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C u a d e rnos de la

S o c i e d a d ci v i l NÚMERO 3 • OCTUBRE DE 2008


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Cuadernos de la Sociedad Civil es una publicación del Programa de apoyo a las iniciativas locales de la sociedad civil, financiado por la Unión Europea

Oficinas del PRIL: Unidad técnica de gestión y antena regional Este Calle Casimiro de Moya # 104, Gazcue Distrito Nacional • Santo Domingo • Rep. Dom. Teléfono: 809-331-1000 Fax: 809-412-8111 www.pril.org.do

Milagros Ortiz Bosch nos ofrece una perspectiva de las reformas desde 1963 P.4-5 Eduardo Jorge Prats, analiza los pasos de la actual reforma constitucional P.6-7

Antena regional sur Calle 19 de marzo esq. Hermanas Ortiz #149 Azua • Rep. Dom. Teléfono: 809-521-6285

Marcos Villamán, desde CONARE, identifica los retos P.8-9

Antena regional norte Ave. del Arrollo esq. Ave. Francia # 18D, Retiro I, Santiago • Rep. Dom. Teléfono: 809-233-1970

Fidel Santana cuestiona los procesos de reforma realizados P.12-13

Onofre Rojas analiza las reformas desde 1996 P.10-11

Servio Tulio Castaños, desde la FINJUS, identifica los aportes de la sociedad civil P.14-17

Dirección General: Ernesto López de la Riva Coordinación: Marino Tejeda Edición: Edith Febles Diseño y diagramación: Éxito C.E.P., S.A. Impresión: Amigo del Hogar

Faustino Collado, aporta una cronología de la participación P.18-22

En ningún caso debe considerarse que esta revista refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Rosario Espinal, ofrece su opinión P.26-29

Enrique de León, nos acerca a la experiencia municipal P.23-25

CEPROSH, una experiencia solidaria P.30-33

PROGRAMA DE APOYO A LAS INICIATIVAS LOCALES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Introducción

ÍNDICE

Reformas políticas e institucionales: una ruta necesaria Respondiendo a la preocupación del Programa de Apoyo a las Iniciativas Locales de la Sociedad Civil (PRIL), sobre la necesidad del diálogo Estado Sociedad Civil, hemos dedicado el presente número de los cuadernos de la sociedad civil, a examinar el proceso de reformas que vive República Dominicana en los últimos años. Se trata de poner a dialogar a un conjunto de analistas políticos, académicos consagrados y gestores públicos, sobre el proceso de reformas político-institucional del país. Puntos de vista disímiles, afines y a veces contradictorios, encontramos en el presente número de la revista. Como todo proceso de reformas, en un contexto de profundos cambios culturales, generados por distintos factores externos e internos, nos parece natural que surja toda esta riqueza conceptual que nuestros lectores encontrarán. Un denominador común entre todos y todas es concluyente: la necesidad de transformar las estructuras jurídicas del Estado, para convertirlo en un instrumento con capacidad de respuestas a las crecientes demandas de la ciudadanía, de ampliación de derechos y de garantizar las viejas prerrogativas consagradas en la estructura que se transforma con las reformas aprobadas y en curso. Sin embargo, aparece un crucial desafío, y tanto para el Estado como para las organizaciones de la sociedad civil se trata de pasar de la formalidad que produce una nueva institucionalidad emanada de las reformas, a la materialización práctica que supone cada instrumento. Al Estado le desafía el producir rupturas importantes en relación a la eliminación de “conflicto de intereses” en el momento de ejercer la autoridad delegada por el soberano, el pueblo. En este plano hay visibles fisuras entre importantes piezas aprobadas, como es el caso de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y los obstáculos que en el mismo Estado encuentra la implementación plena del espíritu de dicha pieza. En este plano, si bien es cierto que en los últimos años hemos tenido importante avances en la división de poderes, se hace cada vez más necesario que poderes como el Judicial, asuma su autonomía, en relación con los otros poderes del Estado y de los propios intereses del mercado, para tomar decisiones institucionales acordes con las expectativas de la población respecto a la particular reforma del sector judicial. En el caso de la sociedad civil aparece con una estima alta, dando cuenta de su protagónico papel en el proceso de las reformas. Sin embargo, se advierte un potencial desaliento por la discordancia entre lo que se aprueba y lo que se implementa. En este punto es vital el que tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad preserven su confianza en el proceso, pues en aquellas sociedades donde el pesimismo y la desconfianza cobran fuerza, se debilita la capacidad de diálogo de los actores, dando paso a situaciones de confrontación, cuyo costo es muy elevado para la sociedad en su conjunto. Con este modesto aporte, estamos seguros y seguras de poner en manos de líderes políticos de todos los litorales, líderes de la sociedad civil, un manojo de reflexiones, que provocará nuevos debates en torno a temas de mucha vigencia e importancia para el actual momento de consolidación de la democracia en

República Dominicana.

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Tengo la impresión de que la sociedad dominicana se ha hecho muy conservadora La doctora Milagros Ortiz Bosch tiene una destacada participación en la vida política dominicana desde hace más de 40 años. Fue electa vicepresidenta de la República para el período constitucional 2000-2004. Senadora por el Distrito Nacional, secretaria de Educación, destacada dirigente de su partido, el Revolucionario Dominicano (PRD), Ortiz Bosch es partícipe comprometida de cuantas reformas ha tenido el país, desde que incursionó en la política al lado del profesor Juan Bosch.

MILAGROS ORTIZ BOSCH DIRIGENTE POLÍTICA, EX VICEPRESIDENTA DE REPÚBLICA DOMINICANA

En el gobierno de Bosch participó en el equipo que revisó el ambicioso proyecto de reforma constitucional de 1963. “Soy una apasionada de las reformas”, dice convencida. Como Senadora dirigió el proceso de reforma del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas, entre otros cambios. A usted se le recuerda muy activa en cuanta reforma surgieron durante su gestión en el Congreso. Me correspondió conducir el proceso de negociación mediante el cual las mujeres obtuvimos las reformas a cinco leyes fundamentales en 1997. Por eso todas terminan en 97. Se destacan por ejemplo las leyes 24-97, 64.97, entre otras. Las reformas necesitan reformadores y necesitan quien se empodere y quien se dedique a elaborar una estrategia capaz de mantener unido al sector que las puede hacer. Las reformas sólo son posibles si un conjunto de fuerzas la apoya, de lo contrario se quedan en una intención. Ahora que estamos inmersos en un proceso de reforma constitucional todavía algunos

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dicen que el proceso de 1963 fue el mejor. Sin dudas. Fue con diputados elegidos para ser constituyentes y diputados. Fue una reforma que quiso iniciar el camino de la democracia con una base social importante. La sociedad dominicana, a lo mejor, estaba muy inmadura. Había muchos intereses de por medio. Más que nada, lo que había era todo lo que quitó el Consejo de Estado a los Trujillos como patrimonio, y muchas gentes pretendiendo ferozmente ese patrimonio. ¿Cuáles tareas tiene pendiente el país? Lo que está pendiente es que se cumplan las leyes, tener instituciones. La gran deformación de la sociedad dominicana es el clientelismo. El clientelismo se debe a que el Estado no cumple con sus funciones. Si hubiese salud, si la ley de Seguridad Social se aplicara, en vez de pedir dinero, un ciudadano no tendría que estar agradeciendo que le regalen medicinas para el corazón del papá. Entonces, más que nada, lo que este país necesita es aplicación de las leyes, ejecución de las normas, institucionalidad…

¿Qué opinión tiene del actual proceso de reforma constitucional? Tengo la impresión de que la sociedad dominicana se ha hecho muy conservadora y que hoy en día parecería ser que el presidente de la República está concretando, materializando esa fuerza. La reforma ha debido pasar por un acuerdo político. Si usted tiene toda la fuerza en el Congreso, tenga la habilidad o la inteligencia de concertar. No decir que la consulta era vinculante, si no lo es. Esa es la reforma más importante del país. Un aspecto importante en este proceso es la gobernabilidad. La gobernabilidad no es tener más fuerza e imponerse, gobernabilidad es que todo el mundo se sienta parte del compromiso. El proyecto de reforma tiene muchas cosas bonitas. Pero también feas. Lo más moderno que hay en el mundo no es la palabra moderna sino el fortalecimiento del gobierno local, los ayuntamientos. Pero en ese proyecto de reforma que se analiza, el Presidente dice que puede modificar el porcentaje de recursos que les toque a los Ayuntamientos, a la Justicia, e incluso al Poder Legislativo. Eso es un atraso. Me preocupa que el gobierno no muestre interés en le revisen las cuentas. El Presidente eleva el número de miembros del Congreso en ambas cámaras para hacer una reforma constitucional. Ahora es una tercera parte y en el proyecto son las dos terceras partes de cada cámara. Es como si dijese: después de mí, sólo yo. En cuanto a la mujer, la propuesta es muy negativa. La igualdad no se vislumbra.

Se condena desde la concepción la posibilidad de un aborto; o sea, que si una mujer tuviera un mecanismo extrauterino para evitar la concepción estaría pecando. Y no creo que en el mundo haya un atraso más grande que ése. Esto se debe en buena parte a que la sociedad dominicana se ha vuelto más conservadora. Y creo que eso está vinculado al acuerdo patriótico de 1996. En política todo tiene consecuencias, más tarde o más temprano. Lástima que el PRD, encabezado por Hipólito Mejía se equivocara de una manera tan dramática en el año 2002. Eso, a alguien como usted le dolió mucho. Se dividió el Partido. Perdimos algunas banderas importantes. Hay que reconocer que Hipólito Mejía ha pedido excusas. Pero repito lo de 1996: hay hechos políticos que ocasionan daños o beneficios más tarde que temprano. Alguien que ha trabajado de cerca con la sociedad civil ¿qué desafíos le identifica? Todavía los partidos políticos y la sociedad civil no han entendido que su papel es unirse cada cual, conservando su personalidad. La puesta en vigencia de las leyes, cumplir con el presupuesto de educación, implementar la ley de seguridad social y lograr con el Gobierno una nueva concertación de la Constitución dominicana debe ser ahora una prioridad de la sociedad civil. Hace falta que la sociedad civil y los partidos digan: vamos a ponernos de acuerdo. Siendo muchos, en pequeños grupos no vamos a lograr cambiar el rumbo de nada.

