__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AnĂĄlisis de ataques contra

defensoras y defensores de Derechos Humanos de la Resistencia PacĂ­fica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa


I. INTRODUCCIÓN Hace más que un año, el 7 de junio 2017, pobladores procedentes de varios municipios de los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, comprometidos en una resistencia pacífica cuyo propósito es la defensa de la vida y el territorio, decidieron agruparse y crear un plantón de protesta pacífica, en el municipio de Casillas. En noviembre del mismo año, la misma resistencia se instaló con otro plantón pacífico frente a la Corte de Constitucionalidad. Desde ese momento, se ha observado una escalada de ataques junto a acontecimientos de provocación, intimidación y criminalización; campañas de difamación y presión por grupos interesados en la continuación del proyecto minero; el constante control y vigilancia por fuerzas armadas o grupos que defienden los intereses de la empresa minera que han generado un ambiente de alta tensión en la zona generando altos grados de temor sobre la probabilidad de incremento de criminalización y violencia, especialmente por una posible reactivación de la operación minera. El presente informe abarca el período de tiempo desde junio 2017, momento en el cual el plantón trató de denunciar esta situación suspendiendo las actividades las labores de la empresa, luego suspendidas definitivamenteEn trámite otorgado ante un amparo provisional presentado a la Corte Suprema de Suprema de Justicia -CSJ-, quien ordenó el cese de las actividades por discriminación y falta de consulta previa. Adentro, encuentran un análisis de los patrones sistemáticos de agresiones contra las y los defensores y de Derechos Humanos -DDH-.


II. LA LABOR DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS DE LA RESISTENCIA La resistencia pacífica tiene una trayectoria muy larga y nace con anterioridad al plantón, alrededor del año 2010, cuando la licencia de exploración del proyecto minero El Escobal fue adquirido por Tahoe Resources, empresa transnacional con sede en Estados Unidos y registro en Canadá 1. Cuatro días después del otorgamiento de la licencia de explotación, el 4 de abril de 20132, la población de los municipios alrededor del proyecto decidió crear un plantón fuera de las instalaciones de la mina como protesta en contra del proyecto.3

La resistencia exige que se tomen en cuenta los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el territorio donde opera -MINERASA- Minera San Rafael, subsidiaria en Guatemala, instalada en el municipio de San Rafael las Flores, cuyos efectos pueden abarcar más municipios y departamentos, pues la mina se encuentra ubicada en un territorio limítrofe y colindante. En particular se hace referencia a los nacimientos de agua en la región.

1 2 3

http://www.tahoeresources.com/English/operations/guatemala/default.aspx http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2018/06/Ot_santarosa.pdf https://acoguate.org/2016/09/22/mina-el-escobal-tres-anos-despues-del-estado-de-sitio/


La resistencia promueve el respeto de la articulaciĂłn de los pueblos afectados por el proyecto a travĂŠs de consultas4 y sigue denunciando con regularidad ataques derivados por la instalaciĂłn del proyecto, procedentes de diferentes actores. Su actual demanda es el cese de las labores de la actividad minera.

4

https://acoguate.org/2016/09/22/mina-el-escobal-tres-anos-despues-del-estado-de-sitio/


