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Issue 3 Julio 2013

Strassbourg: news on the Human Rights front in Spanish. Les entregamos ahora ls resumenes que hemos hecho en Español de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante el mes de junio 2013. Ruego nos contacten para cualquier aclaración. Gracias por leer esto – A100Plus, apdo 155, 03080 Alicante.

IMPORTANTE: No se olviden que en www.derechospenales.com tienen, artículo por artículo del tratado, un resumen de las sentencias. Les aconsejamos entren en la página por “Estrasburgo”

la cultura húngara, que fue disuelta por una decisión judicial - en última instancia, confirmada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2009 - debido a que la asociación ha participado en desfiles paramilitares en uniforme y en formación militar, intimidando a la población romaní de ciertos pequeños pueblos. El Sr. Vona se queja de que la disolución de la asociación violó sus derechos en virtud de libertad de reunión y de asociación del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Vona contra Hungría (demanda núm. 35943/10) El solicitante, Gábor Vona, es un nacional húngaro que nació en 1978 y vive en Budapest. Era presidente de la Asociación de la Guardia Húngara, una asociación con el objetivo declarado de preservar las tradiciones y

NO Violación del art 11 (libertad de asociación= Di Giovanni contra Italia (N º 51160/06)

La demandante, Sra. A. Di Giovanni, es una ciudadana italiana que nació en 1952 y vive en Acerra (Italia). Es juez, y en su momento era presidente de la corte de Nápoles responsable de la ejecución de las sentencias. En enero de 2003 se abrieron unas oposiciones para contratar a jueces y fiscales. Posteriormente se realizó una investigación penal contra un miembro de la junta de examinadores que era sospechoso de haber falsificado los resultados de las oposiciones a favor de un candidato en particular. El 28 de mayo de 2003, la demandante afirmó en una entrevista que los miembros del órgano instructor habían utilizado su influencia para ayudar a un familiar. El 4 de junio 2003, quince miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CSM) enviaron al presidente del cuerpo de examen una solicitud para investigar la veracidad de la acusación. Otros artículos fueron publicados


conectando el nombre de EF, un juez de Nápoles, con la supuesta manipulación del proceso de oposiciones. El 25 de febrero de 2004, el Fiscal General del Tribunal de Casación tomó medidas disciplinarias contra la demandante por haber fallado en su deber de respeto y discreción a miembros de la CSM y uno de sus colegas. En una decisión de 10 de junio de 2005, la comisión disciplinaria del CSM encontró la demandante culpable en parte de los cargos en su contra y se le dio una advertencia. La demandante interpuso un recurso, alegando que el consejo disciplinario de la CSM carecía de independencia e imparcialidad. El Tribunal de Casación rechazó su apelación. Basándose en los artículos 6 § 1 (derecho a un juicio justo) y 6 § 3 (c), la Sra. Di Giovanni se queja de la falta de imparcialidad e independencia por parte de la junta disciplinaria del CSM que examinó su caso, así como de una violación de sus derechos de defensa en la medida en que no se le dio la oportunidad de defenderse personalmente ante el Tribunal de Casación. Basándose en el artículo 10 (libertad de expresión), también alega que la advertencia disciplinaria que se le dio violó su derecho a la libertad de expresión.

No hay violación del art. 10

Varnas contra Lituania (N º 42615/06) El solicitante, Tomas Varnas, es un ciudadano lituana nacido en 1975. Actualmente cumple condena de prisión en Vilnius. El caso se refiere, en particular, a su imposibilidad de recibir visitas conyugales con su esposa durante su detención previa al juicio. En marzo de 2004, fue puesto en prisión preventiva, donde pasó más de dos años, hasta que en junio de 2006, fue declarado culpable de varios delitos, incluyendo el robo de bienes de alto valor, y condenado a seis años de prisión . Mientras cumplía su condena, fue puesto de nuevo en prisión preventiva en junio de 2007, como una segunda investigación criminal se había presentado contra él. En una sentencia confirmada en octubre de 2009 fue declarado culpable de otros dos cargos de robo cometidos por grupo organizado y condenado a cinco años de prisión. Basándose en la derecho a la libertad y a la seguridad del artículo 5, se queja de que la duración de la detención preventiva era excesiva. También denuncia, basándose en particular en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), solo y en combinación con la prohibición de discriminación del artículo 14, que durante los más de tres años que pasó en prisión preventiva le fueron negadas las visitas conyugales de su esposa, a pesar de sus reiteradas peticiones. También se queja de que, si bien no se le permitió dichas visitas, otros presos condenados si recibieron visitas.

nació en 1922 y vive en la Isla de Man. El caso se refiere a la queja de la Sra. Curmi sobre la expropiación en 1988 de las tierras que poseía en Marsaxlokk (Malta). En particular alegó que la tierra había sido tomado de ella sin ningún interés público y que, 21 años más tarde, todavía no había recibido ningún tipo de compensación. En su sentencia de 22 de noviembre principal de 2011, el Tribunal encontró violaciones del artículo 1 del Protocolo n º 1 (protección de la propiedad) y del artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo - acceso a los tribunales) y se reservó la cuestión de satisfacción equitativa en parte .

Bobeş contra Rumania (n º 29752/05) Deguara Caruana Gatto y otros contra Malta (no. 14796/11) Los demandantes en este caso son 13 malteses y cinco ciudadanos canadienses. Eran dueños de una propiedad en Malta, y fueron expropiados en 1990. La decisión de 1996 de la Junta Arbitral de la concesión de la tierra la indemnización solicitantes fue posteriormente revocada y el caso fue juzgado. Basándose en el artículo 1 del Protocolo n º 1 (protección de la propiedad), los demandantes se quejan de que, más de 20 años después de que los bienes fueron confiscados, no hay compensación y que, como consecuencia de la demora en el proceso, su derecho para obtener una indemnización adecuada se vio obstaculizada por un cambio en la ley de limitación de la cantidad de adjudicables compensación. Además se quejan de una violación del derecho a un juicio justo del artículo 6, en particular a causa de la excesiva duración de los procedimientos.

La solicitante, Florentina Bobeş, es una ciudadana rumana que nació en 1953 y vive en Orleşti (Rumania). Desde 1995 hasta 2001 la Sra. Bobeş era contable en un empresa comercial de la que la Sra. G.V. era el director y principal accionista. En noviembre de 2000, por razones de salud, la Sra. G.V. delegó la gestión de la empresa a la solicitante por un año. En enero de 2002 se inició un procedimiento penal contra la Sra. Bobeş por fraude, falsificación de documentos y gestión fraudulenta. Basándose en los artículos 6 § 1 (derecho a un juicio justo) y 6 § 3 (d) (derecho a interrogar a los testigos), Sra. Bobes se queja de la violación de su derecho a un juicio justo, con el argumento de que no se le permitió tener a Ms GV examinada como testigo, a pesar del hecho de que por su denuncia y declaraciones fue condenada.

