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Ilustración: Miguel Gallardo

EL CONGRESO

Los resultados de las elecciones generales del 20D han demostrado la necesidad de cambio en España. Desde Podemos asumimos las principales demandas de la sociedad civil y, por ello, hemos presentado en el Congreso de los Diputados la Ley 25 de Emergencia Social, con el objetivo de rescatar a las personas que peor lo están pasando en nuestro país. Garantizar el derecho a la vivienda, el acceso a los suministros de luz y gas y el acceso universal a la sanidad es esencial para conseguir el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.


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HAN PASADO 5 AÑOS DESDE QUE EN MAYO DE 2011 CIENTOS DE MILES DE PERSONAS SALIESEN A LAS CALLES Y LAS PLAZAS. DESDE ENTONCES, LA SOCIEDAD ESPAÑOLA HA VIVIDO UN CAMBIO PROFUNDO QUE HA TRANSFORMADO LA REALIDAD; UN CAMBIO QUE VINO MOTIVADO POR LA APARICIÓN DE UN ACTOR OLVIDADO Y QUE NADIE ESPERABA. ESE ACTOR SE LLAMA PUEBLO, Y HA VUELTO RECLAMANDO EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE PARA GARANTIZAR LA DEMOCRACIA

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l 15 de mayo de 2011, muchas personas acudieron a manifestarse en las plazas, pero fueron muchas más las que sintieron la necesidad de que algo debía cambiar en nuestro país. Nos habían intentado acostumbrar a interpretar la participación social como un acto puntual, fugaz. Y, sin embargo, fue toda esa gente discutiendo y ocupando las plazas la que provocó que en España se empezase a hablar de política de nuevo, la que hizo que la ciudadanía conversase sin intermediarios sobre qué cosas funcionaban mal, por qué sucedía lo que sucedía, quién decidía las cosas y desde dónde, o cómo podíamos cambiarlo. La tensión creativa de ese clima provocó que se incrementase la pluralidad en los puntos de vista; las nuevas voces hablaban. Nos dimos cuenta de que si echaban a la gente de sus casas no era por su culpa, sino por la de los bancos. Supimos que los servicios públicos, lejos de convertirse en un negocio, eran derechos colectivos conquistados por la sociedad. Comprendimos que el paro, el encadenamiento de contratos precarios y los salarios de miseria no son un problema individual, sino el resultado de un modelo productivo obsoleto que vive por

encima de nuestras capacidades. Entendimos que ni la juventud es vaga (ya que, por el contrario, quiere hacer cosas) ni la gente mayor es un estorbo (pues aún puede hacer muchas cosas). La efervescencia de este debate en la sociedad pareció desvanecerse a corto plazo; sin embargo, algo ya había cambiado. Dijeron que el mejor resultado de la historia del PP en unas elecciones generales había enterrado al 15M, pero se equivocaban: la corriente era subterránea, profunda, e iba directa al sustrato mental que sostenía el relato oficial de la crisis y de sus principales actores. Hay algo que el miedo, los golpes, las multas y la criminalización no pueden parar. Y es ese terremoto democrático que se produce cuando la sociedad se mueve para reivindicar que en democracia manda el pueblo, un terremoto que generó una serie de réplicas que movieron el tablero de España. Uno de sus efectos fue Podemos. La indignación y las ganas de acabar con la desigualdad y los recortes pusieron de acuerdo a mucha gente en cuestiones básicas para defender la democracia. Como en los mejores momentos de nuestra historia, el cambio cultural precedía al cambio po-

lítico, es decir, una vez más la sociedad estaba por delante de la legislación. Podemos nació como un instrumento para trasladar el mandato surgido del nuevo consenso transversal en la sociedad a las instituciones públicas. Democracia, futuro, bienestar, seguridad, decencia son las líneas maestras que garantizan un proyecto de país a la altura de las necesidades y exigencias de su gente. Ya hemos dado un gran paso, pero ahora necesitamos coger de nuevo impulso para apuntar más alto. Podemos es un actor de reparto, el verdadero protagonista es un pueblo alegre, vivo y crítico que ha decidido decir «basta» al maltrato y que apuesta por refundar su país. Un país contigo.

EL CAMBIO EN CIFRAS

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Proposiciones de Ley

La Ley 25 para paliar las emergencias sociales en materia de vivienda, sanidad y suministros energéticos; para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional; para derogar la «ley Berlusconi»; para terminar con las tasas judiciales para ONG y pymes; para acabar con la «tasa Google».

