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Derechos Econ贸micos, Sociales Culturales y Ambientales en M茅xico El aporte de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia al Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997-2006


“Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales en México” El aporte de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia al Informe Alternativo de la Sociedad Civil (1997-2006)

La compilación y adaptación de contenidos para esta publicación estuvo a cargo de: Regina Méndez TTirado irado1 Margarita Badillo Sánchez2

La realización de esta publicación se dio gracias al apoyo de Terre des Hommes y de la Unión Europea. Primera edición, 2006

Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia 20 de agosto No. 35. Col. Churubusco, 04120. México, D.F. www.convergenciacivil.org.mx convergenciacivil@prodigy.net.mx convergencia@laneta.apc.org


índice general INTRODUCCIÓN I.- ¿Qué es Convergencia? II.- ¿Qué son los Derechos Económicos Sociales y Culturales? III. Responsabilidades de los Estados en materia de DESC IV.- ¿Qué es el Informe Alternativo? V.- El Grupo Promotor del Informe Alternativo sobre DESC

PANORAMA GENERAL SOBRE POLÍTICA SOCIAL Y LOS DESC I.- La situación de pobreza en México II.- El desafío de la desigualdad III.- La política social durante la administración de Vicente Fox IV.- El Gasto Social en México V.- Recomendaciones del Comité de DESC a México VI. - Conclusiones

ANÁLISIS DEL EST ADO QUE GUARDAN ALGUNOS DERECHOS ECONÓMICOS, ESTADO SOCIALES Y CUL TURALES CULTURALES 3.1 EDUCACIÓN Derecho a la educación en los pueblos indígenas I Definición del derecho a la educación y recomendaciones previas II Problemáticas relevantes


III El derecho a la educación de los pueblos indígenas en el “diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México”, 2003 IV Obligaciones de los estados en materia del derecho a la educación V Otros actores VI Espacios de interlocución VII Leyes o programas prioritarios VIII Propuesta de preguntas para la pre-sesión IX Bibliografía 3.2 EDUCACIÓN Diagnostico de la educación en Zautla Puebla I Agricultura de la pobreza II La experiencia: DESC y políticas públicas III Política educativa – programas IV Herramientas metodológicas V Resultados VI Opiniones de los actores VII Reflexiones finales 3.3 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Maternidad y Salud Reproductiva I El derecho a la protección de la maternidad II Situación del derecho III Incumplimiento y violaciones de derechos por parte del estado IV Recomendaciones. Informe periódico que rinde el gobierno mexicano con motivo de la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 3.4 TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE EL caso de la reserva de la biosfera “Montes Azules” de Chipas I La Política ambiental II La Política agraria III La Política social 3.5 SALUD Y AMBIENTE SANO La contaminación del Río Atoyac en Tlaxcala I Informe Río Atoyac II Actividades realizadas III De la conciencia a la toma de posición. 3.6 SALUD Y MEDIO AMBIENTE SANO La situación de los “Mártires del Río Santiago” estado de Jalisco I Descripción. Antecedentes y hechos II Evidencias III Justificación de la violación IV Conclusiones y recomendaciones


V Referencias LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CUL TURALES CULTURALES EN TERRITORIOS ESPECÍFICOS 4.1 Violación a los DESC en el municipio de SAYULA, JALISCO I Presentación II Acciones violatorias de derechos III Derechos violados IV Autoridad responsable V Empresas implicadas VI Otros recursos intentados V Resultados de los recursos anteriores VI Conclusiones 4.2 Situación del estado de CHIAPAS desde la perspectiva de DESC I Reducción de la pobreza y la desnutrición II El procede vulnera los derechos de los pueblos indígenas III Migración y Desc en Chiapas IV La ruptura del tejido social y el ejercicio de los Desc V Interferencia de las fuerzas armadas en los programas de desarrollo VI Militarización VII Recomendaciones


Introducción I. ¿Qué es Convergencia?

Convergencia es una Red de organizaciones civiles, que surge en 1990 impulsada por organizaciones de todos los estados de la República Mexicana, como una respuesta de resistencia y búsqueda de alternativas para no ser condicionadas por las reformas fiscales que afectaba a la gran mayoría de las organizaciones del país. Como red nacional ha jugado un papel fundamental junto con otras organizaciones y actores, sobresaliendo su trabajo en situaciones difíciles que competen a toda la sociedad. Convergencia es un espacio de articulación estratégica de organismos civiles mexicanos, aglutinados sobre la base de intereses comunes y confianza política por parte de cada uno de sus miembros, respetando la autonomía de quienes la integran, además, como red, mantiene una lógica de propuesta y fortalecimiento de estrategias, acciones e iniciativas, que parten de la ética, la integridad, el respeto, la justicia y la lucha por la democracia, buscando la construcción de suInforme jetos sociales, con un enfoque de derechos humanos, género y Alternativo de la generacional, buscando con ello, la participación activa de organizaSociedad 7 Civil ciones civiles en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación 1997 2006 de políticas públicas.


A través de su campo de Política Social, Convergencia ha trabajado por el cumplimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, a través de la articulación entre varias organizaciones miembro que desarrollan trabajo en diversos estados del país, como muestra más amplia de este trabajo articulado, Convergencia y otras redes nacionales, organizaciones civiles y sociales, elaboraron el Informe Alternativo sobre la situación de los DESC en México. El campo de política social dio inicio desde 1993, buscando ser un espacio de articulación entre organizaciones que se interesarán por analizar y compartir algunas actividades concretas frente al momento político que atravesaba el país, ya en 1998 realizo Investigación sobre la situación de los DESC en los estados de Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Baja California, que fue el aporte de Convergencia al primer informe conjunto sobre la situación de los DESC en México. Del año 2000 al 2003, el campo de política social de Convergencia, realizo encuentros, análisis, discusiones y actividades de capacitación para múltiples organizaciones, dando como resultado la elaboración conjunta y colectiva de un proyecto, estas actividades fueron posibles gracias al apoyo de Terre des Hommes, agencia francesa que acompañado por años esta iniciativa. Ya en el 2004 y hasta el 2006, las actividades que realizaban las organizaciones participantes en el campo de política social, fueron fortalecidas, gracias al apoyo de un proyecto de coinversión, que contó con el apoyo de Terre des Hommes, la Unión Europea y la Conpropia Convergencia, esta publicación que hoy se presenta, es parte del proyecto “Contribuir a la consolidación de una política de derechos humanos en México. Una iniciativa de fortalecimiento de la sociedad civil mexicana como actor fundamental en la formulación de políticas públicas” iniciativa en la que participan las siguientes organizaciones: 1. 2. 3. 4.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A,C. Centro de Estudios Ecuménicos A.C Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. Centro de Formación e investigación Municipal A.C,

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural-Promoción y Desarrollo Social A.C Comité de Superación de Jóvenes de Tabasco Coordinadora Comunitaria Miravalle A.C. Enlace Comunicación y Capacitación A.C – Chiapas, Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., DECA. Equipo Pueblo A.C. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. Movimiento Ciudadano por la Democracia, Salud Integral para la Mujer, A.C. Servicios para una Educación Alternativa A.C. Servicios y Solidaridad en México A.C. Podemos A.C. Promoción y Capacitación en los Derechos Económicos y Sociales de las Mujeres A.C.

II. ¿Qué son los Derechos Económicos Sociales y Culturales? Son parte de los derechos humanos que tienen como objetivo que todas las personas tengamos una vida digna, es decir, que contemos con la satisfacción de necesidades básicas personales y de nuestras familias. Cuando hablamos de cumplimiento de los DESC en la vida cotidiana de las personas, se trata, de que todos y cada uno de nosotros, tengamos cubiertas nuestras necesidades de salud, trabajo, alimentación, escuela, casa, entre otras cosas, lo anterior respetando nuestras costumbres y tradiciones culturales. Como apoyo jurídico internacional para buscar el cumplimiento de los DESC, contamos con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual fue aprobado y abierto a la firma, el 16 de Diciembre de 1966, después de casi veinte años de debates sobre su contenido. Adquirió por fin fuerInforme za de ley diez años más, tarde, entrando en vigor el 3 de Enero de 1976. Alternativo

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de la Sociedad Civil 1997 2006

Es importante reconocer cuales son estos derechos, ahora presentamos un listado de los mismos:


           

Derecho a la libre determinación Derecho al trabajo Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo Derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, libertad sindical y huelga Derecho a la seguridad social Derecho a la asistencia y protección a la familia Derecho a la alimentación Derecho a la vivienda Derecho a la salud Derecho a un medio ambiente sano Derecho a la educación Derechos culturales

III. Responsabilidades de los Estados en materia de DESC El actor principal para dar cumplimiento a los DESC, son los Estados (a través de sus gobiernos en cada país), los cuales se comprometen a cumplir los acuerdos internacionales al firmarlos, además de tener la responsabilidad de modificar leyes y reglamentos propios de cada país, para que estén acorde con la ley internacional. Cada gobierno tiene frente a los DESC, el deber de cumplir las siguientes obligaciones: Respetar: Se trata de que los gobiernos no intervengan de ninguna forma en el goce y cumplimientos de los DESC. Es decir, se trata de una obligación negativa que exige que los Estados actúen de manera que no violen los DESC, ni apoyen a otros, como pueden ser las empresas, para estas ultima impidan el disfrute de estos derechos. Proteger: Responsabilidad de que los Estados impidan los abusos de los DESC por parte de terceros. Por el contrario, los Estados deben tomar las medidas necesarias para impedir que otras personas o grupos violen los derechos humanos. Garantizar Garantizar: Cuando las personas o grupos no pueden acceder a esDerechos tos derechos por si mismos, e gobierno tiene la obligación de darle Económicos, Sociales, cumplimiento a sus derechos. 10 Culturales y Ambientales Promover: Además el gobierno, tiene la obligación de generar las conen México diciones necesarias para que, cada uno de estos derechos se cumpla.


IV. ¿Qué es el Informe Alternativo? Otra de las principales obligaciones que tiene cada uno de los Estados que ha firmado este pacto internacional, es el rendir cuentas sobre la situación en que se encuentran estos derechos cada 5 años, esta información se presenta frente al Comité de Derechos Comité DESC Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) cuya responsabilidad principal consiste en vigilar el cumplimiento de los DESC, y a través de recomendaciones, sugieren a los Estados acciones que buscan dar cumplimiento a estos derechos. Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil, pueden desarrollar sus propios informes, los cuales son retomados por el Comité DESC, como fuente alterna de información a la presentada por los Estados, en este sentido, organizaciones civiles, sociales y redes nacionales, como Convergencia, participaron de manera colectiva en la elaboración del llamado “Informe alternativo desde Sociedad Civil sobre la Situación de los DESC en México”, el cual contiene información generada y recuperada desde sociedad civil, así como análisis y criticas sobre la información presentada de manera oficial por el gobierno mexicano.

V. El grupo promotor del Informe Alternativo sobre DESC El gobierno mexicano, al igual que todos los gobiernos que han firmado y ratificado el PIDESC, tienen la obligación de presentar informes de forma periódica sobre la situación que guardan los DESC en sus respectivos países, es así que el gobierno mexicano debía presentar su cuarto Informe sobre DESC frente al Comité en el 2004, sin embargo, tuvo un rezago, presentándolo hasta el 2006. Ubicando la importancia de dicho informe, diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana decidieron participar en un ejercicio colectivo a partir del 2003, teniendo como objetivo central, realizar por tercera ocasión un informe alternativo al oficial, sobre la situación en la que están estos derechos en México, conformándose así, el Grupo Promotor del Segundo Informe Alternativo Sobre DESC DESC.

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Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

La elaboración de dicho informe desde sociedad civil, llevo más de tres años de trabajo constante, dando paso a diversas formar de organización, recuperación, manejo y análisis de información, fue así


que surgieron los equipos temáticos, dentro de estos equipo se ubicaba una organización como responsable, la cual tenia a su cargo la concentración y manejo de información del tema, además de presentar una redacción lo más terminada posible a todo el grupo promotor. Después, el texto trabajado, pasaba a manos de la comisión de redacción y traducción, el cual, afinaba y daba coherencia al texto general. Fue así, que la elaboración de dicho informe, es toda una experiencia de trabajo articulado desde organizaciones principalmente civiles. Grupo Promotor del Segundo Informe Alternativo Sobre DESC DESC, estaba integrado por múltiples organizaciones y redes, incluyendo a Convergencia de Organismos Civiles, las cuales tenían en común, la preocupación y el trabajo en materia de estos derechos humanos. Este material que ahora se presente, concentra el aporte de las organizaciones miembro de Convergencia a dicho informe.

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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Panorama general sobre política social y los DESC Pobreza y política social en México3

1. La situación de pobreza en México

Para el análisis de la situación de pobreza en México partimos del enfoque multidimensional que suscribe el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en adelante Comité de DESC) en su Declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/2001/ 10), a partir del cual la pobreza puede ser definida como una condición humana caracterizada por la sostenida y crónica privación de recursos, capacidades, opciones, seguridad y poder necesarios para el disfrute de un nivel de vida adecuado y otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales… la pobreza constituye una negación a los derechos humanos.”4 En su observación general Nº 3 sobre la índole de las obligaciones de los Estados Partes, el Comité de DESC de las Naciones Unidas considera que: “Le corresponde a los Estados Parte del PIDESC una obligación mínima de aseInforme gurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno Alternativo de la de los derechos consagrados en el Pacto. Así, por ejemplo, un Estado 13 Sociedad Civil Parte en el que un número importante de individuos está privado de 1997 2006 alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abri-


go y vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, en principio no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto.”5 Este es el caso de nuestro país, en donde más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Para conocer cuál es la situación la evolución de la pobreza y la política social en México, es importante tener presentes algunos datos, en septiembre 1997 durante el 3º informe desde la presidencia de Ernesto Zedillo, se anuncio un cambio en política social, dando inicio al día siguiente el Programa de Educación, Salud y Alimentación, (PROGRESA). El 2 de febrero de 1998 se presento a través del Diario Oficial de la Federación el Programa para Superar la Pobreza (PSP 1995-2000). Durante este sexenio, se impulsó una política social basada en la focalización a ciertos grupos sociales, no era política universal sino que está dirigida a grupos que se considera en marginalidad, además no presento como actores centrales a grupos y colectivos comunitarios, sino presentando interlocutores directos, es decir, familias seleccionadas e individuos clasificados. Dejando del lado, la posibilidad de tener una participación social, colectiva y directa por parte de los beneficiarios destinándolos a vigilar personal de programas, como son maestros o médicos. Fue así que para el gobierno de Ernesto Zedillo una política social es resultado de una buena política económica, por lo tanto se dio un fuerte énfasis en desarrollar las habilidades de los individuos, conocimientos y condiciones de vida que le permitan competir en la vida económica, sin embargo, se hizo, evidente la falta integralidad en los programas sociales, pues estos, se diseñaron para ser subsidios segmentados de la población pobre, sin estar acompañados de otras medidas económicas o políticas que generaran una opción de desarrollo sostenible La medición oficial de la pobreza en México tiene como base la metodología de Líneas de Pobreza adoptada por el gobierno federal a partir de las recomendaciones y criterios del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, que congrega a expertos tanto del mundo académico como del gubernamental. En el documento de investigación Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX, publicado en 2002 por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se explican tres líneas

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de pobreza para medir: 1) la pobreza alimentaria, 2) la pobreza de capacidades y 3) la pobreza de patrimonio.6 En la línea 1 de pobreza alimentaria se considera a los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, esto es hogares cuyo ingreso por persona sea de 15.4 pesos diarios en áreas rurales y 20.9 pesos en áreas urbanas (a precios de 2000) En la línea 2 de pobreza de capacidades se ubica a los hogares cuyo ingreso es insuficiente tanto para cubrir las necesidades de alimentación como para sufragar los gastos mínimos en educación y salud, es decir, que perciban diariamente por persona 18.9 pesos en área rural y 24.7 en área urbana (a precios de 2000) En la línea 3 de pobreza de patrimonio se clasifica a los hogares con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades de alimentación, educación, salud, vestido, calzado, vivienda y trasporte público: 28.1 pesos por persona en áreas rurales y de 41.8 pesos en áreas urbanas (a precios de 2000) De acuerdo con las mediciones del Comité Técnico establecido por SEDESOL, en 2000:   

El 18.6% de los hogares se encontraba en pobreza alimentaria; esto equivalía al 24.2% de la población (23 millones 595 mil personas)7 El 25.3% de los hogares vivía en pobreza de capacidades; en términos de población representaba el 31.9% del total8 , o sea 31 millones 102 mil 500 personas. El 45.9% de los hogares y 53.7% de la población total,9 52 millones 375 mil 500 personas, vivían en esta alarmante situación de pobreza de patrimonio.

La SEDESOL no ha proporcionado cálculos anuales de la situación de pobreza por lo que se dificultará al Comité una evaluación completa del periodo de reporte. Por lo menos se cuenta con el cálculo del Comité Técnico sobre la pobreza 2004 y una nueva estimación de la pobreza para 2002 que permite comparacioInforme nes en el tiempo.10 De la revisión de esta información nos llama mucho Alternativo de la la atención el comportamiento de la composición de la pobreza por 15 Sociedad Civil zonas ya que en el periodo 2000-2004 disminuye la concentración de 1997 2006 pobreza en el ámbito rural pero aumenta proporcionalmente en las


zonas urbanas. El Comité de DESC debería solicitar al gobierno mexicano una explicación al respecto: 





En el año 2000, la pobreza alimentaria se concentraba en un 68.40% en zonas rurales y en un 31. 60% en zonas urbanas; para 2004, esta proporción cambió y en el ámbito rural ya sólo se concentraba el 59.90% de la pobreza alimentaria mientras que había subido su concentración en zonas urbanas a 40.10%. En cuanto a la pobreza de capacidades en el 2000, también se concentraba mayormente en la zona rural (61.32%) y un porcentaje menor (38.68%) en la urbana; pero para 2004, disminuyó su concentración en la primera (54.60%) y se disparó a 45.40% en la segunda. Finalmente, la pobreza de patrimonio se concentraba en un 50.42 % en el ámbito rural mientras que en el urbano se ubicaba el 49.58% en el año 2000. Para el año 2004, la concentración de la pobreza de patrimonio en el ámbito rural había disminuido a 45.40% pero en el urbano había aumentado a 54.60%.

A continuación se presenta también la evolución de los porcentajes de hogares y personas viviendo en situación de pobreza entre 2000 y 2004 y la evolución del ingreso mensual por línea de pobreza en el mismo período: Cuadro Proporción de población pobre en México (años 2000-2004)11 Tipo de pobreza

Ámbito

Línea 1: Pobreza alimentaria

Urbano 9.8 Rural 34.1 Nacional 18.6

% de hogares (2000)

% de % de personas hogares (2000) (2002)

% de % de personas hogares (2002) (2004)

% de personas (2004)

12.6 42.4 24.2

11.4 34.8 20.83

11.0 27.6 17.3

8.5 28.5 15.8

8.7 22.3 13.7

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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Línea 2: Pobreza de capacidades

Urbano 16.2 Rural 41.4 Nacional 25.3

20.2 50.0 31.9

13.3 36.6 21.8

17.4 43.9 27.4

14.2 29.4 19.8

17.8 35.7 24.6

Línea 3: Pobreza de patrimonio

Urbano 37.4 Rural 60.7 Nacional 45.9

43.8 69.3 53.7

34.9 57.2 43.0

41.5 65.4 50.6

34.2 48.2 39.6

41.0 56.9 47.0

Fuente: Elaboración propia con base datos de la SEDESOL (www.sedesol.gob.mx)

Cuadro Ingreso mensual per cápita por línea de pobreza 2000-2004 12 Tipo de pobreza

Ámbito

Línea 1: Pobreza alimentaria

Urbano

626.0

672.27

739.60

Rural

492.90

494.77

548.17

Línea 2: Pobreza de capacidades

Urbano

769.98

826.90

909.71

Rural

586.06

588.29

651.77

Urbano

1258.89

1351.94

1487.34

Rural

899.54

902.96

1000.41

Línea 3: Pobreza de patrimonio

Ingreso mensual per cápita* 2000

Ingreso mensual per cápita* 2002

Ingreso mensual per cápita* 2004

* Ingreso mensual per cápita en pesos a precios de agosto de cada año Fuente: Elaboración propia con base datos de la SEDESOL (www.sedesol.gob.mx)

II. El desafío de la desigualdad

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Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

En el año 2000, la propia Secretaría de Desarrollo Social, reconocio que el desarrollo económico se daba de manera desequilibrada y asimétrica. Estableciendo que hay varios tipos de desarrollo, el primero se vincula a la incipiente exportación, el segundo, lo conforma la economía industrial, de comercio, de servicios y agropecuaria; y por


último se encuentran los excluidos y marginados, quines NO poseen la capacidad de insertarse dentro del mercado. En este mismo año de acuerdo a datos de SEDESOL estaban 26 millones de mexicanos en extrema pobreza13 . Otros calculo, entre ellos, el departamento de México del Banco Mundial, señalo en un informe, que el 54 y 58% de la población, en otras palabras, 52.92 millones de mexicanos sobrevivían en situación de “Ultrapobreza”.14 México, país de ingreso medio en la región más desigual del mundo, se disputa con otros países latinoamericanos los primeros lugares en materia de desigualdad económica, social y de género.15 En el Informe de Avance 2005 del gobierno mexicano sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y sus Metas se reconoce que “basta con desagregar la información de seguimiento de los ODM por espacio geográfico, sexo o grupo étnico para obtener no solo grados de avance distintos, sino también resultados muy distantes entre sí. Por ello, muchos de los logros conseguidos aún no son equitativos para toda la población, lo que muestra que la desigualdad y el rezago persisten como los problemas sustantivos del desarrollo.16 El Informe sobre Desarrollo Humano México 2004 elaborado por el PNUD explica que la desigualdad nacional en los niveles del Índice de Desarrollo Humano (IDH) se debe tanto a diferencias entre como dentro de las entidades federativas. Mientras el índice de desarrollo humano del Distrito Federal es más alto que el de los 31 estados federados de México y superior a la media nacional (0,891 frente a 0,802)17 hay varios estados que presentan IDH muy bajos, como son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Nayarit, Guanajuato, Tabasco y San Luis Potosí, zonas con alta concentración de población campesina y/o indígena, que a su vez expulsan mano de obra a los Estados Unidos; hombres, mujeres y niños - migrantes internos y externos- que padecen discriminación y otras violaciones a sus derechos humanos. La pobreza afecta de manera particular a las mujeres, desde niñas hasta adultas mayores, por sus roles de género; por ejemplo: experimentan día a día la llamada triple jornada de trabajo para resolver diversas carencias, que Derechos van desde las cuestiones alimentarias hasta el cuidado de los enferEconómicos, Sociales, mos, los adultos mayores o las personas con necesidades especiales, en 18 Culturales y Ambientales un contexto económico adverso y de reducción de acceso a los servicios en México públicos por ejemplo en materia de asistencia y protección de la familia.


III. La política social durante la administración de Vicente Fox (2001-2006) Para analizar políticas y programas de combate a la pobreza se requiere, en primer lugar, situarlas en el marco más amplio de las políticas públicas, que en conjunto promueven un modelo de desarrollo determinado. Es indispensable considerar el contexto y las políticas económicas que se describen en el apartado sobre política económica de este Informe para comprender las limitaciones de la política social, desde su diseño hasta su ejecución. El actual gobierno federal ha dado continuidad a una política social que ha sido diseñada a partir de los lineamientos y recomendaciones de organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Las políticas de ajuste estructural han alentado el adelgazamiento del Estado que va reduciendo sus áreas de acción, por ejemplo en materia social.18 En cuanto a los programas de desarrollo social se privilegian estrategias de focalización en la pobreza extrema sobre estrategias de carácter universal que, por los altos niveles de pobreza que aún hay en el país, deberían aplicarse complementariamente. Esto ha significado continuar con una política de canalización de recursos de sobrevivencia y asistenciales, definidos por factores numéricos, más que establecer políticas amplias basadas en los derechos sociales. Se propone también, privatizar los sistemas de salud y que el Estado establezca un fondo de recursos para apoyar a los sectores más pobres de la población; igualmente, privatizar los servicios básicos como el agua o la recolección de basura; continuar con los esquemas de transferencia de recursos económicos a los pobres; eliminar los pagos por despidos, las negociaciones colectivas, el reparto de utilidades, favorecer los contratos temporales y los requisitos de promoción en el empleo basados en la antigüedad, es decir, flexibilizar el mercado laboral, en detrimento de los derechos laborales.

