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Conversaciones sobre Conflicto y Paz  El problema de las tierras en Colombia.   

El Jueves 2 de octubre de 2008 la Red Prodepaz, la Corporación Nuevo Arco iris y el Proyecto Planeta Paz convocan un grupo pequeño de personas y especialistas para discutir el problema de la tierra en Colombia y su relación con las distintas lógicas del conflicto en Colombia y la construcción de la Paz 1 . Frente a problemas como la agudización de la concentración de la tierra a lo largo de los últimos 20 años, el tema de la tierra se presenta como uno de los factores que hacen pensar que el problema de la tierra en Colombia no esta de ninguna manera resuelto y que sin duda es uno de los elementos que hay que relacionar, tanto por ser parte de las estrategias de control como por ser uno de los temas vigentes en las reivindicaciones de las comunidades. Finalmente y a manera de introducción – invitación el moderador de este diálogo explica como la cancelación de las negociaciones del conflicto armado han significado que buena parte de los debates propuestos en el país se quedaran sin objeto de trabajo, lo cual no implica que los sujetos hayan desaparecido, la invitación es pues a reactivar un debate aún vigente en el país sobre la relación conflicto y paz así como a renovarla desde los sujetos que tienen propuestas de construcción desde las regiones y territorios concretos.

El problema de la Tierra en Colombia hoy. Absalón Machado

Economista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y colaborador de la Comisión de Reparación y Reconciliación.

El profesor Antonio Machado plantea que para decir algo sobre el problema de la tierra más allá de la concentración y la propiedad es preciso responder otras preguntas de orden más analítico que cuantitativo y que la exposición que el realizará será una interpretación sin cifras y de carácter cualitativo que termina en dos hipótesis que sirven de guía para el trabajo de memoria histórica en la comisión de reparación.

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 Los textos empleados en este documento son producto de la relatoría elaborada en el evento, la  grabación de las intervenciones y en el caso de Elisabeth Ruiz de un texto enviado por ella para esta  presentación final.  


Las preguntas a resolver son dos ¿por qué todavía hablamos del tema de tierras en Colombia? Y ¿por qué entonces hay conflicto por la tierra? Las cuales responde de la siguiente forma. A . ¿Por qué todavía hablamos del tema de tierras en Colombia? •

• •

El hecho que Colombia no hubiera alcanzado aún un grado de modernidad que le permita entender la diversidad social económica y cultural respetando los derechos de los ciudadanos y las comunidades. Es decir de una sociedad que no ha alcanzado la modernidad. Porque tenemos un estado débil que se deja cooptar por el interés de grupos que se apoyan en la violencia para apropiarse de los derechos de los demás. El estado y sus gobiernos han carecido de voluntad y decisión política para garantizar políticas que permitan el acceso a la tierra y demás derechos y recursos para que los pobladores rurales tengan un nivel de vida sustentable y digno, en el contexto de una estrategia de desarrollo rural. Porque la tierra es un objeto de disputa entre la codicia de acumulación y de poder por parte de terratenientes y elites (menciona también paramilitares comerciantes, políticos, militares y burguesía urbana) y la necesidad, es decir, la tierra como instrumento vital para la existencia de pobladores rurales pobres las comunidades indígenas, afros y campesinas de sus proyectos de vida la construcción de su identidad y su sentido de pertenencia en la sociedad.

Ahora bien, esta codicia por la tierra por parte de estos actores tiene fundamento en los siguientes elementos: 1. La tierra, en una sociedad con una modernización incompleta es fuente de poder político y de prestigio social 2. Es una fuente importante de acumulación y riqueza, en la medida en que por falta de una política tributaria correcta la tierra se convierte en un bien que facilita la especulación a través de la valorización. Pero aún si se le explotara de formas más racionales la agricultura empresarial podría generar ganancias importantes porque es una actividad que para ellos sigue estando protegida, recibiendo y ayudas del estado 3. Es también fuente de disputa por ser un elemento de lavado de activos para el narcotráfico, porque en las áreas rurales el fenómeno del testaferrato permite esconder capitales de mejor manera que en las zonas urbanas. 4. Porque durante la evolución del conflicto, la tierra y sus recursos naturales se convierten en un instrumento de control territorial por parte del los grupos armados ilegales un control para manejar el negocio del narcotráfico y para disputarle poder al estado 5. Porque la tierra y los territorios que se entregan contienen riquezas estratégicas para el desarrollo futuro que prometen ser una fuente importante de acumulación de riquezas (se mencionan el agua, los bosques, la biodiversidad, los recursos mineros y energéticos – la energía eólica y otras fuentes de energía alternativas) es decir un visión


