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No. 5 - 1 marzo de 2016

GUATEMALA

NO hablar de sexo como una estrategia de país.

LA SALUD:

El cartel del que no se habla en Colombia

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

AMÉRICA

LATINA UN PASO ADELANTE


Contenido ciudadano Es una publicación de

en alianza con: EDITORIAL BREVES

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ESPECIAL Medios de comunicación en América Latina: un paso adelante

Edición General 6

INTERNACIONAL #Judileaks: los mejores y peores candidatos a la Corte Suprema de Honduras

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FCD Mauricio Alarcón Salvador REDLAD Gina Romero Coordinación Oscar Peñafiel Diagramación y diseño Edgar Quishpe Pinto Los contenidos llegan a usted gracias a la colaboración de:

OPINIÓN No hablar de sexo como estrategia de país

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2016: el año del caos brasileño

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La salud: el cartel del que no se habla en Colombia

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El Demócrata http://www.eldemocrata.cl Blog DPLF http://dplfblog.com/

ANÁLISIS Mandatos de la Cumbre de las Américas ¿Un saludo a las banderas?

PanAm Post Noticias y análisis sobre América http://es.panampost.com

22 Las opiniones vertidas en los artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la revista ni a sus directores, editores o ejecutivos. Los artículos pueden ser reproducidos previa autorización de sus autores.

Portada: pixabay


Editorial

Para Redlad es un gusto, y un honor, presentar esta nueva edición de Pulso Ciudadano, en la que inauguramos la alianza editorial que tenemos con Ciudadanía y Desarrollo. A partir de esta edición, realizaremos un esfuerzo conjunto para llevarles artículos de interés a las organizaciones sociales y activistas de la región. Intentaremos traer a ustedes diferentes caras de las mismas monedas, diversas historias que forman los retazos de los que está compuesto el análisis político y económico de nuestra América Latina. Esperamos crear un verdadero pulso de ideas, visiones, perspectivas, imaginarios en un diálogo respetuoso entre saberes. En un momento de cambios y transformaciones, es indispensable que entre diferentes logremos dar forma al camino que nuestros países deberían seguir. Por supuesto, este debe ser un pulso honesto y democrático, un verdadero pulso ciudadano. Les invitamos a que nos hagan llegar sus notas, crónicas, reportes y reseñas. Así como sus comentarios sobre los artículos acá publicados. Empecemos el diálogo.

Gina Romero Directora Ejecutiva Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

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BREVES

Cursos y capacitaciones virtuales

Think Tank Navigator. Atlas Network. Fundamentos para la creación de un think tank en cinco lecciones, con ejercicios de aplicación práctica para ayudarte a crear planes de negocio básicos y propuestas de financiación. Curso gratuito. Virtual. En español. Empieza el 22 de marzo. Dura seis semanas. Gestión de proyectos de desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Aprende mejores prácticas de gestión de proyectos para promover el desarrollo social y económico en América Latina y el Caribe.

BECAS

Maestría en estudios latinoamericanos. CAF-BID-Centro Latinoamericano de la Universidad de

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Curso gratuito. Virtual. En español. Empieza el 29 de marzo. Dura cinco semanas. Cambio organizacional para una gestión efectiva. Banco Interamericano de Desarrollo. Curso orientado a mejorar la comprensión y manejo de los procesos de fortalecimiento institucional y cambio organizacional, para que directivos y profesionales de América Latina y el Caribe puedan incidir positivamente en el desempeño de sus organizaciones. 140 dólares. Virtual. En español. Empieza el 5 de abril.

Oxford. Abiertas postulaciones para dos becas de la Maestría en Estudios Latinoamericanos 2016 - 17. Las becas cubrirán tanto los gastos de matrícula y mantenimiento en St Antony’s College. Programa de becas indígenas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Contribuye a aumentar la capacidad y la experiencia de representantes indígenas en el Sistema de Naciones Unidas y a difundir y entrenar

Dura siete semanas. Indicaciones para la medición del desarrollo humano. PNUD. Busca brindar los conceptos teóricos y metodológicos básicos para saber interpretar los principales indicadores de DH, conocer los avances metodológicos que han sido propuestos a nivel nacional, regional y local, y saber traducir los datos a políticas y programas públicos específicos para avanzar en la consecución del DH. Gratuito. Curso virtual. Dura 12 semanas.

sobre mecanismos asociados a la protección de los derechos humanos en general y de los indígenas en particular. De esta forma los participantes podrán estar en una mejor posición para proteger y promover los derechos de sus comunidades a nivel internacional. Presencial, entre junio y julio de cada año. Incluye tiquete y manutención. Cierre de aplicación: 25 de febrero.


ciudadano

Pasantías en la CIDH La Comisión Interamericana cuenta con un programa de pasantías que se encuentra administrado en conjunto con el Programa de Pasantías de la OEA y ofrece la oportunidad a jóvenes estudiantes o recién graduada/os, provenientes de los Estados Miembros de la OEA, de conocer y trabajar en la Comisión Interamericana en aplicación de los mecanismos de protección y promoción que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de los beneficios de este programa es que posteriormente, el conocimiento adquirido durante la pasantía se aplica en el país de origen del pasante. La CIDH tiene oportunidades para jóvenes estudiantes de derecho y a abogada/os recién graduada/os, así como para jóvenes estudiantes de Cooperación Internacional y Procuración de Fondos, Periodismo, Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, Diseño Web, Webmaster, Ciencias de la Computación (Profesional o Técnica), Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Analistas, Diseñadores de Sistemas, Técnico Superior en Sistemas de Información, Traducción (capacitados/as para trabajar en al menos dos de

los cuatro idiomas oficiales de la OEA), o personas recientemente graduadas en estas áreas. Durante la pasantía, los participantes tienen la oportunidad de trabajar junto a los y las profesionales y funcionario/as de la Secretaría Ejecutiva en las distintas actividades que desarrolla la CIDH. Las tareas específicas son asignadas por la Secretaría Ejecutiva. El programa cuenta con tres sesiones cada año con fechas establecidas. Las pasantías no son remuneradas. El programa de pasantías de la CIDH/OEA no es remunerado. Las solicitudes se receptarán hasta el 28 de febrero, y el período de la pasantía es entre el 2 de junio y el 12 de agosto de 2016.