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Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

Cabe señalar que se ubica una tendencia para desarrollar programas sociales bajo una lógica de subsidios y que esta completamente a merced de la disponibilidad de los presupuestos y múltiples recortes


del mismo, los cuales responden a la búsqueda de la estabilidad y seguridad macroeconómica del país. Los derechos sociales se perciben como servicios y materias primas, se trata entonces de una clara reversión a los derechos sociales por parte del Estado mexicano. El Comité de DESC está consciente de que hay obstáculos estructurales para la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo por lo que es imperativo que se tomen medidas urgentes para eliminar la deuda externa insostenible, la creciente brecha entre ricos y pobres, y la ausencia de un sistema equitativo de comercio multilateral, de inversiones y financiero, de otro modo las estrategias anti-pobreza de algunos Estados tienen pocas posibilidades de ser exitosas. En nuestra opinión, México estaría entre estos casos, de ahí que afirmemos que sin una transformación de la política económica no habrá política social y de combate a la pobreza verdaderamente efectivas. Por esto es urgente elaborar políticas públicas integrales, que logren superar las contradicciones y efectos desalentadores de las políticas hasta ahora implementadas, la falta de coordinación y coherencia entre ellas; sobre todo, se tiene que atender la relación entre política económica y política social, haciendo énfasis en que estas no pueden actuar por separado. Desafortunadamente, el gobierno federal no reconoce este grave problema, por el contrario, afirma que en cuanto a su estrategia Contigo, la política social y la política económica van de la mano, esto se basa en la falsa idea de que el desarrollo social depende del crecimiento económico. Y aunque es cierto que el desarrollo económico es un factor importante para el desarrollo social de un país, es más importante contar con políticas económicas y sociales capaces de mejorar la distribución del ingreso y la riqueza. De este modo, se atendería a la población en situación de pobreza como sujetos a los que se les están negando sus derechos económicos, sociales y culturales, que constituyen factores esenciales en la erradicación de la pobreza. Los ejes en los que se esta moviendo la política social, son la descentralización, hacia los estados y gobiernos locales, dando como resultado, mayor focalización y concentración de políticas sociales, Muestra de ello es el Plan Nacional de desarrollo el cual plantea seis objetivos generales: a) Mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos, b) Acrecentar la equidad y la igualdad de oportuni-

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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dades, c) Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva, d) Fortalecer la cohesión y el capital sociales, e) Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza, f) Ampliar la capacidad de respuestas gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones, sin embargo, estos objetivos, son amplios y ambiguos, que no establecen una propuesta clara respeto a las Politicas sociales a seguir, es evidente la falta de acciones que se necesitan implementar. El Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 Superación de la Pobreza, una tarea contigo, formulado por la SEDESOL, establece los objetivos, ejes rectores, estrategias, líneas de acción, tareas y metas para superar la pobreza. De acuerdo con esta visión, el gobierno aspira a que los mexicanos, a través de su propio esfuerzo e iniciativa, logren niveles de vida dignos y sostenidos, y a que México cuente con mecanismos y políticas que aseguren la creación consistente de prosperidad y equidad mediante el desarrollo de oportunidades y capacidades, con la participación de toda la sociedad. Entre la multiplicidad de programas sociales que impulsa el gobierno federal destaca el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que surge en 2002 a partir de la transformación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), principal programa gubernamental de combate a la pobreza extrema creado en 1997, durante la anterior administración. De acuerdo con el gobierno, las vertientes del cambio en el Programa son: “más y mejor educación, salud y alimentación; fortalecimiento de la economía familiar; crecimiento en ciudades; más transparencia y supervisión externa; y mayor participación de los gobiernos locales... Con esta visión ampliada se pretende, mediante acciones intersectoriales coordinadas de educación, salud, alimentación y desarrollo social, que las capacidades de las personas se traduzcan en mayores opciones para las familias en pobreza extrema. Este esfuerzo integrado busca romper el círculo vicioso de la transmisión intergeneracional de la pobreza.” 19

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Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

Oportunidades es un programa primordialmente compensatorio de los impactos de la política económica, y aunque ha mejorado muchos aspectos que hacían del PROGRESA un programa aún más limitado, desafortunadamente no se trata de un programa basado en los DESCA,


sino en el lineamiento de la BMD sobre fortalecimiento del capital humano. Aparentemente, las políticas del BM y del BID toman en cuenta los derechos humanos, que aparecen constantemente en los objetivos de sus políticas; no obstante, sólo son parte del discurso de la Banca Multilateral y no el fundamento ni el objetivo real de sus políticas y programas. De acuerdo con el Informe del Seminario de expertos sobre los derechos humanos y la extrema pobreza20 esta visión es complementaria al planteamiento de la erradicación de la pobreza basado en el desarrollo; mientras que el criterio basado en los derechos se fundamenta en los derechos que pueden ejercerse, el criterio basado en el desarrollo se fundamenta en las capacidades. De acuerdo con los expertos, invertir solamente en capital humano, es decir, en algunas de las capacidades de las personas, como promueven BID y Banco Mundial, es una estrategia incompleta en el combate a la pobreza; “ambos criterios son complementarios y al tratarse de las dos caras de una misma moneda, hay que promoverlos conjuntamente.”21 El Comité de DESC también señala que las políticas de combate a la pobreza serán más efectivas, sostenibles, incluyentes, equitativas y significativas para aquellos viviendo en la pobreza si están basadas en los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Para que esto ocurra, los derechos humanos deben ser tomados en cuenta en todos los procesos relevantes de diseño de políticas públicas. De este modo, también se requieren funcionarios apropiadamente capacitados.22 Sin embargo, el enfoque de derechos humanos no está en la base de la Estrategia de Desarrollo Humano y Social “Contigo” del gobierno federal. Ninguno de los programas de combate a la pobreza de esta Estrategia fueron diseñados con una perspectiva de derechos humanos y en esto radica una parte de sus limitaciones. Por ejemplo, el Programa “Oportunidades” enfatiza el fortalecimiento del capital humano (ampliación de capacidades) en algunos aspectos relacionados con salud, educación y alimentación. Este enfoque –proveniente de la banca multilateral– ha probado ser deficiente para resolver el círculo vicioso de la pobreza.23 Si Oportunidades hubiera sido concebido desde una política social con perspectiva de derechos humanos tampoco habría contradicciones entre las distintas medidas gubernamentales en la materia; es decir,

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

22


no se diría que se promueve el derecho a la salud mientras se recorta el gasto social en este rubro, y el desabasto de medicamentos en hospitales y centros de salud se agrava. Tampoco trabajaría exclusivamente en fortalecer capital humano sin invertir en infraestructura y equipo, sobre todo en materia del derecho a la salud y el derecho a la educación. No obstante la importancia que el Programa Oportunidades tiene para muchas familias que de otra forma no recibirían ningún apoyo gubernamental, debemos señalar que entraña una serie de limitaciones en su diseño y ejecución.24 La propia Coordinación Nacional del Programa ha reconocido los siguientes problemas:25      

Carencias de los servicios de salud y educación Abusos y cobros indebidos Pasividad y falta de respuesta a las intervenciones Errores de cobertura (inclusión y exclusión) Clientelismo electoral y partidista Simulación y relajación de normas

Por otra parte, también se han impulsado programas como el de micro crédito que pretende que personas en situación de pobreza inicien o desarrollen un negocio personal o familiar con el objeto de autoemplearse. Estos proyectos, sin embargo, pocas veces cuentan con viabilidad técnica por falta de capacitación y por lo tanto no son sostenibles en el largo plazo. Asimismo, se privilegian proyectos que plantean resultados de impacto inmediato, dejando de lado a los proyectos que proponen procesos de fortalecimiento comunitario. Una política de micro créditos con esta orientación tiende a promover a largo plazo la economía informal y a ampliar la brecha tecnológica con las corporaciones internacionales que en el propio país están actuando.

IV. El gasto social en México

23

Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

Si el gobierno federal promoviera una política social basada en los derechos humanos, el presupuesto y el gasto serían congruentes con el Artículo 2 del PIDESC, que regula la adopción de medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para el logro progresivo de los derechos reconocidos en el Pacto. Si bien es cierto que el informe ofi-


cial reconoce que el gasto social es el principal instrumento para combatir la pobreza, y que los recursos para programas sociales han aumentado, es necesario destacar dos aspectos clave. Primero, el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal revela una tendencia a desfavorecer el gasto social mediante el subejercicio de los recursos asignados. En contraste, se advierte un sobreejercio de recursos en programas o entidades fuera del gasto social, como en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Gobernación.26 Por ejemplo, la vertiente de la Estrategia Contigo encargada de “generar empleo y oportunidades de ingreso en las regiones y zonas marginadas del país” ejerció 4% menos de los recursos asignados en 2003, los que a su vez eran 22,3% menores en relación a los utilizados en 2002.27 Esta vertiente es una de las que más recursos ha dejado sin usar, y su presupuesto fue recortado desde el inicio de la actual administración. El Programa Empleo temporal es uno de los que más ha sufrido disminuciones en los recursos otorgados. Durante 2003, utilizó 94% de los recursos totales aprobados, pero esa cantidad es 54% inferior a los recursos otorgados en 2002. El número de puestos de trabajo creados en 2003 por el programa disminuyó casi en igual proporción. En tanto la vertiente de desarrollo de patrimonio, el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu casa” no recibe un aumento de recursos desde 2002 y ha experimentado una tendencia a la baja. La explicación dada por el gobierno en 2003 es que las instancias ejecutoras no presentaron demanda o no les interesó participar en el programa. Esta afirmación resulta grave tomando en cuenta que la población considera que la vivienda es el principal patrimonio familiar y que muchas familias carecen de ella. En México la política social ha pasado de ser un imperativo estatal o razón de Estado a una concepción humanista filantrópica, pues se realiza una selección de los beneficiarios de casi todo programa social, se levantan padrones de merecedores y no merecedores, en los cuales los primeros son considerados incapaces de sostenerse por si mismos y son por lo tanto candidatos a recibir la caridad del Estado28. Esta selección-focalización, se presenta con el argumento de Derechos obtener mayor eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de los reEconómicos, Sociales, cursos del erario, pero en realidad solo es una fachada que esconde 24 Culturales y Ambientales la disminución continua que en nuestro país ha tenido el gasto social en México en las últimas décadas.


Al enfocarnos al análisis del gasto social en México, debe observarse la evolución que el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a “Funciones de Desarrollo Social” ha tenido durante los últimos años. Si bien el monto de los recursos invertidos en Desarrollo Social ha aumentado en términos absolutos durante la última década, al considerar el porcentaje del PIB invertido en Desarrollo Social, se observa más bien un estancamiento durante los últimos cinco años. Como se observa en el siguiente cuadro, durante los últimos años de la administración del Presidente Ernesto Zedillo, dicho porcentaje aumentó de 8.7 a 9.5 entre los años 1997-2000. Sin embargo, entre los años 2001-2005, mismos que corresponden a la actual administración del Presidente Vicente Fox, el porcentaje del PIB invertido en Desarrollo Social ha permanecido estancado entre el 10.0 y el 10.1 %. Cuadro 1 Gasto en desarrollo social como porcentaje del PIB, 1997-2004

1997

1998

PIB (Millones de pesos corrientes)

3,174,275

Gasto en funciones de des. social (Millones de pesos) * % del PIB devengado en des. social

25

Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3,846,350 4,594,724

5,491,708

5,809,688

6,263,137

6,891,434

7,634,926

8,074,121

274,756.5

347,511.0

433,375.1

519,239.9

580,502.0

642,629.7

695,595.2

773,600.2

815,443.1

8.7

9.0

9.4

9.5

10.0

10.3

10.1

10.1

10.1

* Según la clasificación proporcionada en el Quinto Informe de Gobierno 2005, en el rubro de “Funciones de desarrollo social” se incluye el gasto devengado en Educación, Salud, Seguridad Social, Laboral, Abasto y asistencia social y Desarrollo Regional y Urbano. Fuente: Quinto Informe de Gobierno 2005, p. 193, 277-273.


De acuerdo a la actual administración el gasto social debe hacer frente a necesidades prioritarias como las siguientes:   





Remediar los rezagos en materia de salud contenidos en la nueva Ley General de Salud, en particular aquellos recursos públicos destinados al Seguro Popular. Aumentar los recursos a canalizarse a través del programa Oportunidades. Elevar el monto de recursos destinados a la educación, tendiente a alcanzar el objetivo de gasto de 8 por ciento del PIB en este rubro para 2006, de acuerdo a lo establecido por el Congreso de la Unión. Otorgar los apoyos económicos para el desarrollo rural integral tanto a través de los programas existentes, principalmente Procampo, como a través de nuevos programas destinados a reducir el rezago en este sector. Hacer frente a una serie de rezagos acumulados en materia de infraestructura.

Se considera que en el 2004 el gasto social tuvo un incremento real de 1.0 por ciento en comparación con 2003, es decir, poco más de 696 mil millones de pesos, el 59.7 por ciento del total del presupuesto estimado para ese año. Sin embargo, el incremento no es suficiente para cumplir los objetivos del gobierno en materia de política social y mucho menos para aliviar los efectos que ha tenido en nuestra sociedad la economía de mercado en la que estamos inmersos ni para reducir la brecha en la distribución del ingreso. Es importante señalar que la situación se ha agrava día con día, es entonces preocupante que un número cada vez mayor de personas en México viven en estado de pobreza extrema. Esto se ve agravado por la disminución del poder adquisitivo de los salarios y de las oportunidades reales de la población para obtener un empleo.

V. Recomendaciones del comité de DESC a México Entre los motivos de preocupación y las recomendaciones que el Comité DESC hizo a México en 1999 (E/C.12/1/Add.41) la mayoría es relevante en términos de política social, destacando las siguientes:29 “Al Comité le preocupa también el modo regional desequilibrado del Estado Parte de arrostrar diversos problemas económicos y so-

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

26


ciales que prevalecen en los sectores más abandonados y vulnerables de la sociedad mexicana,” “El Comité lamenta que, a pesar del positivo crecimiento de los indicadores macroeconómicos en México, especialmente la marcada baja del nivel de la inflación, la Comisión Nacional de Salario Mínimo no ha ajustado al alza el salario mínimo. En estos momentos, es preciso ganar alrededor de cinco veces el salario mínimo para adquirir la canasta básica constitucional, en violación del inciso ii) del párrafo a) del artículo 7 del Pacto, y según se refleja en la legislación nacional (artículo 123.VI de la Constitución).” “Al Comité le preocupa la privatización del régimen de seguridad social, que podría privar de ciertas prestaciones a quien no pueda hacer aportaciones a una cuenta particular de pensión, como los desempleados, los subempleados, los obreros de más escasos ingresos y quien trabaja en el sector no estructurado” “El Comité recomienda que el Estado Parte fije puntos de referencia para ayudarlo a vigilar los adelantos en la lucha contra la pobreza. El Comité agradecería que, en su cuarto informe periódico, el Estado Parte hiciera una evaluación de los progresos alcanzados para que la población goce de los derechos económicos, sociales y culturales sobre la base de los puntos de referencia fijados y los datos estadísticos.” “El Comité exhorta al Estado Parte a abordar las causas estructurales de la pobreza en México y a ajustar sus programas sociales en consecuencia. Además, el Comité pide que el Estado Parte incorpore a la sociedad civil en general y a los grupos asistidos en particular en la planificación, aplicación y evaluación de esos programas.” “El Comité recomienda que el Estado Parte asigne recursos para el desarrollo de modo equitativo, sin tener en cuenta la ubicación geográfica ni las poblaciones.”

27

Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

VI. Conclusiones Las personas que viven en situación de pobreza sufren violaciones a sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos. El respeto, la protección, la promoción y la realización de los


derechos humanos son indispensables para erradicar verdaderamente la pobreza. En este sentido, el PIDESC proporciona principios y normas de conducta que deben ser tomados en cuenta en todo el ciclo de las políticas públicas. Asimismo, el gobierno no debe olvidar que los DESCA son derechos de toda la población y no sólo de los más pobres, por lo que las políticas de carácter universal no pueden ser sustituidas, sino tan sólo complementadas, por las políticas focalizadas. Los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y el derecho al desarrollo proveen un marco de normas o reglas sobre los cuales pueden construirse políticas detalladas de erradicación de la pobreza en el ámbito global, nacional y comunitario, asegurando una debida atención a elementos esenciales de las estrategias antipobreza como son la no discriminación, la igualdad, la participación y la rendición de cuentas.30 Es necesario recomendar al Estado mexicano que diseñe participativamente una política social y de combate a la pobreza que se base verdaderamente en la perspectiva de derechos humanos, en congruencia con las disposiciones del PIDESC.

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

28


Análisis del estado que guardan algunos derechos económicos, sociales y culturales

Introducción

En este apartado se enunumeran 6 casos en los que se documentan las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los derechos en los que se han registrado las violaciones son:   

Derecho a la educación de los pueblo indígenas Maternidad y salud reproductiva Derecho a la salud y medio ambiente.

En cuanto a los derechos que se han documentado se da una violación sistemática debido a que se privilegian intereses económicos sobre todo de empresas trasnacionales y de diversos ambitos del gobierno. El apartado de derecho a la educación de los pueblos indígenas se

29

Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

fundamenta en las recomendaciones que el comité hizo en 1999 sobre pueblos indígenas analizando del periodo de 1999-2004, donde se da cuenta del abandono en que se ha tenido ha los pueblos originarios. El analfabetismo para 1994 en mayores de 15 años, en el medio rural


fue de 27.5%, una precaria infraestructura educativa, pobreza, desnutrición, altos índices de mortalidad y morbilidad infantil, por lo que se sugiere al Estado parte que ponga atención ala pobreza extrema y a las causas estructurales de la desigualdad social, que intensifique el financiamiento en cuanto a educación para los pueblos indígenas, que incorpore modelos de educación intercultural bilingüe.

También se presenta el caso concreto de Zautla, en la Sierra norte de Puebla donde dos organizaciones de la sociedad civil (OSC), parte del Campo de Política Social de la Convergencia de Organismos Civiles, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC.(CAM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (PRODES AC. CESDER), realizaron una investigación sobre la situación que guardan los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) en México, así como la difusión de estos derechos entre las organizaciones locales y otros actores. Se realizó entre otras actividades un diagnóstico participativo donde se dio voz a cada uno de los actores de la comunidad en cuanto a la educación en esta población indígena y muestra al final algunas reflexiones sobre este caso y en general sobre la violación al derecho a la educación en el país. En el capítulo sobre maternidad y salud reproductiva se fundamenta sobre los tratados internacionales, las leyes y acuerdos que sustentan este derecho, se presenta también el estado que guarda: Según CONAPO (Consejo Nacional de Población) mueren diariamente 4 mujeres por causas asociadas a la maternidad. El 25% de los embarazos que se registran en el país son embarazos adolescentes. El gobierno federal reconoce que el aborto es la cuarta causa de muerte en el país. Así mismo se presenta 2 casos de mujeres violadas que desearon interrumpir su embarazo y les fue negado su derecho. Por último menciona las recomendaciones que hace el comité de DESC de Naciones Unidas al Estado Mexicano en 1999 en torno al derecho a la salud sexual y reproductiva. En lo que a salud y medio ambiente se refiere el presente texto se basa en 3 casos concretos: 1.- En el estado de Chiapas la reserva de la biosfera de montes azules 2.- Las enfermedades causadas por la contaminación en el río Atoyac en el estado de Tlaxcala. 3.- Violación a la salud y el medio ambiente es en las poblaciones de Juanacatlán y el salto, Jalisco.

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

30


1.

En el primer caso se retoma el recorrido histórico de la asignación del territorio de la REBIM (reserva de la biosfera de montes azules) y las propuestas que en materia agraria y ambiental se plantean en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en México.

2.

En el caso del río Atoyac se muestra un informe sobre el proceso de urbanización e industrialización en el poniente del Estado de Tlaxcala y los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo en el Estado de Puebla y la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 dando esto como resultado la entrada de maquila a este territorio provocando la contaminación del río Atoyac. El centro de derechos humanos Fray Julián Garcés tiene desde 2002 referencia sobre la problemática de contaminación del río Atoyac como posible causante de daños a la salud en 16 comunidades. Primero se realizaron documentación de casos y recopilación de expedientes, segundo establecer una relación comparativa entre contaminantes existentes y alteraciones a la salud, tercero Realizar la documentación de casos de violaciones de Derechos Humanos desde la población local organizada, Contribuir a la formación y articulación de espacios locales regionales de investigación y análisis y difusión,se han registrado casos de enfermedades como la leucemia; Púrpura trombocitopenica; anemias y malformaciones congénitas entre otras, así como casos de daños a la propiedad. En total fueron 38 casos en 5 comunidades y falta por documentar otras 3 comunidades. Esto se documentará y se interpondrá la denuncia ante instancias locales, nacionales e internacionales de derechos humanos.

3.

El tercer caso donde también se sustenta la violación a la salud y el medio ambiente, es en las poblaciones de Juanacatlán y el salto, Jalisco. La contaminación del río Santiago ha provocado graves daños a la salud y el medio ambiente debido a que se ha instalado una zona industrial desde finales de los años 70, el IMDEC (Instituto Mexicano para el Informe Desarrollo Comunitario) ha documentado estas violaciones a los Alternativo de la derechos humanos: Sociedad Civil Según la Secretaría de Salud de Jalisco, en el año de 2002, las 1997 2006 siguientes 10 enfermedades, fueron las principales causas de defun-

31


ciones en Juanacatlán y El Salto31. Principalmente son enfermedades respiratorias e intestinales. Se han realizado gestiones ante el gobierno estatal y federal y concretamente el Instituto Vida envió al gobernador de Jalisco una solicitud para que fuera atendido el grave problema de salud y medio ambiente en Juanacatlán. Posteriormente junto con el Instituto de Derecho Ambiental AC (IDEA) y con otras organizaciones civiles presentaron por escrito formal denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. El 18 de mayo de 2005, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, resuelve que la denuncia, amerita la elaboración de un expediente de hechos, para conocer más a fondo el problema, procedimiento que se encuentra aún en espera de que el Consejo de la CCA emita una resolución autorizando o no la preparación de dicho expediente. Se han hecho recomendaciones a los tres niveles de gobierno para que tomen medidas precautorias urgentes para la restauración sanitaria y ambiental de los municipios de El Salto y Juanacatlán.

3.1 el derecho a la educación de los pueblos indígenas 1999-2004 Cristina Larrea Villacián Enlace Comunicación y Capacitación AC.

I. Definición del derecho a la educación y recomendaciones previas 1. El derecho a la educación en el ámbito internacional Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Artículo 26

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

32


1.

2.

3.

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

2. P acto Internacional de los Derechos Económicos Sociales Pacto y Culturales (1966) Artículo 13 1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) la enseñanza primaria debe ser gratuita y asequible a todos gratuitamente; b) la enseñanza secundaria deber ser generalizada y hacerse accesible a todos, (....) por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. c) la enseñanza superior debe hacerse accesible a todos, (...) por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. d) el establecimiento de un sistema adecuado de becas, y mejorar las condiciones materiales del cuerpo docente.