futurista de las elites de la importancia de estos recursos y los que están a su alrededor, la visión de un país modernizado y que ingresa a la globalización. Insiste entonces el profesor Machado en su presentación en que existe un enfrentamiento entre la codicia por estos recursos enfrentada con la necesidad de los pobladores para su subsistencia, la garantía del cumplimiento de sus derechos, su reconocimiento como ciudadanos (en países donde si no se tienen activos como la propiedad difícilmente se reconocen los derechos como ciudadanos). Esta disputa también está atravesada por el tema de la seguridad alimentaria, porque los campesinos no tienen opciones para sobrevivir, en términos de empleo e ingreso, en condiciones de trabajo que no estén vinculadas con la tierra. B. ¿porque entonces hay conflicto por la tierra? Porque el conflicto involucra muchos actores y compromete muchos mas intereses; más allá de la propiedad de la tierra, es sobre muchas otras cosas que giran alrededor de la tierra. Por ello existe una percepción muy generalizada de que el problema de tierras es el núcleo del conflicto (por lo menos en la sociedad rural) y que existe un vínculo directo entre la tierra y el conflicto y que si no se resuelve el conflicto a favor de la necesidad y no de la codicia no se podrá resolver el conflicto Pero entonces también es necesario considerar que la relación entre tierra y conflicto no es univoca ni unidireccional porque el conflicto por la tierra es causa y al mismo tiempo efecto del conflicto interno y el problema metodológico esta justamente en identificar en que momento, en que contexto y circunstancias es la causa y en que momento el efecto. O bien cuando la relación es directa o indirecta entre una y otro. La tierra como bien o instrumento de producción es uno de los elementos de la estructura agraria entre otra serie de elementos, por lo tanto sería más apropiado hablar de la relación estructura agraria – conflicto que de la relación tierra – conflicto. De esta forma se deben incluir en el análisis las relaciones de carácter económico, social, político y cultural que se construyen alrededor de las relaciones de poder sobre la tierra o que se derivan de la posesión o del control sobre la tierra. Relaciones que explican la relación de los actores involucrados en el control y posesión de la tierra y los conflictos que se desarrollan alrededor de esa estructura agraria son una expresión de esas relaciones de poder que se construyen alrededor de la tierra, expresando los intereses de esos actores involucrados. A continuación se recalca la importancia entonces de contextualizar el conflicto por la tierra poder entender el problema:


Una estructura agraria que esta involucrada en un sistema donde impera el liberalismo económico; es decir donde la tierra se utiliza como un bien de producción y no como un bien de especulación. En esa estructura los conflictos deberían resolverse con una intervención adecuada del estado y del mercado a través mecanismos de concertación adecuados entre los actores y con mecanismos de reconocimiento de derechos. Es decir que en esta estructura el estado podría intervenir directamente la estructura agraria si la polarización de intereses y el conflicto que se genera alrededor del poder de la tierra amenazan la estabilidad social requerida para darle seguridad a la nación. El otro caso es una estructura liderada por un liberalismo político donde los actores acuden a la fuerza, a la violencia y la negación de los derechos para resolver los conflictos que surgen alrededor de la propiedad y de los recursos imponiendo un orden social donde el estado esta prácticamente ausente o a sido cooptado por dichos actores. En el primer caso, del liberalismo económico, hablamos de una sociedad que ya ha entrado en los caminos de la modernización quitándole a la tierra y alas relaciones sociales todos los rezagos feudales que puedan tener. En el caso del liberalismo político estamos hablando de una sociedad en retrocesos, alejada de la modernidad y que actúa en el contexto de un capitalismo salvaje y espurio donde el acceso a los recursos y a la acumulación se sustenta en la violencia y una institucionalidad informal no reconocida ni legitimada socialmente, aquí se configura la imagen del propietario como señor de los bienes, de la tierra y de la vida de sus súbditos, que es bien diferente de l figura del empresario capitalista moderno que actúa dentro del liberalismo económico. Cuando además aparecen el narcotráfico, los grupos armados al margen de la ley, que no reconocen la tierra como un bien productivo de acumulación social sino como un instrumento de la guerra y del negocio de la droga, entonces la estructura social es completamente dominada por los violentos y se controla tanto la tierra, los recursos naturales, como el territorio y la población. Fenómeno que llama entonces Machado un “capitalismo espurio ampliado”, en donde interactúan terratenientes aliados con las elites, pero también actores armados ilegales a ampliar esas formas de acumulación salvaje. Entonces el cambio del sistema o cambio de contexto cambia la valoración de la tierra, Uno de estos cambios sutiles es el siguiente; en el liberalismo económico la tierra es un bien de producción y las disputas que hay allí son por productividad o por ganancias, en el liberalismo político la tierra es una estructura de dominio territorial mas no de disputa por la tierra como un recurso que genera producción de manera inmediata, la tierra no importa mucho es el territorio el que se convierte en un elemento estratégico de dominación y de guerra, del poder y de la sumisión. Este es señalado como un cambio aparentemente pequeño pero con grandes consecuencias, por que conduce a


