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RECUADRO 1.
¿Cómo se incrementa la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo?
Algunos países en desarrollo han registrado importantes aumentos en la participación de la mujer en la fuerza de trabajo en un período relativamente breve. El cambio ha sido más acelerado en América Latina que en cualquier otra región. Desde la década de 1980, más de 70 millones de mujeres se han incorporado a la fuerza laboral, lo que elevó su participación del 36% al 43%. En Colombia, la tasa pasó del 47% en 1984 al 65% en 2006. En cambio, en Oriente Medio y el Norte de África, la participación femenina en la fuerza de trabajo creció solo 0,17 puntos porcentuales al año durante las últimas tres décadas. Las investigaciones recientes atribuyen esta rápida transformación al incremento en la participación en la fuerza de trabajo de mujeres casadas o en pareja y con hijos, y no tanto al crecimiento demográfico, la educación o los ciclos de la actividad económica. Los cambios en las actitudes sociales contribuyeron a esta transformación, pero este es un ámbito complejo con escaso margen (y justificación) para aplicar medidas normativas directas. Por ejemplo, las tasas de participación femenina son muy bajas en la Franja Occidental y Gaza, en particular entre las mujeres casadas. Sin embargo, esto no puede atribuirse mecánicamente a la religión, pues otras naciones como Indonesia muestran índices de participación elevados. Hay otras normas y regulaciones sociales que impiden a las mujeres sumarse a la fuerza de trabajo, a pesar de que tengan la voluntad y la capacidad para hacerlo. Si bien el margen para influir en las actitudes sociales es limitado, hay indicios que sugieren que las políticas y los programas públicos de otras áreas pueden desempeñar un papel importante en este sentido. Indican asimismo que, con una combinación de medidas e inversiones específicas en infraestructura social y física, se puede incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y los ingresos que perciben. Estas inversiones pueden clasificarse en tres grupos. Pueden
estar dirigidas a subsanar las deficiencias en la prestación de servicios (por ejemplo, falta de electricidad o de guarderías para niños) que obligan a las mujeres a destinar gran parte de su tiempo a actividades dentro de sus propios hogares. Pueden facilitar a las mujeres la acumulación de activos productivos, como la educación, el capital y la tierra, con lo cual se les allana el camino para incorporarse a actividades de mercado altamente productivas. Por último, pueden destinarse a eliminar las normas y reglamentaciones que promueven prácticas sesgadas o incluso discriminatorias y que privan a las mujeres de igualdad de oportunidades en el empleo. Ha habido experiencias exitosas con medidas e inversiones específicas de cada uno de los grupos mencionados. La creación de guarderías o el subsidio estatal del cuidado de los niños pueden reducir el gasto en el que incurre la mujer dentro de su hogar cuando se incorpora en el mercado de trabajo. Entre los ejemplos de estas iniciativas figuran la creación o la subvención gubernamental de guarderías, como en los programas Estancias Infantiles de México, Hogares Comunitarios de Colombia y programas similares de Argentina y Brasil. La mejora en los servicios de infraestructura (especialmente agua y electricidad) puede contribuir a liberar a las mujeres de ciertas tareas domésticas y de cuidados dentro del hogar. La electrificación de las zonas rurales de Sudáfrica, por ejemplo, ha incrementado la participación de las mujeres en la fuerza laboral en cerca del 9%. La eliminación de los sesgos en las instituciones que prestan servicios, como los mecanismos gubernamentales de registro y distribución de tierras, permite a las mujeres ser propietarias de activos y heredarlos. Por último, la aplicación de políticas laborales activas, la promoción de redes y la eliminación de normas discriminatorias son medidas importantes para que el empleo resulte más favorable para las mujeres.
Fuentes: Equipo del Informe sobre el desarrollo mundial 2013, sobre la base de Amador y cols., 2011; Chioda, 2012, y Banco Mundial, 2011d.
Estos beneficios deberán explicitarse para que la decisión normativa sea transparente.
Diversos programas relativos al empleo conllevan diversas prioridades de políticas Algunos países han registrado éxitos a la hora de instaurar políticas tendentes a aprovechar los beneficios que genera el empleo en términos de desarrollo, en formas que pueden ofrecer un modelo para otros países. En el decenio de 1990, Viet Nam, un país agrícola, se dedicó a incrementar la productividad de la agricultura, de modo que se liberó mano de obra para trabajar en empleos fuera de las explotaciones en las zonas rurales y con el tiempo se fomentó la migración a las ciudades. En 1993, más del 70% del empleo estaba en el sector agrícola, el 53% de la población vivía en la pobreza y el hambre era todavía una preocupación importante111. Al cabo de dos décadas, Viet Nam es el segundo exportador mundial de arroz y café, el principal exportador de pimienta negra y nueces de anacardo, y un importante exportador de té, caucho y mariscos. La pobreza se ha reducido espectacularmente. Junto con una atención
especial a la extensión agrícola, la reforma agraria y la desregulación generaron un rápido crecimiento de la productividad agrícola en parcelas muy pequeñas. Estas políticas eran parte de un conjunto más amplio de reformas, denominado Doi Moi, que hizo que Viet Nam pasara de la planificación centralizada a una economía de mercado con orientación socialista112. Estas políticas también tenían por objeto crear oportunidades de empleo fuera de la agricultura. El país se abrió a los inversores extranjeros, primero en los sectores de la explotación de recursos naturales y la industria ligera, y después de manera más general en el contexto del ingreso del país en la Organización Mundial del Comercio en 2007. La IED registrada se multiplicó por cuatro en tan solo dos años, entre 1992 y 1994; en los últimos cinco años, las entradas de IED han superado el 8% del PIB113. Rwanda, un país afectado por conflictos, se recuperó después de la situación de enfrentamiento étnico y destrucción de mediados del decenio de 1990. En 2000, la economía de Rwanda había regresado a sus niveles anteriores a la crisis como consecuencia de la cesación del conflicto y la aplicación de un sólido paquete de reformas114. El crecimiento ha continuado y se estima que en 2011 alcanzó una tasa del 8,8%, mientras que la tasa de pobreza disminuyó en