTRUYÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINGUIDOS UNIVERSITARIOS FRANCISCO DE PABLO GALAN, ORSO NÚÑEZ RUIZ VELASCO, ROBERTO RUIZ VILA. DICIEMBRE 1976”. Considero que es una acción reprobable y falta de ética, que viniendo de Orso Núñez no me sorprende, hace más de 30 años que se adjudica la autoría de los proyectos que yo hice. Muy lamentable es la complicidad de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM, que participa de una clara inmoralidad alterando un documento, pensando que con


una acción fraudulenta se puede cambiar la historia. Para avalar la participación de los involucrados, adjunto una fotografía de la placa que se tenía, la que hoy se tiene, y el pie de los planos del proyecto arquitectónico que se realizaron para la construcción de la sala. También se ha alterado la acústica de la sala, perdiendo defi nición el sonido, al pintar los grandes muros que envuelven el coro y palcos laterales, que tenían una pátina de percloruro de hierro que no alteraba la propiedad refl ejante de la superficie. Arcadio Artís Espriu

Estrada defenderá “El infierno” con todo Columba Vértiz de la Fuente Comenzó ya en internet el debate sobre esta película que retrata el mundo del narcotráfi co en México, con la que Luis Estrada cierra su trilogía (La ley de Herodes y Un mundo maravilloso). El caso es que ya van 70 mil visitas a la red a poco más de una semana para su estreno en 300 salas. Configurada con un elenco actoral de primera (Damián Alcázar, Kristyan Ferrer, Joaquín Cosío, Daniel Giménez Cacho, Ernesto Gómez Cruz, Salvador Sánchez...), la cinta es una dura crítica al poder. El infierno, la nueva película de Luis Estrada, ya inició la polémica. Su tráiler en You Tube ha desatado discusión y una gran expectativa por ser un retrato del México actual. Los temas de la historia, escrita por Jaime Sampietro y el mismo Estrada, han llamado mucho la atención: violencia, crimen organizado, drogas, crisis económica, autoritarismo, poder, corrupción, hasta Felipe Calderón en el marco del 15 de septiembre de 2010 (Proceso 1739). De acuerdo con Estrada, hay un fenómeno interesante en internet con el tráiler de El infi erno (a estrenarse el próximo 3 de septiembre a nivel nacional con 300 copias) que no tenía precedentes en México: “Van más de 70 mil visitas, por lo que ha sido muy interesante. Hay cientos de comentarios en You Tube y en Facebook, donde se ve claramente que son tópicos muy polémicos porque este país está muy dividido, está polarizado. “La nación está dividida como en el siglo XIX: liberales y conservadores, comunistas y capitalistas, blancos y negros, y es horrible que para el debate intelectual siempre partamos de la base de que el que no comparte mis ideas es mi enemigo. Me parece monstruoso.” El infierno forma parte de la trilogía que Estrada comenzó con La Ley de Herodes y Un mundo maravilloso (las tres protagonizadas por Damián Alcázar), y contiene el eslogan “México 2010, nada que celebrar”. También actúan Mario Almada, Elizabeth Cervantes, Joaquín Cosío, Kristyan Ferrer, Dagoberto Gama, Daniel Giménez Cacho, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Salvador Sánchez y Jorge Zárate, entre otros. Estrada cuenta que el largometraje de 145 minutos ha tenido una campaña que ha empezado a generar discusión: “Ya ha habido cosas que me llaman la atención, pero hemos buscado corregirlas, como que de pronto no han estado colgando los carteles en muchos cines, el tráiler no lo estaban pasando, pero todavía no hay nada que a mí me diga que hay mano negra. Lo anterior es un problema del cine nacional de todos los días, que no cuelguen los carteles, programen mal la película, cancelen funciones, que den boletos de otra cinta al pedir para una función de una mexicana. Además, ahora la comunidad del cine en general, sobre todo del sector de producción, está llegando a un nivel de hartazgo respecto de los confl ictos de la exhibición. “Yo defenderé El infierno hasta donde me den las fuerzas para evitar ser víctima de lo que es víctima todos los días el cine mexicano.” –Usted enfrentó en 1999 la censura con La ley de Herodes (Proceso 1203), ¿teme que El infierno pueda ser censurado en la exhibición?


–Espero que no, porque tampoco estoy manco, si logro detectar que hay mano negra, sí me voy a encargar de denunciarlo. Estrada es, asimismo, el productor de la cinta, a través de Bandidos Films, con la participación del Conaculta, Imcine, Foprocine, Estudios Churubusco y Videocine a través del artículo 226 del Impuesto Sobre la Renta, el gobierno de la Ciudad de México y su Comisión Bi100. Hace un llamado a los exhibidores, al igual que la senadora perredista y actriz María Rojo, para que dejen en la cartelera todo septiembre las cintas que se rodaron para el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Por su parte, Cinépolis ya anunció que las mantendrá por dos semanas, aunque no se vendan boletos, pero no todo el mes. Alcázar como narco El actor Damián Alcázar ahora da vida en El infi erno a Benjamín García, El Benny, personaje que se involucra en el negocio del narco porque no le queda de otra. –¿Cómo fue para usted protagonizar a un narcotrafi cante? –Aunque es un personaje de comedia, traté, en acuerdo con el director, de mostrar lo terrible que es para un ser humano buscar, de una u otra forma la manera de salir de la hambruna y la pobreza. Y sabe que es penado por la ley, pero no tiene otra salida que volverse narcotraficante. Protagonista también en los dos anteriores fi lmes de Estrada, La ley de Herodes y Un mundo maravilloso (Proceso 1739), platica a este semanario que El infi erno aporta varios aspectos actuales: “Primero, muestra la opinión de la mayoría de los ciudadanos respecto de las causas que ha generado esta ola de violencia en nuestro país. Segundo, muestra que unas cuantas personas lo tienen todo y no les interesa la pobreza de los demás. Tercero, que en el campo mexicano existen millones de jóvenes sin empleo, sin dinero y sin tierras para laborar. “Cuarto, que muchas autoridades están coludidas con las ganancias que deja el negocio del narco. Quinto, que los gringos son los principales proveedores de armas para los grupos criminales y sus principales clientes en la compra de la droga. Sexto, que la mayoría de la gente metida en el negocio del narco se ha enrolado en esa vida no porque sean malas personas, sino porque no han encontrado, ni encontrarán, salida a la pobreza que han vivido por generaciones, en fin…” –¿Cree que la película incomode al gobierno federal? –Si tiene un poco de vergüenza, seguro que lo va a incomodar, pero el cinismo es la más brillante de las características del político mexicano en funciones, aunque, espero, habrá excepciones. –¿Incomodará a la Iglesia? –La Iglesia mexicana se caracteriza por ser de lo más conservadora. Siempre está del lado del Poder y no de la conciencia y la inteligencia de los ciudadanos. Gracias a Dios también hay excepciones. –En la película, ¿Estrada perdonó al Ejército Mexicano? –No se castiga a nadie ni se perdona a nadie. El infi erno muestra una vorágine de violencia, en la cual todos los estratos sociales tienen vela en el entierro, excepto el ciudadano sencillo, el ciudadano común, que es sólo una víctima. –El director, ¿no exageró en las escenas de violencia? –La violencia jamás es exagerada. ¿Te puedes imaginar lo que un hombre siente antes de ser ejecutado, pensando en sus hijos o en su familia, o lo que una madre siente al ver que su niño es baleado en un retén... o lo que las madres de los niños de la guardería en Hermosillo sintieron cuando la Suprema Corte de Justicia dictaminó que ningún funcionario mayor fue responsable del hecho? Yo no. “Eso sí que es violencia.” –Para usted, ¿la política y las elecciones del país están en manos de los narcotrafi cantes? –No. Los políticos y las elecciones siempre han sabido interrelacionarse con el narco desde finales de los cuarenta y en los años cincuenta, cuando ayuda a Estados Unidos, que estaba