Transparencia Perú trabaja de cara a las presidenciales Durante el mes de enero, Transparencia Perú puso a disposición de la ciudadanía la herramienta informática Compara YA. Esta herramienta permite conocer y comparar con mucha facilidad las propuestas de los partidos políticos y alianzas electorales en 19 temas de especial interés. ComparaYA forma parte de la Plataforma Elecciones 2016 y ha sido desarrollada gracias al apoyo de Unión Europea. La organización también puso en marcha el aplicativo Verita mediante el cual se difunde el contenido de las hojas de vida presentadas por los candidatos y candidatas a la Presidencia y Vicepresidencias de la República; posteriormente hará lo mismo con los candidatos al Congreso y Parlamento Andino. Verita permi-

te que los electores conozcan mejor el historial de los postulantes, especialmente en lo que se refiere a sentencias condenatorias y procesos judiciales en curso, así como la declaración de ingresos y bienes. Estas iniciativas, además de OJO

A LA CAMPAÑA y NEUTRALITO están a disposición a través del sitio web: http://elecciones2016.transparencia.org.pe/.

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OPINIÓN ESPECIAL

Medios de comunicación en

AMÉRICA LATINA:

UN PASO ADELANTE*

* Versión en inglés del informe ‘Media in Latin America: a path forward’, publicado por CIMA en enero del 2016. Disponible en: http://www.cima.ned.org/resource/media-in-latin-america-a-path-forward/

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ciudadano

Por: Don Podesta

Fotografía: nacionesunidas.org.com

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edios de todo el mundo se enfrentan a una deprimente letanía de problemas. En casi todas las regiones, los periodistas y medios de comunicación se encuentran con alguna combinación de ataques físicos y asesinatos, encarcelamientos, y censura. La concentración de la propiedad de los medios y la captura de los medios de comunicación por políticos y sus aliados están creciendo, mientras que el pluralismo y la diversidad de voces en los medios se están reduciendo. El desarrollo de los medios y de organizaciones que trabajan por la libertad de expresión han tratado de hacer frente a estos problemas por más de dos décadas. Sin embargo, como muestran los principales índices globales de libertad de prensa, con cada año que pasa, el panorama para los medios en vez de mejorar tiende a empeorar.

En un esfuerzo por romper esta espiral, el Center for International Media Assistance (www.cima.ned. org/) y la Deutsche Welle Akademie, el brazo de desarrollo de los medios de la emisora internacional alemana, han propuesto una serie de consultas regionales en todo el mundo con actores interesados para diagnosticar las causas subyacentes de esta situación y buscar mejores enfoques para la solución, o reducción, de estos problemas. En América Latina este proceso se puso en marcha, con la participación de diez organizaciones asociadas, mediante una conferencia realizada en Noviembre del 2015 en Bogotá, Colombia. Este evento reunió a más de 130 representantes de sociedad civil y medios de comunicación, ONGs de medios y libertad de expresión, reguladores, académicos, representantes de la industria de medios, y otros actores de los sectores de

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OPINIÓN ESPECIAL

medios de comunicación y desarrollo. En dos días de debate abierto, complementados por una reunión de seguimiento, se abrió el camino para la identificación de algunas de posibilidades reales de mejora. UN NUEVO ENFOQUE En principio, el objetivo de esta serie de conferencias es consultar y escuchar lo que la gente en campo, de muy diversos sectores, tiene que decir acerca de los problemas de los medios de comunicación en cada región del mundo, y la investigación de lo que se puede aprender en un lugar que podría ser aplicable en otro para mejorar el entorno de los medios. Por su parte, los socios utilizan este proceso para desarrollar un conjunto claro de objetivos y prioridades y nuevas formas de abordarlos. El objetivo final es ayudar a construir y apoyar los movimientos a nivel nacional para la reforma de los medios y para mejorar las condiciones del sector. La esperanza es que a través de estas consultas los actores políticos, reguladores, sociedad civil, periodistas y propietarios de medios puedan participar en la creación de la voluntad política necesaria para que esto suceda, y que los donantes internacionales reconozcan la importancia de darle más relevancia a los medios en sus agendas de desarrollo. Comenzamos con América Latina, porque ofrece algunos ejemplos de esfuerzos exitosos para reformar las leyes de medios y a su vez representa el amplio espectro de desafíos que enfrentan los medios de comunicación a nivel mundial. Como indicó Silvio Waisbord, profesor de medios de Fotografía: cosecharoja.org

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comunicación y asuntos públicos en la Universidad George Washington, “América Latina es un laboratorio para la reforma de los medios”. Como resultado de dos días de reuniones, los participantes discutieron y priorizaron más de una docena de desafíos para el ambiente de los medios de comunicación en América Latina. Estos fueron agrupados bajo tres categorías principales, que se destacaron como relevantes para todos los países de la región: la concentración de la propiedad, la regulación y la sostenibilidad. CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD Los participantes indicaron que están profundamente preocupados por la continua concentración del control de los medios, no sólo por los gobiernos autoritarios en lugares como Ecuador, Venezuela y Cuba; también por la cada vez más rápida monopolización de los medios de comunicación por parte de poderosos actores del sector privado casi en todas partes. La concentración de la propiedad de los medios conduce a una represión de las voces y la falta de diversidad de la cobertura. Además, la alianza de los dueños de los medios con las élites empresariales y políticas es utilizada para privar de derechos a los ciudadanos y ayudar a afianzar esas élites en el poder; todo lo contrario de la función de vigilancia que se supone los medios de comunicación deben tener en una sociedad democrática. Alrededor de este tema se generó una amplia y franca discusión que reveló diferencias de opinión sobre la disyuntiva de si la concentración estatal de los medios de comunicación es peor que la privada. En lo que hubo consenso fue que en este


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Fotografía: Júbilo·haku/Flickr

es el problema más importante que enfrentan los medios en América Latina, región con la mayor concentración de la propiedad de los medios en el mundo. Guillermo Mastrini, profesor de industrias culturales en la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, dijo que no se puede equiparar la concentración privada de los medios de comunicación con la concentración estatal. “El problema en América Latina es la concentración privada”, dijo, indicando que los medios privados se han vuelto muy poderosos porque han sido habilitados por el Estado de quien son aliados. Ahora bien, esto no es universal, replicó Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Asociación

Interamericana de Prensa, que representa a editores de periódicos. “La concentración de por sí no es necesariamente mala” indicó, señalando que los medios de comunicación tienen que ser lo económicamente fuertes para operar en el mercado y contar con los recursos para hacer frente al gobierno y “empoderar a los ciudadanos”. En cuanto a los regímenes autoritarios en la región que controlan la prensa, dijo: “No se puede obviar el problema de la concentración de los medios estatales (…) uno tiene la sensación de que [algunos piensan] que los medios de privados eran malos, son malos y siempre serán malos”. Por su parte, la profesora de comunicaciones Aleida Calleja, de México, que participó en representación de la ONG observatorio de medios Observacom,

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OPINIÓN ESPECIAL

Fotografía: fnpi.org

dijo: “la concentración es tan fuerte que los medios son más poderosos que el gobierno”. E indicó que las estructuras de propiedad de medios en México se han interrelacionado con sectores críticos de la economía, como la minería y la banca, dándoles más poder que el tradicional “poder de la prensa”. César Ricaurte de la organización ecuatoriana Fundamedios, sugirió que el término más correcto a usar es el de “concentración indebida” y añadió que el verdadero problema general en América Latina es de debilidad en las instituciones. “No es útil hablar de una ley ideal para la prevención de la concentración”, dijo a su vez Gustavo Gómez, director de Observacom. “Nosotros ya tenemos una. Lo que necesitamos son leyes y políticas para revertir la concentración que ya existe”.