III. CONTEXTO Para entender mejor las amenazas y agresiones a las que están expuestos las/los defensores de derechos humanos (DDH) de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa es necesario analizar los contextos históricos, sociales, políticos y económicos en que se desarrollan. Vamos a exponerlo en dos contextos: Racismo Estructural y la Impunidad, que podríamos afirmar que son escenarios favorables para que se den agresiones y violaciones a DDH. a. Racismo Estructural En su visita a Guatemala en agosto del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH constató la situación de la pobreza profunda, la desigualdad y la exclusión en que se encuentran los pueblos indígenas, así como de la conflictividad asociada al control y tenencia de la tierra en el marco de monocultivos, proyectos hidroeléctricos y de la industria extractiva.5 Así, podemos decir que, los patrones de agresión como el asesinato, las amenazas, la criminalización, la intimidación y la difamación y la estigmatización contra los DDH no se pueden entender sin mirar sus contextos sociohistóricos: los actores con poder siempre han concebido a los pueblos indígena, al campesino y mujeres como subalterno, objeto de posesión y dominación. Dichos actores con poder conocen y han reprimido en el pasado los procesos de resistencia y oposición que estos actores subalternos han llevado a cabo. Estas concepciones y este conocimiento previo contribuyen a que el actor agresor tenga un imaginario del defensor ya conformado por esas identidades sociohistóricas. En tal sentido, podemos ver como en el último año se han realizado fuertes campañas de estigmatización e intimidación contra DDH, provenientes de grupos relacionados a crímenes del pasado, crimen organizado y poderes económicos. El contexto de racismo es una forma de estigma social, tanto uno como otro son aprendizajes que respaldan relaciones humanas basadas en el poder. Por ello, se entiende que en el actual contexto de racismo las y los DDH son estigmatizados, difamados y frecuentemente detenidos. Las relaciones de poder y el contexto histórico fomentan las agresiones y violaciones de derechos humanos a DDH. Este tipo de campañas de estigmatización genera un patrón que se observa contra DDH miembros de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa.

5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de derechos humanos en Guatemala, 31 de diciembre de 2017


b. Impunidad6 Podemos decir que el contexto de impunidad es un hecho incontrovertible que favorece la disposición de los actores oponentes -agresores- a seguir atacando a las y los DDH para paralizar su labor, y se convierte en un obstáculo para la justicia. La CIDH en su visita a Guatemala, recuerda la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce de los Derechos Humanos y una justicia independiente e imparcial. 7 En el contexto del Racismo Estructural y de Impunidad, para el caso de los territorios de Guatemala, los diversos pueblos indígenas que históricamente los han ocupado, han sido desplazados y despojados de sus tierras y territorios en procesos como la colonización, la reforma liberal, las leyes del gobierno que legitimaban el trabajo forzado, las persecuciones, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, y masacres genocidas en el contexto de la guerra interna, y más recientemente, por las mega inversiones que se ejecutan en los ejes que hoy conforman el modelo de desarrollo económico. Esto incluye la explotación y mercantilización de las riquezas naturales como minerales, agua, petróleo, gas, etc. –las llamadas actividades extractivas- y los monocultivoslas llamadas actividades extractivas- y los monocultivos como la palma africana, la caña de azúcar, etc., que se están expandiendo aceleradamente en función de la producción de aceite industrial y/o agrocombustibles, así también la construcción de grandes obras de infraestructura denominado ‘megaproyectos’. Esta imposición de una única visión sobre el desarrollo, junto a un Estado clientelar y penetrado por la corrupción, ha provocado un aumento significativo de la violencia y agresión utilizando los mecanismos de la estrategia represiva en contra de DDH. En las observaciones preliminares de la visita a Guatemala en el año 2017, la CIDH observó con gran preocupación por la alta conflictividad, derivada por los diversos proyectos de explotación minera, hidroeléctricas y monocultivos, que se desarrollan sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, en su mayoría en población indígena.8 Asimismo, Guatemala ha sido señalada como un país donde las personas defensoras de derechos humanos enfrentan el mayor peligro a nivel mundial por defender sus tierras,

6 El contexto de impunidad se ve reflejado en los casos del asesinato de Topacio Reynoso ocurrido el 13 de abril del 2014 y los atentados sufridos por Alex Reynoso, por mencionar algunos casos no resueltos en el marco de la defensa de los derechos humanos en Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa. 7 Ver nota 1. 8 CIDH, Observaciones Preliminares de la Visita in loco de la CIDH a Guatemala, 4 de agosto de 2017, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114a.asp


territorios, bienes naturales y medioambiente ante los proyectos a gran escala.9 Las y los DDH de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa trabajan bajo recurrentes amenazas. Como lo afirma en un comunicado la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) “es creciente la tendencia en el espacio mediático recrear al nuevo enemigo interno, lo que va de la mano y se justifica con las nuevas modalidades de los discursos racistas anticomunistas/antiterroristas”10 que son utilizados por instancias oficiales del Estado, representantes de las empresas y medios de comunicación bajo la nueva modalidad de seguridad, los nuevos enemigos internos serían las defensoras y los defensores de derechos humanos, actores sociales y representantes comunitarios.11

9 CIDH, Expertos condenan ataques y asesinatos de defensoras y defensores del medioambiente en Guatemala, 30 de junio de

2017, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/088.asp 10 Procurador de los Derechos Humanos, Comunicado de Prensa, Día de los Derechos Humanos,10 de diciembre del 2016 11 Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Declaración en relación con la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, 31º. Sesión Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Febrero 2016.