en guerra, y se decidió sembrar amapola en el país, desestabilizando aún más la economía de ciertas regiones. También desde siempre mucha gente en los núcleos de poder en México ha consumido drogas. –Para usted, ¿hay esperanza para los jóvenes? –¡Claro!, mandando a la chingada al neoliberalismo, poniendo interés y atención de parte de nuestras autoridades en resolver los graves problemas de hambre, salud, educación, empleo y, sin duda, revitalizando al campo y a las pequeñas poblaciones en provincia. Con eso nadie entraría a formar parte de ningún grupo delictivo. “Un país en el que no hay hambre difícilmente tendrá este tipo de problemática, pero es nada más una esperanza, una utopía, una negada posibilidad.” –¿Qué reflexionó al ver por primera vez la película? –Que de verdad el país va en picada por las malas decisiones de nuestros gobernantes. Y claro, la derecha, personifi cada en la voracidad de los panistas, no ha hecho absolutamente nada por el indígena, el campesino y el trabajador mexicano en general, por lo tanto la vía de la violencia reapareció a 100 años de la Revolución Mexicana, cobrando en sólo tres años más muertos que en los tres primeros años de la Revolución. También destaca que El infierno está narrado “de manera divertida, siendo una maravillosa comedia de humor negro, que el talento de Estrada y su equipo consiguió”. Valiente película A Joaquín Cosío “le costó trabajo” construir los dos extremos del personaje El Cochiloco, otro narco por necesidad: “Maneja con una gran naturalidad el crimen y al mismo tiempo es capaz de amar a sus hijos, a su familia.” El infierno, manifiesta el actor de Ciudad Juárez, “es un largometraje necesario para el momento actual porque propone y expresa toda una serie de puntos de vista sobre una realidad”. –¿Un filme como éste asusta porque hace refl exionar sobre el país? –Creo que sí. Esta película va a molestar, pero también le va a dar voz a mucha gente que necesita decir: “Esta es la realidad” y, por tanto, en ese sentido cumple esa función. “Sí va a provocar, no se cuáles vayan a ser las reacciones, pero sí, y me entusiasma pensarlo, va a causar escozor.” A decir de María Rojo, “el cine mexicano sí es ʻduroʼ para con el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana”. Destaca que los filmes que forman parte del Bicentenario y Centenario, “no fueron rodados a modo. El cine del país se sacó un 10 para hacerlo en serio, claro, tiene que ver los directores, Jorge Fons con El atentado y Estrada con El Infi erno (en los dos actúa), así como Felipe Cazals con Chicogrande, en fi n. Tienen una calidad excepcional. “Una vez más, el cine mexicano ha tenido esa parte artística y crítica.” De El infierno destaca “que dice la verdad, es una valiente película, y veo, como se lo propuso Estrada, que le va a arruinar al gobierno federal su festejo del Bicentenario y el Centenario”.

Carlos Bolado, en Discovery, con el Bicentenario Columba Vértiz de la Fuente El cineasta Carlos Bolado también relata los hechos ocurridos en septiembre de 1810 con el docudrama televisivo El grito que sacudió a México, el cual se estrena este domingo 29 a las 21:00 horas en Discovery Channel. Lo escogieron para dirigir el proyecto porque es un documental más fi cción: “Lleva entrevistas con historiadores y la reconstrucción o recreación de escenas, por eso la idea de que fuera yo el realizador. Discovery no había hecho escenas de reconstrucción,