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LA REGULACIÓN Los participantes también indicaron que existe la necesidad de contar con sistemas regulatorios más sofisticados para preservar la diversidad, el pluralismo y la igualdad de condiciones para los nuevos inversores, sobre todo en los medios audiovisuales. La concentración de la propiedad es uno de los problemas que una efectiva y transparente regulación de medios podría abordar, mediante el fomento de una mayor competencia en el mercado y, a través de la limitación del número medios que pueden ser propiedad de un solo actor. Eso por sí mismo, sin embargo, no conduce necesariamente a una mayor diversidad y pluralidad de voces. Varios participantes señalaron que la competencia y menos concentración no


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producen necesariamente más diversidad, si los medios persiguen a la misma audiencia con el mismo tipo de contenido. “El mercado no paga por diversidad”, dijo Mastrini. “Paga por homogeneidad.” Hubo consenso en que se necesitan políticas públicas para crear las condiciones necesarias para obtener más pluralidad de voces. Edison Lanza, Relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo hincapié en que los organismos reguladores deben ser independientes de presiones políticas o económicas. Eso requiere instituciones fuertes con líderes comprometidos a operar con transparencia y en beneficio público; y que, a su vez, cuenten con voluntad política necesaria para hacerlo efectivo.

LA SOSTENIBILIDAD Garantizar la sostenibilidad no sólo se relaciona con la salud económica y la viabilidad de la propiedad de los medios, sino también con la posibilidad de realizar nuevas inversiones en soluciones digitales y móviles para la difusión de las noticias y la información, además de mantener de un mercado abierto y competitivo que permita la entrada a nuevos participantes. Al igual que en muchas otras partes del mundo, en América Latina éstos han resultado escasos en los últimos años. Los medios de comunicación internacionales y las redes sociales están absorbiendo hasta el 20 por ciento de los mercados de publicidad local en la región y gran parte del espectro adicional abierto por la conversión a la transmisión digital se dirige a proveedores de servicios de Internet.

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ESPECIAL OPINIÓN

“Estamos muy preocupados por la sostenibilidad de los medios de comunicación”, dijo Guilherme Canela de la UNESCO, indicando que se necesita un documento de política para garantizarla. Ahora,teniendo en cuenta la falta de datos fiables para su construcción, es necesario un piloto que permita probar indicadores de sostenibilidad. Juanita León, directora del portal colombiano de noticias La Silla Vacía, dijo que los medios se enfrentan a la pérdida de valor de sus marcas, reflejado por la pérdida del prestigio de los periodistas. “La voz tiene menos valor que los datos”, dijo y agregó que no es más que una cuestión de tiempo “antes de que toda la publicidad vaya a Google.” Un área que ha sido un punto brillante para los medios de comunicación en América Latina ha sido el aumento de los portales de periodismo investigativo tales como La Silla Vacía y Animal Político en México. Estas organizaciones y otros similares están produciendo un periodismo de calidad, asociado al interés público y a una fracción de los costos incurridos por las empresas de medios tradicionales. Omar Rincón, reconocido periodista colombiano que enseña en la Universidad de los Andes, dijo: “Si fuera por mí, me gustaría dejar de entrenar a los periodistas y poner todo mi presupuesto en el periodismo independiente de investigación.” Ahora bien, en algunos países el periodismo investigativo es un negocio peligroso. En 2015, el Comité de Protección de Periodistas informó que 16 periodistas fueron asesinados en México, Colombia y Brasil, y además que se presentaron muchos ataques y amenazas físicas contra periodistas en otros países de la región. Tales amenazas tienen un efecto negativo directo sobre la capacidad de los medios de comunicación independientes para llevar a cabo su función y esto plantea un desafío a su viabilidad. LA BÚSQUEDA POR UNA ESTRATEGIA La buena noticia en América Latina, de acuerdo con Waisbord, es que se ha creado un proceso de movilización ciudadana en torno a la reforma de los medios que no tiene precedentes. La mala noticia es que la sociedad civil no está unida en este proceso. Hay una variedad de demandas y ninguna visión común de qué curso de acción tomar, lo que conduce a falsos comienzos y progresos desiguales. Además, la sociedad civil tiene una relación compleja con los gobiernos, los cuales pueden acallar o dispersar las demandas de ciudadanos o inclusive cooptar a las organizaciones de la sociedad civil. En varios países las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno están polarizadas, por lo que es difícil

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Fotografía: Pixabay

de establecer objetivos comunes e incluso se dificulta conseguir que grupos con diferentes puntos de vista se sienten en la misma habitación. Pero ha habido éxitos que han ocurrido cuando se forman coaliciones que son capaces de obtener el apoyo de las élites o inclusive aprovechar coyunturas políticas favorables, como ocurrió en Uruguay con la reforma de las leyes de medios de comunicación después de un cambio de gobierno en el año 2004. También hay esfuerzos en curso que merecen el apoyo de la comunidad internacional, tales como el trabajo sobre la concentración de los medios en las Américas que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión bajo Edison Lanza está adelantando. Es importante que en los debates internacionales sobre los medios de comunicación estén involucrados múltiples actores. Abordar áreas problemáticas como la concentración de la propiedad, la sostenibilidad de los medios y la falta de independencia de los reguladores de los medios requiere que todas las partes -el sector privado, el sector público y la sociedad civiltengan un lugar en la mesa. Pero el proceso tiene


ciudadano “democratizar y revertir los sistemas de medios ya concentrados.” La declaración sostiene que el proceso de digitalización de la radio y la televisión debe “no dar lugar a una consolidación o amplificación de concentración, sino [más bien presentar] una oportunidad para un mayor pluralismo y diversidad en nuestros países “. El éxito de la conferencia se hizo evidente un mes después, cuando una coalición de una docena de importantes organizaciones de medios y ONGs que participaron -incluyendo Observacom, Artículo 19, y otros de varios países latinoamericanos- emitió una declaración que pide a los gobiernos de América Latina tomar medidas concretas para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces en los medios de comunicación. La declaración exige a los gobiernos para luchar contra los “monopolios, oligopolios y concentración indebida”. También solicita el establecimiento de normas internacionales para la libertad de expresión y de políticas públicas que permitan a los gobiernos “democratizar y revertir los sistemas de medios ya concentrados.” La declaración sostiene que el proceso de digitalización de la radio y la televisión debe “no dar lugar a una consolidación o amplificación de concentración, sino [más bien presentar] una oportunidad para un mayor pluralismo y diversidad en nuestros países “.

que ser conducido por los actores nacionales en el terreno.