“Un aspecto importante en este proceso de reformas es la gobernabilidad. La gobernabilidad no es tener más fuerza e imponerse, gobernabilidad es que todo el mundo se sienta parte del compromiso”

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La Constitución debe establecer los mecanismos para institucionalizar el cambio Eduardo Jorge Prats es abogado, profesor universitario, reconocido columnista. Desde el año 1996 hasta el 2000 fue director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Ha sido consultor jurídico del Banco Central, director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), entre otras funciones.

EDUARDO JORGE PRATS ABOGADO, CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO

En la actualidad dirige el departamento de sociedad civil del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSC), organización política en la que se desempeña además como vicepresidente. Pero hay una razón aún más poderosa para conversar con Prats sobre procesos de reformas en la actualidad. Él es uno de los 13 juristas escogidos por el Presidente de la República, Leonel Fernández, para preparar el documento de la consulta hecha a la población con miras a la enmienda constitucional. Ésta comisión tuvo, entre otras tareas, la de estudiar las propuestas hechas y preparar el anteproyecto del nuevo texto constitucional que fue entregado al presidente de la República. Una visión más amplia de este proceso puede obtenerse si se accede a la página Web:

http://www.consultapopular.gov.do

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Desde el 6 de noviembre de 1844, cuando se promulga la primera Constitución dominicana, hasta nuestros días, la carta magna ha sido modificada en 35 ocasiones. En esta conversación Prats nos ofrece una mirada al actual proceso de reforma en el que está inmerso el país y al rol que, a su juicio, debe jugar la sociedad civil.

En el actual proceso, ¿cómo garantizar la participación de la sociedad civil? Hay que constitucionalizar e institucionalizar espacios y mecanismos de participación. En ese sentido el Consejo Económico y Social es un espacio que abriría la Constitución reformada. El proyecto de reforma constitucional también contempla la iniciativa legislativa popular. Por otra parte, la Ley de Municipios consagra otros mecanismos de participación a nivel municipal. He ahí las garantías.

El país está inmerso en una reforma constitucional. Una vez en el Congreso, ¿cómo debe ser el proceso? Debe ser participativo a nivel de las vistas públicas que se celebren y ampliamente deliberativo en los espacios de discusión a nivel académico y de la sociedad civil.

Para responder a las demandas de la sociedad ¿qué aspectos son ineludibles en la reforma constitucional? Hay que fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el gobierno y los mecanismos de control ciudadano del poder. Los ciudadanos no podemos ser invitados a participar solo cuando se celebran elecciones. En una democracia participativa, el ciudadano es un actor principal y no un convidado de piedra. Hay que fomentar la cultura de participación y hay que consolidar espacios de participación. Por eso, la inclusión de la iniciativa legislativa popular será uno de los grandes aportes de la reforma constitucional que se debate en el Congreso.

¿Qué debilidades identifica en los procesos de reformas realizados? El no participar con críticas y propuestas es una de las grandes debilidades que no debemos permitir que ocurra.

A su juicio, ¿qué tanto nos falta por reformar? La reforma es un proceso que no termina. La democracia es ensayo y error. Una sociedad que no ensaya no avanza pues no prueba soluciones a sus problemas. Lo importante es que la Constitución establezca los mecanismos que permitan institucionalizar el cambio.

En los procesos de reforma de la última década en el país ¿qué aportes identifica usted ha hecho la sociedad civil?

“La reforma es un proceso que no termina. La democracia es ensayo y error. Una sociedad que no ensaya no avanza pues no prueba soluciones a sus problemas”

Escogería los últimos 15 años. Durante este tiempo la sociedad civil ha jugado un rol protagónico en el diseño de las grandes reformas como la seguridad social, procesos electorales y en el ámbito judicial. Creo que también es importante no solo la participación en dichas reformas sino el seguimiento a la ejecución de las mismas. Cuadernos de la

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Lo que nos falta es pasar de la normativa a la práctica... Marcos Villamán dirige el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), una institución que tiene un rol protagónico en los procesos de reformas políticas e institucionales de República Dominicana. Creado para orientar la readecuación de las entidades públicas CONARE funge como un actor excepcional de los cambios que ha registrado el país desde hace más de una década.

MARCOS VILLAMÁN DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONARE

¿Cuáles han sido los aportes de la sociedad civil a los procesos de reforma? La sociedad civil ha hecho importantes aportes en diversos ámbitos. Las leyes municipal y de presupuesto participativo, por ejemplo, marcan un hito en el mundo municipal. Esas dos leyes tienen mucho que ver con el aporte de la sociedad civil. Cuando había elecciones, en el país vivíamos un sobresalto total y permanente; desde los presos de campaña y la cantidad de muertos y agresiones hasta la caída del sistema de cómputos, pasando por el riesgo de que se asaltaran las urnas. Todo ha mejorado. Una mejoría que debemos a Participación Ciudadana y a otras organizaciones de apoyo de la sociedad civil, a esa camada de jóvenes que han movido en los procesos electorales. En la actualidad tenemos en el Congreso el debate sobre la ley de partidos, que repercutirá en que haya una legislación más moderna y encausará una práctica de la política más decente. Si hablamos de corrupción hay que valorar la ley de libre acceso a la información pública. Con respecto a la reforma a la Constitución creo que el camino de la consulta popular, que en su aspecto

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territorial fue realizada por la sociedad civil, fue muy importante. En los procesos de reformas hechos ¿cuáles debilidades identifica? La primera ha sido el coyunturalismo. Hacer reformas a la medida de su conveniencia. Lo segundo es, que las reformas han sido hechas por un grupo de personas. Tenemos respeto por los técnicos, pero necesitamos que también se exprese el ciudadano que está abajo. ¿Que tanto nos falta por reformar? Nos falta pasar de la normativa a la práctica. La ventaja es que ya sabemos para donde vamos pero tenemos que entender que eso sólo se logra mediante el proceso de educación, concienciación y presión. Aquí hay un gran déficit cultural respecto al concepto institucionalidad. Nadie quiere cumplir la ley. Tenemos que intentar cambiar eso; lo modificamos o nunca habrá instituciones sólidas en el país. Usted se refirió a la ley de partidos y su debate en el Congreso ¿qué desafíos se nos plantean? Hay problemas serios en el tema del financiamiento. Hay que regular tanto la cantidad de recursos que reciben los partidos como la fuente de donde provienen, que

cada vez son más peligrosas. Los fondos públicos que reciben los partidos hay que saber en qué se utilizan. En segundo lugar, en el país tenemos un serio problema respecto al transfuguismo. La gente se muda de los partidos según le convenga. Hay que crear normas que ayuden a que la actividad política, que es una actividad excelsa, funcione correctamente. Tampoco puede ser que todo el que quiera formar un partido lo haga. Hay que regular la existencia de partidos. Otro tema pendiente es el de su democracia interna. ¿Y que nos dice de la ley de Participación? Un problema muy serio en América Latina es cómo asegurar espacios públicos formales de participación de la sociedad civil. En República Dominicana tenemos leyes que habilitan espacios de participación. Pero hay que pensarlo mejor, de manera que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar en la conducción de la cosa pública sin necesidad de ser políticos. Creo que la ley de participación social es una ocasión para habilitar esos espacios. ¿Cuáles aspectos debe incluir la nueva reforma constitucional? Aquí, en América Latina, el gran desafío ético y político es resolver la pobreza y la desigualdad. No puede haber democracia seria y real mientras haya tanta pobreza y desigualdad. Necesitamos una normativa que reconozca los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, ecológicos… Una verdadera reforma debe tratar solidaria y responsablemente el tema de la nacionalidad y el tema de Haití. Creo, además,

que debe estar presente el tema de género. Los pueblos latinoamericanos hemos sido pueblos machistas, pero las normativas no lo expresan. ¿Qué están haciendo ustedes en el CONARE para apoyar esos procesos de transformación? Respecto a la Constitución el CONARE hizo su parte: conducir junto con la Dirección de Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia (DIAPE) el proceso de consulta popular. CONARE participó en todos los procesos de cambio de normativas del país: leyes como la financiera, de tesorería, contabilidad, crédito público, han sido concensuadas. La ley municipal prácticamente se cocinó en el CONARE, lo mismo que la de Presupuesto Participativo. Estamos trabajando con Participación Ciudadana en la parte de ley electoral. Somos responsables de la instalación de las oficinas de libre acceso a la información pública en las diferentes dependencias gubernamentales. En la actualidad participamos de otros dos procesos importantes. El primero es la aplicación de un Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP). En segundo lugar tenemos un sistema de información para planificar con conocimiento de causa. En el área municipal hemos credo un sistema de finanzas municipales. Nuestro desafío es dedicar estos cuatro años a ayudar a que se implementen las normativas creadas, sobre todo aquellas que tengan capacidad de educación ciudadana.

“Requerimos una reforma constitucional sin sobresaltos, con posibilidades de que el debate ocurra con calma hasta llegar a acuerdos que respondan a las demandas sociales del país”

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El desarrollo de las prácticas clientelares distorsiona todo Onofre Rojas fue el primer secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización del Estado -el actual CONARE- y, en tal virtud participó activamente en el proceso de reformas políticas e institucionales gestadas desde entonces. Hasta hace poco Rojas fue el Ordenador de los Fondos Europeos para el Desarrollo. En este diálogo conversamos sobre las reformas, las mismas que le correspondió impulsar cuando llegó a CONARE.

ONOFRE ROJAS EX ORDENADOR DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO

“Desde el año 1996 comenzamos un proceso integral de reforma y modernización del Estado”, dice Rojas que participa activamente del quehacer político desde el partido al que pertenece, Alianza por la Democracia. Rojas fue hasta hace poco Ordenador de los Fondos Europeos para el Desarrollo. En esta conversación hablamos con él de reformas.