había un poco de ficción, cuando muchos programas evocan una batalla, esta vez fueron un poco más allá y trataron de crear escenas con fi cción y una mejor recreación de secuencias dramáticas.” Hay escenas que reconstruyen sucesos como el grito de Dolores, la sangrienta toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato o la batalla del Monte de las Cruces. Los protagonistas son el sacerdote Miguel Hidalgo y el militar Ignacio Allende, y se presentan los sucesos entre septiembre de 1810 y julio de 1811. Se incluyen los testimonios de los historiadores Virginia Guedea, Ana Carolina Ibarra, Guadalupe Jiménez, Óscar Mazín, Antonio Rubiales, Juan Carlos Ruiz, Sonia Quiroz y María Eugenia Terrones. El docudrama fue producido por Endemol Argentina y tuvo a Raúl Slonimsky como productor ejecutivo. Se rodó en Querétaro, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal desde el 19 de abril hasta el 6 de mayo pasados. –¿Es complicado realizar un docudrama de episodios históricos? –Fue un reto y me gustó. También me interesa hablar de la historia de México. Es algo que sí quería trabajar, entonces me interesó participar en ese sentido y por el número de espectadores y la distancia que se alcanza con esta cadena privada. Va a pasar en Latinoamérica y también en Estados Unidos. “El desafío fue crear escenas reales con un número muy limitado de extras. Me avoqué a encontrar locaciones de paisajes naturales para alejarme un poco de la civilización, mover gente en espacios abiertos y colocar a los personajes con los vestuarios y los caballos, como se pudo haber visto en el México del siglo XIX.” –¿Participó en el guión? –Sí. Me pidieron recomendar un guionista, pero por el tiempo no se pudo trabajar con los que recomendé, me hubiera gustado Flavio González Mello, pero fi nalmente se encontró a Carlos Pascual, quien escribió una novela sobre Leona Vicario, pero primero comenzaron ellos con una investigadora que presentó una lista de historiadores. Todo se decidió como en consejo, y se les hizo una entrevista de audio para que nos los pasaran al guionista y a mí, y luego con base en ese material se hizo un primer guión. Y empezamos a trabajar. “Yo por mi parte efectué mi propia investigación, mis lecturas. Quería yo el material de primera mano, los testigos.” –¿Cómo se sintió? –Es muy interesante trabajar en un sistema de corporación. De alguna manera hubo una libertad que no me esperaba, como no tienen una agenda política tan concreta y menos en términos nacionales, porque su visión es muy de mercado y mercado latinoamericano. Además, no tienen una manera de ver la historia, como son de afuera dan la oportunidad de decir lo que quieras. “Muchas de las cosas que yo investigué, como que Ignacio Allende tuvo un hijo adolescente que acompañó a los insurgentes todo el tiempo y muere cuando los aprehenden, yo dije: ʻQuiero meter esa escena que debió haber sido fuerte, que a Allende lo capturaran matando a su hijo y que ya en prisión lo mandaran fusilar.” El realizador de Bajo California: El límite del tiempo, Sólo Dios sabe, River of Renewal y Tlatelolco (esta última aún en posproducción), señala que se incluye la parte más humana de Hidalgo. –¿Qué quiere decir con la parte más humana? –Es más verdadero, con sus defectos y sus propias dudas, un Hidalgo más cierto, más alegre, se hace una mención de sus hijos. “Además, quería mostrar la sangre y muertos que hubo, lo cual me hace pensar que a 200 años sigue eso. Las mismas cabezas de la Alhóndiga, esa parte de cortar las cabezas y exhibirlas nos remite a los momentos que vivimos actualmente.” –¿Cómo retrata a Allende? –Se me hizo un personaje interesante, de gente adinerada. Cuando Hidalgo pide matar y estar contra los españoles, el padre de Allende era español, y no había tanta unidad como se ha querido manejar. Había deferencias fuertes entre Allende e Hidalgo. –Entonces, ¿qué destacaría de este docudrama? –Es una versión menos monolítica de la historia, con personajes más complejos.


Televisa y la guerra de Independencia Columba Vértiz de la Fuente Con bombos y platillos, Televisa ha anunciado la serie Gritos de muerte y libertad, dirigida por Gerardo Tort con María Fernández Suárez. Aquél señala que “no es frívola” y pide “que primero se vea y después se opine y evalúe”. Entonces resalta: “Yo creo que hay una propuesta diferente.” Gritos de muerte y libertad, producida por Noticieros Televisa, consta de 13 episodios y se estrena el 30 de agosto por el Canal 2 a las 22:00 horas. Finalizará el 15 de septiembre. El guión estuvo a cargo de Catalina Águilar, Caitilin Irwin y Carlos Pascual. El consejo de historiadores fue integrado por Héctor Águilar Camín, Enrique Florescano, Rafael Rojas y Javier Garciadiego. Incluso se consultó a otros como Juan Ortiz Escamilla, José Antonio Serrano, Alfredo Ávila Rueda y Úrsula Camba Ludlow. Participan 125 actores. Alejandro Tomassi es Miguel Hidalgo, Alberto Estrella interpreta a José María Morelos, Diego Luna encarna a Guadalupe Victoria, Daniel Giménez Cacho actúa como Agustín de Iturbide, Julio Bracho hace a Ignacio Allende, Cecilia Suárez protagoniza a Leona Vicario, Mario Iván Martínez realiza a Francisco Primo de Verdad, Lumi Cavazos le da vida a doña Josefa Ortiz de Domínguez e Irene Azuela aparece como Ana Huarte. En entrevista, el director de las películas De la calle y Viaje redondo destaca que se ofrece en Gritos de muerte y libertad una visión mucho más humana, tanto en situaciones como de los héroes. Subraya que “sí echaron allí la casa por la ventana”. –¿No resultará un enfoque frívolo e incluso muy ofi cial, es decir, muy ad hoc con lo que piensa el gobierno federal en turno? –Existe una propuesta de riesgo que se está corriendo –dice Tort–. No es un punto de vista oficial. Sería oficial si la serie la estuviera haciendo la Secretaría de Educación Pública, y aquí hay un punto de vista totalmente libre, totalmente independiente, y a mí me parece que sí hubo respeto al acto creativo y a los hechos históricos. –Decía oficial porque se sabe que esta televisora va de la mano con este gobierno federal. Pero dígame, al aceptar dirigir ocho capítulos, ¿no le preocupa que lo critiquen por haber participado con Televisa? –Yo soy agente libre, no tengo compromiso con ninguna empresa privada ni institución pública, tampoco tengo compromiso con ninguna entidad de ninguna índole. No me preocupa. Yo vi una oportunidad interesante de poder contar las cosas desde otro punto de vista y también de explorar un formato que es la miniserie. He hecho cosas para televisión educativa, TV Azteca, Canal Once y ahora para Televisa, desde allí no me preocupa. “Creo que el resultado está allí y desde allí podemos evaluarlo, más allá de si lo hice en la empresa o no.” A tal grado que se sintió bien en lo profesional y se encuentra “muy satisfecho”, dice, y remata con un “y hasta contento”. l