La esperanza es que los donantes utilicen estos resultados para dar forma a sus programas con el fin de reflejar lo que los grupos de interés de los medios en el país ya nivel regional en realidad necesitan como apoyo, en lugar de imponer la asistencia de arriba hacia abajo.

Escenarios como la reunión de Bogotá también se pueden utilizar para fomentar coaliciones entre los miembros de la sociedad civil, los Congresos y los medios de comunicación para construir una demanda pública de un ambiente sano para los medios. Además de que pueden promover la colaboración Sur-Sur y el aprendizaje. El éxito de la conferencia se hizo evidente un mes después, cuando una coalición de una docena de importantes organizaciones de apoyo a los medios y de ONG que participaron -incluyendo Observacom, el artículo 19, y otros de varios países latinoamericanos- emitió una declaración que pide a los gobiernos de América Latina tomar medidas concretas para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces en los medios de comunicación. La declaración llama a los gobiernos para luchar contra los “monopolios, oligopolios y concentraciones indebidas”. También solicitó el establecimiento de normas internacionales para la libertad de expresión y de políticas públicas que permitan a los gobiernos

Don Podesta es el director y editor en el Centro de Asistencia Internacional de Medios de la Fundación Nacional para la Democracia. El Centro (CIMA, por sus siglas en inglés), es una plataforma de investigación y conocimiento que tiene como objetivo mejorar la eficacia del desarrollo de los medios de comunicación en todo el mundo. Esto mediante la difusión de información, la creación de redes, la realización de investigaciones, y destacando el rol indispensable que juegan los medios en la creación y desarrollo de democracias sostenibles.

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INTERNACIONAL

#JUDILEAKS:

LOS MEJORES Y PEORES candidatos a la Corte Suprema de Honduras L Por: Niko Aberle

Fotografía: El Heraldo, Honduras

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a Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), es una organización anticorrupción dedicada a fomentar el Estado de Derecho en el país. En las recientes audiencias públicas de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras, ASJ realizó un ranking, incorporando las mejores prácticas para la selección de miembros de


ciudadano altas cortes, identificadas por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con el propósito de brindar claridad a un procedimiento que es a menudo, opaco. El diseño del procedimiento de selección de magistrados a la CSJ de Honduras es único y particular. Siete corporaciones (el Comisionado para Derechos Humanos, el Colegio de Abogados, la CSJ actual, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Claustro, la Sociedad Civil, y los Trabajadores) someten la nominación de por lo menos 20 candidatos para su consideración a la más alta corte del país. Asimismo, la gestión del procedimiento se encuentra a cargo de una Junta Nominadora, que se conforma para cada elección con representantes de cada uno de estos grupos. Luego de examinar a los nominados, la Junta selecciona, entonces, a 45 finalistas para ser presentados al Congreso Nacional, y sometidos a voto. De ese listado, el Congreso debe elegir -con una mayoría de dos tercios- a una corte nueva de 15 magistrados. En este contexto, aprovechado las leyes de transparencia -que exigen a la Junta Nominadora la realización de audiencias públicas- ASJ pudo recopilar datos e información sobre los candidatos nominados, para el pueblo hondureño. Con esa información, Revistazo, el medio de periodismo investigativo de ASJ, creó una herramienta en línea y un informe relacionado llamado #Judileaks. En este, calificó a cada uno de los candidatos nominados a la Corte Suprema con base en tres criterios, identificados por DPLF como claves para el éxito en un procedimiento de selección de magistrados: (i) la calidad de la respuesta, es decir, la capacidad jurídica y los conocimientos legales del candidato, (ii) la confianza, vinculada a su capacidad oral y lenguaje corporal, y (iii) la visión crítica del sistema de justicia hondureña y la existencia de propuestas relevantes. Se realizó una calificación en una escala de 1-5 en cada área, otorgando a cada candidato una calificación máxima de 30 puntos. Más de un tercio reprobaron, con puntaje por debajo del que 70%. Solo 11 nominados obtuvieron los puntajes más altos. Incluso, algunos obtuvieron una calificación de apenas 37%, por sus respuestas de forma irregular y su conocimiento limitado del proceso judicial. El Congreso Nacional debe tomar en consideración los rankings de ASJ en su elección de una nueva

CSJ. #Judileaks contiene elementos objetivos que permiten a la ciudadanía saber si la Corte ha sido seleccionada de manera imparcial y meritocrática, a los que podían alinearse la Junta Nominadora. Estos rankings ganaron la atención de los medios, al punto que, en el programa popular Frente a Frente, miembros de la Junta Nominadora reconocieron que los rankings eran muy útiles y que muchas de sus evaluaciones coincidieron con las de Revistazo. Sin embargo, aunque el listado final de 45 candidatos incluyó a varios excelentes, también se dejó de lado a algunos de los mejores, y se incorporó a algunos de los peores, como ocurrió con una candidata que ocupaba el penúltimo lugar en nuestra evaluación. Por ello, es legítimo expresar una preocupación razonable, y presumir que algún otro criterio influyó la decisión de la Junta Nominadora, además del mérito de los candidatos. En la primera votación del Congreso, cada diputado recibió una recopilación del informe #Judileaks. Así, la sociedad civil ha buscado asegurar que los diputados no tengan excusa si no seleccionan con base en la capacidad de los candidatos, recurriendo a fundamentos poco claros. Es importante señalar que el proceso de selección se ha retrasado por más de una semana, ya que las fuerzas políticas del Congreso no han podido llegar a un consenso que les permita alcanzar los votos necesarios para la elección. Hasta el momento, la legislatura ha elegido solo a 8 candidatos, y se deben de seleccionar a los 7 restantes en los primeros días de febrero. Si quienes finalmente integren la nueva Corte resultan ser quienes recibieron una mala calificación en el ranking de #Judileaks, el pueblo hondureño tendrá más confianza para criticar sus actuaciones con inteligencia, y justificación para protestar y exigir responsabilidad por decisiones irregulares, asi como para proponer soluciones de largo plazo. Por el contrario, si la conformación de la nueva Corte comprende a quienes recibieron una buena calificación en el ranking, se generará la confianza de que la nueva CSJ cuenta con jueces honorables, expertos, y confiables que tiene un potencial más grande para marcar una nueva época caracterizada por una correcta administración de la justicia en Honduras. Niko Aberle llega por cortesía del Blog de la Fundación para el Debido Proceso Legal. Es fellow de Investigaciones y Comunicaciones. La Asociación para una Sociedad más Justa es el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras.