¿Qué piensa del actual proceso de reforma constitucional en marcha? Creo en la necesidad de promover una reforma constitucional por la vía constituyente. Naturalmente, no estoy de acuerdo con que sea la reforma que ahora quiere el PRD y que no hizo en su momento. En temas de reformas se debe ser coherente. De ahí la importancia de que en el actual proceso de reforma constitucional no se concentre en algunos aspectos como el tema de la reelección, que si bien es un tema importante, no menos importante es todo lo que tiene que ver con la necesidad de que se incluyan nuevos conceptos como la participación, la descentra-

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lización, la creación de figuras que garanticen la participación popular como el referéndum, el plebiscito. En República Dominicana no se puede hablar de reforma del Estado con el actual marco constitucional. La constitución vigente, en el fondo, es la de 1966 impulsada por el presidente Joaquín Balaguer. En ese sentido la nueva constitución debería tener un carácter refundacional.

De las reformas de los últimos años ¿cuáles cree son las más importantes? La reforma a la Ley Electoral en 1998. Permitió clarificar elementos como el financiamiento público, las circunscripciones electorales y el perfeccionamiento de la separación de los procesos electorales. Hoy en día se plantea la separación de los procesos electorales como uno de los problemas a resolver. Creo que es un tema en el que tenemos que actuar con cuidado. Las elecciones separadas han propiciado un mayor nivel de independencia en los municipios y también del aparato legislativo.

Ciertamente hay un elemento que distorsiona todo esto: el desarrollo de las prácticas clientelares y el uso indiscriminado de recursos para la participación electoral. Pero eso no es un problema de la separación de las elecciones, sino del sistema clientelista y el desarrollo del concepto de la política como un negocio.

A su juicio ¿qué nos falta por reformar? En 1997 sometimos un proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, retomado ahora. La propuesta original permitía regular lo concerniente al financiamiento de los partidos políticos, trazaba pautas para el uso de recursos públicos y otorgaba prioridad a la educación política. Hay que hacer una reingeniería global del gobierno. Otro punto fundamental es lograr articular el gobierno en el territorio. Esa es una de las reformas más importantes, que debe ir acompañada de otro aspecto fundamental, lo hemos visto con el tema de los desastres y las emergencias, me refiero al ordenamiento territorial.

Muchas veces al no tener los elementos de información y las experiencias necesarias los aportes se limitan a determinados aspecto cuando hay otros muy importantes que tienen que ver con el destino de la nación y que a veces no son tratados adecuadamente. Un punto importante fue la participación en cuanto a los procesos de descentralización y el empoderamiento cada vez mayor del poder municipal. Aunque en su momento se criticaron como limitadas las reformas que se hicieron, creo que éstas permitieron a los municipios tener hoy un rol más importante. A nivel municipal la sociedad civil tiene que ser mucho más crítica y más activa en el seguimiento al presupuesto participativo. Creo que muchas veces la participación se hace desde las gradas y otras se torna complaciente.

Podría citar las fortalezas y debilidades que identifica en la participación de la sociedad civil en los procesos de reforma de la última década.

Diría que fue muy importante la participación de la sociedad civil en los procesos que se realizaron para la reforma electoral de 1998. Pero hay que insistir para que el proyecto de ley de partidos políticos sea más específico y profundo en torno a temas como la participación democrática. Una cosa en la que tenemos debilidades es en relación al rol de la sociedad civil frente al presupuesto nacional.

La participación de la sociedad civil ha sido activa. Pero creo necesario profundizar en los temas, de manera que la participación de la sociedad civil sea cada vez más calificada.

Creo que habría que profundizar en la abogacía para que también el presupuesto nacional sea participativo porque a fin de cuentas concentra la mayoría de los recursos.

“En República Dominicana no se puede hablar de reforma del Estado con el actual marco constitucional”

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En el país, las reformas políticas han estado secuestradas... Al comenzar esta conversación Fidel Santana se apresura a explicar qué es el Foro Social Alternativo. “Es una articulación de cerca de 250 organizaciones sociales, barriales, campesinas -dice-, un espacio para conectarse con la población que necesita algún canal flexible para expresarse”. Santana profundiza su explicación: “en el Foro Social Alternativo retroalimentamos la dinámica de lucha. Es un espacio de reunión, de discusión”. FIDEL SANTANA

¿Cómo valora las reformas políticas e institucionales que ha tenido el país?

VOCERO DEL FORO SOCIAL ALTERNATIVO

La República, desde su fundación, ha tenido más que reformas, una dinámica de parches hechos a la medida de los gobiernos de turno. Salvo la reforma constitucional de 1963, que impulsó el gobierno de Juan Bosch, en el país no se ha producido en el último siglo un proceso de reforma. Las reformas políticas han estado secuestradas por cúpulas de poder que transan determinados artículos de la Constitución, a cambio de prebendas grupales o partidarias. Creemos en la necesidad de una reforma profunda que fortalezca la institucionalidad del país. Una reforma en base a la Constituyente Popular.

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Aspiramos a que esa reforma revise y desarme artículos como los números 110 o 55 de la Constitución, que otorgan un poder muy discrecional al Presidente de la República. Ese elemento es el principal factor de corruptela, autoritarismo y falta de institucionalidad en el país.

En una reforma así, ¿qué otros cambios incluiría? Creemos en la necesidad de que los organismos de supervisión de las cuentas nacionales, como la Cámara de Cuentas, sean electos por el pueblo. Igual nos gustaría que se hiciera con los fiscales y el Procurador General. Una reforma debe incluir un fiscal anticorrupción, electo de forma independiente. Una reforma integral debe meterle serrucho a los organismos politiqueros y clientelares, eliminar la multiplicidad de instituciones que tienen una misma función, como la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado, además de la Oficina para el

Reordenamiento del Tránsito Terrestre. Debe resolver el problema de los mecanismos de elección de los poderes públicos y los gobiernos municipales. Tiene que regular los gastos en campañas políticas y fijarle topes. La reforma tiene producir un mecanismo que les permita a los partidos pequeños estar representados en los organismos de dirección del país.

En los procesos de reformas realizados, ¿cuáles han sido los principales aportes de la sociedad civil? La sociedad civil, en términos formales, ha participado poco o casi nada en los procesos de reformas del país. Salvo la asesoría técnica de pequeños grupos de tecnócratas, personas especializadas en asuntos jurídicos e institucionales. Pero la sociedad civil como expresión diversa, plural, amplia y masiva del pueblo dominicano, no ha tenido ninguna participación exceptuando la conquista, dada la presión, de algunos aspectos democráticos como la libre circulación y la libre expresión del pensamiento.

Por estos días se habla de una ley de partidos políticos y una ley de participación, ¿qué hacer para contribuir? Ningún pueblo se apropia de una dinámica que no entiende suya. El pueblo dominicano sigue creyendo, porque le han vendido eso y le han desorientado, que existe un foco de poder donde se

hacen y deciden las cosas del país. Para poder responder a las mayorías hay que desempoderar a las élites políticas del poder, que sustituyen la participación del pueblo. Es necesario abrir la posibilidad para que el pueblo se empodere. Una reforma así debe incluir la figura de derogación de mandato desde el Presidente, hasta funcionarios electos. Debe posibilitar que una determinada cantidad de ciudadanos puedan requerir, con sus firmas, una consulta hasta derogar un mandato.

En las reformas que están en marcha, ¿qué hacer para garantizar la participación de la sociedad civil? Vamos a utilizar todos los mecanismos que tiene el movimiento para exigir una reforma que exprese la voluntad del pueblo. Ejerceremos la presión a través de la opinión pública y la movilización. Demandamos que la reforma se haga mediante una Constituyente. Estamos concientes de que una participación verdadera del pueblo, sólo será posible con su irrupción en los espacios de decisión política. Por eso estamos pensando en involucrarnos en los próximos procesos electorales, para ganar los espacios de decisión y, a través de ahí, impulsar la idea de una verdadera reforma. Estoy convencido que lo que va a salir del actual proceso es un nuevo parche para acomodar la Constitución a las aspira-

R EFORMAS PENDIENTES SEGÚN F IDEL S ANTANA : Modificar los criterios de captación de recursos desde el Estado para orientar la política tributaria a grabar a los que más tienen, a las grandes fortunas y despenalizar a las mayorías. Modificar los sistemas de protección social porque la reforma de la seguridad social se ha acomodado a los propósitos y a los intereses de la banca nacional para manejar inmensa cantidades de recursos. Es imperativa una reforma en la educación nacional, en sus contenidos. Se requiere destinar recursos para la investigación en las universidades. Es necesario un Estado acorde con las transformaciones que ha sufrido la sociedad y el mundo.

