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SEMANARIO No. 246 | 6 Julio 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Otra mirada de la realidad

» Implementación de recomendaciones de CVR

¿Un paso al proceso de democratización del país? U

n año ha pasado desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, presentó el informe “Para que los hechos no se repitan”. En este documento se incluyeron 84 recomendaciones y 4 sugerencias que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa se comprometió a implementar, para evitar acciones como las que dieron paso al golpe de Estado en Honduras, el pasado 28 de junio de 2009. En días recientes el coordinador de la CVR, Eduardo Stein, mostró su desencanto por la falta de interés de las autoridades en seguir las recomendaciones de este informe. “La unidad de seguimiento ha contabilizado 13 recomendaciones cumplidas, otras 15 que están en proceso de cumplimiento, entre estas las que se refieren a la reforma de la Policía Nacional Civil que se inició con los trabajos de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública. Lastimosamente se ha tenido que esperar que sean asesinadas personas vinculadas a funcionarios influyentes en el país, como el hijo de la rectora universitaria, Julieta Castellanos, para impulsar parte de estas recomendaciones”.

La revisión de las funciones de las Fuerzas Armadas, es una de las recomendaciones de la Comsión de la Verdad y la Reconciliación.

de las Fuerzas Armadas, ya que el informe dice que esta institución debe atender las funciones que le atribuye la Constitución de la República, y no el custodio de la seguridad ciudadanía, como actualmente ocurre en Honduras.

Stein agregó que en el Congreso Nacional, los diputados engavetaron muchas reformas, una de ellas la Ley Electoral, la cual es vital para hacer frente a nuevos procesos electorales. El analista y catedrático universitario Ramón Romero, quien participó en el análisis de realidad que cada primer viernes de mes realiza Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, manifestó que la implementación de estas recomendaciones pueden ser un avance al proceso de democratización del país, pero lamentablemente el gobierno ha sido incapaz de ponerlas en marcha. “Creemos que estas recomendaciones han sido bien pensadas y correctas. Pero notamos un déficit en el cumplimiento, pese a que el go-

Doctor Ramón Romero, analista.

bierno le ha correspondido la ejecución de dichas recomendaciones. El proceso de ejecución ha sido muy lento, y que muchas de las decisiones que hay necesidad de tomar, aun no se echan andar”. De manera particular aseguró que una de estas recomendaciones fundamentales para la vida democrática del país, es entorno al papel

En el capítulo sobre el papel de las Fuerzas Armadas, una de las recomendaciones manifiesta que, “En la Constitución de la República, se revisará la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”. Romero agregó que el sobre-poder que le han atribuido a las Fuerzas

Armadas, es lo que provoca el irrespeto a los derechos humanos en el país.

“Las Fuerzas Armadas deben atender las funciones que le son propias, en el sentido de garantizar el respeto de la soberanía nacional. La función de custodios de la seguridad ciudadana no es su responsabilidad” explicó. En torno a las violaciones a los DDHH, los comisionados constataron y recibieron testimonios del uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales durante el golpe de Estado y el gobierno de facto; lo que tuvo como resultado las violaciones a los derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política.

Hace un año, el decreto ejecutivo de creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció un tercer aspecto del mandato que propone elementos para que los hechos que se presentaron antes, durante y después del golpe de Estado no se repitan. Estos elementos se ubican en los ámbitos: constitucional, derechos humanos, corrupción, fortalecimiento del Estado democrático de derecho, político electoral, internacional, medios de comunicación y de la política de la memoria. Los mismos contienen un conjunto de recomendaciones para fortalecer la institucionalidad democrática, la cultura política y democrática y de participación y el Estado democrático de derecho en el país, a fin de superar la crisis y los impactos negativos de los efectos de la ruptura constitucional. Pero hasta el momento nada se ha cumplido.

