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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Disertación de Grado Previa la obtención del título de Licenciatura en Comunicación Social, con Mención en Periodismo para Prensa, Radio y Televisión

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA GOBERNACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

AUTOR (A): Jorge Daniel Ludeña Figueroa María Cristina Martínez Bravo

DIRECTOR: Lcda. Martha Luz Forero Castellanos

SANTO DOMINGO- ECUADOR, 2011


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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO APROBACIÓN DE LA DISERTACION DE GRADO CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA GOBERNACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AUTOR (A): Jorge Daniel Ludeña Figueroa María Cristina Martínez Bravo TRIBUNAL

Dr. Luis Cevallos Veintimilla

Lic. Víctor F. Toscano

Lic. Marrtha Luz Forero Castellanos

Santo Domingo, enero de 2011


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DEDICATORIA

A la mano que nos escribe, al alfarero que nos moldea, a la fuerza divina que nos anima, al fuego que enciende nuestras vidas.

A Dios que ha hecho esto realidad.


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AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo, si bien ha requerido esfuerzo y dedicación del equipo de investigación, no hubiese sido posible gracias al apoyo de personas e instituciones que han colaborado desinteresadamente con este proyecto.

Agradecemos especialmente a Dios, quien ha sido nuestro guía y nos ha dado la oportunidad de formarnos integralmente para llegar a ser buenos profesionales y poner nuestros conocimientos al servicio de los demás.

A nuestras familias quienes con su apoyo y paciencia han acompañado nuestro camino y con grandes esfuerzos han hecho posible la realización de este objetivo.

Nuestro sincero agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, a los Misioneros y Misioneras Identes y a todos quienes conforman la Escuela de Comunicación Social por haber contribuido a nuestra formación académica y espiritual a lo largo de estos 4 años de estudio.

Gracias también a la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, por la oportunidad de permitirnos desarrollar este proyecto que beneficiará a toda la comunidad santodomingueña y dará ejemplo de transparenciapública a otras instituciones.

Así también, a todos los maestros que contribuyeron con nuestra formación intelectual y han motivado nuestra vocación de comunicadores, principalmente a la Lcda. Martha Luz Forero Castellanos, Directora de la Escuela de Comunicación Social y Directora de este Proyecto de Disertación de Grado, por su guía, apoyo incondicional y estímulo recibido durante toda nuestra carrera.


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Nuestra gratitud también a los profesionales que han orientado nuestra vida académica, especialmente al Lcdo. Víctor Toscano, Cineasta Allan Coronel y Ab. Paulina Mogrovejo.

Finalmente, agradecemos a nuestros compañeros y demás personas que directa e indirectamente han contribuido para que logremos culminar nuestra carrera universitaria.


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RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene por objeto estudiar La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), para socializarla a través de una campaña de comunicación, la cual ha sido solicitada por la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, en conveniocon la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo.

La poca difusión de la LOTAIP y el desconocimiento entre los habitantes, y más aún, entre los miembros de las instituciones públicas llamados a cumplir con esta norma, hacen que este proyecto, que por objetivo principal tiene socializar la Ley de Transparencia ecuatoriana, sea de gran valía y trascendencia, ya que entre los resultados de éste se contempla la producción de un video documental didáctico sobre la LOTAIP para ser socializado entre la población.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como herramienta ciudadana para ejercer el derecho fundamental a la información en el Ecuador– originada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados Internacionales, del que el País es parte – es uno de los temas centrales de esta investigación.

Otro objeto básico de estudio es el derecho a la información y su marco legal en el Ecuador con la nueva Constitución vigente, que nos acerca a la importancia de reconocer esta garantía para mejorar la calidad de vida, y pone al manifiesto lo esencial que es el compromiso de las instituciones públicas de cumplir con la normativa jurídica y difundir el valor de este derecho, que garantiza la democracia, la rendición de cuentas y en consecuencia la transparencia en el sector público.

Como se puede evidenciar a lo largo de esta investigación, actualmente los informes sobre el cumplimiento de la Ley son extra gubernamentales. Los estudios realizados


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demuestran que se ha descuidado el cumplimiento y la difusión de la Ley de Transparencia en el Ecuador.

Finalmente, es importante resaltar que la LOTAIP, como herramienta ciudadana, sólo puede ser llevada a su máxima expresión con la participación ciudadana, por ello, es vital que la población conozca la Ley y sepa hacer uso de la misma.


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ABSTRACT

This research aims to study the Organic Law of Transparency and Access to Public Information, to socialize it through a communication campaign, which has been requested by the Government of Santo Domingo de los Ts谩chilas, in agreement with Pontificia Universidad Cat贸lica del Ecuador at Santo Domingo.

The low diffusion of the Organic Law and ignorance among people, and even more, among the members of the public institutions called upon to fulfill this norm, make this project significant. Its main purpose is to socialize the Ecuadorian Law of Transparency considering that one of the outcomes of this investigation is an educational video documentary about the Law to be socialized among the population.

The Organic Law of Transparency and Access to Public Information, as a tool for citizens to exercise the fundamental right to information in Ecuador, originated in the Universal Declaration of Human Rights and other international treaties, which the Country is part, is one of the central themes of this research.

Another basic object of study is the right to information and its legal framework in Ecuador with the new Constitution in force, which brings us to the importance of recognizing this guarantee to improve the quality of life, and brings up to show the essential commitment of public institutions, as Gobernaci贸n de Santo Domingo: to comply with legal regulations and promote the value of this right, which guarantees democracy, accountability, and in consequence, transparency in the public sector.

As evidenced throughout this research, at the moment, the reports of the implementation of the Law are extra governmental. Studies show that compliance and diffusion of the Law of Transparency in Ecuador have been neglected.


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Finally, it is important to note that the Organic Law, as civic tool, can only be brought to full expression with citizen participation, it is therefore vital that people know the Law and knows how to make use of it.


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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Pág. ANTECEDENTES Y JUTIFICACIÓN ............................................................................ 14 SITUACIÓN ACTUAL.................................................................................................... 15 PROBLEMÁTICA OBSERVADA ................................................................................... 17 SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS POSIBLES ............................................................. 18 BENEFICIOS ESPERADOS ........................................................................................ 19 MARCO TÉORICO ....................................................................................................... 22 ANTECEDENTES ........................................................................................................ 23 Antecedentes históricos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ....................................................................................................... 23 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su aplicación en Ecuador ....................................................................................................................... 27 Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Ecuador ........................................................................................................................ 33 CONTEXTUALIZACIÓN ................................................................................................ 41 Derecho a la información .............................................................................................. 41 Breve análisis de la comunicación e información en Ecuador ...................................... 42 Avances en la aplicación de la Ley de Transparencia en Ecuador ............................... 49 FUNDAMENTOS TEÓRICOS ...................................................................................... 50 Marco legal del derecho a la información ...................................................................... 50 La nueva Constitución del Ecuador y el acceso a la información ................................. 51


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Los tratados internacionales y el derecho a la información ........................................... 55 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ......................................... 60 Derecho a la información, calidad de vida y derechos humanos .................................. 62 Beneficios del libre acceso a la información y la transparencia pública ........................ 67 Estudios relacionados con el acceso a la información y la transparencia ...................... 72 Análisis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ........................ 75 Estructura de la LOTAIP .............................................................................................. 75 Campaña de comunicación para la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas sobre la Ley de Transparencia ...................................................................................... 84 METODOLOGÍA .......................................................................................................... 93 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................... 97 CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 110 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 116 GLOSARIO ................................................................................................................ 120 ANEXOS .................................................................................................................... 122


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LISTA DE GRÁFICOS Y TABLAS

LOTAIP: Monitoreo a entidades públicas .......................................................... ……….32 Instituciones Gubernamentales y el cumplimiento de la LOTAIP……… ........................ 37 Cumplimiento de la LOTAIP: publicación de la remuneración mensual ......................... 38 Cumplimiento de la LOTAIP: publicación de presupuesto anual ................................... 39 Cumplimiento de la LOTAIP: publicación de viáticos ..................................................... 39 Cumplimiento de la LOTAIP: publicación responsable de la información ...................... 40 Breve análisis de la Comunicación e Información en el Ecuador ................................... 42 Análisis: comunicación en el Ecuador, Constitución 1998 - 2008 .................................. 46 Resultado 4: medios que difundieron el evento sobre la LOTAIP ................................ 103 Resultado 5: Asistentes a la conferencia sobre la LOTAIP .......................................... 105 Anexo 1: tabulación de los resultados del monitoreo a las instituciones gubernamentales sobre el cumplimiento de la LOTAIP Art. 7...................................... 123 Anexo 2, cuadro 1: estudio del Banco Mundial: países con leyes de acceso a la información (corrupción) ............................................................................................. 132 Anexo 2, cuadro 2: estudio del Banco Mundial: países con leyes de acceso a la información (ciclo gubernamental) .............................................................................. 132 Anexo 3: resultados del monitoreo realizado por CLD sobre el Cumplimiento Art. 7 LOTAIP ....................................................................................................................... 133 Anexo 4: países signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ................................................................................................................... 134


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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN


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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

Con el objetivo de garantizar el acceso a las fuentes de información y democratizar el conocimiento sobre el manejo de la cosa pública, se concibe la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Esta ley viabiliza el cumplimiento de los preceptos de publicidad, transparencia y rendición de cuentas, dispuestos en la Constitución Política del Ecuador, para los funcionarios estatales e instituciones obligadas por ella.

La Gobernación de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al ser una entidad gubernamental, está obligada a cumplir con lo dispuesto en la Carta Magna ecuatoriana acatando las disposiciones que, para tal fin, señala la LOTAIP.

Refiriéndose a la difusión de la información pública, actualmente la página Web de la Gobernación, requisito indispensable para el cumplimiento de la LOTAIP, está disponible en Internet, pero la información de transparencia que debe estar publicada, de acuerdo a lo contemplado por la ley, está incompleta.

Según la LOTAIP, en su título segundo, artículo séptimo, ordena que en los contenidos que se deben publicar en la página Web, la gobernación debe hacer constar informaciones básicas como: estructura orgánica funcional, remuneración de funcionarios y empleados, servicios que ofrece, presupuestos, contratos, etc.


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En cuanto al legítimo derecho que tiene el común de los ciudadanos de, como propietario acceder a la información pública, solicitar información pública, oficialmente se conoce que existe un número escaso de peticiones de información tramitadas en la Gobernación.

La Gobernación, como administrador de la información pública, obligados a garantizar el acceso a ella, está dando el tratamiento correspondiente a estos requerimientos, basándose en la normativa, que para tales fines, dispone la LOTAIP.

La Gobernación ha recibido sólo una solicitud de información. Las repuestas hasta el momento son un cien por ciento satisfactorias, dando con esto cumplimiento a lo establecido en la Carta Constitucional.

Quienes llevan a cabo el ejercicio periodístico son consumidores constantes de la información originada o regentada por la Gobernación de la provincia Tsáchila, mas como corresponde, sin ningún trámite se les entrega los datos por ellos solicitados.

Todos los días jueves, en una sesión presidida por el mismo señor Gobernador se entrega un informe semanal y se dan a conocer las actividades realizadas por esta institución, cumpliendo con lo referente a transparencia y rendición de cuentas. Este espacio cuenta con un tiempo para satisfacer inquietudes de los presentes. Cabe señalar que este acto tiene apertura al público, y es el propio representante del Ejecutivo quien se encarga de esclarecer cualquier duda. Además, se proporcionan los documentos que sustentan dicho informe.

Se presume que esto sea una de las causas del mínimo número de requerimientos. Sin embargo, sólo pocos ciudadanos reclaman sus derechos en cuanto acceder a la información pública, porque la mayoría desconoce la ley por la poca difusión de la LOTAIP.


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Hasta el momento la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas ha acatado lo dispuesto en la Constitución, comprometiéndose en la difusión de la Ley, sin embargo, aún está pendiente la publicación completa de la información en la Web, para garantizar transparencia en su accionar y dar legitimidad a las leyes, en este caso a la LOTAIP.

PROBLEMÁTICA OBSERVADA

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue publicada en el Registro Oficial en el mes de mayo del año 2004. La ley abarca principios y ordenanzas que las instituciones públicas y las privadas que se beneficien de fondos del Estado deben cumplir para hacer viable la transparencia de la información. Sin embargo, las diferentes instituciones no están cumpliendo con su deber.

Uno de los principios básicos de la Ley expone que la información pública es de propiedad de todos los ciudadanos. A pesar de esto, las instituciones niegan con frecuencia la información, tras una petición formal de la misma, argumentando que la información solicitada es confidencial, explicación que en la mayoría de los casos no tiene validez legal. Los ciudadanos por su desconocimiento y falta de instrucción sobre la Ley dejan pasar por alto este tipo de situaciones.

Otra de los aspectos que agudizan la problemática es el incumplimiento de las instituciones en cuanto a tener una página Web y en ella cierta información que la Ley ordena que debe estar publicada. En este sentido, la ley tampoco es cumplida, puesto que una gran mayoría de instituciones ni tienen página Web ni publican la información que ordena la Ley, o la publican de manera incompleta.


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Es importante destacar que el más grande problema es el desconocimiento de la LOTAIP por parte de los ciudadanos y el poco interés de las instituciones para hacer que conozcan la ley o por hacer viable el acceso a la información pública.

En lo que respecta a educación sobre la ley, no existe al momento ni a nivel local ni nacional proyectos o campañas orientadas a la difusión de la LOTAIP, de manera que las personas reconozcan sus derechos conforme a esta ley, así como también el procedimiento básico para acceder a la información.

La ignorancia que hay sobre la Ley constituye el más grande problema, pues a pesar de existir el recurso legal para el acceso a la información, los ciudadanos no saben cómo hacer uso de éste ni sus derechos ni la importancia que tiene este recurso para sus vidas.

El incumplimiento de la LOTAIP en Ecuador es un hecho palpable. La Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas sería una de las primeras instituciones en dar ejemplo sobre la difusión de esta Ley a nivel local y nacional.

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS POSIBLES

Se han considerado soluciones y alternativas viables para contribuir a restar la problemática expuesta en el apartado anterior:

Campaña de comunicación a través de medios convencionales y alternativos. Rueda de Prensa para hacer conocer la campaña y las actividades propuestas para dar a conocer la Ley.


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Diseño de folleto LOTAIP (folleto de la ley).

Educación a la ciudadanía sobre la LOTAIP (conferencia y proyección de material documental sobre la ley).

Creación de una cartelera en la Gobernación. Cartelera informativa sobre procedimientos y principios básicos de la Ley, así como sobre el número de solicitudes de información registradas mes a mes.