la necesidad de sacar o de dominar poblaciones para controlar territorios, se domina territorio si se domina la población cuando esto último no se puede entonces se saca de los territorios. La tierra entonces no desapareces pero toma connotaciones diferentes: Se apropia la tierra para formar corredores estratégicos para el dominio del territorio y de negocios de producción y circulación. Entonces tierra y territorio son dos categorías sociales y políticas que adquieren valoraciones diferentes según el contexto donde se pongan y marcan la naturaleza de la sociedad rural. A continuación el profesor machado explica como en el proyecto de relacionar tierra conflicto y memoria histórica, el grupo de trabajo del cual hace parte ha establecido las siguientes hipótesis de trabajo Hipótesis general •

Uno de los principales determinantes del conflicto armado interno en Colombia es el conflicto por la tierra y por el territorio, en particular por la apropiación realizada por los señores de la guerra y el narcotráfico para fines estratégicos de dominio social y político de poblaciones y territorios; así como para el establecimiento de un orden social consecuente con sus intereses y de las elites con las que realizan alianzas.

Esta Gran hipótesis se desglosa en dos hipótesis más que se refieren a los dos periodos de tiempo que trabaja el grupo y que tienen los años ochenta como un quiebre que marca unas diferencias de orden cualitativo importantes en el problema de la disputa por la tierra: En el periodo 60 – 80 se busca la institucionalización del estado con las organizaciones campesinas tanto como una política de redistribución a la propiedad marginal rural como de recuperación del control del estado sobre la población rural frente al control que empieza a adquirir la dinámica de la subversión armada (fase del desarrollo más orientada por el liberalismo económico) En el periodo del 80 – 2008 aparecen la irrupción del narcotráfico y el paramilitarimo cambian la función social de la propiedad convirtiéndolas instrumento de control territorial y de dominio social y político de las poblaciones. Ello impiden la organización social del campesinado, dando origen a un despojo forzado de la población rural y subsumiendo la lucha por la tierra del campesinado y las comunidades en la lucha por el territorio de las elites (fase de desarrollo más orientada por el liberalismo político y el capitalismo espurio)


En la realidad ambas formas de liberalismo se presentan a un mismo tiempo pero si hay una prevalencia de unos sobre otro y es esta superposición la que se observa en el conflicto por la tierra y por el territorio. Es esta superposición la que hace que el conflicto por la tierra se vuelva tan importante, se multiplique, porque entones supera los mínimos estrechos de la propiedad. Finalmente Machado sugiere que a acepción de la lucha indígenas la lucha por las comunidades sigue concentrada en el debate por la tierra. En este sentido se puede pensar que la lucha tradicional campesina por la tierra, por la UAF, no tiene mucho sentido, el problema no es solo tener tierra por la vía que fuere; compra en el mercado o redistribución por política pública. La amplitud del problema, sugiere finalmente que se rediscuta el problema de la tierra. La importancia se encuentra también en que estos cambios en la concepción de la tierra se ven reflejados en las políticas públicas relacionadas, de tal forma que de los noventas para acá las políticas no discuten la propiedad de la tierra o la reforma agraria porque aparentemente esta discusión no tiene sentido y lo que aparece como el nudo de la política es la restitución o reparación de las tierras que fueron violentamente apropiadas. Finalmente se plantea que es preciso entonces resaltar la importancia del análisis del contexto, ver su dinámicas y relaciones para saber cual es el problema de la tierra en Colombia, para reflexionar si las tradicionales reivindicaciones de la lucha por la tierra de los movimientos campesinos tienen validez en la forma en que se plantean, no que no se reivindique el derecho a la tierra es la forma en la cual se pide que sea esa reivindicación. Sobre este contexto la redistribución de la tierra, por si misma, no resuelve las formas del conflicto que promueve.

Conflictos de tierras en el magdalena medio. Elizabeth Ruiz

Coordinadora de la estrategia de tierras del Programa de Desarrollo y paz del Magdalena Medio

El Programa de Desarrollo y Paz a través de recursos de la Unión Europea inició una labor de indagación y abordaje en el 2006, para conocer y procurar dar salida a la problemática de tierras en la región.


A la fecha, el estado del arte sobre la problemática es incipiente. Durante el periodo del 2006 – 2008 se logro una aproximación general de la problemática dando cuenta por lo menos de los siguientes aspectos: •

Las instituciones estatales encargadas del tema de tierras y de su respectivo registro y control, gozan de una fuerte desarticulación, que degenera en graves problemas para el conocimiento de la problemática actual, es decir, no se tiene certeza ni claridad sobre las tierras que han de ser consideradas baldías y cuales privadas.