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De la euforia a los pies en la tierra

L

a sensación de inminente triunfo que dejó la impresionante concentración del primero de julio en torno al lanzamiento de Doña Xiomara Castro de Zelaya, puede igualmente ofrecer un ángulo de mirada en donde las cosas reales se desfiguren y en donde los colores se tornen de otras tonalidades distintas a los verdaderos. Las euforias no bien conducidas pueden convertirse en muy malas consejeras y darnos el tamaño y las medidas de las cosas que no se corresponden con la auténtica realidad. Las euforias no bien conducidas son un abono eficaz para fertilizar espejismos.

Es muy saludable que tanta gente se haya reunido en torno a una candidatura, así como es conveniente advertir que las candidaturas sin contenidos y liderazgos que involucren a los sectores de base pueden contribuir a oxigenar viejas prácticas elitistas, personalistas y de clanes familiares, como ha sido propio del sistema de partidos existentes en Honduras. ¿No era acaso que las candidaturas a puestos de elección popular se elegían en procesos democráticos internos? ¿O acaso se deposita en Doña Xiomara las prerrogativas de nombramientos de candidatos, como justamente ha sido práctica común de los propietarios de corrientes y de partidos en el actual sistema partidario?

Es conveniente que a la euforia le acompañe una lectura que advierta de los desafíos por definir propuestas de lucha en torno a la impunidad, la problemática agraria, la defensa de los recursos naturales y el ambiente, el sistema educativo, la política fiscal y la nueva institucionalidad del Estado, particularmente en lo que atañe a la seguridad, la fiscalía y todo el sistema de justicia. Aparte de unas cuantas palabras del vocabulario de la izquierda, ¿Hubo realmente un discurso con propuestas estructuradas que rompieran con los tradicionales discursos de los políticos en las tradicionales concentraciones proselitistas? ¿No tenía acaso el

discurso oficial un modelo aparatosamente parecido al discurso de los liberales que, incluso, en lo más granado del mismo, advirtió con fuerza y en repetidas ocasiones que el Partido Nacional había perdido el derecho a gobernar el país? ¿Por qué insistió tanto solo en el Partido Nacional? Un día de finales de enero del año en curso una encuesta que arrojó que el partido Libre era todavía tan poco conocido que menos de un tres por ciento de la población depositaba en el mismo sus simpatías. Ese dato puso en alerta a los militantes más responsables de ese naciente partido, y han demostrado con los hechos que aquella encuesta expresaba ape-

nas una realidad coyuntural. Seis meses después, los mismos militantes del partido están obligados a demostrar, a la inversa, que así como el partido Libre dejó clara su fuerza en la concentración proselitista de Santa Bárbara lo ha de ser también en las luchas por defender los derechos de los pobres y contra la impunidad, por dar señales cotidianas y permanentes de que no es más de lo mismo que las propuestas electoreras de toda la vida, y particularmente que no es más de lo mismo que los liberales de hace unos cuantos años atrás y que hoy se hacen un solo nudo en torno al naciente partido que en su cúspide es liderado por la familia Zelaya Castro.

Continúa derramamiento de sangre campesina en el Bajo Aguán A inmediaciones de la finca Paso Aguán, con varios disparos de escopeta calibre 12 y enterrado en una fosa clandestina, fue encontrado esta tarde el cadáver del Campesino, Gregorio Chávez, (63), quien era parte del Movimiento Unificado

Campesino de Aguán, Muca. Chávez quién también era celebrador de la palabra de Dios, fue raptado cuando estaba trabajando en una parcela colindante con las fincas del terrateniente Miguel Fa-

Los familiares de las víctimas han denunciado cada uno de los casos pero a nadie se castiga por estos crímenes.

cussé, en la margen izquierda del río Aguán. “Al momento del desaparecimiento de nuestro compañero, se escucharon disparos en el lugar donde estaba y ante eso varios campesinos se desplazaron hasta al lugar donde trabajaba, pero no encontraron rastros de él. Desde ese momento emprendimos la búsqueda por la zona, hasta que esta tarde dimos con el cuerpo del camarada enterrado en la finca” dijo con voz entre cortada Vitalino Álvarez, vocero del Muca. La dirigencia campesina responsabiliza de este acto a los guardias de seguridad de oligarca-terrateniente Miguel Facussé. “A pesar de todos los esfuerzos por solventar el conflicto agrario en la zona del Aguán, el secuestro y desaparición de campesinos continúa a la orden del día, sin que nadie haga nada al respecto”, dijo Álvarez.

