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SEMANARIO No. 225 | 3 Enero 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

» Julietta Castellanos:

“Debemos vigilar cumplimiento de reformas a la seguridad pública” E

n las próximas horas será publicado en el diario oficial La Gaceta, la Ley para la Depuración de la Policía Nacional. Esta semana los diputados del Congreso Nacional aprobaron, con la dispensa de dos debates, esta legislación que según sus impulsores contempla la creación de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública para intervenir y depurar la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Con la aprobación del decreto se crea un nuevo organismo que se encargará de investigar la procedencia del patrimonio de los policías, estableciendo sus ingresos y comparándolos con sus posesiones y propiedades en bienes muebles e inmuebles, así como las de sus cónyuges o compañeros de hogar y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, durante los últimos diez años. Se estima además, que los miembros de la Policía Nacional serán evaluados de manera permanente en su desempeño gracias a un nuevo reglamento con el cual se piensa garantizar la eficiencia y transparencia. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julietta Castellanos se declaró complacida con la aprobación de la ley. “Creo que los diputados hicieron un amplio y profundo debate, además de propuestas

Además de la aprobación de las reformas a la Seguridad Pública, se conoció sobre la llegada de tres funcionarios de los Carabineros de Chile, el General Inspector en situación de retiro Samuel Cabezas, el coronel Juan Carlos Castro y el teniente coronel Sergio Alarcón, para discutir la iniciativa de crear una policía de carabineros en Honduras. Ante esta visita de los uniformados, la comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas declaró que “el chiste no es crear una unidad de élites y que el resto de la policía siga con los mismos vicios, cometiendo los mismos ilícitos, se trata de hacer una limpieza profunda en toda la institución policial.

La aprobación del documento nace gracias a las presiones y propuestas hechas desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, encabezada por la rectora Julieta Castellanos, a quien hace tres meses agentes policiales asesinaron a su hijo junto al joven Carlos Pineda. También estuvo la participación activa de Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde. La ley contempla que la comisión de Reforma de la Seguridad Pública estará integrada por tres miembros nacionales y dos extranjeros (que en las últimas horas se asegura que será un colombiano y un chileno) y tendrá entre sus atribuciones diseñar, planificar y vigilar el proceso de reforma integral de las instituciones que integran la seguridad pública como la Policía Nacional, el Ministerio Público y hasta el poder judicial.

Llegan carabineros

Los miembros de la Policía Nacional serán investigados para conocer la procedencia de sus patrimonios.

en contra de la impunidad”.

Se incluye al MP y Poder Judicial

Julieta Castellanos, Rectora de la Unah.

que enriquecieron el documento que salió del equipo técnico que encabezó la universidad”. “La ley recoge cabalmente la propuesta de la universidad, y ahora el siguiente paso es reunirnos para hacer planteamientos de los miembros que propondremos para que integren esta comisión”. Al consultarle si pensaban si ya manejaban nombres para integrar la comisión, Castellanos aseguró que aún no, ya que esta decisión será tomada entre el equipo técnico de la universidad y con algunas organizaciones de la Sociedad Civil que han acompañado el proceso de denuncia

La depuración abarca también a la Corte Suprema y al Ministerio Público y para ello, la Comisión de Reforma entregará una propuesta para que el Ministerio Público y los órganos de investigación criminal sean herramientas efectivas en el combate del delito y su impunidad. “En estos organismos la Inspectora de Tribunales y la Supervisión de fiscales harán las funciones que está desempeñando la Dirección de Investigación y Evaluación de la carrera policial. El decreto legislativo ha quedado muy amplio, completo, muy categórico, con funciones precisas, con una misión muy clara y con objetivos precisos, desde la universidad creemos que es un buen decreto el que hemos logrado”. La rectora también dejó claro que ahora el papel de vigilar el cumplimiento de este decreto es responsabilidad de las diferentes organizaciones, quienes

deben exigir su aplicación, “ya que se convierte en una oportunidad para ir afianzando el Estado de derecho”, finalizó Castellanos. Por su parte el abogado Ramón Enrique Barrios, juez de Sentencia en los Tribunales sampedranos declaró que las investigaciones que contemplan las reformas a la Seguridad Pública dentro de la Corte Suprema de Justicia, son una clara interferencia a instituciones que son independientes y que tienen instancias propias para investigar a los funcionarios del Poder Judicial. Barrios es del criterio que aceptar este interferencia es deslegitimar las instituciones ya autorizadas para dichas investigaciones. En el caso de los jueces es el Tribunal Superior de Cuentas el órgano encargado de auditar las cuentas y bienes de los funcionarios del poder judicial. Pero que de fondo, Barrios cree que está la demanda generalizada de la población por adecentar el sistema de justicia en Honduras consumido por la impunidad y corrupción.