Lo anterior, genera serios problemas a las comunidades campesinas, con respecto al pleno goce de su derecho de acceso a la propiedad. En estos casos es el Estado el llamado a propiciar el acceso a la propiedad, utilizando entre otras herramientas, la titulación de predios baldíos.

Consecuencia del primero, también es la indebida ocupación de predios baldíos por parte de grandes empresas dedicadas a la agroindustria, que de manera arbitraria ocupan tierras baldías, y además las reclaman como suyas, es decir, no reconocen su carácter de baldías y tratan de mostrarlas como privadas, generando despojo en otros pequeños ocupantes e impidiendo el pleno goce de sus derechos constitucionales que al respecto les corresponden.

La desarticulación administrativa, sumada a la falta de voluntad política y a fuertes intereses sobre zonas de recursos estratégicos, a generado graves problemas para la regularización de la propiedad de campesinos que se encuentran ocupando terrenos ubicados en zonas de reserva forestal.

La ausencia de regularización de títulos de propiedad, existe en un alto nivel. En zonas de alta importancia económica se ven enfrentados en litigios, cuyas contrapartes poseen los recursos y asistencia técnica necesaria para llevarlos a cabo, recursos que los campesinos desafortunadamente no poseen, situación que deviene en inequidad de la litis.


El conflicto por el uso de la tierra, en coadyuvancia con las políticas publicas sobre desarrollo rural, motivan que grandes empresas amparadas en su derecho de libre comercio de bienes, realicen compras masivas de tierras en zonas deprimidas económicamente pero con suelos de excelente calidad, ofreciendo muchas veces a los campesinos menos del justo precio del bien, generando desplazamientos de la población hacia los cascos urbanos de los municipios aledaños, y una crisis de seguridad alimentaría que puede trascender de lo municipal a lo regional. La ausencia del Estado con otros aparatos que no sean los represivos, la cultura política corrupta regional y su taimada aceptación social, beneficia a los grandes sectores económicos y políticos interesados por las riquezas regionales, impidiendo una igualdad material en el acceso, no solo a la tierra, sino a mecanismos conducentes a hacerla productiva, generando desarraigo en la población.

DIAGNÓSTICO ACTUAL 1.

Los casos "Numa" en el Municipio de Regidor, Sur de Bolívar, "Parceleros de San Alberto" en el Municipio de San Alberto Sur del Cesar y el "Garzal" en el Municipio de Simiti, Sur de Bolívar, han demostrado que: 1.1. La condición de precariedad en los títulos de propiedad sobre la tierra es la regla general en las comunidades campesinas en donde el PDPMM interviene. 1.2.

Dicha precariedad en los títulos afecta significativamente la sostenibilidad del PDPMM, pues la no titulación de tierras en favor de las comunidades campesinas afecta:

1.2.1 La consolidación de procesos productivos que le brinden autonomía al campesino y lo vinculen a las líneas de desarrollo que propone el programa de desarrollo y paz. 1.2.2 La reparación económica y simbólica de comunidades que han sido despojadas y desplazadas del territorio por el conflicto. 1.2.3 El afianzamiento de espacios regionales de concertación entre las comunidades campesinas y los agentes del conflicto en los que aquellas puedan participar con la seguridad y confianza que un título de propiedad y los procesos productivos les otorga. 2.

Los recursos jurídicos de las comunidades campesinas en donde el PDPMM interviene son precarios en relación con los de aquellos agentes que reclaman un mejor derecho sobre las tierras en las que se encuentran asentadas estas comunidades.


Sobre el problema de tierras en las comunidades indígenas Juan Carlos Houghton Coordinador Académico del Centro de Cooperación al Indígena CECOIN

“En algún momento de la negociación en el Caguán corrió el rumor de que iba a haber un acuerdo de distribución territorial del poder y había la historia de que el acuerdo se estaba construyendo sobre quien gobernaba en la Costa Atlántica, quien gobernaba en la Orinoquía y quien gobernaba en el resto del país y que eventualmente por ahí iba el resto del acuerdo. Yo no se si ello halla sido verdaderamente parte de las discusiones que hubo en la mesa, pero lo cierto es que esto generó entre los líderes indígenas e la amazonía y la Orinoquía una grandísima preocupación, porque lo que aparecía en ese acuerdo es que el resultado de la paz era que, fundamentalmente, los derechos políticos colectivos que los indígenas han venido construyendo y en algún grado reconociéndoseles iban a ser perdidos. De alguna manera esto muestra que la forma en la cual algunas organizaciones indígenas se enfrentan al conflicto es la manera como sus derechos políticos colectivos van a ser preservados o no en una posible negociación. Esto ilustra varias de las reflexiones que se harán a continuación. A excepción de los resguardos coloniales del cauca el mapa muestra los resguardos indígenas y los territorios afro que existen en el país. Dos características que comparten estos territorios en la legislación colombiana es el de ser propiedades privadas, pero al mismo tiempo tener características de los bienes públicos, puesto que son “propiedades” pero estas no pueden ser vendidas, ni embargadas, ni quitadas por


nadie es decir son imprescriptibles a diferencia de la propiedad privada que se puede transar. La suma total de estos territorios es alrededor de unos 38 millones de hectáreas, esos son 380.000 Km² esto es la cuarta parte del país, territorios además de los cuales tanto indígenas como negros predican que son territorios autogobernados.

