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Corrupción e impunidad con blindaje de transparencia Nuestra Palabra | 19 Septiembre 2012 En su lengua original, la codicia quiere decir amor al dinero, y según un texto de San Pablo “La codicia es la causa de todos los males”. La gente adinerada cuanto más dinero tiene, más quiere, y más insensible se vuelve hacia las calamidades sociales. A lo sumo, se quita el bulto de su conciencia, dando limosna y quedando bien con el cura o con el pastor. En una sociedad como la nuestra que privilegia el tener sobre el ser, no es extraño que el negocio y el afán de acumular riquezas sean lo que defina las relaciones humanas, por encima del bien de las personas y de la ética y la solidaridad. Cuando la cultura de la legalidad es precaria, como ocurre con nuestro sistema de justicia, y cuando las propias leyes no están estructuradas para perseguir y evitar delitos de corrupción, no es extraño que quienes tienen acceso a dineros públicos piensen que han encontrado un excelente camino de enriquecimiento personal. Los funcionarios del Estado, claro está, niegan incluso que son tentados a robar del erario público. Todos son honradísimos y de gran criterio moral. En nuestro país, basta que una persona tenga suficiente influencia política o económica para que la corrupción no signifique ningún problema, porque los profesionales del derecho se encargan de crear un blindaje jurídico a su alrededor. La corrupción misma se convierte en factor de mayor influencia en la sociedad, de manera que marchas contra la corrupción las organizan y en ellas desfilan políticos, funcionarios y altos empresarios que desde hace tres décadas vienen utilizando los recursos y la institucionalidad del Estado para acumular y concentrar capitales y convertirse en personas de influencia. Aunque el sistema de justicia solo enjuicia a los corruptos de muy poca monta, la corrupción es un problema grave. Si los juicios contra personajes corruptos son en los hechos inexistentes, se debe más a la impunidad que a la honradez de los políticos y funcionarios de altos vuelos. Una justicia lenta, ineficaz, extremadamente politizada, así como a resoluciones arbitrarias de muchos de los jueces, salpicados plenamente de corrupción y de protección de corruptos, agrava la situación. Los sectores promotores y gestores de la corrupción han llegado a hilar tan fino en este tema que ellos mismos han logrado definir los alcances y límites de la lucha contra la corrupción. Los corruptos son los que lideran la lucha anticorrupción, y cuanto más malversan recursos o manipular leyes, más mecanismos de transparencia establecen para dar a conocer los informes oficiales. Es lo que podríamos llamar como corrupción e impunidad blindada de transparencia o la fase superior de la corrupción patrimonialista. Los partidos políticos, aburridos incluso de pedir votos, están obligados a comenzar a tocar con seriedad este tema de importancia nacional, si es que de verdad quieren seguir teniendo vigencia entre una población que los ha identificado plenamente como maquinarias productoras de corrupción. O los políticos comienzan a barrer por su propia casa, o la sociedad, en su momento, acabará barriendo de la historia esa política podrida que tanto daño le ha hecho al país a lo largo de toda su historia.

Corrupción e impunidad con blindaje de transparencia  

Editorial, Radio Progreso y Eric-SJ

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