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Proposiciones No de Ley

Para poner en el centro del debate político cuestiones fundamentales en materia de derechos humanos, fiscalidad, educación, medio ambiente o economía.

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Comisiones nuevas en el Congreso

Una para investigar el fraude de los votos desde el extranjero y otras dos permanentes (es decir, que continuarán en la siguiente legislatura) sobre corrupción y derechos de la infancia.


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PR EG UN TA A TU S DI PU TA DO S Y DI PU TA DA S Du ra nt e es te me s de ma yo se va n a or ga niz ar ac to s pa ra es cu ch ar tu vo z y re nd ir cu en ta s co n la ciu da da nía . Pu ed es co ns ult ar en el ca len da rio las loc ali da de s do nd e se re ali za n es to s ac to s en : ww w. po de mo s.i nf o

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Ilustración: Miguel Gallardo

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emos vuelto, aunque nunca nos fuimos; sabemos de dónde venimos y a quién nos debemos. Hemos regresado a tu plaza porque venimos cargados de historias, proyectos, experiencias y medidas que hemos llevado al Congreso y que ahora te queremos explicar. No se trata de hacerte un favor: es un deber nuestro que le pertenece por derecho al pueblo. Estamos de prestado, es la ciudadanía la que debe revalidar y fiscalizar nuestro trabajo, por eso volvemos. Cinco millones de personas nos han dado su confianza para que traslademos sus inquietudes, exigencias y necesidades a las instituciones. Han sido solo cuatro meses de legislatura, pero intensos, y hemos trabajado de mane-

Recursos de inconstitucionalidad

Uno en contra de la especulación del suelo en la Comunidad de Madrid y otro para frenar la privatización del agua en Zaragoza.

ra acorde al mandato que nos había dado la ciudadanía. Hemos hecho lo posible para formar un Gobierno de cambio que modifique las políticas que nos han conducido al desastre. Hemos llevado al Congreso la voz de las demandas de la sociedad civil, hemos presentado las iniciativas parlamentarias urgentes con la intención de cerrar la herida de la desigualdad y frenar la hemorragia de la exclusión social. Hemos exigido que se deje de robar el voto a los compatriotas y las compatriotas que se han tenido que marchar del país, hemos presentado propuestas para subir el salario mínimo, para derogar las reformas laborales, para dignificar el trabajo doméstico, para impedir que existan las «puertas giratorias», para garantizar que todas las personas pueden poner la calefacción y no pasar frío en invierno. Cuatro meses han dado para mucho, pero no ha sido suficiente. Hubo un momento en el que pensamos que sí era posible conformar un Gobierno de cambio para poder aplicar todas estas propuestas, pero la negativa a derogar la reforma laboral o a priorizar la inversión social por encima de los intereses de los tenedores

de la deuda, así como la negativa a modificar sustancialmente las políticas que condujeron a la crisis, lo impidieron. De nada vale ya lamentarse y preguntarse qué habría pasado si lo hubiésemos conseguido; debemos mirar hacia adelante y proseguir el camino con más fuerza. Los resultados del 20D fueron unos resultados históricos, inéditos, pero insuficientes para cumplir el objetivo que nos habíamos propuesto. Necesitamos que el hastío y el cansancio que producen y fomentan las élites se conviertan en ilusión y en ganas de cambio para los de abajo; necesitamos que esas cinco millones de voces se multipliquen para conseguir formar una mayoría nueva que abra la puerta a una etapa de progreso y futuro para nuestro país. La clave reside en los que faltan por sumarse al cambio. Por eso regresamos a las plazas: para explicar y para volver a aprender. Transparencia, rendición de cuentas, participación para que nunca más los representantes se independicen de sus representados, para que nunca más tenga sentido pronunciar la palabra «casta», para que no exista nunca más un país sin su gente. Vamos a ello.

253 Preguntas

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Para acabar con la opacidad y sacar a la luz información que hasta ahora la ciudadanía no ha podido conocer (sin motivo alguno).

Hasta 76 veces hemos pedido al Gobierno y a altos cargos que comparezcan, para que den la cara y rindan cuentas de sus desastrosas políticas ante los ciudadanos y las ciudadanas.