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OPINIÓN

NO hablar de SEXO como estrategia de país Por: Diego Alburez

Fotografía: Getty Images

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a ley de la juventud que se discute en el Congreso tiene enfrentados a sectores conservadores y progresistas del país. En este caso, la polémica gira en torno a las últimas enmiendas a la ley, que promueven el acceso a una educación sexual integral y a información sobre planificación familiar.

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Algunos actores religiosos como la Conferencia Episcopal de Guatemala y la Alianza Evangélica de Guatemala se han pronunciado en contra de estas propuestas aduciendo que son perjudiciales para la juventud y que no ayudan a mejorar la realidad nacional. Sin embargo, la evidencia


ciudadano científica con la que contamos contradice esta afirmación. Los tres puntos desarrollados abajo muestran que la educación sexual no solo es beneficiosa para los jóvenes, sino que también contribuye al desarrollo nacional al largo plazo. 1. La educación sexual permite reducir tasas de natalidad. Antes que nada, ¿qué es educación sexual? Digamos inicialmente que la educación sexual es una política de Estado. En la práctica, esta política busca trasladar información elemental a la juventud sobre anatomía y comportamiento sexual. El objetivo a mediano plazo es formar generaciones capaces de tomar decisiones informadas sobre su propia sexualidad. Alrededor del mundo, esto ha resultado en menores tasas de natalidad y en menos casos de enfermedades de transmisión sexual. Y largo plazo, en mayor bienestar para toda la población. ¿Cómo sabemos esto? La creencia de que la educación sexual promueve la promiscuidad es tan antigua como falsa (si no lo cree, vea cómo en Estados Unidos se discutía ya en 1982). De hecho, lo más probable es que la educación sexual ayude a evitar el comportamiento sexual prematuro y riesgoso. En Guatemala, la realidad es que muchas mujeres tienen más hijos de los que les gustaría tener. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (2015), el 52 % de las mujeres guatemaltecas en edad reproductiva desean terminar o ya terminaron la procreación. Pero muchas de ellas continuarán teniendo hijos. La razón: una de cada tres mujeres no tiene satisfecha su demanda de métodos anticonceptivos. Es decir, el 35 % de las mujeres que ya no desean tener hijos continúan teniendo relaciones sexuales sin utilizar métodos anticonceptivos modernos. En consecuencia, siguen teniendo hijos. 2. La educación sexual es liberadora y aumenta el bienestar personal y colectivo La educación sexual les permite a las mujeres tener el número de hijos que deseen tener. En todo el mundo las mujeres más educadas y las que están en una mejor posición económica tienen menos hijos. Esto ocurre también en Guatemala. Una mujer en el sector más rico de la población tiene, en promedio, dos hijos. Una mujer en el sector más pobre tiene cinco. Esto ocurre porque las mujeres más afluentes eligen esperar más tiempo antes de tener a su primer hijo. Las ventajas económicas de posponer el primer parto

son obvias. Por una parte, no se interrumpe la educación de los padres. Y a mayor educación, mejores oportunidades. Por otra parte, la mujer tiene más probabilidades de participar en el mercado laboral, ya que pasará más tiempo antes de que deba enfocarse en temas de maternidad. Finalmente, un menor número de hijos supone una mayor inversión per cápita, es decir, mejor salud y educación para cada hijo. Estos tres factores forman un círculo virtuoso que contribuye al bienestar de la pareja y de sus descendientes. Ahora bien, ¿por qué la mujer mejor educada sí espacia sus nacimientos y la mujer sin educación no? La respuesta es sencilla: porque la primera puede hacerlo. Es decir, porque cuenta con la información y el acceso a los recursos que le permiten regular su sexualidad. Antes me enfoqué en consideraciones económicas, pero no es difícil imaginar que al posponer el primer parto las parejas también cuentan con más tiempo para realizar actividades que consideran importantes y valiosas antes de criar hijos. 3. Hay una relación histórica entre riqueza y natalidad Ningún país se ha enriquecido sin que disminuyan sus tasas de natalidad. Y esta disminución, conocida como transición demográfica, ha ocurrido principalmente gracias a la promoción y al uso de métodos modernos de planificación familiar. Pero no es que tener menos hijos sea suficiente para promover el desarrollo económico. Más bien, a medida que un Estado laico y democrático se consolida, desaparecen barreras estructurales que le impiden a la mujer gozar de su sexualidad y controlar su cuerpo. Dichos cambios institucionales son a la vez necesarios para un crecimiento económico más equitativo. Y esta es la forma más directa de incidir en la realidad nacional. Un Estado fuerte y moderno debe legislar para el bienestar futuro de sus ciudadanos. Estamos ahora en un momento decisivo. Podemos definir políticas públicas basadas en la fe y en la moral religiosa o podemos partir de la evidencia económica e histórica que demuestra la utilidad social de la educación sexual. Sugiero la última opción. Diego Alburez es candidato al doctorado en Demografía y Estudios de Población en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Diego Alburez es candidato al doctorado en Demografía y Estudios de Población en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.

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OPINIÓN

2016: el año del caos brasileño Por: Enrico Costa

Fotografía: Cristóbal Escobar / Agencia UNO

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a situación de Brasil durante el 2016, con el desarrollo del proceso de impeachment — destitución de autoridades—, tendrá la conclusión inevitable de los vientos de cambio presentados en las elecciones de 2014. Sentimientos que muestran el creciente rechazo del Partido de los Trabajadores, de Dilma y de Lula, y de la política tradicional, aunque esta última parezca ser la que más se fortaleció en las elecciones y en las calles.