IV. LÍNEA DE TIEMPO: Año

Fecha

Actividad

07 de junio

Se instituye el plantón en Casillas. Anteriormente los pobladores del area de Casillas y San rafael observan una actividad sismica inusual.

7 al 9 de junio 8 de junio 22 de junio

26 de junio 5 de julio

13 de julio 19 de julio

2017

21 de julio 06 de agosto 22 de agosto 24 de agosto 24 de agosto 28 de agosto 28 de agosto

Mesa institucional de dialogo. Cuatro representantes de la resistencia, un delegado del CONRED (Coordinadora nacionla para la reducción de desastre), autoridades a nivel municipal y departamental y el jefe de la policía local estuvieron invitados para “encontrar una solución” con el MEM (Ministerio de Energía y Minas), lo cual no se presentó y el MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales). Lamentablemente, la negociación no alcanzó una solución conjunta por tener peticiones diferentes: la resistencia pedía el cese total de la mina, mientras la CONRED, por su parte, solo explicó que los temblores no eran debidos a las actividades mineras. Caso civil en contra de Tahoe Resources Inc., por las violaciones del 26.04.2013, en Canadá. La Corte Suprema de Canadá se negó a conocer la apelación de Tahoe Resources Inc. Desalojo del plantón en Casillas, con uso desmedido de la fuerza por parte de antimotines. Llegan a Casillas a las 2:00 de la tarde y hacen uso de bombas de gas lacrimógeno en el lugar dónde estaban los manifestantes y hacia casas cercanas. CSJ otorga el amparo provisional y suspende temporalmente la licencia de explotación (Proyecto El Escobal) y la licencia de exploración de Juan Bosco. Se difunde un video de la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT) producido por Kenneth Muller, que argumenta acerca “efectos negativos” debido a la extinción de la minería en el país. La Corte Suprema de Justicia publica la resolución emitida el 22 de Junio 2017 y paran oficialmente las labores mineras. Campo pagado por la Cámara de Industria de Guatemala y la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEX) en el diario Prensa Libre, página 23. “...Según datos del Registro Nacional de Personas –RENAP- y el INE, en las 10 comunidades de influencia de la operación, no se identifican personas pertenecientes al pueblo Xinca ni otra comunidad indígena o tribal. Por lo anterior, la consulta a la que se refiere el convenio 169 de la OIT, aunque se llevó a cabo previo a la expedición de la licencia no es aplicable. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a los magistrados de las Cortes SUPREMA DE JUSTICIA y de CONSTITUCIONALIDAD que actúen responsablemente y REVIERTAN EL FALLO QUE SUSPENDE LA LICENCIA... ” Primera gran marcha nacional del pueblo xinka, a la cual participan 5000 personas, organizada por el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, con el apoyo de CODIDENA, para pedir respeto a su identidad como Pueblo indígena y, a la vez, exigir la suspensión definitiva de las actividades mineras. Segundo ataque con uso desproporcionado de la fuerza en contra de la resistencia en Casillas, perpetrado por antimotines. A las 2:30 de la madrugada, un grupo de policías y antimotines atacaron con gas lacrimógeno y gas pimienta mientras escoltaban un camión de combustible hacia la mina para que pudieran seguir con sus actividades, sin acatar la orden de la CSJ. Un carro con una persona armada se acerca al plantón de Casillas intimidando la población presente. Se registra por parte de los pobladores, frecuentes o casi diarios viajes de helicópteros al rededor de San Rafafel Las Flores. Durante uno de los varios viajes, el martes 22 de agosto, dos toneles de combustible vacíos, cayeron en la comunidad Sabana Redonda, en San Rafael las Flores y fueron recogidos por la población. La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión provisional de las actividades de la mina San Rafael, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en julio pasado suspendió las operaciones de mina, subsidiaria de la Tahoe Resources, y ordenó cesar operaciones por haber discriminado al pueblo xinca. Campo pagado de la GREMIEXT. Vista Publica en la Corte Suprema de Justicia, para que las dos partes de presentar sus pruebas sobre la legitimidad del Proyecto de la mina Escobal. Campo pagado de la GREMIEXT y CIG.