Borjas agregó que la evaluación que hicieron esta semana los oficiales carabineros de Chile no será tan confiable, debido a que en Honduras la policía no puede autodepurarse ya que necesita intervención internacional que destape los actos de corrupción que se llevan a cabo bajo el uniforme policial. Recordemos que de fondo está la preocupación de la población debido a la violencia que existe en Honduras. Ya lo deja claro el reciente sondeo de opinión pública realizado por el Eric y la UCA de El Salvador, al afirmar que la inseguridad es uno de los temas más sentidos para la gente, a tal grado que lo ubican como uno de los principales fracasos del país. Un 67.5 por ciento de la población considera que la policía está involucrada con la delincuencia, frente a un 14.3 por ciento que considera que la policía los protege.

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Semanario No. 225 | 3 Febrero 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

L

Presión y vigilancia ciudadana

a aprobación del decreto para intervenir y depurar el Ministerio de Seguridad, la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia es un acto que no puede quedar sin atención y análisis. No se trata ni de un rechazo visceral ni de una cómoda y resignada aceptación. Se trata de analizar sus alcances y también sus límites y sus posibles trampas. Ante todo es necesaria la sospecha de un decreto aprobado por unanimidad por una de las instituciones más desacreditadas del país. Si algo viene del Congreso, por muy buen aroma que tenga, hay que sospechar de su pureza, puesto que todo allí pasa por el tamiz del cálculo y

reparto político. Y la sospecha es todavía mayor cuando esta decisión importante se toma en un contexto de avorazada campaña política en cuyo centro se encuentra justamente el que funge como presidente de este poder del Estado. Junto a la sospecha, conviene preguntarse por los alcances y posibilidades de implementación de un decreto que establece la intervención de las instituciones, sin duda más comprometidas con la impunidad y con la politización de la justicia. Intervenir para depurar la policía, la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia significa tocar de frente a quienes de verdad ejercen el poder de los fuertes en Honduras, y sig-

nifica tocar a la alta dirigencia de los partidos políticos y de la gran empresa privada. Significa intervenir en instituciones altamente sospechosas de estar intervenidas por sectores que ejercen su fuerza en los corredores subterráneos del crimen organizado.

tas personas? En adelanto a la aprobación del decreto legislativo, se abrió las puertas a contingentes de policías carabineros de Chile, ¡Muy mala señal! La historia de este cuerpo policial no solo se identifica con su profesionalización, sino y sobre todo por su feroz capacidad represiva. ¿Acaso necesitamos formación represiva si la policía hondureña se destaca justamente por reprimir indiscriminadamente a la población indefensa? ¿Serán los carabineros chilenos parte de la depuración policial?

Para la implementación de este proceso de intervención para depurar a estas instituciones severamente sospechosas de estar coludidas con la impunidad y la criminalidad, se ha aprobado la conformación de una Comisión Interventora integrada por tres personas nacionales y dos personas extranjeras. ¿Qué proceso y qué criterios se han de seguir para La aprobación del decreto legisla identificación y selección de es- lativo para intervenir y depurar la

policía habría sido imposible sin la firme y constante presión de las víctimas de la criminalidad policial encabezada por la rectora Julieta Castellanos. La implementación de este decreto demanda una presión y vigilancia mayor. Ya no solo de parte de quienes presionaron hasta lograr que se aprobara el decreto, sino por los diversos sectores de la sociedad que están hartos de tanta impunidad policial y estatal. Sin esa presión y vigilancia ciudadana, el decreto aprobado corre el severo peligro de convertirse en un arma más desde donde se sigan escudando y se protegiendo los políticos, funcionarios, policías y militares en sus acostumbradas prácticas criminales y corruptas.