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El gobierno de Dilma no había comenzado antes de la designación del nuevo ministro de Finanzas, Nelson Barbosa. El año pasado y sujeto a la aprobación del mercado y con la población pidiendo cambios en los rumbos económicos, el ex-ministro, Joaquim Levy, intentó aprobar recortes de gastos por parte del gobierno federal. Con poco éxito y sin movilización a partir de la cumbre de gobierno, el ajuste fiscal se basó en


ciudadano un aumento de impuestos, incluyendo la idea del regreso de un viejo conocido —el impuesto CPMF (Impuesto sobre las Transacciones Bancarias)— que trajo protestas y un fuerte movimiento entre los legisladores para que el proyecto de regreso sea rechazado. Actualmente, existen dos millones y medio de puestos de trabajo que han sido destruidos desde el comienzo de la recesión brasileña en el segundo trimestre de 2014 hasta el final de 2015 y, las previsiones para 2016, no son tranquilizadoras: la Organización Internacional del Trabajo espera que el país tenga el mayor salto en la cantidad de desempleados entre las principales economías y tiene la predicción de otros 700.000 despidos en todo el año. En otras palabras, vamos a representar a uno de cada tres despidos del planeta en el período. Con tantos aumentos de impuestos, recortes de los programas sociales (como las becas para estudiantes patrocinadas por el gobierno) y huelgas universitarias, unas dos millones de personas estuvieron en las calles en cuatro grandes manifestaciones en 2015 para protestar contra la presidente Dilma y la corrupción —se han dirigido también a los ministros de la Suprema Corte, a el ex presidente Lula y a Gobernadores.

presidenta, también del esquema corrupto introducido desde el gobierno de Lula, con corrupción sistemática de las empresas públicas a favor de la mantención del partido en el poder. Las decisiones se toman por los diputados que anuncian y rechazan la idea de impeachment, pero que pueden cambiar su posición después de escuchar a sus electores. En la práctica, dos futuros están reservados para el país: la retirada del gobierno del PT (Partido de los Trabajadores), con la reorganización del PMDB (Partido de Movimiento Democrático Brasileño) en busca de un futuro mejor para el país —comandado por el actual vicepresidente, Michel Temer—, o el agravamiento de la crisis existente hasta el año 2018. Las lecciones de 2015, sin embargo, se quedarán. La gente no puede permitirse el lujo de perder la oportunidad de revolucionar el curso de su historia o llegarán a ser cada vez más dependientes de las opciones pasadas. Como Hayek decía: “Si en el largo plazo, somos los creadores de nuestro destino, de inmediato somos esclavos de las ideas que creamos. Sólo reconociendo el peligro a tiempo, podemos tener la esperanza de evitarlo”.

Los movimientos sociales ganaron espacio en los medios de comunicación como representantes de la protesta popular. Sin embargo, liderados por los estudiantes universitarios, decidieron dividir la bandera del impeachment con los partidos políticos de oposición. Así, esa bandera popular, que podría haber creado una revolución contra la clase política actual y generar nuevos grupos de poder, de alguna manera pasó a estar también en las manos de la propia clase política. Investigado por la Policía Federal en la Operación Lava Jato (que es responsable desde el 2014 de la prisión de un senador, ex ministros y del ex-tesorero del Partido de los Trabajadores), Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados y opositor declarado al gobierno, retardó el inicio del proceso del impeachment, utilizando ese capital político para prevenir los ataques del gobierno contra él mismo, pero, después de 42 solicitudes de impeachment (el Presidente Collor, antes de ser depuesto, sufrió 29 y Lula, que gobernó sin riesgo de caída, sufrió 34 pedidos) aceptó, el 2 de diciembre, la apertura del proceso político de impeachment. En 2016, las personas tendrán pocas opciones con en el proceso de retirada. Y no solo de la

Dilma Rousseff Presidenta del Brasil. Foto: elsalvador.com

Enrico Costa es miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Brasil. Este artículo llega por cortesía de El Demócrata, y originalmente fue publicado en http://www.eldemocrata.cl/ opinion/2016-el-ano-del-caos-brasileno

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OPINIÓN

LA SALUD:

el cartel del que no se habla en Colombia Por: Vanesa Araujo Vallejo Fotografía: es.panampost.com

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a ley 100 de 1994 cambió el sistema de salud en Colombia. Su idea básica fue permitir que los recursos fueran manejados por el sector privado, mientras que el papel del Estado se limitaba a regular y vigilar a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). La privatización en este sector, cuya reglamentación está fundamentada en esta ley, suele ser vista por algunos como un asesino sistemático, como un monstruo. Se dice que los colombianos estamos muriendo porque la salud se ha vuelto un negocio. Y se asegura que la solución es que el Estado se haga cargo de los recursos y preste directamente el servicio. Cito a Reinaldo Spitaletta Hoyos, quien en un artículo para El Espectador ilustra el tipo de pensamiento que se opone a la privatización: “Desde la aprobación de la Ley 100 de 1994, que privatizó la salud y tornó en archimillonarios a los negociantes de la misma, el paciente (¿o será el cliente?) dejó de ser protagonista del llamado ‘acto médico’ para dejarles ese papel a las facturas y las chequeras”. Sí, es cierto que los dueños de las EPS se han vuelto “archimillonarios”, como comenta Spitaletta, y que lo han hecho brindando un pésimo servicio. También es verdad que en Colombia la gente debe esperar meses para obtener una cita con un especialista, que los pacientes mueren esperando atención médica, que los medicamentos llegan después de largos periodos, y que, en ocasiones, nunca llegan. Sin embargo, no es correcto afirmar que la causa de este desastre sea la privatización y la aplicación de políticas liberales. Si nosotros en realidad fuéramos clientes y la salud fuera un negocio en un contexto de libre mercado, tendríamos un sistema de salud tan bueno como el de Holanda, donde se estableció un modelo “de financiación pública y prestación de servicios privada”, como explica Domingo Soriano.

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Si la privatización fuera la causa de nuestras desgracias en materia de salud, el resto de países con un modelo privado debería experimentar los mismos problemas. Pero esto no ocurre así. En Holanda, por ejemplo, todas estas entidades son de carácter privado y su sistema es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores, tanto en resultados sanitarios, como en valoración y satisfacción de los usuarios. El modelo de salud holandés se construye sobre la idea de que la mejor manera de asignar los recursos es por medio del mercado. Según esta noción, la competencia, tanto entre entidades aseguradoras como entre proveedores, es fundamental para el buen servicio. En otras palabras, los ciudadanos holandeses pueden elegir entre cualquiera de las entidades que compiten libremente en el mercado. El Estado holandés facilita las condiciones para que cualquier empresa pueda entrar a competir. Esto es por completo lo opuesto a lo que ocurre en Colombia. Nuestro Estado impide la competencia, pues nos encontramos con un mercado excesivamente regulado, en el que solo empresas con mucho poder pueden participar. Lo que ha ocurrido en Colombia es lo que algunos liberales clásicos llamamos “capitalismo de amigotes”. Es decir: se le ha entregado la salud a unas cuantas empresas y se las protege a toda costa. En el 2011, en medio de un gran escándalo que a la fecha parece olvidado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló la existencia de un cartel de la salud conformado por 14 EPS. Según este organismo de control, estas empresas coludieron para no competir entre ellas, no prestar algunos servicios y subir el valor de la cuota que cobran al Estado por usuario afiliado.