Las carreteras que conducen hacia las fincas donde se ubican las familias campesinas están militarizadas.

Política de muerte Los testimonios desgarradores de testigos o familiares de las víctimas del conflicto agrario, que desde el 2009 hasta la fecha ha dejado un saldo de más de 55 campesinos organizados asesinados, denota el terror que se ha sembrado en el Valle del Aguán. “Todos las desapariciones y asesinatos de nuestros hermanos campesinos están en la impunidad, en

este sentido, estamos padeciendo una carencia extrema de institucionalidad, con una Fiscalía que no investiga, una Policía que no persigue a los delincuentes y un órgano judicial que funciona solamente para algunos ciudadanos. La impunidad es total, y al Estado no le interesa resolver el asesinato de campesinos. Antes bien, parece estar al servicio de unos pocos en este país”, concluyó el dirigente campesino.

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» Explotación minera en Honduras

Maldición de malinche en un pueblo bendito E

ste mes, el caso de impunidad que presentamos como parte de la campaña del ERIC y Radio Progreso, No más Impunidad, es el acaparamiento ilegal e indiscriminado de los recursos naturales del país, cómo se tuercen las leyes en beneficio de las grandes industrias y cómo las comunidades se enfrentan a esto en una lucha pacífica y constante en un país rico en recursos naturales, un suelo bendito. “Es una bendición para nosotros las conformaciones de minerales que hay aquí pero en estos momentos Honduras está impulsando una minería que solo contempla una nueva fase de colonialismo, esa bendición se ha convertido en una maldición de malinche, donde 500 años después seguimos recibiendo espejos a cambio de nuestras riquezas”, expresaba Pedro Landa del Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario, Ceprodec, frente a un contexto en el que, por un lado, se discute una nueva Ley de Minería en el Congreso Nacional y por otro, muchas comunidades dicen NO. Actualmente se está realizando la socialización de un nuevo proyecto de Ley general de minería que según defensores y defensoras de recursos naturales se ha cocinado a puertas cerradas en un Congreso

ción” explicaba Ayala.

Socialización:

Socializando un nuevo proyecto

Santa Rosa de Copán: el 5 de julio. Santa Bárbara: 11 de julio. Choluteca: 18 de julio. Olancho: 3 de agosto. Valle del Aguán: 8 de agosto. Puerto Cortés: 15 de agosto.

Esta semana comenzaron las socializaciones del nuevo proyecto de ley de minería, en Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara y Comayagua.

Nacional que baila al ritmo de la industria minera trasnacional. Según Ceprodec, prácticamente el 75% de las empresas mineras de capital canadiense, chilenas, taiwanesas, italianas y chinas, en la minería metálica y en la no metálica, hondureños; son las que están esperando que llegue esta nueva ley para comenzar la explotación. “Este tema es de interés nacional, porque la explotación de los recursos naturales representa una amenaza para el desarrollo de las comunidades, con esta ley se estaría abriendo las puertas para que no menos de 300 nuevos proyectos mineros se aprueben en Honduras en los 18 departamentos” expresó Landa. Organismos de Derechos Humanos aseguran que son casi cuatro millones de hondureños excluidos en materia de salud, estimando que el 80% de estas personas excluidas pertenecen a la zona rural,

En Valle de Siria, Francisco Morazán y Santa Rita, Santa Bárbara los daños de la minería se manifestaron en la salud de los pobladores y pobladoras.