Violación del art. 6 _1 y – 3 D Violación del art. 1 del protocolo 1 – en cuando los denunciantes no han sido compensados por la expropiación de la propiedad hasta la fecha

Compensación económica: 2.500 Euros (daños morales) y 500 Euros (gastos y honorarios jurídicos)

Violación del art. 6 / 1 por la duración execesiva de los procedimientos.

Satisfacción económica: 1.630.000 de forma conjunta por daños materiales y 40.000 Euros de forma conjunta por gastos y honotarios jurídicos.

Frendo Randon y otros contra Malta (n º 2226/10)

Compensación económica: 6000 Euros (daños morales)

El caso se refería a una denuncia presentada por 46 ciudadanos de Malta por la expropiación de sus tierras en 1969 en relación con la construcción del puerto libre de Malta (un puerto internacional). Los demandantes se quejan, en particular, que la expropiación de sus tierras no había estado en el interés público, ya que parte de ella no fue utilizada, y que tenían todavía, unos 42 años después, que ser indemnizados. Además, alegaron que las autoridades maltesas tomaron 31 años para iniciar el procedimiento de compensación. En su sentencia de 22 de noviembre principal de 2011, el Tribunal

La solicitante, Helen Curmi, es ciudadana maltesa que

Compensación económica: 200.000 Euros a los demandantes de forma conjunta (daños materiales) y 2.000 Euros de forma conjunta por gastos y honorarios jurídicos.

Compensación económica: 75.000 Euros (daños materiales) y 10.000 Euros (daños morales)

Violación del art. 14 conjuntamente con el art. 8

Curmi v Malta (n º 2243/10)

encontró violaciones del artículo 1 del Protocolo n º 1 (protección de la propiedad) y del artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo en un plazo razonable y acceso a los tribunales) y se reservó la cuestión de una satisfacción en su totalidad.

Ciobanu contra Rumania e Italia (n º 4509/08) El solicitante, Costel Ciobanu, es un ciudadano rumano que nació en 1967 y vive en Padua (Italia). El 21 de enero de 2005 fue condenado en su ausencia en Rumania a dos años de cárcel por fraude y falsificación de documentos privados. Las autoridades rumanas solicitaron Italia - donde el solicitante vivía extraditarlo. Las autoridades italianas han tenido al solicitante bajo custodia en espera de la extradición. Su detención fue sustituida por el arresto domiciliario, con autorización para salir a trabajar. El 3 de diciembre de 2007, el demandante fue entregado a las autoridades rumanas. Cumplió su condena en Rumania. Basándose en el artículo 3 (prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes), el Sr. Ciobanu se queja de sus condiciones de detención en Rumania, que considera tortura. Basándose en el artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad), se queja de la negativa de los tribunales a deducir el tiempo que pasó bajo arresto domiciliario en Italia de su pena de prisión en Rumania. También se basa en el artículo 1 del Protocolo n º 4 (prohibición de prisión por deudas) y el artículo 1 del Protocolo N º 7 (garantías procesales relativas a la expulsión de los extranjeros).


Compensación económica: 2.500 Euros (daños morales) Violación del art. 3 (condiciones de detención) por Rumanía Violación del art. 5 / 1 por Rumanía

Altinay contra Turquía (N º 37222/04)

El Triunal declaró inadmisible las quejas del solicitante contra Italia

El solicitante, Bekir Güven Altinay, es ciudadano turco que nació en 1981 y vive en Antalya (Turquía). En 1995, el Sr. Altinay se matriculó en una escuela de formación profesional especializada en la comunicación. En ese momento, los alumnos de las escuelas de formación profesional fueron capaces, después de competir en igualdad de condiciones con los graduados de colegios ordinarios de bachillerato, de ingresar en las universidades especializadas en ciencias de la comunicación. Los títulos emitidos por estas universidades abrieron las puertas a puestos de alto nivel en los medios de comunicación. El 30 de julio de 1998, el Consejo Superior de Educación emitió una circular que introdujo nuevas normas sobre la admisión a la universidad, la aplicación de un coeficiente de 0,5 para la nota media anotados por los alumnos de las escuelas secundarias superiores generalistas y 0.2 a las marcas de los alumnos en las escuelas profesionales de comunicación. Sr. Altinay tenía que abandonar la escuela profesional donde estudiaba y trasladarse a una escuela con un plan de estudios general. Su solicitud fue denegada. Fracasó examen de ingreso de la Facultad de Ciencias de comunicación y calcula que sin el coeficiente de sus marcas hubiera sido lo suficientemente bueno para pasar. Él apeló a la Corte Administrativa Suprema, basándose en el principio de la igualdad entre los titulares de los diferentes diplomas de escuela secundaria superior, y se quejó del cambio introducido por la reforma y la falta de un período de transición o cláusula de retroactividad. Basándose en la prohibición de discriminación del artículo 14 conjuntamente con el artículo 2 del Protocolo n º 1 (derecho a la educación), el Sr. Altinay se queja de que fue objeto de discriminación en su contra por dos veces lo que respecta a su derecho a la educación.

Compensación económica: 12.000 Euros (daños morales)

Hamvas contra Rumania (n º 6025/05) El solicitante, Ludwig Hamvas, es ciudadano rumano que nació en 1966 y vive en Mannheim (Alemania). En julio de 2003, el demandante fue detenido por la policía en Rumania durante 24 horas después de haber sido sorprendido en el acto en un caso de tráfico de drogas, y luego puesto en prisión preventiva durante tres días. Su detención se prorrogó varias veces hasta el 24 de junio de 2005, cuando fue condenado a 12 años de prisión por tráfico de drogas y falsificación. Fue puesto en libertad el 3 de noviembre de 2006, después de que el Tribunal de Apelación estimó su recurso de apelación en parte. En sentencia de 4 de junio de 2008, el Tribunal Superior de Casación y Justicia estimó el recurso presentado por la fiscalía y, al volver a examinar el caso, condenó a la demandante a 6 años de prisión por intento de tráfico de drogas. Basándose en el artículo 5 § 3 (derecho a la libertad y a la seguridad), se queja de la duración de su detención previa al juicio y el fallo de los tribunales nacionales para justificar su detención.