En Colombia, los problemas en el sector no se deben a su privatización, sino al hecho de que el Estado lo haya convertido en un oligopolio. La causa real del fracaso que vivimos es que el modelo deja por fuera el elemento básico para que se preste un buen servicio: la competencia.

Incluso antes de que la Superintendencia confirmara la existencia del cartel, los privilegios de los que gozaban algunas de estas empresas ya eran evidentes. No obstante, pese a los cuestionamientos hechos por diversos sectores sociales y a las advertencias de la Supersalud, por orden del gobierno las EPS pasaron de 72 a solo 20 para el 2012.

El problema fundamental de la salud en Colombia no es la privatización, sino la falta de competencia que crea oligopolios con protección estatal. (Radio Macondo)

Según Mauricio Santamaría, ministro de Salud y Protección social de la época, se dejaron solo aquellas entidades que tuvieran “suficiente músculo financiero” y un número


ciudadano

El problema fundamental de la salud en Colombia no es la privatización, sino la falta de competencia que crea oligopolios con protección estatal. (Radio Macondo)

mínimo de afiliados. Por otro lado, el Presidente Juan Manuel Santos afirmó que el objetivo de dicha reducción era facilitar la vigilancia y el control del sistema de salud. En consecuencia, el mensaje del Gobierno nacional fue claro: se impediría la entrada de nuevas empresas y se protegería a las más grandes, eliminando a más de 50 EPS, so pretexto de facilitar la vigilancia estatal. En la actualidad, según el Ministerio de Salud, en Colombia hay 20 EPS, no obstante, casi el 80% de los usuarios están concentrados en apenas seis de estas empresas. Sin embargo, a pesar de estas medidas que van a todas luces en contra del libre mercado, los colombianos parecemos no ver el problema generado por el cartel de la salud auspiciado por el Gobierno. Y seguimos recitando como autómatas que el problema es la privatización. Cuando el Estado pone barreras para que nuevos inversionistas entren a competir en un negocio, auspicia la formación de oligopolios y carteles. De esta manera, las EPS no se preocuparán por el servicio que brindan, pues, aunque sea pésimo, el Gobierno impedirá la entrada de otras que tengan un mejor desempeño. Es similar a lo que sucedió con el cartel de los pañales que hace poco indignó a la opinión pública, o con el cartel del azúcar, o el del arroz. Colombia padece de “cartelitis” y a quien siempre se ha culpado, equivocadamente, es a la privatización. Pero además se suele afirmar que, para acabar con estos carteles, es necesaria más intervención estatal, lo cual es un sinsentido. Lo que necesitamos es liberalizar la salud — al igual que el resto de la economía — y evitar la intromisión del Estado.

Lo privado sí es más eficiente que lo público. Sin embargo, no se hace ningún bien privatizando y creando carteles y oligopolios. Es preciso que las empresas compitan por los usuarios: que gane más dinero aquel empresario que brinde un mejor servicio a un mejor precio. En contraste, aquellas EPS ineficientes deberían someterse al castigo de los usuarios, que migrarían a otras entidades que llenen sus expectativas. Sin embargo, si el Gobierno no permite que entren nuevos competidores, lo que en realidad logra es obligar a la gente a que consuma el mal servicio que prestan las empresas a las que protege. Con lo cual elimina todos los incentivos para que las EPS se esfuercen por mejorar. En últimas, ¿cuál motivación tendría un empresario para ofrecer un mejor servicio si de cualquier manera tiene garantizado un porcentaje de los clientes? Son estos carteles, permitidos por el Gobierno, la real causa del mal servicio que prestan las EPS en nuestro país. Esto es lo que nunca se dice, porque de lo único que se habla, sin fundamento alguno, es que la privatización es mala. En conclusión, la gente en Colombia no se muere porque la salud sea privada, ni mucho menos porque se haya liberalizado el mercado. Se muere porque el Estado auspicia un oligopolio, exime de la competencia a las empresas que protege y nos obliga a los ciudadanos a consumir sus malos servicios. Vanesa Araujo Vallejo es economista de la Universidad del Valle. Liberal, escritora de opinión, influenciadora en redes sociales. Miembro del Movimiento Libertario Colombiano. Síguela en Twitter: @VanesaVallejo3.

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ANÁLISIS

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS ¿Un saludo a las banderas? Por: Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Cindy García y Gina Romero) Fotografía: Getty Images

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as Cumbres de las Américas se han constituido en un espacio de encuentro y diálogo entre los países que hacen parte de la Organización de los Estados Americanos, hasta el momento se han desarrollado siete cumbres oficiales, y dos cumbres que se han catalogado como extraordinarias. La reciente Cumbre, cuyo anfitrión fue el gobierno de Panamá, fue altamente reconocida en los medios de comunicación internacionales, su principal novedad fue el renacer de emociones frente a la reunión no sólo de los 35 Estados que hacen parte de la Organización de Estados de las Américas, sino por la asistencia del gobierno cubano y su encuentro con el gobierno de Estados Unidos.

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oportunidad para el análisis de los resultados ‘concretos’ de las Cumbres de las Américas. En principio es importante mencionar que i) los mandatos generados en las Cumbres no son vinculantes para los Estados, y ii) el proceso de las Cumbres de las Américas ha desarrollado un Sistema de Seguimiento llamado SISCA. El análisis preliminar que se presenta a continuación no desconoce dicho esfuerzo y por el contrario muestra una aproximación que puede ser complementaria.

Algunos medios, de forma triunfalista relataron este hecho como la unión del continente americano y la finalización del vestigio de la Guerra Fría, sin embargo más allá de lo simbólico, algunos gobiernos (especialmente los del ALBA) y algunas organizaciones de la sociedad civil se han apartado de la visión triunfalista y por el contrario, desde una visión crítica, cuestionan la efectividad de los compromisos asumidos por los mandatarios en el seno de dicha reunión, los cuales son conocidos como Mandatos.

