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EDITORIALES
Obstáculos para la efectividad de las reformas
E ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ
E
l año 2013 culminó con cambios constitucionales que rompen añejas ataduras que han impedido el crecimiento económico de México. Desde 1932 y hasta 1982, el PIB creció 6% anual; en los últimos 30 años la economía sólo ha crecido 2%. En aquellas cinco décadas México cambió. Había progreso social. La inversión física y en capital humano, además de la productividad, fueron los motores del crecimiento. Mejoraron los salarios reales y la distribución del ingreso. No extraña entonces la nostalgia colectiva. Los excelentes resultados de aquella época se basaron en un acuerdo tácito entre el gobierno y el sector privado. El gobierno se encargaría de los apoyos políticos mediante sus ligas con las centrales obreras, campesinas y de clases populares urbanas, mientras que el sector privado sólo discutiría con el gobierno los asuntos económicos. Era el milagro mexicano. Con el tiempo, lo que fue una alianza se convirtió en una complicidad del gobierno con los líderes de los grupos gremiales que le brindaban apoyo político, y con la cúpula del sector privado que requería cada vez más protección de la competencia, insumos y alimentos a bajo costo, y tranquilidad política. Este camino no era sostenible en el largo plazo. No era posible mantener los privilegios a los sindicatos y grupos empresariales y al mismo tiempo eliminar la protección al sector productivo para competir internacionalmente. Lo mismo ocurría en la política. A pesar de que estas contradicciones (o imposibilidades) comenzaron a manifestarse desde los años 50, todavía el país logró crecer rápidamente en los 60, con estabilidad de precios. El populismo de los años 70 postergó la solución de esos problemas y los exacerbó gravemente. El esquema de desarrollo se debilitó hasta el límite. 1982 fue un año decisivo. La expropiación de la banca rompió la alianza tácita entre el gobierno y el sector privado y la economía cayó en un abismo de contracción. El Estado de derecho, si bien débil y maltrecho, sufrió un golpe fundamental al evidenciarse que el propio Ejecutivo violaba la Constitución. El gobierno y la figura presidencial perdieron —y no han recuperado— autoridad moral para guiar al país. Por ello son vitales las instituciones. El gobierno contuvo el deterioro económico e inició el cambio en los 80. Las reformas de los últimos 20 años han intentado, con éxito apenas parcial, hacer frente a un modelo de economía política en el que intereses particulares se han mantenido por encima del interés público, y que hoy día es un lastre formidable que le impide al país salir adelante. Hoy seguimos enfrentando una realidad en la que muchos grupos, convertidos en poderes fácticos, se resisten a perder sus añejos privilegios. No obstante, ha habido avances significativos. Mayor independencia de los tres Poderes de la Unión, sistema electoral creíble, apertura comercial y autonomía real del Banco de México, entre otros. Las reformas del año pasado en materia educativa, telecomunicaciones, competencia y energía van en la dirección correcta de colocar al Estado por encima de los intereses particulares para acrecentar el progreso económico. Si bien en algunos casos está pendiente la legislación secundaria que mantenga ese propósito, en otros ya contamos con los instrumentos jurídicos para someter los intereses particulares al Estado, pero la resistencia sigue siendo enorme. En estos casos, la tarea es de quienes tienen bajo su responsabilidad hacer cumplir la ley e imponer el interés público sobre el interés particular. Ahí, los servidores públicos deberán ganar autoridad moral y sumarla a la autoridad legal otorgada por las reformas. También deberán mostrar entereza política, responsabilidad cívica y compromiso por consolidar las instituciones del Estado mexicano. No bastan instituciones y leyes apropiadas. Se requiere también la actuación adecuada y decidida de quienes las operan y ejecutan. Su reto es tan formidable como impostergable.
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Sábado 11 de Enero de 2014 Cd. Reynosa, Tam LA PRENSA <
Gran Angular RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS
Los hombres de Gabino No está escrito en la Constitución de Oaxaca pero en la práctica parecieran requisitos para ser funcionario público del estado tener antecedentes penales o haber cometido algún tipo de latrocinio. El caso más reciente es el de Alberto Esteva Salinas a quien el gobernador Gabino Cué dio posesión el pasado primero de enero como Secretario de Seguridad Pública. Esteva rindió protesta no obstante que hay –confirman fuentes del estado- una orden de aprehensión en su contra librada por la PGR en enero del año pasado, lo que, por lo visto, pasaron por alto tanto el Congreso, al avalar el nombramiento, como el gobernador, al hacerlo y concretarlo. Es más, César Alfaro, agente del ministerio público que firmó las acusaciones a Esteva, fue cesado de la dirección de la policía estatal. Éste caso no es, por cierto, el único de funcionarios del gobierno de Cué con el prestigio empañado. Es el caso del secretario de Administración, Alberto Vargas Varela quien hace varios años –aseguran las mismas fuentes- fue ejecutivo de una institución bancaria a la que defraudó, por lo que tuvo que salir huyendo del estado. O bien al secretario del Trabajo, Daniel Juárez López grabado, según se dice, por las cámaras de seguridad de la tienda Fábricas de Francia cuando intentaba robar una fina cartera Mont Blanc. O el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos a quien se le acusa de hacer “jugosos negocios” con el titular del Seguro Popular en el estado, Salvador Monroy Rodríguez, cuñado del actual líder del CCE y suspirante al gobierno de Oaxaca, Gerardo Gutiérrez Candiani.
