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AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

D./Dª.,

mayor de edad, con DNI nº

y domicilio en …. de, comparece

y, como mejor proceda DICE:

Que por medio del presente escrito interesa se proceda a REVALORIZAR LA PENSIÓN DE

(JUBILACIÓN/INVALIDEZ/VIUDEDAD)

CONTRIBUTIVA

que

viene

percibiendo,

correspondiente al ejercicio de 2012, en base a las siguientes alegaciones:

1º) El Artículo 48.1.1 del Real Decreto Legislativo1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social señala que Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año. En concreto, para el ejercicio de 2012 (por Art. 5 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público) se estableció un incremento de las pensiones contributivas del 1% anual. 2º) Igualmente, el Art. 48.1.2 del citado Real Decreto Legislativo1/1994, de 20 de junio, establece que Si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior. 3º) Que, tal como ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios al Consumo acumulado de noviembre de 2011 a noviembre de 2012, se cifra en un 2’9%. Por consiguiente, en aplicación de la normativa antes expuesta, procede que se reconozca el abono de la diferencia entre la revalorización del 1% aprobada en


diciembre de 2011 para el ejercicio 2012 y el 2’9% de incremento real de los precios, es decir, una paga adicional por esa diferencia del 1’9%. 4º) El Art. 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. (BOE nº 289, de 01.12) señala que Se deja sin efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones en los términos previstos en el apartado 1.2 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y en el párrafo segundo del apartado 1 del Artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril. 5º) Igualmente, se señala en el Art. 2.2 del citado Real Decreto-Ley que, Se suspende para el ejercicio 2013 la aplicación de lo previsto en el apartado 1.1 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, así como en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril.

6º) A este respecto hay que señalar, en primer lugar que, de conformidad con lo establecido en el Art. 9.3 de la Constitución Española, las normas jurídicas no pueden tener efectos retroactivos a menos que sean favorables. En el presente caso, el Decreto-Ley citado lo que hace es dejar sin efecto una norma vigente y una vez que ya ha sido devengada por el pensionista, es decir, que ha pasado al patrimonio de todos los pensionistas. Por ello, se priva de manera ilegítima, de un derecho ya adquirido por los pensionistas, como es el de mantener su poder adquisitivo frente a las desviaciones entre el IPC previsto por el Gobierno y el real. Por ello, se da efectos retroactivos a una norma desfavorable, algo que es de todo inconstitucional.

7º) Debemos recordar que el Art. 50 de la Constitución Española establece que Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, la Recomendación 11ª del Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 6 de abril de 1995, que ratifica el texto aprobado por la Comisión de Presupuestos el día 30 de marzo de 1995, sobre la base del informe emitido por la Ponencia, constituida en su seno, para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social


y de las principales reformas que deberán acometerse (conocido como "Pacto de Toledo”), señala en relación al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones Es criterio de la Ponencia que debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo y a través de fórmulas estables de contenido similar a la aplicada en el presente año. Esta recomendación fue el origen del sistema establecido de revisión de pensiones señalado en el primer párrafo de este escrito.

8º) Por todo ello, se estima que el mencionado Real Decreto-Ley contraviene la mencionada normativa y principios constitucionales señalados.

9º) A mayor abundamiento, hay que señalar que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 86 de la Constitución, la aprobación de Decretos Leyes debe obedecer a razones de extraordinaria y urgente necesidad, que, tal como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 68/2007, la consolidada doctrina establecida por este Tribunal sobre la necesaria concurrencia de las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el Art. 86.1 CE para hacer uso de la facultad legislativa excepcional de dictar Decretos-leyes. Dicha doctrina ha sido sintetizada en las recientes SSTC 189/2005, de 7 de julio (FJ 3), y 329/2005, de 15 de diciembre (FJ 5), siguiendo la contenida en anteriores resoluciones de este Tribunal, esencialmente en las SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 11/2002, de 17 de enero, y 137/2003, de 3 de julio. En ellas, tras reconocer el peso que en la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad ha de concederse “al juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado”, declaramos que “la necesaria conexión entre la facultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto habilitante” conduce a que el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que se contiene en la Constitución no sea, en modo alguno, “una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes”. Por ello mismo dijimos que es función propia de este Tribunal “el aseguramiento de estos límites, la garantía de que en el ejercicio de esta facultad, como de cualquier otra, los poderes se mueven dentro del marco trazado por la Constitución”, de forma que “el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos


hagan

de

una

situación

determinada”

y,

en

consecuencia,

declarar

la

inconstitucionalidad de un Decreto-ley por inexistencia del presupuesto habilitante por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución (SSTC 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).

10º) Es evidente que, en el presente caso, el Gobierno se ha excedido del supuesto constitucional que habilita para dictar Decreto–Ley conculcando los derechos adquiridos por los pensionistas.

11º) Idénticos argumentos han de aplicarse a la suspensión, prevista para el ejercicio de 2013. Por lo que, si bien, aún no se ha producido el supuesto de hecho que señala el Art. 48 del TRLGSS, se estima que pueda producirse una situación análoga a la que ha tenido lugar en 2012.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y que, en su virtud, se acuerde revalorizar la pensión de quien suscribe correspondiente al ejercicio de 2012 en un porcentaje igual al 1’9% debido a la desviación entre el IPC previsto y el Oficial establecido por el INE para el periodo noviembre 2011-noviembre 2012 de conformidad con lo establecido en el Art. 48.1.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

En Huelva, a de enero de 2013

Modelo de reclamación del IPC de las pensiones  

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