Corte Suprema de Justicia emite una sentencia provisional que autoriza el reinicio de labores de Minera San Rafael y ordena al Ministerio de Energía y Minas (MEM) realizar una consulta Comunitaria de Buena Fe dando un plazo de 12 meses, con el pueblo Xinca, conforme a los estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La sentencia es inmediatamente apelada, razón por la cual no se retomará las actividades mineras. Esta 8 de septiembre sentencia queda todavía pendiente. Personas que conforman la resistencia, fueron perseguidos por un carro en su camino de regreso del lugar de trabajo a su casa cuyas personas adentro luego se identifican como parte de la DEIC. Registran el carro y los 9 de septiembre pobladores sin dar mayor explicación. Gobierno de EE.UU. pide a Guatemala resolver pronto caso de Mina San Rafael. Wilbur Ross, envió una carta el congresista republicano Mark Amodei, en donde le asegura estar enterado de las dificultades por las que atra22 de septiembre viesa Tahoe Resources Inc y su subsidiaria en Guatemala. 18 camiones proveedores de la empresa intentan pasar por el plantón de Casillas a pesar de conocer el paro de las labores ordenado por la CSJ. Toman fotos y graban videos. Luego Minera San Rafael publica comunicado 26 de septiembre con lenguaje criminalizador. Minera San Rafael denuncia ataque armado a un helicóptero pertenenciente a la empresa que “transportaba insumos para un plan de mitigación ambiental que la mina lleva a cabo en la zona, en San Rafael Las Flores, San10 de octubre ta Rosa”. 18 de octubre Conferencia de prensa de la resistencia. Visita del plantón en Casillas de las cuatro mujeres ganadoras del Premio Nobel por la Paz, integrantes de la 23 al 29 de octubre Asociación para la Justicia (JASS), para solidarizarse con la resistencia.

26 de octubre

27 de octubre 17 de noviembre 18 de noviembre

Circula video que comienza con ‘Minera San Rafael da la bienvenida a las mujeres Nobel de la Paz que vienen a buscar una solución pacífica al bloqueo que mantienen un grupo de personas en Casillas, Santa Rosa’ en las redes sociales, que tergiversa y manipula las razones por las cuales se encontraban en el territorio. Las mujeres del nobel a la paz, respondieron dismintiendo que se el proposito era fomentar un encuentro con Minera San Rafael. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) volvió a publicar un campo pagado en donde indicó que la minera ha estado siempre abierta a un diálogo con las comunidades para explicar el estatus legal la misma y vuelve a utilizar el argumento que: Guatemala ha dejado de percibir más de 600 millones de quetzales tras 120 días que la empresa lleva sin operar, lo cual ha afectado a las comunidades de Santa Rosa donde se dejó de invertir 10 millones en proyectos de desarrollo social. Plantón frente a la CC. Un carro negro se para frente el plantón en la Ciudad, luego una persona salió y tomó fotos/videos detrás del carro.


15 de enero 5 al 9 de febrero

15 de febrero

7 de marzo

2018

9 de marzo 18 de marzo 14 de marzo 22 de marzo 3 de mayo 5 de mayo 9 de mayo 16 de mayo 21 de mayo 23 de mayo 7 de julio