Que la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas se convierta en una referencia ejemplar del cumplimiento de la LOTAIP.

Creación de una Web donde se pueda socializar los contenidos de la LOTAIP y la importancia del derecho a la información.

BENEFICIOS ESPERADOS

La campaña de comunicación sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) por parte de la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas propone como aspecto fundamental educar y socializar la Ley para hacer viable la transparencia en las instituciones públicas, tomando como punto de partida esta importante entidad del Gobierno.

Los principales beneficios que se esperan alcanzar con el proyecto son:


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1. Concientización de la ciudadanía sobre los derechos civiles y políticos que contempla la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

2. Reconocimiento de los derechos ciudadanos, en torno a la LOTAIP, que han sido establecidos en la Constitución 2008.

3. Que las instituciones que deben cumplir la LOTAIP reconozcan el beneficio social que genera el cumplimiento de la Ley.

4. Que Santo Domingo de los Tsáchilas, como nueva provincia del País, demuestre al país su espíritu de organización y sea ejemplo del cambio social que se ha generado en este proceso político de la revolución ciudadana impulsado por el Presidente, donde valores como la inclusión, honestidad y transparencia forman parte de sus metas fundamentales.

5. Que los servidores públicos asuman el compromiso de educar y divulgar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

6. Que otras entidades públicas cumplan la LOTAIP, tras el ejemplo de difusión por parte de la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas.

7. Que esta campaña sobre la LOTAIP, generada en la nueva Provincia Tsáchila,

sirva de ejemplo y se use como proyecto piloto para ser

aplicado en otras ciudades del País.


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8. Que la Defensor铆a del Pueblo, como 贸rgano de control del cumplimiento de la LOTAIP, se comprometa a dar mayor seguimiento a las entidades p煤blicas para verificar la aplicaci贸n de la Ley.


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MARCO TEÓRICO


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MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

Antecedentes históricos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) tiene su origen en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos.

Estos tratados suscritos en 1969 y 1976, respectivamente, se refieren a los derechos inherentes e inalienables que tienen los seres humanos, catalogados como garantías, que comprometen a los estados parte a cumplir con lo suscrito en ellos.

Bajo estas premisas, ambos tratados contemplan el derecho a la libertad de expresión y apelan a la creación de normativas legales, en cada país signatario, que garanticen el respeto y cumplimiento de éste y otros derechos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, también reconoce en su artículo 19, la libertad de opinión y expresión de todos los individuos.

A pesar de estos importantes conveniosen Latinoamérica, el proceso de aplicación de esta garantía inició recién a finales de los años 90 (entre 40 y 30 años después de haber sido suscritos).


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Es así como a partir de este período, varios países de nuestra región aprobaron leyes para promover la transparencia. Actualmente Argentina, México, Perú, Colombia, Panamá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Ecuador,son algunos de los países que cuentan con esta normativa jurídica.

En nuestro país se implementó la norma jurídica correspondiente que protege el derecho a acceder a la información pública, en acato a los tratados internacionales antes mencionados, de los cuales Ecuador es parte.

La LOTAIP, ley ecuatoriana de transparencia, plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a estas instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.

La ley de transparencia ecuatoriana actualmente se encuentra vigente, pero su desconocimiento la ha convertido en una herramienta fútil, de poco uso y de mínimo cumplimiento.

Tal y como lo indica un estudio realizado por la Corporación Latinoamericana de Desarrollo en el año 20041, menos del 10% de las instituciones obligadas a cumplir con la LOTAIP lo hacen, el 15% cumplen medianamente con la ley y el 75% no la acata de ningún modo.

A pesar de que el contenido de la ley es amplio refiriéndose a los aspectos fiscalizadores, la misma tiene discordancias,que analizaremos en otro capítulo, lo cual impide que la LOTAIP sea al cien por ciento útil y efectiva.

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Anexo 3. Cuadro 1. Pág. 133.


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El Origen de las leyes de Transparencia en los convenios internacionales:

Convención Interamericana de Derechos Humanos

La Organización de Estados Americanos, en reconocimiento al respeto de los derechos fundamentales del hombre, llevó a cabo en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Esta convención expide una serie de articulados basados en los derechos y garantías universales del hombre. La obligatoriedad de respetar los derechos universales, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, fueron las temáticas generales incluidas en el texto final.

En relación a los derechos civiles y políticos, se habla acerca de la libertad de pensamiento y expresión, entendiéndose como talla libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, en todas sus formas y por todos los procedimientos

“Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.2

2

Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1969 (OEA).


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Aunque este tratado fue suscrito en 1969, el mismo entró en vigencia el 18 de julio de 1978, dando cumplimiento a su artículo 74.2 que manifiesta la necesidad de adhesión de once Estados, como requisito previo para su validez.

Treinta y cuatro países fueron parte de la Convención3, veinte y tres ratificaron su inclusión y se comprometieron a aplicar ese tratado, pero tan sólo nueve han instrumentado vías legales para la aplicación efectiva de este derecho fundamental como es el acceso a la información.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Basados en los principios enunciados descritos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas referentes a libertad, paz, justicia, dignidad humana, derechos iguales e inalienables, se suscribe ,en el seno de este organismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este documento, elaborado el 23 de marzo de 1976, constituye un importante aporte a la consecución del ideal de ser humano libre, en disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria.

La base legal, relacionada con la LOTAIP, se expresa en el artículo 19 de este Pacto, el cual habla de la libertad de pensamiento y expresión, coincidiendo plenamente con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

“Artículo 19

3

Anexo 4. Pág. 134.


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1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.4

Ciento cuarenta y seis estados, entre los que cuenta el Ecuador, fueron signatarios de este tratado; pero ocho no reconocieron la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte del Comité General de este pacto.

La Ley de transparencia y acceso a la información y su aplicación en Ecuador

Ante la necesidad de hacer efectivo el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos o que por su naturaleza sean de interés público, la Asamblea Constitucional Ecuatoriana de 1998 incluye, en la Constitución del mismo año, un artículo enfocado en este tema.

4

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


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El artículo 81 manifestaba “El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa…”5

Sin embargo, no es sino hasta el 2001 que este tema entró a la palestra política ecuatoriana, cuando un político conoció del tema en una conferencia internacional realizada en México.

Siete instituciones, entre ONG´s y organizaciones de la sociedad civil, actuaron conjuntamente para respaldar la propuesta del ex Diputado por el PSC Luis Almeida, de crear una Ley de Transparencia. Esto con el interés de que exista un amparo legal que garantice el acceso a la información pública.

Después de varios años pugnando por una ley, el entonces Congreso Nacional aprueba y publica, el 18 de mayo de 2004, en el Registro Oficial N° 337 la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta ley es un instrumento importante para mejorar el conocimiento y control del Estado, pero resulta ineficiente por la casi nula participación ciudadana, y porque estatalmente nadie ha encabezado la supervisión del cumplimiento de la misma, tanto así que las mismas organizaciones que aportaron en la creación de la LOTAIP, actualmente se encargan de vigilar la aplicación de la ley.

A pesar de que la Defensoría del Pueblo es la agencia pública responsable de velar por esta Ley, la entidad no tiene la capacidad de monitorear los niveles de cumplimiento ni de aplicar sanciones a las 5,000 entidades que administran fondos públicos y deben ser controladas en el acatamiento de la LOTAIP.

5

Constitución Política de la República del Ecuador 1998. Título III. De los derechos, garantías y deberes. Sección 10ª, De la Comunicación.


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La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información que labora como parte de la Defensoría, cuenta con apenas cinco trabajadores y un presupuesto de 7 millones de dólares al año6.

Además, poco se ha hecho para capacitar a las instituciones públicas y para mantener un control sobre el cumplimiento de la Ley.Hasta el presente, no existe ninguna sanción por incumplimiento de la LOTAIP, según como se puede evidenciar en el estudio realizado por la ONG Coalición Acceso a la Información y el estudio de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).

Sin embargo, en dos casos de petición denegada que llegaron a instancias judiciales, los resultados fueron favorables a los peticionarios de la información. Se desconoce aún las sanciones a ser aplicadas a las instituciones que incumplieron la LOTAIP.

Las investigaciones que se han realizado hasta el momento, y que dan cuenta del cumplimiento o no de la ley, fueron las ejecutadas por la ONG Coalición Acceso a la Información (que a la presente fecha ha sido disuelta) y que estaba conformada por varias organizaciones de la sociedad civil7; y la de Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios)8, disponible a la ciudadanía en la publicación La Palabra Rota9, editada por la misma organización, en la cual existe una investigación enfocada en el acceso a la información.

6

Ministerio de Economía y Finanzas. Presupuesto General del Estado. 13 de diciembre del 2006. Fundación Esquel, Corporación Latinoamericana de Desarrollo (CLD), Centro de Derechos Ambientales (CEDA), Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), Participación Ciudadana, Fundación Friedrich Ebert y la Universidad Católica, forman actualmente Coalición Acceso 8 La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, es una organización de la sociedad civil creada en el 2007, www.fundamedios.org. 9 La Palabra Rota: Seis investigaciones sobre el periodismo ecuatoriano, Fundamedios. Quito, Ecuador, 2010. info@fundamedios.org 7


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En la primera evaluación realizada en el año 2004 por la ONG Coalición Acceso a la Información, usando la lista oficial de páginas web de las instituciones públicas del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), obtuvieron desalentadores resultados.

Los literales del artículo 7 de la LOTAIP fueron utilizados como medidores para esta investigación, ya que ellos definen y detallan los requisitos que deben cumplir las instituciones para ser transparentes.

Seleccionando al azar 100 agencias públicas para monitorear sus páginas web, con el objetivo de determinar el porcentaje de cumplimiento de los 27 literales publicados, que requiere el artículo 7 señalado, los resultados fueron inesperados: 34 páginas web no funcionaban y ninguna cumplía con la LOTAIP.

En evaluaciones posteriores se incorporaron las páginas web de gobiernos locales, universidades y hospitales. También intentaron evaluar la calidad de la información publicada, asignando un “0” (sin información), “1” (Información vaga), “2” (información incompleta) o “3” (información completa) para cada literal, dependiendo de su nivel de integridad.

Setenta y cinco por ciento de las páginas web monitoreadas no cumplían con lo dispuesto en el artículo 7 de la LOTAIP, lo que nos indica que a pesar de existir una ley de transparencia en el Ecuador no se la cumple.

Por su lado, “La Palabra Rota”, publicación de Fundamedios y la investigación más reciente del tema, en sus primeras líneas sostiene: “Más de cinco años tiene de vigencia la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y, no obstante, su aplicación en el País es limitada. Las trabas que los ciudadanos encuentran en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública muestran que aún hay mucho camino que recorrer para desterrar la cultura del secretismo”.


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Fundamedios, para analizar el cumplimiento de la LOTAIP, elaboró tres monitoreos: el primero, a la Defensoría del Pueblo; el segundo, a las instituciones públicas; y el tercero, a los medios de comunicación.

En lo que respecta al monitoreo de la Defensoría del Pueblo, organismo responsable de la promoción y vigilancia de la Ley de Transparencia en el País (como indica el artículo 11 de la Ley) “La Palabra Rota” expone que, la entidad “no cumple a cabalidad su labor encargada en la Ley”, puesto que sólo alrededor 200 de las 5000 instituciones públicas, entregaron el informe anual de transparencia, que dispone la LOTAIP, en el artículo 12.

Algunas conclusiones de este monitoreo son:

La Palabra Rota, pág. 22.

1. La Defensoría del Pueblo, la autoridad de cumplimiento de la Ley, recibe únicamente 164 reportes anuales de un universo de aproximadamente 5000 instituciones públicas que están obligadas por la Ley a enviar esa información anual.

2. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo no exige (porque o no puede o no quiere) que las instituciones públicas cumplan con la Ley.

3. En su mayoría, las instituciones que reportan información sobre peticiones de acceso, entregan información incompleta, de tal forma que es imposible hacer algún tipo de seguimiento sobre el tipo de información solicitada, quién la pidió, qué resultado obtuvo, etc.


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Para el segundo monitoreo10, Fundamedios presentó 69 peticiones de acceso a la información a 64 instituciones del sector público, haciendo el respectivo seguimiento, con el objetivo de conocer y evaluar el tratamiento que estas entidades le dan a las solicitudes, el cumplimiento que hacen de la Ley y la accesibilidad a la información, por esta vía, para los ciudadanos.

Los resultados de este estudio fueron desalentadores, ya que sólo el 10,1 % (7) de las instituciones cumplieron la LOTAIP- tramitando las solicitudes y entregando la información dentro del plazo establecido por la Ley - 24,6% (17) de las peticiones se cumplieron parcialmente y 65,2% (45) fueron incumplidas.

El detalle del monitoreo es el siguiente:

10

Respuesta de solicitudes

7

Entregaron información

12

Información entregada fuera de tiempo

1

Información incompleta

2

Información reservada

3

Información incompleta entregada fuera de tiempo

3

Responden por escrito que no poseen información

Monitoreo a entidades públicas. La Palabra Rota, Capítulo 4: La incertidumbre del acceso a la información.


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1

No se pudo presentar solicitud

2

Responden que no se cumplen con los requisitos

42

Solicitudes sin respuesta.

Datos tomados de La Palabra Rota, pág. 79.

Finalmente, el monitoreo que realizó Fundamedios en los medios de comunicación11 reveló que de las 46 peticiones de acceso a la información presentadas por éstos, apenas 14 fueron contestadas positivamente.

Como se puede evidenciar en esta investigación, actualmente los análisis del cumplimiento de la Ley son extra gubernamentales. Los estudios realizados demuestran que se ha descuidado el cumplimiento y la difusión de la Ley de Transparencia en el Ecuador.

Cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Ecuador.

Desde la creación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), en el Ecuador, son pocas las instituciones gubernamentales que la cumplen, esto se puede deducir de la investigación realizada, para efecto de este proyecto, en las páginas Web de 100 entidades públicas12.

11

En La Palabra Rota, pág. 52. Tabulación de los resultados del monitoreo a las instituciones gubernamentales sobre el cumplimiento de la LOTAIP Art. 7. Anexo 1. Págs. 123 a 131. 12


33

Este estudio se ejecutó basado en artículo 7 de la LOTAIP que señala:

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-

Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria:

a) Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;

b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal;

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema

de

compensación,

según

lo

establezcan

las

disposiciones

correspondientes;

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones;

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas;


34

f)

Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción;

g)

Información

total

sobre

institución,especificando

el

presupuesto

ingresos,

gastos,

anual

que

financiamiento

administra y

la

resultados

operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos;

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;

i)

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;

j)

Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución;

k) Planes y programas de la institución en ejecución;

l)

El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y plazo, costos financieros o tipos de interés;

contratos de crédito, los montos,


35

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño;

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;

o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley;

p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones;

q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones;

r)

El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general;

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local; y,

t)

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto integro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus


36

jurisdicciones. La información deberá ser publicada, organizándola por temas, items, orden secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones.