33

Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

La educación en todas sus formas y en todos sus niveles debe tener las cuatro características siguientes interrelacionadas: Disponibilidad Accesibilidad Aceptabilidad Adaptabilidad


3. Observaciones y recomendaciones relacionadas con el Derecho a la Educación de los Pueblos Indígenas

3.1 .Planteamientos relacionados con el Derecho a la Educación de los Pueblos Indígenas en el Informe Alternativo 1999: En el anterior informe no se abordó el tema de la Educación de los Pueblos Indígenas específicamente, por lo que se retoman planteamientos sobre educación y pueblos indígenas, realizados en los informes de otros derechos. Las condiciones de las escuelas indígenas son alarmantes: "escasez y precariedad material de sus aulas y escuela, deficiente calificación y formación de los y las maestras, ausencia y deficiencia en la distribución de los materiales didácticos, un currículo rudimentario que se concentra en la enseñanza del español, predominio de las aulas multigrado y presupuestos inferiores a los que destinan a la educación básica convencional. 1.

2.

3.

4.

5.

La población indígena es la que sufre con mayor intensidad los problemas relacionados con la pobreza: los índices más altos de mortalidad y de morbilidad infantil, la desnutrición, el analfabetismo, la deserción y reprobación escolar, así como las consecuencias de la migración de las familias completas en búsqueda de trabajo. Las condiciones en las que viven los niños y niñas específicamente en zonas rurales y marginadas, impiden en el mayor de los casos que éstos puedan tener un buen aprovechamiento, pues ante la necesidad de buscar la satisfacción de las necesidades básicas y contribuir al gasto familiar, el nivel de deserción es muy elevado. El nivel educativo del medio urbano sigue siendo muy elevado a comparación con el rural. El analfabetismo para 1994 en mayores de 15 años, en el medio rural fue de 27.5%, mientras que en el medio urbano fue del 9.7%. El gasto nacional dedicado a educación se ha mantenido con un crecimiento constante desde 1988. En el período 93-97, la Derechos cifra de crecimiento ha promediado 26.6 % anual. Económicos, Sociales, Respecto a la descentralización de los servicios educativos, las 34 Culturales y Ambientales discrepancias sobre la distribución de los recursos federales a en México los distintos estados son notables y muestran ausencia de


criterios claros. Algunos de éstos reciben un porcentaje mucho mayor al que correspondería de acuerdo al número de su matrícula con respecto a la nacional.

3.2. Planteamientos relacionados con el Derecho a la Educación de los Pueblos Indígenas en las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999). 1.

2.

El Comité está perturbado por el aumento del número de personas que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. El Comité considera que si no se atienden apropiadamente las causas estructurales de la pobreza, no se logrará una distribución más equitativa de la riqueza entre los diferentes sectores de la sociedad, entre los estados y entre las áreas rurales y urbanas. El Comité se preocupa por la condición persistente de las poblaciones indígenas, particularmente de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, las cuales tienen acceso limitado a servicios de salud, educación, trabajo, nutrición y vivienda.

3.3. Recomendaciones relacionadas con el Derecho a la Educación de los Pueblos Indígenas para México en 1999. 1.

2.

35

El Comité recomienda que el Estado Parte fije puntos de referencia para ayudarlo a vigilar los adelantos en la lucha contra la pobreza. El Comité agradecería que, en su cuarto informe periódico, el Estado Parte hiciera una evaluación de los progresos alcanzados para que la población goce de los derechos económicos, sociales y culturales sobre la base de los puntos de referencia fijados y los datos estadísticos. El Comité insta al Estado Parte a atender las causas estructurales de la pobreza en México y a ajustar los programas sociales de acuerdo con esto. Además, el Comité invita al Estado Parte a involucrar estrechamente a la sociedad civil en general, y a los grupos meta en particular, en la planificación, aplicación y evaluación de estos programas. 3. El Comité recomienda que el Estado Parte asigne recursos para el Informe desarrollo de modo equitativo, sin tener en cuenta la ubicación Alternativo de la geográfica ni las poblaciones. Sociedad Civil 4. El Comité pide al Estado Parte que, al negociar con instituciones 1997 2006 financieras internacionales y aplicar programas de ajuste estructural y


políticas macroeconómicas que afecten al servicio de la deuda externa, a la integración en la economía mundial de mercado libre etc., tenga en cuenta sus consecuencias para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular de los grupos más vulnerables de la sociedad.

II. Problemáticas relevantes 1. Datos estadísticos significativos sobre la Población Indígena en México a)

b)

c)

d)

Estimación de la población indígena en México por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Conapo (Alem, 2002): Año 2 000: 12 707 000, frente a 97 483 412 población total de México Población Indígena registrada en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (Alem, 2002). Año 2 000: 8 381 314 Estimación población hablante de lengua indígena (HLI) por INEGI (INEGI, 2000b): 6 044 547 (7.2% de la población nacional) Hombre (H): 2 985 872; Mujer (M): 3 058 675 Distribución de la población HLI de 5 años y más en los estados más significativos (INEGI, 2000a). Yucatán: 37.4% Oaxaca: 37.2% Chiapas: 24.7% Quintana Roo: 23.1% Hidalgo: 17.3%

2. Problemáticas relevantes que obstaculizan el ejercicio del derecho de la educación de los Pueblos Indígenas 1.

El derecho a la educación se ha traducido en las últimas décadas en el "acceso gratuito a la educación" (ONU, 2004), y en particular a la educación primaria. Así se refleja en los compromisos suscritos por los países miembros de los orga-

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

36


2.

3.

4.

5.

37

nismos multilaterales como ONU, a través del horizonte Educación para Todos (Declaración Mundial de Educación para Todos, Jomtien, 1990). Esta perspectiva apropiada y aplicada por los estados miembros, entre ellos México, deja de contemplar la visión más integral de los derechos humanos, así como la preocupación por la calidad de los procesos educativos. Esta simplificación ha dado lugar a resultados cuantitativos muy concretos. En el caso de México al establecimiento de la educación primaria como obligatoria y gratuita (1993), y al logro de un índice de cobertura de este nivel del 98% (2002). Este indicador parece otorgar al Estado Mexicano un cumplimiento casi total de los llamados "objetivos del milenio", y por ende los organismos multinacionales han optado por no ejercer ningún tipo de incidencia a este respecto. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas de México, el panorama educativo no presenta los mismos registros, sino al contrario, éstos demuestran la gran desigualdad que caracteriza al Estado Mexicano en muchos frentes. En este informe se argumenta que el ejercicio del derecho a la educación de los pueblos indígenas se encuentra obstaculizado por la exclusión de la educación en la población indígena como consecuencia de la situación de alta marginación que existe, y por la inequidad de la oferta educativa. Por ello, políticas dirigidas a implantar la gratuidad de la educación primaria, así como a aplicar programas compensatorios de apoyos económicos directos a los estudiantes, no resuelven las causas estructurales que mantienen el alto grado de rezago educativo de la población indígena. Por otro lado, se argumenta que la oferta educativa, tanto para alumnos como para docentes en todos sus niveles, sigue siendo escasa y en algunos casos con deficiente calidad, tal y como diferentes estudios lo señalan de la educación primaria y secundaria, de la normal indígena (Observatorio, 2004) y de las licenciaturas de educación indígena que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (Muñoz, 1999), entre otros. Distintas propuestas y recomendaciones sugieren la adopción de reformas constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, la intensificación del federalismo educativo, acompañado de un increInforme mento del financiamiento, al tránsito hacia la gestión educativa de las Alternativo de la comunidades indígenas, y la reestructuración del Sistema Educativo Sociedad Civil Nacional en pro de adoptar modelos de educación intercultural 1997 2006 bilingüe para la población indígena y no indígena, rompiendo así el binomio educación indígena-educación general.


ASPECTO

PROBLEMÁTIC A PROBLEMÁTICA

TOS E DA DATOS ADORES INDICADORES INDIC

RECOMENDACIONES PROPUEST AS PROPUESTAS

I. Orientación global de la política de educación indígena 1. Orientación de la política de educación indígena.

1. Orientación hacia la facilitación de acceso a la educación, en especial nivel básica, de la población indígena por medio de programas compensatorios. Estrategia de cambios parciales dirigido a consolidar una eficiencia sobre resultados mínimos de tipo cuantitativo: - Evasión de los problemas de tipo estructural que deter-minan el alto rezago educa-tivo de la población indígena: condiciones socioeconómicas y políticas marginales de la demanda, y las inequidades de la oferta educativa principalmente (Latapí, 2002). 2. Desarrollo inicial del enfoque de Educación Intercultural, aún sin concretizarse en modelos de educación intercultural bilingüe para la población indígena y no indígena. Se mantiene el modelo de educación centralizador y homogeneizante, que no contempla a sus efectos la diversidad y pluriculturalidad social.

1. Los programas compensatorios, becas económicas y créditos educativos dirigidos a las poblaciones más desfavorecidas, con gran porcentaje a la indígena, han favorecido el acceso a la educación, reduciendo el obstáculo de la insuficiencia económica: -Incremento estadísticamente no significativo de la matrícula en nivel básica en escuelas primarias indígenas (programa oportunidades)32; - Ligero incremento de la cobertura de educación primaria y preescolar indígena. Datos proporcionados en millones de personas33: Nivel preescolar (1997-2003): 19.7 (285.4 ; 305.1) Nivel primaria (1997-2003): 177. 202 (659,998; 837.2) 2. Decreto de Creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) (2001).

1. Institucionalizar el enfoque de Educación Intercultural al modelo educativo nacional: proponer una ruta crítica para Operativizar los cambios estructurales requeridos (conceptuales, jurídicos, orgánicos) que permita establecer el nuevo modelo y romper la polarización actual del sistema educativo nacional (educación indígena vs. educación general o no indígena). 2. Intensificar la revalorización de las diversas lenguas, culturas e identidades nacionales.


2. Porcentaje del PIB invertido en educación.

ASPECTO

3. El porcentaje invertido en educación continúa siendo inferior al 8%, y es de los más bajos entre los países de la OECD (OECD, 2004).

PROBLEMÁTIC A PROBLEMÁTICA

3.34 Gasto en educación respecto del PIB: 6.8 % (2002) 4.35 El Presupuesto conjunto de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y de la CGEIB representa apenas el 0.17% del total destinado a la SEP.

DA TOS E DATOS ADORES INDICADORES INDIC

3. Incrementar considerablemente el presupuesto de la DGEI y de la CGEIB y alcanzar como presupuesto de educación al menos el 8% del PIB.

RECOMENDACIONES PROPUEST AS PROPUESTAS

II. Principales focos de atención 3. Analfabetismo. educación general o no indígena).

4. 36 El índice de analfabetismo en México ha decrecido de 9.5% a 8.5% en el período 1999-2003; si bien el índice en la población indígena (P.I.) es cuatro veces mayor, asemejándolo al índice de analfabetismo de Uganda (2002).

5. 37 Índice de analfabetismo en la P.I. de 15 años o más: 32.5%; 6. 38 Proporción de analfabetismo mujeres/ hombres: 24 mujeres por cada hombre en poblaciones de más de 100,000 hab. 7 39 . Índice de analfabetismo en los niños jornaleros, la mayoría indígenas, entre los 6 y 14 años: 40.2%

4. Acceso a la educación (básica, media, y media superior)

5.40 El porcentaje de cobertura de educación en la P.I. se aleja mucho de la media nacional: 98% para nivel primaria y 70% para secundaria. El acceso a la educación sigue siendo un problema prioritario a resolver; la cobertura educativa no se ajusta siempre a las condiciones de dispersión y aislamiento de las comunidades.

8.41 % de P.I. entre 5 y 24 años que no asiste a la escuela: 39 9.42 % de P.I. sin instrucción: 31.7 (H: 23.5; M: 39.6) 10.43 % de P.I. prim. incompleta: 30.6 (H:32.8; M:28.5) 11.44 % de P.I. prim. completa: 18.4 (H: 19.9; M:17) 12. Alrededor de una tercera parte de los niños indígenas asiste a escuelas generales (INEE, 2004).

4. Intensificar los programas de alfabetización con una estrategia de acción descentralizada y coordinada entre los niveles de gobierno. Enfocar las zonas más dispersas y aisladas. 5. Mejorar la calidad y eficiencia de los actuales programas de alfabetización.

6. Incrementar la cobertura y facilitar el acceso a la educación primaria y secundaria adoptando medidas que: - incrementen el presupuesto educativo a nivel estatal y municipal; - faciliten la construcción de alternativas de educación comunitaria, y por lo tanto, la profesionalización académica de maestros comunitarios. - definir una ruta crítica que establezca la enseñanza secundaria gratuita.


6. La cobertura en Educación Media Superior (E.M.S) y en Educación Superior (E.S.) es mínima. La escasez de oferta educativa condiciona altamente la formación docente.

13. 45 % P.I. secundaria incompleta: 3.4 (H: 4.1; M:2.7) 14. 46 % P.I. secundaria completa: 8.9 (H:10.9; M:6.9) 15. 47 % P.I. algún año aprobado en E.M.S.: 4.3 (H: 5.2; M: 34) 16. 48 % P.I. algún año aprobado en E.S.: 2.7 (H: 3.6; M:1.9)

7. Falta de cobertura así como de un sistema que facilite la continuidad en el ciclo escolar de los jornaleros migrantes, la mayoría de ellos indígenas.

17.49 Se estima que sólo el Ver propuesta número 22. 43.2% de los niños jornaleros en las zonas de agricultura extensiva del norte del país asiste a la escuela.

8. El problema de la ineficiencia terminal de la población indígena persiste y continúa siendo preocupante frente al comportamiento de la media nacional.

18. 50 Estimación eficiencia terminal en educación primaria bilingüe: 73.5% frente a 86.3% nivel nacional (2000).

6. Deserción escolar 9. Se mantiene el alto grado de deserción escolar en la P.I como un problema prioritario, reflejado tanto en nivel primaria como en secundaria.

19. 51 Índice de deserción en educación primaria bilingüe: 3.8, frente a 2.1 a escala nacional (2000).

5. Ineficiencia terminal

7. En primer lugar, realizar un diagnóstico sobre las causas fundamentales que ocasionan el alto índice de ineficiencia terminal y de deserción escolar, diferenciando por sexo y por distintos contextos socioeconómicos.


7. Pertinencia y cali- 10. Aunque se reconocen dad de la educación avances puntuales en esta indígena materia, en particular en lo que respecta a la flexibilidad del diseño curricular, a la creación de materiales didácticos bilingües, y al mejoramiento de la infraestructura educativa, la calidad de la educación indígena se pone en entre dicho: - los contenidos de aprendizaje no incluyen saberes propios y valores de las culturas indígenas, y más bien enfatizan la homogeneidad de la cultura, lengua o historia de los criollomestizos (Alem, 2002), reflejado en los materiales. - los métodos pedagógicos desarrollados no son los más apropiados atendiendo a las formas de conocimiento de las culturas indígenas, su filosofía y cosmovisión; son adaptaciones marginales de la escuela urbana (Muñoz, 1999). - insuficiente conocimiento del castellano entre la población indígena y el aún débil desarrollo teóricoestructural de las lenguas indígenas. - deficiente capacitación de los maestros bilingües. Insuficiente conocimiento de la escritura de su la lengua. - limitación de los servicios de infraestructura escolar y de la disponibilidad de materiales didácticos. Contextos socioeconómicos desfavorables que repercuten en la calidad de educación y en proceso de aprendizaje.

20.52 Índice de reprobación 8. Intensificar la formación en la P.I. de 12.7 frente a 6 a de maestros bilingües en aspectos como el aprenescala nacional. dizaje y la enseñanza de la 21. 53 Ilustración de resul- lengua indígena, el desatados-muestra estadística rrollo de estrategias pedanacional: porcentaje de gógicas y metodológicas alumnos de sexto de prima- adecuadas a su cultura, el ria en los niveles de com- aprendizaje y la enseñanza petencia de lectura. Nivel 4: de la lengua castellana y escuelas indígenas: 2.54% didáctica básica para (más alto) escuelas nacio- interrelacionar saberes de nales:13.45% escuelas pri- distintas culturas. vadas: 47.29% Nivel 1: escuelas indígenas: 9. Favorecer e intensificar la 57.02% (más bajo) escuelas investigación educativa en el nacionales: 27.76% escue- medio indígena impulsada las privadas: 4.61% por propios docentes, alumnos y comunidades educa22. 54 Porcentaje de escue- tivas indígenas. Incrementar las indígenas en contexto la partida presupuestal sociocultural muy desfa- destinada a investigación vorable: 30.2%; desfavo- educativa del total dirigido rable: 54.4% a investigación, actualmente Respecto a las escuelas definido en un 1.5 % (OECD, públicas urbanas y rurales, 2004). el porcentaje de escuelas en contextos muy desfavo- 10. Recuperar experiencias rables es de 6.9% y en muy exitosas en materia de desfavorables es de 28.4%. educación indígena y de educación intercultural con el 23. 55 En promedio, el 20% fin de intencionar la definide las escuelas indígenas ción de nuevos modelos son incompletas (no ofrecen educativos interculturales a los 6 grados de primaria); y escala nacional. un 28% unidocentes (un solo docente atendiendo 11. Descentralizar y reformar diferentes grados de si- el diseño curricular de acuertuación de multigrado). do al contexto sociocultural. 12. Invertir en la mejora de 24. 56 Tasa de monolinla infraestructura educatigüismo de la población va,en especial de las zonas hablante de lengua indírurales y más aisladas. gena (HLI) de 5 años y más: 16.9, H: (12.6); M: (21.2).


8. Desigualdad

11. El sistema educativo mexicano se caracteriza por ser altamente inequitativo, las oportunidades– de acceso, permanencia, extensión de la escolaridad y el aprendizaje efectivo y calidad– se distribuye muy desigualmente entre la población, siendo la P.I. de las más afectadas (Latapí, 2002). 12. El avance experimentado en el “acceso universal a la escolaridad”, no ha sido respaldado por una igualdad en las normas básicas de aprendizaje (Bracho, 2002). 13. Las condiciones de desigualdad educativa de la P.I. se integran y se relacionan con las condiciones de desigualdad socioeconómicas de los municipios con alta población indígena. 14. Persiste la desigualdad por sexo, siendo los indicadores educativos referidos a la mujer los más bajos.

*Los datos anteriores comparativos referidos a los aspectos: analfabetismo, acceso a la educación, deserción escolar, ineficiencia terminal y pertinencia y calidad de la educación, reflejan la desigualdad educativa de la P.I. frente a la media nacional, y su alto grado de rezago educativo. 25. 57 A nivel nacional, el 21% de los municipios tiene un muy alto grado de rezago educativo. Entre la P.I., el 56.7% de los municipios indígenas es de muy alto rezago educativo y el 2.6% de los municipios indígenas es de bajo y muy bajo rezago. 26. A modo de ilustración, se indican algunos datos comparativos entre edos. con mayor P.I., Oaxaca y Chiapas, y el resto: -promedio y distribución de la escolaridad en entidades de alta y baja escolaridad 58 : D.F: 9.60 Nuevo León: 8.85, Media República Mexicana: 7.45, Oaxaca: 5.62, Chiapas: 5.35 -tasa de alfabetismo59 de la población HLI de 15 años y más: Distrito Federal: total: 87.6; H: 93.6; M: 82.8, Media Nacional: total: 66.2; H: 76.1; M: 56.8, Oaxaca: total: 64.6; H:74.8; M: 55.6 Chiapas: total: 57; H: 70.5; M: 43.7 -tasa de monolingüismo60 de la población HLI de 5 años y más de los siguientes grupos étnicos: Tseltal (Chiapas): 41.4; H: (32.2); M: (50.8), Amuzgo (Guerrero): 46.1; H: (41.4); M: (50.5) Media Nacional: 16.9

13. Todas las propuestas que se sugieren en este informe están dirigidas a reducir la desigualdad educativa que enfrentan los pueblos indígenas. Se propone que para cada propuesta se definan metas concretas de cumplimiento en el mediano y largo plazo, distinguiendo por sexo y por contextos socioeconómicos diferenciados, con el fin de observar, y evaluar el avance en esta materia. 14. Promover una coordinación y acción intersectorial dirigida a generar oportunidades de desarrollo en las comunidades indígenas, en lugar de acentuar los programas compensatorios.


27.26 El 88% de los municipios indígenas (con más del 30% de la población indígena) se encuentra en condiciones de alta y de muy alta marginación. Este grado se acentúa en 13, 000 localidades con 70% o más de HLI. En Chiapas se encuentran el 22.2 % y en Oaxaca el 19% de este total. 9. Gestión social

III. POLÍTIC AS POLÍTICAS O PROG. PRINCIP ALES PRINCIPALES EN CURSO 10. Escuelas Primarias Bilingües (DGEI)

15. Si bien el federalismo y la descentralización educativa es un tema actual de preocupación, aún no se ha transitado a favorecer el control y gestión comunitario de los procesos educativos, en particular de las comunidades indígenas.

DA TOS DATOS TADOS RESUL RESULT IMP ACTO IMPACTO

16. 62 Atención ciclo escolar 2000-2001: 49 675 e.i.; 288 852 prees.; 806 530 prim. 19 018 centros educativos; 50 356 docentes

28. Escasa participación de los niños y niñas indígenas, y comunidades educativas en las decisiones, diseños e implementaciones de políticas educativas que les concierne (Álvarez, 2003).

15. Facilitar las condiciones necesarias para intencionar la descentralización ejecutiva, operativa y administrativa de los procesos educativos a las comunidades indígenas.

29. Escaso nivel de oportunidad de autogestión de los procesos educativos por las comunidades indígenas.

16. Acreditar las experiencias de los educadores comunitarios.

VAL ORACIONES ALORACIONES

30. La política de educación de los pueblos indígenas en el período del informe se ha enfocado principalmente en facilitar el acceso de la educación a la población indígena, en especial la educación inicial, ampliando la oferta educativa por un lado, e implementando programas compensatorios que intentan aminorar el obstáculo económico del acceso a la educación por otro. Así mismo, se

RECOMENDACIONES PROPUEST AS PROPUESTAS

17. Incorporar a la Ley General de Educación (1993) los principios institucionales y constitucionales de multietnicidad, diversidad y equidad, así como las facultades de autogestión y autodeterminación de los pueblos indígenas reflejadas en el Convenio 169 de la OIT. 18. Adoptar medidas que permitan la exigibilidad judicial de la educación.


11. Cobertura (EMS) y 17. Establecimiento de 363 universidades y 12 bachi(ES) lleratos interculturales bilin12. Programa de A- gües en el período que se tención Educativa a informa. Población Indígena (PAEPI) del Consejo 18. 64 Atención ciclo escolar Nacional para el 2002-2003: Fomento Educativo - 11 876 alumnos nivel pre(Conafe). Educación escolar bilingüe en comuni- - 16 074 alumnos nivel pridades menores de maria - 9 338 alumnos en pospri200 hab. maria (la baja cobertura de 13. Programas com- este nivel respecto a nivel pensatorios (Conafe) primaria señala una clara deficiencia que repercute 14. Red de alber- en el índice de alumnos que gues escolares (CDI) no pueden continuar con el en coordinación con nivel secundaria). Conafe. 19. 65 Estudiantes indígenas 15. Programa Opor- de nivel primaria apoyados tunidades (SEDESOL) por programas compensatorios, redujeron la des16. Programas de ventaja en el grado de elaboración de ma- aprendizaje de matemáteriales didácticos ticas y lengua castellana respecto a los estudiantes bilingües. no indígenas en un 10 por 17. Política lingüística ciento al año. 20. 66 Se encuentran en operación 1 082 albergues en las mismas comunidades apoyando a alumnos indígenas en alimentación, apoyo efectivo para gastos 19. Reforma de la escolares y paquetes de Educación Preesproductos para aseo percolar sonal. 18. Reforma Constitucional (2001): Ley en Derechos y Cultura Indígena.