Minera San Rafael anuncia la suspensión laboral de 250 personas. cita en el MP, En el MP notaron que hay un otro caso abierto en el cual estan investigando por Varios delictos de Secuestro, Narcotrafico y Asesinato. Directivo de Minera San Rafael ingresa en el territorio de la aldea Ayarsa y son detenidos por miembros de la resistencia. La resistencia avanzó la petición, firmada luego en una acta, de que se respectara la voluntad, ya anteriormente expresada, de no ingresar en los territorios de las comunidades en resistencia. Las personas que conforman la resistencia, lo interpretan como una clara provocación por parte de la empresa. Ola de difamaciones y distribución de comunicación perjudicante en contra de los miembros de la resistencia. Pobladores observan en Ayarza la llegada de 50 agentes de PNC en conjunto con personal de la mina. La Corte de Constitucionalidad pide un estudio a centros de investigación que pueda comprobar si existe o no en el territorio de operaciones de la mina, el pueblo de etnia Xinca. Conferencia de prensa del Parlamento Xinka y la resistencia que esclarece cuanto ocurrido el 15 de febrero. Minera San Rafael comunica su decisión de despedir a 250 personas, según argumentan, motivados por la “falta de resolución de la Corte de Constitucionalidad”. Panfletos de carácter difamatorio que cita personas particulares de Mataquesquintla pertenencientes a la resistencia, son distribuidos en la región.

Un grupo de manifestantes que apoya la minería participaron en una marcha y una protesta frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), para pedir que se resuelva el caso de la Minera San Rafael, y que cesen los despidos. Conferencia de Prensa de CODIDENA/Parlamento Xinka Intento de criminalización, con la detención de Miguel Angel Muñoz, miembro de la resistencia, con la acusaciones de amenazas e instigación a delinquir. El caso se cierra declarando las acusaciones sin lugar. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indigenas, visita la resistencia en Casillas. Por la mañana se instala un grupo de 8-10 mineros al lado de la resistencia frente la entrada de la CC. Cuando llegaron trataron de tapar todas las mantas/pancartas de la resistencia con las suyas. Se quedan hasta el 16 de mayo. Manifestación del pueblo Xinka (entre otros), que exige investigar la ortogación de la licencia de la mina por corrupción. Amenaza por autoridades locales hacia líder de la resistencia en reunión privada. Conferencia de prensa del parlamento Xinka Reinstalación de trabajadores mineros en la Corte de Constitucionalidad. La embajada de EEUU emite un comunicado donde solicita una resolución inmediata de la CC. Un camión de soldados del ejército de Guatemala ingresa en las instalaciones de la empresa en San Rafael las Flores, el proposito es recibir uno árboles destinados a reforestación. Asesinato de Angel Estuardo Quevedo, miembro de la resistencia, activo en el plantón pacifico frente a la Corte de Constitucionalidad. Había recibido amenazas desde el mes de febrero.


V. PATRONES DE AGRESIONES: más frecuentes 2018

registrados de junio 2017 a julio

A continuación, analizaremos los patrones de agresiones más comunes y representativos, de violaciones a los derechos humanos de DDH de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, sin pretender agotar todas ellas. a. Patrón de Provocación / Intimidación: Es utilizado para generar temor y restricción a la labor que realizan las y los DDH. Los actores que perpetúan estas agresiones pueden ser personas de la misma comunidad que son cooptadas por las empresas para defender sus intereses, al igual que el personal de la empresa. Algunos ejemplos de ello es la llegada de trabajadores de la empresa o sus aliados hacia la resistencia; llegada de altos funcionarios de la empresa en la región a pesar de su conocimiento de la existencia de una oposición local. Se han registrado diferentes ocasiones que fueron identificadas como potenciales provocaciones para generar reacciones de parte de las/los defensores, entre las emblemáticas: un helicóptero de la empresa que recibió supuestamente disparos por armas de alto calibre,en otra ocasión un carro con miembros de la empresa que circulaba en territorios de comunidades que habían rechazado el ingreso de la empresa a su territorio, fue parado por comunitarios para que explicaran las razones de su viaje. Este tipo de acciones son utilizadas para poder “identificar” lideres o participantes a la resistencia que en algún momento podrían ser perseguidos por la ley. b. Patrón de Control y Vigilancia: El agresor accede a medios y recursos para ejercer la violencia a través de su alcance a sectores de poder: para vigilar, obtener información sobre las y los DDH, usar medios para agredir o para contratar a quien lo haga. En el territorio, se ha observado la constante presencia de las fuerzas de seguridad Estatal - Ejército y Policía Nacional Civil (PNC). Se ha identificado que se utiliza la vigilancia como estrategia de control a través de ONG’s relacionadas con militares que se insertan en la región a través de la promoción y ofrecimiento de proyectos de desarrollo; capacitaciones en derechos humanos; talleres de mapeo; y control social a través de establecer relaciones de confianza. La vigilancia es cuando se evidencia la existencia de personas en el lugar de los hechos días y/u horas antes del ataque.