Violación del art. 5 § 3 Compensación económica: no aceptada por el Tribunal.

Sică contra Rumania (n º 12036/05) El solicitante, Auras Sică, es un ciudadano rumano que nació en 1981 y vive en Bucarest. El 23 de octubre de 2003, el demandante y otros dos individuos fueron llevados a la comisaría de policía e interrogado por tráfico de drogas. En una sentencia definitiva de 1 de marzo de 2005, el Tribunal Superior de Casación y Justicia condenó a la demandante a ocho años de prisión. Tras su condena, el demandante fue encarcelado y cumplió su condena hasta el 6 de febrero de 2010, cuando fue liberado. Basándose en el artículo 6 (derecho a un juicio justo) el solicitante se queja de que fue condenado por tráfico de drogas sin haber tenido la oportunidad de interrogar a los testigos de la acusación.

Violación del at. 6 §§ 1 y 3 (d)

No violación del art. 14 conjuntamente con el art. 2 del protocolo 1 – ref. la discriminación con respecto al aceso a la educación, debido a la diferencia en coeficiente aplicado a graduados de escuelas de comunicación profesional con respecto a graduados de escuelas secundarias superiores generalistas. Violación del art. 14 conjuntamente con el art. 2 del protocolo 1 ref. el cambio imprevisible de las normas de acceso a la universidad varios años después de que el Sr. Altinay había hecho su elección de educación en ausencia de un periodo de transición en su caso.

por agentes de la rama antiterrorista de la policía, que estaban buscando el hermano y el marido de los demandantes, respectivamente. Los demandantes se quejan de que fueron sometidos a malos tratos por la policía - en particular, sostienen que fueron desnudados y golpeados, como resultado de que la Sra. Bozdemir, que estaba embarazada en ese momento, perdió a su bebé, y que la Sra. Yeşilmen fue amenazas de violación. También se quejan de que las autoridades no llevaron a cabo una investigación efectiva de las denuncias. Se basan en el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo), el artículo 13 (derecho a un recurso efectivo). Alegan, además, que los mantuvieron en detención secreta bajo custodia policial, en violación del derecho a la libertad ya la seguridad del artículo 5.

No violación del art. 3 (alegaciones de maltrato) Violación del art. 3 (falta de investigación efectiva) No violación del art. 5 Compensación económica: 6.000 Eros para cada una de las demandantes (daños morales)

Dinç y Çakır contra Turquía (N º 66066/09) Los solicitantes, Hakkı Dinç y Zinar Çakır, son ciudadanos turcos que nacieron en 1992. El 8 de febrero 2009 a las 05 a.m. fueron detenidos en su domicilio por la policía llevan a cabo registros ordenados por el Ministerio Público de Nusaybin tras los incidentes de la noche anterior, cuando cócteles molotov fueron arrojados en una tienda y a un coche. Basándose en el artículo 5 § § 1 y 3 (derecho a la libertad y a la seguridad), se quejan de la duración de su detención preventiva.

Violación del art. 5 § 3 Compensación económica 1.200 Euros para cada uno de los demandantes (daños morales) y 1.000 Euros conjuntamente por gastos y honorarios jurídicos.

Compensación económica: 5.000 Euros (daños morales)

Subasi y Çoban contra Turquía (N º 20129/07)

Bozdemir y Yeşilmen contra Turquía (N º 33860/03) Los demandantes, Gülçin (Yeşilmen) Bozdemir y Masallah Yeşilmen, son ciudadanos turcos que nacieron en 1970 y 1979, respectivamente, y viven en Estambul. Alegan que en la noche del 27 de noviembre 1997 fueron detenidos en sus respectivos domicilios

Los demandantes, Zuhal Subasi y Ali Cobán, son ciudadanos turcos que nacieron en 1978 y 1981 y viven en Manisa y Izmir (Turquía), respectivamente. Sostienen que cuando participaban en una manifestación en Izmir el 1 de mayo de 2006, fueron atacados por la policía, que les patearon y golpearon y utilizaron gases lacrimógenos contra ellos, y que las autoridades no llevaron a cabo una investigación efectiva de sus denuncias de malos tratos. Los demandantes alegan, en particular, la prohibición de


tratos inhumanos o degradantes del artículo 3.

Dos violaciones del art. 3 (maltrato, falta de investigación efectiva) Compensación económica: 15.000 Euros a cada uno de los demandantes (daños morales) y 1.760 Euros a ambos por gastos y honorarios jurídicos.

Beşliu contra la República de Moldova (no. 28178/10) En este caso, basándose en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo), la demandante reprocha que una sentencia firme a su favor se puso en duda.

Abogados, pero su solicitud fue rechazada. El Tribunal de Apelación estimó su recurso, teniendo en cuenta que cumplió con todos los requisitos de admisión en el Colegio de Abogados sin tener que tomar un examen, pero el Colegio de Abogados interpuso un recurso contra dicha resolución. La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de apelación interpuesto por la demandante por infundado. Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo), el demandante se queja de una violación del principio de seguridad jurídica, ya que la Corte Suprema de Justicia pronunció una sentencia en su caso, que iba en contra de su jurisprudencia establecida.

Violación del art. 6 §1

En los siguientes casos, los demandantes se quejan, en particular, de la duración excesiva de los procedimientos (no penales).

Violación del art. 6 §1 Untermayer contra Eslovaquia (n º 6846/08) Zirajewski contra Polonia (no. 32501/09)

Violación del art. 6 §1

El demandante en este caso, se queja de que tanto la duración de la detención preventiva y la duración del proceso penal en su contra eran excesivos. Se basa en el artículo 5 § 3 (derecho a la libertad y a la seguridad / derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad en espera de juicio) y el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo en un plazo razonable).

Violación del art. 13 (derecho a un remedio efectivo)

Violación del art. 5 §3 Violación del art. 6 §1

Bălan contra Rumania (n º 24398/04) La demandante alega que la compensación pagada a él cuando se retiró fue gravada ilegalmente, en infracción del artículo 1 del Protocolo n º 1 (protección de la propiedad). También se queja de la discriminación en contra de la prohibición de discriminación del artículo 14 en relación con el artículo 1 del Protocolo n º 1, ya que la indemnización pagada a otros militares en la misma situación no se gravaba.