En este mapa se muestran algunos de los Parques Nacionales Naturales existentes y las solicitudes de ampliación de explotaciones mineras en curso, algunas de la cuales cubren totalmente territorios indígenas, como en el eje cafetero y el sur de Antioquia. Entonces estamos hablando aquí de la cuarta parte del país y esto es importante al pensar en una estrategia de solución del conflicto.

Por lo genera cuando hablamos de lo multiétnico se entiende que nos referimos solamente a lo cultural, pero cuando nos referimos a lo multiétnico también afirmamos que existen en el país diferentes comunidades políticas que reclaman para si el derecho a gobernarse, de tener un territorio y de aplicar la justicia, una justicia distinta a la general, dado que los indígenas en Colombia son el 4% de la población, no tiene el peso que puede tener en otro países como Ecuador o Bolivia, pero estas características de la multiculturalidad le dan sustento a una idea que cada vez cobra más fuerza en el país y los indígenas la llaman el estado multinacional, distinto a la república unitaria que es la que hoy rige. Es por esta razón que, aunque unas comunidades reivindican esta idea más y otras menos, a partir de los noventas las poblaciones indígenas reivindican el concepto de pueblos en contra de posturas que los llaman minorías étnicas,


comunidades o poblaciones indígenas. EL concepto de pueblos fue reconocido durante el 2007 por Naciones Unidas, lo cual implica que estos son tan pueblos como el pueblo colombiano, y en consecuencia tienen derecho a la libre determinación y a organizar su vida política. Esto significa que la posición de los indígenas se expresa en reivindicar la existencia de varios ordenes territoriales al interior del país es decir que hay un enfrentamiento a que se considere que existe solamente un territorio nacional en cuyo interior hay una serie de territorios distribuidos y concedidos por el estado nacional, en los planteamientos indígenas y afro lo que debería pasar es que el estado reconoce estos ordenes territoriales preexistentes al estado y las tierras sobre las cuales se reivindica esta posición no son tierra que el estado concede sino las tierras que el estado y el capital no les han quitado. Desde lo que percibo, el gobierno indígena entiende el conflicto económico y el conflicto armado como una disputa entre esos distintos ordenes territoriales – tanto los del estado nacional como los de la insurgencia y los paramilitares (aquellos que algunos llaman ordenes territoriales de hecho) pero también frente a los ordenes territoriales corporativos, este último un elemento fundamental de cambio en el espacio colombiano. Se supone que el proyecto territorial indígena choca con la idea de una sola república, pero cuando nos preguntamos quien gobierna en realidad el país, de quien son los recursos naturales, como se ejerce justicia, efectivamente hay un proyecto en el cual al estado se le deja lo mínimo, a lo sumo la defensa de la soberanía frente a factores externos. Esto se evidencia en la consigna del movimiento indígena que pasa de ser tierra a territorio, cultura a modos de vida alternativos y de autonomía a gobierno propio; es decir, que hay una disputa para que la cultura no sea entendida solamente como un universo simbólico sino como un modo de vida material que debe ser respetado. Este proyecto pareciera conquistarse por parte del movimiento indígena a través de la declaración de las entidades territoriales indígenas. Ingenuamente, a mi modo de ver, los indígenas supusieron entonces que el conflicto se resolvería con una reorganización al interior del estado que reconociera las entidades territoriales indígenas, lo cual debería haber implicado no solo una redistribución de las funciones político administrativas del país sino una redistribución del poder. Esto no significa que el problema de la tierra este entonces resuelto, en este momento existen 1.5 millones de hectáreas que están siendo reivindicadas por los indígenas y no han sido tituladas, más otro millón de hectáreas que se consideran ámbitos territoriales indígenas. Pero esta no es solo una reivindicación por la titulación de los predios sino a gobernar estos espacios. Desde los años ochenta existen una construcción creciente en los pueblos indígenas de la territorialización, actualmente no hay comunidades que no