Esta vigilancia puede ser a través de indigentes o desconocidos observando los alrededores.12 Esto remonta a la historia del país, ya en el pasado, durante el conflicto armado interno, se utilizaban grupos como organizaciones sociales nacionales o internacionales, que tuvieron acercamiento con la población para poder recabar información útil y confidencial. Ha sido parte de una estrategia de inteligencia y el mismo modelo se propone ahora, ajustado a la situación actual. c. Patrón de Difamación: A través de los medios de comunicación y redes sociales el agresor en este escenario difunde mensajes que estigmatizan con contenido racista hacia DDH, con el fin de defender los intereses económicos de las empresas mineras y difamar la labor de defensa de los derechos humanos. La empresa y sus aliados utilizan medios de comunicación masivos y corporativos para realizar campañas de difamación y desinformación. Asimismo, varios de los incidentes de provocación, han dado una amplia pauta para que se desencadenara una ola mediática de difamación en contra de la resistencia, acusándoles de cometer delitos como “terrorismo o secuestro”. A nivel de opinión pública se fomenta un consenso alrededor de una judicialización, más adelante, abordaremos el patrón de criminalización; al mismo tiempo d. Campaña de Presión sobre la Corte de Constitucionalidad: En diferentes medios existe una campaña de comunicación, financiada por parte de grandes grupos empresariales representados en la Cámara de la Industria Guatemalteca, que contribuye fuertemente a difundir información sobre pérdidas económicas que estarían afectando a la empresa, sus proveedores y los trabajadores de la mina. Se puede apreciar este discurso, en campos pagados en las portadas de los principales periódicos del país, sumados a mensajes procedentes por el mismo Ministerio de Energía y Minas y luego el Banco de Guatemala. La estrategia mediática está formulada para generar presión pública sobre la Corte de Constitucionalidad para que se resuelva el amparo a favor de la empresa. Como resaltado en el informe 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH: “Se llevaron a cabo campañas de cabildeo para influir en la opinión pública y presionar a las 12 http://udefegua.org/wp-content/uploads/2018/07/Informe-2017.FINAL_.5.compressed.pdf


Altas Cortes. En el caso de dos proyectos [los proyectos hidroeléctricos de Oxec y la mina San Rafael], que supuestamente fueron aprobados a pesar de que no se había consultado a los pueblos indígenas afectados, ciertos actores del sector privado pagaron campañas publicitarias en las que se pedía a los tribunales que no suspendieran las licencias de proyectos, argumentando que la suspensión tendría repercusiones negativas en el desarrollo económico.” 13 e. Patrón de Criminalización14: Es otro de los patrones más recurrentes que se ha observado, sobre todo en contra de quienes defienden sus derechos relacionados con el territorio. El agresor también perpetúa la deslegitimación, descalificación e intimidación, promueve prejuicios e incita a la violencia contra personas que reclaman pacíficamente garantías para el respeto y la protección de sus derechos. En este último año se conocen los casos de criminalización 15 de José Antonio Camey y Miguel Ángel Muñoz; persecución por parte de la División Especial de la Investigación Criminal y de la PNC a líderes de la resistencia; presencia de ambos en el campamento de Resistencia Pacífica en Casillas; y apertura de investigaciones de personas defensoras de derechos humanos que integran la Resistencia Pacífica.