21. 67 Programa de apoyos económicos y becas a los alumnos de poblaciones marginales para facilitar su estudio. Leve incremento de la cobertura de educación primaria indígena en el período 1997-2003 (ver indicador 1).

ha enfocado en incrementar la producción y el acceso de materiales didácticos bilingües dirigidos a docentes y a alumnos, y ha cubierto ciertas necesidades formativas del cuerpo docente (Esta política ha dado resultados muy puntuales en materia de números absolutos de alumnos inscritos a los distintos niveles de educación, y una ligera mejoría en el grado de aprendizaje y aprobación de los estudiantes indígenas. Sin embargo, se valora que la actual política escapa enfocar causas estructurales del rezago educativo de la P.I.: 31. “El sistema educativo mexicano reproduce la inequidad, la exclusión y el autoritarismo del sistema político y cultural vigente, sobre todo en las regiones más pobres, donde habitan los pueblos indígenas” (ONU, 2003). 32. La calidad de la educación indígena es deficiente en materia de formación de los maestros bilingües; de disponibilidad de materiales didácticos, que si bien escritos en lenguas indígenas, tienden a ser traducciones más que a reflejar el pensamiento indígena. Así mismo, la calidad de la estrategia pedagógica desarrollada resulta deficiente al ser ésta inadecuada con las formas de aprendizaje de los alumnos indígenas. Las condiciones precarias de la infraestructura escolar

19. Promover una política multilingüe y una planificación lingüística que facilite la formación en esta materia del cuerpo docente, así como la producción de materiales en lenguas indígenas, desde su cosmovisión, pensamiento y forma de vida. 20. Realizar reformas alternativas de carácter constitucional para incorporar facultades de autodeterminación de los pueblos indígenas en pro de definir sus propios programas educativos en coordinación con las autoridades educativas nacionales. Marco jurídico: Convenio 169 de la OIT. 21. Adoptar las medidas necesarias que faciliten la continuidad escolar de los estudiantes jornaleros en situación de migración temporal. 22. Elaborar un informe detallado que justifique el establecimiento de la obligatoriedad de la educación preescolar, de cuenta de los beneficios estimados y proponga soluciones a los impactos negativos que se prevén. 23. Iniciar un proceso de revocación de la “ley de preescolar”.


22.68 189 títulos gratuitos en 33 lenguas indígenas, con una producción nacional aproximada de 1.2 millones. 23. Aprobación Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003). Creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2003). 24. Incorporación parcial de la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas en el texto constitucional: Art. 2 25. Legislación en materia inígena en los estados de Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí.

y del contexto socioeconómico, influyen considerablemente en el empeoramiento de la calidad de la educación. 33. Ausencia en la práctica de una política bilingüe que facilite el aprendizaje y la enseñanza de la lengua propia y de la lengua castellana. 34. A grandes líneas, la política de educación indígena en su diseño e implementación no contempla la presencia, participación, decisión y control de las comunidades indígenas. Ausencia general de impulso de procesos de autogestión de la educación en las comunidades indígenas.

26. Establecimiento de la obligatoriedad de la educa35. La reforma de la ción preescolar (2004). educación preescolar puede impactar negativamente, ya que la cobertura de la misma y la disponibilidad de maestros acreditados no está asegurada. Rompe con el período de formación de los niños y niñas en el seno familiar, núcleo de la formación cultural.


III. El Derecho a la educación de los pueblos indígenas en el “Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México”, 2003 1. Propuestas del diagnóstico en materia de derecho a la educación de los pueblos indígenas Se retoman el diagnóstico en materia de Derecho a la Educación y en materia de Derecho de los Pueblos Indígenas.

1.1 Propuestas Generales  Promover la participación de padres, alumnos, y organizaciones de la sociedad civil en el diseño, gestión y fiscalización de la política educativa.  Incorporar a la Ley General de Educación los principios internacionales y constitucionales sobre la multietnicidad, la diversidad y la equidad.  Evaluar y dar seguimiento integral y multiinstitucional al impacto de los programas compensatorios.  Recuperar experiencias exitosas en lugares con problemas de rezago educativo.  Diseñar un sistema de indicadores del cumplimiento de las acciones gubernamentales, en especial de los servicios de calidad de la población marginada.  Fijar metas concretas destinadas a la erradicación de discriminaciones de facto hacia grupos vulnerables.  Desarrollar aceptabilidad y adaptabilidad de la educación a los pueblos indígenas.  Promover un diálogo participativo con los pueblos indígenas para entender sus necesidades y encaminar una política clara de educación intercultural y bilingüe.  Promover los procesos de descentralización administrativa y curricular.  Crear y desarrollar mecanismos de exigibilidad judicial del derecho a la educación.  Acreditar las experiencias de los educadores populares  Promover una política multilingüe que posibilite la creación de instituciones encargadas de la planificación lingüística y la producción de materiales. 1.2 Propuestas en Materia Legislativa  La reapertura en el Congreso de la Unión del debate sobre la reforma constitucional en materia indígena.

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Los estados elaboren, en consulta con los pueblos indígenas, la legislación correspondiente para el reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Aplicación en toda la legislación nacional el Convenio 169 de la OIT.

2. Comentarios sobre el diagnóstico 



   

Falta abordar los problemas derivados del proceso lento y difuso del federalismo educativo y la consiguiente propuesta de financiamiento en los niveles estatal y municipal. Falta abordar la ausencia de participación social en el proceso de diseño, implementación y evaluación de acciones gubernamentales en materia de educación, así como de la gestión comunitaria de los procesos educativos. Falta abordar avances y dificultades del inicio del desarrollo del enfoque de educación intercultural en este período. Falta completar la documentación sobre los aspectos de desigualdad que caracterizan la educación en México. Falta ampliar la valoración y documentación del tipo de calidad de la educación en sus respectivos niveles. Falta abordar la problemática de acceso y continuidad de la educación de los niños y niñas de la calle, así como de los jornaleros migrantes.

IV. Obligaciones de los estados en materia del derecho a la educación Aplicado en este informe al derecho a la educación de los Pueblos Indígenas.

Genéricas  Respetar el derecho a la educación.  Proteger el derecho a la educación.  Satisfacer el derecho a la educación.

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Artículo 2.1  Adopción de medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación.


 

Destinar el máximo de recursos disponibles para garantizar el derecho a la educación. Garantizar un desarrollo progresivo del cumplimiento del derecho a la educación.

Artículo 2.2  Garantizar el ejercicio del derecho a la educación, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política (...), origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Específicas (Art. 13 PIDESC)  Garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita.

V. Otros actores La Cátedra de UNESCO de la UNAM

VI. Espacios de interlocución Enlace Comunicación y Capacitación AC. no ha participado en ningún espacio de interlocución directo con las instancias gubernamentales al vincularse a la realización de este informe alternativo recientemente.

VII. Leyes o programas prioritarios Programas  Programa Oportunidades vertiente de educación  Programas Compensatorios del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe)  Programa Escuelas Comunitarias Bilingüe (DGEI)  Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI) de Conafe  Programa Nacional de Educación 2001-2006 (SEP)

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Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 (CDI) Programa Asesor Técnico Pedagógico (DGEI)

Leyes  Ley General de Educación (1993)  Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Reforma de la Fracción IV del artículo 7º. de la Ley General de Educación  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  Convenio 169 de la OIT  Convención sobre los Derechos de la Niñez, UNICEF

VIII. Propuesta de preguntas para la pre-sesión 1.

¿Cuales son los mecanismos que la SEP va a implementar para hacer efectiva la federalización educativa, la descentralización política y operativa de la educación a las entidades estatales, así como una propuesta de financiamiento de la misma? Identificación de los actuales obstáculos y soluciones propuestas.

2.

¿Cómo ha impactado la política educativa, centrada en la operación de programas compensatorios, a reducir la desigualdad educativa en México? Valoraciones e indicadores de acuerdo a los siguientes aspectos referidos a la población indígena: el grado de escolaridad, el nivel de aprendizaje, la insuficiencia terminal, la calidad educativa, la deserción escolar y el acceso a la educación.

3.

Al considerarse el problema de la desigualdad educativa estructural, vinculado al grado de involucramiento, decisión y control de los procesos educativos a nivel comunitario, municipal y estatal, así como la condición de alta marginación que enfrentan gran parte de los municipios indígenas, y las características desiguales de la oferta educativa entre otras, ¿qué ruta de acción Informe gradual propone la SEP para dar solución a este problema? Alternativo

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4. Cómo pretende la SEP avanzar en el desarrollo del enfoque de una educación intercultural, si no se han adoptado los cambios


jurídicos correspondientes en la Ley General de Educación en materia de derechos de los pueblos indígenas en base al Convenio 169 de la OIT. Propuestas al respecto para realizar las modificaciones oportunas. 5.

Si el enfoque de una educación intercultural tiende a construir modelos de educación intercultural bilingüe en la sociedad multicultural mexicana, qué propuestas tiene la SEP para transitar gradualmente del actual sistema al nuevo modelo de educación intercultural bilingüe.

IX Bibliografía " Álvarez Gutiérrez, Jesús (2003). Reseña de Distintas escuelas, diferentes oportunidades. Los " " " " "

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retos para la igualdad de oportunidades en Latinoamérica. Fernando Reimers (editor), (2002), Madrid: La Muralla. Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 5, número 1 en Pág. Web. Bracho, Teresa (2002). Desigualdad educativa. Un tema recurrente. Revista Mexicana de Investigación Educativa, noviembre-diciembre 2002, Vol.7, número 16. pp. 409-413, México D.F. INEE (2003). La Educación Indígena: El Gran Reto. Los Temas de La Evaluación. Colección de Folletos. Folleto número 1 www.capacitacion.ilce.edu.mx/inee/acerca.htm INEGI (2000a). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 . Base de datos, en www.inegi.gob.mx INEGI (2000b). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos, en www.inegi.gob.mx Latapí Sarre, Pablo (2002). Reseña de Distintas escuelas, diferentes oportunidades. Los retos para la igualdad de oportunidades en Latinoamérica. Fernando Reimers (editor), (2002).,Madrid: La Muralla. Revista Mexicana de Investigación Educativa, septiembre-diciembre 2002, Vol.7, número 16. pp. 665-669, México D.F. Muñoz Cruz, Héctor (1999). Política pública y educación indígena escolarizada en México. Cadernos Cedes, ano XIX, número 49 pp. 49-61 Observatorio Ciudadano de la Educación (2004). Comunicado 118: Normales Rurales, México D.F. OECD (2004). Examiner´s Report on Mexico´s Educational Research and Development System , Paris ONU (2003). Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, D.F. ONU (2004). Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: El Derecho a la Educación. Informe presentado por Katarina Tomasevski, Relatora Especial Derechos sobre el derecho a la educación. Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económicos, Económico y Social, en www.onu.org Sociales, 50 Culturales Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígena en México. Fundación Rigoberta y Ambientales Menchú Tum, México D.F. en México


3.2 Diagnóstico derechos a la educación en la Sierra Norte de Puebla Centro Antonio Montesinos AC Y CESDER Caracterización eco geográfica del Municipio de Zautla: el espacio social. Herederos de una milenaria cultura ñhañhü - totonaca y nahua, los campesinos-indígenas de la sierra norte de Puebla, tuvieron que reasentarse y aprender a vivir en las escarpadas sierras no aptas para la agricultura del norte de Puebla, pues por procesos de violencia y despojo, las mejores tierras planas, fértiles y con acceso a riego fueron para hacendados, ganaderos y empresarios agrícolas que en el transcurso de la historia hicieron que los grupos indígenas ocuparan las zonas de laderas, suelos desnudos, estériles e improductivos. Mientras que en los llanos de los municipios de Libres y Oriental una inmensa estepa verde de cereales cubre las planicies y el riego por aspersión indica que la agricultura moderna esta presente, al fondo en la sierra, las estrategias de sobrevivencia de los indígenas-campesinos de Zautla han aprendido a convivir con los remanentes del bosque de pino-encino, a hacer agricultura y ganadería de infrasubsistencia con sus cultivos de maíz y fríjol, a trabajar la alfarería, a convivir con la migración del campo a la ciudad en un incesante ir y venir o en un lejano no regreso del país del norte. Así son las actuales aportaciones de la economía campesina: el trabajo no agrícola por la prestación de servicios en la maquila o en la construcción, si se es mujer u hombre; la migración, que no distingue sexo ni edades sino por el contrario, desarraiga del terruño a individuos y familias completas; y ya que mencionamos desarraigo que decir de los procesos de pérdida de la identidad y adopción de otras modas y otros modos que genera el éxodo rural.

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Zautla proviene del nahua Tzahuitl que significa hilar, tejer y Tlalli tierra, por lo que significaría "lugar de los que hilan o hacen algunos tejidos". Antes de la conquista española, los pueblos de esta región eran tributarios de Texcoco, oro y plata fue su aporte, así como vasijas de barro que se producen desde esos tiempos. Riquezas naturales y materiales de pueblos pobres han enriquecido


otros palacios. El costo ambiental de dicho tributo se manifiesta en la desnudes de los cerros. Respecto a la orografía, puede verse como un conjunto aglomerado de montañas interconectadas por pequeños valles y cerros aislados cuyas alturas oscilan entre 1760 y 2900 metros sobre el nivel del mar, de modo que se trata una región alta y fría, sobre todo en invierno. Coronan la parte alta de los cerros relictos de pino de varias especies como lacio, colorado, ocote y quebrado, así como otras especies arbóreas de oyamel, encino y vegetación secundaria. Dos ríos cruzan el municipio el Chilapa y el Apulco mientras que infinidad de arroyos y escurrimientos nos indican la vocación en la captación de agua de lluvia.

I. Agricultura de la Pobreza Con ese nombre se conoce a las actividades silvo-agro-pastoriles que se practican en los hogares para la reproducción social de las unidades familiares: una pequeña parcela para la siembra de fríjol, maíz, cebada y trigo, árboles frutales que rodean la casa campesina, cría de ganado bovino de traspatio que no alcanza a cubrir el autoconsumo anual, donde la granja autosuficiente y auto sustentable se vislumbra lejana. La desigualdad en la tenencia de la tierra se puede observar de la siguiente manera: la mayoría de los campesinos disponen de una superficie cultivable en parcelas de 1 hectárea promedio. De acuerdo a un estudio realizado en los a finales de los noventa indica que el 40 % de la población rural ya no posee tierra, no sorprende que en manos privadas se concentre el 84.3% de la superficie, mientras que como propiedad colectiva o ejidal permanezca el 15.7% De acuerdo a datos del Conapo e INEGI (Prodes AC.2004) es uno de los municipios más pobres de estado con un alto grado de marginación y un índice de marginación de .97766

II. La Experiencia: DESC Y Políticas Públicas Durante un periodo de años, de 2002 a 2003, dos organizaciones de la sociedad civil (OSC), parte del Campo de Política Social de la Convergencia de Organismos Civiles, el Centro de Estudios Sociales y Cultura-

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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les Antonio de Montesinos AC.(CAM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (PRODES AC. - CESDER), realizaron una investigación sobre la situación que guardan los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) en México, así como la difusión de estos derechos entre las organizaciones locales y otros actores; proceso que permita incidir en políticas públicas. En esta ocasión se dio un mayor énfasis en el derecho a la educación, mismo que se enuncia a continuación: La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos fundamentales...la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Disponibilidad: debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Accesibilidad: las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones: no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica. Aceptabilidad: La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables para los estudiantes y, en su caso, para los padres. Adaptabilidad: la educación ha de tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación, y responder a los requerimientos de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Este ejercicio significa un primer acercamiento de la población campesina e indígena a este tipo de derechos humanos, pues cabe la pena señalar que históricamente las relaciones entre indígenas y mestizos y grupos no indígenas se caracterizan por el desprecio, rechazo, marginalidad, exclusión y relaciones de abuso de poder; por otro lado, a partir de la transición de México a la democracia hay una preocupación por parte del Estado por dar a conocer y fortaleInforme cer los derechos cívicos y políticos, sin embargo aquellos derechos Alternativo de la que tienen que ver con el desarrollo social y el bienestar de la po53 Sociedad Civil blación se mantienen en rezago, pues la política social se sobrepo1997 2006 ne a la política económica.


La contribución CAM - CESDER es para que la población rural en situación de extrema pobreza fortalezca sus redes sociales, instituciones y organizaciones que permitan una participación activa en la toma de decisiones públicas. Contribuya a la recuperación su identidad como pueblo indígena sujeto de derechos y que como ciudadanos adquieran capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos y así poder concurrir en la esfera pública desde su condición de género y edad; lo que intenta es la formación de sujetos sociales y colectivos. La participación ciudadana se ha limitado a procesos electorales, donde la población en general cree que lo político es la elección de candidatos, más no así una práctica que cotidianamente permita la actuación de los diversos sujetos en el ámbito gubernamental y en la esfera pública en materia de educación, salud, alimentación y vivienda. Por otro lado se requiere que la autonomía indígena y el municipio libre se fortalezcan por la capacidad de la población a participar plenamente (empoderada) desde una perspectiva crítica y consiente y no como simples beneficiarios de programas sino como sujetos sociales capaces de construir nuevas realidades.

III. Política educativa-programas Como sabemos es el Estado el encargado de impartir la educación básica gratuita en nuestro país, tiene la facultad de generar los programas, planes, proyectos y por lo tanto ejercer el presupuesto destinado a este rubro en el diseño de la política educativa, mediante la Secretaría de Educación Pública (SEP). En educación básica, en la entidad, de acuerdo al quinto informe del gobierno del estado de Puebla durante el ciclo escolar 2002 - 2003, una población infantil de un millón 403 mil 809, se atendieron en 10 mil 864 escuelas bajo la docencia de 54 mil 699 maestros, así mismo se reporta la entrega de 918 mil 290 paquetes de útiles escolares a niñas y niños de escasos recursos, las cifras también nos hablan de una inversión de 29 millones 207 mil pesos para la rehabilitación de esDerechos cuelas en pintura, impermeabilización, rehabilitación de sanitarios y Económicos, Sociales, reparaciones. El gasto social en educación en esta entidad también se 54 Culturales y Ambientales a aplicado para programas de educación especial y educación indíen México gena (71 mil 790 estudiantes de primaria).


Sin embargo, la política educativa que se aplica en el municipio nos arroja otras cifras que recupera el INEGI para el censo XII del 2000 y que consideramos: De una población total de 10 642 personas en el municipio, la caracterización entre alfabetizados y analfabetas se esquematiza en la siguiente tabla: Tabla 1 Condición

Hombres jóvenes

Mujeres jóvenes

Hombres adultos

Mujeres adultas

Hombres ancianos

Mujeres ancianas

Alfabetos

2069

2141

1649

1341

296

126

Analfabetos

118

295

338

1179

292

788

Elaboración propia. Nota: se considera analfabeta a aquellas personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, por joven se incluye a adolescentes y personas hasta los 30 años; por adulto de 30 a 60 años y por ancianos a mayores de 60.

Según estos datos el 71.6% de la población, esta alfabetizado es decir tuvo acceso a la educación que imparte el Estado; mientras que el restante 28.4% ocupa la parte inferior de la tabla. Podemos observar que en los primeros rangos de hombres jóvenes a hombres adultos la diferencia entre alfabetizados y analfabetas en cantidad es muy amplia, de hecho las mujeres jóvenes tuvieron un mayor acceso a la escuela que los hombres jóvenes; sin embargo la diferencia entre mujeres adultas alfabetizadas y no, la distancia se acorta, están casi iguales, así como en el caso de los hombres ancianos, pero la diferencia de las mujeres ancianas resalta por ser mayor el número de analfabetas, esto puede ser un indicador de cómo se han aplicado las políticas educativas en el transcurso de la historia. Respecto al caso de los jóvenes es importante señalar que se afirma que la situación en educación guarda una estrecha relación con el acceso al trabajo asalariado, porque en algunos centros laborales entre los requisitos míniInforme mos esta el certificado de estudios de educación básica. Se afirma que Alternativo de la la escolaridad mantiene una estrecha relación en la movilidad social, 55 Sociedad Civil en la distribución del ingreso, en el incremento en la productividad por 1997 2006 la vía del capital humano y por las posibles innovaciones tecnológicas


que pueden influenciar la vida rural, repercute en el mejoramiento de las condiciones de salud, alimentación, bienestar psicológico familiar y comunitario, es decir se pueden alcanzar nuevos trabajos y nuevas cualidades, sin embargo los pobres no tienen cabida en dicho proceso, precisamente por su condición de pobreza, lo que ocasiona un circulo vicioso. Para poder realizar un análisis por la categoría de género el acceso a la educación podemos ejemplificar los mismos datos en la siguiente gráfica: G ráfic a 1 ráfica

La cantidad de hombres que ha asistido a alguna institución educativa es mayor que la de las mujeres, principalmente entre los hombres jóvenes y adultos, por que podría considerarse que la situación femenina respecto a la educación en Zautla, permanece como analfabeta; respecto a las personas ancianas, resalta el hecho de que las mujeres (abuelas) no tuvieron educación; lo cual significa una desigualdad social de género y etnia, se trata de mujeres, pobres e indígenas, donde la alfaDerechos betización juega un papel preponderante, además de que se obtiene Económicos, Sociales, diferencialmente por cuestiones culturales, como el de que las muje56 Culturales y Ambientales res se casan y las van a mantener, hay una construcción social de en México diferenciación donde la habilidad de leer y escribir se traduce en rela-


ciones de poder, de unos que dominan a otros, donde unos son sabios y los otros ignorantes, donde se puede sacar ventaja, no sólo económica, sino social y cultural; en este sentido, hay que tener en cuenta que la población anciana se trata de población campesina que es responsable de la producción agrícola y animal, que quizás tengan como máximo dos años de primaria, mientras que para los jóvenes, en particular aquellos que terminaron la secundaria no tienen acceso a otros niveles de estudio, es decir se trata del personas que se emplean en el sector de la prestación de servicios, donde el desarrollo de capacidades individuales y colectivas para que puedan vivir con mayor dignidad, con un trabajo mejor remunerado, que cubra sus necesidades básicas y les permita participar en la vida política, social y cultural permanece lejana. Los jóvenes ya sean hombre o mujer sólo cuentan con escolaridad básica de primaria, sólo un porcentaje reducido alcanza estudios de secundaria, esto a pesar que ésta es obligatoria, como componente de la educación básica; mientras que los niños, la educación se reduce al sistema escolarizado, no se contemplan aspectos de educación no formal. Como indicador de bienestar en las condiciones de calidad de vida, se tiene que la demanda educativa no atendida es del 49%, pues la población en edad escolar no recibe educación básica, teniendo en cuenta que ésta se incremento de 6 a 9 años y que la obligatoriedad que marca el Estado no se esta cumpliendo, en parte porque no se cuenta con la infraestructura, o por la falta de recursos económicos, o bien, la población mayor de 15 años queda al margen de los programas educativos (Prodes AC. 2004)

IV. Herramientas metodológicas Para poder analizar el cumplimiento o no del derecho a la educación y sus características concomitantes como son: accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y disponibilidad, se aplico un cuestionario con preguntas abiertas que dieran elementos para delimitar la problemática que guarda este derecho en la zona.