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ensayo Proceso de reformas políticas e institucionales:

Leyes y objetivos logrados desde la perspectiva de la sociedad civil La sociedad civil ha sido uno de los actores más activos en los procesos políticos y sociales de la República Dominicana de los últimos 20 años. Su acción se ha desplegado en todos los órdenes de la sociedad: desde la participación por la transparencia en las elecciones hasta el establecimiento de marcos normativos más adecuados para los negocios, la transparencia y la justicia. En estas breves líneas nos concentraremos en algunos de dichos cambios en la esfera del sistema de justicia y las instituciones estatales. DR. SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN VICEPRESIDENTE EJECUTIVO FINJUS

El tránsito hacia la modernidad, hacia nuevos marcos sociales y estatales para el desarrollo humano e institucional de la República Dominicana ha implicado múltiples desafíos para el conjunto de organizaciones o instancias sociales que comúnmente han sido identificadas bajo el rótulo de “sociedad civil”. Hace apenas 20 años, la sociedad dominicana estaba todavía enfrentada al proceso de superar las deficiencias y retrasos derivados de décadas de autoritarismo, centralismo y falta de controles adecuados, que dieron como resultado el auge de la corrupción, la impunidad y la desigualdad económica y social. En diferentes tribunas y escenarios sociales, académicos y políticos, se fue perfilando una agenda de cambios que permitiera superar dichos atrasos desde una perspectiva participativa, involucrando un alto componente educativo y

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con sostenibilidad. Pese a los grandes avances que en materia de libertades políticas había significado el cambio de gobierno de 1978 y las reformas legales que en ese período se sucedieron, en 1988 el país seguía acumulando graves problemas que ponían en peligro la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. La sociedad civil apuntó en ese momento a la reforma y modernización del Estado, identificando algunas necesidades principales: a) Disminuir la alta concentración de funciones en manos del Poder Ejecutivo. b) Enfrentar la subordinación del Poder Judicial a los intereses particulares (políticos o económicos). c) Incrementar la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos d) Modernizar la burocracia estatal. Otras áreas que fueron identificadas como de gran importancia social, incluyeron la necesidad de garantizar la transparencia de los procesos electorales, para que el respeto de la voluntad

popular quedara expresado de manera nítida. También, transformar el Código de Trabajo, para superar la legislación de inicios de los años 50, la cual mantenía relaciones entre empleadores y trabajadores de gran asimetría, sin estar asentada -en muchos casos- en los Convenios internacionales y otros instrumentos multilaterales. Asimismo, se planteó dar un nuevo marco a la problemática de la infancia, niñez y adolescencia; el mejoramiento de la legislación educativa y de salud; así como el establecimiento de nuevas leyes y regulaciones en materia bancaria, financiera y presupuestaria. Los graves acontecimientos que se desencadenaron tras la elecciones de 1990, especialmente luego de la contienda electoral de 1994, aceleraron la necesidad de encontrar alternativas a las fallas institucionales imperantes. Esto dio lugar al planteamiento de que la reforma constitucional se había convertido en el centro de atención de la sociedad y especialmente de las organizaciones coaligadas en la sociedad civil. La reforma constitucional de 1994 resultó determinante en la vida institucional del Poder Judicial, al consagrarse en el artículo 63 de la Carta Magna la autonomía administrativa y presupuestaria de éste órgano del Estado y la inamovilidad de los jueces. También se le retiró al Senado la potestad de nombrar a los jueces y, en consecuencia, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, cuya única función sería la de elegir los jueces

de la Suprema Corte de Justicia. Los demás jueces del tren judicial serían designados por la propia Suprema Corte. Ese escenario significó un gran avance para el establecimiento del Poder Judicial. En el pasado era normal que el partido que tuviera control del Senado interfiriera directamente en el funcionamiento de la Administración de Justicia, mediante el nombramiento de jueces de los cuales se esperaba una mayor lealtad al partido que a la ley. El establecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura significó un paso de avance, pese a su composición política En 1997 el presidente Leonel Fernández convocó al Consejo Nacional de la Magistratura y se procedió a la elección de la nueva Suprema Corte de Justicia, así, con el mandato que la Constitución de 1994 planteó, se sentaron las bases para un conjunto de transformaciones imprescindibles. Tal elección tuvo la virtud de materializarse en un proceso abierto, participativo y transparente, en el que la Sociedad Civil, agrupada en una Coalición por una Justicia Independiente, jugó un rol preponderante. Quedó así definido el punto de partida de la primera oleada de reforma judicial, como marco necesario para profundizar el carácter democrático de nuestra institucionalidad y preparar el terreno para instalar las capacidades que requiere la seguridad jurídica, el crecimiento económico y el clima de inversiones públicas y privadas para un desarrollo social pleno.

“En el pasado era normal que el partido que tuviera control del Senado interfiriera directamente en el funcionamiento de la Administración de Justicia”

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“La sociedad civil requiere sistematizar informaciones actualizadas sobre la ejecución de los planes de cada una de las instituciones estatales”

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ensayo Uno de los esfuerzos más importantes realizados en los últimos años para la reforma política e institucional del Estado dominicano, desde la perspectiva de la sociedad civil, lo constituyó el proceso para la discusión de la Agenda propositiva de la sociedad civil, presentada en 2004 a los candidatos presidenciales. La agenda fue construida en el marco del Foro Ciudadano, que durante meses discutió propuestas en las áreas de políticas sociales y de erradicación de la pobreza; educación, salud y seguridad social; políticas económicas; transparencia y lucha contra la corrupción; relación estado-sociedad civil, y reforma e institucionalización del Estado. Pasando balance a los logros más importantes de las reformas políticas e instituciones auspiciadas por la sociedad civil en el sistema democrático dominicano en los últimos años, podemos señalar, sin ser exhaustivos: • La adopción de la ley de Función Pública, que viene a sustituir la infuncional Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y cuya implementación garantizará el establecimiento de la meritocracia en la administración pública y acelerar el proceso de superación del clientelismo político. • La aprobación del estatuto del Ministerio Público, que ha marcado un proceso de depuración de Procuradores Fiscales y de Corte en todo el país y que promete convertirse en la base para la carrera del Ministerio Público, si se produce la adecuación de la Constitución en este aspecto.

• La adopción de la reforma procesal penal, mediante un conjunto de iniciativas orientadas a lograr una mayor celeridad en la justicia y un mejor tratamiento a las víctimas, fortaleciendo la lucha contra al impunidad y la corrupción. • El establecimiento de mayor visibilidad en el seguimiento de la función y efectividad de los organismos de control del Estado dominicano, especialmente en el caso de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General, organismos que ya cuentan con nuevas leyes. Asimismo, se ha logrado captar la atención en torno a las debilidades del primer órgano, dando como resultado la destitución de la anterior Cámara de Cuentas. A lo anterior se suma el conjunto de cambios realizados en materia de regulación económica y financiera, que incluyó la adopción de una Ley General de presupuesto y gasto público; de Contratación pública de obras y servicios, de Tesorería Nacional, de Reorganización de las Secretarías de Estado del sector. Con ellas se crea el marco para un mejor control y para la disminución efectiva de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de excedentes y transferencia de partidas. Otro de los logros más importantes fue la adopción de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ha representado un gran paso de avance para que las organizaciones sociales y la ciudadanía en general puedan demandar transparencia en el ejercicio de las funciones

propias del Estado. La adopción de la Ley 200-04 se puede convertir en una importante herramienta para facilitar a la sociedad civil el conocimiento de los procesos internos de las organizaciones estatales y le permite canalizar sus aportes para fortalecer una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Las tareas pendientes La sociedad civil requiere sistematizar informaciones actualizadas sobre la ejecución de los planes de cada una de las instituciones estatales. Al mismo tiempo, debe profundizar la participación de grupos locales y redes ciudadanas en iniciativas que contribuyan a fomentar el diálogo con las autoridades, para expresar directamente sugerencias, opiniones y demandas de cambios en los servicios que ellas suministran. Dentro de las reformas legales impulsadas desde 1997 en el sistema de justicia una de las más significativas fue la adopción del Código Procesal Penal, que amplió el rango de las garantías y derechos de la ciudadanía, al tiempo que creó las bases para la superación paulatina de las graves violaciones a los derechos humanos en el proceso penal. Sin embargo, aún permanecen pendientes algunas áreas como la reforma del Código Penal, para mejorar la tipificación de crímenes y delitos vinculados a la corrupción; establecer mayor independencia funcional al Ministerio Público; la constitucionalización de la Defensa Pública; la creación de mecanismos de protección de víctimas y testigos, así como la estandarización de procedimientos en el sistema de justicia penal.

También se requiere del desarrollo de un modelo de justicia constitucional, que sirva como punto culminante del sistema de pesos y contrapesos que el Estado de derecho requiere para ampliar la gobernabilidad democrática. Queda pendiente reforzar la institucionalidad de los mecanismos de modernización del Estado y que a su ubicación se le asigne un sentido estratégico de dirección. Esto implicará crear un organismo estatal que se encargue de dar coherencia y contenido estratégico a las reformas institucionales que se están desarrollando desde hace varios años. En este proceso de participación por las reformas políticas e institucionales, la sociedad civil ha creado coaliciones y redes sociales diversas, algunas de las cuales, como la Coalición por una Justicia Independiente, en 1997, o la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, en 2004, han jugado roles destacados para que los cambios se realicen con sentido de responsabilidad y visión de futuro. La diversidad de formas organizativas e intereses en la que descansa la sociedad civil dominicana es, al mismo tiempo, una fortaleza y una debilidad. Lo importante es que las organizaciones sociales, comunitarias y profesionales que conforman la sociedad civil presentan un elevado perfil y una gran independencia en la mayoría de las coyunturas, convirtiéndose de esta manera en un contrapeso importante del Estado. Allí es donde descansa su potencialidad para seguir impulsando mejores políticas y reformas institucionales como las que nuestro país requiere para su desarrollo pleno.

“Aún permanecen pendientes algunas áreas como la reforma del Código Penal, para mejorar la tipificación de crímenes y delitos vinculados a la corrupción”

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La reforma del Estado y la participación de la sociedad civil Todo Estado experimenta, a largo plazo, cambios en su organización, en la redistribución del poder, en las relaciones entre sus sectores dominantes y los sectores subalternos; es decir, hay una continua reforma estatal. También ocurren transformaciones profundas y revoluciones.

FAUSTINO COLLADO POLITÓLOGO, ECONOMISTA, CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO

Nada se puede resistir al cambio, que se acumula y brota desde la economía, las relaciones sociales, la difusión de las ideas y la dinámica cultural. Ni el Estado monárquico queda fuera de esta constatación. Hasta los regímenes dictatoriales se ven en la necesidad de hacer reformas. En el Estado cuya forma es la república, generalmente influenciado por las ideas políticas liberales (elecciones periódicas, voto universal, libertad de expresión, derecho a la organización….), las reformas son más frecuentes. La causa se encuentra en la lucha de intereses de los distintos grupos en el poder económico y político, así como una mayor presión de los sectores populares excluidos de las conquistas sociales. Las características generales de las reformas realizadas en estos Estados se pueden calificar de la siguiente manera: 1. Muy limitadas, 2. Distanciadas en el tiempo, 3. Contradictorias,

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4. Excluyentes, 5. Lenta aplicación, 6. Reversibles. En estos Estados, las reformas, sobre todo las que han sido aprobadas por la presión de sectores de fuera del poder político, tienen muchas dificultades para su aplicación. De igual modo, estas pequeñas reformas se alternan con retrocesos; es decir, con contrarreformas. También hay que decir que, en determinados casos, ocurren reformas extensas y/o profundas, como sucedió en el Estado costarricense en 1948 (Estado desmilitarizado) o en el Estado colombiano con su nueva Constitución de 1991 (Estado descentralizado y participativo). El Estado dominicano, de forma republicana, con régimen representativo, con forma de gobierno presidencialista, no escapa a esas características generales de las reformas en el Estado capitalista y del Estado moderno en sentido general.