13 Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su Oficina en Guatemala 2017, disponible en

http://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/INFORMESANTERIORES/2017.pdf 14 La criminalización no está tipificada como delito en el Código Penal Guatemalteco, por ello el sistema de justicia no reconoce

la criminalización contra DDH, sin embargo, en la Declaración en relación con la situación de defensores y defensoras de derechos humanos31º. Sesión Consejo de Derechos Humanos del Procurador de Derechos Humanos del 2016 muestra su preocupación por los casos de criminalización. 15 El PDH ha analizado la criminalización (inicio de investigaciones o querellas judiciales sin fundamento), señalando las formas en que se manifiesta, contextos en que ocurre, factores que la generan y sus consecuencias. Concluyó que el uso indebido del derecho penal pretende amedrentar, coaccionar, perseguir y encarcelar a las/los dirigentes sociales, líderes comunitarios, asesores legales, fiscales, jueces y defensores de toda índole, con el propósito fundamental de atacar y aplacar el reclamo social y la lucha contra la impunidad. Ver nota 6.


VI. IMPACTOS en la vida cotidiana de los DDH: Ante estos patrones de agresión los DDH se generan varios tipos de impactos. Un aspecto, abarca la dimensión psicosocial de que concierne el desgaste y la fatiga emocional de las comunidades involucradas en la resistencia, que manifiesta con situaciones de estrés, ansiedad, temor, miedo y trastornos de sueño.

“La repetición continuada de la intimidación y la vigilancia se traduce inmediatamente en que las personas defensoras son vulnerables en varios espacios de su vida diaria tales como: domicilio; lugares de trabajo; espacios cotidianos en que los que transitan en sus comunidades o durante su participación en actividades en defensa de los DDHH. La intimidación y la vigilancia producen miedos y preocupaciones hacia sufrir persecución y violencia hacia ellas y ellos mismos o hacia sus familias y/o entorno próximo”. La criminalización, el miedo de la judicialización y la continua desacreditación con el objetivo de difamar los defensores de la tierra y territorio, también tienen impactos psicosociales inconmensurables, involucrando todo el núcleo familiar de quien se encuentra comprometido en una resistencia.

“los impactos que sufren las personas del entorno próximo de las personas criminalizadas tales como la familia o la comunidad son fuertes y, en ocasiones, causan daños irreparables especialmente de naturaleza psicológica, moral, espiritual y/o económica. El estigma de haber sido señalados como “delincuentes”, “terroristas” o “exconvictos” marca negativamente la vida de las personas criminalizadas y la de su entorno. A pesar de obtener una sentencia favorable que dictamine su inocencia y su liberación, estas acusaciones dejan marcada la vida de estas personas que, por limitación de recursos y acceso a la justicia, difícilmente tienen la posibilidad de reclamar una reparación por todo lo sufrido”16. Entre las difamaciones que los defensores reciben, se encuentran también la de pertenecer al crimen organizado y ser ligados a acciones ilegales, para 16 Informe de observación 2017, ACOGUATE.


golpear su credibilidad y honorabilidad, alimentando la percepción de una posible escalada de judicialización hacia ellos. El clima de miedo alimenta también un ambiente de sospecha, otro elemento que lleva a la ruptura del tejido comunitario. Esto se debe, además, al enfrentamiento que se genera entre miembros de la resistencia y trabajadores de la empresa, o sus aliados, en particular en San Rafael Las Flores. Se genera así una polarización muy fuerte debido a la presencia de un interés económico tan grande: desde el principio se perfila una división/oposición entre las personas a favor de la defensa del territorio y un medio ambiente sano para todos y los que se muestran más favorables a la recepción de un proyecto empresarial, con la esperanza de la generación de empleo, a pesar de los efectos negativos que se podrían generar. A esta esperanza, se suma la promesa, por parte de la empresa que opera con su componente de responsabilidad social, de un aumento en el territorio de servicios públicos de base cuales educación y salud. Una razón más que causa una fuerte ruptura de la red comunitaria es la división que se impregna desde el nivel familiar hasta lo regional. En la estrategia de intimidación, acusación, difamación, ataques y amenazas, a menudo se originan en el mismo entorno comunitario, a veces ejecutado bajo comisión o según eventuales intereses generados por las empresas, por ejemplo, una compra de terrenos, una promesa de financiación de un pequeño negocio, becas escolares, etc. Uno de los efectos es anular la credibilidad de los “incidentes de seguridad” que son vistos más fácilmente como antagonismo local o acciones de crimen común, por parte de las autoridades nacionales que reciben eventuales denuncias. Esto alimenta el clima de sospecha y desconfianza de uno hacia otro y el resultado es la creación de un ambiente de silencio y falta de denuncia por el miedo de no ser escuchados. Esto rompe lazos y capacidad de estrechar solidaridad, creando un grupo fuerte y que se mantenga unido en el tiempo. Otro efecto es el fomento del sentimiento de control del territorio y de las vidas de las personas: debido al aumento de actores estatales17 con uso de la fuerza que manifiestan más a menudo su presencia, aumenta la sospecha de la posibilidad de vigilancia, mirada a generar criminalización. Por último, cabe mencionar el impacto económico en las familias que se encuentran involucradas en la resistencia pacífica y el fuerte sacrifico que enfrentan para poder participar activamente en la defensa de su territorio. 17 https://www.plazapublica.com.gt/content/una-red-cuasi-militar-para-proteger-la-mina-escobal