Solicitudes de comparecencia


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LEY 25

LO PRIMERO ES LO PRIMERO E

l día 13 de enero, cuando aún no se habían constituido los Grupos Parlamentarios, Pablo Iglesias y otros 57 diputados del Grupo Parlamentario Podemos - En Comú Podem - En Marea registraron la Proposición de Ley (PL) de la «Ley 25 de Emergencia Social», que toma su nombre del artículo 25 de la Ley Universal de Derechos Humanos. Esta PL recoge las medidas más urgentes de rescate ciudadano elaboradas por la sociedad civil y los movimientos sociales, en consonancia con el proyecto de país que plantea Podemos: un país donde nadie se quede fuera. El día 12 de abril en el pleno del Congreso de los Diputados, se llevó a cabo la toma en consideración de la Proposición de Ley, con el debate y votación de la tramitación de la propuesta, que implica medidas no solo fundamentales sino urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, combatir la pobreza energética, asegurar el acceso a la sanidad universal y a una renta garantizada. El pleno votó a favor de la toma en consideración de esta Proposición de Ley. Según el último informe de Oxfam Intermón, en España hay 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión, lo que supone el 29,2 % de la población española. Los recortes del PSOE y del PP han provocado que sea nuestro país donde más ha avanzado la desigualdad durante la crisis. Todos conocemos el drama que los desahucios han supuesto para muchas familias durante los últimos años. Por ello planteamos, a través de esta Ley 25, la paralización de todos los desahucios y la prohibición de los desalojos forzosos que afecten a personas o familias sin alternativa habitacional y que no puedan pagar su alquiler o hipoteca. Además, garantizaremos que esas familias tengan una ayuda económica o un alquiler social para acceder a un hogar, con una duración mínima de tres años. Las familias nunca pagarán más del 30 % de sus ingresos e, incluso, no más del 15 % si no superan los 650 € al mes (es decir, el salario mínimo). ¡Qué paradoja que, desde 2008,

casi 600.000 personas hayan sido desahuciadas al tiempo que existen varios cientos de miles de viviendas vacías en todo el país! Puesto que había que actuar para acabar con este despropósito, hemos propuesto que los grandes tenedores de vivienda colaboren con las administraciones públicas para que cedan las viviendas que tengan vacías. Será una cesión temporal, hasta que el Gobierno encuentre una alternativa habitacional (bien mediante una ayuda económica, bien en forma de alquiler social) para las familias que lo necesiten. Entre las personas más perjudicadas por los problemas de vivienda se encuentran las mujeres víctimas de violencia machista. Muchas de ellas han sido agredidas o asesinadas por carecer de una alternativa habitacional para poder abandonar el hogar en el que conviven (o convivían) con sus maltratadores. Hay que dar una respuesta ya a este problema y, para eso, la Ley 25 pondrá a disposición de estas mujeres una vivienda alternativa que les asegure, tanto a ellas como a su entorno familiar, condiciones de vida dignas y alejadas de su agresor. Hoy por hoy, las alternativas habitacionales para estas mujeres tardan en llegar meses o años, mientras que la Ley 25 pondrá fin a esta espera angustiosa y fijará un plazo máximo de 30 días para la asignación de esa vivienda. La Ley 25 acabará también con la necesidad legal de denuncia previa para que estas mujeres opten a una alternativa habitacional. No en vano, en España, el 65 % de las mujeres víctimas de violencia machista no denuncia a sus agresores por miedo a nuevas agresiones o porque dependen económicamente de ellos. La Ley 25 elimina la necesidad de dicha denuncia: bastarán los informes de los servicios sociales para que las mujeres violentadas puedan cursar sus solicitudes. En Podemos tampoco olvidamos que muchas familias padecen cortes de luz y agua por no poder pagar las facturas. Por eso, la Ley 25 también resolverá este problema al terminar, en primer lugar, con los cortes de