sin hospitales, medicinas, suficiente equipo y personal médico, sumado a las enfermedades que provocan la explotación minera, hacen que esas zonas tengan baja calidad de vida. Por ejemplo, en el municipio de Minas de Oro, las operaciones de la Compañía Minera Kenecock en los años 90 contaminó el río Sulaco, El Colorado y Playas y un pozo malacate en el lugar denominado El Terrero, cuyas muestras resultaron positivas por arsénico y plomo. La

Ley inconstitucional en el limbo jurídico En 1998, el año de uno de los desastres más grandes que sufrió Honduras-el huracán Mitch- de forma amañada y aprovechada, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de la Minería, que entró en vigencia en 1999, y fue declarada, en su mayoría de artículos de fondo, como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2002. Han pasado 10 años de esto, y la Ley está en un limbo jurídico, es inconstitucional y no debe tener vigencia, sin embargo se aplica aún porque no hay más que aplicar, el ejercicio minero en el país no para y a pesar de los esfuerzos y propuestas de ley de organizaciones ambientalistas la situación sigue igual. La actual Ley General de Minería es inconstitucional por:

Estos problemas de salud han sido provocados por la explotación minera a cielo abierto realizado por Entremares en el Valle de Siria.

a. Incentivo de Monopolios en el país. b. Apropiación ilegal de territorio nacional por parte de las mineras. c. Comunidades sin participación.

d. Falta de transparencia en la explotación minera. e. Exención de impuestos. f. Estudio de Impacto Ambiental tardío. g. De los derechos laborales (horarios de trabajo).

deforestación ha secado las fuentes de agua y la apertura de pozos ha contribuido a acrecentar su escasez, esta es la realidad que siguen enfrentando muchas comunidades de Honduras que han sido sometidas a vivir en medio de la explotación minera, esto según la resolución de inconstitucionalidad de la actual Ley General de Minería.

Un congreso politizado tuerce leyes Para la abogada y ex diputada udeísta, Silvia Ayala, el Congreso Nacional, por su naturaleza eminentemente política, es un nido de testaferros de los poderosos del país, que cuando necesitan proteger sus intereses mandan a proponer, discutir y aprobar leyes a su favor. “Nosotros denunciamos en ese periodo (2006-2009) cuando se estaba discutiendo la reforma a la ley de minería, la asociación nacional de minería no metálica incidía e invitaba a reuniones a diputados, estos permitían que hicieran exposiciones en el pleno, ellos tenían entrada directa a las diferentes instancias para la aprobación de una ley, a los jefes de bancada, comisiones, etc. Porque estos grupos de poder fácticos tienen sus testaferros en cualquier partido político y eso es lo que complica que en el Congreso Nacional se tomen decisiones en beneficio del Estado, de la pobla-

Según Rigoberto Cuellar, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, el borrador de dictamen del nuevo proyecto de ley de minería está basado en los principios de defensa de la vida, participación comunitaria y respeto al medio ambiente, sin embargo la SERNA se lava las manos en el control ambiental porque según el borrador, los gobiernos locales jugarán papeles fundamentales en este aspecto. Para Pedro Landa y las organizaciones comunitarias defensoras de los recursos naturales, solo son consultas amañadas para legitimar la ley y que entre en vigencia sin la verdadera participación de las comunidades.

“Una de las sugerencias a las comunidades es que más que llegar a firmar una lista de participantes puede servir como legitimación de que se consensuó la ley, por lo que se debe más bien llegar a acuerdos con las comisiones que van a llegar y todo compromiso quede en las actas” aconsejó Landa. “Esta socialización es amañada porque es más para promover la actividad minera” decía el presidente del bloque Popular de Las Vegas, Santa Bárbara, lugar de socialización del sector también llamado “capital Minera de Honduras”. Asimismo, Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAS, asegura que las actividades se están realizando en lugares de difícil acceso para las comunidades, como una estrategia para evitar que las poblaciones se vayan a manifestar contra la ley e invitar a los sectores a que son afines al gobierno.