Medalla al despilfarro Beatriz Pereyra La entidad que gobierna Mario Marín destinó casi 20 millones de pesos del presupuesto federal a construir un patinódromo. La obra debió estar lista a fi nales de octubre de 2009, pero a julio de 2010 no existe el acta de entrega-recepción de la obra. Ese es un pequeño caso en el mar de irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de los recursos públicos entregados a la Conade el año pasado. Los primeros hallazgos de irregularidades en la revisión de la cuenta pública 2009 que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza a la Comisión Nacional de Cultura Física y


Deporte (Conade) dan cuenta del manejo discrecional de los recursos federales que fueron entregados a 11 estados, entre ellos Jalisco, Veracruz –que serán sede de los Juegos Panamericanos 2011 y Centroamericanos 2014, respectivamente–, Estado de México y Puebla. La cédula de resultados preliminares que la ASF presentó el pasado 29 de julio en las instalaciones de la Conade pone al descubierto cómo ha sido manejado el dinero público a través de distintos fideicomisos que fueron creados para el desarrollo y fomento del deporte. El documento –Proceso tiene una copia del mismo– fue elaborado por la Dirección General de Auditoría Financiera Federal “C”. Ofrece información sobre los cinco primeros meses que la ASF ha auditado a la Conade, investigación que se extenderá hasta marzo del próximo año, cuando dicha instancia rinda su informe fi nal a la Cámara de Diputados. A partir de ese momento, los funcionarios de la Conade tendrán 45 días hábiles para solventar las observaciones, entre las que destacan: que los gobiernos de los estados se tardan meses en depositar en los fi deicomisos el dinero que reciben de parte de la Conade, así como los intereses que genera; que hacen adjudicaciones directas sin justifi cación, gastan el dinero en otros rubros y realizan obras sin contar con los proyectos ejecutivos que marca la ley. Además, se comprobó que la Conade no tiene políticas y lineamientos internos para la autorización, pago, comprobación, control y seguimiento de las transferencias de recursos a los fideicomisos, que permitan corroborar el cumplimiento del marco jurídico de actuación. Lo anterior propició la falta de seguimiento e incumplimientos normativos en la aplicación de recursos en los fideicomiso de los estados de México, Jalisco y Puebla, “lo que no permite salvaguardar los recursos públicos a su cargo y garantizar la transparencia de su manejo”, revela el documento. En su revisión, la ASF encontró que en el caso de las operaciones relacionadas con esos fideicomisos, la reglas del programa “Deporte” fi jan como beneficiarios a dichos instrumentos jurídicos. “Sin embargo no cuentan con un modelo de convenio para transferirles recursos, únicamente incluyen un modelo de Convenio de Concertación y Colaboración para la transferencia de recursos federales, lo que contraviene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. Aunque en 2009 el presupuesto para la Conade fue de 3 mil millones 453 mil 525 pesos, la SEP le aplicó una reducción de 768 millones 426 pesos, por lo que el monto autorizado para ejercer en ese periodo quedó en 2 mil millones 685 mil 99 pesos. De ese presupuesto, 570 millones fueron a las partidas 4108 (subsidios a fi deicomisos privados y estatales) y 7801 (aportaciones a fi deicomisos públicos), monto que se ejerció en los programas S205 Deporte y S206 Alta competencia, sujetos a Reglas de Operación, y R049 Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Del programa “Deporte”, la Conade transfi rió recursos a los gobiernos de 11 estados: Puebla, Guanajuato, México, Tamaulipas, Hidalgo, Guerrero, Sinaloa, Durango, Veracruz, Baja California y Jalisco para los fi deicomisos creados por dichas entidades; aunque éstas tenían la obligación de enviar sus programas anuales de trabajo, no lo hicieron ni “existe evidencia de solicitud por parte de la Conade para el envío de dichos programas”. Cuando la ASF revisó los Convenios de Colaboración y Coordinación que la Conade fi rmó con esos estados para la transferencia de recursos a los fi deicomisos –con fecha 7 de agosto de 2009– no se incluyó la programación de los recursos y metas de ejecución del programa ni el Anexo Técnico de Ejecución, lo que ha causado problemas para evaluar cómo se autorizará el uso de los recursos. Depósitos desfasados En 2009, la Conade transfirió 415 millones de pesos a los fideicomisos de esos 11 estados. Las transferencias bancarias se hicieron a las secretarías de Finanzas de cada entidad. Las entidades que más dinero recibieron son: Jalisco con 129 millones 800 mil pesos, Veracruz con 94 millones 681 mil (recibió dos transferencias más: una por 5 millones y otra de 318 mil pesos), Puebla con 37 millones, Tamaulipas con dos depósitos de 30 millones cada uno y otro más de 16 millones 700 mil para un total de 76 millones 700 mil pesos e