El lema de la Cumbre de 2015 fue “prosperidad con equidad: el desafío de la cooperación en las américas”. Esta Cumbre fue diferente a las anteriores ya que no hubo declaración final (siguiendo la tendencia que parece haberse marcado en Cartagena) ni consenso sobre la adopción del clásico documento de Mandatos, hasta el momento se han desarrollado VII Cumbres, de las cuales todas cuentan con la firma de declaraciones y compromisos a llevar a cabo en el continente. En palabras del Presidente Varela, anfitrión de la Cumbre, hubo acuerdo en tan sólo el 90% de los mandatos propuestos con la siguiente distribución temática:

Tomando como base la visión crítica ya mencionada es importante fomentar el seguimiento de dichos mandatos por parte de la Sociedad Civil y para ello el presente análisis plantea iniciar la discusión. Empecemos diciendo que no hay concenso sobre si se configuraron o no Mandatos de la Cumbre de Panamá. Hubo un problema de aprobación de algunos párrafos de la declaración final, incluyendo su preámbulo, por lo que muchos países no los reconocen como Mandatos. Sin embargo, la Secretaría de Cumbres y el Grupo de Revisión, ambos de la OEA, están avanzando en el seguimiento institucional de los párrafos que si fueron aprobados, que denominan commo mandatos. Con base en ese reconocimiento se plantea el siguiente artículo, que hace parte de una serie de artículos que presentan una

Fuente: Información tomada el documento Mandatos para la Acción. Elaboración: Equipo base RedLad


ciudadano

De esta forma de los 45 mandatos, existe un mayor porcentaje destinado al tema de Medio Ambiente seguido de los deseables esfuerzos sobre el tema educativo, sobre el cual el Gobierno Colombiano avanzó en una propuesta de diseño de un sistema educativo interamericano que aún no ha sido aprobado. Frente al interés de poder realizar una medición de su avance, se encuentra que de la totalidad de compromisos solamente el 20% sugiere actividades concretas que se deben desarrollar para alcanzar su cumplimiento mínimo. El resto no menciona pasos a seguir ni actividades posibles a desarrollar, de esta forma al no tener unos resultados esperados ni una definición clara de actividades ni estrategias a monitorear, la medición y la presentación de informes puede estar sujeta a una gran dosis de subjetividad de acuerdo al contexto interno de cada país. Esto podría generar resultados positivos de cumplimiento sin análisis crítico pues, al ser tan generales, cada país podría hacer un esfuerzo mínimo y reportarlo como un gran avance. Complementando lo anterior es importante resaltar que la definición misma de algunos de los mandatos tiene una redacción ambigua: de los 45 man-

datos siete tienen el verbo “continuar”. A este tipo de compromisos es difícil de dar seguimiento pues no propone meta alguna y por el contrario abre la posibilidad de que cualquier acción a desarrollar se relaciones con un cumplimiento del mandato. De acuerdo a lo mencionado en líneas anteriores y de manera preliminar, se puede mencionar que los resultados de la pasada Cumbre de las Américas no pueden calificarse como exitosos únicamente por el simbolismo de la presencia de Cuba (gobierno y ‘sociedad civil’, tema que será tratado en otro artículo) en el escenario, los resultados para el alcance efectivo de una ¨prosperidad con equidad¨ deben ser la formulación y cumplimiento de unos mandatos que atiendan las problemáticas comunes o prioritarias de las Américas. Con el fin de generar propuestas, esto podría verse por la sociedad civil como una puerta de oportunidad para 1) llenar de contenido a los mandatos y las posibilidades de implementación y monitoreo, 2) hacer seguimiento autónomo a los mandatos que cada país considere más prioritario para sus realidades y problemáticas, mediante ejercicios de búsqueda, análisis, reporte y difusión de información encontrada y los análisis realizados sobre ésta, y/o 3) tra-

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OPINIÓN ANÁLISIS

bajar colaborativamente con los gobiernos para la preparación conjunta de insumos y análisis de la información reportada por estos sobre el cumplimiento mismo de los mandatos, haciendo una revisión o doble chequeo de la veracidad e integralidad de los reportes, pero también de la efectividad y eficiencia de las actividades reportadas, analizando también la calidad de las acciones y el papel de diferentes actores en éstas. Para que cualquiera de estos escenarios, que no son excluyentes entre sí, puedan presentarse en los países del Hemisferio, es necesario que converjan algunas circunstancias que no se encuentran muy claras en el momento: 1. La participación de sociedad civil y las acciones sociales en la creación de los mandatos emitidos

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por cada Cumbre deberían ser verdaderamente incidentes con una acción en cascada que permita que desde los países se identifiquen prioridades que puedan luego ser articuladas en clamores de la sociedad civil hemisférica, y además con miradas incluyentes a minorías y poblaciones vulnerables. En todo caso, esta participación debe ser previa a las Cumbres, no uno o dos días antes de la reunión de los mandatarios . 2. Los países deberían asumir los mandatos como un compromiso real para con la comunidad internacional del hemisferio, pero, sobre todo, para con la ciudadanía y sociedad civil de sus Estados. En virtud de esto, deberían presentar informes periódicos tanto a la OEA y sus instancias de seguimiento a las Cumbres, como a la


ciudadano Sociedad Civil que tiene interés en monitorear sus avances. En un análisis de los informes país que se encuentran publicados en la página del Grupo de Revisión, se puede ver que aunque la totalidad de países miembros de la OEA ha presentado al menos un informe, tan sólo ocho países han realizado un seguimiento más sistemático y han presentado dos informes, el 33% de los informes únicos presentados son de antes de 2010.

4. Para estas dos cosas, es indispensable que tanto en la OEA como en los países se tengan políticas claras de acceso a la información, y que la sociedad civil y actores sociales fortalezcan sus habilidades para incidir mediante la participación y el seguimiento. Redlad se encuentra en este momento diseñando estrategias que permitan abonar un mejor camino, espere más información en próximos artículos.

3. Las instancias de la OEA asociadas al proceso de Cumbres y de relación con la Sociedad Civil deben mejorar sus espacios de diálogo multiactor, abrir la puerta a la participación real de la Sociedad Civil y presentar reportes en lenguaje ciudadano que permita que las organizaciones y actores sociales se involucren más fácilmente en el proceso.

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REDLAD

Fundación Ciudadanía y Desarrollo Antonio de Ulloa N33-110 y Rumipamba Quito - Ecuador Teléfono: (02) 2456-376 info@ciudadaniaydesarrollo.org www.ciudadaniaydesarrollo.org

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia Bogotá - Colombia Teléfono: +57 13838369 www.redlad.org Gina.romero@redlad.org Dirección: Calle 69 No 4-68

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Pulso Ciudadano No. 5  

Información y opinión de la sociedad civil latinoamericana.

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