El análisis se basó en la verificación del cumplimiento del artículo 7 de la LOTAIP en las páginas web que posee cada institución.

Tras la revisión minuciosa, realizada entre noviembre de 2008 y enero de 2009, de las diferentes direcciones electrónicas de las entidades gubernamentales que fueron analizadas entre las que se encuentran Municipios, Consejos Provinciales, Ministerios y otras instituciones, tanto a nivel Provincial como Nacional; se pudo constatar que:

De 60 instituciones, investigadas minuciosamente, 46 están cumpliendo con el 69% de la información que deben publicar, 11 están por debajo de este porcentaje y sólo 3 cumplen la ley al 100%. En algunos casos ni siquiera existe la web.

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LOTAIP CUMPLE LA LEY AL 100%

3% CUMPLE LA LEY MENOR AL 70% 11%

CUMPLE LA LEY AL 70%

46%


37

Entre los puntos importantes que estas instituciones deberían cumplir, los cuales se han desglosado en este estudio para verificar su cumplimiento, están: remuneración mensual por puesto, presupuesto anual que administra la institución, viáticos; y el nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de la información.

Del resultado del análisis, respecto a la remuneración mensual por puesto de trabajo, se obtuvo que 64 de las 100 instituciones tomadas en cuenta cumplen la Ley, mientras la diferencia no muestra este dato en su página web.

REMUNERACIÓN MENSUAL

NO CUMPLE 36%

SI CUMPLE 64%

Otro punto importante es la exposición pública del presupuesto, 47 entidades publican esta información actualizada hasta el 2008, mientras que 20 publican presupuestos de años anteriores, sólo cuatro exponen el valor aprobado para el 2009, y 29 no informan ningún valor.


38

PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO ANTERIOR 2008

20%

PRESUPUESTO 2008

47% NO

29%

PRESUPUESTO 2009

4%

En cuanto a los valores asignados para gastos por viáticos, se determinó que el 60% de las instituciones lo hacen conocer en la web y el porcentaje restante no lo publica.

VIÁTICOS NO 40%

SI 60%

Otro ítem que debe presentarse en la página web de cada institución es el nombre, dirección de oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la


39

información pública que trata esta ley. El resultado con respecto a este tema fue que más del 50 por ciento de las entidades cumplen con publicar esta información, mientras que el porcentaje negativo es casi similar (47%).

RESPONSABLE DE PUBLICAR INFORMACIÓN

NO 47%

SI 53%

De los resultados obtenidos en el cuadro anterior se deduce que la diferencia entre el Sí (53%) y el No (47%) es sólo de 6 puntos, y que estos datos sobre el responsable de atender la información pública se halla imprecisa o incompleta. Como podemos notar existe poco interés en las autoridades por cumplir la ley y sobretodo no hay quien se responsabilice de viabilizar el acceso a la información en la mitad de las entidades analizadas.

Pero el incumplimiento de la LOTAIP por parte de las instituciones públicas no sólo se refleja en este detalle, sino también en la poca publicación del presupuesto, viáticos, procesos precontractuales, contractuales y otros; motivo por el cual es fácil darnos cuenta que el transparentar el manejo de la información pública, parece haber quedado en una simple aspiración.


40

Con la creación de nuevas Provincias como Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas han aumentado instituciones que también están obligadas a cumplir con la LOTAIP, pero que no marcan ninguna diferencia con las del resto del País ya que tampoco la cumplen 100%.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, ente encargado de controlar el cumplimiento de esta Ley, ha demostrado hasta la fecha una limitada capacidad para lograr proteger el derecho a la información, ya que no se han conocido casos de sanciones por incumplir la LOTAIP (según lo demuestran estudios de la Corporación Colación Acceso a la Información), a pesar de que el incumplimiento es real.

En fin, es importante el involucramiento y participación de la sociedad para exigir la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales.

CONTEXTUALIZACIÓN

Derecho a la Información

El derecho a la información se ha convertido en un tema relevante, que ha despertado el interés tanto a nivel nacional como internacional.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la libertad de expresión, facultad de informar y estar informado, dio origen al derecho a la información, que en años posteriores se vería implementado, como derecho fundamental, a la luz de otros tratados internacionales.


41

En la constitución del Ecuador de 1998, el derecho a la información se resumía en un sólo artículo (Art. 81), mientras que en la constitución vigente establecida en el 2008, se le ha dado un espacio más amplio al tema de la ´Comunicación e Información´ y en su contenido se expone con mayor rigor el derecho a la información para garantizar la aplicación de la Ley de Transparencia del país.

Sin embargo, a pesar de la legislación existente, es difícil asegurar, sin un control efectivo, que las leyes garanticen la transparencia, sin que exista manipulación de información en los organismos gubernamentales.

En Ecuador, actualmente, el derecho a la Información se encuentra protegido por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya normativa exige el libre acceso a la información pública en plazos establecidos, así también impone sanciones a las entidades estatales que no cumplan con la ley.

Es de gran trascendencia reconocer el significado social que tiene el derecho a la información para así poder hablar de una mejor calidad de vida y un verdadero goce de los derechos humanos.

Breve análisis de la Comunicación e Información en el Ecuador

El cuadro que consta a continuación muestra la normativa referente a la comunicación e información en el Ecuador en la constitución 1998 y la constitución 2008.

Constitución 1998

Constitución 2008

Título III: De los Derechos, Garantías

Título II: DERECHOS

y Deberes

Capítulo II: Derechos del buen vivir


42

Capítulo 4: De los derechos

Sección Tercera:

económicos, sociales y culturales.

Comunicación e información

Sección décima: De la comunicación

Artículo 81.- El Estado garantizará el

Art. 16.- Todas las personas, en forma

derecho a acceder a fuentes de

individual o colectiva, tienen derecho a:

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información

1. Una comunicación libre, intercultural,

objetiva, veraz, plural, oportuna y sin

incluyente, diversa y participativa, en todos

censura previa, de los

los ámbitos de la interacción social, por

acontecimientos de interés general,

cualquier medio y forma, en su propia

que preserve los valores de la

lengua y con sus propios símbolos.

comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los

4. El acceso y uso de todas las formas de

archivos públicos, excepto de los

comunicación visual, auditiva, sensorial y a

documentos para los que tal reserva

otras que permitan la inclusión de personas

sea exigida por razones de defensa

con discapacidad.

nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promoción cultural y

la comunicación.


43

preservación de valores éticos. La ley

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y

establecerá los alcances y

la diversidad en la comunicación, y al

limitaciones de su participación.

efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.

métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,


44

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.


45

El siguiente cuadro contempla una serie de comparaciones entre la constitución nueva vigente y la de 1998, e intenta poner a la luz el ambiente de comunicación en el Ecuador, a nivel legislativo constitucional.

ANÁLISIS

Comunicación en el Ecuador: Constitución 1998 – 2008

1

Constitución 1998

Constitución 2008

Para empezar notamos diferencias

Y en la nueva constitución el apartado de

desde el título. En esta constitución

comunicación se encuentra en: Título II:

el apartado de comunicación se

Derechos / Capítulo II: Derechos del Buen

encuentra en: Título III: De los

vivir /Sección tercera: Comunicación e

Derechos, Garantías y Deberes /

información.

Capítulo 4: De los deberes económicos, sociales y culturales / Sección décima: De la Comunicación.

Notamos por lo tanto, por un lado, que se deja claro que la comunicación es un derecho para el buen vivir en la sociedad, y por otro, a nivel general, se integra activamente a los tres entes inmersos en esta actividad: la sociedad, medios de comunicación y el Estado.

2

A nivel estructural, en esta

En cambio acá tenemos estructurado el

constitución existe sólo un artículo

apartado de comunicación en 5 artículos

con cinco párrafos.

con sus respectivos numerales. Es decir, tenemos un apartado más extenso y más completo.


46

3

En lo referente a contenidos: El

En la nueva constitución tenemos dos

artículo 81 que es donde se

artículos más que tratan temas que no se

compendia el tema de la

habían considerado antes como: el acceso

comunicación en esta constitución,

a las tecnologías de la información y

abarca los contenidos de los

comunicación (Tics), el derecho en igual

artículos 18, 19 y 20 de la nueva

de condiciones al uso de frecuencias de

constitución, que tratan a nivel

espectro radioeléctrico, el derecho al

general del derecho al acceso a la

acceso a toda forma de comunicación que

información, la cláusula de

permita la inclusión de personas con

conciencia, el acceso a la

discapacidad, la promoción de formas de

información pública, la

comunicación comunitarias, el control de

comunicación en los medios y la

los oligopolios y monopolios de los

cultura.

medios, el monitoreo de una programación de calidad en los medios de comunicación.

4

A nivel general: La constitución

A nivel general: En la constitución 2008 el

1998 garantiza el derecho al acceso

estado además de garantizar el acceso a

a fuentes de información; a buscar,

este derecho y a todo lo mencionado,

recibir, conocer y difundir

resalta el derecho a una comunicación

información objetiva, veraz, etc.

libre e intercultural, es decir una comunicación integradora y participativa, y más cultural.

5

A nivel general: Existe menos

A nivel general: Existe más compromiso

compromiso del Estado en el tema

del Estado con el tema de la

de la comunicación, pues en esta

comunicación, el cual, lo vemos reflejado

constitución sólo se anota el

en los compromisos en los que se

compromiso a garantizar el acceso

suscribe: garantía de acceso a frecuencias

a la información, garantizar la

en igualdad de condiciones, facilitación al

cláusula de conciencia y la

acceso a las Tics, control sobre los

prohibición de publicidad negativa.

Monopolios de medios, regulación de contenidos en los medios, garantía de la cláusula de conciencia, prohibición de emisión de publicidad negativa,


47

fortalecimiento de medios comunitarios, integración de personas con discapacidad en procesos de comunicación.

6

En esta constitución no existe

En la nueva constitución la sociedad tiene

integración activa de la sociedad y

más derechos en la comunicación y es un

sus derechos a la comunicación.

sujeto activo, puesto que es tomado como sujeto que puede hacer comunicación y no sólo recibirla.

7

El Estado vela menos por la

El Estado se preocupa más por la actual

comunicación en los medios.

forma de comunicación de los medios: publicidad, programación-cultura y monopolios.

Conclusiones:

El marco legal de la comunicación en el Ecuador fue reforzado con la constitución vigente.

La comunicación con la constitución vigente ofrece más garantías.

El Estado adquiere mayor compromiso con la constitución promulgada en el 2008.

La comunicación en el Ecuador es más participativa, integradora y cultural con la nueva constitución.


48

Avances en la aplicación de la ley de transparencia en el Ecuador

El respaldo legal de la LOTAIP consta en los articulados descritos en la Carta Política ecuatoriana, los cuales le dan base legal para la existencia de la ley de transparencia.

Con la aprobación de una nueva Constitución de la República, en abril de 2008, se abrió la cobertura sobre el tema de acceso a la información. A diferencia de la Constitución anterior, que tenía tan sólo un artículo, la actual en 5 acápites, trata los temas de acceso y transparencia a profundidad.

A pesar de existir la normativa que protege el tema de la transparencia, el Gobierno ha hecho poco apoyar a la Defensoría del Pueblo en su tarea de vigilar el cumplimiento de la ley, pues el presupuesto que se le ha asignado es limitado para supervisar a las 5000 entidades que reciben fondos del Estado.

Además, se desconocen gestiones para capacitar a estas instituciones sobre el cumplimiento de la ley.

Los estudios del cumplimiento de la LOTAIP realizados, han sido elaborados por organismos de la sociedad civil quienes han obtenido resultados desalentadores, al percatarse del 75% de incumplimiento.

La investigación que sacó a relucir estos resultados, fue elaborada por la Corporación Latinoamericana de Desarrollo, quienes son miembros de Coalición Acceso, nombrede la ONG – conformada por siete organizaciones – que impulsaron originalmente la LOTAIP.


49

Recientemente,esta ONG monitoreó las páginas web de agencias relacionadas con el Municipio de Quito, como parte de una iniciativa implementada por la comisión municipal para combatir la corrupción – Quito Honesto.

Esto no fue tarea fácil considerando que el Municipio se compone de cientos de compañías, fundaciones, escuelas y centros médicos. Coalición Acceso llegó a una conclusión similar a la de Participación Ciudadana (otra ONG): las empresas municipales colocan en sus páginas web información sobre sus servicios, pero no sobre sus finanzas.

Sólo dos empresas, Corpaire y Vida para Quito, que son fundaciones manejadas por el Municipio, presentan toda la información que requiere la LOTAIP.

A pesar de algunos vacíos en la información, el hecho de que el Municipio de Quito solicitó y financió el estudio, indica que las instituciones públicas se están preocupando más de cumplir con la Ley.

Además, los resultados de las investigaciones han sido enviados a las instituciones monitoreadas, logrando firmar un contrato con seis de ellas comprometiéndolas a mejorar su página web.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Marco legal del derecho a la información

En Ecuador, el derecho a la información tiene rango constitucional. La nueva Carta Magna promulgada en el 2008 contiene nuevos elementos jurídicos que fortalecen el campo legal para viabilizar el acceso a la información pública en el País.


50

El reciente proceso de reforma constitucional impulsado por el Primer Mandatario, Rafael Correa, en su afán de consolidar un gobierno transparente y soberano a través de una revolución ciudadana,promueve la participación activa de los ecuatorianoscomo mecanismo de comprometimiento con el progreso del País.

El derecho a la información en el Ecuador está regulado por las siguientes disposiciones:

1. La Constitución del Ecuador en sus artículos 18, 66, 84, 91, 92 y 215.

2. Los Tratados Internacionales ratificados por Ecuador.

3. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

La nueva Constitución del Ecuador y el Acceso a la Información

La Carta Magna vigente13 contiene un abanico de artículos, relacionados con el acceso a la información, importantes de analizar.

En los artículos del 16 al 20,ubicados dentro de la Sección Tercera en el Capítulo Segundo de los „Derechos del Buen vivir‟ – y este último a su vez dentro del Título IIque trata los derechos de los ecuatorianos –, se compendia el marco legal relacionado a la „Comunicación e Información‟ en el Ecuador, de manera amplia.