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Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

Diversos actores involucrados con el tema participaron en este proceso, así contamos con la participación de maestras y maestros de jardín de niños, primaria y secundaria (educación básica), directores de


planteles educativos y alumnas y alumnos del sistema escolarizado. Por parte de agentes gubernamentales contamos con el regidor en educación municipal, miembros del comité comunitario, por ser una parte importante en el desarrollo del capital humano, se delimito a educación que se recibe en aulas, no a conocimientos informales. También se realizaron talleres de sensibilización y capacitación en materia de DESC, así como entrevistas abiertas con todos los actores ya mencionados, así como reuniones de planeación. El área de impacto fueron cuatro comunidades, estas son: Zautla, Tlamanca, Ixtactenango, Ocopipila y Emilio Carranza. Los grados académicos donde se realizaron actividades con alumnos de los diferentes planteles educativos fueron los siguientes: Tlamanca: Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato* Ixtactenango: Preescolar, Primaria y Secundaria Ocopipila: Preescolar y Primaria Emilio Carranza: Preescolar, Primaria y Tele secundaria Para poder elaborar un diagnostico que aporte elementos que nos permitan visualizar la situación que guarda este derecho en la población del municipio de Zautla se realizaron como ya se menciono dos tipos de actividades, por un lado talleres de sensibilización y un conjunto de entrevistas a los diferentes actores del medio educativo, incluyendo a los beneficiarios directos. Las entrevistas fueron herramientas que permitieron conocer de cerca la infraestructura, los programas educativos, los materiales didácticos utilizados por los docentes, las relaciones educador-educando, así como la inserción del docente en la comunidad.

V. Resultados Tlamanca: Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato* Aunque en la primaria de esta comunidad cada grado escolar tiene su propio docente, el número de alumnos es muy alto por grupo pues oscilan entre 30 y 40 alumnos por maestro. Esto ocasiona poca atención a los alumnos. Respecto a la tele secundaria hace falta un director de tiempo completo, pues el maestro que actuaba como director

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también era responsable de grupo y ante la realización de trámites burocráticos, descuida a los alumnos.

Ixtactenango: Preescolar, Primaria y Secundaria Al igual que en la comunidad anterior se requiere de un director para la secundaria de tiempo completo. Para la educación primaria se tienen dos maestros que atienden a 6 grupos. El aprovechamiento y el poco aprendizaje son sus características. Ocopipila: Preescolar y Primaria En la primaria una sola maestra atiende los 6 grados escolares, lo cual se refleja en la poca atención personalizada que requieren los alumnos y el aprovechamiento es bajo. Se señala que existe maltrato y discriminación como problemas en la relación maestraalumnos. De acuerdo al reglamento de la Secretaria de Educación Pública, la comunidad no cuenta con niños suficientes para que cada grado tenga su propio docente. Emilio Carranza: Preescolar, Primaria y Tele secundaria El número de alumnos inscritos en alto en cada grado (40), motivo por el cual no se pone atención personalizada a los alumnos. Las condiciones de los centros educativos de las cuatro comunidades son deplorables ya que cuentan con vidrios rotos, goteras en el techo. Respecto a los bienes muebles no se cuenta con suficientes pupitres o están en mal estado. La adquisición de materiales didácticos en las primarias se obtiene mediante cooperaciones a los padres de familia y a un programa llamado AGE, pero este programa no aporta los recursos económicos suficientes por lo cual en forma permanente los padres de familia tienen que aportar dinero para la compra de materiales. Respecto a las relaciones maestro-alumno en los niveles de primaria y secundaria existe maltrato físico y psicológico por parte de los docentes, debido al lento aprendizaje y no obediencia por parte de los alumnos, así como desInforme esperación de los maestros. Respecto al maltrato físico se señalan Alternativo de la jalones de orejas, cabellos, pegar con regla de madera, coscorrones. 59 Sociedad Civil El psicológico mediante regaños, insultos y discriminación frente al resto 1997 2006 del grupo.


Debido a que es un grupo cultural étnico (náhuatl) y que en los últimos años por las reformas educativas que establecen contenidos curriculares reciben la carga del modelo de desarrollo en cuestión, la escuela se disoció con la comunidad, se fomenta la memorización, se tiende a que los alumnos solo obedezcan, no piensen, no resuelvan problemas, no se fomenta una educación bicultural o monolingüe que fortalezca la identidad indígena y los valores propios de esta cultura, esto se refleja pues los educandos reciben conceptos que se generan desde una visión del mundo euro céntrica, urbana, capitalista y nihilista. Anteriormente los maestros en las comunidades jugaban un papel central, además de ser los guías en la formación escolarizada, contribuían a proporcionar valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua entre los vecinos, fungían como jueces de paz, doctores, etc., pero actualmente no se involucran en los problemas de las comunidades, llegan tarde y se van temprano lo cual indica que ya no viven ahí. Respecto a los programas gubernamentales que se desarrollan son los siguientes: Conafe: atiende el rezago educativo a nivel preescolar. INEA que proporciona educación para adultos. Educación Inicial: proporciona pláticas informativas a las madres de familia e infantes que no están en sistema escolarizado. A nivel estatal se atendió a 40 mil 674 padres de familia y un número similar de infantes, pero en la escala municipal no contamos con cifras y su impacto en la cotidianidad. Oportunidades: es un programa a cargo de la Secretaria de desarrollo social para que los alumnos sigan estudiando mediante su estimulo en becas. Escuelas de calidad: otorga recursos económicos para mejorar la infraestructura, adquisición de material didáctico, bienes muebles como computadoras, televisores, video caseteras o libros para la biblioteca local.

VI. Opiniones de los actores Maestras y maestros: Del total de maestros y maestras entrevistados en general opinan que el contenido curricular esta bien, aunque hay muy pocos recursos para impartir la educación, que el acceso entre niñas y niños es igual, no se perciben alumnos con capacidades diferentes, hace falta material di-

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dáctico de apoyo (biblioteca), señalan que algunos contenidos de la currícula no son adecuados al contexto y las necesidades reales de la localidad, pero que a veces ellos tratan de adecuarlo. Afirman que la escuela participa en las fiestas y costumbres cívicos, sociales de la comunidad, se muestra poco interés por parte de los padres de familia al hacer gestiones y evaluaciones escolares, se limita a ver la relación maestro-alumno. Los maestros tienen la oportunidad de evaluar los programas y hacer recomendaciones, sin embargo esto es de forma limitada, respecto a programas gubernamentales de apoyo a la educación que conocen los profesores esta el oportunidades de la sedesol que como sabemos otorga becas a niñas y niños que permanezcan inscritos en un curso escolar, sobre las reglas de operación los docentes no tienen muy claro como se aplica.

Niñas y niños: Del total de niños que se aplico el cuestionario, todos recorren una distancia que oscila entre los 30 y los 10 minutos caminando; respecto al maltrato solamente 10 casos afirmaron recibir maltrato, preferencia por los alumnos, y el resto que no hay trato discriminatorio, solo en dos cuestionarios se afirma recibir maltrato físico o que se les saca del salón de clase; sobre los libros de texto opinan en general que son buenos, bonitos y les ayudan a aprender; opinan que lo que aprenden si les ayuda en casa (hacer cuentas, ayudar a los hermanos menores); respecto a la participación en la escuela como alumnos se limita a elegir escolta (que da status) y hacer trabajos de limpieza. Directores: La información que tienen sobre los programas que llegan al municipio es amplia: Material didáctico, Pare-age, el cual consiste en donación de $5000.00 para material escolar, Oportunidades y ramo 33 que consiste en obras. Respecto a programas especiales para indígenas se afirma que en las primarias no se cuenta con un uno y en las tele secundarias se trabajan aspectos del idioma y recuperación de tradiciones, aunque no todos alumnos participan por la perdida de la identidad, además no se cuentan con programas e infraestructura para personas con discapacidad. En materia educativa los programas que operan en la zona son de acuerdo a la SEP y en las tele secundarias un programa educación-producción que tiene que ver con Informe aspectos de la vida comunitaria. Sobre la forma de operar los prograAlternativo de la mas educativos es directamente por la línea federal, con guías, conte61 Sociedad Civil nidos de la currícula, evaluaciones académicas, aunque actualmente 1997 2006 hay una mayor apertura que permite que los profesores participen en


la adecuación del modelo; como directores afirman que estos programas son más teóricos que prácticos; respecto al papel de los comités de educación son planear, organizar y ejecutar actividades con los profesores, pero en general son actividades para el mantenimiento del plantel. Sobre la capacitación del magisterio se basa en licenciatura por la universidad pedagógica nacional, cursos de diversas materias como biología, ingles y química.

Madres y padres de familia: Las distancias que recorren sus hijos va de 10 a 25 minutos, creen que si hay favoritismo, que si hay maltrato aunque nos e especifica como, que los maestros se involucran poco con la vida comunitaria y el resto de las personas, la participación es para fiestas cívicas, creen que lo que aprenden los niños en clase esta bien y les sirve en un futuro, donde los conocimientos adquiridos son adecuados a sus necesidades, algunos padres saben de niños que no hablan (sordomudo) que no asiste a clase, afirman recibir apoyo de una AC. y se sienten contentos que sus hijos estén en la escuela.

VII. Refelxiones finales El desarrollo educativo se ha confundido con la idea del crecimiento en infraestructura para la educación. Las cifras gubernamentales destinadas a este rubro indican un aumento año con año, sin embargo, el aumento en el presupuesto en educación básica, no garantiza mayores aportes a grados superiores y el acceso por parte de los jóvenes y en particular las mujeres, pues la escuela se construyó con base en enfoques y modelos racionalistas occidentales que determinan formas de ver y actuar ajenas a las realidades culturales propias. Hay que considerar que la teoría del neocapital humano vislumbra la escolaridad como herramienta para la producción; tal y como el modelo se aplico con los tigres asiáticos, donde la industria sobre todo la electrónica intervino en los modelos educativos. Se deben considerar los planteamientos del Banco Mundial Derechos que bajo el contexto de la mundialización y el Consenso de Washintong Económicos, Sociales, con la reducción del papel del estado fomenta: la descentralización, la 62 Culturales y Ambientales participación del sector privado en las decisiones y ejecución de proen México gramas, así como una participación, alianzas y consenso social.


3.3 Maternidad y salud reproductiva del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESCInforme de organizaciones civiles Mayo del 2005

I. El Derecho a la protección de la maternidad La protección de la maternidad es un derecho que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger y fomentar, en el marco del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (PIDESC, Artículo 12-c-). Condiciones fundamentales para la protección de la maternidad son el acceso a la asistencia médica y a servicios médicos de calidad así como al goce de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones (PIDESC, Artículo 15-e-), en este tema se traduce al acceso a la más amplia gama de métodos para la planificación familiar. Así como el PIDESC, otros acuerdos internacionales hacen énfasis en la necesidad de asegurar una maternidad sin riesgos.69 El derecho a la protección de la maternidad está directamente relacionado con la situación que guardan los derechos reproductivos en México, cuyo ejercicio ha sido reconocido por el Estado Mexicano en diversas Conferencias Internacionales, tales como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), entre otras. Son reconocidas como condiciones fundamentales para la protección de la maternidad dad: el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, oportunos y de calidad; la información veraz y científica sobre planificación familiar; la atención prenatal, del parto y postnatal; el acceso a una amplia gama de métodos de planificación familiar; la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluyendo el VIH-SIDA; y en los casos en que sea legal, servicios seguInforme ros de aborto y el tratamiento de sus complicaciones. Sólo así, las Alternativo de la mujeres podrán ejercer una maternidad de manera voluntaria, satis63 Sociedad Civil factoria y sin riesgos al atenderse oportunamente y con calidad en los 1997 2006 servicios.


II. Situación del derecho Mortalidad Materna La protección de la maternidad sigue siendo un derecho negado para miles de mujeres mexicanas. La mortalidad materna es reconocida por el Estado mexicano como un grave problema de salud pública, identificándola como uno “de los indicadores más relevantes de injusticia social e inequidad de género, que afectan primordialmente a las entidades federativas con menor desarrollo socioeconómico, a las comunidades rurales y a las poblaciones indígenas”70. El abatimiento de la mortalidad materna se adoptó como uno de los principales indicadores de las Metas del Milenio por los países miembros de las Naciones Unidas. No obstante, las políticas públicas dirigidas hacia el respeto, protección y promoción de los derechos reproductivos y hacia el respeto y promoción y protección de maternidad, han sido limitadas y reportan pocos avances sustantivos. Las cifras oficiales de muertes maternas difieren entre las diversas instancias gubernamentales. Según datos del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística) la tasa de mortalidad materna (tasa por 10 mil N.V.R* .) ha tenido una tendencia apenas decreciente en la última década: de una tasa de 5.40 en el año de 1990, a una de 5.06 en 1999 y de 4.68 en el 200071. Según CONAPO (Consejo Nacional de Población), en México mueren diariamente alrededor de 4 mujeres por causas asociadas a la maternidad72 debido, en la mayoría de los casos, a condiciones de pobreza, marginación y mala atención. Las propias autoridades sanitarias reconocen la existencia de un subregistro de la mortalidad materna de entre 30 y 40%.73 Este subregistro se da sobre todo en las zonas marginadas o con población indígena, en donde la mortalidad materna llega a triplicar la media nacional.74 Aunado a ello, por cada muerte materna, se reportan 30 mujeres más con secuelas a su salud –física o sicológica– relacionadas también con el embarazo, aborto, parto o puerperio (Morbilidad Materna). Algunos análisis basados en información de organismos internacionales75, consideran que México tiene cifras más cercanas a las

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registradas en Asia o África e incluso por debajo del promedio de América Latina . Señalan que el riesgo de morir por razones asociadas a la maternidad en los países llamados desarrollados es de 1 por cada 4 mil, mientras que en México, el riesgo a morir por embarazo es de 1 por cada 220. Asimismo, el porcentaje de mujeres en México que cuentan con servicio médico durante la gestación es del 71% y únicamente el 69% de las mexicanas tiene acceso a la atención especializada en el parto y después de éste. Las propias autoridades reconocen que “las principales causas de muerte materna son: preeclampsia-eclampsia, hemorragia obstétrica, sepsis puerperal y complicaciones del aborto, que en conjunto representan el 68% del total de las defunciones maternas.”76 Todas estas prevenibles, de resolución hacia la curación, si son atendidas de manera oportuna y adecuada.

Embarazo de Adolescentes En México cada año se embarazan alrededor de 500 mil adolescentes77, lo que equivale al 25 por ciento del total de embarazos que registra el país. El embarazo temprano es la principal causa de muerte de las jóvenes entre 15 y 19 años de edad78. Las tasas más elevadas de fecundidad de adolescentes, se dan entre población con mayor marginación, como lo demuestran las siguientes cifras del año 2000. En algunas áreas rurales, de cada mil nacimientos, 222 ocurren de madres jóvenes con baja o nula instrucción escolar, cuando las mujeres jóvenes rebasan la educación básica, registran solamente 26 por cada mil79. Según CONAPO80 nueve de cada diez mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual sin protección, es decir, la utilización de los medios para regular la fecundidad en el inicio de la vida sexual es casi inexistente.

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Una investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM81 asegura que la mayoría de los embarazos tempranos terminan en aborto y muchos de ellos se llevan a cabo en condiciones de inseguridad. Se ha demostrado que las adolescentes recurren al aborto en etapas avanzadas de gestación, lo que aumenta el riesgo de salud reproductiva para la mujer.


Los embarazos a temprana edad son un problema de salud pública ya que la mayor parte se debe a la falta de información, de educación sexual y de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y es que alrededor del 65% de la población de entre 12 y 24 años no tienen acceso a servicios de salud82.

Riesgo y muerte por abortos clandestinos El Gobierno Federal reconoce que el aborto es la cuarta causa de muerte materna en el país83. La Secretaría de Salud, a través del propio Programa Arranque Parejo en la Vida señala que “las principales causas de muerte materna son: preeclampsia-eclampsia, hemorragia obstétrica, sepsis puerperal y complicaciones del aborto, que en su conjunto representan el 68% del total de las defunciones maternas”.84 De igual manera, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres –PROEQUIDAD– señala las muertes por aborto como la cuarta causa de mortalidad materna y como uno de los indicadores centrales de la salud de las mujeres.85 Diversos factores impiden contar con datos precisos sobre las muertes por aborto. Factores legales, culturales y religiosos lo obstaculizan; sin embargo, para reducir la mortalidad materna es fundamental enfrentar estas dificultades. Algunos investigadores señalan que en México, “de los 4.2 millones de embarazos que ocurren al año, el 60% de éstos llega a término; es decir, que 1.7 millones de embarazos se interrumpen en etapas tempranas; según cálculos conservadores, la mitad de estas pérdidas son abortos inducidos”.86 Estas cifras contrastan con las de CONAPO, que señala que anualmente se practican alrededor de 200 mil abortos: 100 mil abortos inducidos y 100 mil espontáneos.87 Sin embargo, CONAPO reconoce que “existe evidencia de un subregistro de la mortalidad materna y de una incorrecta asignación de ciertas causas de defunción, en particular del aborto”.88

Marco Jurídico De acuerdo con el artículo 4o Constitucional, es derecho de los y las mexicanas la planificación familiar: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de Derechos sus hijos”. Económicos, No obstante lo anterior, el aborto inducido en México está penalizado89. Los Códigos Penales en México establecen en conjunto, 7 causas

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en las que no se considera al aborto como un delito; pero únicamente a) cuando el embarazo es resultado de una violación, es permitido en todos los Estados del país. Las 6 causales restantes son: b) cuando el aborto es provocado accidentalmente (vigente en 29 estados). c) el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer (en 27 estados). d) El feto tiene malformaciones genéticas (en 13 estados). e) de continuar con el embarazo se provocaría un grave daño a la salud de la mujer (en 9 estados). f) el embarazo es producto de una inseminación artificial no deseada (en 8 estados) y g) cuando la mujer tiene razones económicas para interrumpir el embarazo y es madre de tres hijos (solamente en estado). A pesar de que todas las entidades federativas del país admiten en sus Códigos Penales que una mujer aborte legalmente cuando haya quedado embarazada por una violación, no existe en la mayoría de los Código de Procedimientos Penales una reglamentación clara y detallada de los procedimientos para ejercer ese derecho.

III. Incumplimiento y violaciones de derechos por parte del Estado Política de Estado Programas de Gobierno Las actuales políticas de planificación familiar del sector salud no están realizando suficientes medidas para disminuir los embarazos no deseados y los abortos clandestinos. Con ello, retrasan aún más el abatimiento de la mortalidad materna y limitan el derecho constitucional de las personas decidir el tener o no hijos, el número y espaciamiento. A pesar del reconocimiento por parte del gobierno federal de que la mortalidad materna es un indicador estratégico que muestra el desarrollo de un país, no existe una política integral de Estado dirigida a la reducción y erradicación de la mortalidad materna por causas previsibles diseñada desde la perspectiva de Derecho.

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Mortalidad Materna. El Gobierno del presidente Fox diseñó el Programa Arranque Parejo en la Vida (PAPV), que es una de las estrategias sustantivas del Programa Nacional de Salud 2000-2006 del Gobierno Federal para disminuir la mortalidad materna.


Este Programa cuenta con severas limitaciones.90 Por un lado, la concepción de dicho programa carece de un enfoque de Derechos. Está diseñado sin tomar en cuenta la diversidad de aspectos socioculturales de las mujeres a las que va dirigido; con total ausencia del tema del aborto, problemática profundamente relacionada con las muertes maternas y con otra grave deficiencia al dejar de lado el aspecto de que cada embarazo y cada nacimiento sean deseados, es decir, no promueve el derecho a una maternidad libremente decidida y atendida con calidad. Aspectos fundamentales para el ejercicio de los derechos reproductivos. Por otro lado, los recursos asignados son insuficientes y prevalece un patrón de inequidad en la asignación de recursos a los estados de la república. Por ejemplo, durante el 2003: al estado de Chiapas, que cuenta con una tasa de mortalidad materna de 9.32, se le destinaron 926 mil pesos mientras que a Nuevo León, con una tasa del 2.8, recibió cerca de 24 millones, lo que representó 26 veces más que lo destinado a Chiapas.91 Muy recientemente, las autoridades sanitarias emitieron un Acuerdo92 en el que se establecen estrategias comunes y permanentes en todo el país de vigilancia epidemiológica de las defunciones maternas en el marco del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, así como la elaboración y aplicación de medidas preventivas y correctivas. Embarazo de adolescentes. El gobierno federal no ha implementado, hasta ahora, un programa que garantice el acceso universal de métodos anticonceptivos en los servicios de salud dirigido a las y los jóvenes. Se sigue castigando el ejercicio de la sexualidad negándoles información veraz y oportuna y limitando el uso de métodos de control de la fecundidad. Acceso a ser vicios de aborto legal y seguro. Es responsabilidad de la Secretaría de servicios Salud, como rectora de las políticas en la materia, promover que se cumplan las disposiciones legales para dar atención a los casos de aborto no penalizados. Es ampliamente sabido que para las causales permitidas, no existe en la mayoría de los estados de la República una definición clara de los procedimientos para acceder a este servicio, lo que ha permitido a funcionarios y prestadores de serDerechos vicios la violación al derecho de las mujeres a interrumpir un embaraEconómicos, Sociales, zo no deseado. 68 Culturales y Ambientales en México


Casos de Mujeres V ioladas que Desearon Interrumpir Violadas su Embarazo y les fue Negado su Derecho Paulina (13 años) Violada por un desconicido Baja California Norte, 1999

Lucila (12 años, con discapacidad mental) Violada por su padre Sinaloa, 2001

Código Penal permite aborto por: - Violación (A) - Imprudencial - Peligro de muerte - Otras causas (B)

Código Penal permite aborto por: - Violación - Imprudencial - Peligro de muerte

Código de Procedimientos Penales: - Dentro de un plazo de 3 meses a partir de la violación - Que el hecho haya sido denunciado ante el ministerio público - Bastará la autorización de éste para su práctica

Código de Procedimientos Penales: - No se establecen los procedimientos

Embarazada producto de una violación. Denuncia de los hechos ante el Ministerio Público (MP) Autorización MP para interrumpir su embarazo. Acude al Hospital General con dicha autorización. El director del hospital se niega a practicarle el aborto, alegando objeción de concinecia. El director del hospital y personas de Pro-Vida la convencen con engaños de que desistiera abortar. No se le permitió a Paulina interrumpi su embarazo. Se lleva el caso a la Procuraduría Derechos Humanos del Estado la que emite una recomendación dirigida al gobernador de BCN en la que pide la destitución del director del hospital y la creación de un fideicomiso para reparar el daño material a Paulina.

Embarazada producto de violación hecha por su padre. Conoce del caso la Procuraduría para la Defensa del Menor, y la familia del DIF (no tiene facultades). Acompañan a levantar denuncia ante el Ministerio Público (MP). MP niega autorización del aborto «por no ser autoridad competenete». MP dicta auto de Formal Prisión y detienen al violador. Acuden al Hosp. Gineco del IMSS no aceptan realizarle el aborto porque -dijeron- está penado. Canalizan al Hospital General. En el H. Gral. tienen la misma negativa. Mutuas acusaciones entre la PGJ estatal y los directores de los hospitales. Ley de Protección a Víctimas del Delito. La Procuraduría General de Justicia estatal manifiesta que efectivamente es legal que le practiquen el aborto, que con el diagnóstico médico que avala que hubo violación, no hay delito que perseguir, cualquier médico lo puede realizar. SE REALIZA UN ABORTO A LUCILA (después de tres meses de embarazo) EN UN HOSPITAL PÚBLICO.