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» Argumenta el Cofadeh

Decreto que faculta a militares hacer labores policiales es inconstitucional

E

l Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, acompañó esta semana al señor Wilfredo Yánez, padre del niño Hebed Haziel, asesinado por militares el pasado mes de mayo, para interponer un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en contra del decreto que faculta a las fuerzas militares a hacer labores policiales.

Wilfredo Yanez expresó que con este recurso de inconstitucionalidad se busca, que la CSJ eche atrás esa ley, para que los militares no sigan haciendo labores que corresponden a la policía preventiva. “Ya la Constitución de la República menciona cuál es la responsabilidad de cada miembro de las Fuerzas Armadas, FFAA y cuál es la responsabilidad de la policía”. El padre del niño Ebed Haziel agregó que en el vehículo con el que persiguieron a su hijo, andaba un oficial que fue el que ordenó que abrieran fuego, y ese mismo oficial es el mismo que está gozando de medidas sustitutivas en este momento. Yánez dijo que “será la Fiscalía de Derechos Humanos y el Cofadeh en

Inconstitucional El recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Sala de lo Constitucional se interpuso el pasado viernes 29 de junio en contra del decreto número 223-2011 aprobado por el Congreso Nacional el 21 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 32685 del 3 de diciembre de 2011.

el acompañamiento que me está brindando, los responsables de que se trate de cambiar esas acusaciones y que los 3 militares no se vayan ni siquiera por homicidio sino por asesinato, porque hubo alevosía y ventaja en ellos”. La directora del Cofadeh, Berta Oliva adelantó que la persona que ha sido enviada a prisión por el caso del niño Hebed Haziel Yánez Cáceres ha sido la de menos rango y se trata del sargento Eléazar Abimael Rodríguez. Entre tanto al subteniente Josué Antonio Sierra y el cabo Felipe de Jesús Rodríguez les fueron dictadas medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Oliva señaló que “esa persona de menor rango dentro del operativo en el cual se asesinó al niño estaba

El Comité de Familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras, Cofadeh, lleva el caso del joven Ebed Yanez, asesinado por militares.

obedeciendo órdenes, porque nadie, ningún militar dispara sin recibir una orden y ahí estaba plenamente identificado el militar que estaba a cargo y que además participaba del operativo; a eso se llama impunidad”.

que todas las personas que tengan responsabilidad de este crimen, vayan delante del juez y que sea el juez quien determine cuál es su responsabilidad”, aseguró el padre del niño asesinado a manos de los militares.

“Vamos a llegar al cielo o vamos a llegar al infierno si es posible, para

El abogado Darlam Matute dijo que lo importante en este caso es que

se ha avanzado con la presentación del recurso y que cree que en las actuales circunstancias, el proceso de militarización del país está provocando caos a nivel nacional, porque no puede ser que un ejército que está preparado para defender el territorio nacional esté ejerciendo funciones policiales.

» Según analista político

Libre revive esperanzas en la refundación del país El pasado domingo 1 de julio, Santa Bárbara se inundó de esperanza y buenas vibras con el lanzamiento a la candidatura a la presidencia de Honduras de Xiomara Castro por el Partido Libertad y Refundación, Libre.

El lanzamiento oficial se realizó en el sector de Galeras, Santa Bárbara contando con el calor humano de miles de hondureños y hondureñas que han puesto sus esperanzas de la refundación del país es este nuevo partido político.

Hermilo Soto.

Hasta niños y niñas asistieron a la concentración política.