Hidalgo con 25 millones. Les siguen México, Sinaloa, Durango y Baja California con 10 millones de pesos cada una, Guanajuato con 5 millones y Guerrero con 1 millón 500 mil. Los gobiernos de Veracruz y Guerrero enviaron a la Conade los recibos originales por el dinero transferido con un retraso de 65 y dos días, respectivamente, cuando debieron hacerlo cinco días después de que lo recibieron. Ninguno de los 11 estados envió a la Conade la copia certifi cada del recibo de la institución fiduciaria que acredita la entrega de los recursos, lo que viola el convenio celebrado entre ambas partes; es decir, no comprobaron la entrega de los recursos pero tampoco “existe evidencia de solicitud por parte de la Conade para el envío de las copias certifi cadas de los recibos que acreditan la entrega a los fi deicomisos”. Una vez que recibieron la transferencia bancaria, los gobiernos de los estados debieron depositar el dinero en los fideicomisos correspondientes a más tardar cinco días naturales después “con la finalidad de que los recursos y sus rendimientos fi nancieros estén debidamente identificados”. Sólo Durango, Hidalgo y Guanajuato cumplieron en tiempo y forma. El resto lo hizo con un desfase de entre seis y 124 días. Veracruz fue el peor de los ocho estados morosos: tardó 119 días en hacer el primer depósito por un monto de 5 millones de pesos, 124 en el segundo de 94 millones de pesos y 100 en el último por 318 mil pesos. Después de Veracruz, los estados que más días tardaron en transferir los recursos fueron Baja California (66), Tamaulipas (62), Jalisco (22) y Guerrero (21). “Al revisar los estados de cuenta bancarios se observó que no se depositaron los intereses por los retrasos (…) lo que incumple los artículos 1792, 1793 y 1796 del Código Civil Federal y la cláusula quinta, tercer párrafo, de los Convenios de Colaboración y Coordinación celebrados con los gobiernos de dichos estados (que) establece que el retraso o incumplimiento en el plazo establecido dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen y causen intereses a la tasa de recargos que establezca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de pago a plazos de contribuciones, intereses y/o rendimientos que deberán ser aportados a la subcuenta correspondiente que se calcularán desde el primer día en que se generó la mora en la transferencia de los recursos federales por parte del estado al fi deicomiso y hasta el último día en que se transfirieron los mismos”, detalla el documento de la ASF. Patinódromo fantasma Un ejemplo de las irregularidades: la Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla depositó 103 mil 100 pesos de intereses por su atraso de 17 días, cantidad que fue calculada hasta el 11 de enero de 2010. Sin embargo, llevó a cabo tal movimiento el 10 de febrero, por lo que volvió a incumplir. En la auditoría también se constató que los fi deicomisos creados por los gobiernos estatales no tienen una cláusula que establezca cuál es la unidad responsable de la Conade que certificará que los recursos se apliquen en los rubros que les corresponden, “lo que derivó en incumplimientos por parte de algunos fi deicomisos al ejercer recursos para fi nes distintos a los señalados en el objeto de los contenidos fi rmados por Conade y los gobiernos de los estados, y los firmados por los citados gobiernos y los municipios, sin que la Conade realizara algún señalamiento al respecto”. Ese incumplimiento viola el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Éste establece que las dependencias y entidades deben contar con un contrato que incluya la unidad responsable obligada a verifi car que los recursos se apliquen en los fines para los cuales fueron creados los fi deicomisos. Puebla creó su fideicomiso para la celebración de los II Juegos Deportivos Escolares, Centroamericanos y del Caribe 2009. Para ello recibió 21 millones 940 mil pesos de los cuales 16 millones 41 mil fueron para la adquisición de material deportivo, medallas y trofeos, servicios de alimentación, hospedajes, fl etes, viáticos nacionales, servicios de lavandería, limpieza, higiene, fumigación, arrendamiento de mobiliario, suministro de gas, pago de jueces


y árbitros, arrendamiento de vehículos, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones entre otros. Luego se constató que los restantes 5 millones 899 mil pesos fueron para el pago de una estimación del contrato de obra pública para la construcción de un patinódromo. Al analizar el expediente de adjudicación de dicho contrato –fechado el 8 de octubre de 2009–, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno de Puebla lo adjudicó de manera directa por un monto de 19 millones 665 mil pesos y fi jó como plazo de ejecución de la obra del 9 de octubre al 22 de diciembre del mismo año. El dictamen de justificación señala que se dio adjudicación directa porque no se tenía el tiempo necesario para que la obra estuviera lista para los juegos deportivos que se llevaron a cabo del 20 al 28 de octubre de 2009; es decir, la adjudicación se realizó 12 días antes del inicio de la competencia. En 2009 la Conade otorgó a Puebla 37 millones de pesos para esa competencia; de ellos, 21 millones 940 mil pesos se gastaron en la organización, operación, infraestructura y equipamiento deportivo y 5 millones 899 mil pesos en el patinódromo, lo que signifi ca que aún quedaban disponibles 15 millones 59 mil pesos. De dicho monto, 13 millones 670 mil pesos sirvieron para los pagos (que se hicieron en 2010) por la construcción del patinódromo. No obstante, hasta julio de este año no existen el finiquito ni el acta de entrega-recepción de la obra. “De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Poblano del Deporte la obra no se efectuó para los juegos citados, lo que incumplió el reglamento de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria que establece que las dependencias y entidades que hayan otorgado recursos presupuestarios a fi deicomisos deberán asegurarse de que los remanentes sean concentrados en la tesorería de la federación o de la entidad y que los titulares de las unidades administrativas que hayan gestionado el otorgamiento de los recursos serán responsables de hacer un seguimiento del ejercicio y destino de las aportaciones, subsidios y donativos otorgados a fi deicomisos”, indica la observación de la ASF. Con el análisis de los estados de cuenta bancarios del fi deicomiso de Puebla se constató que el 12 de octubre de 2009 el Comité Técnico autorizó que se ejercieran 20 millones de pesos para infraestructura deportiva y que se transfi riera ese dinero a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la construcción del patinódromo con cargo al fi deicomiso y que tal dependencia realizaría las fases del procedimiento de adjudicación, contratación, ejecución, finiquito y entrega oportuna de la obra. Aunque el 15 de octubre de 2009 se realizó la transferencia y el 22 del mismo mes se reintegraron los recursos, no se depositaron los intereses por los días que permanecieron fuera de la cuenta del fideicomiso. Más irregularidades Otra instancia que realizó una adjudicación directa, que no se justifi ca, fue el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte (Imcufi de) en dos contratos, uno por 3 millones 954 mil pesos y el otro por 3 millones 478 mil pesos, para remodelar sus instalaciones. La razón que el organismo esgrimió para no licitar es que “tenían que comprobar el recurso a más tardar el 31 de diciembre de 2009, situación que no se justifi ca, ya que dicho plazo no aplica para las operaciones del fi deicomiso”. Al revisar cómo fueron ejercidos 2 millones de pesos en el municipio de Coacalco se constató que se utilizaron para pagar el contrato DGOP/AD/IND/001-09 para la obra de remodelación del deportivo César Camacho Quiroz; “sin embargo no se proporcionó el contrato ni la documentación relativa al proceso de adjudicación, por lo que no fue posible determinar su apego a la legislación federal”. En recursos gastados en Ecatepec se constató que se usaron 4 millones de pesos para comprar 16 equipos de gimnasio, a pesar de que ese dinero era para la construcción de un centro deportivo comunitario.