De 1962 a 1963 experimentó reformas en el tipo de régimen, en su estructura y en la relación con los ciudadanos y ciudadanas; hubo un retroceso a finales de 1963; ruptura en 1965; estancamientos y retrocesos con la Constitución de 1966, que persiste en la actualidad; ligeras reformas entre 1978 y 1994; inicio, desde 1991, de un proceso de reformas más extenso, con mucha influencia externa, en el que todavía nos encontramos, y que podría cerrar una etapa si se aprueba la nueva Constitución sometida por el Presidente al Congreso, el pasado mes de septiembre de 2008. Los aspectos y momentos más destacados de este proceso de reformas iniciado en 1991 son: 1. Reforma económica (tributaria, laboral, privatización de empresas estatales); 2. Reforma constitucional de 1994, especialmente electoral y judicial; 3. Reforma de la administración financiera y monetaria (1997-2007); 4. Creación de la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME, hoy CONARE), 1997; 5. Reforma electoral (1997-2002); 6. Reforma social: Leyes de Educación (66-97, 139-01), Ley General de Salud (42-01), Ley de la Seguridad Social (87-001);

7. Reforma medio ambiente (Ley de Medio Ambiente, No.64-00); 8. Reforma estructural (creación de nuevas Secretarías de Estado y otros órganos); 9. Reforma municipal (Ley No. 176-07); 10. Reforma institucional (Ley de Servicio Civil y Carrera AdministrativaLey de la Función Pública, Ley Institucional de la Policía Nacional, Ley de las Asociaciones sin Fines de Lucro); 11. Derechos ciudadanos: Ley de Amparo, Ley de Acceso a la Información Pública, recurso de inconstitucionalidad). 12. Reforma del control externo (Ley de la Cámara de Cuentas, No. 10-04) Este proceso ininterrumpido de reformas (1991-2007), que ya lleva 17 años, se puede caracterizar de la siguiente manera: a) Ausencia de un plan global, por lo menos de factura nacional; b) Falta de coherencia e integralidad, por lo tanto lleno de contradicciones; incluso, algunas “reformas”, son de hecho contrarreformas, como la regresividad impositiva con el aumento de los impuestos indirectos;

“En estos Estados, las reformas, sobre todo las que han sido aprobadas por la presión de sectores de fuera del poder político, tienen muchas dificultades para su aplicación”

c) Poca incidencia en las reformas políticas; es decir, en la recomposición, redistribución y compensación de poderes, que siempre deben estar presentes en todo proceso de reforma del Estado; Cuadernos de la

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“La soberanía popular se sigue ejerciendo parcialmente en un solo día, el día de las votaciones”

ensayo d) Reformas fundamentalmente en la administración del gobierno, pero no en la parte política del gobierno y del Estado; e) Se comprueban avances técnicos, en la modernización de la administración (informatización y automatización de procesos, reducción de pasos, mejores servicios administrativos); f) Estas reformas posibilitan más la transparencia de la gestión pública, en aspectos como las nóminas, compras, contrataciones; g) El Estado ha resultado más grande y más rico, pero no más fuerte; h) Falta de aplicación de reformas aprobadas, como la que crea al Defensor del Pueblo. En medio de este proceso de reformas, el Estado dominicano mantiene sus características antidemocráticas, persisten aberraciones y prácticas despóticas como las siguientes: • Un Estado centralizado en un órgano (Presidencia de la República), en una ciudad (Santo Domingo de Guzmán, la ciudad capital), a lo que contribuye la centralización de la economía privada y un sistema de partidos bipartidista también centralizado; • Baja institucionalización; es decir, no funciona el Estado de derecho, sino altas dosis de despotismo, con debilidad en la aplicación y en el cumplimiento de la ley por parte de los funcionarios públicos;

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• Un Estado donde el control interno y externo funciona precariamente, a causa del presidencialismo clientelista y la reelección; • Escasos mecanismos de prevención real de la corrupción, la cual se ha extendido. El Congreso ha rechazado o dejado perimir en seguidas legislaturas los proyectos de leyes que crea el Fiscal Nacional Anticorrupción, el que modifica la ley 82-79 sobre la declaración jurada de bienes, el que convierte al Departamento Nacional de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) en Oficina Nacional Anticorrupción; • Escasos mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil, de ciudadanos y ciudadanas. La soberanía popular se sigue ejerciendo parcialmente en un solo día, el día de las votaciones.

en este aspecto, pues los partidos políticos tradicionales han planteado la reforma de manera parcial y esporádica, sobre todo en las campañas electorales, para luego minimizarla cuando asumen el gobierno.

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL:

1. Reforma constitucional vía una Asamblea Constituyente;

Este proceso de reforma (1991-2008) ha contado, en unos aspectos más que en otros, con la inspiración, impulso, apoyo y crítica de la sociedad civil, entendida ésta como los grupos sociales organizados que defienden el interés general o el interés público o son sin fines de lucro, a los que debemos agregar los ciudadanos y ciudadanas que se esfuerzan por el bien común. La sociedad civil ha sido la parte de la sociedad dominicana más consistente

Los grupos y partidos de izquierda aunque han generado muchas propuestas, no han tenido la reforma del Estado, especialmente la reforma política, como una plataforma para la acción, lo que sumado a su debilidad orgánica y continuas divisiones, les ha dejado con muy poca incidencia en el tema. Las organizaciones de la sociedad civil, los intelectuales asociados, algunas universidades, medios de comunicación y periodistas, son los que han llevado a cabo la más amplia labor de elaboración, publicación, difusión, educación y movilización social en torno a los temas centrales de la reforma, como son:

2. Reforma para la democracia electoral, para establecer la igualdad de participación de la mujer, erradicar los fraudes e irregularidades, garantizar los derechos de las minorías y hacer del ciudadano y la ciudadana el principal sujeto electoral. 3. Reforma social, a partir de una política tributaria más equitativa, redistribución del producto y del Presupuesto Público;

4. Reforma para prevenir y castigar la corrupción, aumentar el control interno y externo, incluyendo el control social, y creando políticas y mecanismos de transparencias; 5. Reforma para ampliar los derechos ciudadanos y para organizar un Estado más garantista de esos derechos; 6. Reforma para la descentralización del Estado; 7. Reforma territorial, de ordenamiento y de la división política-administrativa; 8. Reforma para la democratización; es decir, para la participación del pueblo, de las comunidades y sus organizaciones, y de la ciudadanía en general, en la toma de decisiones importantes, vía mecanismos como el plebiscito, el referendo (aprobatorio y revocatorio), el presupuesto participativo, la consulta popular, etc. Fue la sociedad civil, paralelamente a un sector de la izquierda, la que levantó, explicó y defendió las ventajas de la Asamblea Constituyente para reformar o cambiar una Constitución, propuesta que posteriormente fue asumida en los programas de gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (1996) y del Partido de la liberación Dominicana (2004), aunque el primero la abandonó en 2002, recuperándola en 2008, y el segundo se ha desdicho en 2008.

“Los partidos políticos tradicionales han planteado la reforma de manera parcial y esporádica, sobre todo en las campañas electorales, para luego minimizarla cuando asumen el gobierno”

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“Hacer uso de los avances, presionar su cumplimiento e impulsar las reformas democráticas aplazadas, es una tarea de primer orden para la sociedad civil”

ensayo Es la sociedad civil la que ha apoyado con mayor fortaleza la descentralización del Estado. Fue vital su participación en el proceso que originó la Ley 17-97 para otorgar un 4% del Presupuesto Público a los ayuntamientos, llevado a un 10% por la ley 163-03, no respetada por el actual gobierno. La sociedad civil también fue protagónica en la discusión y aprobación de la nueva Ley del Distrito Nacional y los Municipios, No. 176-07. La sociedad civil es la autora e impulsora de una nueva regulación y fomento de las organizaciones sin fines de lucro, Ley No. 122-05, que contribuye a la institucionalización de ese sector y de las relaciones de estas con el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel muy importante en la redacción y aprobación de la Ley de Compras, Contrataciones y Concesiones, No.340-06, en la emisión del decreto No. 39-03 que crea las Comisiones de Auditoria Social, para dar seguimiento a las construcciones públicas, en la elaboración de la Ley General de Salud, entre otras nuevas legislaciones. Varias reformas hoy ejecutadas o en vía de ejecutarse salieron de los aportes de la sociedad civil en el Diálogo Nacional (1998-1999), como la creación de las Secretarias de Estado de la Mujer y de la Cultura.

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Es evidente que todo esto, que parece mucho, es insuficiente, en razón de que muchas propuestas fueron recortadas, distorsionadas, no tomadas en cuentas, incluso algunas auspiciadas desde el propio Estado, como las elaboradas por la COPRYME-CONARE sobre descentralización, los partidos políticos y la ley de participación social, proyecto este último que ha sido rescatado por la sociedad civil y en las próximos días será depositado de nuevo ante el Congreso de la República.

La sociedad civil y la nueva ley municipal El tema de la participación social tiene una gran incidencia en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, y la recorre de principio a fin como uno de sus grandes ejes temáticos. Esto refleja el hecho de que la sociedad civil fue uno de los principales y más activos gestores de esta legislación a lo largo de los diez años que duró el proceso de su elaboración, discusión, concertación y finalmente, su aprobación y promulgación, el 17 de julio del 2007.