Violación del art. 1 del 1er protocolo solo y conjuntamente con el art. 14

Stănciulescu contra Rumania (n º 5998/03) El demandante en este caso pidió unirse al Colegio de

Mircea Dumitrescu contra Rumania (solicitud. No 14609/10) El solicitante, Mircea Dumitrescu, es un ciudadano rumano que nació en 1952 y vive en Bucarest. Sr. Dumitrescu, paralizado desde que era niño, se queja de las condiciones de su detención desde mayo 2009 a agosto 2011 en la prisión de Jilava tras ser declarado culpable de varios cargos de malversación de fondos y fraude. Basándose en la prohibición de tratos inhumanos o degradantes del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se queja en particular del hacinamiento, falta de higiene y la falta de instalaciones para los discapacitados. Afirma que, como no tenía silla de ruedas de su propio personal o un asistente de cuidado, y que dependía de otros reclusos para sus necesidades más básicas, como ir al baño, ir a una ducha y moviéndose alrededor de la prisión. Confiando en el derecho al respeto de la vida privada y familiar del artículo 8 de la Convención Europea, también se queja de que su hijo se colocó en hogares de guarda y la negativa de las autoridades del país para liberarlo temporalmente para cuidar de su hijo, cuya madre fue hospitalizada en una institución psiquiátrica por esquizofrenia y cuyos abuelos maternos estaban dispuestos a hacerse cargo de él. Toma Barbu contra Rumania (n º 19730/10) El solicitante, Daniel Toma Barbu, es un ciudadano rumano que nació en 1968 y vive en Bucarest. El caso se refiere a las denuncias del señor Barbu sobre las condiciones de su detención desde agosto 2009 hasta febrero 2010 en Rahova y en la prisión de Jilava donde cumplía una condena por intento de robo agravado. Basándose en la prohibición de tratos inhumanos o degradantes del artículo 3 de la Convención, se queja, en particular, del hacinamiento, la falta de calefacción y la falta de higiene y alega que esas condiciones, así como el fracaso de las autoridades para separar a los fumadores de los no fumadores, eran inadecuadas dadas sus diversos problemas de salud, incluyendo una enfermedad cardíaca grave, una úlcera y la hepatitis C crónica. También afirma que la atención

médica que se le proporcionó durante su detención fue inadecuada. Berisha contra Suiza (n º 948/12) Los solicitantes, S. y S. Berisha, marido y mujer, son ciudadanos kosovares que nacieron en 1967 y 1974, respectivamente, y viven en Suiza. El caso se refiere a la denuncia de la pareja acerca de la negativa de las autoridades suizas para conceder permisos de residencia a tres de sus hijos, nacidos en Kosovo en 1994, 1996 y 2003 y que entraron ilegalmente en Suiza en 2009, y la decisión de expulsar a los niños a Kosovo. El Sr. Berisha entró en Suiza, en junio de 1997 y, después de haberse casado con una ciudadana suiza, se le concedió un permiso de residencia permanente de Suiza, en marzo de 2005. Divorciado, se casó con su actual esposa, S. Berisha, en Kosovo, en enero de 2007. Entró en Suiza, en abril de 2007 con un visado y desde entonces también se le ha concedido un permiso de residencia permanente. La pareja llevó a sus tres hijos en Suiza clandestinamente en agosto de 2009, ya que las autoridades migratorias habían negado su solicitud de reagrupación familiar, en abril de 2009 en razón de que la pareja no había mencionado que tenía tres hijos al entrar en Suiza y que había dudas sobre si el Sr. Berisha fuera realmente su padre. Todas las solicitudes posteriores para la reagrupación familiar, así como sus recursos fueron rechazados y la orden de expulsión de los niños confirmados. La pareja alega que la expulsión haría separarles de sus tres hijos, y su hermano menor, nacido en Suiza en 2010, y que, al no haber nadie que cuide de los niños en Kosovo, podrían terminar en un orfanato, en contra de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes del artículo 3 y el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). Locher y otros contra Suiza (n º 7539/06) Los demandantes, el señor Ludwig Locher y la Sra. Lia Locher-Doser, y el Sr. Hans Doser y la Sra. María Josefa Doser-Stirnimann, son ciudadanos suizos que viven en Raron (Cantón de Valais). En 1994 los planes de construcción de carreteras iban a usar parte de terrenos propiedad de ellos. Su apelación fue desestimada por el Consejo de Estado del cantón de Valais. Ellos apelaron al Tribunal Cantonal de Valais, exigiendo ver algunos documentos, pero su solicitud fue denegada, ya que el tribunal no encontró los documentos pertinentes. Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo), los demandantes reprochan en particular, que no recibieron una copia de un documento emitido por la municipalidad que se produjo en el contexto de los procesos relativos a la construcción de carreteras. También se quejan de la excesiva duración de los procedimientos y de la cantidad que se otorgó por los costos. Polidario contra Suiza (no. 33169/10) La solicitante, Catherine Polidario, es nacional de las Filipinas, nació en 1967 y vive en Ginebra. En octubre de 2001 tuvo un hijo con un hombre libanés que había adquirido la nacionalidad suiza. El 21 de junio de 2002, la oficina de la población cantonal ordenó al solicitante abandonar el país y regresar a las Filipinas con el niño el 22 de septiembre de 2002. En julio de 2004 se firmó una declaración jurada en la que se autoriza al padre a que su hijo vuelva Suiza para las fiestas. El padre no devuelve a su hijo a las Filipinas. A pesar del hecho de que ella tenía derechos de custodia y patria potestad en relación con el niño, todos sus intentos de obtener su regreso a las Filipinas fallaron. Sus solicitudes de permiso de residencia en Suiza fueron rechazadas. Desde junio de 2010, la custodia de la niña fue dada al padre y el solicitante tenía los derechos de acceso que tuvieron que ser ejercido en Suiza, mientras que no tenía autorización para permanecer allí. Basándose en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), se queja de que la negativa de las autoridades suizas para expedir a un permiso de residencia por más de seis años ha violado su derecho al respeto de su vida familiar.