Jalisco, en la picota Beatriz Pereyra Entre los resultados preliminares de la revisión de la Cuenta Pública 2009 que está realizando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el estado de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, será sede de los Juegos Panamericanos 2011, no se salvó de recibir observaciones por las irregularidades con que la administración encabezada por Emilio González Márquez ha ejercido el presupuesto durante ese lapso. Esta entidad es una de las tres en todo el país en donde los recursos públicos asignados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no están salvaguardados, ni se puede “garantizar la transparencia de su manejo”. Jalisco deja mucho que desear en cuanto a la adjudicación directa de obras que, en varios casos, ni siquiera contaban con el proyecto ejecutivo correspondiente al momento en que se iniciaron las mismas. Al revisar los expedientes de contratación de servicios para la elaboración de proyectos ejecutivos de las obras realizadas durante 2009 –que incluyen un estadio de beisbol, un campo de tiro con arco, una cancha de hockey sobre pasto y un centro de tenis con cancha y estacionamiento–, por un monto total de 9 millones 719 mil pesos, pudo constatarse que las contrataciones se adjudicaron de manera directa. Los dictámenes de adjudicación, fi rmados por el secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de Jalisco, no contienen la fecha de inicio de los trabajos ni el plazo de ejecución; además, se comprobó que los proyectos ejecutivos se realizaron en fechas posteriores a las de inicio de las cuatro obras mencionadas. Por ejemplo, en el estadio de beisbol, la obra comenzó el 31 de diciembre de 2008 y la fecha de inicio indicada en el proyecto ejecutivo es el 24 de junio de 2009; en el campo de tiro con arco y la cancha de hockey sobre pasto, las obras arrancaron el 28 de enero de 2009 pero el proyecto ejecutivo tiene fecha del 24 de junio de ese mismo año. La construcción del centro se comenzó el 27 de febrero de 2009, pero el proyecto ejecutivo está fechado el 24 de junio de ese año. “Dichas faltas contravienen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la mismas que establece que para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especifi caciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido”, se indica en la cédula de resultados preliminares de la auditoría de la cual Proceso tiene copia. Otras irregularidades son las siguientes: para la elaboración del Informe preventivo de Impacto Ambiental previo a la construcción del estacionamiento, canchas, centro acuático y estadio de tenis en el Parque Metropolitano para los Juegos Panamericanos se adjudicó de forma directa el contrato a la empresa constructora Geol, S.A de C.V. por un monto de 362 mil pesos. Además, los trabajos se realizaron a partir del 1 de octubre de 2009 cuando el inicio de la obra estaba programado para el 27 de febrero de ese año. Ambas irregularidades violan la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Opacidades En la revisión de los expedientes de adjudicación de nueve contratos de servicios y obra pública por más de 31 millones de pesos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamientos Deportivos para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, la ASF constató que no tienen la indicación del tipo de procedimiento conforme al cual se efectuó la adjudicación, y tampoco se localizaron los dictámenes de procedencia correspondientes. Esos contratos son: gala de gimnasia (1 millón 782 mil 500 pesos); patrocinio de la realización del premundial varonil de voleibol de salón (1 millón); patrocinio de la realización


del campeonato Norceca de voleibol de playa (1 millón); eventos de ciclismo, taekwondo y triatlón en Puerto Vallarta (3 millones); patrocinio de los eventos de lucha grecorromana y tiro con arco (2 millones); equipamiento de pasto sintético para la Unidad López Mateos (3 millones 767 mil 800); equipamiento de pasto sintético para el estadio de softbol (2 millones 248 mil 900); Tecnológica mexicana, contrato sin fundamentación y falta dictamen de procedencia (5 millones 851 mil 400) (sic), y equipamiento de piso sintético en dos canchas de fut 7 y tres de usos múltiples (10 millones 704 mil 500). Lo anterior incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que establece que “el contrato contendrá la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo su adjudicación y que la selección del procedimiento de excepción deberá fundarse y motivarse en criterios de economía, efi cacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado; la acreditación del o los criterios en los que se funda, así como la justifi cación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción deberán constar por escrito”. En el caso del contrato número CODE/AD/BRUDDEN/02/2009 para el equipamiento deportivo del gimnasio de acondicionamiento físico y cardio Atlas que se ubica dentro del Deportivo Paradero, en Guadalajara, por un monto de 3 millones de pesos, el máximo órgano fiscalizador corroboró que también se adjudicó en forma directa. Sin embargo, en el folio correspondiente “no se localizó la documentación técnica que acredite que no existen otras marcas alternativas de los bienes requeridos o sustitutos técnicamente razonables, lo que contraviene la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, indica el documento. En relación con pagos por honorarios que ascienden a 751 mil pesos para la operación y certificación del Laboratorio Nacional de Investigación y Control de Dopaje de la Conade, también para los Juegos Panamericanos, 17 recibos no tienen fecha de expedición. Además, la factura 205 de Promotora Larx S. A, de C.V. por un millón 550 mil pesos por concepto del primer pago del evento Gala Internacional de Gimnasia Artística tiene como fecha de expedición el 23 de marzo de 2009, sin embargo, fue impresa en mayo de ese año. En marzo de 2011, la ASF presentará su informe fi nal ante la Cámara de Diputados y los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas dispondrán de 45 días hábiles para solventarlas. l

Acerca de La “amnesia” de Cabañas De la “Familia Bar Bar” Señor director: Hemos leído cuidadosamente el artículo La “amnesia” de Cabañas, escrito por Raúl Monge en Proceso 1764, del domingo 22 de agosto. Al respecto y sobre las declaraciones de la esposa de Cabañas y su cuñado, queremos hacer las siguientes aclaraciones porque en sus testimonios hay una serie de inconsistencias frente a lo que verdaderamente ocurrió, como se puede constatar en los videos que presentamos desde un principio a las autoridades. La esposa de Salvador Cabañas fue informada de la situación de la misma manera en que el personal del Bar Bar se enteró de los hechos, tal como se reportó en los noticiarios de Loret de Mola y de Joaquín López Dóriga en sus emisiones del 25 de enero. Allí se afi rmó que ella había pasado de inmediato del baño de mujeres al de hombres para encontrarse con su esposo herido, y a escasos minutos de lo ocurrido ella estaba saliendo del baño en el que se encontraba Cabañas. Por lo tanto, es falso que ella hubiera estado buscándolo durante 20 minutos en el lugar, cuando en tan sólo tres minutos de ocurrida la agresión ya había policías en el establecimiento, y en 14 minutos ya estaban los paramédicos en el lugar. Es importante precisar que quienes posteriormente le impidieron entrar al baño fueron los paramédicos que atendieron a Cabañas a puerta cerrada hasta el momento de su traslado a la ambulancia.