El estigma de haber sido señalados como “delincuentes”, “terroristas” o “exconvictos” marca negativamente la vida de las personas criminalizadas y la de su entorno.


VII. CONCLUSIONES Se ha mencionado al principio de este informe, la trayectoria de la resistencia pacífica de los municipios ubicados alrededor del proyecto minero El Escobal, es larga, así como el número de violaciones a la cual han tenido que enfrentarse desde el año 2010. Las comunidades han tenido que enfrentarse un estado de sitio en el año 201318, uno de los responsables, el ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla quien se encuentra detenido y en prisión preventiva por delitos relacionados a actividades ligadas a corrupción y crimen organizado19. Otro acontecimiento ha sido la fuga de Alberto Rotondo, exjefe de la seguridad privada contratada por Minerasa S.A., en espera de ser extraditado desde Perú, acusado de haber ordenado de disparar en contra de un grupo de pobladores que estaban protestando por la instalación de la mina. Actualmente, se encuentran encarcelados y condenados cuatro agentes de la PNC20, que permitieron su fuga, pues él se encontraba bajo arresto en la cárcel. La empresa de seguridad contratada era GOLAN, misma seguridad privada que contrató Mynor Padilla, sindicado por la muerte de Adolfo Ich, esposo de la defensora de DDHH Angelica Choc. Entre los prófugos de la justicia, se encuentra también Erik Archila, el exministro de energía y minas del gobierno de Otto Perez Molina, bajo cuya responsabilidad se otorgó la licencia de explotación. Al momento existe una orden de captura internacional, está sindicado por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero21. Se menciona los ataques físicos que han sufrido muchas de las personas defensoras de esta resistencia, comoel asesinato de Topacio Reynoso, joven lideresa de Mataquescuintla que murió a los 16 años en un ataque armado, mientras regresaba de una actividad pública desde la cabecera municipal. Su familia, así como otros jóvenes miembros de la resistencia han sido involucrados en constantes ataques22.

18 19 20 21

https://www.plazapublica.com.gt/content/las-mentiras-del-estado-de-sitio https://es.insightcrime.org/investigaciones/estado-mafioso-guatemala-caso-mauricio-lopez-bonilla/ https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-cinco-pnc-por-fuga-de-guardia-de-mina-san-rafael https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/01/05/exministro-guatemalteco-profugo-figura-como-propietario-deapartamento-de-lujo-en-miami/ 22 https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/13/the-canadian-company-mining-hills-of-silver-and-thepeople-dying-to-stop-it


Por la utilización de la criminalización estratégica, más de 100 personas han sido denunciadas, y ninguna condena en contra de ellos, pues los casos han resultado sin sustento e infundados. Los costos siguen siendo muy altos, en un país como Guatemala, donde la labor de defensa derechos humanos se presta a ser una acción de alto riesgo, se enfrenta a poderes desmedidos y por lo cual se requiere mucha valentía.

Con el apoyo de:

Profile for protectioninternationalmesoamerica

Patrones de violencia a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de San Rafael las Flores  

Investigación y análisis de los patrones de violencia a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Santa Rosa y Jalapa en el caso El Esc...

Patrones de violencia a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de San Rafael las Flores  

Investigación y análisis de los patrones de violencia a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Santa Rosa y Jalapa en el caso El Esc...

Advertisement