construyan sus mapas, no en el sentido plano topográfico sino en el sentido de espacio de gobierno, de espacio de poder. SI además de ser un espacio simbolizado u ordenado, el territorio es un espacio de poder, entonces las principales desafíos que perciben las organizaciones indígenas es en torno de esa territorialidad. A nivel mundial y dadas las condiciones de la crisis económica del capital, ha habido una relocalización productiva, pero también una nueva estructuración a través de las demandas del capital que obliga a reconfigurar espacio y probablemente muchas de las grandes infraestructuras que hoy se construyen serán obsoletas porque no corresponderán con esta nueva distribución. Algunos sostienen que con la globalización, espacios como el tercer mundo desaparecen y aparecen lugares como el patio trasero o las tareas de libre comercio, en donde los estados nacionales desaparecen y aparece un espacio único, el del capital. Este proceso sustenta la idea de que estos espacios políticos se conviertan en espacios privados, se habla entonces de “territorios privados” lo cual en principio es un contrasentido pues se supone que el territorio es el espacio de lo público, el espacio donde la ciudadanía o la figura que se quiera adoptar decide sobre su vida. Un ejemplo es el recientemente aprobado TLC, que justamente lo que legitima es que por encima de las leyes de la nación aparece la legislación privada y el código del comercio impuesto por la OMC. La tendencia entonces que nosotros percibimos es una especie de reedición del señorío medieval, en la cual el propietario es al mismo tiempo gobernante. Ya se ha hablado aquí del crecimiento del latifundio y fundamentalmente del latifundio armado, y del carácter especulativo de la tierra en estas nuevas relaciones. Esta “financialización” del territorio esta ligada con una alianza entre el latifundio armado y el capital extranjero internacional. Surge entonces una pregunta sobre la existencia de una alianza entre uno de los sectores mas arrasados por las lógicas el capitalismo como lo es el sector rural frente al mas “desarrollado” que es el sector financiero. Pienso que esta alianza esta ligada fundamentalmente al tema de la titularización de la tierra; la gran mayoría de las transacciones del sector financiero están ligadas a la garantía que puedan tener estas empresas, que especulan en bolsa, de que la producción se va a dar. En la medida en la cual el capital es cada vez mayor se necesita mostrar mayor seguridad sobre el mismo y la fuente de esta seguridad es el control sobre recursos estratégicos, territorios, biodiversidad, provocando así una alianza entre el gran capital financiero y el latifundio armado. Esta no es una alianza que se de solo en el territorio colombiano, es también una alianza que sustenta las 800.000 H de bosque que se tumban el Brasil por año o la que expulsa indígenas en zonas mineras del Perú. Alianzas todas ellas que sustentan los procesos de


financialización de los espacios o de los recursos que se encuentran en ellos. La privatización esta asociada así con el control militar del espacio y los recursos, lo cual genera una posición totalmente contraria la que proponen los indígenas. EL caso del territorio U´wa es un claro ejemplo de las consecuencias de este fenómeno en territorios indígenas, de tal forma que aún sin sacar una sola gota de petróleo del mismo, la sola condición de existencia de los bloques petrolero catleya o saráre estén titularizados a través de empresas como Ecopetrol o BP, han permitido que existan negociaciones por encima de los 8.000 millones de dólares, negociaciones que solo pueden ser viables si existe una relación entre control militar del territorio y especulación financiera. Los territorios indígenas presenten un problema para el estado porque su carácter impide que se puedan hacer transacciones con estos, en últimas son 38 millones de hectáreas que no se pueden negociar en el mercado. Parte de la disputa de los indígenas es que para “solucionar” el inconveniente el estado decide la desagregación del territorio a partir de normas y jurisdicciones, el agua, la biodiversidad, el bosque… y al final los indígenas se quedan es con la mera superficie porque el territorio no se puede transar pero todo lo que lo compone se puede transar. La resistencia indígena se plantea entonces desde la no incorporación al mercado reivindicando la intangibilidad de los bienes de la naturaleza, por lo cual se genera un debate sobre superposición de jurisdicciones: quien gobierna sobre el agua, sobre el petróleo, sobre la naturaleza o sobre el espacio aéreo. El conflicto entonces con los pueblos indígena y afro es esencialmente una disputa sobre quien gobierna el territorio. Casos como el del Magdalena Medio suponen otra estrategia de control territorial, en donde las comunidades son articuladas a la cadena productiva, así mediante “alianzas estratégicas” las comunidades agrarias son incorporadas en el último eslabón de la cadena, donde hay menos valor agregado de los productos y sin necesidad de violentar se incorporan estos territorios a esta dinámica económica, algo que nosotros hemos llamado apropiar sin expropiar. Entonces, al tiempo que los indígenas reivindican la territorialidad como un gobierno del espacio, la tarea legislativa y la tarea práctica del capital induce a un vaciamiento de la territorialidad, y a ello no solamente se enfrentan los indígenas sino todos los movimiento sociales que intenta traducirse en movimientos electorales, llegan a controlar el aparato administrativo y no hay objeto de gobierno, a mas bien este se limita a la distribución del presupuesto pero no a la decisión sobre los recursos.