Para el analista político Hermilo Soto el lanzamiento a la candidatura presidencial de Xiomara Castro es un evento inédito en Honduras en el que una variedad de sectores más representativos del país se aglutinaron para disputar el poder político a la oligarquía. Libre, bañado de esperanza para miles de hondureños y hondureñas que se mantienen en resistencia ante las injusticias y opresiones que sufre el pueblo, es el camino a la refundación de un nuevo país, señaló el analista político. “Queda claro, con el evento del domingo, que las elecciones del próximo año serán elecciones competitivas y los grupos de poder estarán dispuestos a ceder los espacios por la vía democrática y pacífica como

lo está aspirando Libre”, argumentó el analista político. Soto es de la opinión que Libre más allá de un partido político es representación de unidad y lucha, que ha despertado entusiasmo, optimismo y confianza en los hondureños y hondureñas. Con una multitudinaria presencia, la población en resistencia dio un espaldarazo a esta candidatura, que busca romper con esa dinámica dañina impuesta por el bipartidismo, en estos más de treinta años de mal llamada Democracia. Con la presencia de representantes y bases de todo el país, Xiomara Castro prometió en su discurso trabajar en coordinación con las organizaciones en resistencia para

terminar con el control que los grupos de oligárquicos mantienen de Honduras. El departamento de Santa Bárbara, lugar de origen de la candidata, albergó a miles y miles de personas que le apuestan al proceso de transformación de Honduras, y que durante tres años consecutivos, luego del golpe de Estado, se mantienen en resistencia. El alcalde de San José de Colinas, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, fue uno de los organizadores del lanzamiento presidencial de Libre. El funcionario enfatizó que ahora el trabajo se destina al proceso organizativo frente a las próximas elecciones internas y generales, del año próximo.

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Continúan problemas en educación

E

l tema de educación sigue dando de qué hablar en el país. Ayer centenares de maestros participaron en una protesta en Tegucigalpa reclamando salarios atrasados y la derogatoria de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, Inprema.

Los docentes también reclaman se les haga efectivo el pago de 150 millones de lempiras que les adeudan desde hace tres años, según el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Óscar Recarte, quien agrega que mientras no haya voluntad del gobierno de cumplir con los compromisos del magisterio, no habrá reposición de clases. “Queremos que nos devuelven todas las conquistas y los derechos al magisterio, nosotros podemos recuperar los días perdidos en las clases y si no es así, nosotros no vamos a recuperar el tiempo”, dijo Recarte. La Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto anual de más de 21 millones de lempiras, de esto un 90 por ciento se invierte en pago de maestros y empleados no docentes. El ministro de educación, Marlon Escoto expresó ante los medios de comunicación que él tenía mucha voluntad de ayudar a los maestros a resolver sus peticiones, entre ellas la derogación de la nueva Ley

Esta semana los maestros y maestras salieron a las calles a protestar dejando vacías las aulas de clase.

del Inprema, la Ley Fundamental de Educación y un decreto de emergencia aprobado por el ministro anterior, José Alejandro Ventura, como también los incrementos salariales, pero la solución pasó al Legislativo y la Corte Suprema vía recursos de amparo.

Más corrupción Desde que se destapó la primer olla de la corrupción en el sector educación, han salido irregularidades en diferentes partes del país. Esta semana fue la falsificación de las firmas del director departamental de Educación de El Paraíso, Omar Calderón; de Fernando Carías, secretario Departamental y de Medardo Escoto, director del instituto José Trinidad Reyes del municipio de San

Lucas, denunciaron las autoridades de la sub dirección de Recursos Humanos de Educación. Yesenia Martínez, jefa de Escalafón, dijo que a tres personas, entre ellas Brenda Janeth Martínez, Dagoberto Palma Rivas y Saida Loana Castillo; se les detectó que sus nombramientos se realizaron de manera irregular ya que las firmas de las autoridades fueron falsificadas.

secretario Fernando Carías, ya que los dos funcionarios pudieron constatar que les falsificaron las firmas. Además interpusieron la denuncia en la Fiscalía de El Paraíso, por lo que las autoridades de Educación van a esperar los resultados finales

de la investigación. “Y las autoridades departamentales pudieron constatar que está falsificada su firma, queremos saber quiénes son a los que se les va a pagar y ya se le ha pagado un año a una de ellas”, dijo la jefa de Escalafón.

Según la funcionaria, en Educación se está en un “proceso de transparencia” que se inició con las auditorías sociales en las direcciones departamentales y distritales. Al conocer la irregularidad, Escalafón llamó al director departamental de El Paraíso, Omar Calderón, y al

Como medida de presión maestros se tomaron el peaje sampedrano.