13

Constitución de la República del Ecuador 2008. http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf http://www.ciudadaniainformada.com/fileadmin/Documentos/NUEVA_CONSTITUCION_DEL_ECUADOR.pd f


51

Sin embargo, es el artículo 18 específicamente en donde se determina de forma clara el derecho a la información:

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos por la Ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.

El derecho a la información se deriva del derecho a la libre expresión publicado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del cual trataremos de manera más amplia en un capítulo posterior.

Es preciso destacar que para ejercer nuestro derecho, como lo indica el artículo 18, es vital que la información a difundir sea “veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural…”, lo cual implica que nuestro derecho tiene también sus deberes implícitos; y paradifundir información con las anotadas características es necesario tener acceso a la información. El artículo citado determina el acceso libre a la información generada en las instituciones públicas y nuestro derecho de interactuar con esta información.

Por su lado, el derecho a la información elevado a rango constitucional se evidencia en los siguientes artículos:


52

En el artículo 8414, dispuesto dentro de las „Garantías Constitucionales‟, se pone al manifiesto el compromiso del Estado para proteger los derechos de los ecuatorianos, establecidos tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador participa, de manera que se garantice la dignidad del ser humano. En las últimas líneas de este artículo se ratifica que “en ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.

El artículo 6615 ratifica el derecho a expresarnos ante las instituciones y a recibir de éstas una respuesta motivada, con lo cual se les obliga a rendir cuentas y a mantener un diálogo entre el pueblo, mandatarios y representantes de las entidades públicas para efectivizar la transparencia y el buen gobernar.

Sin embargo, es en los artículos 91 y 92, situados en el Título III que trata de las garantías constitucionales, donde se habla puntualmente del acceso a la información pública y se crea una figura jurídica para viabilizar este proceso. El artículo 9116 expone las garantías referentes al derecho a la información, es de aquí de donde se sostiene constitucionalmente al recurso de acceso a la información anotado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) en su 14

Constitución de la República del Ecuador 2008. Título III – Garantías Constitucionales. Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad de normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución 15 Constitución de la República del Ecuador 2008. Capítulo sexto - Derechos de Libertad: Art. 66, numeral 23.- El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. 16 Constitución de la República del Ecuador 2008. Título III – Garantías Constitucionales. Sección cuarta – Acción de acceso a la información pública. Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter supuesto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.


53

artículo 22, poniendo a disposición de los ecuatorianos una acción legal cuando la información les ha sido denegada en las instituciones públicas.

Además, en lo dispuesto en este artículo se expone que “El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”. Gracias a este detalle anotado en la nueva constitución se podrá reforzar la aplicación de la LOTAIP y evitar que el problema que venía ocurriendo, sobre negaciones de solicitudes de información bajo el argumento de carácter reservado de la información, ya no sea un obstáculo más dentro del proceso.

A partir de ahora toda información que las entidades públicas consideren como reservada deberá ser presentada con su respectivo argumento para ser clasificadas así por un juez competente y sólo mediante este proceso la información tendrá su carácter reservado.

Además, en el artículo 9217 se establece la figura jurídica de acceso a la información denominada ’Acción de hábeas data’, que señala de manera detallada los derechos y procedimientos para efectivizar el acceso a la información. En los artículos posteriores 93 y 94, titulados Acción por incumplimiento y Acción extraordinaria de protección, respectivamente, se establece la acción legal frente al desacato de las garantías constitucionales y la violación de los derechos establecidos en la Constitución con el fin de “garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos”, promulgando medidas hasta últimas instancias. 17

Constitución de la República del Ecuador 2008. Título III – Garantías Constitucionales. Sección cuarta – Acción de hábeas data. Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos, datos genéricos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. – Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. – La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.


54

Las disposiciones transitorias18 señalan que en el plazo máximo de 365 días, desde la entrada en vigencia de la constitución, se reformarán y aprobarán diferentes leyes en las que se incluyen la ley de comunicación y la ley que regula la Defensoría Pública, lo que implica a su vez una reforma a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Finalmente, en el artículo 21519 se establece a la Defensoría del Pueblo como el organismo protector y defensor de los derechos de los ecuatorianos, en los que se especifica el derecho al acceso a la información y el recurso de Habeas data, de lo que corresponde anotar.

Es oportuno apuntar la importancia de dar mayor potestad a la Defensoría para presionar y tomar acción más directamente contra las entidades descritas en la LOTAIP que no cumplan la Ley, con la finalidad de hacer más eficiente la aplicación de la ley y cumplimiento de la misma.

La reforma de la LOTAIP es trascendental para mejorar su aplicación. El sistema judicial del Ecuador contaba con 365 días, para hacer las reformas correspondientesy adaptar las leyes a lo dispuesto en la Constitución 2008.

Los Tratados Internacionales y el Derecho a la Información

El derecho a la información tiene su raíz a mediados del siglo XX, momento en que se encuentra en apogeo el desarrollo del ciudadano universal, pero es a partir de los

18

Constitución de la República del Ecuador 2008. Disposiciones Transitorias - Disposición transitoria primera, numeral 4to y 7mo. 19 Constitución de la República del Ecuador 2008. Capítulo quinto – Función de Transparencia y Control Social. Sección quinta – Defensoría del Pueblo, artículo 215.


55

tratados internacionales cuando jurídicamente se establece como derecho y es reconocido internacionalmente e incluido en las legislaciones de los países del mundo.

El derecho a la información es un derecho fundamental, una garantía de libertad derivada principalmente del Derecho a la libertad de opinión y expresión establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Expertos en material legal20 de derechos humanos y específicamente del derecho a la información, señalan los siguientes documentos y tratados internacionales como génesis que materializaron como instrumento legal ciudadano al derecho a la información:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos21, Diciembre1948.

Art. 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este de derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos22, Diciembre1966.

20

Lecturas relacionadas con Derecho a la Información, calidad de vida y Derechos Humanos: a) Derecho a la información y Derechos Humanos, Jaime Almazán. http://www.itaipem.org.mx/work/resources/LocalContent/379/3/X%20mesa%20Derecho%20info %20jaime%20almazan%20ok.doc b) Los Tratados Internacionales y el Derecho a la Información, Mauro Alberto Sánchez Hernández. c) http://www.eumed.net/tesis/2008/mash/Los%20tratados%20internacionales%20y%20el%20dere cho%20a%20la%20informacion.htm d) El Libre Acceso a la Información, Corrupción y Derechos Humanos, Yuri Quiñones. http://www.aporrea.org/actualidad/a44024.html 21 Declaración Universal de Derechos Humanos – http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 22 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm


56

Art. 19.- 1) Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3) El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

La Convención Americana de Derechos Humanos23, (Pacto de San José) 1969.

Art. 13.- 1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2) El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

La Encíclica Pacem in Terris, expedida por el Papa Juan XXIII24.

Los Derechos del Hombre: Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura.- 12. El hombre exige, además, por derecho natural el debido respeto a su persona, la buena reputación social, la posibilidad de buscar la verdad libremente y, dentro de los límites del orden moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una

23 24

Convención Americana de Derechos Humanos – http://www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html Encíclica Pacem in Terris

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_sp.html


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profesión cualquiera, y, finalmente, disponer de una información objetiva de los sucesos públicos.

El Concilio Ecuménico Vaticano II25, Decreto sobre medios de comunicación social.

“la existencia –en el seno de la sociedad humana- del derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen a los hombres, según las circunstancias de cada cual, tanto particularmente como constituido en sociedad”

La Declaración sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, 197826.

Art. II.- 1) El ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y de la libertad de información, reconocido como parte integrante de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, constituye un factor esencial del fortalecimiento de la paz y de la comprensión internacional.2) El acceso del público a la información debe garantizarse mediante la diversidad de las fuentes y de los medios de información de que disponga, permitiendo así a cada persona verificar la exactitud de los hechos y fundar objetivamente su opinión sobre los acontecimientos. Para ese fin, los periodistas deben tener la libertad de informar y las mayores facilidades posibles de acceso a la información. Igualmente, los medios de comunicación deben responder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo así la participación del público en la elaboración de la información.

25

Concilio Ecuménico Vaticano II http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html 26

Declaración sobre Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/d_media_sp.htm


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Como bien lo expresa Ramiro Ávila27 “El derecho al acceso a la información es un derecho reconocido de forma autónoma, es decir, establecido como tal en los instrumentos internacional”, y por lo tanto un derecho primario y fundamental.

En el seno de estos documentos internacionales nace la materia legislativa que rige en los diferentes países, y estos tratados internacionales citados han sido ratificados por el Ecuador con el fin de garantizar los derechos de los ecuatorianos.

Especialistas consideran

“Que el derecho a la información se configura como una

extensión de las libertades de expresión, de imprenta e incluso de petición; catalogado como un derecho subjetivo público de los ciudadanos, que debe ser garantizado por la Norma Fundante Básica, de los Estados”.

En tanto tenemos garantizado, los ecuatorianos y los países que han firmado

los

tratados internacionales, el derecho a la información, éste también como cualquier derecho no es absoluto y tiene sus limitaciones, las cuales se las conoce como información confidencial y reservada.

Los documentos citados señalan estas limitaciones y a su vez exigen la respectiva legislación para proteger los derechos individuales como la protección de la información personal o la seguridad nacional de un país.

Los derechos tienen implícitos deberes y su práctica debe garantizar los derechos de los demás.

27

Ramiro Ávila Santamaría, Doctor en Jurisprudencia, Máster en Derecho, profesor de DDHH en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, coordinador de la publicación “Los Derechos Sociales: del derecho a la información a la justiciabilidad”. Cita en el capítulo: El Derecho al acceso a la Información y los derechos humanos. Pág. 23.


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La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Los ecuatorianos contamos desde el 2004 con una ley específica, que ampara nuestro derecho a la información, denominada Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)28.

La LOTAIP es un recurso legal, una herramienta ciudadana, que nos sirve para acceder a la información de entidades públicas o privadas que participen de fondos del Estado, con el fin de transparentar la función pública y de crear un mecanismo de rendición de cuentas.

La Ley contiene seis títulos que encierran 23 artículos y está estructurada de la siguiente forma:

TITULO PRIMERO: PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública Art. 2.- Objeto de la Ley Art. 3.- Ámbito de Aplicación de la Ley Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley

TÍTULO SEGUNDO: DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU DIFUSIÓN

Art. 5.- Información Pública. Art. 6.- Información Confidencial 28

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) http://www.transparencia.espol.edu.ec/documentos/L_acceso.pdf


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Art. 7.- Difusión de la Información Pública Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública Art. 10.- Custodia de la Información Art. 11.- Vigilancia y Promoción de la Ley Art. 12.- Presentación de Informes Art. 13.- Falta de claridad en la Información Art. 14.- Del Congreso Nacional Art. 15.- Del Tribunal Supremo Electoral Art. 16.- Información Pública de los Partidos Políticos

TITULO TERCERO: DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Art. 17.- De la Información Reservada Art. 18.- Protección de la Información Reservada

TITULO CUARTO: DEL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Art. 19.- De la Solicitud y sus Requisitos Art. 20.- Límites de la Publicidad de la Información Art. 21.- Denegación de la Información

TITULO QUINTO: DEL RECURSO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN


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Art. 22.- Del Recurso de Acceso a la Información

TITULO SEXTO: DE LAS SANCIONES

Art. 23.- Sanción a funcionarios y/o empleados públicos y privados

DISPOSICIÓN GENERAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta

DISPOSICIÓN FINAL

La LOTAIP, tras la vigencia de la constitución 2008, debió ser reformada en un plazo de 365 días.

Derecho a la información, calidad de vida y derechos humanos

El derecho a la información ha sido reconocido en las últimas cinco décadas; es decir, la legislación en torno a este derecho es relativamente nueva, ya que es sólo a partir de los


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años 60´s cuando inicia el big bang de manifestaciones para hacer viable

la

transparencia en la información y el derecho a la información en los países del mundo.

Por ello tambiénhay escasez de literatura sobre el tema. Comparando el año de vigencia de las legislaciones de los países, la mayoría son recientes; sin embargo, al momento, más de 40 países del mundo ya han adoptado leyes de transparencia y acceso a la información pública.

Un pueblo informado puede hacer sus decisiones conscientes y ejercer objetivamente sus derechos y deberes ciudadanos, así como también representar y orientar la opinión pública de manera crítica para de esta forma contribuir al desarrollo de la sociedad y del país.

La transparencia en los gobiernos es indicio de un régimen democrático y participativo. En lo que respecta a Latinoamérica, nuestra región entra en la corriente de adopción de leyes, sobre el derechoa la información, a partir de los años 90, como es el caso de países como: Argentina (1998), México (2002), Panamá (2002), Perú (2001) y Ecuador (2004).

Las leyes de acceso a la información, en el caso del Ecuador la denominada Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), garantizan la democracia y han sido creadas, entre otras razones, para fomentar la participación ciudadana en las decisiones de interés colectivo, verificar la transparencia de la función pública y efectivizar la rendición de cuentas de las entidades estatales.

El acceso a la información también incide en la calidad de vida y el desarrollo integral de la persona, como en su capacidad para ejercer sus derechos humanos al estar mejor informado sobre éstos y de lo que sucede en su entorno.


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Los derechos fundamentales, desde la Convención de Teherán (1968) y con mucho más énfasis en la Convención de Viena (1993), son considerados como derechos interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Esto querría decir que si se viola un derecho, se afectan los demás. En el caso del derecho a la información. Esto es particularmente evidente: sólo con información se pueden ejercer los demás derechos.

29

El derecho a la información y su normativa jurídica permite un ambiente fluyente de información verídica, que hace más válido y práctico la aplicación del derecho de expresión pronunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En fin, se constituye en una herramienta para hacer viable de forma más práctica y veraz el derecho de libertad de expresión.

En otras palabras “El Estado ideal garantiza, entre otros ingredientes, el derecho a la información pública. La democracia se nutre de la participación de personas adecuada y suficientemente informadas30”.

El derecho a la información está considerado como un derecho fundamental del ser humano y está respaldado legalmente a nivel superior por documentos y tratados internacionales de derechos humanos universales.

