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Análisis de realidad 1 de julio de 2011 Tema: ¿De qué seguridad ciudadana habla el Estado de Honduras? Analista: Celso Alvarado, abogado y especialista en derecho penal.

Conceptos básicos: Seguridad: actualmente se ve limitada a conflictos, pero va más allá de prevenir los conflictos a través de las instituciones del Estado, conlleva otros elementos, es que todos y todas tengamos acceso a lo básico como el trabajo digno, seguro social, servicios de calidad, alimentación, etc. Aquí se suele enfocar solamente en la intervención de la policía, Ministerio Público o Poder Judicial en casos de violencia. Si existiera seguridad integral habría menos pobreza. El Estado debe impulsar políticas que disminuyan la violencia. El Estado ¿de qué seguridad nos habla? Se ha presentado un retroceso en materia de seguridad. Contexto situacional de Honduras: Analizándolo desde 2 perspectivas, los que no detentan el poder y los que sí lo hacen, los últimos no son escuchados, y están en desventaja, el sistema de justicia no opera como debería, el proceso es lento, tedioso y poco efectivo a diferencia de los que tienen el poder económico como los dueños de los medios de producción y los medios de comunicación, pues ellos manipulan los órganos encargados de hacer justicia, desde allí comienza la desigualdad, y el Estado se convierte en promotor de injusticia social. Por ejemplo una demanda de violencia doméstica que no se tramite con efectividad se convierte en un conflicto mayor, así todos los casos que no se procesan correctamente mutan. El alto índice de situaciones violentas que hay en Honduras demuestran la poca confianza que tiene la gente en el sistema de justicia del Estado, hace que las personas comiencen a tomar justicia por su propia mano, así crecerán los casos violentos. El índice de 78 homicidios por cada 100 mil personas y el índice aceptable es 8, y el sistema de seguridad que nos quieren vender es el de Colombia, altamente represivo, donde el índice de homicidios llegó a 86 por cada 100 mil personas. Queremos seguridad integral, necesitamos educación, alimentación y no penalizar la pobreza (la falta de oportunidades que sufre el que no tiene acceso a lo básico) No hay seguridad pública, los que no tienen posibilidad de pagar aun teniendo derechos como contribuyentes, el Estado no provee.


No existe una repartición democrática en el país, sino la formación de élites (pequeños grupos de poder) esto amplía la pobreza, y la injusticia social, porque a través del poder económico se compran influencias en el Estado, el resultado de esto es el debilitamiento de la institucionalidad del Estado, muestra de eso es el golpe de Estado. Son unos pocos los que toman las decisiones del país, además hay ausencia de fuerzas propositivas, no hay oposición ante las decisiones del Estado. No se cree en el discurso “luchemos por los pobres” de las organizaciones populares. En el sistema neoliberal que tenemos, la persona no es el fin primordial del Estado sino el mercado, por tanto los derechos están limitados. Poder formal: el Presidente que gobierna, únicamente una pantalla que trata de demostrar una democracia. Consecuencias ante propuestas de cambio de modelo: Tránsito de una democracia representativa a una participativa, el resultado es que la justicia se pone al servicio de quienes perpetuaron un golpe de Estado para impedirlo. La desigualdad judicial incide en que nos tornemos en una sociedad violenta, hasta el momento no existe persecución para los perpetuadores del golpe que cometieron delitos como traición a la patria. Acciones que generan impunidad: La amnistía genera una situación de impunidad que la sociedad resiente, si en la ciudadanía existe descontento eso se refleja en violencia de los ciudadanos y del Estado hacia ellos. Los que detentan el poder son incapaces de cumplir la ley y eso da paso a que la ciudadanía la incumpla igualmente esto genera una nomia. Nomia: a pesar que existan leyes en el país, la ciudadanía hace caso omiso y genera inseguridad, el ciudadano al no acatar la ley genera mayor conflictividad. Los niveles de impunidad en el país son altos y caracterizados por la violencia sistemática y continua. En 2009 retrocedimos 30 años que habíamos avanzado en materia de justicia.

1980-1989: política de Seguridad Nacional, poder de las Fuerzas armadas en las tareas de seguridad, aunque su área de trabajo sea la defensa y su formación es atacar al enemigo, los adversarios eran la guerrilla salvadoreña, líderes sociales involucrados en movimiento popular quienes eran atacados por su ideología. Las medidas realizadas se enfocaban en represión, torturas, desaparecimientos. Los resultados fueron violaciones a los derechos humanos. 1990-1998: doctrina político-criminal, se orienta a la delincuencia común, delitos.


La labor de seguridad es dada a la policía desligada del ejército, civil, preventiva e investigativa. Los adversarios eran las pandillas, ya no por sus ideologías sino por sus actos tentativos de la seguridad. Las medidas utilizadas eran redadas y de ello resultaba represión selectiva, es claro el proceso de evolución del 80 al 90, la política criminal es mucho más coherente con el proceso democrático. 1999-2009: una política criminal mucho más democrática, los encargados de la seguridad son la policía, los jueces, Ministerio público, partidos políticos, seguridad privada. Se etiquetaba a los jóvenes por apariencia y los criminalizaba, contrario a la ley penal. Comienzan a surgir en mayor número de ejecuciones sumarias. Los resultados: alta violencia en la cárcel, disminución de pocos delitos pero poco control sobre otros. 2009: dio un vuelco todo, la incipiente doctrina política-criminal sufre un retroceso, contraria a la Constitución, regresa la doctrina de Seguridad Nacional cuyo fin es la seguridad del Estado por encima de la seguridad de cada ciudadano. Esta es la perpetración de un sistema de desigualdad judicial. Regresa el ejército a las labores de seguridad que debe realizar únicamente la policía. Los adversarios vuelven a ser los líderes sociales, se da la persecución hacia obreros, estudiantes, campesinos, sindicalistas, o el que piense diferente o en oposición al sistema actual. El espionaje se vuelve una medida y las investigaciones al margen de derecho civiles, como detenciones ilegales, se criminalizan las protestas reprimiendo a los grupos protestantes, denegación de habeas corpus y recursos judiciales. Surge el incremento de torturas, exilios, persecuciones, desaparecidos y asesinatos selectivos. Para reforzar esta doctrina se está dando una estructura que disminuye las garantías de los ciudadanos, a través de leyes como el trabajo temporal, su objetivo es aislar a los trabajadores y disminuir los beneficios de los asalariados, o leyes de participación de ciudadanía en la educación cuyo objetivo es atacar grupos influyentes en el pueblo. Las nuevas reformas que deforman las formas de auto de prisión, todo genera más violencia.

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Analisis de realidad 1 de julio de 2011