suministros (electricidad y gas) en los hogares que los servicios sociales declaren como vulnerables; y, asimismo, se impedirá que las compañías suministradoras se nieguen a dar de alta nuevas líneas de luz o de gas por impagos previos en el caso de dichos hogares. Es más: se establecerá cuál es el consumo que un hogar necesita para cubrir sus necesidades básicas a través de un indicador denominado «Consumo Mínimo Vital», y los hogares vulnerables se beneficiarán de una rebaja progresiva en las facturas de la luz y del gas. Dicha rebaja se aplicará en proporción a la renta total de los miembros que integren el hogar. Al mismo tiempo, urge garantizar que cualquier persona en España pueda acceder a la sanidad, con independencia de sus recursos o de su procedencia. En la actualidad, tanto los inmigrantes como los emigrantes españoles que han salido de España durante más de 90 días ven restringido su derecho a una atención sanitaria, y la consecuencia de ello es la saturación de los servicios de urgencias o el hecho de que estas personas acudan a la sanidad solo cuando se encuentran en un estado grave, lo cual es más oneroso para nuestro Sistema Nacional de Salud. Con la Ley 25 se devolverá el derecho a la atención sanitaria para todas las personas. Por último, en Podemos no concebimos un sistema sanitario donde las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad no tengan suficientes recursos para pagar sus medicamentos. La Ley 25 acabará con el copago farmacéutico que se impuso hace tres años para que los pensionistas, los parados y otros sectores en peligro de exclusión social puedan acceder de nuevo a los medicamentos sin que ello suponga un esfuerzo adicional a sus economías familiares. De este modo tendremos un sistema sanitario más eficiente que reduzca el número de hospitalizaciones evitables. En definitiva, la Ley 25 es el primer paso de los muchos que vamos a dar desde Podemos durante los próximos cuatro años para recuperar la dignidad de la gente. Contamos con tu apoyo. Porque todas y todos juntos Podemos.


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OTRAS PROPOSICIONES DE LEY

¿QUÉ ES UNA PROPOSICIÓN DE LEY?

TASAS JUDICIALES Y LEY BERLUSCONI La ciudadanía española tiene la percepción de que, en muchos casos, la justicia solo está al servicio de unos pocos (los más poderosos) y de que no es accesible para el resto de la gente; y no le falta razón pues, durante los últimos cuatro años, las reformas del sistema judicial han ido dirigidas a proteger a los corruptos y a alejar a quienes quieren o necesitan reclamar sus derechos ante los tribunales, como se exige en la Constitución española. En primer lugar, se estableció un sistema de tasas de acceso a la justicia que en la actualidad obliga a pasar por caja a las pymes y a las ONG (que a menudo son quienes más usan la justicia para defender nuestros derechos) si quieren denunciar conductas ilegales o abusivas. Es la conocida como «ley de tasas judiciales». En segundo lugar, se fijó un plazo para que los procedimientos de investigación no duraran más de seis meses (o, excepcionalmen-

te, dieciocho), lo cual supone que se impide a los jueces investigar casos de corrupción con el tiempo necesario que este trabajo requiere, ya que casi siempre llevan aparejados entramados empresariales o complejos fraudes de ingeniería financiera. Es la denominada «ley Berlusconi» que, asimismo, podría llamarse «ley para proteger a los corruptos». Desde Podemos hemos presentado sendas proposiciones de ley, dirigidas a derogar ambas injusticias, porque, por un lado, pensamos que para agilizar los procesos de investigación no hay que reducir los plazos, sino dotar de más medios a los tribunales y jueces (que viven en una situación de precariedad de recursos) y, por otro, porque también pensamos que la justicia debe ser gratuita sobre todo para los que menos tienen y más lo necesitan, como establece nuestra Constitución.

AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO Actualmente en España se padece un fenómeno cada vez más extendido: la pobreza laboral. Así, además de poseer un alto índice de paro, muchos de los españoles y las españolas que trabajan ganan sueldos tan bajos que viven en el límite de la pobreza. En 2015 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que las empresas tenían la obligación de pagar a sus trabajadores estaba fijado en 648 euros. En 2016, el Gobierno aprobó una subida

de 6 euros al mes, que no demuestra sino la distancia abismal que separa al Partido Popular de la realidad, pues se equivoca si piensa que con 654 € una familia puede llegar a final de mes. Hemos presentado una ley que, de entrar en vigor, supondría una subida radical y progresiva del SMI hasta los 800 euros en dos años y hasta los 950 euros dentro de cuatro años, de manera que todos los trabajadores puedan tener un poder adquisitivo adecuado al coste real de la vida.

Una proposición de ley es la propuesta de texto que se presenta ante el Congreso o el Senado para que, después de darle el trámite correspondiente, sea aprobado y se convierta en ley. Las proposiciones de ley pueden ser presentadas por los grupos parlamentarios con representación en las Cortes o por al menos 15 diputados, como fue el caso de la Ley 25, la primera proposición de ley que se presentó en la legislatura. Las proposiciones de ley se modifican durante su trámite parlamentario, se incluyen enmiendas por parte de otros grupos parlamentarios y la ley que finalmente resulta aprobada suele ser distinta de la proposición presentada en un primer momento.