Los estudiosos en el tema definen el derecho a la información de la siguiente manera:

31

“El derecho a la información pudiera definirse como la rama del derecho público que

tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan –lato sensu- las relaciones entre Estado, medios y sociedad y en –stricto sensu- los alcances y los 29

Ávila, Ramiro “Los Derechos Sociales: del derecho a la información a la justiciabilidad”. Cita en el capítulo: El Derecho al acceso a la Información y los derechos humanos. Pág. 24. 30 Ávila, Ramiro “Los Derechos Sociales: del derecho a la información a la justiciabilidad”. Cita en el capítulo: El Derecho al acceso a la Información y los derechos humanos. Pág. 28. 31 Definición de Jaime Almazán tomada de: http://www.itaipem.org.mx/work/resources/LocalContent/379/3/X%20mesa%20Derecho%20info%20jaim e%20almazan%20ok.doc.


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límites del ejercicio de la libertad de expresión y de información a través de cualquier medio”.

32

“El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la

persona a conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas, es decir, a acceder a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a ser informados

oportuna

y

verazmente

por

las

instituciones

2

públicas. En

una

interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho de acceso a la información pública tiene por objeto otorgar el poder de la información pública a las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores sociales, así como poner a disposición de las mismas la información que le sirva para ejercer sus derechos políticos y mejorar su calidad de vida”.

33

“Derecho de acceso a la información públicaes la prerrogativa que tiene cualquier

persona física o moral, nacional o extranjera, de acceder a la información gubernamental, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y sin más limitaciones que las expresamente previstas en la Ley”.

34

“En el mundo académico se manejan dos posibilidades de aproximación al tema. La

primera, tradicional, considera el Derecho a la Información como una disciplina del derecho dirigida a estudiar las libertades de opinión, de expresión y de información centrados en el polo de la emisión y del mensaje, y que están contenidos en diversos instrumentos de los Derechos Humanos. Una segunda perspectiva de aproximación – complementaria de la primera- y particularmente fructífera en América Latina, recupera el otro polo de la comunicación, el de la recepción, donde la ciudadanía no sólo procesa mensajes sino que también los produce. Esta incorporación redimensiona el Derecho a la Información en otro más abarcativo, el Derecho a la Comunicación, que está todavía buscando estatuto académico y legal”.

32

Definición de Issa Luna Pla, tomada de: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/3/art/art3.htm 33 Definición tomada de: http://www.contraloriachiapas.gob.mx/transparencia/inicio/definicion_acceso.php 34 Definición tomada de: http://campus.clacso.edu.ar/html/cursos/571.html


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Como hemos notado, ninguna definición toma al derecho a la información como un derecho absoluto; por lo tanto, tiene sus limitaciones a las cuales se las conoce como información reservada e información confidencial.

La información reservada, de acuerdo con el derecho comparado, es considerada aquella que pueda: a) comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública o la defensa nacional; b) las relaciones y negociaciones internacionales; c) la estabilidad financiera, económica y monetaria; d) la vida, seguridad e integridad física o privacidad de las personas; e) la información que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación de las leyes, prevención o persecución de los delitos; f) la impartición de la justicia, la recaudación de los contribuyentes, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos (mientras las resoluciones no causen estado)35.

Por su lado, la información confidencial o personal es la concerniente a una persona física o moral (sujeto de la información), identificada o identificable, capaz de revelar información acerca de su personalidad, de sus relaciones afectivas, su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales, sociológicas o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio físico y electrónico, número nacional de identificación de personas, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, la información referente al código genético, u otras análogas que afecten su vida privada e intimidad36.

Las legislaciones por lo general también tienen sus normas de protección para este tipo de informaciones que resguardan otros derechos individuales y del bien común. El

35

Definición de Issa Luna Pla, tomada de: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/3/art/art3.htm 36 Definición de Issa Luna Pla, tomada de: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/3/art/art3.htm


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derecho a la información “sólo puede ser limitado cuando colisiona con otros derechos que tengan igual protección constitucional, como el derecho a la intimidad”37.

Por otro lado, el derecho a la información contribuye a la protección de los derechos humanos, en tanto que el acceso a la información nos permite estar informados de nuestros derechos:

El derecho al acceso a la información, desde la perspectiva de los derechos humanos, puede ser útil para dos propósitos: (1) prevenir violaciones a los derechos humanos, y, (2) fundamentar peticiones o demandas de derechos humanos parareparar violaciones a los 38

derechos humanos .

Podemos concluir en este tema que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, norma jurídica que protege el derecho a la información en el Ecuador, permite garantizar los derechos humanos y la dignidad humana de los ecuatorianos, ya que “todo derecho para ser conocido y ejercido tiene relación con la información. Sin información, el derecho no se conoce, no se respeta, no se ejerce adecuadamente”.

Beneficios del libre acceso a la información y la transparencia pública

Cuando se vive en estado de democracia, una de las características notorias es el libre acceso a la información que garantiza la transparencia de la función pública. Un estado con políticas que protejan el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las entidades públicas o privadas que participen de fondos del estado, beneficia la vida personal y social de los habitantes y permite la toma de decisiones importantes para elevar su calidad de vida. 37

Ávila, Ramiro “Los Derechos Sociales: del derecho a la información a la justiciabilidad”. Cita en el capítulo: El Derecho al acceso a la Información y los derechos humanos. Pág. 23. 38 Ávila, Ramiro “Los Derechos Sociales: del derecho a la información a la justiciabilidad”. Cita en el capítulo: El Derecho al acceso a la Información y los derechos humanos. Pág. 38.


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Miguel Carbonell, catedrático de la Universidad Nacional de México, en su discurso “El régimen constitucional de la transparencia”, expone la importancia de un sistema abierto, transparente y democrático haciendo una relación con cada uno de los elementos que permiten su desarrollo de manera que notemos los beneficios implícitos a partir del respeto de un derecho fundamental.

Carbonell sostiene que “en los estados contemporáneos, en los países del siglo XXI, para que tengamos gobernabilidad democrática o gobernanza democrática, necesitamos rendición de cuentas; para que haya rendición de cuentas necesitamos también transparencia, y para que haya transparencia necesitamos acceso a la información, de tal suerte que podemos apreciar cómo de un núcleo conceptual basado en un derecho fundamental derivan todas estas consecuencias, y podemos hablar de que en un país en donde se ven estas condiciones puede haber gobernabilidad democrática”.

Además agrega que “la transparencia es una política pública, una política pública deliberada, una política pública creada ad hoc, específicamente para que los ciudadanos sepan qué es lo que está haciendo el Estado”. En tal virtud, se puede interpretar que el acceso a la información mejora el sistema democrático y fomenta la participación ciudadana.

Por su lado, Ramiro Ávila, formula ecuaciones sobre la relación entre el derecho a la información y el rol del Estado, para explicar los resultados:

1. A menor información, mayor discrecionalidad del poder público.

2. A menor información, mayor autoritarismo.


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3. A menor información, mayor violación de derechos humanos.

Por el contrario:

1. A mayor información, mayor control social al poder público.

2. A mayor información, mayor democracia.

3. A mayor información, mayor ejercicio de derechos humanos

39

Según los expertos40 éstos son algunos de los beneficios del libre acceso a la información:

39

Ávila, Ramiro “Los Derechos Sociales: del derecho a la información a la justiciabilidad”. Cita en el capítulo: El Derecho al acceso a la Información y los derechos humanos. Pág. 28. 40 Lecturas relacionadas con Derecho y Acceso a la Información, Transparencia y Derechos Humanos: El régimen constitucional de la Transparencia, Miguel Carbonell . http://www.ichitaip.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=133 El Libre Acceso a la Información, Corrupción y Derechos Humanos, Yuri Quiñones. http://www.aporrea.org/actualidad/a44024.html Derecho a la Información y Derechos Humanos, Jorge Carpizo y Miguel Carbonell Libro en versión digital http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=7 Derecho de Acceso a la Información Pública en Latinoamérica, Ernesto Villanueva Tomado de la Biblioteca jurídica virtual http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1156 El Derecho de Acceso a la Información Pública y su vinculación con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, Diego Sánchez Montenegro. http://www.imaginar.org/comercio/index_archivos/A_acceso.pdf Acceso a la Información Pública en las instituciones de seguridad social. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/3/art/art3.htm


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Beneficios administrativos:

Motivan la recolección de datos claros y precisos.

Forzan a la administración pública a adoptar políticas de sistematización, tratamiento y mantenimiento de archivos.

Legitima el control del Gobierno.

Mejora la credibilidad en las entidades públicas.

Beneficios políticos:

Favorecen a la rendición de cuentas de un gobierno.

Promueven el mantenimiento y sistematización de archivos públicos haciendo más eficiente la administración pública.

Permiten a los ciudadanos tomar decisiones mejor informadas y aumentar su calidad de vida ejerciendo sus derechos.

Fomenta una cultura de apertura y transparencia donde se fortalece un ambiente de confianza para las decisiones económicas, sociales y políticas.

Fomenta la participación ciudadana y la comunicación constante entre gobernantes y gobernados.

Regula y combate la corrupción en el sistema público.

Legitima los procesos de reformas legislativas y promueve el ambiente propicio e informado para lograr consensos políticos.


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Beneficios económicos:

Al fomentar la rendición de cuentas existe mayor transparencia y una mejor utilización de los recursos del Estado, lo que a su vez combate la corrupción, incidiendo en el desarrollo de la economía del País.

Mejora la competitividad de los países, pues al estar mejor informados se toman decisiones económicas trascendentales.

Beneficios sociales:

Garantiza el derecho fundamental a la información de los seres humanos.

Mejora la calidad de vida de las personas.

Le permite a las personas ejercer sus derechos humanos al estar mejor informados.

Fomenta la participación ciudadana y por lo tanto un comprometimiento de las personas con el progreso de su país.

Permite la toma de decisiones más fundamentadas en la realidad.

Motiva la competitividad profesional, al estar informados de los rubros que podrían ganar en las instituciones públicas.

Como se puede observar son múltiples los beneficios que acarrea el respeto por el derecho a la información y el cumplimiento de las normas jurídicas que protegen este derecho.


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Estudios relacionados con el acceso a la información y la transparencia

Las leyes de acceso a la información pública necesitan la participación activa de la sociedad civil para consolidar un estado de derecho. Educar sobre el derecho de acceso a la información es una tarea clave que tienen los gobiernos y grupos civiles para asegurar la democracia.

El ejercer el derecho a la información es una manera de preocuparse por el futuro, no sólo personal, sino del país. La información pública es propiedad de los ciudadanos y debemos velar por los bienes del Estado que nos pertenecen a todos.

El estar bien informados nos permite tomar mejores decisiones para nuestro futuro y adquirir ventajas competitivas. A través de una solicitud de información podemos, por ejemplo, saber en qué ha invertido la universidad a la que asistimos el dinero asignado por el gobierno ó saber si la empresa eléctrica en nuestra ciudad ha hecho una buena administración. Esto nos permitiría verificar, tomando el ejemplo, sí el dinero del pueblo está siendo bien utilizado por las instituciones.

Las investigaciones en el tema de acceso a la información demuestran que mientras más acceso existe, diferentes beneficios particulares y sociales, salen a relucir.

Según expone Isa Luna Pla en su ensayo Acceso a la Información pública en instituciones de seguridad social

“los países con leyes de acceso a la información

presentan índices menores de corrupción, pues el acceso coadyuva al combate a la


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corrupción”, esto lo sustenta con una gráfica de un estudio realizado por el Banco Mundial41.

Luna Pla también expone otros datos de la misma investigación realizada a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se puede verificar una mayor eficiencia gubernamental cuando existe legislación en el tema de acceso a la información42.

En otro estudio – citado por el mismo catedrático –elaboradopor Roumeen Islam, se demuestra que mientras más acceso a la información mejor calidad de gobierno, de ello deduce que los países con leyes de acceso a la información tienden a gobernar bien.

Además, en lo referente a las finanzas, varios expertos sostienen que las teorías económicas confirman que existe una relación trascendental entre la circulación de la información y el crecimiento de las economías.

Por su lado, Miguel Carbonell del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hace un análisis sobre el derecho a la información a partir de estadísticas de una entidad internacional donde expone que:

“Según datos del Foro Económico Mundial, un foro que se reúne anualmente en Suiza, se puede observar una correlación que tiene que ver con alcance de la transparencia y que tiene tres variables: un alcance bajo, un alcance medio y un alcance alto. Cuando el alcance de la transparencia sube y se ubica en el esquema medio, el crecimiento de la economía alcanza ya un 3 por ciento prácticamente, y supera esta barrera para llegar a un 4 ó 4.5 por ciento cuando el alcance de la transparencia es alto. ¿Qué significa esto en términos llanos? Significa e implica que si nosotros tenemos mayor transparencia vamos a tener más dinero en nuestros bolsillos, vamos a ser más prósperos desde el punto de

41 42

Anexo 2 cuadro 1. Pág. 132. Anexo 2 cuadro 2. Pág. 132.


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vista económico, vamos a poder darle más bienes y más satisfactores a nuestras familias”.

Además, Carbonell cita el informe global de corrupción 2003, realizado por la ONG Transparencia Internacional, donde se afirma que para restaurar la confianza en las instituciones públicas y privadas se debe garantizar el acceso a la información con el fin de promover la transparencia. Finalmente, el investigador reconoce que la transparencia es el arma más poderosa contra la corrupción y una herramienta para ganar credibilidad en las instituciones estatales, así como un factor importante para el desarrollo económico y social.

Es importante reconocer que el acceso a la información es un derecho trascendental en la vida del ser humano, por lo tanto éste debe ser eficaz, oportuno y veraz para que los ciudadanos puedan ejercerlo sin complicaciones. Para ello, se deberían agilitar los procesos y facilitarlos con la fusión de nuevas tecnologías de la información y comunicación para emprender sistemas más eficientes, hoy denominados como gobiernos electrónicos (la información pública en la red), con la finalidad que el usuario tenga al clic la información, simplificando el trámite.

Para concluir, es oportuno recordar que el derecho a la información sólo puede ser llevado a su máxima expresión con la participación ciudadana. La potestad de usar las herramientas legales para viabilizar el acceso a la información, y por esta vía mejorar nuestra calidad de vida y ejercer nuestros derechos, está en nuestras manos.

En Ecuador la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nos permite ejercer el derecho a la información. Es vital iniciar procesos de educación y publicidad sobre esta ley de tal manera que las personas reconozcan los beneficios y exijan sus derechos.


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La experiencia y los estudios realizados nos dejan la moraleja de que no se puede consolidar un buen gobierno a través del silencio y secretismo en las entidades públicas.

Análisis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, originada en el año 2004, fue elaborada por el aquel entonces Congreso Nacional y respaldada por la Carta Magna ecuatoriana de 1998.

Esta ley, como lo analizamos en el capítulo referente a los antecedentes históricos, es un mecanismo necesario para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a las que están sujetos los funcionarios e instituciones que especifica la norma jurídica.