» Según análisis del magisterio

Ley Fundamental de Educación sólo favorece a la empresa privada El profesor Joel Navarrete, miembro del Colegio de profesores de Educación Media de Honduras, Copemh, afirma que la Ley Fundamental de Educación es clasista, excluyente y mercantilista. “Esto es una burla de la oligarquía hacia la sociedad. Se le llama fundamental porque en este caso lo que están haciendo es delineando una estrategia de administración de la escuela pública, es separar la educación pública de la privada” afirmó el docente. El artículo 3 establece que: se garantiza el acceso equitativo a una educación de calidad a todas las personas. Sin embargo a criterio del profesor Navarrete “Esta ley perjudica a los pobres y estamos volviendo al caudillismo, porque está dentro del marco de visión de país y de nación”. También, la profesora Irma Deras, asegura que la ley es demagógica, pues es solo publicidad para el presidente del Congreso Nacional y no existen estructuras para que esto se logre, porque en muchos lugares del país hay escuelas que no tienen maestro, pupitres, infraestructura y mucho menos material didáctico. Además desaparece la educación nocturna y se favorece a los cole-

gios privados con la educación a distancia. La ley dice que el gobierno abrirá 10 mil plazas y que serán 2 mil cada año. Pero el ministro de Finanzas Williams Chong Wong dijo que no hay presupuesto ni para una plaza del magisterio, recuerda la profesora Deras. Andrea Paz del Consejo Estudiantil del sector norte del país y alumna del Instituto Hondureño Técnico Alemán, también se opone a dicha ley y agrega que se debe ampliar el presupuesto a la educación pública, pues en este país se le aumenta el dinero a la policía, a militares pero en educación se reduce. Paz además agregó que la aprobación de la ley es un golpe más a la población hondureña, por eso los estudiantes, padres y madres de familia y maestros se deben unir para lograr revertirla, porque la educación pública no puede ser negociada. Jaime Cárdenas, maestro de un centro básico de San Manuel Cortés agregó que la ley no favorece a la educación y que actualmente hay grandes problemas que no se han podido sanear en todos estos años. Por ejemplo, ellos tienen 4 años de no tener maestro para impartir una materia del área técnica, además de otras necesidades.

Con la nueva Ley Fundamental de Educación desaparece el ciclo común y también la educación noctura.

“No existe garantía para que haya calidad educativa en la zona rural donde la gente no tiene acceso a muchos de los servicios básicos como salud, luz eléctrica, agua potable y otros derechos”, indicó Cárdenas. Una parte del magisterio piensa que este 2012 debe ser un año para se-

guir dando a conocer a las madres y padres de familia, al estudiantado en general, los grandes vacíos de esta ley que fue aprobada por el Congreso Nacional a finales de 2011. La diputada Welsy Vásquez asegura que no están privatizando la educación y que los maestros se oponen

porque no se acostumbran a los cambios. De acuerdo a la ley, las escuelas pobres recibirán uniformes, zapatos y útiles en los sectores pobres de Honduras y la diputada aseguró que se va a apoyar para que muchos institutos sean reconstruidos.

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+ NO impunidad

Semanario No. 225 | 3 Febrero 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Impunidad sinónimo de miedo “Me da temor” “no me van a buscar luego por haber dicho algo sobre esto ¿verdad?” esas fueron las reacciones de algunas mujeres y hombres al preguntarles qué entendían por impunidad y mientras leemos esto seguramente relacionamos impunidad con temor.

I

mpunidad, según la Real Academia de la Lengua Española significa, falta de castigo. Sin embargo esta pequeña palabra aglutina una serie de problemas que afectan a la sociedad hondureña, más ahora cuando no es oculto que Honduras es uno de los países más violentos del mundo.

Eso lo conoce la población a la perfección, y se reflejó también en el sondeo de opinión pública realizado por Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric al asegurar la población que el principal problema es la inseguridad y presentando poca confianza en las instituciones del Estado, “una sociedad deprimida”. Pero qué conoce la gente por impunidad, cómo la vincula a lo que les afecta y qué están dispuestos a hacer para luchar contra esa que se manifiesta en la cotidianeidad de la vida en un país como el nuestro.

Los que más inciden

En el sondeo de opinión pública, las respuestas de cada encuestado eran muy propias, sin coacción, sin embargo se puede medir el nivel de influencia de ciertas instituciones al preguntárseles en que institución confiaban más. Las iglesias Católicas y Evangélicas, junto con los medios de comunicación masivos se llevaron los primeros lugares. Manuel Torres, periodista y analista

asegura que la percepción de impunidad entre la población hondureña se inicia a partir de su experiencia cotidiana, pero que los medios inciden para que esta percepción sea de miedo y no de análisis y propuesta. “La gente conoce de impunidad por experimentar los hechos de violencia, asaltos en los taxis, autobuses, abusos de policías o autoridades de otro tipo, casos que se llevan a los tribunales de justicia y no son resueltos, la falta de castigo y aplicación de justicia se vuelve parte de la vida. Eso, los medios de comunicación no necesariamente lo ocultan sino que recogen los casos desde una perspectiva principalmente sensacionalista y amarillista, tratando de crear una atmósfera de temor e inseguridad, no de esclarecimiento de los hechos” adujo Torres. Según el comunicador, los medios de comunicación masivos, sí se refieren a la violencia pero no a las causas y mucho menos valoran el papel de los operadores de justicia en esta situación. En el fondo alimenta un círculo vicioso en el cual el delito es noticia pero se silencia las formas de corregirla.