Jueves 01 de agosto 2013 Horshill contra Grecia (no. 70427/11) El demandante, Sr. Ismail Alfateh Horshill, es un ciudadano sudanés que nació en 1984. Entró en Grecia ilegalmente en 2010, después de haber huido de Sudán, donde fue torturado. En marzo de 2011 entró en contacto con una organización no gubernamental que proporciona asistencia legal a los refugiados y uno de sus abogados presentó una solicitud de asilo en su nombre. Ella le informó que iba a ser puesto en detención debido a su situación ilegal. Acompañado por su abogado, la demandante presentó una solicitud de asilo el 29 de abril de 2011 y fue detenido. Fue puesto en libertad el 13 de mayo de 2011 después de la ONG "Médicos del Mundo" le ofreció un lugar en su albergue. El 19 de junio 2012 presentó una declaración de retirada de su solicitud de asilo político y se benefició de un programa de retorno voluntario, dejó Grecia para Sudán. Basándose en el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), la demandante se queja de las condiciones de su detención en dos oficinas de la policía. Basándose en el artículo 5 § 1 (f) (derecho a la libertad ya la seguridad), se queja por el hecho de ser puesto en detención a pesar de que se había ido a la policía de forma espontánea. Basándose en el artículo 5 § 2 (derecho a ser informado sin demora de cualquier acusación), se queja de que no se le proporcionara información. Antonyuk contra Rusia (no. 47721/10) La demandante, Sra. Tatiana Sergueevna Antonyuk, es de nacionalidad rusa, que nació en 1984 y vive en Kalouga. Casada con el Sr. A., tuvo dos hijos y luego sufrió una crisis nerviosa, por la que comenzó a recibir tratamiento médico. Ella decidió separarse de su marido y ir a vivir en casa de sus padres. En mayo de 2009 su esposo presentó una demanda civil para tener a su esposa declarada incapaz de ejercer sus derechos. En otro procedimiento, el marido también solicitó el divorcio y la concesión de los dos niños para que vivan con él. Basándose en (derecho a un proceso equitativo) del artículo 6, la demandante reprocha a los procedimientos civiles relativos a su capacidad de ejercer sus derechos que no eran justos. Basándose en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), se queja de la decisión de que sus hijos deben vivir con su ex marido. Dmitriy Ryabov contra Rusia (no. 33774/08) El solicitante, Dmitriy Ryabov, es un ciudadano ruso que nació en 1974 y vive en San Petersburgo (Rusia). El caso se refiere a la denuncia del Sr. Ryabov para tener acceso restringido a su hijo, después de su colocación al cuidado de sus abuelos maternos poco después de haber nacido en abril de 2002 cuando él y su esposa (ya fallecido) tenían ambos esquizofrenia. Basándose en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida familiar), alega en particular que las decisiones de los tribunales para restringir la patria potestad en la base que él era un peligro para su hijo no eran convincentes y que cualquier contacto que se le concedió fue ilusoria, ya que tenía que llevarse a cabo con el consentimiento del tutor de su hijo, la abuela materna, que era hostil a él. Además, basándose en la prohibición de discriminación del artículo 14 en relación con el artículo 8, también alega que las restricciones parentales le discriminaban como persona con discapacidad mental. Kaykharova y otros contra Rusia (n º 11554/07, 7862/08, 56745/08 y 61274/09) Saidova contra Rusia (no. 51432/09) Ambos casos se refieren a desapariciones en Chechenia. En el primer caso, los demandantes son dieciséis ciudadanos rusos entre los que se encuentran las familias de los seis hombres y dos mujeres que desaparecieron en o cerca de Grozny entre 2000 y 2002 después de haber sido aprehendidos por grupos de hombres armados quienes se cree eran militares rusos o de las fuerzas de seguridad. La mayoría de los solicitantes viven actualmente en la República de

Chechenia, en Grozny y Gudermes, además de dos de los demandantes que ahora viven en Austria. En particular, en la solicitud no. 11554/07, Gelani Kaykharov fue secuestrado de la casa familiar en Grozny en las primeras horas de la mañana del 20 de diciembre de 2002 por un grupo de hombres enmascarados vestidos con uniformes de camuflaje y no ha sido visto desde entonces. En aplicación no. 7862/08 Suleyman Surguyev, Adam Suleymanov y Mirza Elmurzayev fueron llevados por soldados armados el 2 de febrero de 2000 y dirigidos al sótano de una escuela en la que se habían refugiado otros 30 residentes locales durante las hostilidades en Grozny y, posteriormente identificado en una fotografía publicada en una revista en un pozo custodiado por soldados armados. No se les ha visto desde entonces. En aplicación no. 56745/08 Markha Gakayeva, Raisa Gakayeva y Zavalu Tazurkayev fueron secuestrados el 3 de junio de 2000 durante una operación especial por soldados rusos en un mercado en el norte de Grozny, y los cuerpos vendados de Markha y Raisa Gakayeva más tarde fueron encontrados en una fosa común en el afueras de Grozny con signos de muerte violenta. Zavalu Tazurkayev no ha sido visto desde entonces. En aplicación no. 61274/09 Shaaman Vagapov no ha sido visto desde el 23 de febrero 2000, cuando fue detenido en su camión en un retén militar en el distrito de Grozny. La demandante en el segundo caso, Tumisha Saidova, es de nacionalidad rusa, que nació en 1938 y vive en Novyi Tsentoroy, Chechenia (Rusia). Ella no ha tenido noticias de su hijo, Ramzan Saidov, desde las primeras horas de la mañana del 10 de agosto 2002 cuando un gran grupo de hombres armados y enmascarados con uniformes de camuflaje llegó a la casa de la familia en Grozny y se llevaron. Todos los demandantes alegan que sus parientes desaparecieron tras ser detenidos por soldados rusos y que las investigaciones que siguieron a su desaparición fueron ineficaces. Todos ellos se basan en el artículo 2 (derecho a la vida), el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), artículo 5 (derecho a la libertad ya la seguridad) y el derecho a un recurso efectivo del artículo 13. En la solicitud relativa a las desapariciones de Suleyman Surguyev, Adam Suleymanov y Mirza Elmurzayev, los solicitantes también se basan en la obligación de proporcionar las facilidades necesarias para el examen del caso del artículo 38, alegando que el Gobierno ruso no ha facilitado al Tribunal Europeo de los registros de cuestionamiento de los militares durante la investigación criminal, los documentos más importantes en el caso. Castellino contra Bélgica (n º 504/08) El solicitante, Domenico Castellino, es un ciudadano italiano que nació en 1956. El caso se refiere a su denuncia de "ausencia de motivación de la sentencia de 20 años de prisión en 2004 por el asesinato de un ministro del gobierno y el intento de asesinato de la esposa de éste a los tribunales belgas”. Como no había sido notificado de la acusación, la primera condena fue encontrado inseguro. Después de haber sido acometido a juicio ante los tribunales belgas, se le dio la misma frase en una sentencia de marzo de 2007, y el recurso de casación fue desestimado en junio de ese año. Basándose principalmente en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo), el Sr. Castellino se queja de la falta de equidad de los procedimientos y reclamaciones y que su condena se basó en un veredicto de culpabilidad irracional.