La legislación de transparencia en Ecuador promueve el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones que reciben y administran recursos estatales, exigiendo a esas entidades que socialicen la información generada de la administración de fondos públicos.

La estructura confirmativa de la LOTAIP está constituida por seis títulos, veintitrés artículos, una disposición general, seis disposiciones transitorias y una disposición final.

Su contenido está enfocado en describir el espíritu de la ley y quienes deben cumplirla, a reconocer qué es la información pública y cómo se la difunde, define la información reservada y confidencial, expone el procedimiento para acceder a la información pública y establece las sanciones por su incumplimiento.


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Estructura de la LOTAIP

El título primero se refiere primordialmente al reconocimiento del acceso a la información como un derecho. Estableciendo, en los artículos 1,2,3 y 4, los parámetros y principios fundamentales, en los cuales se reconoce la legítima propiedad ciudadana de la información. Uno de los aspectos más importantes del derecho al acceso a la información es la comprensión del principio de publicidad. El principio es que la información que está en manos del Estado y que éste produce, es información pública.

Si la información es pública, luego la información pertenece a todas las personas que habitan en el Ecuador. La lógica es simple: si el régimen político se basa en la idea de soberanía popular y se ejerce mediante la representación, la información pertenece al 43

pueblo .

El título segundo especifica los procesos de difusión de la información como requisito necesario para garantizar la transparencia de la función pública y hacer viable la democracia.

En este punto es preciso resaltar la importancia del artículo 8, dentro del segundo título, que compromete a las entidades obligadas a cumplir la LOTAIP, a implementar, según sus competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos, como a las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado44.

43

En “Los Derechos Sociales: del derecho a la información a la justiciabilidad”, Pág. 25, la cita explica la lógica del Art. 1 de la LOTAIP, donde dentro de los principios fundamentales se establece a los ciudadanos como propietarios de la información. 44 LOTAIP, Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información.


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Este artículo citado manifiesta el rol activo que deben mantener las entidades públicas frente a la LOTAIP, las cuales no sólo deben gestionar las solicitudes de acceso a la información de forma eficaz, sino promover la LOTAIP y educar a los ciudadanos sobre su derecho a acceder a la información pública. Iniciativas de este tipo son escasas, una de ellas es la de Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas a través de esta campaña sobre la Ley de Transparencia.

Otro punto relevante dentro del título segundo se localiza en el artículo 11, el cual trata la “Vigilancia y Promoción de la Ley” donde se enumeran las obligaciones de la Defensoría del Pueblo, como institución responsable de velar por el cumplimiento de la LOTAIP. Sin embargo, vale citar los tres actores importantes en la vigilancia del cumplimiento de la Ley que señala la publicación “Los derechos sociales: del acceso a la información a la justiciabilidad” para hacer viable el acceso a la información comprometiendo a todas las partes:

La vigilancia del cumplimiento de la ley tiene tres actores importantes: (1) el ciudadano/a, (2) la Defensoría del Pueblo, y, (3) los jueces y tribunales del país. (1) El ciudadano/a tiene las atribuciones para rendir cuentas y exigir el cumplimiento de obligaciones. Sin la ciudadanía activa, este derecho tiene pocas probabilidades de ser útil y funcional, de cumplir sus objetivos declarados. (2) La Defensoría del Pueblo tiene como misión “defender y excitar la observancia de los derecho fundamentales”. En este marco, la Defensoría del Pueblo tiene varias obligaciones para vigilar el cumplimiento del derecho a acceder a la información. a) Tiene

amplias posibilidades para tener iniciativa y creatividad para

promover el derecho. b) Tiene el deber de hacer un seguimiento del cumplimiento del derecho por parte de los sujetos obligados, en cantidad y calidad. c) Debe patrocinar a la ciudadanía en los recursos de acceso, cuando las peticiones hechas por la ciudadanía no han sido respondidas.


77

d) Presenta informes al Congreso Nacional sobre el cumplimiento de la ley. e) Puede hacer recomendaciones cuando los sujetos obligados no cumplen con la ley y hasta puede pedir la destitución de los funcionarios irresponsables. (3) Los jueces y tribunales tienen también la obligación de vigilar por el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública. Al ser un derecho humano fundamental, su aplicación y desarrollo está sujeta al control constitucional de los jueces

45

El título tercero habla de la información reservada y confidencial, aquí se describe los requisitos y las características para clasificar la información como tal, así como los mecanismos de protección de las mismas.

El título cuarto trata el proceso administrativo para acceder a la información pública y establece los requisitos para solicitar información.

El titulo quinto se refiere al recurso de acceso a la información, el cual es aplicable en caso de la negativa previa de la una solicitud y es la última instancia y acción legal a tomar.

El título sexto habla de sanciones tanto para los funcionarios como para las instituciones que incumplieren con la entrega, difusión o el principio de publicidad de la LOTAIP.

Refiriéndonos al contenido y aplicación de los artículos de la LOTAIP existen muchas deficiencias. Por ejemplo, en el artículo cuatro en literal “e”dondetextualmente manifiesta:

45

“Los Derechos Sociales: del derecho a la información a la justiciabilidad”, Pág. 32.


78

“Garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público”.

La participación ciudadana en la toma de decisiones no fue considerada sino hasta la creación de la Constitución actual (artículos 207, 208, 209, 210), pues en la carta política de 1998 no se establecían mecanismos de participación. El literal citado no se ha cumplido a pesar de estar presente en una ley orgánica.

En el artículo 7, referente a la difusión de la información pública, la ley contempla la publicación, en la Web de cada una de las entidades, de una información mínima actualizada detallada a con:

a) “Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos;

b) El directorio completo de la institución, así como su distributivo de personal;

c)

La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones;

e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas;


79

f)

Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción;

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos;

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;

i)

Información completa y detallada sobre los procesos pre contractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones;

j)

Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución;

k) Planes y programas de la institución en ejecución;

l)

El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazo, costos financieros o tipos de interés;

m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño;


80

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;

o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley;

p) La Función Judicial y el Tribunal Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones;

q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones

ejecutoriadas, así como sus

informes, producidos

en todas

sus

jurisdicciones;

r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general;

s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local; y,

t)

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto integro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones”.

Respecto a lo anotado, las instituciones públicas o que administran fondos del estado, deberían publicar esta información mínima en sus portales electrónicos; sin embargo, como lo demuestra el estudio expuesto en los antecedentes de este trabajo, un porcentaje mayor de entidades no acatan la ley.


81

El artículo 8 trata la promoción del derecho de acceso a la información, basándose en el artículo 118 de la anterior carta magna, y demanda procesos de inversión por parte de las entidades para promocionar y capacitar sobre los derechos ciudadanos a la información y comunicación.

De igual forma, como lo demuestra una investigación realizada por la Corporación Coalición Acceso a la información46, las entidades públicas no están ejerciendo su compromiso y más bien son las instituciones no gubernamentales, las que a partir del año 2006, han venido impartiendo talleres de capacitación en estos temas.

El artículo 11 habla de la vigilancia y promoción de la ley y se asigna la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la LOTAIP a la Defensoría del Pueblo, pero esta entidad poco ha podido hacer en este tema, pues no dispone de un presupuesto adecuado para ejecutar esta labor (apenas $ 7 millones Usd. para 5000 entidades).

Según el artículo 12 donde se habla de la presentación de informes señala que “todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley (…) deberán presentar a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública”.

Pocas son las instituciones, según la defensoría del pueblo, que han cumplido con la ley en este punto, y como señala el estudio de Fundamedios, sólo 168 instituciones de las aproximadamente 5000, han presentado el informe que exige la Ley. A pesar de que existen sanciones por no cumplir con la ley, no existe ninguna.

46

Corporación Coalición Acceso a la Información. Hacia una gobernabilidad transparente: promoviendo una democracia participativa www.coalicionacceso.org/contenidos.php?menu=14&nm=Proyectos


82

Finalmente, el artículo 23 que habla de la sanción a funcionarios y/o empleados públicos y privados, se ha quedado en el tapete. El artículo dice:

Los funcionarios de las entidades de la Administración Pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, de la siguiente manera:

a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario que se halle percibiendo a la fecha de la sanción;

b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin derecho a sueldo o remuneración por ese mismo lapso; y,

c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa a la entrega de la información.

Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores.

En el caso de prefectos, alcaldes, consejeros, concejales y miembros de juntas parroquiales, la sanción será impuesta por la respectiva entidad corporativa.

Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o las naturales poseedoras de información pública que impidan o se nieguen a cumplir con las resoluciones judiciales a este respecto, serán sancionadas con una multa de cien a quinientos dólares por cada día de incumplimiento a la resolución, que será liquidada por


83

el juez competente y consignada en su despacho por el sancionado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

Las sanciones se impondrán una vez concluido el respectivo recurso de acceso a la información pública establecido en el artículo 22 de la presente Ley.

La remoción de la autoridad, o del funcionario que incumpliere la resolución, no exime a quien lo reemplace del cumplimiento inmediato de tal resolución bajo la prevención determinada en este artículo”.

Como se exponía en capítulos anteriores, y según la investigación realizada por la Corporación Coalición Acceso a la Información47 y Fundamedios, a pesar de que, como lo indica el artículo 23, referente a sanciones, existe la base legal para sancionar a quienes no cumplen con la ley, pero las sanciones no existen hasta la fecha.

La LOTAIP fue redactada en función a la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998. Con la aprobación de una nueva carta magna, la LOTAIP tendrá que reformarse y garantizar de manera más rigurosa el derecho

a la información y

comunicación.

Campaña de Comunicación sobre la Ley de Trasparencia para la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La planeación y ejecución de la campaña de comunicación para la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) está orientada a difundir el derecho a la información de los

47

Corporación Coalición Acceso a la Información. La promoción del derecho de acceso a la Información Pública en el Ecuador. www.coalicionacceso.org/contenidos.php?menu=15&nm=Publicaciones


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ecuatorianos y además intenta ser un aporte educativo sobre la Ley para los habitantes de la Provincia.

Con esta campaña la Gobernación de la Provincia de los Tsáchilas cumple su compromiso de hacer viable el acceso a la información en la institución, difundir y educar sobre la LOTAIP,

y en consecuencia garantizar el derecho a la información de los

santodomingueños.

Además, con esta campaña esta entidad del Gobierno se constituye en una de las primeras instituciones en iniciar este tipo de acciones con la finalidad de garantizar la democracia y la trasparencia en el sector público, pero también la iniciativa constituye un ejemplo a seguir en otras instituciones a nivel nacional.

La campaña fue concebida con el siguiente diseño y especificaciones:

Diseño de la Campaña

Objetivo:Socializar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Tema central de la campaña:

“Los ciudadanos somos dueños de la información pública”

Formatos para la difusión:


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2 cuñas 1 vídeo documental sobre la LOTAIP 1 Conferencia sobre el derecho a la información y la ley de transparencia. Afiche para conferencia sobre la LOTAIP. Invitación para la presentación del video documental Boletín de prensa para la difusión del evento donde se proyectará el documental. Plataforma

en

la

Web

con

información

sobre

el

tema:http://informaciontransparente.wordpress.com/

Estrategias de la campaña:

Visitas a los medios de comunicación para la difusión de la campaña y la presentación del video documental sobre la LOTAIP.

Promoción

del

vídeo

en

instituciones

educativas

secundarias

y

universitarias.

Presentación del video documental sobre la LOTAIP en el marco de una conferencia con expositores expertos del tema. .

Organización de rueda de prensa en la Gobernación para informar sobre la campaña. Utilización de la red de contactos de la Gobernación para la difusión de la conferencia planificada para la difusión de la LOTAIP.

Beneficios de la campaña:


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Educación de la ciudadanía sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reconocimiento del derecho a la información por parte de los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas. Concientización de la importancia del acceso a la información en las instituciones públicas.

Aspectos técnicos de los formatos de la campaña de comunicación

Descripción de formatos:

Cuñas

Cuña Nº 1

Duración: 45‟‟

Esta cuña motiva a los habitantes de la Provincia a reconocer su derecho a la información y contempla uno de los principios fundamentales de la ley donde se expone que la información pública es propiedad ciudadana.

En lo referente a lo técnico, esta pieza creativa publicitaria está clasificada como:


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En función de la naturaleza y función del anunciante: publicidad de organizaciones gubernamentales.

En función de la naturaleza del producto: publicidad de intangibles.

En función de alcance de la campaña: publicidad regional.

En función del tiempo de la campaña: publicidad efímera.

En función de los medios usados para la campaña: publicidad radial.

En función del estilo: educativa actuada.

Cuña Nº 2

Duración: 30‟‟

Esta cuña es de estilo formal y su contenido se refiere específicamente a informar sobre el cumplimiento de la LOTAIP por parte de la Gobernación.

En lo referente a lo técnico, esta pieza creativa publicitaria está clasificada como:


88

En función de la naturaleza y función del anunciante: publicidad de organizaciones gubernamentales.

En función de la naturaleza del producto: publicidad de intangibles.

En función de alcance de la campaña: publicidad regional.

En función del tiempo de la campaña: publicidad efímera.

En función de los medios usados para la campaña: publicidad radial.

En función del estilo: publicidad informativa.

Vídeo documental sobre la LOTAIP

Especificaciones técnicas:

Duración: 15 minutos

Clasificación: Educativo

País: Ecuador, Santo Domingo de los Tsáchilas.


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Instituciones auspiciantes: Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo.

Año: 2010

El video sobre la LOTAIP es una pieza audiovisual netamente educativa y tiene como objetivo promover el derecho a la información. Este video está elaborado con la finalidad de ser difundido en instituciones educativas, en las entidades públicas, en gremios y asociaciones civiles de la Provincia.

En lo referente a lo técnico, esta pieza creativa audiovisual está clasificada como: Video documental legal de actualidad.

Contenido:

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

La Ley de Transparencia y el Derecho a la Información de los ecuatorianos. Principios fundamentales de la LOTAIP Origen del Derecho a la Información Derecho a la Información, calidad de vida y derechos humanos. Procedimientos de acceso a la información pública LOTAIP: Artículos destacados de la ley: quienes tienen que cumplir la ley, la reserva de la información, quien puede solicitar información


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pública, quien está a cargo de vigilar el cumplimiento de la Ley, página Web en las entidades públicas.