Espacios de discusión

Sin duda, otro sector que influye en la formación de conciencia, es el magisterio, que desde las aulas forman ideologías y comparten conocimientos. Nestor Alemán, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Copemh piensa que la impunidad es dejar sin castigo delitos o actos de corrupción que afectan al pueblo y ante esto los movimientos populares deben comprometerse. “La lucha contra la impunidad debe estar en agenda de las organizaciones y personas que quieren una práctica política ética para no permitir que los actos de corrupción y violaciones a leyes se repitan” explicó.

“La madre de las injusticias”

Guillermo Jiménez, de la comunidad de fe, Iglesia Evangélica en transformación asegura que las iglesias tienen una gran responsabilidad en la formación de conciencias, sin embargo la iglesia institucionalizada ha sido filtrada de corrupción y se

ha utilizado como instrumento ideológico para enajenar a la población y que siga reinando la impunidad.

¿Qué es la impunidad?

“El problema viene cuando la fe se institucionaliza está al servicio de la clase hegemónica dominante, un aval de la impunidad” dijo Jiménez. Para Jiménez, Honduras es sin duda un Estado fallido en el que prevalece la impunidad generada por una “triada maldita”: la corrupción, el narcotráfico, y el crimen organizado. “La impunidad es aquel momento en que un Estado tiene leyes sin legitimidad, instituciones sin institucionalidad, ausencia de la justicia y transparencia e inseguridad, la impunidad es la madre de todas las injusticias que pueden prevalecer en una nación” afirmó. Los resultados de conjunto de la encuesta realizada por ERIC muestran a una sociedad que ha perdido la confianza en la institucionalidad hondureña, y no es para menos, la violencia agobia a la población. La gente percibe un aumento de la criminalidad y de las actividades del narcotráfico. Además arroja un grado notable de frustración de la población en relación con las políticas del Estado, particularmente por el desempeño de la administración pública en dar respuestas a la crisis económica, en fin, una población que sabe que está igual o peor que ayer y que las cosas no mejorarán. Para esto, según Jiménez, tiene que

La población apunta, en orden de preferencia, a que las propuestas sean impulsadas por la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación, los pastores evangélicos y la jerarquía de la Iglesia Católica. haber un arrepentimiento no solo personal sino organizacional, y las iglesias estar al servicio del reino de Dios y no al anti reino corrupto al servicio del dios dinero, del poder.

Cesar Maradiaga: Significa que los crímenes se siguen cometiendo y no hacen nada por resolverlos, siempre seguimos en lo mismo.

Diana Maradiaga: Impunidad es injusticia, cuando no hay respuestas ante los casos graves que suceden a la población por intereses de las grandes mafias que controlan todo.

Edward Fuentes: Nos damos cuenta por los medios o porque lo vivimos, un oficial haciendo esquela pero arreglándoselas con el infractor “de otras formas” desde allí uno deduce.

Yolany Izaguirre: La impunidad es la falta de la aplicación de la ley a pesar que existe, porque siguen prevaleciendo los intereses de grandes empresarios y funcionarios que están en el poder.

María Miranda: Lo que queda impune es porque no hay ley que se cumpla ni a favor de las mujeres ni de los hombres porque hay muchos asesinatos y no se hace justicia.

Jose Leiva: impunidad es que no hay justicia, no se aplica la ley.

María Gálvez: Es como que yo a usted le diga ¡No me interesa hablar de eso! La impunidad es impotencia.

Marco Tulio Ramos: La impunidad es cuando alguien comete una falta y no lo sancionan.

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Semanario No. 225 | 3 Febrero 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

» Pedro Landa de Ceprodec:

Ley de Minerías NO fue consultada con las comunidades L

os diputados del Congreso Nacional ya tienen listo el dictamen para discutir y aprobar una nueva Ley de Minería. Su discusión se ha prolongado debido a que al hemiciclo ingresaron, y con urgencia, otros proyectos como la Ley Fundamental de la Educación, la Ley de Extradición y la Ley de Depuración Policial. Según estudios de la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales (Asonog), en los últimos cinco años las compañías mineras han ganado 9,920 millones de lempiras y solo han entregado en impuestos al Estado 618 millones. Esto quiere decir que de cada 100 lempiras que ganan, solo 16 le quedan al país. En 2007 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales 13 artículos de la ley de minerías aprobada en 1998 en medio de la tragedia del huracán Mitch.

