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EDITORIALES
Nueva era educativa
Sábado 19 de Octubre de 2013 Cd. Reynosa, Tam LA PRENSA <
Reforma energética y plebiscito
REFORMAS
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POR: ESTEBAN MOCTEZUMA B.
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o es lo mismo incorporar nuevas tecnologías (TIC) a la educación, que incorporar la educación a las nuevas tecnologías. Los países que buscan reducir la brecha digital experimentan con distintos programas: dotación de computadoras, aulas de medios, pizarrones electrónicos o lap tops para alumnos. Paralelamente está el debate sobre dedicar el esfuerzo y los recursos a la dotación de herramientas digitales o garantizar la conectividad. El criterio de equidad señala que dotar de conectividad es lo más urgente, ya que las formas de acceder a la red cambian constantemente, se vuelven más baratas y se encuentran en proceso de masificación. El teléfono celular, por ejemplo, sólo se usa en promedio en 18% para hacer o recibir llamadas telefónicas, y en 82% en muchas más aplicaciones que hacen del móvil una verdadera computadora. Pero sin conectividad, sin señal, el aparato es inútil. Ambos temas, el de dotar de laptops o computadoras a los alumnos o el de conectividad, son un problema que se resuelve con presupuesto y está en función de la prioridad que le dé un gobierno a la infraestructura digital. Ambos están centrados en incorporar las nuevas tecnologías a la educación. Sin embargo, el tema de fondo es contar con un diseño y con programas que orienten el aprendizaje a través de la red. Un aprendizaje colaborativo frente al individualismo y con valores. Y esto no es un tema sólo presupuestal, sino de definición de nación. Es meter la educación a la tecnología. ¿Para qué formamos? El currículum educativo no debe verse como una lista de materias para obtener una certificación, sino como el conjunto de conocimientos, valores, habilidades y capacidades que debe tener un niño mexicano. Esto obliga a contar con el modelo de país que estamos persiguiendo. El currículum educativo, debe ser la columna vertebral del modelo de país al que aspiramos los mexicanos, ni más, ni menos. El programa de dotación de laptops a alumnos en escuelas públicas crea un buen momento para hacer esa reflexión colectiva. Estamos situados en la media internacional de acceso a internet, casi 40% de la población lo tiene. No estamos ni muy atrás, ni en la vanguardia, por lo que ya es momento de construir un programa sólido para la entrada del 60% de nuestros niños y jóvenes restante a la era digital. En otro tiempo uno se formaba para toda la vida, hoy nos pasamos la vida formándonos. La velocidad del cambio nos obliga. Al decir era, hay que ponerlo con mayúscula: Era. Ya que la llegada del tema digital cambió todo. Es un cambio tan profundo como el Renacimiento o la Revolución Industrial. Esto es tan radical que hay un importante porcentaje de personas que “se mudó a vivir a las redes sociales”. Ya no interactúan, compran, venden, ligan, estudian en un espacio físico, sino en uno virtual. Y ante ello, ¿la educación puede seguir siendo tradicional? Los primeros alumnos de una educación digital deben ser los maestros y eso se nos olvida. Podemos rescatar la experiencia de importantes esfuerzos como Enciclomedia, que en México fue lanzada con gran éxito y, después, absurdamente descalificada porque su tecnología estaba “superada”, cuando hoy algo muy importante y novedoso son los libros electrónicos interactivos, base de todo el desarrollo de Enciclomedia, que se había adelantado al mercado 20 años. En todo esto, dos cosas: el elemento más importante es el programa, no la herramienta, y los primeros en aprender deben ser los maestros.
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POR: JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN
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Anular elecciones POR: LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
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n la discusión, a veces caótica y poco clara, sobre la reforma político-electoral por venir, hay un tema que parece haberse instalado como consenso entre las principales fuerzas políticas sin que el mismo haya estado acompañado de una discusión —y me temo que tampoco de una reflexión— suficiente que, de perdurar, puede tener implicaciones muy delicadas para el funcionamiento de la democracia mexicana. Me refiero a la propuesta (plasmada incluso en el compromiso 90 del Pacto por México) de incorporar a la ley (o peor aún, a la Constitución) nuevas causales de nulidad de las elecciones tales como el rebase de los topes de campaña, el uso de recursos al margen de las normas y la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas. En las elecciones de 2006 se suscitó un debate intenso sobre si la elección presidencial podía ser susceptible de ser anulada por el Tribunal Electoral, o si la falta de previsión legal de esa figura para ese tipo de elección excluía esa posibilidad. En aquella ocasión sostuve —y lo sigo creyendo— que la nulidad de las elecciones es y debe ser una alternativa posible, pero la misma tiene que ser considerada como una última ratio, la válvula de seguridad extrema de la salvaguarda del carácter democrático de una elección. No debe olvidarse que anular una elección significa, ni más ni menos, determinar que los millones de votos que los ciudadanos han depositado en las urnas no cuentan, que sus voluntades expresadas en los sufragios no deben ser atendidas porque se consideran viciadas o invalidadas por los hechos o actos que llevan a quien califica esa elección a declararla nula. Por eso no puede abaratarse la nulidad y convertirla moneda de cambio corriente, la nulidad es y debe ser un último recurso. Lo cierto es que la tendencia en la que hemos venido caminando en la última década es la opuesta. El recurso a la nulidad se ha vuelto en un expediente al que los partidos políticos recurren de manera reiterada al impugnar las elecciones en las que no han ganado. Peor aún, la nulidad de las elecciones en ocasiones se ha frivolizado a tal grado que algunos tribunales la