Violación of Artículo 6 § 1 - in respect of the unreasoned guilty verdict Compensación económica: EUR 2,000 (non-pecuniary damage) and EUR 4,312.50 (costs and expenses)

Kummer contra la República Checa (n º 32133/11) El solicitante, Vladimír Kummer, es un nacional checo que nació en 1956 y vive en AS (República Checa). El caso se refiere a la alegación del Sr. Kummer de que fue sometido a malos tratos bajo custodia policial tras su detención por no tener sus documentos de identidad con él cuando estaba en camino de regreso a casa de un bar. Basándose en el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), alega en particular que fue encadenado a una argolla de hierro en el interior de la celda de la policía y se le estiró, y que la consiguiente investigación sobre sus denuncias fue inadecuada.

Two violacións of Artículo 3 – degrading treatment and ineffective investigation into the allegations of illtreatment in police custody Compensación económica: The Court held that the question of the application of Artículo 41 (compensación económica) of the Convention was not ready for decision and reserved it; it further awarded the applicant EUR 189 (costs and expenses).

Rivière contra Francia (n º 46460/10) Los demandantes, y Solange Henri Rivière, marido y mujer, junto con su hijo, Florestan Rivière, son ciudadanos franceses que nacieron, respectivamente, el 5 de febrero de 1941, 13 de marzo 1951 y 27 de noviembre de 1976. El Sr. y la Sra. Rivière vivo en Andouille y su hijo en Maisons-Alfort (Francia). El caso se refiere a un juicio en su contra después de un proceso en el que no podían aparecer. En enero de 2000 una parcela de terreno que el Sr. y la Sra. Rivière habían alquilado durante varios años fue vendido a su hijo. En septiembre de 2008 los tribunales franceses los encontraron culpables de un cierto número de delitos, en particular de la realización de trabajos en esa parcela de tierra sin un permiso de construcción, y fueron condenados a pagar una multa y de restaurar la propiedad a su estado original, so pena de una multa coercitiva. Los demandantes recurrieron en septiembre de 2008. A pesar de que habían buscado el aplazamiento de la audiencia debido a su imposibilidad de asistir, el juicio se fue adelante en su ausencia y sin que hayan sido representados. Después de que su recurso fue desestimado en enero de 2009, su apelación sobre cuestiones de derecho también fue despedido en febrero de 2010. Invocando el artículo 6 § § 1 y 3 (c) (derecho de acceso a un tribunal / derecho a ser asistido por un abogado) los demandantes reprochan el hecho de que el Tribunal de Apelación les negó el derecho a comparecer y defenderse, sin dar explicaciones sobre este punto en la sentencia.

Violación del Artículo 6 §§ 1 y 3 (c) Compensación económica (Artículo 41) Se condena Francia a pagar al Sr y la Sra. Rivière y su hijo 300 euros (EUR) cada uno por daños morales, y EUR 4,784 por gastos y honorarios jurídicos.

Sfez contra Francia (n º 53737/09)


El demandante, Gérard Sfez, es un francés que nació en 1943 y vive en París. El caso se refiere a la condena penal después de una audiencia en la que no había estado representado por un abogado. Después de una pelea en julio de 2007, el Sr. Sfez hirió a un vecino en el ojo con una bomba lacrimógena. Un mes más tarde fue condenado a dos años de prisión, incluyendo un período de suspensión de 14 meses, durante el cual se puso a prueba con las obligaciones para recibir tratamiento. Hizo una apelación en septiembre de 2007 y para ello nombró a un nuevo abogado, el Sr. V, quien explicó en una carta a los tribunales franceses en enero de 2008 que ya no representaba a su cliente. Por lo tanto el señor Sfez apareció solo en la audiencia y solicitó su aplazamiento para que pudiera ser asistido por un abogado. Su petición fue decidida ser dilatoria y fue rechazado en apelación en mayo de 2008. En febrero de 2009 el Tribunal de Casación declaró el recurso del demandante en casación inadmisible. Invocando el artículo 6 § 3 (c) (derecho a ser asistido por un abogado), el Sr. Sfez se queja de una violación de sus derechos de defensa. no violación de Artículo 6 § 3 (c) (derecho a ser asistido por un abogado).

y fueron examinados por la Corte en 2011 y 2007, respectivamente.

Artículo 3: condiciones durante la detención preventiva (Sr Lebedev) – no violación Artículo 3: condiciones en la sala del Juzgado (Sr Lebedev) - Violación Artículo 5 § 3: duración de la detención preventiva (Sr Lebedev) - Violación Artículo 5 § 4: forma de conducir el procedimiento penal (Sr Lebedev) - violación por el retraso en la examinación de la orden de detención del 14 de diciembre 2004, no violación or otros puntos (unánimamente)

Rousk contra Suecia (N º 27183/04) El solicitante, Jim Rousk, es de nacionalidad sueca que nació en 1950. Murió en junio de 2011, y su esposa y único heredero, Julia Rousk, decidió continuar la aplicación. Ella vive en Hässelby (Suecia). El caso se refiere a las denuncias del Sr. Rouk que sus derechos en virtud del artículo 1 del Protocolo n º 1 (protección de la propiedad), así como en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar y el hogar), fueron violados por las autoridades nacionales cuando, para cobrar una deuda tributaria exigible, vendieron su propiedad / casa y luego él y su esposa fueron desalojados, sin tener en cuenta los procedimientos en curso relativos a, entre otras cosas, un recurso contra la orden de ejecución y una solicitud de estancia a la venta de la propiedad. Considera que las medidas eran totalmente desproporcionadas, ya que se le concedió la prórroga para pagar parte de su deuda tributaria en el mismo día en que su propiedad fue vendida en subasta pública, y su deuda tributaria exigible sólo a partir de entonces ascendía a unos 800 euros.

Artículo 6 § 1: imparcialidad Violación del Artículo 1 del Protocolo No. 1 Conclusión: no violación (unánimamente) Violación of Artículo 8 Artículo 6 § 1: razonabilidad del procedimiento

Khodorkovskiy y Lebedev contra Rusia (n º 11082/06 y 13772/05)

Tiempo y facilidades de defensa Conclusión: no violación (unánimamente)

Los solicitantes son Mikhail Borisovich Khodorkovskiy y Platon Lebedev Leonidovich, de nacionalidad rusa, dos altos directivos antiguos y principales accionistas de un gran grupo industrial, incluyendo Yukos Oil. En la actualidad están cumpliendo penas de prisión en la región de Karelia y en la región Yamalo-Nenetskiy de Rusia, después de su condena en septiembre de 2005, de la evasión de impuestos a gran escala y de fraude.

