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Editoriales

> LA PRENSA Sábado 23 de Junio de 2012 Cd. Reynosa, Tam.

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¿Serán determinantes la compra y coacción del voto?

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por: Ciro Murayama

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omo es frecuente cuando se celebrarán elecciones, surge la inquietud ante la compra y coacción del voto. El que exista una profunda desigualdad, con amplias franjas de la población con enormes carencias, hace que nunca falte quien quiera aprovecharse y comprar voluntades ajenas; asimismo, los niveles de abuso de autoridad que se dan en el país podrían alertar sobre el riesgo de la coacción del voto. Al parecer son prácticas que han llegado a tentar a todos los partidos. Conviene, entonces, tomar en serio el tema. Para empezar, entendiendo qué son y qué no la compra y coacción, conocer los antídotos para inhibirlas y ponderar qué tan factible es que puedan constituirse como prácticas generalizadas para alterar la voluntad popular. Vayamos por

partes. La coacción implica que el elector, amenazado o atemorizado, por ejemplo por el patrón, decida cambiar el sentido de su voto. Ello implica que quien coaccione necesite identificar a un ciudadano que sea su subordinado y con clara preferencia por el partido “X”, y se ejerza tal presión sobre él para que termine votando por el partido “Z”. La compra del voto, en cambio, por deleznable que resulte, implica cierto grado de “acuerdo” por parte del elector, que estuvo dispuesto a vender. Es una conducta reprochable pero a la que el ciudadano accedió al hacer de su voto una mercancía. Tanto la compra como la coacción del voto son delitos en la legislación mexicana. Incluso, más que meras faltas administrativas sancionadas por la ley electoral, son conductas tipificadas en el Código Penal federal

que merecen cárcel. Al ser delitos, la autoridad competente es el Ministerio Público, e incluso existe la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). El IFE no es la autoridad encargada de sancionar la compra y coacción, al no ser MP ni policía, ni girar órdenes de aprensión. La responsabilidad es de la Fepade, por lo que resulta deseable y exigible que dicha fiscalía actúe sin titubeo alguno ante los intentos de compra y coacción del voto que se estén presentando y consigne a los responsables. Lo que el IFE ha garantizado es el voto secreto, a través de mamparas de votación donde cabe sólo un elector, con cortinillas, para que se vote en privacidad, libre de presión. Ahora bien, ¿qué tan factible es una operación a gran escala de compra de votos para alterar

el resultado electoral? Hagamos un ejercicio simple. En la lista nominal hay casi 80 millones de mexicanos. Supongamos que salen a votar el domingo primero de julio 50 millones. Pues bien, para conseguir el 1% adicional de votos se requeriría comprar nada más y nada menos que a medio millón de personas. Ojo, no basta con dar dinero a los simpatizantes propios —pues ya se cuenta con su voto y sería un desperdicio de dinero— sino identificar con nombre y apellido a 500 mil personas que van a votar por otra opción. Luego hay que acercarse a ese medio millón y convencerles, uno a uno, de vender su voto por, digamos, 200 pesos (seguramente se necesitaría una suma mayor, pero sigamos con el ejemplo). Comprar medio millón de voluntades a 200 pesos implica disponer, en efectivo, de la friolera de 100 mi-

llones de pesos. Además habría que repartir los 100 millones mano a mano, a escondidas, a ciudadanos que hoy piensan votar por “A” para que voten por “B”. Ninguno de esos ciudadanos debería decir ni denunciar nada para que la operación funcionase. En un país donde no es posible guardar un secreto entre tres, imagínense entre medio millón. Y todo ese esfuerzo, imposible en realidad, para ganar apenas el 1% de los votos. Sin duda, la compra y coacción se pueden presentar, sobre todo en el ámbito municipal, en espacios geográficos acotados. Es preciso denunciar y exigir que las autoridades competentes sancionen. Pero al mismo tiempo es indispensable no exagerar: todos sabemos que millones y millones de mexicanos votan en libertad, y que ellos definirán la elección del primero de julio.

Mi voto

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por: Macario Schettino

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n estas páginas, y en otros espacios, he dicho desde hace tiempo que pienso votar por Josefina Vázquez Mota. Puesto que éste es el último artículo que se publicará durante la campaña, permítame expresar las razones. En primer lugar, y he insistido mucho en ello, me parece que votar por los partidos revolucionarios es apostarle al retroceso. Ambos, en distinta medida dependiendo del grupo mejor posicionado a su interior, pretenden reconstruir las viejas estructuras políticas y la anacrónica orientación del viejo régimen. Si alguien cree que hubo una época previa en que México estuvo mejor, debe votar por esos partidos. Pero si usted piensa, como yo, que estos últimos 15 años han sido los mejores de México, en los que hemos podido por fin pensar, decir y publicar lo que nos dé la gana, en los que hemos podido adquirir bienes costosos porque podemos planear, en los que por primera vez se ha empezado a aplicar la ley, entonces coincidirá en que no se puede votar por los