Por otro lado, de acuerdo con la declaración ministerial de Charly, fue la misma señora Cabañas quien le pidió que no se informara a la prensa y que se dijera que la agresión había ocurrido fuera del Bar Bar, por temor a que esta situación afectara negativamente la imagen del jugador. Esto mismo se ratifica con la declaración de Michel Bauer a Loret de Mola momentos después de la agresión. Se reitera que todos los puntos mencionados fueron aclarados a las autoridades desde el inicio, y constan en las declaraciones iniciales del personal del Bar Bar a partir del 25 de enero de 2010, así como en la reconstrucción de hechos, desconociendo por qué no lo han aclarado. Nuestra intención con estas precisiones es esclarecer la realidad de esos momentos, que afortunadamente están consignados en un video que siempre ha estado en poder de las autoridades y que posteriormente dimos a conocer nosotros a toda la opinión pública. Creemos que resulta de gran importancia aportar elementos fi dedignos, puesto que una y otra vez se dan versiones encontradas de los hechos grabados en video. No entendemos cuáles son sus motivos; sin embargo, no abonan para aclarar cuál fue el motivo real de la agresión a su esposo Salvador Cabañas. Invitamos a los lectores de Proceso a que normen su propio criterio, viendo ellos mismos los videos con la verdad de lo que realmente ocurrió en: www.laverdadsobreelbarbar.com, en www.youtube.com/VerdadSobreElBarBar y en el video que se encuentra en YouTube (www.youtube.com/user/iDrikis), donde se corrobora que Televisa y la señora Cabañas dieron varias versiones sobre la misma información. Por todo lo anterior, y por el derecho de réplica que tenemos todos los mexicanos, previsto en el artículo 27 de la Ley de Imprenta, le solicito publicar las presentes aclaraciones, ya que estamos seguros de que serán de gran interés para todos sus lectores, y también ponemos a su disposición los videos para que usted pueda corroborar lo que aquí hemos mencionado. Atentamente Rodolfo Apodaca Castro Representante de la Familia Bar Bar

De Irene Levy Mustri Señor director: En el número 1763 de Proceso, en la nota de Rosalía Vergara titulada Sembrador de tempestades, se refieren ustedes al círculo de colaboradores del actual secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y en la página 31, después del subtítulo Y los colaboradores, asientan lo siguiente: “El equipo que rodea al titular de la STPS incluye a Irene Levy Mustri y su esposo Héctor Alcudia Goya...” Al respecto, me permito aclarar que ni soy colaboradora de Javier Lozano Alarcón ni estoy casada con Héctor Alcudia Goya; de hecho, soy soltera. Sobre el particular, en uso de mi derecho de réplica establecido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y convencida de que al semanario que usted dirige no le interesa mantener datos falsos y mentiras, le solicito publicar esta aclaración. Atentamente Irene Levy Mustri


Una magistrada reprueba la “ligereza” del cardenal Sandoval Señor director: Como en un estado de derecho ningún ciudadano está por encima de las leyes, resulta inconcebible que un alto prelado de la Iglesia católica acuse a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de actos constitutivos de delito sin presentar ninguna prueba de su dicho. Con sus declaraciones, el señor Juan Sandoval Íñiguez no sólo daña la honorabilidad y el nombre de cada uno de los ministros de la Suprema Corte al acusarlos de corruptos, sino que pone en duda la imparcialidad y honestidad de todo el sistema de aplicación de justicia en el país. A quienes hemos dedicado nuestra vida profesional al servicio del Poder Judicial de la Federación en la impartición de justicia nos ofende la ligereza e irresponsabilidad con la que un individuo con la investidura de cardenal de la Iglesia católica pretende denigrar a uno de los tres poderes constitutivos de la República Mexicana. La libertad de expresión consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede ser la excusa para que algunos ciudadanos faltos de escrúpulos causen daño moral a quienes cumplen con su trabajo de manera ética y responsable, como es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor Juan Sandoval Íñiguez debe ofrecer una disculpa a los ministros de la Suprema Corte y a quienes laboramos en el Poder Judicial de la Federación por el daño moral que sus declaraciones nos provocan, y a los feligreses de la Iglesia que representa, por alentarlos a despreciar y a faltarle al respeto a las instituciones legalmente constituidas. Atentamente Lucila Castelán Rueda Magistrada adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito

Rescata una crónica que podría cambiar una fecha de La Cristiada Señor director: Terminada de filmar apenas, se anuncia que la película La Cristiada será estrenada el próximo año en una fecha por determinar. En sus declaraciones, su productor Pablo Barroso la define como un guión de entretenimiento basado en hechos reales, en los libros que escribió el historiador Jean Meyer, y la describe como una historia noble, espiritual, porque se ve la lucha por libertad. Obra en mi poder un archivo original del siglo pasado en el que se incluye una crónica escrita por un defensor civil del ataque de los cristeros a la ciudad de Juchipila, Zacatecas, el 23 de febrero de 1928, publicada el 7 de marzo de 1953 en el semanario Provincia que fundó y dirigió el licenciado Francisco E. García, padre de la señora Amalia García Medina. La reseña la escribió el señor Esteban Vázquez Godoy (1896-1972), quien fue uno de los 30 defensores civiles de la plaza de Juchipila ante el ataque de mil 200 integrantes de aquel partido, denominación con la que los describe él, quien por cierto acababa de causar baja del Ejército nacional. Debido a que en esa población del sur de Zacatecas no había guarnición militar, ellos se vieron en la necesidad de asumir la defensa, que tuvo tintes de heroísmo por la gran diferencia numérica entre atacantes y defensores. Afirma el señor Esteban Vázquez Godoy en su crónica: “…Eran las 9 de la mañana del día 23 de febrero de 1928 cuando sonaron los primeros disparos de la última guerra fratricida. Unos defendían los derechos de su religión; otros defendían sus convicciones con el gobierno emanado de la Revolución, y por lo mismo los dos partidos creían estar dentro de la justicia y, por lo tanto, de la ley”.