Confidencialidad relación cliente / abogado Conclusión: violación (unánimamente)

El caso se refiere esencialmente a la denuncia de los dos hombres de la injusticia de las actuaciones penales contra ellos. Se basan en el artículos 6 § § 1 y 3 (c) y (d) (derecho a un juicio justo en un plazo razonable) y el derecho al respeto de la familia y el hogar del artículo 8 en relación con su traslado a Siberia a una muy remota colonia penal. Ambos demandantes alegan en virtud del artículo 7 (no hay pena sin ley) que sufrieron de una interpretación completamente nueva e impredecible de la legislación fiscal y bajo la limitación en el uso de las restricciones a los derechos del artículo 18, que a su juicio fue por motivos políticos . Sr. Khodorkovskiy además se queja, en virtud del artículo 1 del Protocolo n º 1 (protección de la propiedad), sobre la orden de reembolso de impuestos atrasados adeudados por Yukos al Estado a raíz de su declaración de culpabilidad y, en virtud del artículo 34 (derecho de petición individual), sobre las autoridades, del acoso de sus abogados. Lebedev se queja además de conformidad con el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos y degradantes) sobre las condiciones de su detención en prisión preventiva, así como por haber sido colocado en una jaula de metal durante las audiencias sobre el caso. Él también hace una serie de quejas en virtud de los artículos 5 § § 3 y 4 (derecho a la libertad y a la seguridad), y se refiera en particular la duración de la detención preventiva y el examen tardía de las órdenes de detención. Los procesos internos en el centro del caso son comúnmente conocidos en Rusia como "el primer ensayo de Khodorkovskiy y Lebedev". Este es el segundo caso presentado por el Sr. Khodorkovskiy y el señor Lebedev ante el Tribunal. Sus dos primeras solicitudes se refieren al principio de su proceso penal

Forma de tomar pruebas: Conclusión: violación (unánimamente)

Artículo 6 § 2: presunción de inocencia y presentar a los detenidos en una jaula de hierro. Conclusión: sin necesidad de examinar (unánimamente) Artículo 7: Previsibilidad de la legislación impostiva Conclusión: no violación (unánimamente) Artículo 8: transferencia a una prisión lejana Conclusión: violación (unánimamente) Artículo 1 del protoclo No. 1: daños que el Sr Khodorkovskiy tuvo que pagar Conclusión: violación (unánimamente) Artículo 18: Motivación política del procedimiento Conclusión: no violación (unánimamente) Artículo 34: interferencia con los abogados de la defensa (Sr Khodorkovskiy) Conclusión: violación (unánimamente) Artículo 41: compensación económica Pago al Sr. Khodorkovskiy de 10,000 euros (EUR) por daños morales. La reclamación del Sr. Lebedev se rechazó.

Compensación económica: EUR 65,000 (daños materiales), EUR 15,000 (daños morales) and EUR 8,300 (gastos y honorarios jurídicos)

Satisfacción equitativa Agrokompleks contra Ucrania (no. 23465/03) El solicitante, Agrokompleks JSC, es una compañía privada con sede en Ucrania, que se ocupaba, en el momento de los hechos, con empresas rusas en operaciones de comercio de trueque, como el intercambio de alimentos crudos ucranianos del crudo ruso y posterior venta de los productos terminados de petróleo. El caso se refiere a los procedimientos de insolvencia 1996-2004 iniciados por la empresa demandante contra la refinería de petróleo más grande de Ucrania, LysychanskNaftoOrgSyntez ("LyNOS"), en un intento de recuperar las deudas pendientes. En su sentencia capital de 6 de octubre de 2011, la Corte encontró tres violaciónes del artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo en un plazo razonable). Es decir, el Tribunal sostuvo que los tribunales nacionales se ocupan de que el caso no podía considerarse independiente ni imparcial dado las injerencias flagrantes de las más altas autoridades del Estado en el proceso. También sostuvo que el principio de seguridad jurídica había sido violado por la anulación de la resolución judicial firme determinación del importe de la deuda contraída por LyNOS a la empresa solicitante. Por otra parte, se encontró que la duración del procedimiento que ha sido excesivo. Por último, el Tribunal de Justicia declaró la violación del artículo 1 del Protocolo n º 1 (protección de la propiedad) que el procedimiento en cuestión había tenido un impacto directo en los intereses de la propiedad de la empresa solicitante. En la sentencia de 6 de octubre de 2011, la Corte se reservó la pregunta de satisfacción total. Se pronunciará sobre esta cuestión en su sentencia de 25 de julio de 2013. Compensación económica: EUR 27,000,000 (daños materiales) and EUR 30,000 (gastos y honorarios jurídicos) Kobernik contra Ucrania (no. 45947/06) El solicitante, Aleksey Kobernik, es un nacional de


Ucrania que nació en 1971. Fue arrestado en mayo de 1999 por sospecha de, entre otros delitos, de miembros de una banda armada, asesinatos y extorsiones, que concluyó en su sentencia dictada por el Tribunal Supremo en abril de 2007. Basándose en el artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes), se queja de las condiciones de su detención en la cárcel Lugansk donde fue trasladado, de junio a julio de 2007 - a causa de las instalaciones sanitarias hacinamiento y las malas graves -, así como las condiciones en el que fue transportado hacia y desde la prisión en los trenes y vehículos de hacinamiento. Confiando más en el artículo 5 § 3 (derecho a la libertad ya la seguridad) y el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo en un plazo razonable), también se queja de que la longitud de ambos su detención previa al juicio y el proceso penal en su contra era excesivo.

Violación del Artículo 3 (trato degradante) – por las condiciones de detención en la prisión de Lugansk Violación of Artículo 5 § 3 – por la duración de la prisión preventiva Violación of Artículo 6 § 1 – por la duración del procedimiento penal Compensación económica: EUR 7,000 (daños morales)

maternos estaban dispuestos a hacerse cargo de él.

Violación del artículo 3 – por las condiciones de detención No violación del art. 8 Compensación económica: EUR 5,500 (daños morales)

Toma Barbu contra Rumania (n º 19730/10) El solicitante, Daniel Toma Barbu, es un ciudadano rumano que nació en 1968 y vive en Bucarest. El caso se refiere a las denuncias del señor Barbu sobre las condiciones de su detención desde agosto 2009 hasta febrero 2010 en Rahova y en la prisión de Jilava donde cumplía una condena por intento de robo agravado. Basándose en la prohibición de tratos inhumanos o degradantes del artículo 3 de la Convención, se queja, en particular, del hacinamiento, la falta de calefacción y la falta de higiene y alega que esas condiciones, así como el fracaso de las autoridades para separar a los fumadores de los no fumadores, eran inadecuadas dadas sus diversos problemas de salud, incluyendo una enfermedad cardíaca grave, una úlcera y la hepatitis C crónica. También afirma que la atención médica que se le proporcionó durante su detención fue inadecuada. Violación del art. 3 – con respecto a las condiciones de detención en las prisiones de Rahova y Jilava Compensación económica: El demandante no hizo petición.