Mineras metálicas operando en el país Minerales Entremares

Mina San Martín, San Ignacio, Francisco Morazán.

American Pacific Honduras Mina El Mochito, Las Vegas, Santa Bárbarat. Minerales de Occidente

Mina San Andrés, La Unión, Copán.

Eurocanteras

Mina El Murciélago, Lepaguare, Olancho.

Cerros del Sur

Mina Clavo Rico, El Corpus, Choluteca.

Agregados del Caribe

Mina Sapadril, Puerto Cortés).

que no menos de 300 nuevos proyectos mineros se aprueben en Honduras y entren a operar en 12 de los 18 departamentos del país” expresó Pedro Landa, del Centro hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, Ceprodec.

Tras esta declaratoria de inconstitucionalidad surge la necesidad de crear una nueva regulación. Así es como llega una propuesta de ley al Congreso Nacional.

Según la Dirección de Fomento a la Minería, Defomin, -hasta abril de 2011- se registra un total de 637 concesiones de las cuales 284 ya fueron otorgadas y 353 están a la espera de que se apruebe la nueva Ley de Minería. De estas concesiones, 475 corresponden a la categoría de “metálicas” (oro, plata, zinc, plomo, cobre) y 162 no metálicas (ópalos,

“Es un tema de interés nacional por la gran amenaza que esto significa para los medios de vida de la población hondureña porque con esta ley se estarían abriendo las puertas para

Para Pedro Landa en esta propuesta de ley no se consultó a la ciudadanía.

yeso, mármol, material de construcción). “El proyecto de ley fue elaborado únicamente con la participación de un pequeño grupo de diputados. Está bajo el control de Donaldo Reyes Avelar, diputado nacionalista y del secretario de la comisión de minería, el diputado Rolando Dubón Bueso junto con un equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la minería y los gremios mineros, a la población se le ha negado el derecho a la participación”. El diputado Donaldo Reyes Avelar, informó esta semana que ya se encuentra listo el dictamen de la nueva Ley de Minería que incluye los impuestos que pagarán las empresas mineras a las municipalidades, además desaparece la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, Defomin y nace el Instituto de Geologías

Pedro Landa del Centro hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, Ceprodec.

y Minas de Honduras.

unos pocos.

“Esta ley lo único que garantiza es que las empresas transnacionales van a tener toda la disponibilidad a sus anchas para utilizar no solamente los recursos naturales (agua, bosque y minerales), sino también gozar de la impunidad y limitar cualquier iniciativa que la ciudadanía pueda hacer para oponerse a este tipo de industrias en sus comunidades” dijo con preocupación Landa.

Las nuevas tecnologías aplicadas a esta industria destruyen aceleradamente los recursos naturales necesarios para la vida de las comunidades, contaminan el agua y producen enfermedades incurables.

A nivel mundial la minería sigue siendo fuente de explotación para las mayorías y enriquecimiento para

Según Landa “por esta razón varias organizaciones del país están en contra de la minería porque además de ser una de las industrias más sucias, destructivas y generadoras de conflictos y pobreza, también fomenta la corrupción y la impunidad”.

No es impunidad de hoy, es de siempre Herminio Deras fue asesinado en San Pedro Sula el 29 de enero de 1983, por miembros del Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte organizado por el Estado de Honduras con el apoyo de los Estados Unidos. Este crimen aún vive en la impunidad. “Pasan los años y cada enero vuelve con mayor fuerza el recuerdo de tan enorme pérdida, no solo para nuestra familia, sino para el movimiento organizado de Honduras, que vivió en la década de los ochenta la noche más larga y oscura “de su historia. Puede que la memoria histórica no recoja lo suficiente los episodios de dolor, muerte, secuestro, desapariciones, para que los entes de justicia

de éste país se decidan a tener un poco de dignidad, para que las nuevas generaciones no pasen de lado ante esa página y busquen ser partícipes de un cambio que es exigido a gritos por toda la sociedad.