IV. Recomendaciones Informe Periódico que rinde el Gobierno Mexicano con motivo de la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales93 El Comité de DESC de Naciones Unidas, recomendó al Estado Mexicano, en 1999 que: “vigile estrechamente la mortalidad de la mujer y tome medidas para disminuir la mortalidad provocada por el aborto ilegal. En particular,.. que intensifique su campaña educativa con relación a la salud sexual y genésica de la mujer e incorpore estos temas en los planes de estudio de las escuelas”.94 El Gobierno Federal reconoce en su Informe al Comité que “en relación a la mortalidad materna en México, la cuarta causa de muerte es por complicaciones del aborto que incluye no sólo abortos provocados sino todo tipo de aborto como los son los abortos espontáneos”.95 Y señala en el mismo, el hecho de que “no existe registro de abortos ilícitos”. A pesar de ello, las instituciones federales no han tomado medidas de fondo para darle atención a esta problemática. Prevalecen algunos de los aspectos centrales que dieron lugar a las preocupaciones del Comité DESC de N.U en 1999 en materia de protección a la maternidad. Por un lado, el proceso de privatización de la seguridad social que conlleva la falta de acceso a servicios de salud de amplios grupos de la sociedad, en un acelerado aumento de la pobreza y pobreza extrema y de ampliación de la injusta e inequitativa distribución de la riqueza. Por otro lado, es ampliamente reconocido que la muerte materna está estrechamente relacionada con la falta de poder de decisión de las mujeres. A pesar de ello, prevalece la ausencia de políticas para la transformación de patrones culturales que impiden a las mujeres “disfrutar plenamente de los derechos que les confiere el Pacto”96. En ese sentido, también es esencial caminar hacia el ejercicio de una paternidad y maternidad voluntarias y responsables. Por otro lado, es urgente y necesario que en todas las entidades federativas se avance hacia la ampliación de causales de aborto legal en aras de la homologación en todo el país, ya que en la situación actual “el derecho y acceso al aborto legal sólo está reconocido para algunas mexicanas. Sólo así será una realidad la garantía constitucio-

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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nal de que todas las personas somos iguales ante la ley”97. El Estado mexicano, laico y democrático, está en la obligación de promover una política legislativa, congruente con sus características, fundamentada en los factores objetivos para atender la salud de las mujeres que desean interrumpir un embarazo no deseado, puesta en riesgo en las condiciones de clandestinidad en que se practica actualmente el aborto. La promoción de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como parte integral del Derecho a la Salud y por ende, de los Derechos Humanos es un tema ausente en la política pública. La educación sexual en el marco de los derechos humanos es fundamental para el ejercicio de estos derechos y para contribuir a la transformación de patrones culturales que reproducen condiciones de desigualdad y de discriminación hacia las mujeres. El acceso universal a servicios médicos, a una atención oportuna y a servicios de calidad son condiciones prioritarias a las que se debe atender para abatir la muerte de mujeres por embarazo.

3.4 Montes Azules: Libre Determinación y Medio Ambiente Adecuado en las Áreas Naturales Protegidas Miguel Arnulfo Ruiz Acosta Enlace Comunicación y Capacitación, AC. Comitán, Chiapas. Marzo de 2005

En este apartado se expone, mediante el caso de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (RIBMA), cómo la política gubernamental (agraria, ambiental y social) respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) no ha respetado los derechos a la libre determinación y a un medio ambiente adecuado de los pueblos indios que en ellas habitan.

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La política contemporánea de establecimiento y gestión de ANPs se remonta a la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) fundado en 1983, pero no fue sino hasta 1988 con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) cuando se establecieron jurídicamente las categorías decla-


ratorias y ordenamientos de las ANPs. De entonces a la fecha, los decretos de Áreas Naturales han ido creciendo velozmente. Actualmente existen alrededor de 150 ANPs bajo jurisdicción federal en el territorio mexicano, las cuales abarcan 17,856,227 hectáreas98.

El caso de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (REBIMA)99 Como bien señaló el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en su Informe sobre México del 2003100, el origen del caso Montes Azules se remonta al año de 1972, cuando un pequeño número de familias Caribes (mejor conocidas como lacandonas) fue dotado con más de 600,000 hectáreas de selva, dando lugar a la “Comunidad Lacandona”, la que en su mayoría fue concesionada a empresas madereras paraestatales. Sin embargo, continúa el Relator, quedaron fuera de la Comunidad numerosos poblados choles, tseltales, tsotsiles y tojolabales que llegaron a colonizar la selva durante los años cincuenta; colonización alentada por el propio gobierno. Al constituirse la REBIMA en 1978101, dichos poblados pasaron a ser considerados asentamientos ilegales. Tanto la política de impulso a la colonización de las selvas, como los decretos de la Comunidad Lacandona, y posteriormente de la Reserva, constituyeron aspectos contradictorios de los proyectos agrario y ambiental de los gobiernos en turno. Tales contradicciones no han podido ser superadas por la actual administración, la cual, lejos de buscar una solución integral al problema basada en el respeto de los derechos de los habitantes de la REBIMA, ha agudizado los conflictos en torno a la misma.

I. La política ambiental El proceso de elaboración del Plan de Manejo de la REBIMA es ilustrativo de las formas de operar la política ambiental referida a las ANPs. A pesar de que el Artículo 65 de la LGEEPA señala que en la formulación del plan deberán participar los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en el Área de que se trate, así como organizaciones sociales y demás personas interesadas102, en el caso Derechos del Plan de la REBIMA sólo se incluyó la participación de algunas perEconómicos, Sociales, sonas de un puñado de comunidades, cuyos núcleos de población se 72 Culturales y Ambientales encuentran dentro del polígono de la reserva, todas ellas de filiación a en México un solo partido político: el PRI; de esas seis comunidades, cinco se


ubican en una pequeña porción de la Reserva, al sur de la laguna Mirarmar103. Si consideramos que las actuales autoridades reconocen la existencia de más de 80 asentamientos humanos (alrededor de 40 regulares y 46 “irregulares”, es decir, sin documentos agrarios) es claro que el derecho de la abrumadora mayoría de las comunidades a participar en el diseño del Plan de Manejo les fue negado. Por otro lado, el Artículo 47 de la LGEEPA también consagra el derecho de los habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas y demás organizaciones sociales a participar en el establecimiento, administración y manejo de las ANPs; derecho que tampoco ha sido respetado por el gobierno mexicano, pues ni en su establecimiento ni en su actual administración existen espacios institucionales que den cabida a la participación real de sus habitantes. Lo que es más grave son las limitaciones que el Plan de Manejo impone a las comunidades para decidir sobre la producción y reproducción de su vida. Por ejemplo, la Regla 21 del Capítulo III (Zonificación) de las Reglas Administrativas de la Reserva de la Biosfera divide a la REBIMA en cuatro tipos de zonas: 1) de Protección; 2) de Uso Restringido; 3) de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y 4) de Uso Tradicional104. Si bien es cierto que la mayoría de las comunidades están asentadas en la Zona de Aprovechamiento Sustentable, algunas otras se encuentran en las zonas de Protección y de Uso restringido desde muchos años antes de que se hiciera el Programa de Manejo y la zonificación. En la zona de Protección, por ejemplo, “No se permite el cambio de uso del suelo, la cacería y recolección de especies silvestres y subproductos forestales, la tala de árboles, la introducción de especies exóticas, el uso de fuego, las actividades agropecuarias, la explotación de recursos renovables y no renovables, los asentamientos humanos, los caminos y las líneas de conducción, así como el tránsito sin previa autorización”105. Tampoco en la Zona de Uso Restringido se permiten las actividades agropecuarias, pesqueras ni los asentamientos humanos. Es decir, mediante el Programa de Manejo se ilegalizó la vida comunitaria en esas regiones, las cuales abarcan 256, 434.24 has. de la Reserva, 77.4% del total de la misma; sólo en 32.6% restante del territorio se permiten los asentamientos humanos.

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Otro de los elementos a considerar respecto a la política ambiental para las ANPs y sus zonas aledañas, ya durante el presente sexenio, es la puesta en marcha del programa llamado Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBM-M); proyecto diseñado por Global Environment Facility (GEF)106. El CBM-M entró en operaciones en enero


del 2002. El objetivo declarado del Proyecto es la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de cinco corredores biológicos seleccionados en cuatro estados del sureste de México (Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas)107. Tales corredores conectarán entre sí a 18 ANPs ya existentes (entre las que destaca la REBIMA), además de proponer 16 áreas focales para implementar el proyecto. Es significativa la proporción de población indígena que habita estas zonas: de un total de 1,307,192 personas asentadas a lo largo de los cinco corredores, 332,128 son indígenas. La proporción más alta se encuentra en el Corredor Norte del estado de Chiapas, el que incluye la REBIMA, donde alrededor de 30% de la población pertenece a alguna etnia (Tseltal, Chol, Lacandón y Zoque). Con el CBM ocurre algo similar al establecimiento y manejo de la Reserva de Montes Azules: no hubo consulta ni participación real de los pueblos en la elaboración del proyecto, y muy escasa y desigual participación de las comunidades en la gestión del mismo. Esto también constituye una violación a los derechos de los pueblos indios, ya que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece, en su Artículo 7, fracción 1 que“… dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”108. Para el caso de su gestión, por ejemplo, el CBM contempla se constituyan Consejos Estatales (CE) como “órganos colegiados cuya función principal consiste en participar activamente en la construcción de estrategias de corredor y en la oferta de opiniones de calidad que permitan dar dirección estratégica a las acciones del proyecto”109. En el caso de Chiapas, la constitución del CE no se pudo realizar dentro de los tiempos originalmente previstos, ya que diferentes sectores de la sociedad civil impugnaron los mecanismos poco democráticos e incluyentes que el proyecto había contemplado para su constitución. Con todo, después de un cabildeo realizado por la Fundación Rigoberta Mechú entre ciertos espacios de la sociedad civil, se constituyó un CE definitivo que tampoco fue representativo de la diversidad de actores sociales y comunidades de los corredores seleccionados: por parte de los sectores gubernamental, empresarial y de ONGs participan 15 miembros; por parte de las comunidades, sólo 11110. Lo más grave es que estos últimos representantes Derechos pertenecen exclusivamente a las tres áreas focales de los corredores, Económicos, Sociales, por lo que los cientos de comunidades que viven en las ANPs y en las 74 Culturales y Ambientales otras regiones de los corredores quedaron excluidas por completo del en México Consejo. Esto en nada contribuye a brindar garantías para que se cum-


plan los derechos a la información y a la libre determinación de los pueblos indios que serán impactados por el multicitado “proyecto de desarrollo sustentable” que opera en sus territorios.

II. La política agraria Muy ligada a la anterior, la política agraria constituye otra de las facetas de la estrategia gubernamental hacia las ANPs y sus habitantes. En el caso particular de los Montes Azules, se ha expresado en torno al conflicto de tenencia de la tierra de las comunidades llamadas “irregulares”, quienes no cuentan con documentos que les garanticen su posesión. Prácticamente desde la constitución de la Comunidad Lacandona en 1972, todas las comunidades que no quedaron incluidas (la abrumadora mayoría) pasaron a ser “ilegales” de la noche a la mañana, aunque tuvieran muchos años de estar asentadas en esas tierras. A partir de entonces comenzaron una difícil lucha para no ser desalojadas y por regularizar la tenencia de sus tierras. Algunas de ellas lo lograron, pero a otras, con la misma antigüedad, nunca les fue reconocido su derecho al territorio. Es sobre estas últimas que penden las actuales amenazas de desalojo que, si bien no iniciaron durante la presente administración, se han agudizado hasta el punto de que algunas de dichas comunidades se han visto forzadas a aceptar su reubicación en terrenos fuera de la Reserva; lo que se ha llegado a calificar por parte de organizaciones civiles de la región como “desalojos disfrazados” o “estrategia múltiple para los desalojos”111, la que se describe a continuación. El gobierno federal creó una comisión interinstitucional con el objetivo declarado de resolver el problema agrario-ambiental de los Montes Azules y, aunque en repetidas ocasiones ha manifestado que su intención no es el desalojo, su forma de proceder tanto en las mesas de negociación con las comunidades, como fuera de ellas, evidencia que su propósito central sigue siendo el vaciar de comunidades las Zonas de Protección y de Uso Restringido de la Reserva, con o sin el consentimiento de sus habitantes.

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Por lo menos durante los últimos cinco años la amenaza de desalojo ha tenido como trasfondo la constante presión de organizaciones conservacionistas trasnacionales como Conservación Internacional (CI) y WWF quienes, desde el año 2000 han implementado una campaña


publicitaria culpando a los indígenas asentados en la Reserva de la destrucción de la misma; con este argumento exigen al gobierno que utilice todos los medios necesarios para el desalojo inmediato de las comunidades que la habitan. Por otro lado y como elemento del contexto nacional, la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, aprobada por el Congreso de la Unión en abril de 2001, acota los pueblos indios a la categoría de entidades de interés público, constriñendo su derecho a la libre determinación que incluye, entre otros, su derecho a decidir qué tipo de desarrollo desean, y al pleno uso y disfrute de los recursos naturales contenidos en sus territorios112. Es en este marco que durante el 2001 se instaló una mesa de diálogo con las comunidades. Una de las primeras acciones de la llamada Mesa Agrario-Ambiental fue la creación de un fideicomiso de los gobiernos federal y estatal para “reubicar” a 20 de las 23 comunidades “irregulares” identificadas en esos momentos113. Durante abril de 2002 funcionarios del gobierno de Chiapas que participan en la Mesa señalan que existen presiones de algunas dependencias del gobierno federal para efectuar los desalojos114. Durante los últimos meses del año, la Comunidad Lacandona entabló al menos 16 demandas judiciales contra algunas de dichas comunidades, informando en todo momento a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre las acciones emprendidas115. Hacia diciembre el gobierno federal comienza la implementación de un operativo para “reubicar” a 8 poblados irregulares. No obstante, la única acción realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Policía Federal Preventiva (PFP), fue el desalojo negociado de 5 familias de la comunidad chol Arroyo San Pablo, el 19 de diciembre de 2002, quienes fueron trasladados a un albergue de Comitán con la promesa de dotarlos de 20 hectáreas de tierra laborables para cada familia. De acuerdo con testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), a penas salieron las familias del poblado, miembros de la Comunidad Lacandona aprovecharon para destruir sus casas y sus pertenencias. Después de estar algunas semanas en Comitán, las familias fueron trasladadas a un campamento de la PROFEPA en Amatenango, en donde se les ofrecería empleo temporal. Sin embargo, de allí fueron nuevamente desaloDerechos jados por presiones de la población local. Ante el no cumplimiento de Económicos, Sociales, su derecho a un territorio y a un medio ambiente adecuado para su 76 Culturales y Ambientales vida, los pobladores decidieron regresar al lugar de donde fueron desen México alojados, rebautizándolo como Lucio Cabañas.116


Mientras tanto, La Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos denunció que durante abril de 2003, caribes y choles de la Comunidad Lacandona acompañados por funcionarios de la PROFEPA, la SEMARNAT y de guardias de la Reserva se trasladaron en lanchas de la Armada de México a los poblados Nuevo San Rafael y San Isidro, amenazándolos de muerte y de desalojo. Esta situación de asedio de funcionarios y lacandones alcanzó su punto más álgido en enero del presente año (2004) cuando, después del desalojo negociado de Nuevo San Rafael, fueron quemadas 23 casas de ese poblado, según lo informó un boletín del CDHFBC117. El mismo Centro de Derechos Humanos reportó que, además del atentado a los bienes y a la seguridad de los pobladores, elementos de la Marina y de la PROFEPA impidieron el tránsito de periodistas y observadores a la comunidad, manteniéndola incomunicada por varios días, lo cual claramente constituye una violación al libre tránsito. Cabe mencionar que los habitantes desalojados llegaron a fundar Nuevo San Rafael porque fueron desplazados de su lugar de origen por el grupo paramilitar Paz y Justicia, el cual no ha sido desarticulado por el gobierno. En síntesis, con la instalación de la Mesa Agrario-Ambiental, el gobierno optó por dar un tratamiento especial a cada comunidad, con la intención de desarticular a su organización y evitar una negociación de conjunto. El ofrecimiento que se hizo en ese momento fue la regularización de sólo dos poblados (Nuevo San Gregorio y Salvador Allende) de la parte centro de la Reserva y la reubicación de los demás. Ante el fracaso rotundo de la estrategia planteada con la Mesa Agrario-Ambiental, el gobierno federal modifica su estrategia y distensa la situación, iniciando un proceso de negociación directa y atención a los 46 poblados irregulares ahora reconocidos, creando, en el primer semestre del 2003, el Grupo Operativo para la Atención Integral en la Comunidad Lacandona y en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, coordinado desde la Secretaría de la Reforma Agraria. A pesar de que el Grupo Operativo se comprometió desde su constitución a no promover desalojos en la Reserva, durante el 2003 la PROFEPA sugirió que ese podría ser uno de los caminos de solución118. De hecho miembros de dicha Procuraduría, junto con la Armada y algunos de los comuneros lacandones participaron en el desalojo de San Rafael, arriba citado.

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Sin embargo, fue en el transcurso del 2004 que el Grupo Operativo logró concertar con algunas comunidades las primeras reubicaciones pacíficas. La primera fue la comunidad San Francisco Caracol, en julio


de ese año119. Algunas de las familias (no todas aceptaron ser reubicadas) fueron concentradas en un nuevo centro de población fuera de la Reserva llamado Santa Marta en el municipio de Marqués de Comillas, lo cual constituye un claro síntoma de la división comunitaria que induce la estrategia gubernamental. Unos meses después, en noviembre, algunas familias tsotsiles de los asentamientos San Isidro y Sol Paraíso son reubicadas en el poblado Nuevo Magdalena en el municipio Benemérito de las Américas. Hasta ese momento parecía que la estrategia gubernamental de reubicaciones concertadas marchaba sin mayores contratiempos. No obstante indígenas de dos poblados que negociaban su reubicación, 20 de Noviembre y Nuevo México decidieron retirarse de la negociación, pues aseguran que parte de las tierras donde pretenden reubicarlos, una Colonia Agrícola y Ganadera llamada 11 de Julio, en el municipio de Palenque, son de Roger Grajales, exsecretario de Planeación del Gobierno del Estado y Presidente del Consejo de Administración de la citada Colonia, por lo que existe un conflicto de intereses120.

III. La política social La otra cara de la moneda del conflicto en los Montes Azules es la forma en que se han venido desarrollando algunos programas sociales en la región. Por ejemplo, tenemos el Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva (PIDSS), que inició su operación en el 2002121. A pesar de tener en su nombre la etiqueta de “sustentable”, el programa no tomó en cuenta algunas sugerencias de los propios beneficiarios, tales como la necesidad de capacitarse en tecnologías adecuadas, como captura de agua, proyectos agroforestales, manejo de flora y fauna silvestre. Por ejemplo, en lo que se refiere al ejercicio del programa durante el 2003, las comunidades plantearon incorporar al Eje Ambiental, trabajos de conservación: reforestación, y el establecimiento de dos viveros en los ejidos Candelaria y Pichucalco, propuestas que no fueron rescatadas en el PIDSS122. Los proyectos desarrollados en la microregión, como lo indica un documento oficial, consisten en recursos económicos para la elaboración de abonos orgánicos123. Pero, en realidad, se trató de un recurso de 768 pesos en efectivo como apoyo directo a cada familia124. Según se lee en la evaluación externa al PIDSS, Derechos las comunidades de la microregión han rechazado la compra de fertiEconómicos, Sociales, lizantes, y solicitan que se entreguen directamente los recursos para 78 Culturales y Ambientales que sean aplicados en función de sus necesidades de sobrevivencia. en México El argumento para sostener dicha propuesta es que el manejo de fer-


tilizantes perjudica su posición en el proceso de defensa y negociación agrario-ambiental con el propio gobierno, y que contradice tanto sus planteamientos sobre caminar en una línea agroecológica, como los objetivos de conservación productiva que plantea el mismo proyecto. Los representantes entrevistados manifiestan su rechazo a esta decisión a la que se refieren como imposición.125 Aunado al problema de los contenidos del programa estrella para la Selva, se ubica el hecho de la falta real de espacios institucionales para que las comunidades se involucren en su gestión. En la evaluación citada se reporta que los entrevistados de las comunidades “beneficiadas” señalan que no hay participación alguna de la población en la implementación de este proyecto. “De hecho, la coordinación entre los técnicos de la SEDESOL, los delegados comunitarios y miembros del Colectivo Coordinador apenas ha existido”126. Otro factor que hay que tomar en cuenta es que, en un primer momento, el Programa no contempló a las llamadas comunidades irregulares; sólo atendería a aquellas que comprobaran más de 20 años de asentamiento, propuesta que tampoco respetó, pues negó los apoyos a un par de comunidades con mayor antigüedad al plazo citado. Si bien durante el 2003 dichas comunidades pudieron integrarse al PIDSS de forma velada mediante un esquema metainstitucional, el ejercicio del 2004 las vuelve a dejar fuera por completo. Por otro lado, la asignación de recursos para la comunidades sí reconocidas estuvo desfasada de los tiempos del ciclo agrícola. En el marco de este programa la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas (SDS) presentó a la Comisión Europea el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (PRODESIS), cuyo Convenio de Financiación fue firmado entre la Unión Europea y el Estado de Chiapas el 27 de enero de 2004 (convenio número ALA/ B7-310/2003/5756). El aporte económico de la Unión Europea es de 15 millones de Euros, el del Gobierno de México, de 16 millones de Euros. Diversas organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional han alertado que la implementación de dicho Proyecto pueda violentar algunos de los derechos de los pueblos. En especial remitimos al documento Los Acuerdos De Cooperación Entre La Unión Europea Y México En El Marco Del Acuerdo Global Y El Respeto A Los Derechos HumaInforme nos127, de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en Alternativo de la México, donde se señalan algunos de las posibles violaciones de de79 Sociedad Civil rechos, en particular al Convenio 169 de la OIT: 1997 2006 Consultando a varias contrapartes de nuestra Coordinación en Chiapas,


se hizo evidente una generalizada falta de información transparente, actual, precisa y accesible sobre el mismo y sobre el papel que han de jugar las organizaciones, nombradas como “actores” en el proyecto. Nuestras contrapartes expresaron su desconocimiento y constataron que ni ellas ni tampoco organizaciones localizadas en el lugar de implementación como Xinich, ARIC Independiente Democrática, los Municipios Autónomos con las así llamadas Juntas de Buen Gobierno fueron consultadas, ni involucradas en el planeamiento del proyecto […] El artículo 6 del mismo Convenio, en su inciso a) ordena a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Vemos a este respecto que podría estar dándose una violación a estos artículos por parte del gobierno de México: a) b)

al no fomentar la participación y cooperación de los pueblos interesados de una manera coordinada y sistemática [en la planeación del PRODESIS] y al no consultar a los pueblos a través de sus instituciones representativas, sino a través de los delegados microregionales de la SDS.128

El documento también hace un señalamiento explícito de violación al artículo 7 del Convenio, que estipula que se deben hacer estudios, en cooperación con los pueblos indios, de la incidencia de los programas de desarrollo en diferentes dimensiones de la vida comunitaria, ya que en el capítulo VI del Plan Operativo Global del PRODESIS se reconoce que no se han realizado estudios específicos“...durante el desarrollo de las misiones de prefactibilidad (2002) y de formulación (2003), sobre diferentes temas de análisis económico y financiero, género, socio-cultural, impacto, ambiental, mitigación de la pobreza o cualquier otro tema”129. Por lo anteriormente expresado, se vislumbra que un Proyecto que de origen no ha respetado los mecanismos establecidos de participación y acuerdo con los pueblos supuestamente beneficiarios, genera situaciones conflictivas que agraven las tensiones comunitarias y violenten su derecho a la libre determinación. Existe otro caso aún más grave en el que la política social no sólo no contempla, sino incluso atenta contra el otro derecho contemplado en este caso: el derecho a un medio ambiente sano. El gobierno del Esta-