Khvorostyanoy y otros contra Ucrania (n º 54552/09 y otras 249 aplicaciones) Los demandantes en este caso se quejan de la prolongada falta de aplicación de las decisiones nacionales en su favor. Se basan en el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo en un plazo razonable), (derecho a un recurso efectivo) del artículo 13 y el artículo 1 del Protocolo n º 1 (protección de la propiedad). Violación del Artículo 6 § 1, violación del Artículo 13, y violación del Artículo 1 del Protocool No. 1 en 234 aplicaciones.

Mircea Dumitrescu contra Rumania (solicitud. No 14609/10) El solicitante, Mircea Dumitrescu, es un ciudadano rumano que nació en 1952 y vive en Bucarest. Sr. Dumitrescu, paralizado desde que era niño, se queja de las condiciones de su detención desde mayo 2009 a agosto 2011 en la prisión de Jilava tras ser declarado culpable de varios cargos de malversación de fondos y fraude. Basándose en la prohibición de tratos inhumanos o degradantes del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se queja en particular del hacinamiento, falta de higiene y la falta de instalaciones para los discapacitados. Afirma que, como no tenía silla de ruedas de su propio personal o un asistente de cuidado, y que dependía de otros reclusos para sus necesidades más básicas, como ir al baño, ir a una ducha y moviéndose alrededor de la prisión. Confiando en el derecho al respeto de la vida privada y familiar del artículo 8 de la Convención Europea, también se queja de que su hijo se colocó en hogares de guarda y la negativa de las autoridades del país para liberarlo temporalmente para cuidar de su hijo, cuya madre fue hospitalizada en una institución psiquiátrica por esquizofrenia y cuyos abuelos

Berisha contra Suiza (n º 948/12) Los solicitantes, S. y S. Berisha, marido y mujer, son ciudadanos kosovares que nacieron en 1967 y 1974, respectivamente, y viven en Suiza. El caso se refiere a la denuncia de la pareja acerca de la negativa de las autoridades suizas para conceder permisos de residencia a tres de sus hijos, nacidos en Kosovo en 1994, 1996 y 2003 y que entraron ilegalmente en Suiza en 2009, y la decisión de expulsar a los niños a Kosovo. El Sr. Berisha entró en Suiza, en junio de 1997 y, después de haberse casado con una ciudadana suiza, se le concedió un permiso de residencia permanente de Suiza, en marzo de 2005. Divorciado, se casó con su actual esposa, S. Berisha, en Kosovo, en enero de 2007. Entró en Suiza, en abril de 2007 con un visado y desde entonces también se le ha concedido un permiso de residencia permanente. La pareja llevó a sus tres hijos en Suiza clandestinamente en agosto de 2009, ya que las autoridades migratorias habían negado su solicitud de reagrupación familiar, en abril de 2009 en razón de que la pareja no había mencionado que tenía tres hijos al entrar en Suiza y que había dudas sobre si el Sr. Berisha fuera realmente su padre. Todas las solicitudes posteriores para la reagrupación familiar, así como sus recursos fueron rechazados y la orden de expulsión de los niños confirmados. La pareja alega que la expulsión haría separarles de sus tres hijos, y su hermano menor, nacido en Suiza en 2010, y que, al no haber nadie que cuide de los niños en Kosovo, podrían terminar en un orfanato, en contra de la prohibición de tratos inhumanos y degradantes del artículo 3 y el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). No violación del art. 8 (derecho a vida privada y vida en familia)

Locher y otros contra Suiza (n º 7539/06) Los demandantes, el señor Ludwig Locher y la Sra. Lia Locher-Doser, y el Sr. Hans Doser y la Sra. María Josefa Doser-Stirnimann, son ciudadanos suizos que viven en Raron (Cantón de Valais). En 1994 los planes de construcción de carreteras iban a usar parte de terrenos propiedad de ellos. Su apelación fue desestimada por el Consejo de Estado del cantón de Valais. Ellos apelaron al Tribunal Cantonal de Valais, exigiendo ver algunos documentos, pero su solicitud fue denegada, ya que el tribunal no encontró los documentos pertinentes. Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a un juicio justo), los demandantes reprochan en particular, que no recibieron una copia de un documento emitido por la municipalidad que se produjo en el contexto de los procesos relativos a la construcción de carreteras. También se quejan de la excesiva duración de los procedimientos y de la cantidad que se otorgó por los gastos.

Violación del art. 6 § 1 – con respecto a la igualdad de armas Just satisfaction: Los demandantes no hicieron petición por daños morales ni por daños materiales; El Tribunal les acordó EUR 7,000 por gastos y honorarios jurídicos. Polidario contra Suiza (no. 33169/10) La solicitante, Catherine Polidario, es nacional de las Filipinas, nació en 1967 y vive en Ginebra. En octubre de 2001 tuvo un hijo con un hombre libanés que había adquirido la nacionalidad suiza. El 21 de junio de 2002, la oficina de la población cantonal ordenó al solicitante abandonar el país y regresar a las Filipinas con el niño el 22 de septiembre de 2002. En julio de 2004 se firmó una declaración jurada en la que se autoriza al padre a que su hijo vuelva Suiza para las fiestas. El padre no devuelve a su hijo a las Filipinas. A pesar del hecho de que ella tenía derechos de custodia y patria potestad en relación con el niño, todos sus intentos de obtener su regreso a las Filipinas fallaron. Sus solicitudes de permiso de residencia en Suiza fueron rechazadas. Desde junio de 2010, la custodia de la niña fue dada al padre y el solicitante tenía los derechos de acceso que tuvieron que ser ejercido en Suiza, mientras que no tenía autorización para permanecer allí. Basándose en el artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), se queja de que la negativa de las autoridades suizas para expedir a un permiso de residencia por más de seis años ha violado su derecho al respeto de su vida familiar. Violación del art. 8 Compensación económica: EUR 16,223 (daños morales) y EUR 13,000 (gastos y honorarios jurídicos)


Nr 3 tedh julio 2013