Conferencia sobre el derecho a la información y la LOTAIP

Denominación del evento:

“El Derecho a la Información y la Ley de Transparencia”

Agenda del evento:

Presentadora:Anita Sánchez Jara (Egresada de la Escuela de Comunicación) 19H30 / Bienvenida – Lcda. Martha Luz Forero, Directora de la Escuela de Comunicación de la PUCE SD. 19H45 El Derecho a la Información y presentación del libroPalabras Rotas: César Ricaurte, periodista y escritor, Director Ejecutivo de Fundamedios. 20H00 Proyección documental- La ley de Transparencia y el Derecho a la Información de los ecuatorianos. 20H15 La LOTAIP, herramienta cuidadana. – Mauricio Alarcón, abogado especialista en ciencias politicas y relaciones internacionales, Director de Proyectos de Fundamedios. 21H10 Espacio de preguntas 21H25 Intervención del Gobernador de la Provincia. 20H30 Agradecimiento – (Delegado de la Dirección Académica)


91

Detalles logísticos:

Lugar: Aula Magna PUCE SD Fecha: miércoles 12 de mayo de 2010

Invitados:

Dr. César Ricaurte y Ab.Mauricio Alarcón.

Recursos humanos:

Estudiantes de Hotelería y Turismo PUCE SD (Protocolo) Estudiantes de Comunicación PUCE SD (Cobertura del evento)

Recursos físicos:

Adecuación técnica para el Aula Magna Invitacionesy boletines de prensa. Afiches CDs con el documental de la LOTAIP


92

METODOLOGIA


93

METODOLOGÍA

La primera semana de febrero de 2009, en las instalaciones de la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, el equipo de este proyecto se entrevistó con los directores de las áreas de comunicación y planificación de esta entidad, para dialogar sobre las propuestas de la campaña y la ausencia de la página web en la entidad, con la finalidad de conseguir la aprobación del proyecto y verificar el cumplimiento de la LOTAIP al cien por ciento.

Previamente se realizó la investigación en la Gobernación sobre el acceso a la información, solicitando la base de datos sobre las solicitudes de información procesadas, además, se enviaron solicitudes de información a la entidad para comprobar el acceso a la información, y con ello verificar si hay respuesta positiva, como lo manda la ley.

Desde la tercera semana de diciembre de 2008 hasta la primera de enero de 2009, utilizando el método deductivo, en el marco la asignatura de Derecho a la Información y después de varias reuniones con abogados, realizamos el análisis de la LOTAIP, como paso previo a la elaboración del documento propuesta de la campaña de comunicación en miras a la obtención del visto bueno de la propuesta por parte de la Gobernación.


94

En el transcurso de las dos últimas semanas de enero y las dos primeras de febrero de 2009, basándonos en manuales publicitarios, formulamos la propuesta de campaña de acuerdo al tipo de institución con la cual estamos trabajando y construimos el mensaje de la campaña de comunicación, llevamos a cabo la preproducción, producción y post producción de los diferentes formatos promocionales, contemplados a desarrollar en la primera fase.

En la preproducción, empleando técnicas de creatividad publicitaria, se elaboraron los guiones de las cuñas radiales (presentadas en los resultados) y los diseños de impresos para el seminario planteado (afiche, invitación y banner).

La producción de las cuñas fue realizada en los estudios de Radio Flama Plus, en Santo Domingo, entendiéndose como tal la grabación en audio de los guiones. Y de acuerdo a los conceptos publicitarios planteados por el equipo los profesionales de Greca Agencia de Diseño, bosquejaron el afiche, la invitación y el banner del seminario.

Finalmente, la post producción requirió de 12 meses, la realizamos usando herramientas técnicas y el conocimiento adquirido a lo largo de toda la carrera universitaria. Para las cuñas raciales aplicamos el software Adobe Audition 2.0. y para el material impreso los programas Illustrator CS y Adobe Photoshop CS.

La elaboración del documental sobre la LOTAIP, se hizo en base a un guión diseñado por el equipo, y estrategias creativas de corte educativo, respetando los procesos técnicos de elaboración, es decir todos los principios de radio y televisión. Para la realización del material audiovisual usamos cámaras de video profesionales, con definición en color de 3CCD y capacidad de grabación en MiniDV. La post producción se hizo usando el software de edición Adobe Premier Pro CS3, Adobe Flash Cs4 y Final Cut.


95

Durante la primera semana de mayo de 2010, se llevó a cabo la Conferencia planificada “El Derecho a la Información y la Ley de Trasparencia”, la cual contó con la presencia de reconocidos académicos expertos en el Derecho a la Información de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), en el marco de este evento se realizó la proyección del documental elaborado sobre la LOTAIP.

La segunda semana de mayo de 2010 se envió los boletines de prensa a todos los medios de comunicación e instituciones estatales de la Provincia, para dar a conocer la campaña. La invitación al evento fue difundida por ocho radios de la ciudad y los dos canales locales. La invitación y el boletín enviados fueron elaborados de acuerdo a las técnicas de redacción establecidas.

Durante los primeros días de la tercera semana de mayo de 2010 se realizó la visita a algunos medios de comunicación del cantón Santo Domingo, mediante la cual se amplió la información sobre la campaña.

Con el apoyo logístico de la Gobernación de la Provincia se convocó a los representantes de las entidades públicas para asistir obligatoriamente al evento. Gracias al apoyo de la PUCE SD y la Escuela de Comunicación Social se realizó el evento en el Aula Magna de la institución con la asistencia de 120 personas entre estudiantes, miembros de instituciones públicas, académicos, periodistas y medios de comunicación. Asídimos por concluida la campaña.


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RESULTADOS Y DISCUSIÓN


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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultado 1

Verificación del cumplimiento de la Ley por parte de la Gobernación.

Resultado 2

Documento de la propuesta de la campaña de comunicación y visto bueno de la PUCE SD y la Escuela de Comunicación.

Diseño de Campaña de Comunicación

Objetivo:Socializar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de la Gobernación.

Tema central de la campaña:


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“Los ciudadanos somos dueños de la información pública” La Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formatos para la difusión:

2 cuñas

1 vídeo documental sobre la LOTAIP

1 Web para la difusión de la LOTAIP y el Derecho a la Información

1 Conferencia sobre la LOTAIP auspiciada por la Gobernación y la PUCE SD

Invitación para la conferencia y boletín de prensa

Estrategias de la campaña:

La Ley de Telecomunicaciones y de Radiodifusión ecuatoriana le confiere al Gobierno un espacio en los medios de comunicación. En referencia a esto hemos considerado gestionar este tiempo aire que el Gobierno dispone para hacer la difusión de la campaña de comunicación.


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Visitas a los medios de comunicación para la difusión del seminario y de la campaña en sí.

Promoción

del

vídeo

en

instituciones

educativas

secundarias

y

universitarias.

Reunir en el marco del seminario sobre la LOTAIP a Asambleístas y expertos en temas relacionados.

Organización de rueda de prensa en la Gobernación para informar sobre la campaña.

Beneficios de la campaña:

Educación de la ciudadanía sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Reconocimiento del derecho a la información por parte de los habitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Concientización de la importancia del acceso a la información en las instituciones públicas.

Resultado 3


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Formatos promocionales de la campaña terminados. Los productos propuestos para la campaña son los siguientes:

Las cuñas radiales tienen una duración de 30” y 45”. La función comunicativa predominante es la apelativa, pues invita al perceptor a realizar una acción o emitir una respuesta48.

El video sobre la LOTAIP tiene 15 minutos de duración y es de clasificación educativa49.

El afiche para la proyección del video documental es de tamaño A3, impresión full color, papel couché de 200 gramos50.

El boletín de prensa que cumplió con las normas de redacción establecidas.

La Web, usada como medio alternativo, creada para la difusión de la LOTAIP y el Derecho a la Información de los ecuatorianos: http://informaciontransparente.wordpress.com/

Resultado 4

48

Anexo 5. CD de cuñas radiales. Pág. 138. Anexo 6. Dvd de documental sobre la Lotaip. Pág. 139. 50 Anexo 7. Afiche de la conferencia sobre la lOTAIP. Pág. 140. 49


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Difusión de la campaña a través de los medios, para ello enviamos boletines de prensa informativos, redactados de acuerdo a las normas correspondientes.

Boletín de prensa conferencia sobre la Ley de Transparencia.

Santo Domingo, martes 11 de mayo de 2010

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo

BOLETÍN DE PRENSA

El Derecho a la Información y la Ley de Transparencia será el tema de la conferencia, que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de mayo, a las 19H30, en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, organizado por la Escuela de Comunicación de esa casa de estudios superiores.

César Ricaurte, periodista y escritor, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y Mauricio Alarcón, abogado especialista en ciencias políticas y en relaciones internacionales, director de proyectos de la misma institución, expondrán el panorama del derecho a la información en la región y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), como herramienta ciudadana.

En el marco del evento se proyectará el documental La ley de Transparencia y el Derecho a la Información, que hace parte del trabajo de disertación de grado de un grupo de estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la PUCE SD. La


102

investigación fue realizada a pedido de la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el marco de un convenio interinstitucional.

Durante el evento se presentará el libro "La Palabra Rota", editado por Fundamedios, que recoge seis investigaciones sobre el periodismo ecuatoriano.

La convocatoria está abierta a las instituciones públicas, escuelas de comunicación y derecho, respectivamente, medios de comunicación, gremios de periodistas, y ciudadanía en general. El evento será un espacio de diálogo para despejar dudas en torno a la Ley de Transparencia, vigente en el país.

Comunicación institucional y relaciones públicas PUCE SD

Medios que difundieron el evento

Medio

1

Radio Macarena

2

Radio Flama Plus

3

Radio Zaracay

4

Radio Marañón

5

Radio Activa


103

6

Radio Matovelle

7

Radio Majestad

8

Radio Constelación

9

Zaracay Tv

10

Majestad Tv

11

Diario La Hora

Medios visitados

También

los

1

Radio Macarena

2

Radio Flama Plus

3

Radio Majestad

4

Diario La Hora

medios

se

encargaron

(http://informaciontransparente.wordpress.com/)

de

elaborada

difundir por

nuestro

la equipo

investigación, con la información sobre la LOTAIP y el Derecho a la Información.

Resultado 5

Web de


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Invitación a la conferencia.

Santo Domingo, lunes 10 de mayo de 2010

INVITACIÓN

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Santo Domingo, tienen el agrado de invitarle a la conferencia El Derecho a la Información y la Ley de Transparencia, que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de mayo, a las 19H30, en el Aula Magna de la institución.

César Ricaurte, periodista y escritor, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y Mauricio Alarcón, abogado especialista en ciencias políticas y en relaciones internacionales, director de proyectos de las misma entidad, expondrán el panorama del derecho a la información en la región y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) como herramienta ciudadana.

Por su gentil asistencia, anticipamos nuestro agradecimiento,

Dr. Marcos Santibáñez Director Académico

Lic. Martha Luz Forero C Directora Escuela Comunicación Social

Conferencia y proyección del video documental sobre la LOTAIP.


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Asistentes a la Conferencia

Categoría

70

Alumnos y familia PUCE SD

14

Representantes de instituciones públicas.

10

Periodistas

5

Medios de comunicación

21

Ciudadanos y ciudadanas

DISCUSIÓN

Se verificó el cumplimiento de la Ley por parte de la Gobernación, arrojando como resultado que la misma se cumple en un 50 por ciento.

Este porcentaje desalentador se debe a que la página Web de la Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, www.gobernacionstodgo.gov.ec, hasta la presente fecha no ha publicado toda la información que dispone la LOTAIP para transparentar su función.

Si bien realizan semana a semana, en las instalaciones de la entidad, una rueda de prensa para dar a conocer las actividades realizadas, y además se han comprometido en la difusión de la LOTAIP a través de esta campaña, no han cumplido con la Ley en su totalidad. Este factor es ajeno a nuestra responsabilidad, por lo cual nos apena decir que


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éste es uno de los tantos casos donde la LOTAIP se cumple parcialmente y donde el derecho a la información de los ecuatorianos no es respetado.

Se elaboró el documento propuesta de la campaña y los diseños de los formatos promocionales. La propuesta se presentó a la Gobernación el día martes 17 de febrero de 2009 (con retraso de dos semanas de lo planificado debido a situaciones externas). Se bosquejó el contenido publicitario,cuñas radiales ymaterial impreso, tanto para la campaña en medios como para el seminario (medio alternativo de comunicación).

En la propuesta de la campaña se contempla la realización de unseminario sobre la LOTAIP, evento que habíamos planificado seguros de contar con el apoyo económico proveniente de la Gobernación, ya que los montos son elevados.

Desafortunadamente, tras el diálogo en la Gobernación, se nos informó que es muy poco probable que se nos dé el monto detallado, ya que como lo indicaron los directores de comunicación y planificación de la Gobernación, la institución no cuenta con recursos para estas actividades ni habían previsto apoyar económicamente estos proyectos. Así también nos expresaron que generalmente la entidad realiza este tipo de convenios (como el que tiene con la PUCE SD) para tener cero costos en la realización de los proyectos.

La campaña se planteó de tal forma (con la realización del seminario), debido a que las autoridades de la universidad y los responsables de los proyectos no nos supieron especificar los alcances económicos de los proyectos. Es importante que se determinen estos detalles con un diálogo previo entre la PUCE SD y las diferentes instituciones con el fin de evitar retrasos y este tipo de inconvenientes. Los equipos de investigación plantearíamos cosas factibles, de saber este tipo de datos.


107

Por estos motivos señalados decidimos no realizar el seminario por las dificultades que se presentaron, y realizar la campaña con los otros elementos. Nuestro equipo adoptó una estrategia alternativa potenciando el video educativo sobe la LOTAIP, que también se planteó dentro del diseño de la campaña.

Finalmente, como no se dio el apoyo económico de la Gobernación, decidimos hacer algo más al alcance de nuestro presupuesto y así planificamos la conferencia “La Ley de Transparencia y el Derecho a la Información”. Se materializaron los productos pre establecidos como cuñas radiales, el material en digital y el material impreso para el seminario propuesto.

La calidad de los productos está regida por estándares profesionales. Los resultados materializados se han desarrollado dentro de los plazos establecidos en el plan operativo.

La difusión de la campaña se realizó a través de radio, prensa y televisión. Se envíó el boletín a los medios durante la segunda semana de mayo. Ocho radios, dos canales locales y el periódico local, transmitieron la invitación al evento. Se presentó los productos publicitarios elaborados. La difusión dependió del comprometimiento que adquieran los medios para apoyar esta campaña sin pretensiones económicas.

Visitamos los medios de comunicación dos días antes del evento, para mediante entrevistas, dar a conocer la campaña y la importancia del derecho a la información. Tuvimos buena acogida de los medios y apoyo de las instituciones involucradas.