UN CONGRESO ABIERTO A LA SOCIEDAD CIVIL «La comunicación con el grupo parlamentario de Podemos ha sido siempre muy fluida, comprometida con la visibilización de las leyes mordaza y la búsqueda de líneas de trabajo con otras formaciones políticas y con más organizaciones a favor de los derechos humanos y libertades». Mónica Hidalgo Sánchez, portavoz y activista de la plataforma No Somos Delito

«La Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia supone ver realizada una demanda histórica de las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia en España. Creemos que, gracias a esta comisión, será posible abordar de forma prioritaria las principales políticas que afectan a los niños y a las niñas». Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia

«Las políticas del PSOE y del PP atentan contra nuestros derechos y conquistas sociales. Necesitamos políticos valientes que defiendan los derechos sociales de la gente y no los de los bancos. Estamos hartos de ser mercancía en manos de políticos corruptos». M.ª Ángeles Nieto, parada y miembro del Círculo de Mayores de Podemos

«Consideramos muy pertinentes las medidas que contempla la Ley 25, que siempre hemos defendido y propuesto a todos los partidos políticos: derecho a la salud, a la vivienda y a un servicio de energía garantizado son derechos humanos fundamentales para una vida digna, unidos a unas políticas económicas y fiscales que contribuyan a erradicar la pobreza». Isabel Allende, directora EAPN España

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Reunión de la PAH con el grupo parlamentario de Podemos en el Congreso. Foto: Dani Gago

¿QUE ES UNA PNL?

¿Y UNA COMISIÓN?

Las proposiciones no de ley (conocidas normalmente como «PNL») son aquellas resoluciones que aprueban el Congreso o el Senado y que, como su propio nombre indica, no tienen carácter de ley. Es decir, son declaraciones que, aunque no son vinculantes para la ciudadanía o para los poderes públicos, poseen mucha importancia puesto que tienen como objetivo presionar al Gobierno para que realice una acción concreta o a alguna autoridad pública para que desarrolle una determinada política. Además, son un reflejo de la opinión de la soberanía popular sobre cualquier asunto, ya que son aprobadas por la mayoría de la Cámara, y normalmente derivan en posteriores discusiones políticas o ponen sobre la mesa asuntos de importancia para la sociedad, para que estos sean debatidos y posteriormente legislados.

A la hora de desarrollar sus trabajos, los diputados se dividen en distintos grupos llamados «comisiones permanentes» o simplemente «comisiones». Estos grupos de trabajo se clasifican según distintas especialidades (economía, sanidad, educación, empleo…) y existen dos tipos: por un lado, las comisiones legislativas, que participan en la elaboración de las leyes que posteriormente aprobará el pleno del Congreso o del Senado y, por otro, las comisiones no legislativas, que no participan en la elaboración de leyes pero que emiten dictámenes o estudian cuestiones claves para la política nacional como son la discapacidad, el cambio climático, los derechos de la infancia o la corrupción. Son permanentes porque no tienen una duración o una vida determinada, en contraposición a las «comisiones no permanentes», que se crean específicamente para investigar un tema concreto durante un tiempo limitado.

NUEVAS COMISIONES

COMISIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL VOTO DESDE EL EXTRANJERO

COMISIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE FISCAL

En España existen 8.300.000 niñas, niños y adolescentes (el 17,9 % de la población), de los cuales —según datos de Unicef— el 30,5 % se encuentran en riesgo de pobreza, mientras que el 35,8 % padece una situación de riesgo o exclusión social. Nuestros niños y nuestras niñas son una prioridad para Podemos. Por ello, era urgente poner en marcha una comisión que focalizase el debate de las políticas dirigidas al bienestar de la infancia y la adolescencia, para garantizar una necesaria transversalización de este colectivo en todos los trabajos del Congreso. Gracias a esta comisión creada por Podemos nos aseguraremos de que todas las leyes, las políticas, los mecanismos, los planes, los programas y los presupuestos se diseñarán de acuerdo con el interés superior de la infancia y el enfoque de los derechos del niño.