partidos revolucionarios. En segundo lugar están las trayectorias de los candidatos. Enrique Peña Nieto lleva pocos años en política, la mitad de los cuales ocupó puestos menores (aunque relevantes a nivel estatal) gracias a su mentor, Arturo Montiel, a quien sucedió en la gubernatura. Su administración no tiene mucho que celebrar: redujo la competitividad de su estado, incrementó la opacidad, fue la entidad en la que más creció la pobreza, y en la que más cayó la calidad educativa. Sus seguidores celebran que no endeudó más al Estado de México, pero eso no es virtud, sino necesidad: ya no se podía contratar deuda después de cómo dejó Montiel al estado. Peña Nieto cubrió las huellas de su mentor, por cierto. Andrés Manuel López Obrador sí tiene una larga trayectoria política, iniciada en el PRI hace 40 años, pero con visibilidad nacional por más de 20, ya en el PRD. Su único puesto de importancia fue la jefatura de gobierno del Distrito Federal, en donde tampoco tiene mucho que celebrar. A pesar de su discurso, no gobernó para

todos. Despreció las manifestaciones que se hicieron durante su gobierno en contra de la violencia. Aunque ciertamente lanzó algunos programas sociales, uno de ellos muy exitoso para apoyar a adultos mayores. Fue retirado de su puesto por no acatar decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Josefina Vázquez Mota tiene una trayectoria de 12 años en política nacional, primero como secretaria de Desarrollo Social, luego de Educación Pública y finalmente como coordinadora de su fracción en la Cámara de Diputados. En Sedesol, tuvo la inteligencia de rodearse de personas capaces y de mantener funcionando programas exitosos. En su gestión, Progresa (hoy Oportunidades) pasó de cubrir medio millón de familias a cerca de cinco. Creó el otro programa verdaderamente social que tiene la secretaría, Piso Firme. En Educación, logró que Elba Esther Gordillo aceptara la Alianza por la Calidad de la Educación, que hoy la maestra pretende olvidar.

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Obama, soñador y pragmático por: Jorge Montaño

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l calendario electoral estadounidense tiene etapas definidas por precedentes históricos. La selección de candidatos presidenciales al interior de los partidos supone un innegable desgaste por el enfrentamiento fratricida entre corrientes contrapuestas ideológicamente, que llevan el debate a extremos inusitados. El resultado de la contienda interna definirá la plataforma que se presentará en convención nacional y posteriormente será el marco de referencia de las elecciones de otoño. En esta ocasión, los republicanos extremistas mutaron al liberal Romney en celoso guardián de la agenda ultraconservadora. El mandato es inequívocamente cercano a los principios aglutinadores del Tea Party, con acento proteccionista, gasto mínimo en agenda social y distancia del acontecer internacional. La antítesis del actual

ocupante de la Casa Blanca. A su vez, el destino de Obama estará vinculado a la impredecible recuperación de la economía, que debe reaccionar a tiempo para mostrar mejoría real al electorado, desalentado por la tenue recuperación, que no alcanza a impactar la realidad nacional. Paul Krugman publicó hace semanas un opúsculo, reclamando incrementos extraordinarios del gasto para solucionar la crisis, recordando el principio keynesiano de que en estas ocasiones extremas deben aumentarse los flujos de gasto para acelerar la recuperación. “Posteriormente, con una economía funcionando, habrá tiempo y recursos para subsanar el déficit acumulado”. Lo cierto es que el umbral de paciencia ciudadana se medirá en otoño, cuando la verdadera encuesta en las urnas estará vinculada a los índices de empleo y consumo que

no logran ascenso suficiente para fortalecer expectativas. Ésa es la apuesta republicana, al presentar la antítesis de Barack Obama. En espera de mejores noticias, la Casa Blanca está aplicando medidas políticas de contingencia que permitan ampliar el margen de espera de mejoría de la economía, a cambio de modificaciones con sesgo político. Ése es el espíritu de la decisión administrativa de aplicar temporalmente la Dream Act, iniciativa bipartidista presentada en 2001. El proyecto que ya perdió apoyo republicano cubre un segmento joven de la población, hijos de padres indocumentados que llegaron a EU antes de cumplir 16 años y que en la actualidad tienen menos de 30, han vivido en el país al menos cinco años; no tienen historial delictivo y están estudiando o se han graduado para acceder a universidad, así

como aquellos que curiosamente están enlistados en el ejército, a pesar de su estatus migratorio. El anuncio de gracia presidencial tiene el mismo tono electoral que su reciente apoyo al matrimonio de personas del mismo sexo y el litigio ante la Suprema Corte de los programas de salud. Con habilidad, busca atraer segmentos del electorado con medidas de impacto, cubriéndose al aclarar que no se trata de una amnistía o un camino para lograr la ciudadanía. “Es una solución temporal pero es lo justo”, aclaró. El mensaje está claramente dirigido a captar el voto hispano, en preparación de noviembre. Las últimas encuestas muestran que los latinos dan su apoyo a Obama en 61%, mientras Romney sólo tiene un apoyo de 27%, debido a la embestida racista que escenificaron los republicanos en sus elecciones

primarias, ataques especialmente dirigidos a la población de origen mexicano. Para confirmar sus convicciones, ya aclaró que si el congreso aprueba la Dream Act, la vetaría como presidente. Su radicalización lo llevó a proponer que la legislación antimigrante de Arizona fuera adoptada como modelo en toda la Unión Americana. Los expertos consideran que el voto hispano podrá determinar el resultado de la elección presidencial si éstos deciden salir a votar. California, Colorado, Nevada, Florida y Nuevo México podrían definir la balanza a favor de cualquiera de los partidos contendientes, lo que explica el cuidadoso pragmatismo presidencial, que contrasta con el mandato rígido de inflexibilidad que los republicanos han impuesto a su candidato, cuya retórica expresa una intolerancia inédita en la época moderna.

La Prensa de Reynosa  
La Prensa de Reynosa  

Periodico de Reynosa, Tamaulipas, Mexico