En algunos casos es la propia sociedad civil y ciudadanía en general, las que carecen de la suficiente concienciación, coordinación y capacidad de movilización para presionar el cumplimiento de los avances logrados, como sucede con las Comisiones de Auditoria Social, la Ley de Medio Ambiente, los Consejos Municipales y Provinciales de Desarrollo, los Cabildos Abiertos, las Audiencias Públicas, las Vistas Públicas, etc.

Desde el primer artículo de esta normativa que reemplazó la Ley 3455 de Organización Municipal, del 21 de diciembre del 1952, se establece que la participación es una de sus finalidades y uno de sus criterios básicos, y el artículo 15 estatuye la participación en la gestión municipal como uno de los más importantes derechos de las y los munícipes (Consultar el Índice Temático sobre la Participación en la Ley 176-07, incluido en este artículo).

Hacer uso de los avances, presionar su cumplimiento e impulsar las reformas democráticas aplazadas, es una tarea de primer orden para la sociedad civil, pues se creará un entorno institucional y social más favorable para el logro de su misión reivindicadora e impulsora del desarrollo.

Según esta ley, la población y sus organizaciones poseen el derecho de participar en la designación de las Delegaciones Municipales y de los alcaldes pedáneos, y estos funcionarios e instancias municipales tienen el deber de facilitar la participación ciudadana en el territorio que comprende su ámbito de actuación.

La participación social permea toda la nueva ley municipal La participación que en esta ley no está limitada por edad, sexo, nacionalidad ni por otras razones, bastando únicamente con la condición de ser avecindado en el municipio, abarca la elaboración y realización de los planes de desarrollo, la formulación y ejecución de los presupuestos anuales, la determinación de la inversión municipal, el seguimiento de las decisiones del ayuntamiento y del gasto municipal, y cualquier otro asunto de su competencia. Los ayuntamientos están en la obligación de de facilitar toda la información sobre sus actividades y para esos fines crearán la Oficina de Acceso a la Información Municipal (OAIM).

ENRIQUE DE LEÓN PROFESOR, ESPECIALISTA EN TEMAS MUNICIPALES

Una de las responsabilidades de los ayuntamientos, en la perspectiva de promover la democracia local y permitir la participación activa de la comunidad, es ayudar el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil y su participación en la gestión municipal. Para que esta responsabilidad sea efectiva la Ley 176-07 contempla la constitución de un Fondo Concursable Cuadernos de la

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“La práctica del Presupuesto Participativo en cada vez una mayor cantidad de municipios, produjo un movimiento social que contribuyó finalmente a desbloquear el proyecto de Ley Municipal”

ensayo de Asociaciones sin Fines de Lucro y la posibilidad de que los ayuntamientos coordinen con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil los programas educativos, de género y salud que deberán financiar con el 4% de sus ingresos. Además las organizaciones podrán acceder al uso de los medios de propiedad municipal. Los órganos de participación de la población y de sus organizaciones en la gestión municipal son el Consejo Económico y Social Municipal, los Comités de Seguimiento y los Consejos Comunitarios. En tanto que las vías de participación son el derecho de petición, el referéndum, el plebiscito, el cabildo abierto y el presupuesto participativo. Esta última vía de participación es la de mayor aplicación aún mucho antes de crearse la Ley 176-07, contando con una legislación especializada que precedió por unos días a la nueva ley municipal que también la incorporó por completo en el capítulo III del Título XV sobre Información y Participación Ciudadana. La práctica del Presupuesto Participativo en cada vez una mayor cantidad de municipios, produjo un movimiento social que contribuyó finalmente a desbloquear el proyecto de Ley Municipal que el anterior período congresual había dejado sin aprobar sobre la mesa.

Una iniciativa de la sociedad civil Cuando la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRyME) inició el esfuerzo de elaborar una nueva legislación municipal en el 24

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1997, lo hizo sobre tres anteproyectos: uno de la autoría de Faustino Collado, otro de la Unión de Vecinos Activos (UVA) y otro de Participación Ciudadana.

la Descentralización realizaron 54 asambleas y encuentros municipales en los que se conoció y discutió el Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal.

La primera versión del Anteproyecto de la Ley Orgánica Municipal del año 1999 fue el resultado del trabajo de más de 60 expertos nacionales e internacionales en más de cuatro meses de talleres y de la Consulta Ciudadana sobre Descentralización del Estado y el Desarrollo Provincial y Municipal ¡Tú tienes mucho que decir! que celebró 92 foros sobre los aspectos más importantes del municipio con la participación de organizaciones de la sociedad civil en todo el país y en la diáspora dominicana. En la nueva administración gubernamental que se inició en el año 2000 y ya convertida la COPRyME en el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), se produjo entre las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional una amplia socialización y un intenso debate sobre esta primera versión del Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal.

De estos y de otros eventos, más la revisión e incorporación de los principales aportes de la consulta y del programa de participación ciudadana BID-INTEC y de la revisión desde el enfoque de género demandada por el movimiento feminista, surge la segunda versión del Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal que se imprimirá en diciembre del 2001, bajo los auspicios de CONARE y el Proyecto de Apoyo Inmediato para la Reforma del Estado (PAIRE).

Entre febrero y abril del 2001, se efectuaron varios eventos en el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo SJ, y cuatro encuentros del movimiento sindical en Santiago, San Pedro de Macorís, Barahona y en Santo Domingo. De abril del 2001 a enero del 2002, organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Red de Organizaciones por

Esta segunda versión del Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal fue entregada el 8 de junio del 2004, por los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y unos días más tarde, el 23 de junio, al Presidente de la República, Hipólito Mejía, quien posteriormente la remitirá oficialmente al Congreso de la República, junto con otros anteproyectos de leyes sobre la reforma del Estado. El Proyecto de Ley Municipal Igualmente la sociedad civil jugó un importante papel en la tercera versión de esta legislación que fue la base para la actual Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. En el 2005, bajo los auspicios de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) que se había fundado el 24 de abril del 2001,

un grupo de expertos y síndicos realizó una nueva revisión al Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal. Para unificar las dos versiones, la que había sido producto en gran parte de la sociedad civil desde el 1997 y la revisada por FEDOMU, se constituye el 30 de marzo del 2005 una comisión integrada por CONARE, FEDOMU, la sociedad civil y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). De este nuevo esfuerzo saldrá la versión denominada Anteproyecto de Ley Municipal, sin el calificativo de orgánica, que será depositada el 29 de abril del 2005, en la Cámara de Diputados por una amplia comisión integrada por FEDOMU, numerosas organizaciones de la sociedad civil, CONARE y organismos de la cooperación internacional. La Cámara de Diputados, junto a FEDOMU, CONARE, las organizaciones de la sociedad civil y organismos de la cooperación internacional, propiciará tres Encuentros Consultivos Regionales, el 23 de junio, el 15 y el 19 de julio, respectivamente en Santiago, Baní y Santo Domingo, para difundir la nueva versión y recoger recomendaciones. El 13 de diciembre de este año 2005, se celebró la Vista Pública sobre este texto ya enriquecido por los aportes de estos encuentros consultivos.

La intervención de la sociedad civil fue decisiva en el encuentro que se celebró el 6 de junio del 2007, en el Hotel Jaragua, para que se unificaran en un solo texto dos versiones diferentes sobre el proyecto de Ley Municipal, las cuales se conocían, una en la Cámara de Diputados y la otra en el Senado. A 15 días de este encuentro, el Senado aprobó la versión unificada del proyecto de Ley Municipal bajo el nombre de Ley del Distrito Nacional y de los Municipios. La Cámara de Diputados también la aprobó el 12 de julio, en dos lecturas consecutivas.

Sin la activa participación de la sociedad civil no hubiera sido posible la existencia de esta nueva ley municipal y mucho menos que esta legislación concibiese al municipio como un espacio de participación y de creación de ciudadanía. Cuadernos de la

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La sociedad civil en el proceso de reformas institucionales Rosario Espinal aborda en este artículo el rol de la sociedad civil en los procesos de reformas que ha tenido el país desde la transición a la democracia electoral. La transición a la democracia electoral que se produjo en la República Dominicana en 1978 motivó un proceso organizativo y de estrategias reivindicativas de distintos sectores sociales. ROSARIO ESPINAL SOCIÓLOGA, PROFESORA DE SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA EN TEMPLE UNIVERSITY, FILADELFIA.

Con el tiempo, la naturaleza y formas de lucha, así como los actores involucrados, han cambiado debido a un conjunto de factores, entre ellos, la situación económica del país, el partido en el poder, la relación entre los partidos y las organizaciones sociales, y el financiamiento disponible para las organizaciones sociales. Durante el período 1978-1982, inicio de la transición democrática, los trabajadores se movilizaron a través de los sindicatos en demanda de mejores salarios, control de precios y el derecho a la negociación colectiva. Como resultado, se produjeron fuertes tensiones entre el empresariado y el gobernante Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a la vez que el

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empresariado experimentó un importante proceso de organización interna. El período 1982-1986 se caracterizó por movilizaciones populares, mediante la protesta callejera y el asalto a los comercios en las llamadas "pobladas", con las cuales los sectores populares expresaron su descontento con el programa de ajuste económico impuesto en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. En 1986-1990 surgió un fuerte movimiento popular, fundamentalmente de extracción urbana, que presentó múltiples demandas socioeconómicas a través de huelgas y movilizaciones organizadas por el Colectivo de Organizaciones Populares. Un fenómeno nuevo e importante durante este período fue el surgimiento del "diálogo tripartito", que contó con la participación del sector empresarial, sindical y gubernamental, y la mediación de representantes de la iglesia católica.

Posteriormente, las disputas electorales de 1990 y 1994 motivaron la incorporación de sectores medios a la lucha por consolidar la democracia; proceso que se mantuvo presente durante toda esa década y principios de la presente. Fue entonces cuando las organizaciones sociales de capas medias asumieron un papel protagónico en las luchas de carácter cívicodemocrático para lograr reformas al sistema político, sobre todo, en el campo de la transparencia electoral.

e inició en 1992 un programa de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promover acciones destinadas a la promoción de la democracia. Bajo la administración de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el proyecto conocido como Iniciativas Democráticas (PID), distribuyó recursos durante 10 años a múltiples organizaciones de la sociedad civil para el trabajo de educación cívica y promoción democrática.