La presentación del documental en el marco de la conferencia organizada por nuestro equipo de investigación denominada “El derecho a la información y la Ley de Transparencia” se realizó la tercera semana de mayo en al aula Magna de la PUCE SD con la presencia de 120 personas entre periodistas, estudiantes universitarios, medios,


108

miembros de entidades públicas y ciudadanos(as). Para esta cita académica recibimos apoyo en cuestión logística por parte de la Gobernación, por un lado, con bocaditos para el evento, por otro, con los contactos con los representantes de las entidades públicas para hacerles llegar la invitación al evento.

También contamos con el apoyo de la PUCE SD con la disponibilidad de la Aula Magna universitaria para la realización del evento, además a través de la Escuela de Hotelería y Turismo nos colaboró con el protocolo. Por su parte, la Escuela de Comunicación Social hizo la cobertura de la conferencia. Los invitados a impartir la conferencia fueron expertos en el Derecho a la Información de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) - Ab. Mauricio Alarcón Salvador y el Dr. César Ricaurte – quienes compartieron sus conocimientos durante dos horas, duración del evento.

Así dimos por culminadas las actividades del proyecto de disertación de grado.


109

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


110

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, a través de la campaña de comunicación sobre la LOTAIP, da cumplimiento al artículo 18 de la Constitución de la República, el cual garantiza el acceso a la información, sometiéndose así al principio fundamental de Publicidad de la LOTAIP, con lo cual asume la responsabilidad de difundir la Ley.

La Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas es la primera institución en la Provincia en promover la transparencia pública en las entidades y educar a los ciudadanos en el derecho de acceso a la información, a través de la campaña sobre la LOTAIP.

La transparencia en las instituciones públicas incide directamente en la calidad de vida de las personas, ya que la rendición de cuentas de las entidades permite a los ciudadanos estar mejor informados y tomar decisiones conscientes, ejercer sus deberes y derechos, así como involucrarse en procesos de participación ciudadana.


111

Tan sólo cuatro por ciento de las instituciones públicas analizadas, cumplen totalmente con su compromiso de transparentar la gestión realizada en su la página web.

La información actualizada que las instituciones públicas omiten con mayor frecuencia en las páginas Web es la relacionada con el presupuesto, remuneración mensual, viáticos y el nombre de la persona encargada de atender la información pública en la institución.

En el Ecuador no se le da la importancia debida al derecho a la información que los ciudadanos tenemos y que está garantizado desde la Constitución Política de la República. Al momento no existe sanción alguna por el incumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a seis años de haberse promulgado esta Ley.

La campaña de comunicación diseñada para difundir la transparencia de la información pública en la Gobernación permite que los ciudadanos conozcan su derecho a la información, y que otras instituciones, con el ejemplo de la Gobernación de la provincia Tsáchila, se comprometan a trasparentar su gestión pública y difundir la LOTAIP.

Los formatos diseñados para difundir el mensaje de la campaña permiten educar a los habitantes de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas sobre el derecho a la información y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Ley de Transparencia ecuatoriana sólo puede ser llevada a su máxima expresión a través de la participación ciudadana, ya que el uso de la Ley hace


112

que las entidades públicas se preocupen por la sistematización de datos y la transparencia de la información, y por lo tanto, la gestión sea eficaz a la hora de recibir peticiones de acceso a la información. Por ello, es importante que los ciudadanos y ciudadanas conozcamos cómo hacer uso de la Ley y que sigamos todo el proceso establecido por la misma.

Como se puede evidenciar a lo largo de esta

investigación, actualmente los

informes sobre el cumplimiento de la Ley son extra gubernamentales. Los estudios realizados demuestran que se ha descuidado el cumplimiento y la difusión de la Ley de Transparencia en el Ecuador.

La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de promover y vigilar el cumplimiento de la LOTAIP, no ha cumplido a cabalidad sus funciones ni cuenta con el presupuesto para mejorar esta situación ni con una metodología para llevar el proceso de esta Ley.


113

RECOMENDACIONES


114

RECOMENDACIONES

La reforma de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deberá realizarse en un plazo de 365 días, debería contemplar un principio de promulgación en su normativa, que exija a las instituciones estatales la rendición de cuentas públicas y publicidad de la gestión realizada en la entidad.

La Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas deberá poner en funcionamiento su página Web para cumplir al cien por ciento con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La Defensoría del Pueblo, como entidad encargada de velar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debería realizar un control más riguroso de la aplicación de la Ley en las instituciones gubernamentales o que reciben fondos del Estado.

La PUCE SD debería mantener un diálogo previo con las instituciones con las que ha realizado convenios para desarrollar proyectos con la finalidad de medir los alcances y el apoyo económico y logístico con el cual se contará, de manera que las propuestas puedan ser factibles y acertadas.


115

La PUCE SD debe considerar la creaciónde un centro de operaciones de proyectos, donde a través del CADES se obtengan fondos para ejecutarlos.

La PUCE SD, como institución que recibe fondos del Estado, debería trasparentar su gestión y también cumplir con la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información Pública exponiendo en la Web la información que determina la Ley.

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Complutense. -

Fecha

de

acceso: 30 de enero de 2009.

GLOSARIO

Derecho al acceso a la información: El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la persona a conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas, es decir, a acceder a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a ser informados oportuna y verazmente por las instituciones públicas. En una interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho de acceso a la información pública tiene por objeto otorgar el poder de la información pública a las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores sociales, así como poner a disposición de las mismas la información que le sirva para ejercer sus derechos políticos y mejorar su calidad de vida”. (Definición de Issa Luna Pla).

Gobernación: Entidad del Gobierno, con jurisdicción provincial, que representa al poder ejecutivo.

LOTAIP: Siglas de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Información pública:Todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta


120

Ley, contenidos, creados u obtenidos por ella, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. (LOTAIP)

Transparencia pública: acto de hacer pública la gestión realizada por las instituciones estatales para garantizar el buen gobierno.

Rendición de cuentas:Es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.Se entiende por responder, aquella obligación que tiene todo funcionario y toda persona particular que administre y/o maneje fondos, bienes y/o recursos públicos, de asumir la responsabilidad que se derive de su gestión fiscal.Así mismo, se entiende por informar la acción de comunicar a la Contraloría General de la República, sobre la gestión fiscal desplegada con los fondos, bienes y/o recursos públicos y sus resultados.


121

ANEXOS


122

ANEXO 1

Estudio sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la información Pública.

Aspectos que cumplen e incumplen las instituciones gubernamentales sobre la información que deben publicar en la Web como determina la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

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NO MUSTRA INFORMACIÓN

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SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I 89

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I 90

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I 91

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I 92

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I 93

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I 94

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I 95

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

I 71

NO EXISTE INFORMACIÓN

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

I 96 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

2008 NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

I 97

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

I 98

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I 99

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

I

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2008

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO


125

100

CODIFICACIÓN

Información que se debe publicar en la Web de las instituciones públicas según la LOTAIP:

Estructura orgánica funcional

R1

base legal que la rige

R2

regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

R3

las metas y objetivos de las unidades administrativas

R4

El directorio completo de la institución

R5

La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional

R6

Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos

R7

horarios de atención y demás indicaciones necesarias

R8

Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución

R9

Formularios o formatos de solicitudes

R 10


126

Presupuesto anual que administra la institución: Ingresos, Gastos, Financiamiento, Liquidación de presupuesto

R 11

Los resultados de las auditorías internas

R 12

procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación

R 13

contrataciones de obras, adquisición de bienes

R 14

prestación de servicios

R 15

arrendamientos mercantiles,

R 16

listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con la institución;

R 17

El detalle de los contratos de crédito externos o internos

R 18

Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía

R 19

Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización

R 20

El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de publicar la información

R 21


127

Instituciones analizadas:

EMELSAD - CONSEJO NACIONAL ELEC.

I1

EMAPA

I2

MUNICIPIO

I3

C. P

I4

AMBATO

I5

COTACACHI

I6

CUENCA

I7

GUARANDA

I8

GUAYAS

I9

IBARRA

I 10

MACAS

I 11

MONTECRISTI

I 12

OTAVALO

I 13

QUITO

I 14

RIOBAMBA

I 15

GIRÓN

I 16

GUALACEO

I 17

PORTOVIEJO

I 18

AZUAY

I 19

CAÑAR

I 20

CARCHI

I 21

EL ORO

I 22

GUAYAS

I 23

IMBABURA

I 24

LOJA

I 25

MANABÍ

I 26

ORELLANA

I 27

CHIMBORAZO

I 28

TUNGURAHUA

I 29


128

PICHINCHA

I 30

IESS

I 45

TUNGURAHUA

I 31

INEN

I 46

BOLÍVAR

I 32

IGM

I 47

COTOPAXI

I 33

INAMHI

I 48

NAPO

I 34

INEC

I 49

LOS RÍOS

I 35

INST. NAC. de PATRIMONIO

ADUANAS

AGD

CODENPE

CULTURAL

I 50

PRESIDENCIA

I 51

SRI

I 52

I 36

I 37

I 38 PROCURADURÍA GENERAL

CORTE SUPREMA

I 39

ESTADO

I 53

CONSEP

I 40

SUPERINTENDENC BANCOS

I 54

CONADIS

I 41

CORTE CONSTITUCIONAL

I 55

CONSEJO NACIONAL

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

I 42

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ELECTORAL

I 56

VICEPRESIDENCIA

I 57

I 43 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

IECE

I 44

ECUADOR

I 58


129

CONTRALORÍA

I 59

M. INCLUSIÓN ECONÓMICA SOCIAL

ASAMBLEA

I 73

I 60 M. INDUSTRIA Y

SENPLADES

I 61

COMPETITIVIDAD

I 74

BNF

I 62

M. DE DEFENSA

I 75

M. DESARROLLO URBANO Y

SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS

I 63

VIVIENDA

I 76

SUPERTEL

I 64

M. FINANZAS

I 77

M. DE SALUD

I 78

M. DE TRABAJO

I 79

M. PÚBLICO

I 80

CASA CULTURA ECUATORIANA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

GOBERNACIÓN DEL GUAYAS

I 65

I 66

I 67 M. TRANSPORTE Y OBRAS

GOBERNACIÓN DE MANABI

I 68

PÚBLICAS

I 81

GOBERNACIÓN DEL AZUAY

I 69

M. MINAS Y PETRÓLEOS

I 82

GOBERNACIÓN DE LOJA

I 70

M. DE RELACIONES

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO

EXTERIORES

I 83

M. DE COMERCIO EXTERIOR

I 84

M. DE EDUCACIÓN

I 85

I 71

M. AGRICULTURA Y GANADERÍA

I 72


130

M. DE GOBIERNO

I 86

M. DE TURISMO

I 87

M. MEDIO AMBIENTE

I 88

M. JUSTICIA

I 89

M. CULTURA

I 90

M. LITORAL

I 91

M. DEPORTES

I 92

M. COOR. Y DESARROLLO SOCIAL

I 93

COSENA

I 94

ESPOL

I 95

U. LUIS VARGAS TORRES

I 96

M. DE DEFENSA

I 97

M. DE EMPLEO

I 98

M. DERECHOS HUMANOS

I 99

GOB. NAPO

I 100


131

ANEXO 2 Estudio del Banco Mundial Cuadro 1

Cuadro 2


132

ANEXO 3

Estudio de La ONG Coalición Acceso Cuadro 1 Cuadro 1: Cumplimiento del Artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Fuente CLD.

Resultados de CLD sobre el cumplimiento con el artículo 7 (literal 1: Estructura organizacional) 75 por ciento de las páginas web monitoreadas no cumplían con este literal. La Universidad Estatal de Bolívar no tiene información en el formato correcto, lo que significa que tiene 1/3 del puntaje. Las siguientes universidades obtuvieron 3/3: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Escuela Superior Politécnica del Litoral Escuela Judicial del Azuay Universidad Católica Universidad de Cuenca Universidad de los Hemisferios Universidad del Azuay Universidad Nacional de Chimborazo Gráfico 1. Nivel de Cumplimiento 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0

1

3


133

ANEXO 4

Países signatarios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos

PAÍSES SIGNATARIOS

Antigua y

FIRMA RATIFICACIÓN/ADHESIÓN DEPÓSITO INFORMACIÓN*

-

-

Argentina

02/02/84

08/14/84

Bahamas

-

-

Barbados

06/20/78

11/05/81

Belice

-

-

Bolivia

-

06/20/79

Brasil

-

07/09/92

Canadá

-

-

Chile

11/22/69

08/10/90

Barbuda

-

09/05/84 RA

-

11/27/82 RA

-

07/19/79 AD

09/25/92 AD

-

08/21/90

-

Si

-

Si

-

Si

Si

-

Si


134

RA

Colombia

11/22/69

05/28/73

Costa Rica

11/22/69

03/02/70

Dominica

-

06/03/93

Ecuador

11/22/69

12/08/77

El Salvador

11/22/69

06/20/78

06/01/77

-

Grenada

07/14/78

07/14/78

Guatemala

11/22/69

04/27/78

Guyana

-

-

HaitĂ­

-

09/14/77

Honduras

11/22/69

09/05/77

Estados Unidos

07/31/73 RA

04/08/70 RA

06/11/93 RA

12/28/77 RA

06/23/78 RA

-

07/18/78 RA

05/25/78 RA

-

09/27/77 AD

09/08/77

Si

Si

Si

Si

Si

-

-

Si

-

Si

Si


135

RA

08/07/78

Jamaica

09/16/77

07/19/78

México

-

03/02/81

Nicaragua

11/22/69

09/25/79

Panamá

11/22/69

05/08/78

Paraguay

11/22/69

08/18/89

Perú

07/27/77

07/12/78

09/07/77

01/21/78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11/12/87

República Dominicana

San Kitts y Nevis

Santa Lucia

St. Vicente & Grenadines

Suriname

RA

03/24/81 AD

09/25/79 RA

06/22/78 RA

08/24/89 RA

07/28/78 RA

04/19/78 RA

11/12/87

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si


136

AD

Trinidad &

-

04/03/91

Uruguay

11/22/69

03/26/85

Venezuela

11/22/69

06/23/77

Tobago

05/28/91 AD

04/19/85 RA

08/09/77 RA

Denuncia

Si

Si

DECLARACIONES/RESERVAS/DENUNCIAS/RETIROS Países parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Fuente: Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica”.


137

ANEXO 5

Cd de cu単as radiales sobre la LOTAIP


138

ANEXO 6

DVD del documental sobre la LOTAIP


139

ANEXO 7

Afiche de la conferencia sobre la LOTAIP


Campaña de comunicación para la Gobernación de SD sobre la LOTAIP