relegadas? ¿Acaso la historia de corrupción, de violación de los derechos humanos es solamente historia reciente? asumir esto es perder la visión de memoria histórica. Y es algo que quienes hemos sufrido en carne propia la injusticia Hoy el país se desangra, las también exigimos rescatar y calles han sido tomadas por el levantar, para que el Estado miedo, por la inseguridad, por asuma su responsabilidad ante la desesperación. las víctimas. Muchas voces se alzan para exigir la depuración de un Desde el 29 de enero de 1983, sistema judicial que históri- estamos llevando una demancamente ha sido cómplice, y da a veces silenciosa, a veces actor directo de impunidad e de trabajo de hormigas, painjusticia. cientemente, con esperanza, pero sobre todo con dignidad Pero no se trata solamente de y valentía, sufriendo los emrecoger los casos actuales, el bates cobardes de los que sadolor de este pueblo no data biéndose culpables quieren sesolamente a partir del 28 de guir amparados en el manto de junio del 2009. ¿O es que las la impunidad que les ofrece un décadas anteriores pueden ser sistema y un Estado cómplice

y mentiroso. Ante el recuerdo de Herminio Deras, no estamos de rodillas llorando porque se aplique la justicia, estamos demandantes, seguros que más tarde o más temprano, este Estado tendrá que pedir perdón y ser castigado por el retardo infundado de la justicia, por haber violentado el derecho a la vida, a la organización, y la libertad de expresión.

El 29 de enero te decimos hermano: no fallaremos, no descansaremos nunca en exigir justicia por tu asesinato.

Ing. Alba Luz Deras G.

Herminio Deras fue acribillado en San Pedro Sula.

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Semanario No. 225 | 3 Febrero 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

» En memoria de Jeannette Kawas

Defensores de recursos naturales unen sus voces E

n San Juan Pueblo, departamento de Atlántida al norte del país, se realizó el encuentro de organizaciones defensoras de recursos naturales en memoria de la ambientalista Jeannette Kawas, asesinada 17 años atrás debido por detener la tala ilegal de madera y proteger el medio ambiente en la bahía de Tela. Participaron comunidades de Atlántida, Colón y Valle de Siria, sirvió para unir luchas contra la explotación ilegal y desmedida de recursos naturales por empresas trasnacionales. Proyectos hidroeléctricos, mineros y térmicos que provocan un gran impacto ambiental en la zona atlántica, donde la población se siente amenazada por nuevos proyectos mineros.

Buscando justicia

“En Honduras es difícil denunciar, porque no hay confianza en las autoridades” coincidían algunos pobladores. Aunque sus realidades son distintas, los intereses avorazados de algunas industrias siempre intentan dormir a la población. Según el abogado Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, es importante denunciar estos delitos ambientales, primero a instancias cercanas, y de no tener respuesta a

Henry Sauceda, Valle de Siria

instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos, OEA en la materia. Así, en octubre pasado conoció los casos de explotación y venta de recursos naturales, de los cuales son víctimas las comunidades de este departamento. Casos como el asesinato de Jeannette Kawas, denunciado en 2003 ante la Cidh son avances en la búsqueda de justicia que da esperanza a estas

En el encuentro de San Juan Pueblo participaron pobladores afectados por la minería del Valle de Siria.

comunidades afectadas, pero organizadas.

Valle de Siria: tema pendiente

En San Ignacio, en el Valle de Siria, hay consecuencias graves provocadas por la industria minera Entremares que logró saquear e irse sin ninguna responsabilidad. La empresa Entremares, inició operaciones en la zona en 2000, y hasta el 2011 cuando terminaron de saquear la mina, aumentó la erosión de la tierra, muerte de ganado, enfermedades de la piel y contaminación de las aguas con cianuro y arsénico.

Henry Sauceda del Comité Ambientalista del Valle de Siria aseguró que por eso es importante hablar sobre las trasnacionales que vienen al país ofreciendo desarrollo pero solo les interesa enriquecerse ellos mismos con los recursos. “Por eso venimos al norte de Honduras para decirles que empresas como éstas no son necesarias porque traen muchos problemas. La respuesta del Estado ha sido poca, por ejemplo se denunció la contaminación por arsénico ante el Ministerio Público y tardó 4 años el análisis de una muestra de sangre” añadió Sauceda. Sobre la discusión de la Ley de Mi-

nería, que según los impulsores en el Congreso Nacional, traerá desarrollo al país, Sauceda afirmó que todo es a favor de las mineras, y los gobiernos se ponen coludidos con estas trasnacionales para agenciarse grandes ganancias. “Lo ideal es que una empresa que venga a explotar recursos sea monitoreada por el Estado y los gobiernos locales”. El encuentro dejó por sentado nuevas formas de denuncia y avances en la lucha por los recursos naturales que incluyan a los gobiernos locales, a través de cabildos abiertos y capacitaciones para el momento de denunciar.