De los casi dos millones de españoles y españolas que residen en el extranjero con derecho a voto, apenas un 5 % de ellos ha podido votar en las últimas elecciones generales, debido a una serie de irregularidades que aún deben aclararse. Por tanto, desde Podemos hemos impulsado la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades y proponer soluciones para que todos los que residen fuera del país puedan ejercer su derecho más fundamental: el derecho al voto.

Cada día nos levantamos con la noticia de un nuevo caso de corrupción en el que están involucrados ministros, diputados, banqueros, empresarios, sindicalistas… En definitiva, casi todos los estratos de la sociedad están afectados por la corrupción y es escandaloso que desde el Congreso no se haya hecho nada al respecto. En Podemos hemos sido pioneros al impulsar una comisión permanente que empezará a funcionar en la próxima legislatura y que tendrá como objetivo depurar las responsabilidades políticas de aquellos implicados en los casos de fraude y corrupción más sangrantes, así como proponer soluciones para evitar que dichos casos se vuelvan a repetir y para diseñar unas instituciones libres de corruptelas y donde prime la honestidad.


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AHÍ QUEDA ESO «El 15M señaló con cientos de miles de voces las injusticias y también los anhelos por un futuro mejor. Las viejas maquinarias partidistas respondieron entonces con arrogancia diciendo a las gentes de las plazas que se presentaran a las elecciones. Pues aquí estamos. Nuestra presencia aquí hoy demuestra que aquel movimiento lo cambió todo. Nadie puede representar a un movimiento, pero para nosotros es un orgullo que muchos de los que no hace mucho tiempo se manifestaban a las puertas de este Parlamento estén hoy aquí trabajando para cambiar las cosas» Pablo Iglesias en el pleno del 6 de abril de 2016 «Creemos que ustedes eran conscientes de estar escondiendo más de 10.000 millones de euros debajo de la alfombra. ¿Y por qué lo hacían? Apunto tres hipótesis: en primer lugar, para poder llegar a las elecciones en condiciones de haber blanqueado una política fallida y profundamente injusta; en segundo lugar, para poder justificar nuevos recortes, y, en tercer lugar, para que la presión recaiga sobre las comunidades autónomas» Íñigo Errejón a Cristobal Montoro en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas el 7 de abril de 2016 «Para poder actuar contra los paraísos fiscales no se puede tener una mano dentro de ellos, señores del PP, pero tampoco es tomárselo en serio hacer lo que hizo el señor Zapatero, que sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales en 2013» Auxiliadora Honorato en el pleno del 19 de abril de 2016

«Desde esta tribuna queríamos trasladar a los colectivos sociales y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que seguimos comprometidos con las 5 de la PAH, y queremos que sean una realidad jurídica en nuestro país. Queremos el reconocimiento del derecho a la dación en pago» Rafael Mayoral en el pleno del Congreso de los Diputados el 12 de abril de 2016

«Un Gobierno que garantice que la gente tiene un trabajo digno; el derecho a que le paguen las horas extraordinarias; que se pueden negociar colectivamente las condiciones de trabajo; una indemnización justa cuando te despiden; que tienes un contrato indefinido cuando tu trabajo es indefinido y que no tienes por qué ser autónomo si tu trabajo no es de autónomo... En definitiva, un Gobierno que garantice el derecho de la gente a tener un trabajo digno y a no tener miedo a quedarse sin él» Carolina Bescansa en el pleno del 19 de abril de 2016 «Creo que esta tribuna está para honrar a nuestro pueblo y a la gente que ha traído los derechos, pues no ha sido ningún grupo parlamentario, tampoco el Grupo Socialista, sino la gente» Irene Montero, en el pleno del 19 de abril de 2016

«Dejen de utilizar la política de Estado con fines partidistas, esta democracia se merece otra cosa» Pablo Bustinduy en el pleno del 27 de abril de 2016

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Grupo parlamentario de Podemos-En Comù Podem-En Marea el último pleno de la XI Legislatura.

