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Nuestra palabra |08 Febrero 2011

El pasado 6 de febrero se conmemoró un año más del asesinato de Blanca Jeannette Kawas Fernández, el cual se inscribió en un contexto de amenazas, hostigamientos y ejecuciones contra aquellas personas y organizaciones que realizan actividades de defensa del medio ambiente. 16 años después, ninguno de los autores intelectuales y materiales del crimen ha sido juzgado. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño y le ha exigido que se investiguen y castiguen a los responsables del mismo para evitar la repetición de hechos como éste. Sin embargo, el golpe de Estado ha profundizado la situación de indefensión que los defensores de derechos humanos en general y los ambientalistas en particular, siguen viviendo debido a la violencia de los grupos económicos, políticos y militares que han visto en peligro sus intereses, y a la incapacidad del Estado para prevenirla, para investigar y sancionar a los responsables de la misma, y para reparar a las víctimas. Esta situación genera un alto grado de impunidad que, por un lado, favorece la repetición sistemática de este tipo de violencia, y por otro, genera un ambiente de inseguridad e intimidación contra otras personas y organizaciones que también se dedican a la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. El golpe de Estado ha venido a ratificar lo que el asesinato de Kawas y otros crímenes políticos ya habían establecido: Que en la historia de Honduras no ha existido nunca un sistema judicial, sino, con algunas excepciones de funcionarios judiciales honestos y valientes, un servicio judicial a la orden de los poderes económicos, militares, policiales y religiosos. La construcción de una nueva institucionalidad respetuosa y garante de los derechos humanos pasa ineludiblemente por la constitución de un poder judicial verdaderamente independiente, imparcial y comprometido con los valores democráticos y las más altas exigencias de la justicia. Por ello, el fin de la impunidad de los asesinos de Kawas y de los violadores de los derechos humanos desde el golpe de Estado es una tarea permanente que debe librarse en todo momento y en todos los ámbitos nacionales e internacionales, y sólo con una estrategia coordinada de las organizaciones y sectores comprometidos con la justicia se podrá lograr.

Jeannette Kawas e impunidad  

Nuestra Palabra del 8 de Febrero 2011