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do, por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural y con recursos del Banco Mundial operó un programa denominado Zonas Rurales Marginadas (ZORUMA), con el cual otorgó proyectos de ganadería extensiva a las comunidades de la Reserva, a sabiendas de que dicha actividad productiva es una de las mayores amenazas para la conservación y buen aprovechamiento de ecosistemas selváticos. Además de los efectos nocivos para el ambiente, el proyecto provocó el enfrentamiento comunitario entre grupos conscientes de los peligros que entrañaba, y comunidades que lo aceptaron por la falta de alternativas sustentables apoyadas por las estructuras de gobierno, tal fue el caso de Amador Hernández. Los tres elementos presentados (agrario, ambiental y política social) se han conjugado de tal manera que, como informó el organismo de derechos humanos Miguel Agustín Pro, “La presencia militar y policíaca va a la par de planes y programas gubernamentales que complejizan las distintas problemáticas que imperan en la región”130. Por la situación expuesta, retomamos las siguientes propuestas que en materia agraria y ambiental se plantean en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en México131: 





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La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios. Se recomienda asociar a las comunidades indígenas en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios y regiones, tomando en cuanta los ordenamientos ecológicos comunitarios. La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberá respetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas ecológicas comunitarias.  Ninguna comunidad indígena deberá ser reubicada contra Informe su voluntad fuera de las Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Alternativo de la Cualquier esquema de reubicación de las comunidades asentadas Sociedad Civil en la Reserva deberá ser acordado por consenso de todas las partes. 1997 2006


3.5 Daños a la Salud por la Contaminación del Río Atoyac en Tlaxcala Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés A.C. Informe especial I. Informe Río Atoyac El río Atoyac nace en la Sierra Nevada, es producto de los deshielos del flanco norte del Iztaccíhuatl y se interna en Tlaxcala por el suroeste, en la comunidad de Villa Alta del municipio de Tepetitla de Lardizábal, siguiendo por el municipio de Nativitas hasta su confluencia con el río Zahuapan, en el municipio de Xicohtzinco, en el extremo sur del Estado. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, el (índice de calidad del agua) en el Atoyac, presenta valores promedio de 46.98 puntos, que indican una calidad regular tendiente a mala, siendo en términos generales aceptable para uso en agricultura (sólo para forrajes), quedando restringido su uso en piscicultura, recreación con contacto directo y preservación de la vida acuática. El proceso de urbanización e industrialización en el poniente del Estado de Tlaxcala y los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo en el Estado de Puebla, tiene un origen en donde se puede marcar como un detonador de este proceso la instalación del Complejo Petroquímico Independencia y el Corredor Industrial Quetzalcóatl, sin embargo desde la década de 1990, y particularmente a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 la región se convirtió en una zona de instalación de maquila para los mercados nacional e internacional, iniciándose un cambio en la especialización económica de la región con un énfasis principal en la industria de manufactura intra domiciliaria del vestido. Los trabajadores en las maquiladoras que existen en la región, son opresivas y de una sistemática violación a los derechos humanos laborales básicos. Además de ello, las maquilas continuaron con el proceso de destrucción iniciado por el Complejo Petroquímico Independencia de los cuerpos de agua existentes y que han sido utilizados

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como vertedero de las sustancias químicas y /o tóxicas de desecho de los procesos de producción durante más de treinta años. Se puede precisar así, que la contaminación del Río Atoyac se presenta principalmente por las descargas de agua residual del parque industrial Quetzalcóatl, el Complejo Petroquímico Independencia y un corredor industrial de 32 empresas de manufacturas de “lavanderías de mezclilla.” “Las maquilas ubicadas en la región utilizan enormes cantidades de agua para los procesos de “lavandería”. Estos procesos son los que hacen los terminados de los pantalones de mezclilla. Entre estos están: el “stone washing”, que tiene como objetivo el desgaste del pantalón mediante la piedra pómez y que da la apariencia de usados o viejos a los pantalones azules; el “stone bleach”, que comprende eliminar el teñido índigo de los jeans con enormes cantidades de cloro, o más recientemente con la enzima lacasse con el fin de producir pantalones blancos; el suavizado, que deja al pantalón con su color original y de textura suave mediante el uso de enzimas y el que actualmente está de moda, conocido como “sand blast”, que consiste en someter a las prendas a baños de arenas sílicas para darles apariencia de desgaste. Además de estos procesos, la última moda en mezclilla dicta que los pantalones sean sujetos a otro proceso de teñido en las etapas finales. El polarizado y el sobreteñido son hechos con frecuencia, aplicando manualmente distintas tinturas a partes del pantalón que han sido antes limpiados. Los pantalones son enviados después para un lavado final en los que se utilizan grandes cantidades de detergentes”.132 Las lavanderías utilizan enormes cantidades de agua para los procesos de terminados de la mezclilla. Como resultado, las descargas de agua de esas empresas tienen residuos de mezclilla, químicos como permanganato de potasio, cloro, sosa cáustica, ácido acético, bisulfito, antiozeno, arenas sílicas, hexametafosfato, y residuos de piedra pómez. Además de que en estudios anteriores se descubrieron la existencia de metales pesados en estas descargas como zinc, plomo, cobre, níquel, selenio, cadmio, cromo y mercurio.

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En el parque industrial Quetzalcóatl se ubica la lavandería de mezclilla “Textiles KN de Oriente”; “Oxiquímica”, “San Luis Rassini” que realiza procesos de fundición para elaborar productos para frenos automotri-


ces. El parque industrial Huejotzingo cuenta con las empresas de lavandería de mezclilla “Globaltex” y “Skytex”, la compañía de refrescos “Big Cola” y productos farmacéuticos “Kendall”; el corredor industrial Ixtacuixtla cuenta con la lavandería de mezclilla “Tarrant Appareal”. El Complejo Petroquímico Independencia de Pemex produce Metanol y antes de 1998 acrilonitrilo; en agosto de 1998 se le efectuó una auditoria ambiental, detectándose 63 deficiencias de riesgo, entre ellas 8 de agua, 14 de residuos peligrosos, 2 de suelo y subsuelo. El complejo disponía de sus residuos de forma inadecuada ya que disponía de tambores que contenían catalizadores para la producción de acrilonitrilo en depósitos no autorizados, tenía procesos de incineración de óxido de nitrógeno, cianuro de vinilo y catalizadores sin autorización, y descarga de agua residual por el lavado de la planta de acrilonitrilo en el río Atoyac. El agua de este río ha sido utilizada históricamente por campesinos de Ixtacuixtla, Nativitas y Tepetitla para el riego de hortalizas y cultivos de maíz; así como para el consumo de agua potable en las comunidades que se extrae de pozos. Los cultivos de maíz, la tierra y arena de esas parcelas y de los ríos de estos lugares, son regados con estas descargas residuales, lucen un tapiz de color azul metálico, actualmente como una forma de mantener el mercado, los productores de la región agregan químicos para dar una coloración verde a las hortalizas y así eliminar el amarillo que presentan las hojas. Entre 1996 y 2003, en los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla y Nativitas del estado de Tlaxcala, San Martín Texmelucan y Huejotzingo del estado de Puebla, se han presentado casos de personas enfermas o muertas de trombocitopenia (etapa previa a la leucemia), leucemia u otros tipos de cáncer. A inicios del 2002 se presentan al Centro Fray Julián Garcés dos personas del comité de salud de Villa Alta, Tlaxcala, solicitando apoyo y orientación debido a que en la comunidad de Villa Alta, Tepetitla y San Mateo Ayecac las personas estaban enfermando de Leucemia y Púrpura Trombocitopénica. Estas persoDerechos nas tenían la suposición que dichas enfermedades estaban siendo Económicos, Sociales, causadas por la contaminación del río Atoyac que atraviesa sus co84 Culturales y Ambientales munidades, por lo que se dieron a la tarea de recolectar información en México de personas enfermas, así como de sus expedientes médicos.


El Centro Fray Julián Garcés desde el 2002 da seguimiento al proceso organizativo de la Pastoral Social de Derechos Humanos que se reúne una vez al mes, donde acuden, personas de diversas comunidades del estado Tlaxcala para compartir las problemáticas que viven en su comunidad; a través de este espacio el Centro nuevamente tiene una referencia sobre la problemática de contaminación del río Atoyac como posible causante de daños a la salud. En el mes de noviembre de 2002, la Pastoral social decide que uno de sus aspectos prioritarios es la contaminación del río Atoyac y los posibles daños a la salud en donde el Centro Fray Julián Garcés interviene con el fin de poder establecer si existe una relación entre las sustancias tóxicas presentes y los daños a la salud en estas comunidades. La propuesta de proyecto presentada plantea como enfoque especial la integración de un equipo de trabajo con gente de las comunidades que permitan la documentación de casos de daños a la salud por contaminación y plantear propuestas de solución alternativas desde dos perspectivas complementarias: 1. 2.

Un análisis de cuadros clínicos, sustancias tóxicas presentes y daños a la salud desde una investigación científica y las normas ambientales y La perspectiva de los derechos humanos en donde se plantea el deterioro del medio ambiente como “una amenaza contra la vida y un nivel de vida adecuado” contenida en Tratados Internacionales y el sistema legal mexicano como La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente y las legislaciones estatales correspondiente en materia ambiental.

Dentro de cuatro líneas estratégicas: 1. Realizar la documentación de casos y recopilación de expedientes médicos individuales con el fin de establecer un cuadro clínico comparativo presentado en los casos, una relación entre cuadro clínico y sustanInforme cias tóxicas encontradas, así como la relación clínica entre casos de Alternativo de la trombocitopenia y leucemia. 85 Sociedad Civil 2.Establecer una relación comparativa entre contaminantes existentes 1997 2006 y alteraciones a la salud que la posibiliten la toma de medidas


3.

4.

ambientales precautorias para la salud humana y el medio ambiente. Realizar la documentación de casos de violaciones de Derechos Humanos desde la población local organizada, que posibilite el establecimiento de medidas precautorias ambientales, además de la exigencia y demanda jurídica para la reparación de daños de los efectos ambientales y de las personas afectadas Contribuir a la formación y articulación de espacios locales regionales de investigación y análisis y difusión, en donde la población local incida en el desarrollo de sus comunidades a través de propuestas alternativas, teniendo a los Derechos Humanos como un referente de su acción.

Una de las preocupaciones centrales de esta propuesta, se sitúa en la respuesta y la organización social ante estas dos perspectivas y ante este tipo de problemas y violaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para enfrentar el problema de la contaminación y la salud con respecto al río Atoyac, en el mes de abril de 2003 se generó un grupo específico de la Pastoral Social que intervenga en estos dos aspectos y en mayo se genera una relación de trabajo con el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y el área de Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además de establecer un vínculo con grupos que también enfrentan esta problemática, entre ellos la Coordinadora Popular Emiliano Zapata en Moyotzingo, ejidatarios de San Lucas Atoyatenco, habitantes de Santa Ana Xalmimilulco y el comité de salud de Villa Alta.

II. Actividades realizadas Líneas estratégicas 1 y 3: Realizar la documentación de casos y recopilación de expedientes médicos individuales con el fin de establecer un cuadro clínico comparativo presentado en los casos, una relación entre cuadro clínico y sustancias tóxicas encontradas, así como la relación clínica entre casos de trombocitopenia y leucemia. Realizar la documentación de casos de violaciones de Derechos Humanos desde la población local organizada, que posibilite el establecimiento de medidas precautorias ambientales, además de la exigencia y demanda jurídica para la reparación de daños de los efectos ambientales y de las personas afectadas.

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A partir del seguimiento que se da a la Pastoral de Derechos Humanos, se genera una alianza entre el Centro y la Pastoral para intervenir de manera más directa ante el problema, con el fin de conocer si existe la presencia de sustancias toxicas en el Medio Ambiente que provoquen dichas enfermedades; a partir de esta definición ha sido necesaria la participación de la gente de la Pastoral Social que viven en las comunidades afectadas (Villa Alta, Tepetitla, San Mateo Ayecac, San Rafael Tenanyecac) para posibilitar el registro y documentación individual de los casos por posibles daños a la salud. El trabajo de la gente de estas comunidades fue en dos sentidos: 1. 2.

Sacar una relación nombres y direcciones de personas enfermas o familiares de personas que estuvieron enfermas y que ya fallecieron, y Realizar un primer acercamiento con los enfermos y familiares, que posibilitara nuestra visita como Centro Fray Julián Garcés a su domicilio para el registro del caso.

Con estas primeras referencias el Centro Fray Julián Garcés desde su Programa de Desarrollo Local, el 29 de julio del 2003 realiza una seria de visitas domiciliarias a las personas enfermas y familiares, para registrar los casos que se han presentado por Leucemia y Púrpura Trobocitopenica. La difusión de manera indirecta por parte de las personas de la Pastoral Social dio pauta a que otras personas de las comunidades de: San Baltazar, Moyotzingo, San Lucas Atoyatenco, Santa Ana Xalmimilulco y San Francisco Tepeyecac del municipio de San Martín Texmelucan Puebla, manifestaran su preocupación por la misma problemática que viven las comunidades del estado de Tlaxcala, dándonos una visión más amplia de la problemática; por lo que a partir de Septiembre del 2003 dentro del registro de casos por posibles daños a la salud se suman estas comunidades. Se han registrado casos de enfermedades como la leucemia; Púrpura trombocitopenica; anemias y malformaciones congénitas entre otras, así como casos de daños a la propiedad.

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Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

De los casos que se han registrado desde el Programa de Desarrollo Local tenemos: 36 casos registrados y documentados en su mayoría por daños a la salud y 2 casos registrados por daños a la propiedad.


Relación de casos registrados (julio 2003 – enero 2004) No de caso

Enfermedad y/o problemática

Comunidad

Estado

Tipo de caso

01/03 2/03 03/03 04/03

Leucemia Leucemia Leucemia Leucemia y tumor cancerígeno en el estomago Púrpura Trombocitopenica Leucemia Tumor cancerígeno Púrpura Terombocitopenica Leucemia Púrpura Trombocitopénica Leucopenia Púrpura Trombocitopenica Leucemia Leucemia Púrpura Trombocitopenica Anemia Aguda Leucemia Leucemia Leucemia Anemia Leucemia Daños Contaminación de suelo agrícola Anemia Leucemia Anemia Anemia y Púrpura Trombocitopenica Leucemia Anemia Leucemia Anemia

Tepetitla Tepetitla Tepetitla Tepetitla

Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala

Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud

Tepetitla

Tlaxcala

Daños a la Salud

Tepetitla Tepetitla Tepetitla

Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala

Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud

S. Mateo Ayecac Tlaxcala S. Mateo Ayecac Tlaxcala

Daños a la Salud Daños a la Salud

S. Mateo Ayecac Tlaxcala S. Mateo Ayecac Tlaxcala

Daños a la Salud Daños a la Salud

S. Mateo Ayecac Tlaxcala S. Mateo Ayecac Tlaxcala S. Mateo Ayecac Tlaxcala

Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud

Villa Alta Villa Alta Villa Alta Villa Alta San Baltazar San Baltazar San Baltazar

Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala Puebla Puebla Puebla

Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Propiedad

San Baltazar San Baltazar San Baltazar San Baltazar

Puebla Puebla Puebla Puebla

Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud

San Baltazar San Baltazar San Baltazar San Baltazar

Puebla Puebla Puebla Puebla

Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud

05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03

23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03


31/03 32/03 33/03 34/03 35/04 36/04 37/04 38/04

Anemia Anemia Anemia a infección en los pulmones Daños a la tierra de cultivo Hemorragias en la nariz Hidrocefalia Anemia Anemia Aplasia Medular

San Baltazar San Baltazar San Mateo Ayecac

Puebla Puebla Tlaxcala

Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud

S. Lucas Atoyatenco

Puebla

Daños a la propiedad

S. Lucas Atoyatenco

Puebla

Daños a la Salud

San Baltazar San Baltazar San Baltazar

Puebla Puebla Puebla

Daños a la Salud Daños a la Salud Daños a la Salud

Es importante mencionar que 4 de los casos registrados por enfermedades han presentado no solo Leucemia o Púrpura, la enfermedad también ha sido acompañada por anemias, tumores cancerígenos o infecciones en los pulmones. Del total de casos registrados por comunidad tenemos: 16 casos son de San Baltazar Temaxcalac 8 de Tepetitla 8 de San Mateo Ayecac 4 de Villa Alta

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De las enfermedades más frecuentes que se han presentado durante el registro de casos tenemos: 15 personas enfermas por Leucemia, 6 personas por Púrpura Trombocitopenica, 11 personas por Anemia, 2 casos por Daños a la Tierra de Cultivos, 1 persona de Hidrocefalia, 1 persona por Hemorragia, 1 persona por Leucopenia y 1 persona por Tumor Cancerígeno.

Actualmente para el registro de casos por daños a la salud, faltan por registrar casos en las comunidades de: Santa Ana Xalmimilulco, Moyotzingo e Ixtacuixtla. Línea estratégica 2. Establecer una relación comparativa entre contaminantes existentes y alteraciones a la salud que posibiliten la toma de medidas ambientales precautorias para la salud humana y el medio ambiente.

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Se realizó un muestreo preliminar en agua superficial y muestreo de suelo con los siguientes resultados 1. Emisor de Pemex 1 en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno, tolueno, xilenos y los siguientes compuestos poli aromáticos: fenantreno, naftaleno y antraceno. Es el único punto del muestreo en donde se encontraron naftaleno y antraceno. 2. Santa Ana Xalmimilulco, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno. 3. Planta Santa Julia en Xalmimilulco, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno. 4. San Rafael Tenanyecac, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno y la concentración más alta de Tolueno. De esta última aún se desconoce cual pueda ser su origen. 5. Tierra nueva (Michac), se encontró cloroformo, cloruro de metileno y Tolueno. 6. Secundaria, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno y Tolueno. 7. Zanja Carrizal, en donde se encontró cloroformo, cloruro de metileno. 8. Alcantarilla de San Mateo Ayecac, se encontraron los datos más elevados de cloroformo, se encontró también cloruro de metileno, tolueno y el compuesto poli aromático fenantreno. 9. Laguna de oxidación de Villa Alta, se encontró cloroformo, la cantidad más elevada de cloruro de metileno, también se encontró Tolueno. 10. Emisor de Pemex 2, se encontraron compuestos orgánicos volátiles: cloroformo, cloruro de metileno, etilbenceno, tetracloroeteno, tolueno y xilenos. 11. Descarga del Complejo Industrial Quetzalcóatl, en donde se encontró cloroformo y cloruro de metileno. 12. Muestreo de suelo en San Lucas Atoyatenco. En donde se encontraron cloroformo y cloruro de metileno. Se realizó un muestreo de agua subterránea (pozos para riego y abastecimiento de agua potable); así como tomas domiciliarias de agua potable, en las comunidades de: Santa Justina Ecatepec, Tepetitla, San Mateo Ayecac, Villa Alta, San Rafael Tenanyecac, Santiago Michac, San Lucas Atoyatenco, San Francisco Informe Tepeyecac, Santa María Moyotzingo, San Baltazar Temaxcalac, Santa Alternativo de la Ana Xalmimilulco e Ixtacuixtla, que tenían como objetivo conocer cual 91 Sociedad Civil es la calidad del agua que consumen en las comunidades. Y el pozo 1997 2006 para riego agrícola de Tepetitla.


San Lucas Atoyatenco San Francisco Tepeyecac Santa María Movotzingo San Baltazar Temaxcalac Santa Ana Xalmimilulco Complejo Petroquímico

6513 3167 22571 10112 13001 828 79146

0.08 0.04 0.29 0.13 0.16 0.01 1

33 11 82 52 66 4 369

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Línea estratégica 4. Contribuir a la formación y articulación de espacios locales regionales de investigación y análisis y difusión, en donde la población local incida en el desarrollo de sus comunidades a través de propuestas alternativas, teniendo a los Derechos Humanos como un referente de su acción. Conjuntamente con el grupo coordinador de seguimiento al problema del río Atoyac, conformado por integrantes de los comités de la Pastoral Social de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala y habitantes de las comunidades de San Lucas Atoyatenco y Santa Ana Xalmimilulco, se ha generado el proceso de estimaciones de efectos ambientales, registro y documentación de casos médicos y el regreso de la información producto de la investigación a través de reuniones comunitarias y la edición del boletín mensual “El Atoyac”. De la información con la que se cuenta hasta el momento producto del trabajo de investigación surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es el origen de las sustancias químicas encontradas en los cuerpos de agua y el suelo? ¿Tienen una relación con los daños a la salud encontrados? ¿Cómo explicar que la mayor cantidad de casos registrados por daños a la salud se ubican en la comunidad de San Baltazar? ¿Cómo inciden los aspectos legislativos, cuando las normas ambientales no contemplan la contaminación por compuestos orgánicos volátiles ni color de las aguas?

III. De la conciencia a la toma de posición Como resultado del proceso de acompañamiento al espacio de coordinación de esfuerzos en torno al proyecto de Daños a la Salud y al Medio Ambiente por la Contaminación DEL Río Atoyac, se han detectado problemas importantes que requieren de establecer las responsabilidades de cada uno de los actores sociales asentados en la región. Empresas, gobiernos locales, dependencias estatales y agricultores, tienen responsabilidades parciales sobre la generación y proliferación de la contaminación del río y sus probables efectos en la salud de la población.

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Desde ésta perspectiva, para el Centro Fray Julián Garcés es importante tomar una posición clara respecto de las responsabilidades del Estado con respecto de ésta problemática:


1.

2.

3.

El Estado y sus instituciones, deben asumir su papel como rectoras del desarrollo regional y nacional, priorizando por encima de todas las consideraciones económicas y políticas, garantizar un nivel de vida adecuado a los habitantes de una región. En el caso de las poblaciones asentadas en los márgenes del Río Atoyac se ha priorizado el desarrollo industrial y urbano sobre la base de generación de empleos y satisfacción de intereses económicos particulares de las empresas, trasnacionales algunas de ellas, y la depredación del medio ambiente. A pesar de los esfuerzos del gobierno del estado por establecer un Plan Rector para el rescate de los Ríos Atoyac y Zahuapan, los esfuerzos son insuficientes si solo van acompañados de medidas que regulen las emisiones de residuos tóxicos que las empresas puedan generar de forma conjunta. Es decir, no basta con certificados individuales de empresas que cubran con índices aceptables de descarga de residuos, si la combinación de esos residuos puede dar como resultado la transformación de un río, en canales de aguas residuales. Frente al problema de la contaminación y de los daños a la salud, es importante que el gobierno del estado no tenga una posición defensiva y de negación de la problemática, aislando los problemas que se presentan en estadísticas comparadas, sino que pueda establecer medidas de prevención en el terreno de la salud pública.

El proceso que ha acompañado, y seguirá acompañando el Centro Fray Julián Garcés, requiere de una estrategia clara en el terreno público. Para ello, el Centro Fray Julián Garcés se compromete a hacer públicos los resultados de los estudios técnicos que se han estado elaborando en el marco de nuestro proyecto, siempre en acuerdo con las personas y comunidades afectadas, hacia finales del primer semestre de 2004. Así mismo, el Centro Fray Julián Garcés, junto con las personas y comunidades afectadas, establecerá una Agenda de Diálogo con las autoridades de los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala para incidir en la problemática y sugerir las posibles vías de solución. Para ello, el Centro Fray Julián Garcés documentará los casos de las comunidades como violaciones a los derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y lo denunciará en su momento ante las instancias locales, nacionales e internacionales de derechos humanos.

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3.6 “Mártires del Río Santiago” Informe sobre Violaciones al Derecho a la Salud y al Medio Ambiente, en las Poblaciones de Juanacatlán y el Salto, Jalisco Enero de 2006 Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC.

“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, para el uso personal y doméstico”. 133

I. Antecedentes y hechos 1. Introducción El grave deterioro ecológico en los municipios de El Salto y Juanacatlán en el estado de Jalisco, en particular del río Santiago (que cruza por ambos municipios), ha sido provocado por las grandes concentraciones de contaminantes producto tanto de la industria que circunda a los municipios mencionados, como por las aguas residuales municipales provenientes de la zona metropolitana de Guadalajara. La falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales mexicanas por las autoridades en materia ecológica, así como la falta de conciencia de empresarios y ciudadanos en general, además de tener una afectación al medio ambiente, tiene un grave impacto a la salud de los habitantes de las riveras del río.