» Mientras enfermeros y enfermeras protestan por falta de pago

Sistema de salud se encuentra en estado de gravedad Mientras cientos de personas buscan atención médica en los centros hospitalarios, las enfermeras auxiliares llevan tres semanas de huelga en todos los hospitales y centros de salud del país, exigiendo el pago de colaterales, con un valor de 420 millones de lempiras, cifra que según el ministro de finanzas Héctor Guillén es imposible de pagar.

Los hospitales siguen sin atender a la población después de 3 semanas.

La crisis en el sistema sanitario público no parece interesarle al gobierno, el mandatario Porfirio Lobo Sosa aseguró que no negociará con las enfermeras: “definitivamente no voy a sentarme a dialogar con nadie que esté presionando” apuntó. Sólo en la ciudad de San Pedro Sula

15 centros de salud han sido cerrados por el paro de las enfermeras. La reacción del gobierno ante tal situación es la de mandar militares a los hospitales y centros de salud. Algunas organizaciones no gu-

Ante la negativa del gobernante Lobo Sosa de sentarse a negociar, la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras, ANEAH, salió a las calles esta semana con pancartas, consignas y bocinas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

bernamentales, como Transformemos Honduras, han destapado la corrupción en la Secretaría de Salud al revelar un informe sobre las irregularidades en la venta de medicamentos, sin duda todo esto contribuye al deterioro de la salud pública y al enriquecimiento de un sector empresarial. Julia Ramírez, paciente en el Hospital Público Progreseño, una de las miles de afectadas aseguró que los pobres son los más perjudicados diciendo que “es una injusticia, dejan que los enfermos se mueran, pero los ricos no tienen problemas ya que ellos pagan una clínica privada”.

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» Joaquín Mejía

Tres años del golpe se resumen en Impunidad S

e cumplieron tres años del golpe de Estado y como fruto han quedado una serie de violaciones a los Derechos Humanos que no reciben la atención requerida de las autoridades. A 3 años las cifras lo dicen todo. Se han registrado 22 casos de desapariciones forzadas por motivos políticos. En el 2011, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, registró mil 693 violaciones a los derechos humanos. El especialista en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, lo define mejor: “los tres años del golpe de estado se pueden resumir en una sola palabra: Impunidad, que es ausencia de investigaciones, ausencia de castigo a aquellos que no solo violaron la Constitución de la República sino que también violaron los Derechos Humanos, que pisotearon la dignidad de las víctimas y evidentemente eso es el reflejo de una institucionalidad colapsada, de una institucionalidad debilitada”.

pesinas en la zona del Bajo Aguán. Datos que reflejan la precariedad que existe en Honduras en materia de Derechos Humanos, una precariedad que sin duda fue agudizada por el golpe de Estado.

los que tejen los hilos del poder en el país” dijo el experto en derecho internacional.

Según explicó el abogado Mejía, en el marco del golpe de Estado, las violaciones a los Derechos Humanos fueron consideradas por la propia Comisión de la Verdad y la Reconciliación como crímenes de lesa humanidad, es decir que todavía tienen un impacto o una gravedad mayor que a una simple violación a los Derechos Humanos. Entre estas violaciones destacan asesinatos, violaciones y otros abusos sexuales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, malos tratos, amenazas a muertes, ataques, acosos, estigmatización y otros.

Desde el 2009 han sido asesinados 24 periodistas y a esto se le suma el asesinato de 59 campesinos y cam-

“Estas violaciones a los Derechos Humanos que no es que no se dieran antes del golpe sino que lo que

“Los tres años del golpe de Estado se pueden resumir en una sola palabra: Impunidad”, dijo Joaquín Mejía.