“Arrozazo” pone al descubierto arreglos bajo la mesa Más de 14 mil toneladas de arroz a bordo del buque carguero Sacramento, en Puerto Cortés, generaron el escándalo en Honduras y dejaron al descubierto los arreglos bajo la mesa que hacen los funcionarios. Mientras los molineros industriales suspendieron la compra del arroz granza a los productores hondureños en plena cosecha, por el principal puerto de Honduras ingresaba el grano importado por el industrial Sadye Andonie, dueño de tres beneficios de arroz ubicados en la zona norte del país. Andonie en su defensa argumentó que se le autorizó la importación de 11,200 toneladas de arroz amparadas en el CAFTA (tratado de libre comercio entre EUA-Centroamérica-República Dominicana), que formaba parte de la cuota de importación del 2011. Sin embargo el barco llegó hasta el 14 de enero a causa

del tráfico en Misisipi, trayendo 14,300 toneladas.

Reacción de los Molineros

En respuesta a lo expresado por Andonie, el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingreso DEI, Enrique Castellón, dijo que hay dos buques que están cargados de arroz en el puerto, uno que es el Wartha con más de 600 toneladas que sí cuenta con su licencia en el marco del Cafta y el Sacramento que tiene a bordo las 14,382.65 toneladas cuyos permisos están vencidos, por lo que debe pagar el arancel correspondiente y recargos que en total suman unos 40 millones de lempiras, de lo contrario será regresado a su lugar de origen.

Luego de una reunión entre molineros, productores y el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, Jacobo Regalado; Benjamín Toledo, presidente de la Asociación Nacional de Molineros de Honduras, Anamh, afirmó que la controversia se produjo desde septiembre cuando el gobierno trastocó un convenio de compra-venta y una serie de reglamentos a los contingentes de los Tratado de Libre Comercio, estableciendo nuevas reglas referentes a la compra y las cuotas de importación, desamparando a los productores.

El industrial Sadye Andonie dejó ver que por día está pagando más de 42 mil dólares porque el barco está parado en el Puerto y de no permitírsele la descarga del grano demandará al Estado.

Producto de dicha reunión en la que se buscaron salidas al conflicto, los industriales arroceros del país se comprometieron a reactivar el proceso de compra de arroz a los productores nacionales.

Mediante un comunicado público, la Anamh expresó al gobernante Porfirio Lobo que lo que les preocupa en este momento es que quienes han tratado de sorprender a todos con una importación fuera de los acuerdos y al margen de la ley, hoy aparecen como los redentores; y a quienes han sido respetuosos de esos acuerdos quiera señalárseles como los villanos.

Responsables

Lo que aun no queda claro es quién autorizó la importación de las 14 mil toneladas de arroz granza, pero con lupa están siendo vistos Jacobo Regalado y Juan ángel Artica, titular y viceministro de la SAG, quienes se han acusado mutuamente de ser los responsables. Artica hasta pidió la intervención en la SAG, asegurando que los señalamientos del ministro son una cortina de humo para cubrir la problemática

que están enfrentando los productores de Colón. Mientras que Regalado sostiene que el viceministro Artica fue el que, abusando de su autoridad, solicitó las licencias en dos ocasiones para importar el arroz, señalamiento del cual asegura tiene documentación para respaldarlo. Mientras ninguno de estos funcionarios acepta la responsabilidad de tomar decisiones y hacer acuerdos bajo la mesa para beneficiar a personas en particular, quienes han resultado seriamente afectados son los productores de arroz como Carlos Chacón productor del Valle de Lean, en el departamento de Atlántida, quien aseguró que esta problemática ha hecho que pierdan buena parte de sus cosechas y los orillará a recibir precios bajos por cada quintal de arroz.

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Semanario No. 225 | 3 Febrero 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

» Del Asentamiento La Lempira

Detienen campesinos del MUCA L

a detención del campesino Juan Ángel Rodríguez ocurrió ayer jueves, en el municipio de Arizona, Atlántida, cuando una delegación de campesinos del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguan (MUCA) regresaba de Tegucigalpa, después de sostener varias reuniones de negociación con funcionarios del gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo Sosa. “Nosotros veníamos de Tegucigalpa, de presentar una contrapropuesta sobre la compra de las tierras que hemos negociado, pero no pudimos entregarla por razones de tiempo. Entonces decidimos regresar a sus nuestras fincas en el Aguán, pero para sorpresa nuestra fuimos detenidos los 13 campesinos que viajábamos en nuestro vehículo”, dijo Yony Rivas dirigente del MUCA. “Del retén policial donde fuimos detenidos nos trasladaron por carreteras desconocidas rumbo a la estación policial en la ciudad de Tela, nos condujeron en vehículo color rojo Nissan Frontier sin placa y un segundo Mitsubishi blanco también sin placa”, de acuerdo al testimonio de Rivas.