Esta privatización implica necesariamente una despolitización del territorio, pues en la medida en que el territorio no puede ser gobernado porque sus componentes políticos han sido expropiados, se vuelve a la disyunción de la política de confundir el propietario con el gobernante. Uno de los mecanismos fundamentales de este fenómeno son los llamados operadores estratégicos, que son por ejemplo en plan de minas, grandes empresas a las cuales se les entregan funciones públicas de ordenamiento de la función minera en varios municipios; de esta forma, ya no se puede incidir sobre instituciones públicas como ingeominas, porque sus funciones han sido delegadas en estas empresas. De igual forma sucede con el ordenamiento de cuencas o los planes departamentales de aguas, que son entregados a empresas privadas que llegan a controlar el agua de toda una región, no la Corporación Autónoma Regional ni el municipio. Un ejemplo de todo ello fue la recientemente derogada ley forestal, en la cual era la figura del ingeniero forestal de la empresa maderera a quien se encargaría de vigilar que la empresa cumpliera con la normatividad relacionada con la explotación del recurso. Por un lado, necesariamente todo el planteamiento de gobierno propio de los indígenas choca con estas nuevas formas de gobierno. Pero además resulta también que esta figura de los operadores estratégicos evidencia aquella idea que expone el profesor Machado de que el mercado es distribuidor de tierras; las consecuencias de esta situación se agravarían de entrar en vigencia la nueva propuesta de Ley Agraria, puesto que las zonas de desarrollo empresarial serían zonas francas agrarias que funcionarían como las zonas francas industriales, en donde las normas del derecho mercantil operan por encima de la legislación nacional. >Todo ello no solo implica la desaparición de la política en estos espacios sino el control por parte de las empresas del orden público; en la guajira, por ejemplo, quien cumple las funciones de control del orden público es el Cerrejón o en lugares como el Putumayo, quien tiene el control de la seguridad de la región es la empresa privada que garantiza la seguridad de la transnacional. Otro ejemplo de lo mismo son los Centros de Coordinación de Acción Integral, que además de ser una estrategia de orden militar en la cual las instituciones públicas locales se subordinan al comandante de la brigada (Bienestar Familiar y Unidad de Parques entre otras), tienen una figura que son los llamados por ley los “padrinos”, que son empresarios prestantes de las zona a quienes se les otorga la función de ser parte de la comisión ordenadora del gasto público, que como ya se menciono, esta subordinada en términos operativos al comandante de la brigada.”


Moderador. Lo que se ha mencionado en las tres intervenciones no solo demuestra que la tierra sigue siendo la clave para entender el conflicto y la paz, sino también que hay vida al interior de los territorios de la academia y de los asesores; una vida que se enfrenta a diario con las posiciones de desvalorización de la lucha los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes y campesinas, al preguntarle al mundo ¿y el reparto de tierras para que? Comentarios y Preguntas •

Las tres intervenciones demuestran que las lógicas de la violencia no se explican en el marco en una lógica propia exclusiva del conflicto armado sino que tienen unas razones mucho más amplias de existencia. De tal forma que los actores armados se enfrentan por razones implícitas de control del poder y sustentan actores económicos de depredación, no simplemente actores de guerra a los cuales ocasionalmente les da por enfrentarse.

Es importante ver como las lógicas de la guerra no son iguales en todo el país y por ejemplo las zonas del país que son frontera se convierten en corredores estratégicos de la lucha armada, generando unos índices muy altos de desplazamiento y vaciamiento de los territorios.

En zonas de cultivos de uso ilícito parte de los problemas de tierras es que no existen figuras de propiedad de la misma por parte de los campesinos que viven en ellas, puesto que los campesinos no dejan titular para no ser sujetos de extinción de dominio o sujetos de crédito embargables

En algunas regiones la gente esta entregando sus propiedades a inversionistas que controlan negocios como el de las pirámides, otra de las formas en las cuales esta expropiando de manera “legal” a los campesinos de sus tierras.

En algunas regiones del país donde funciona el programa de desarrollo y paz del sur hay campesinos asociados también a cultivos de uso ilícito como al amapola, estas comunidades han acumulado órdenes de embargo de su tierras al tiempo que logran permanecer en ellas, organizarse y construir planes de vida, pero hoy en día se enfrentan a la resolución jurídica de estos embargos.

Otras comunidades campesinas del país que se encuentran en zonas de conflicto – antiguas zona de distensión, resguardos indígenas en Florencia y Putumayo han invertido recursos y tiempo en la presentación a programas gubernamentales de tierras pero no les


resuelven nada, situación agravada porque muchas de ellas han sido desplazadas a los cascos urbanos y permanecen allí en condiciones de hacinamiento. •

Otros lugares donde hay producción agrícola campesina, como las 850.000 hectáreas de tierras cultivables de municipios de Gigante Agrado y Garzón pretenden ser inundadas para la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo con el represamiento del agua del río Magdalena, en donde, sin haber salido la licencia ambiental, el gobierno ha declarado ya la utilidad pública del terreno para permitir desalojos por parte de la empresa Emgesa.