A partir de ahí se popularizó el uso del término "sociedad civil", para referirse a un conjunto diverso de organizaciones sociales, cívicas, empresariales, populares, de mujeres y eclesiales, entre otras, que han realizado activismo político al margen de, y muchas veces en contraposición con, los partidos políticos. Un objetivo general del trabajo de estas organizaciones ha sido demandar del Estado mayor transparencia y responsabilidad democrática.

Por otro lado, el 31 de octubre de 1993 se constituyó formalmente el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), en un esfuerzo de sectores medios para promover la transparencia electoral.

La llegada de recursos financieros externos para lograr estos fines fue significativa. Por ejemplo, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) modificó su estrategia de apoyo gubernamental,

“Aunque la observación internacional era conocida en el país en 1996, era la primera vez que se organizaba una red de observadores nacionales”

El objetivo de esta organización fue motivar la integración de la ciudadanía en el proceso de reforma política que requería la República Dominicana para consolidar su democracia. La organización se mantuvo pequeña hasta 1996, cuando se embarcó en la tarea de organizar una red nacional de observadores electorales que aglutinó a miles de voluntarios para participar en la observación de las elecciones presidenciales de 1996. Cuadernos de la

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“La disminución en intensidad del movimiento popular contestatario a partir de 1991 se combinó con un papel más protagónico de los sectores medios y medios altos en la presión social por las reformas”

opinión

Aunque la observación internacional era conocida en el país, era la primera vez que se organizaba una red de observadores nacionales. La organización y movilización de varios miles de observadores se convirtió en un movimiento social coyuntural, orientado hacia un tema específico: garantizar unas elecciones transparentes. La Red de Observadores jugó un papel estelar tanto en la calidad de los observadores que envió a las mesas de votación como en el acertado conteo de votos rápido. El resultado de este esfuerzo fue muy positivo, y las elecciones de 1996 fueron las primeras no disputadas después de iniciado el período democrático en 1978. La resistencia de Joaquín Balaguer para impulsar reformas económicas y políticas durante los diez años de su segundo período de gobierno (19861996) generó también descontento en algunos sectores empresariales. Entre 1994 y 1996, un tema central que ocupó la atención de la cúpula empresarial fue la modernización y democratización del Estado, mediante el establecimiento de procedimientos

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institucionales y legales favorables a la democracia y factibles en su aplicación. Convocados por la PUCMM, los empresarios gestaron el Grupo de Acción por la Democracia (GAD) con el apoyo económico de USAID, tanto para presionar por la celebración de elecciones libres en 1996, como promover la adopción de una agenda nacional de reformas institucionales. Por esta razón, entre las actividades del GAD estuvo la organización de una red de organizaciones comunitarias a nivel municipal para la elaboración de una agenda de desarrollo. La coordinación de estos grupos municipales constituyó una especie de movimiento social a nivel local con dirección nacional. Sin embargo, el diseño coyuntural del GAD y el fin del financiamiento de USAID llevaron rápidamente a la desaparición de este mecanismo organizativo una vez concluido el proceso electoral de 1996. En general, durante la década de los noventa, la sociedad civil dominicana jugó un papel importante en la formulación de propuestas de reformas políticas y procuró la articulación de distintas organizaciones.

La disminución en intensidad del movimiento popular contestatario a partir de 1991 se combinó con un papel más protagónico de los sectores medios y medios altos en la presión social por las reformas. El tema central de los noventa no fue las reivindicaciones socioeconómicas, sino las reformas para democratizar la política dominicana. Aquí se conjugaron los intereses de la élite económica y profesional a favor de la modernización y la democratización del Estado, con un fuerte apoyo de financiamiento internacional de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Los efectos de estos esfuerzos fueron tangibles en varios momentos y aspectos: la firma del "Pacto por la Democracia" en agosto de 1994 que redujo a dos años el mandato de Balaguer y produjo varias reformas constitucionales, la celebración de elecciones presidenciales libres en mayo de 1996, la salida de Balaguer del poder en agosto de 1996, la nueva Ley Electoral de 1997,

la elección de una nueva Suprema Corte de Justicia en 1997, y la celebración de elecciones congresualesmunicipales de manera separada en 1998. Otra agenda de reforma importante la impulsó el movimiento de mujeres que logró la aprobación de la ley contra la violencia y la cuota de representación electoral femenina, entre otras. Sin dudas, la incorporación de los sectores medios al movimiento social por la democracia en los noventa tuvo consecuencias importantes en sentar las bases para la transparencia electoral y en facilitar una transición política generacional con el desplazamiento de Balaguer del poder.

“Cuando el financiamiento internacional termina, muchas organizaciones desaparecen o pierden su vitalidad”

La ayuda internacional jugó un papel importante en la organización de este movimiento, pero constituye a la vez una de las grandes limitantes para el desarrollo y consolidación de la sociedad civil dominicana, porque sucede que cuando el financiamiento internacional termina, muchas organizaciones desaparecen o pierden su vitalidad. Cuadernos de la

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CEPROSH, Solidaridad sin barreras En Centro de Promoción y Solidaridad Humana desarrolla novedosos y exitosos proyectos en las comunidades a las que sirve en Puerto Plata y Dajabón. Uno de los valores explícitos en cada documento del Centro de Promoción y Solidaridad Humana, CEPROSH, es la confidencialidad. Una mirada por los programas que desarrolla permite inferir el por qué de la garantía. CEPROSH trabaja en proyectos vinculados al área de la salud poniendo especial atención a la prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual y VIH SIDA. Entre su público meta están, por ejemplo, las trabajadoras sexuales. El respeto a estas personas y a las normas de salud, su apego a la calidad en el servicio, le hicieron merecedores de un reconocimiento internacional como uno de los cinco programas preventivos con mejores prácticas en toda América Latina. Corría el año 1987 cuando CEPROSH inició sus actividades en Puerto Plata. Por aquellos días la institución tenía el nombre de Comité de Vigilancia y Control del SIDA, COVICOSIDA. Casi 10 años después, una institución madura, con variados servicios, decide cambiar 30

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de nombre. En la actualidad la organización tiene 86 empleados y 386 voluntarios entrenados. En su entorno dispone de una red de apoyo denominada amigos de CEPROSH, grupo que ayuda en la recaudación de fondos, alimentos, útiles escolares y otras ayudas que beneficien a la población con la que trabaja. Una de las metas de la entidad es sumar esfuerzos. En ese sentido se distinguen por trabajar en alianza con diversos y variados grupos académicos, religiosos, culturales, sindicales y de servicios comunitarios.

Programas que desarrolla en PUERTO PLATA: PROYECTO AVANCEMOS : Es dirigido a mujeres trabajadoras sexuales; figura entre los más antiguos de CEPROSH. PROYECTO HOTELERO :

Se distingue como el único modelo de intervención educativa para la prevención de VIH/SIDA en el sector turístico de la República Dominicana. RED DE MERCADEO SOCIAL DE CONDONES:

suple con unos 300 mil condones anuales a todos los negocios de diversión de las zonas intervenidas por el proyecto. EL PROYECTO ACCIÓN :

Se trata de ofrecer un servicio integral a las personas que viven con VIH/SIDA. Servicio que es extensivo a los niños que quedan huérfanos por la muerte de sus padres afectados. En la actualidad, a través de este programa, 606 personas están recibiendo tratamiento antirretroviral.

Uno de los pioneros en constituir la organización fue un médico, el doctor Ángel Gómez, de quien se dice fue el primero en detectar un caso de VIH en la Región Norte.

PROYECTO REDES JUVENILES :

Temas como infecciones de transmisión sexual, prevención, salud sexual y reproductiva, identidad y género, hepatitis y tuberculosis encuentran en CEPROSH respuestas y acciones.

Programas que desarrolla en DAJABÓN:

Es un espacio de capacitación de jóvenes, líderes comunitarios urbanos y rurales de la provincia Puerto Plata en el área de salud integral con énfasis en el tema del SIDA.

MÁS OPORTUNIDADES PARA MEJOR SALUD:

Programa que busca mejorar las condiciones de vida y la estabilidad familiar de las

personas infectadas por VIH/SIDA y garantizar el acceso de los adolescentes y jóvenes a los servicios integrales amigables de salud en la provincia de Dajabón. EDUCACIÓN CONTINUADA :

Ofrece seguimiento a un plan de capacitación en los aspectos básicos de VIH/SIDA para el personal de las organizaciones no gubernamentales. CLÍNICA COMUNITARIA DE MUÑOZ :

Se trata de un centro de servicio de atención primaria en salud dirigido a varias comunidades dominico-haitianas del área cercana al Ingenio Montellano. MOVILIZACIÓN SOCIAL DE TUBERCULOSIS :

Misión Promover el desarrollo comunitario y la salud integral con énfasis en la prevención y atención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA.

Esta es una red de voluntarios que trabajan en educación y la detención temprana de los sintomáticos respiratorios en las provincias Dajabón y Montecristi. Según explican los directivos de CEPROSH en su agenda está pautado abrir tres experiencias similares en Mao, Valverde y Santiago Rodríguez.

INICIATIVA CLINTON :

PEDIÁTRICA DE LA FUNDACIÓN

A través de este programa se ofrece atención médica, psicológica, alimentaría a niñas que vive con el VIH/SIDA. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA RED PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA -REVIDA:

Espacio de coordinación entre las organizaciones locales que buscan mejorar su capacidad de reducción del fenómeno de la violencia intrafamiliar, de genero y sexual. Cuadernos de la

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Grupo Clara

Actividades y servicios TALLERES DE CAPACITACIÓN

• Apoyo emocional a los pacientes y a sus familiares antes y después de una prueba del VIH. • Trabajo con organizaciones comunitarias. • Campaña de concientización con jóvenes y adolescentes. • Distribución y venta de condones. • Intervención educativa para cambios de comportamientos de menor riesgo en trabajadoras sexuales y hombres involucrados en la industria del sexo comercial. • Intervención educativa dirigida a los empleados de hoteles en Puerto Plata. • Línea de Auxilio. • Asesoría a grupos de base comunitaria. • Charlas y conferencias. • Conserjería y apoyo emocional.