han decretado más inspirados en percepciones e inferencias no siempre suficientemente sustentadas y con apreciaciones prevalentemente subjetivas. Deberíamos andarnos con mucho más cuidado cuando estamos planteando sostener que los votos emitidos no valen. Más aún cuando, como lo han demostrado los recientes procesos de fiscalización, la determinación de los gastos de campaña y el eventual rebase de topes depende, en mucho, de las estrategias financieras y de la ingeniería con la cual los partidos presentan sus ingresos y gastos a la autoridad electoral (tema que, por cierto, debe revisarse en sus méritos en el futuro). Lo mismo vale cuando hablamos de la adquisición —prohibida por la Constitución— de tiempos en radio y televisión para fines electorales como causal de nulidad. Quien conoce de estos temas sabe lo complicado que resulta determinar cuándo se ha incurrido en una compra ilegal de tiempo aire. Peor aún, la frecuente sobreinterpretación que respecto a este tema han realizado con frecuencia los órganos electorales ha provocado también un abaratamiento de ese tema al grado que se ha considerado, por ejemplo, que el entrevistar más a un candidato que a otro es un elemento suficiente para determinar una adquisición indebida (increíble pero ya ha ocurrido). ¿De verdad queremos que un tema que es discutible, debatible, sujeto a muchas apreciaciones y subjetividades, termine por ser el elemento determinante para que una elección sea valida o nula? No discuto las razones —que incluso podrían acompañarse— de querer encarecer el costo de las irregularidades que hoy se propone sean causales de nulidad, lo que no creo es que sea pertinente que la consecuencia que se pretenda sea la anulación de los comicios. Creo, por el contrario, que en este tema la ruta que debería reforzarse es la de desempolvar ese principio que está en la Constitución y que fue pensado como la clave para inyectar certeza e ir cementando la construcción de los procesos electorales: la definitividad de sus etapas; y, en ese sentido, asumir a la nulidad como lo que, creo, debe ser un último, extremo y excepcional recurso.
rente a la iniciativa de reforma energética enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión el 12 de agosto, varios líderes de izquierda han pedido que se realice un plebiscito consistente en reunir, por lo menos, un millón 600 mil 300 firmas que representarían el 2 por ciento del padrón electoral para que esa iniciativa, que se juzga “privatizadora”, no proceda. Así lo han expresado, entre otros, Marcelo Ebrard, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Esto no tendría nada de particular en vista de que los así llamados mecanismos de democracia directa como son el propio plebiscito, además del referéndum y la iniciativa popular son instrumentos empleados para complementar y ampliar la democracia representativa. Que la izquierda eche mano de este tipo de recursos para hacer frente a una propuesta que considera contraria a sus principios e intereses está dentro de los cánones de la lucha política democrática. El problema es que, aprovechando el momento, algunos intelectuales que se dicen de izquierda han empezado a demeritar a la democracia representativa para privilegiar a la democracia directa. Afirman que, en realidad, los diputados y senadores no representan más que a sí mismos, no a los ciudadanos, en tanto que la consulta popular expresaría la verdadera voluntad del pueblo. Considero que una posición de este tipo además de peligrosa es cuestionable. Esos intelectuales de “izquierda” pasan por alto la lucha histórica que han dado las fuerzas progresistas en este país desde que comenzó su vida independiente (e incluso antes de ella) en favor de la república, es decir, del gobierno representativo. Así ocurrió, efectivamente, durante todo el siglo XIX, en especial en el enfrentamiento contra los dos imperios (el de Iturbide y el de Maximiliano) para no hablar del lazo que une a las constituciones republicanas y federalistas de 1824, 1857 y 1917. Posteriormente, la izquierda mexicana enarboló la lucha contra el fraude electoral y a favor de la equidad en la competencia en los comicios durante la época de auge del régimen de la Revolución. Ella brindó una contribución valiosa para abrir al país al pluralismo y la tolerancia. Quienes hoy, desde la izquierda, contraponen la democracia directa a la democracia representativa debería recordar que esta última es la manera en que la democracia moderna se ha moldeado. Aquellas otras formas de democracia que alguna vez se dijeron “más auténticas”, como la democracia proletaria frente a la democracia burguesa, terminaron por encarnar en regímenes autoritarios. Que no se nos olvide la definición dada por Lenin de la democracia: “Democracia es… una organización llamada a ejercer la violencia sistemática de una clase contra otra, de una parte de la población contra otra.” (“El Estado y la Revolución”, en Obras Escogidas, Moscú, Editorial Progreso, 1980, p. 334). La dictadura del proletariado encarnó en la dictadura de un hombre sobre el resto de la población. El experimento soviético dio pie fue a una de las formas autocráticas más feroces que haya conocido la humanidad. Aquel capítulo, no hay que olvidarlo, se cerró con el levantamiento pacífico de las sociedades civiles que durante décadas sufrieron los rigores de las burocracias estalinistas. Hoy el autoritarismo se está reeditando en los regímenes neopopulistas en América Latina. Ellos han hecho cera y pabilo del sistema representativo, los derechos humanos y la libertad de prensa; en contraste, han puesto en práctica mecanismos de democracia directa para fortalecer sus bases de apoyo social. Repito: una cosa es que, desde la izquierda, se eche mano del expediente plebiscitario para enfrentar una iniciativa que se juzga inadecuada; otra cosa es que se trate de contraponer la democracia directa a la democracia representativa.