Y mientras todo esto ocurre la gobernabilidad del estado parece estar a la deriva. La propaganda del gobierno asegura que el pasado primero de enero transcurrieron sin incidentes mayores las tomas de posesión de las autoridades municipales del estado. Lo cierto es que la transmisión del poder local se hizo en medio de bloqueos de carreteras y caminos, así como la toma de por lo menos 22 presidencias municipales. Oaxaca tiene 570 municipios: 417 regidos por usos y costumbres y 153 por el sistema electoral. Entre éstos últimos, en 50 considerados por el propio gobierno como focos rojos se realizó con gran tensión el cambio de poderes. De esos 50, los más álgidos han sido y son por sus conflictos políticos, agrarios y sociales: San Juan Mixtepec, Santiago Juxtlahuaca, Santiago Tamazola, San Sebastián Tecnomaxtlahuaca, San Andrés Cabecera Nueva, Silacoyoapan, San Juan Bautista Tlachichilco y Tepelmeme Villa de Morelos. De los regidos por usos y costumbres, 389 realizaron su elección de autoridad y quedaron pendientes 28. En total, pues, asumieron funciones alcaldes y cabildos en 555 municipios y en otros quince se nombraron administradores municipales. En muchos de los casos las ceremonias se realizaron en sedes alternas pues son más de veinte, le decía, los palacios municipales que siguen tomados. Así es como Oaxaca inicia el 2014 catorce y Gabino Cué el cuarto año de un gobierno que prometió, pero en el que nada ha cambiado.
Moreno Valle en Puebla. “Vamos por más” es el eslogan que identifica una intensa campaña en medios de lo logrado en la primera mitad de esta administración que también llegó al poder apoyada por una coalición PAN-PRD. Moreno Valle ha mostrado gran empatía con el presidente Peña Nieto y muy lejanos parecen los tiempos en que él mismo hacía alarde de su relación con la hoy caída en desgracia política Elba Esther Gordillo. 2. MORENA. El movimiento que lidera AMLO –en gira por Nayarit tras reaparecer el lunes pasado 33 días después de su infarto- de plano dijo no a una alianza con el PRD en la campaña para revocar la reforma energética y a la propuesta de Marcelo Ebrard de ir unidos a los procesos electorales de 2015 y 2018. 3. EMPLEO. En medio de su raquítico crecimiento destaca el crecimiento de 4.7% logrado en Yucatán, arriba del promedio nacional de 2.7% según cifras del IMSS. El gobierno de Rolando Zapata Bello obtuvo el año pasado muy buenos resultados en materia laboral: generó 15 mil empleos formales, el número mayor en trece años. (rrodriguezangular@ hotmail.com); (Twitter: @ Raul RodríguezC)
Instantáneas 1. MORENO. Otro que inicia su cuarto año de gobierno es Rafael
Asignatura pendiente ROSARIO GREEN (EMBAJADORA EMÉRITA DE MÉXICO) EL UNIVERSAL Se inicia un año nuevo y con él la cuenta regresiva para conocer si efectivamente habrá en Estados Unidos una reforma migratoria que regularice la situación de los más de 11 millones de trabajadores indocumentados en ese país, más de la mitad de los cuales son connacionales. En pasadas ocasiones me referí en estas mismas páginas a algunos de los temas que secuestraron la atención a esta reforma, pero tal vez el mayor obstáculo fue la oposición de los diputados republicanos, empezando por el presidente de la Cámara Baja, John Boehner. Un rápido balance a principios de enero de 2014 muestra que el Senado estadounidense cuenta desde el pasado 27 de junio con una sólida propuesta que incluyó el llamado “plan de refuerzo en la frontera” que, entre otros elementos, duplicó el presupuesto y los efectivos de la patrulla fronteriza. Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja no inscribió la propuesta senatorial en la agenda de discusiones de
esa soberanía y los representantes, particularmente los republicanos, se sintieron en libertad de presentar proyectos que no incluían la posibilidad de ciudadanización y estaban dirigidos a sectores específicos entre los indocumentados, como los “dreamers”, los trabajadores agrícolas y los altamente especializados. Así las cosas, hay quienes sostienen que si no se logra algún tipo de reforma en los primeros meses del año, ésta será archivada. En el horizonte están las elecciones del próximo noviembre, cuando habrá de cambiar toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los legisladores estarán más preocupados por temas locales, además de que muchos de ellos representan comunidades donde lo migratorio no es demasiado importante. Para salvar la reforma hará falta un fuerte liderazgo. El presidente Obama ya no está en capacidad de proporcionarlo, dada la pérdida de capital político ocasionada por su legislación en materia de salud, sus choques presu-
puestarios con el Congreso, y el hecho de que rompió el récord de deportaciones en sus primeros cinco años de gobierno. Los optimistas que señalan que todavía hay tiempo, apoyados principalmente en el ya demostrado peso electoral del voto hispano y la militancia de activistas e indocumentados, particularmente los “dreamers”. Es posible esperar que la reforma migratoria vuelva a las discusiones de la Cámara Baja en la primavera. Boehner se resiste a debatir el proyecto integracionista del Senado y prefiere ir paso a paso, lo cual es rechazado por el movimiento pro reforma migratoria que se ha hecho sentir en todos los rincones del país. No la tiene fácil el presidente del Congreso, pues si presenta un proyecto que no garantice la aprobación del pleno por al menos 218 votos, se expondrá a una importante derrota política en un año electoral.