Proyecto : Grupo Clara El Grupo Clara persigue la consecución de una meta dirigida a la atención clínica, emocional y educativa de las personas infectadas por el virus del VIH del la Provincia de Puerto Plata, a la vez que promueve su asociacionismo activo y el enfrentamiento responsable ante su situación personal y social. Grupo Clara se creó a mediados de 1997 como organización directamente implicada en el trabajo con personas viviendo con VIH. 32

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CEPROSH como institución que apadrina al GRUPO CLARA, ha desarrollado programas de prevención primaria del VIH durante diez años en toda la Región Norte del País y ha constatado desde hace tiempo que es necesario entrar de forma decidida en la Atención Secundaria y Terciaria. Las cifras reales de incidencia del VIH entre la población dominicana son totalmente desconocidas, podemos acercarnos a ellas utilizando múltiples referencias mediante el contraste de datos facilitados por las diferentes organizaciones que trabajan en proyectos de campo. La Secretaría de Estado de Salud Públlica a través de la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA elabora estadísticas ex-clusivamente de casos de SIDA y ello con un subregistro reconocido oficialmente del 75%. METAS

La meta del GRUPO CLARA es establecer un programa de capacitación y atención en educación y salud integral dirigido a la población infectada por el VIH, sus familiares y su entorno social. Se ofrecen servicios clínicos a la par que los educativos, de forma que son los primeros los que facilitan la integración de la población meta en las actividades educativas.

Conseguimos un impacto medible mediante: 1. La ampliación del periodo de años de vida útil de las personas con VIH de la provincia. 2. La integración social de los afectados por el VIH en la provincia. 3. La disminución en las tasas de infección por VIH en la provincia. FUNCIONAMIENTO

1. Asistencia Social: A través de un sistema de asesoría previa y posterior para la realización de pruebas del VIH en el Hospital Provincial de Puerto Plata con consentimiento informado. Único en el país tanto a lo referente a Centros Privados como Públicos. También ofrecemos un sistema provincial del referimiento y contra referimiento de pacientes además de seguimiento a los diferentes casos. 2. Asistencia Médica: Consultas diarias de Medicina General, Medicina Especializada, Servicios de Enfermería, Coordinación con Centros Hospitalarios públicos y privados, para referimiento de casos y acciones en pro del acceso a los medicamentos antirretrovirales. 3. Asistencia Emocional: Consultas de Psicología y Formación de Grupos de Apoyo y AutoApoyo. 4. Asistencia Educativa: Para el personal de salud contamos con talleres

de capacitación y sensibilización sobre protocolos de atención, sistemas de manejo clínico y referimiento de pacientes; uso y manejo del material educativo e informativo del proyecto; conocimiento y aplicación de la Ley 55/93 sobre SIDA además de técnicas de Bioseguridad. En los talleres para personas con VIH damos informaciones sobre la búsqueda de una normativa dominicana de asesoría en VIH/SIDA, autocuidados; salud física, emocional y sexual; convivencia y atención con personas con VIH/SIDA y talleres básicos para clientes nuevos. 5. Acción comunitaria: Ofrecemos búsqueda de vías de implicación comunitaria en el proceso de cambio necesario en la percepción social del SIDA. Acciones de mobilización social, promoción de la Ley 55/33, apoyo a procesos de cambio de comportamiento empresarial y social, promoción del apoyo de la familia extendida a los niños y niñas nacidos de madres seropositivas; seguimiento, monitoreo y apoyo al Programa Nacional de Prevención de la Transmisión MadreHijo del VIH.

CEPROSH • En Puerto Plata: Calle John F. Kennedy #52. • En Dajabón: Calle Víctor M. Abreu.

www.ceprosh.org

Logró su personería jurídica, bajo el decreto número 375-96 del 24 de agosto del 1996.

6. Grupos de autoApoyo: Grupo de AutoApoyo Fénix, Grupo Madres Positivas de Puerto Plata, Grupo de AutoApoyo Luz y Esperanza. Cuadernos de la

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agenda del

información

Algo de lo que hicimos

Lo que queremos hacer

El Programa de Iniciativas Locales de la Sociedad Civil, PRIL, desarrolló un conjunto de actividades tendentes a:

Las actividades que pretendemos desarrollar en nuestro

Mejorar la visibilidad del Programa sin quitar espacio a la sociedad civil y sus organizaciones, sino más bien impulsándolas.

seguimiento, tanto de los proyectos subvencionados,

Realizar un acto de difusión de los resultados de la segunda convocatoria del Fondo para el Desarrollo Institucional de la Sociedad Civil, en el que se presentó a la sociedad civil dominicana, las propuestas aprobadas con sus montos, los objetivos de cada una, así como las provincias donde se ejecutarán. Apoyar e impulsar iniciativas, tanto de organizaciones de la sociedad civil, como propias, principalmente en áreas del interior del país, que estén en el marco de nuestras actividades y coordinadas desde nuestras antenas regionales. Apoyar una iniciativa que documentará la historia de la sociedad civil dominicana desde 1916 a 2008: su contribución a la formación del Estado moderno, la democracia y el desarrollo. Apoyar una iniciativa para la formación de los recursos humanos para el fortalecimiento institucional de la sociedad civil y su desarrollo sostenible; con esta propuesta se contribuirá a mejorar la calidad de sus propuestas de proyectos, su capacidad de negociación con los interlocutores estatales y políticos, la transparencia y democratización de su gestión, reforzando su posicionamiento y su representatividad, así como el impacto social de sus acciones para hacer avanzar el desarrollo social y la ciudadanía.

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último plan de trabajo, estarán orientadas al monitoreo y

como de las acciones realizadas desde la propia UTG, como estrategia que contribuya al logro de los resultados del Programa; entre las acciones que desarrollaremos están: Seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias en el monitoreo de sus indicadores, para asegurar el control de los indicadores del propio Programa. Capacitación de las organizaciones de la sociedad civil subvencionadas en temas como marco lógico, definición y seguimiento de indicadores, redacción de informes técnicos y financieros, entre otros temas. Se mantendrá la comunicación y relacionamiento con la Sub Secretaría de Planificación, las redes y organizaciones más representativas de la sociedad civil dominicana para asegurar la instalación y operación del Centro de Fomento de las Asociaciones sin fines de lucro.. Continuar con un plan de comunicación que mantendrá la difusión de las principales actividades del Programa y sus resultados finales.

La DIGECOOM El Dr. Domingo Jiménez, Ordenador de los Fondos Europeos de Desarrollo, dirige la Dirección General de Cooperación Multilateral -DIGECOOM-, dentro de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, encargándose de la coordinación, definición, administración, evaluación y seguimiento de los programas de cooperación multilateral que se ofrecen al país a través del acuerdo de COTONÚ. El 28 de febrero del 1975, la Unión Europea canalizó su cooperación internacional a un grupo de países de África, Caribe y Pacifico (ACP) a través del acuerdo de la convención de Lomé con el objetivo de promover su desarrollo económico y cultural. En 1989 República Dominicana se integró a los países ACP y empezó a formarparte del “Acuerdo de Lomé IV”, creando la Oficina nacional para la convención de Lomé IV. En el año 2000 los países ACP firmaron un nuevo acuerdo con la Unión Europea que se denominó COTONÚ. Ese mismo año la Oficina nacional para la convención de Lomé IV pasó a ser denominada Oficina del ordenador nacional para los fondos europeos de desarrollo (ONFED). En la actualidad la DIGECOOM pertenece a la Secretaria de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.

La cooperación de la Unión Europea COTONOU Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Más de mil millones de personas viven en los 106 países signatarios del Convenio de Cotonou – 79 del grupo África Caribe Pacífico (ACP) y 27 de la Unión Europea-. Firmado en 2000, ratificado por la República Dominicana en 2002, y vigente hasta 2020, éste es el acuerdo más ambicioso del mundo entre países desarrollados y los en vías de desarrollo. Este convenio multidimensional busca la promoción de la democracia, el respeto de los Derechos Humanos, la erradicación de la pobreza y la inserción ventajosa de los países ACP en la economía internacional. Cotonou insiste en la participación de la sociedad civil en la formulación e implementación de los programas de cooperación, reconociéndole como socio importante para alcanzar el desarrollo sostenible. Las herramientas para el cumplimiento de estas metas son: El Diálogo Político entre los socios, abarcando los temas de políticas públicas, democracia y el Estado de Derecho. Relaciones Económicas que promueven el desarrollo, especialmente a través de Acuerdos de Asociación Económica

(EPA), entre la UE y seis regiones del grupo ACP. República Dominicana pertenece al grupo caribeño. El EPA incluye un componente fuerte de liberalización comercial paulatina, pero como herramienta para lograr el desarrollo, no como fin en si mismo. Una Relación Solidaria de Cooperación sin igual. La UE es la fuente principal de cooperación en el mundo y el grupo de países ACP, sus socios más privilegiados. Entre 2008 y 2013, van a recibir 23 billones de euros de donaciones (unos 200 millones para la República Dominicana), una expresión de solidaridad de los pueblos europeos, a través de sus impuestos, a los pueblos ACP. Estos recursos se utilizarán mediante un sistema de co-gestión que da cada vez más control al gobierno nacional e incluye la participación de la sociedad civil. En el Noveno (en ejecución) y en el Décimo Fondo Europeo de Desarrollo (en planificación), la cooperación europea se canaliza, en gran medida, a través del Apoyo Presupuestario. Esta herramienta da una mayor autonomía y más responsabilidad al país receptor. Es un enfoque moderno, coherente con la idea de ser 'socios' para el desarrollo.

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PRIL,

UN PROGRAMA DE LA

R EPÚBLICA D OMINICANA

CON FINANCIAMIENTO DE LA

U NIÓN E UROPEA


Cuaderno de las OSC 2