“La institucionalidad del Estado está servicio de unos poderes que no emanan de la Constitución de la República sino de aquellos sectores económicos, políticos, financieros, empresariales, militares e incluso religiosos que al final de cuenta son

pasa ahora es que con el golpe, la impunidad, la violencia y la violaciones se profundizaron y alcanzaron unos niveles de impunidad grandísimos ya que es evidente que este tipo de violaciones vienen de los cuerpos de seguridad del Estado”, dijo Joaquín Mejía. El especialista en Derechos Humanos también opinó que el “Acuerdo de Cartagena de Indias” que se firmó el 22 de mayo del año pasado, se quedó en simple papel vacío y lo calificó como un “acuerdo light” en materia de Derechos Humanos. Mejía alabó algunas recomendaciones de la Comisión de la Verdad al señalar que hay puntos que son realmente positivos destacando la calificación que hizo dicha comisión al señalar que muchos de los crímenes cometidos en Honduras no son simples violaciones a los Derechos Humanos sino que son crímenes de lesa humanidad.

Isis Obed Murillo: tres años de injusticia Una multitudinaria manifestación pacífica llegó el 05 de julio del 2009 hasta el aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, el presidente Manuel Zelaya Rosales, se aprestaba a realizar su primer intento de retornar a Honduras, luego de haber sido expatriado el 28 de junio con el golpe de Estado. Entre los miles de manifestantes se encontraba Isis Obed Murillo, un joven de 19 años quien junto a su padre el dirigente ambientalista, José David Murillo Sánchez, protestaban exigiendo el retorno al orden democrático y ese día habían llegado hasta el aeropuerto. Eran cerca de las tres de la tarde del 5 de julio. En ese instante a bordo de un avión venezolano y en compañía del presidente de la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Miguel D’Escoto, el embajador de Honduras en la OEA, Carlos Sosa, y la canciller de Honduras, Patricia Rodas, Zelaya intentaba aterrizar en el aeropuerto. Sin embargo para impedir el aterrizaje

del avión en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, miembros y vehículos del Ejército cubrieron la pista e impidieron el aterrizaje del avión. En la euforia la gente intentó ingresar al aeropuerto, rompiendo uno de los cercos de las instalaciones al ver el avión que sobrevolaba suelo hondureño, situación que los militares intentaron contener lanzando gas lacrimógeno y disparando sus armas. Varios manifestantes cayeron heridos, entre ellos Isis Obed, con un disparo en su cabeza, rápidamente fue levantado y trasladado a un centro hospitalario. El intento fue en vano, Isis Obed Murillo, murió, convirtiéndose en el primer mártir de la resistencia.

Impunidad El Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR, establece en el apartado “Caso 1” que “La hipótesis más probable es que los disparos sobre los manifestan-

tes fueron hechos por miembros del Ejército ubicados en la pista de aterrizaje o en otros lugares dentro del aeropuerto (los informes de planimetría no son concluyentes al respecto). Teniendo en cuenta que existe constancia gráfica y testimonios que señalan la presencia de militares en lugares altos y la oposición tajante de las Fuerzas Armadas a dar información sobre el despliegue de fuerzas aquel día en la zona, así como su negativa a que se decomisen las armas utilizadas igualmente en aquella jornada, consideramos que fueron las fuerzas militares las que dispararon contra los manifestantes. Por tanto, existe certeza que miembros del Ejército de Honduras violaron el derecho a la vida de Isis Obed Murillo Mencías. La víctima fue ejecutada extrajudicialmente por miembros del Ejército de Honduras, los cuales apostados dentro del aeropuerto dispararon sobre objetivos específicos situados de-

trás del muro de piedra de Popeyes, en donde se encontraba Isis Obed Murillo y al menos uno de los heridos de aquella jornada”, consta en el informe de la CVR. Tres años han transcurrido desde aquel fatídico día que acabó con la

vida de un joven que luchaba por un país mejor. Aunque diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado se investigue este y otros casos y se juzgue a los responsables, el asesinato de Isis Obed Murillo, aun está en la impunidad.

El joven Isis Obed Murillo fue el primer mártir de la Resistencia.

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