Indicó que mientras estaban detenidos, la policía manifestaba que los estaban investigando, después de una hora dijeron que solo Juan estaba detenido y que el resto que-

daba en libertad. De acuerdo a Rivas, “esta es una maña vieja, pues cada vez que viajamos a Tegucigalpa la policía nos hostiga, cuando nosotros solo que-

“Todo esto lo maneja Miguel Facussé y demás terratenientes, pero ahora están como queriendo decir que cometieron un error, ya que los terratenientes nos acusan de narcotraficantes y de guerrilleros, pero nosotros somos campesinos humildes y pacíficos que solo queremos un pedazo de tierra para cultivarla

Después de varios meses de hostigamiento, amenazas y persecución, el Estado de Honduras no ha tomado las medidas pertinentes para proteger a Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, de acuerdo a comunicación enviada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 03 de septiembre de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificó al Estado de Honduras el otorgamiento de medidas provisionales a Gladys Lanza.

En primera instancia, la policía alegó que la detención de Juan Ángel Rodríguez se debió porque existe sobre él una orden de captura por el delito de violación en primer grado, sin embargo familiares de la víctima llegaron a la posta policial y manifestaron que el labriego no es el responsable, según Rivas. remos resolver el conflicto, pues ya van más de 53 compañeros asesinados por los paramilitares al servicio de los terratenientes”, aseguró.

Corte Interamericana cita al Estado de Honduras por incumplimiento de medidas cautelares

En esa oportunidad además recordó que el Estado hondureño “tiene el deber particular de proteger a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como de otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para que éstos realicen libremente sus actividades”. Pero a pesar de esas acciones internacionales el Estado no implementó ni siquiera una acción encaminada a proteger la vida de Lanza.

Campesinos de la finca La Confianza siguen luchando por sus tierras a pesar de las amenazas.

y de allí sacar nuestro sustento diario”. Hay que recordar que la criminalización del movimiento social y campesino en Honduras es permanente desde el golpe de Estado de 2009, así como la violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado y por grupos

paramilitares”, concluyó Rivas. Los miembros del MUCA que fueron detenidos son: Juan Ángel Rodríguez, Omar Cano, Leonel Acosta, Orlando García, Orlando Romero, Jhony Rivas, Enemias Ortega, Raúl Ramírez, Osvaldo Laínez, Juan Chinchilla, José Ismael Quintanilla.

Es por eso que ahora tendrá que responder en una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. En uno de los párrafos de la comunicación enviada, la Corte señaló que “es fundamental que las medidas se reflejen en informes estatales que contengan los medios, acciones objetivos determinados por el Estado en función de las específicas medidas de protección de los beneficiarios de las mismas, de manera que den sentido concreto y de continuidad a esos informes”.

» Para visibilizar lucha campesina

Organizaciones del Aguán desarrollarán encuentro internacional de derechos humanos Con la esperanza de continuar en la construcción de una patria donde los campesinos y las campesinas no sean una estadística más sobre violación de derechos humanos, del 17 al 20 de febrero de este año se llevará a cabo el encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras.

Miembros de varios sectores del país participan en esta actividad.

La base campesina es la protagonista en este encuentro. “Esta actividad se llevará a cabo en Tocoa, Colón, con el propósito de buscar salidas a la grave situación humani-

taria en el Valle del Aguán, región de lucha campesina”, asegura Rudy Hernández del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Muca.

Hernández manifestó que se busca visibilizar la lucha campesina, hacer evidente la continuidad del Golpe de Estado en Honduras y su expresión en todo el aparato institucional responsable de la impunidad y la agudización de la violencia estatal. Además informar sobre la vinculación entre la militarización, la

transnacionalización, la lucha por la tierra y la violación de derechos humanos en la región y el país. Recalcó que una vez más entre hondureños y hondureñas se juntarán a repensar esas construcciones colectivas por la justicia, la dignidad y la vida, donde se pueda contar con la solidaridad internacional que los llene de aliento, ternura y los fortalezca para enfrentar la sistemática violación de derechos humanos, la militarización y el despojo.

Para mayor información visite: www.eric-sj.org - www.radioprogresohn.net


Boletin informativo 225