ESTO ACABA DE EMPEZAR LA LEGISLATURA TERMINA, EL CAMBIO SOLO COMIENZA

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uando entramos en el Congreso tuvimos un frío recibimiento. Celia Villalobos estaba preocupada por si teníamos «piojos», chequearon a Rita Maestre y a José Manuel López en busca de «símbolos reivindicativos», Jorge Fernández Díaz tachó de «lamentable» que Carolina Bescansa llevase a su hijo al trabajo, la bancada del PP abucheó a nuestros diputados y diputadas. Llamaron «show» y «teatro» al hecho de que la gente esperase a nuestros 69 diputados y diputadas a la puerta del Congreso al grito de «sí nos representan». Y es que por primera vez las instituciones de todos se llenaban de gente corriente e ilusión. Nos dijeron que todos los políticos son iguales y que, tarde o temprano, acabaríamos siendo como ellos. Pero el primer día ya les dimos una lección a los incrédulos: todos nuestros diputados y nuestras diputadas, además de renunciar a privilegios como son los coches oficales, el ADSL en casa o las tarjetas para taxis de 3.000 euros, se limitaron el salario a 3 SMI (salarios mínimos interprofesionales) y comenzaron a donar la mitad del excedente al proyecto Impulsa. Dentro de pocas semanas se va a celebrar la tercera edición de esta iniciativa, en la que los inscritos y las inscritas de Podemos podrán votar qué proyectos sin ánimo de lucro (y cuya laboral social repercuta en beneficio de toda la sociedad) se financian con los excedentes salariales de nuestros cargos públicos. Las renuncias a estos privilegios por parte de nuestros diputados y diputadas no solo son una vacuna de regeneración democrática, sino que se traducen en más oportunidades y recursos para la sociedad civil.

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El Congreso ya ha cambiado para siempre Ni los desprecios ni los bloqueos nos desalentaron, y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar siendo conscientes de que más de 5 millones de personas habían depositado su confianza en nosotros, con toda la responsabilidad que ello implica. No les podíamos fallar. Y así, las buenas intenciones se convirtieron en largas horas de trabajo, y estas, a su vez, en cambios irreversibles. Hoy el Congreso ya ha cambiado para siempre, en lo simbólico pero también en lo material. Ahí están las tres nuevas comisiones que continuarán su trabajo en la legislatura que viene: Infancia, Corrupción e Investigación sobre el Voto Rogado (un voto rogado que dificulta el acceso al voto de muchas personas obligadas a marcharse de nuestro país). Estos tres primeros meses han sido una pequeña muestra de lo que será el cambio en España. Las iniciativas de cambio son reales y funcionan. Todas las proposiciones de ley y de comisiones debatidas en el Congreso a propuesta de Podemos han salido adelante. En cambio, el PP no ha sacado adelante ninguna de las propuestas que ha hecho. Ahora desempata la gente La noche electoral no solo estábamos eufóricos porque una fuerza creada apenas dos años antes había llegado a 69 escaños, una fuerza financiada solo por las donaciones de la gente y no por los bancos. También nos ilusionaba comprobar que daban los números para una mayoría de progreso en el Parlamento y para la formación de un Gobierno capaz de poner fin a las políticas injustas e ineficaces del PP. Por eso no tardamos en proponer un Gobierno de Cambio y coalición, a la valenciana.

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Durante estos cuatro meses hemos podido comprobar en el Pleno del Congreso, por ejemplo cuando se debatieron medidas de rescate ciudadano, cómo daban los números para un Gobierno de Cambio. Ante la Ley 25 o ante la paralización de la LOMCE votamos junto al PSOE y otras fuerzas, mientras que Ciudadanos se abstuvo. La foto de esas dos votaciones retrataba un Gobierno de Cambio que al final no ha sido posible: el PSOE eligió pactar con quienes prefieren no pronunciarse cuando toca parar los desahucios y los cortes de suministros, o cuando toca defender la sanidad y la educación públicas. Es un fracaso colectivo y pedimos disculpas por la parte que nos toca, porque seguro que hemos cometido errores. Pero si los hemos cometido, no ha sido más que por la impaciencia de acabar con los tiempos de sufrimiento social que han provocado las políticas del PP y para abrir las puertas a un Gobierno que ponga por fin los intereses de la gente por encima de los de los privilegiados. Como siempre que los políticos no están a la altura de su pueblo, toca devolver la última palabra a la ciudadanía. Tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Vamos a tender la mano a quienes faltan, a todos aquellos que, a pesar de cualquier diferencia, compartan la ilusión por el cambio. Durante estos últimos meses hemos aprendido sobre todo a ser generosos, a dejar las diferencias a un lado y buscar lo que nos une. Si todo esto es lo que hemos conseguido en el Congreso en solo cuatro meses, ¿te imaginas lo que podemos conseguir durante cuatro años en el Gobierno?

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