Es importante no homogenizar el problema de la tierra en Colombia, la periodización histórica del conflicto por la tierra, sus causas y consecuencias no son las mismas para las zonas de tierras bajas que para las tierras de ladera, Lo que no significa que la forma en la cual se aprovecha el suelo si obedece a un conflicto similar en todo el país, que no solamente esta en las zonas rurales sino también en las ciudades. Esto implica que el problemas no solo es el uso y aprovechamiento del suelo pensado en la dinámica de producción agrícola – como podría clasificarse el problema hasta principios de los noventa – en donde todo se restringe al problema de propiedad de un pedacito de tierra, ahora no es que se halla resuelto ese problema sino que aparece de forma más compleja, que no solamente enfrenta las lógicas del ordenamiento territorial con el gobierno o las empresas, sino entre las mismas comunidades

La caracterización del liberalismo económico vs liberalismo político. Las nuevas especialidades del capitalismo mundial por medio de las grandes corporaciones multinacionales y en particular las de los agrocombustibles, las industrias petroleras y los grandes bancos inversionistas suponen una mutación del gran capital mundial. Existen entonces empresas revestidas de poder público y su intervención en la construcción de política pública. No deberíamos entonces darle freno a este gran negocio de los agrocombustibles?

 

Elizabeth Ruiz En el terreno uno termina apagando incendios. Se resuelven problemas pero todos resultan conectados y resulta siendo frustrante la defensa de lo territorios en el terreno porque el estado termina profundizando el problema; los restablecimientos de la población desplazada se le encargan a las mismas empresas que incentivaron el poder que los desplazo, entonces terminan siendo, no propietarios de sus tierras, sino empleados de las mismas. El


ordenamiento territorial debería ser una herramienta fundamental para decir, no queremos palma, por ejemplo. Finalmente concluye, el valor de gobernar se convierte de nuevo en causa de la violencia, La tierra y el territorio son causa y consecuencia de la violencia.  

Absalón Machado Entender la complejidad del problema que va mas allá de la simplicidad de la distribución de la tierra que se daba en las luchas campesinas, permitiendo agregar los elementos fundamentales de la discusión. La confusión en Colombia se genera por la gran diversidad, geográfica cultural económica, política e institucional incluso, que hacen que el problema de tierras tenga que analizarse desde lo local y lo regional, que se planteen políticas desde varias escalas reconociendo la diversidad local sin desconocer lo problemas globales del capitalismo, de las disputas transnacionales de las empresas multinacionales, del narcotráfico. Existen situaciones que cambian contextos en incluso hacen difícil la construcción de políticas con autonomías. Necesitamos una combinación de disciplinas porque la economía se queda corta para resolver el problema, la reforma agraria es una solución meramente económica pero este es un problema de escalas y problemas que desbordan la economía. Es preciso entender la racionalidad de los actores y la dinámica de los conflictos para entender mejor el problema. El tema de los biocombustibles hay que mirarlos dentro del OT porque esta metido dentro de la lógica de los intereses de acumulación de empresas y gobiernos de ampliar el crecimiento, hay que hacer un OT en términos del uso de los recursos y en lógica de defender la seguridad alimentaria, si no se hace de esta forma estamos perdidos, es preciso tener un conocimiento informado sobre disponibilidad de tierras y la vocación de los suelos , así como la necesidad de tener seguridad alimentaria, para no generar competencias. ¿Con que organización se hace esto? Las políticas públicas se deben construir desde la organización social y no desde la burocracia. Pero la dinámica del conflicto ha llevado a la destrucción de la organización social, la fragmentación de la organización campesina, así como a políticas hechas desde la empresa privada y la burocracia. Hay propuestas pero no son consideradas como las de las organizaciones indígenas.  

Juan Carlos Houghton El OT ocurrirá pero llevándose por delante los actores subalternos que no se posicionan, los indígenas construyen propuestas diferentes que son leídos como insubordinación. Es mas una disputa por órdenes territoriales que por


recursos. Si se aplica que la lógica del mercado funciona la producción de agrocombustibles se quiebra, cual es la rentabilidad de negocios que hace el ordenamiento entonces? Algunas Propuestas Será preciso comprender y discutir también otras visiones del territorio que son distintas y enriquecen la perspectiva, “el cuerpo como primer territorio” a sido una de las reivindicaciones fundamentales del movimiento LGBT en Colombia, por ejemplo. La complejidad mostrada en este primer debate hace preciso seguir profundizando en otros problemas asociados a este como por ejemplo la reprimarización de la economía y sus implicaciones sobre el problema de la tierra en Colombia Es preciso vincular mas personas a la discusión, ampliarla y regionalizarla.  


Conversaciones sobre Conflicto y Paz El problema de las tierras en Colombia.