No fue sino hasta cuatro días después, el 27 de febrero, cuando el capitán Andrés Rábago Castellanos llegó para apoyar a quienes defendían la población, dando lugar a una acción militar en la que se perdieron muchas vidas. Vázquez Godoy, sin mencionar en su modestia que él era uno de los escasos defensores, lamenta la pérdida del archivo histórico municipal quemado por los atacantes. Aquí cabe la aclaración de que esta acción se inició el 23 de febrero de 1928 y no el 18, como lo anota Jean Meyer en su libro La Cristiada (Siglo XXI Editores, Libro 1-La guerra de los cristeros, vigesimocuarta edición, 2007, página 215). El propósito de mi carta es poner a disposición de quien se interese el original del periódico en el que se publicó esta crónica, que rescaté junto con otras muy interesantes de este ilustre cronista zacatecano del siglo pasado –mediante un trabajo de investigación que realicé en la hemeroteca de la biblioteca central Mauricio Magdaleno de la ciudad de Zacatecas–, algunas de las cuales publiqué en un libro denominado Crónicas de Juchipila, actualmente en circulación. Considero que mucho se ha publicado sobre este asunto, pero una crónica escrita por un participante directo en una batalla cruenta y heroica, como la que se libró en Juchipila del 23 al 27 de febrero de 1928, bien vale la pena que la recoja la historia en estos y todos los tiempos. Atentamente Eusebio Vázquez Navarro Avenida Matamoros 2361 Oriente Colonia Centro 27000 Torreón, Coahuila evnpanorama@hotmail.com

Acusa de despojo al banco HSBC Señor director: El 6 de agosto del presente año, a las 23:36 horas, acudí al cajero de HSBC ubicado en el ambulatorio de la parte superior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); solicité el retiro de 300 pesos que tenía de depósito, y aunque el cajero sólo me hizo entrega de cien, me expidió un recibo que marcaba los 300. Ante esta situación, me comuniqué vía telefónica al 57-21-33-90 para reportar dicha anomalía. Después de varios intentos, se me indicó que debía presentarme al otro día a alguna de las sucursales de la institución bancaria para reportar el hecho. En la sucursal a la que recurrí me informaron que, por medio de la cámara instalada en el cajero, así como de una investigación, verifi carían si mi denuncia era verdad, y que si mentía, me retirarían los 200 pesos que me serían prestados y me aplicarían una multa. Para mi sorpresa, el pasado 24 de agosto me aplicaron arbitrariamente una multa de 348 pesos. De manera que, en total, el banco HSBC me despojó arbitrariamente de 548 pesos. Además, esto lo hicieron sin avisarme con anticipación –pese a que contaban con mi número telefónico para el caso– y sin presentar ninguna prueba. Ante este tipo de bajezas perpetradas por los señores del dinero, me siento como un cuentahabiente indefenso en un país donde no hay justicia para los jodidos. Atentamente Ángel Pichardo Martínez


Sobre Calderón y Amalia perdieron Zacatecas De Sonia Villarreal Silguero Señor director: En Proceso 1764 leí la nota titulada Calderón y Amalia perdieron Zacatecas, escrita por los reporteros Jorge Carrasco y Verónica Espinosa. Entre varias aseveraciones que considero inexactas, aparecen allí las del señor Ricardo Monreal, quien se refiere a mi persona sugiriendo alguna coincidencia entre mi oriundez y una presencia del crimen organizado en Zacatecas. Ya antes había afi rmado esa infamia en el diario nacional La Jornada, en entrevistas para la radio y en comentarios personales. Por ello acudí, el 19 de mayo de 2009, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Procuraduría General de la República (averiguación previa AC:PGR/ZAC/144/1/DD/2009) para que se esclarecieran esos supuestos. Hasta el momento, el arriba mencionado no ha aportado ningún elemento que pruebe alguna acción constitutiva de delito de mi parte, ni la Procuraduría General de Justicia del Estado ni la PGR han encontrado tampoco absolutamente nada respecto de lo que es una reiterada calumnia. Sin embargo, impresionan los comentarios del señor Monreal sobre mi persona, por la connotación discriminatoria que implican: 1. Al señalar que tiene dudas respecto a mí porque soy oriunda de Tamaulipas, me pregunto si para él todos los que nacimos en Tamaulipas estamos bajo sospecha. Su comentario es idéntico a los que se hacen en las campañas de odio por cuestiones raciales, por la nacionalidad o el origen: por ser indígena o negro, o colombiano, o ahora, en varias partes del mundo, por ser de origen mexicano, y lo último: ¡por haber nacido en determinada región del país! 2. La otra expresión discriminatoria es cuando intenta descalifi carme “por tener poder”. En la cultura machista, cuando una mujer actúa con fi rmeza, con autoridad y con carácter, resulta inaceptable. El macho sueña con mujeres sumisas, sin capacidad de decisión ni voluntad. Yo hago mi trabajo con la gobernadora de Zacatecas basada en las obligaciones que me marca la ley, con profesionalismo y también con rigor y fi rmeza. Por lo demás, estoy orgullosa de ser maestra y de izquierda desde hace más de 15 años, y de no dar bandazos políticos para obtener cargos. 3. Por lo que se refiere a la inseguridad en regiones como Fresnillo, municipio que han gobernado sucesivamente este sexenio dos hermanos de Ricardo Monreal, y al cual él atendió los seis años del sexenio pasado (van 12 en total), no me toca a mí dar cuenta del largo deterioro que lastima a la extraordinaria población de esa localidad. Atentamente Profesora Sonia Villarreal Silguero Zacatecas, Zac.

Proceso  

Revista numero 1765

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