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Susana Ramírez Hita

La Fundación Clinton no negociaba con la totalidad de los proveedores de la relación del Fondo Mundial. Y así, mediante la gestión directa se consiguió una reducción sustancial del costo de los antirretrovirales. A lo largo del proceso se advirtió que existían algunos productos que carecían de certificación de calidad. Si se deseaba adquirir esos productos con los recursos del Fondo Mundial, era necesario tramitar un permiso y explicar en cada caso las razones que justificaban la adquisición. Una vez otorgado por el Fondo dicho permiso y suscrito el contrato, se procedía a efectuar el control de calidad sobre el producto por parte de la Société Générale de Surveillance (SGS) en Holanda. Pero el proceso de control de calidad sobre productos sin una certificación de calidad adecuada se demoraba unos tres meses, retraso que obligó a buscar de nuevo al proveedor original. La mayoría de los proveedores originales no venden por debajo de un volumen mínimo de 15.000 francos suizos. Si el volumen total es inferior, no aceptan vender. En el caso de Bolivia, la cantidad necesaria de determinados productos no excedía, en ocasiones los 1.000 dólares. La Asociación, ante estas restricciones, consideró la posibilidad de recurrir a la Fundación IDA para que ejerciera de intermediario. Esta Fundación contaba con una cláusula bastante parecida, que descartaba ventas inferiores a los 15.000 dólares. De manera que tuvieron que decidir qué productos se adquirían a cada empresa, gestionar la compra conjunta de cuatro o cinco productos a través de la Fundación IDA y superar así el límite en dólares indicado mientras se conseguían cantidades pequeñas de productos de los que tan sólo ellos disponían. En el caso de los reactivos, algunos se obtuvieron de la Fundación IDA, fundamentalmente por una cuestión de precio, en tanto que otros se compraron a nivel local. La Asociación Ibis-Hivos comenzó a exigir como requisito información para presentar ante el Fondo Mundial el descargo de inventarios. El trabajo empezó a efectuarse de manera continua y coordinada. Se abrió de nuevo, un proceso de selección de medicamentos y para ello, se creó un Comité Terapéutico Farmacológico, integrado por profesionales del país expertos en cada temática. Estos expertos eran los responsables de dictar las directrices sobre qué medicamentos usar y qué tipos de protocolos debían establecerse. Uno de los obstáculos al que se enfrentaron fue el de la ausencia de estandarización de tratamientos. Para esa fecha en el país se contaba con más de 18 esquemas, todos ellos sin estandarización. Con respecto a las dificultades de la distribución de los medicamentos, PROSALUD señalaba:

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