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Ubicación Geográfica Los municipios de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, se ubican a sólo 35 kilómetros de distancia de la ciudad de Guadalajara y forma parte del complejo de municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en conjunto con: Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, Tlajomulco.


Los municipios de Juanacatlán y El Salto suman juntos más de 150,000 habitantes; y es en El Salto en el que se encuentra uno de los corredores industriales más importantes del estado de Jalisco. Tan sólo en las dos cabeceras hay un total de 26.579 personas, de estas 8,117 personas en la cabecera de Juanacatlán y 18,462 en la cabecera de El Salto134. El área de las cabeceras municipales es aproximadamente de 7.5 kilómetros. Situación Hídrica El río Santiago forma parte de un sistema hidrológico que se considera uno de los más importantes del país, tanto por su extensión, como por su número de habitantes. Dicho río es parte de la Región Hidrológica-Administrativa XII “Lerma-Santiago-Pacífico”. Inicia su escurrimiento en el lago de Chapala, en su parte noreste, a unos 4 Km. al suroeste de Ocotlán, y cuenta con una longitud total aproximada de 562 Km. En su tramo de allí hasta El Salto, recibe aguas residuales tanto industriales como municipales de entre las que destacan las de la industria químico-farmacéutica, y empresas tales como Celanese, Ciba135, IBM y Nestlé, y las de la zona industrial de El Salto con 28 empresas, y Ocotlán; del parque industrial Guadalajara con 37 empresas, así como de las industrias situadas a lo largo del anillo Periférico Sur de Guadalajara. Asimismo, la de los arroyos Los Sabinos; La Capilla; Rancho Alegre; El Ahogado; y los efluentes secundarios de las plantas de tratamiento de la cabecera municipal de El Salto, Ocotlán y Atequiza.136 Las descargas industriales son mayores en número más no en volumen a las municipales (aunque no por ello éstas últimas son de menor relevancia). En el tramo en que se encuentra la Presa del Ahogado, el río Santiago es recipiente de un aproximado de 815 litros por segundo de aguas residuales crudas (no tratadas) provenientes de la parte sur de la zona conurbada de Guadalajara (municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan, y El Salto) que llegan vía los arroyos de El Ahogado y Arroyo Seco.137 Hidrológicamente los municipios de Juanacatlán y el Salto, son de los más bajos de toda la región; ello implica que las aguas residuales o desagües que provienen de los drenajes urbanos de los cinco municipios (Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque) y que son vertidos en el río Santiago sin tratamiento alguno vía el arroyo del Ahogado, vayan a parar finalmente a dichos municipios. De las 280 descargas identificadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA), 266, están en la cuenca del río Santiago. El 36.5 % de este flujo, lo aporta la industria química - farmacéutica, le siguen la industria de

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alimentos y bebidas con un 15% y la textil con 12.3%; después vienen las de celulosa (papel) y la tequilera.138 Un muestreo de la calidad del agua de las descargas de las industrias de la región, caracterizadas por cuatro empresas: Nestlé; Celanese/Industrias Ocotlán; Cydsa Crysel y la granja porcina en Tololotlán, mostró que ninguna satisface los límites máximos permisibles de contaminante (promedio mensual) en las descargas de aguas residuales regulados por la NOM-001 ECOL 1996, en los parámetros de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), nitrógeno total y coliformes fecales. Los sólidos suspendidos totales (SST) lo incumplen 3 de las descargas salvo Nestlé; en cuanto a sólidos sedimentables (SS) lo incumple con amplitud Celanese/Industrias Ocotlán, así como la granja porcícola; esta última también incumple los límites máximos permitidos de fósforo total. La empresa Ciba, caracterizada en el mismo estudio, no satisface la concentración máxima de SST y Nitrógeno total, aunque cabe precisar que el incumplimiento es menor, 4.3 % en sólidos y 1.2 % en nitrógeno.139 Se encontró que las descargas industriales, contienen elementos contaminantes de difícil remoción y asimilación en los sistemas de tratamiento biológico y en los ecosistemas acuáticos que causan una afectación total al medio ambiente. Estos contaminantes presentan alta resistencia a la degradación al ser de tipo refractario o incluso tóxico para los microorganismos y otras formas de vida.140

Otra causa de contaminación del río Santiago, se refiere a los lodos de la planta de tratamiento Industrial dentro del Cárcamo de bombeo del SIAPA en la colonia de la Huizachera, municipio de El Salto, en el afluente del Arroyo de El Ahogado, que trae asimismo los desechos sólidos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En este lugar empresas particulares descargan lodos industriales, cobrándoseles $15.00 pesos metro3, sin que la planta procese los residuos de forma adecuada, vertiéndolos directamente al río.141

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Todo lo anterior muestra la grave situación hídrica en la que se encuentra el río Santiago, especialmente a la altura de las poblaciones de Juanacatlán y El Salto, que ameritan una urgente intervención de las autoridades ambientales mexicanas, según sus respectivas competencias.


Consecuencias de la contaminación La pestilencia que inunda las cabeceras de ambos municipios Juanacatlán y El Salto, es el síntoma más evidente de una problemática que está generando graves daños a la salud y al medio ambiente, donde químicos y materia orgánica se mezclan y descomponen en este sitio. De la misma manera, la incorporación de los municipios de El Salto y Juanacatlán a la Zona Metropolitana de Guadalajara ha facilitado la anexión de industrias que impactan la salud pública tales como la de residuos sólidos municipales (basura), varios incineradores y el riesgo que representa el Centro de Distribución regional de PEMEX. Con un impacto directo en la salud pública, se encuentra la producción de ácido sulfhídrico, derivada de la descomposición de la materia orgánica y otros materiales en el fondo del río entre Juanacatlán y El Salto. Éste ácido, se encuentra encapsulado en los lodos del río, mismos que al ser arrastrados por la corriente y caer en la cascada de aproximadamente 60 metros de altura, es producido a través del sistema anaeróbico; su inhalación, produce enfermedades relacionadas con afecciones pulmonares.

Cercanas a esta cortina de agua, se ubican las escuelas Mártires del Río Blanco y Las Ortiz (con dos turnos), ambas al margen del río en la población de El Salto. Según el análisis de Juan Gallardo en el 2000 había 5 629 estudiantes a nivel primaria y secundaria142 en las dos cabeceras municipales, representando el 21.17 % de la población total, mayormente en El Salto. Tan sólo la escuela Mártires del Río Blanco tiene 595 estudiantes, y Las Ortiz 962 alumnos. La cercanía de estos dos planteles educativos a la caída de agua mencionada, advierte severos riesgos a la salud de sus ocupantes. Asimismo, observa la gran cantidad de espacios públicos recreativos y deportivos en ambos poblados (al menos existen 7 clubes deportivos). 2. Daños al medio ambiente Desde la perspectiva ambiental son diferentes los estratos (aire, agua y suelos) a los que se puede impactar como consecuencia de la contaminación química, la exposición o daño a las especies acuáticas y terrestres, y el deterioro de los bienes materiales.

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La exposición al ambiente de sustancias peligrosas, ocurre a partir de emisiones al aire; desechos en el agua y fugas y derrames vertidos sin tratamiento alguno, afectando a seres humanos y a organismos vivos, por lo que la problemática asunto ambiental debe verse en sus distintos niveles.

Antecedentes El antecedente directo del grave deterioro ambiental de la zona de Juanacatlán y El Salto, surge a partir de la instalación de plantas industriales a finales de los años 70 y de la Zona Industrial de El Salto, que se trasladó de la ciudad de México a ésta región, por órdenes de Luis Echeverría. La empresa Nonatex Mezclilla fue una de las primeras en establecerse. Los vertidos al río por este desarrollo Informe industrial fueron cambiando su composición, y la normatividad se queAlternativo de la dó atrás en el remedio y control de estos impactos; hubo una multipli99 Sociedad Civil cación del daño, sin que los causantes pagaran por éste, ya que las 1997 2006 primeras normas se reglamentaron en 1994.


Es por lo anterior, que para los pobladores, el establecimiento de las industrias en El Salto y la zona aledaña, representa, desde los años ochentas, una acción realizada con toda alevosía y ventaja, puesto que se sabía de antemano que no existía normatividad para reglamentar la contaminación del río, de sus afluentes y de los desagües industriales que causarían.144 Sin embargo, para muchos de los pobladores de El Salto y Juanacatlán, el agravante de la contaminación del agua y el deterioro de la naturaleza se da a partir del establecimiento de la planta Ciba-Geigy en los años setentas. Existían en el Santiago antes de la crisis ambiental, varias especies de fauna de río tales como bagres, pescado blanco, boquinetes, carpas, culebras de agua, víboras, sapos, ranas, patos migrantes de temporada, tlacuaches, armadillos, etcétera, devastadas actualmente, así también diversas variedades de flora (plantas y árboles rivereños) que se fueron secando con el paso de los años, destacando los mangares ubicados al margen del río a la altura de la población de Juanacatlán.

Uno de los elementos a considerar en la pérdida de flora y fauna en la zona de estudio (afluentes del Río Santiago, de Ocotlán hasta su llegada a El Salto) es la calidad del agua que rebasa los límites máximos permisibles de145: 1. 2. 3.

Nitratos y sulfatos, así como el mínimo permisible de oxígeno disuelto. Grasas, aceites y sólidos disueltos en el líquido. Coliformes fecales, para todos los usos agrícolas, así como para el uso recreativo con contacto directo.146

La cuenca Lerma-Santiago es hoy en día, el caso clásico de contaminación por fuentes múltiples y diversas identificadas (no difusas), pero cuyo grado de responsabilidad es difícil determinar. Uno de los casos más representativos de esta contaminación es la Barranca del Río Santiago y la población de Juanacatlán.147 Cabe destacar que al respecto se abrió en 2003, un acta de investigación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Desgraciadamente las autoridades ambientales no actúan con prontitud ante este grave problema, no obstante las denuncias presentadas por el

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Instituto Vida AC de Juanacatlán solicitando que se le presenten evidencias de los agentes responsables, que implican la realización de investigaciones costosas. 3 . Daños a la salud El derecho a la salud debe entenderse como el del disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios, y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Abarca una amplia gama de factores socioeconómicos, que promueven y conceden un acceso total sin discriminación, a condiciones en las cuales las personas pueden llevar una vida sana, entre ellos el acceso a agua limpia, potable y a condiciones sanitarias adecuadas; condiciones de trabajo seguras y sanas; a un medio ambiente sano, y al acceso a la información y educación sobre cuestiones relacionadas con la salud.148 La afectación en la salud de la población de El Salto y Juanacatlán, se advierte en el alto índice de personas enfermas de afecciones respiratorias, un aumento notable de casos de cáncer, afecciones renales, hepáticas y tifoidea, todas ellas ligadas al problema de la contaminación del agua. Aún cuando las instituciones de Salud Pública en Jalisco niegan el problema, médicos particulares que habitan la zona han alertado a la población para que se aleje lo más que pueda del río Santiago y de su cascada. Derivado de la caída del agua, se produce ácido sulfhídrico, que es liberado y esparcido por el viento entre ambas poblaciones. El ácido sulfhídrico (H2S) es considerado un veneno de afectación a todo ser vivo. Sus efectos inmediatos por inhalación en el ser humano son dolores de cabeza, conjuntivitis, irritación de garganta, etcétera. La presencia de este ácido en el ambiente de Juanacatlán y El Salto produce mal olor (huevos podridos) afectando la calidad del aire de sus habitantes, que a largo plazo puede producir efectos neurológicos o padecimientos crónicos.149 El asma como una de las enfermedades con incidencia importante en la región, es exacerbada con la presencia de dicho ácido.

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En el caso de los menores, éstos son más proclives a la afectación de su derecho a la salud debido a su exposición al aire libre. Los niños respiran más rápido que los adultos, inhalando dos veces más aire


que éstos. Asimismo pasan casi el 50 % del tiempo al aire libre y son tres veces más activos, practican deportes y juegos, actividades durante las cuales su ritmo respiratorio se incrementa así como su inhalación. El presidente municipal de Juanacatlán, Raymundo Orozco, sí considera que hay un problema de salud, señalando que “se nos han incrementado mucho los casos de cánceres. Yo creo que sí nos está afectando la contaminación de los gases que emana el río. Me baso en las estadísticas. Cuando usted pregunta a los dolientes ¿de qué murió? Todos contestan de cáncer.”150 Según la Secretaría de Salud de Jalisco, en el año de 2002, las siguientes 10 enfermedades, fueron las principales causas de defunciones en Juanacatlán y El Salto151.         

Enfermedades del corazón. Diabetes mellitus. Tumores malignos. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Infecciones originadas en el periodo pre-natal. Parálisis cerebral y otros síndromes. Enfermedades cerebro vasculares. Insuficiencia renal. Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas.

Asimismo, se tiene el dato del Sistema Nacional de Salud quien a través de la Dirección Nacional de Epidemiología, emite un gráfico en el que determina los casos nuevos de enfermedad de la semana 01 hasta la 53 del 2003, y en el que, en obvio de repeticiones se resume en los padecimientos con mayor índice de casos de los municipios de El Salto y Juanacatlán. Enfermedades -Infecciones respiratorias agudas -Infecciones intestinales por otros organismos -Asma y estado asmático

El Salto

Juanacatlán

16,350

805

3,196 191

23 4

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La proliferación de moscos por el estancamiento del agua en la cortina del puente de la cascada (producto de la contaminación de las aguas, lo que además les alimenta) causa molestias en la población, dado que transmiten enfermedades epidemiológicas de diversos tipos como el dengue. 4 . Gestiones realizadas ante las autoridades En cuanto a las autoridades estatales, el Instituto Vida envió al gobernador de Jalisco una solicitud para que fuera atendido el grave problema de salud y medio ambiente en Juanacatlán. El despacho del gobernador a su vez remitió solicitudes a varias dependencias del ámbito estatal, de entre las que se encuentran la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y la Secretaría de Salud. La única respuesta fue por ésta última, con el estudio y la erradicación del mosco en la cascada en abril de 2004, dada la transmisión del arbovirus que provoca el dengue (enfermedad endemoepidémica).

Respecto de las autoridades federales, el ciudadano Rodrigo Saldaña envió el 10 julio de 2002 una solicitud a la presidencia de la republica para atender el problema de la contaminación. En respuesta se remitió copia del escrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en tanto que ya existía una denuncia popular presentada con antelación por parte de otro ciudadano en 2001. Dicha denuncia se remitió a la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Ésta dependencia contestó que mantiene un monitoreo permanente de la calidad del agua del río Santiago y que los parámetros evaluados muestran estar dentro de la norma. Continuó manifestando que según la Red Nacional de Monitoreo, si bien los cuerpos de agua se encuentran contaminados, están dentro de la norma por el uso agrícola e industrial que guardan. Posteriormente y a mayor solicitud de pruebas la CNA reiteró que el río se encontraba altamente contaminado y que la CEAS estaba realizando trabajos de saneamiento de la Cuenca del Ahogado. Con esos datos, la PROFEPA dio por concluida la denuncia popular en diciembre de 2003, dada la inexistencia de violación a la normatividad ambiental.

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En noviembre de 2003 el Instituto Vida AC vuelve a interponer otra denuncia popular ante PROFEPA, vía su delegación en Jalisco. Solicitó se hiciera un plan conjunto por los tres niveles de gobierno a efecto de


erradicar la contaminación que sufría la gente de Juanacatlán. La PROFEPA aceptó la denuncia popular y remitió nuevamente a la Gerencia Regional de la CNA el caso; asimismo, solicitó la intervención de la Secretaría de Salud Jalisco para atender la emergencia sanitaria. Hasta febrero de 2006, los denunciantes no habían sido notificados del trámite. El 2 de abril de 2004, la entonces delegada de la PROFEPA en Jalisco, Martha Ruth del Toro, realizó una inspección a la zona. No obstante el haberse percatado de la problemática, no tomó acciones contundentes para remediarla. En el ámbito interamericano, el 15 de mayo de 2003, el Instituto de Derecho Ambiental AC (IDEA) y el Instituto VIDA AC, junto con otras organizaciones civiles presentaron por escrito formal denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, por la falta de aplicación efectiva de diversa normatividad ecológica nacional, alusiva al manejo, gestión, protección, preservación, aprovechamiento y calidad del agua en México, en el caso de la cuenca Lerma-ChapalaSantiago-Pacífico, lo que provoca el grave deterioro ambiental y desequilibrio hídrico de la misma, así como el riesgo de que el lago de Chapala y el hábitat de aves migratorias que llegan al mismo, desaparezcan. El 18 de mayo de 2005, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, resuelve que la denuncia, amerita la elaboración de un expediente de hechos, para conocer más a fondo el problema, procedimiento que se encuentra aún en espera de que el Consejo de la CCA emita una resolución autorizando o no la preparación de dicho expediente.

II. Evidencias a. Derecho a un Medio Ambiente Sano 1.

Documental pública consistente en el informe final del estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los Ríos Santiago y Verde del estado de Jalisco, realizado por AYMA Ingeniería y Consultoría a solicitud de la Comisión Estatal de

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Agua y Saneamiento (CEAS) de Jalisco de octubre de 2003 y publicado por ésta en su página Web, del que se desprenden los siguientes elementos: Extracto del Cuadro de la Calidad del agua cruda y tratada de localidades y descargas con información específica, SIAPA y CEAS (capítulo cuatro, cuadro 4-3 página-7) Tabla 1 Descarga o localidad

ZMG, el Ahogado

Agua tratada L/S

Agua cruda L/s

DBO 5 mg/L

SST mg/L

NTK mg/L

NH 3 mg/L

N org. mg/L

P de fosfato mg/L

815.7

331

404

50

31

19

13.1

2.

Documental pública consistente en la Norma Oficial Mexicana NOM 001 ECOL 1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (punto 4.3 especificaciones, tabla 2). Si es de su interés consultar dicha tabla visite la siguiente dirección electrónica: www.convergencia.org.mx o www.cedhj.org.mx.

3.

Documental pública consistente en las copias del acta de investigación 23/03/III de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), abierta de oficio con motivo de las notas periodísticas del 12 y 17 de marzo de 2003 del diario “El Occidental”, en las que se lee: Grave contaminación porque no funciona la planta de tratamiento y Mortal, el agua del río Santiago. Entre otras cosas, las notas refieren que los habitantes de El Salto, sufren un deterioro en su salud debido a la grave contaminación que originan las aguas negras a cielo abierto, así como la falta de funcionamiento de una planta tratadora de aguas.

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Requeridos por información, el 12 de mayo de 2003 el presidente municipal de El Salto, refirió que dicho Ayuntamiento celebró un convenio con su homólogo de Juanacatlán y la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, para desazolvar y eliminar el lirio de las aguas del río San-


tiago. Asimismo, manifestó la necesidad de ampliar la planta de tratamiento ubicada en dicha cabecera municipal y construir otras con el apoyo de los gobiernos federal y estatal. El 2 de julio de 2003, el presidente municipal de Juanacatlán Jalisco, expresó: “trabajo en forma conjunta y a lo tanto con acciones tendientes a favor de mi comunidad y vecindad en el saneamiento de las aguas que también se tratan, su uso y destino”. El ingeniero Raúl Antonio Iglesias Benítez, gerente regional de la Comisión Nacional del Agua informó el 1 de julio de 2003, que la planta de tratamiento de aguas residuales que opera en la localidad de El Salto, lo ha venido haciendo con ciertas deficiencias, y que su operación es responsabilidad de dicho Ayuntamiento. El ingeniero Enrique Dau Flores, director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, informa a la CEDHJ mediante Oficio DG-840/2003 del 27 de agosto de 2003, que: […] éste problema de contaminación y emanación de malos olores entre las poblaciones referidas, es causa de las descargas de aguas crudas sin previo tratamiento que se vierten en la cuenca del río Zula y Santiago por los centros de población, e industrias asentadas en la región, incluyendo granjas porcícolas y que finalmente son transportadas y conducidas por el río, ocasionando en su paso el malestar en los habitantes de la zona. Finalmente, responsabiliza del cuidado, uso y destino de las aguas del Santiago a la Comisión Nacional del Agua (CNA). El 29 de septiembre de 2003, la tercera visitaduría general, remite todo lo actuado al Director de Quejas, Orientación y Seguimiento del mismo organismo, para lo que tuviera a bien determinar, ya que advierte que de la información recabada, queda claro el compromiso y voluntad de las autoridades por dar una Derechos solución a la problemática que implica la contaminación del agua que Económicos, Sociales, corre por los ríos Santiago y Zula. Asimismo, porque se constató por Culturales 106 y Ambientales personal de dicha visitaduría, que las plantas tratadoras de aguas en México residuales ubicadas en los municipios de El Salto y Juanacatlán, se


encontraban funcionando, por lo que dichas plantas no eran las causantes de la contaminación ambiental en la zona. Debido a estos argumentos, se determinó archivar el caso. 4.

Documental privada consistente en el informe de resultados respecto de los estudios realizados por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (Ciatej) el 18 de junio de 2004, con número DS 36193/2004, en las que obra el resultado de los análisis de las muestras de residuos (lodos) de la laguna negra del crucero el Verde-Castillo el Salto, resultando lo siguiente: Determinación

Unidad

Resultado

Arsénico Cadmino Cromo Cobre Plomo Mercurio Níquel Zinc Coliformes Fecales Detección de Salmonella

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (NMP/g base seca) (NMP/g base seca)

3,97 0,589 235 29,50 38,1 Mayor que 0,01 92,1 990 2 400 000 2 300

Referencia analítica: NOM-110-SSA1-1994 Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. NOM-AA-042. Determinación del número más probable de coniformes totales y fecales. NOM-114-SSA1-1994 Métodos para la determinación de Salmonella en alimentos. Manual de métodos de análisis por espectrofotometría de absorción atómica Perkin Elmer. NOM-117-SSA1-1994 Método para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y purificada por espectro-fotometría de absorción atómica.

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5. Documental privada consistente en los informes de resultados del estudio de aguas realizados por Microanálisis de Occidente, SC. El primero de ellos solicitado en febrero de 2004 por el Instituto de Derecho


Ambiental AC. analizó los diferentes componentes contaminantes que se pueden encontrar en fuentes hídricas. Para su realización se tomaron muestras en diferentes afluentes y zonas del río Santiago; del Canal del Ahogado, de la presa del mismo nombre, y de su desembocadura al río Santiago. Asimismo, en diversos puntos del propio río Santiago en su parte más baja, es decir, desde El Vado (en la descarga residual de la empresa Ciba) en Miraflores, y en la Cascada de El Salto de Juanacatlán. Sus resultados fueron los siguientes: a)

b) c) d) e)

f) g)

Las aguas analizadas se encuentran fuera de cuando menos, uno de los límites permitidos por la NOM- OO3-ECOL-1996, para considerarlas adecuadas a los usos de riego, contacto directo o indirecto con personas o animales. Constituyen además un foco de exposición y riesgo químico (ácido sulfhídrico) y bacteriológico (coliformes) a personas y animales. En DBO las muestras se encuentran por encima en los parámetros permisibles en un rango de 100 a 1,000%. En Grasas y Aceites las muestras se encuentran por arriba de los límites permisibles para el contacto directo según la en un rango del 25 al 150 %. En cuanto a sólidos suspendidos (SS), el 80 % de las muestras están por arriba de los límites permisibles para el contacto directo en un rango del 1500%. En coliformes fecales, las muestras analizadas se encuentran muy por encima de los límites permisibles, lo que representa un foco de infección a cielo abierto en el trayecto de las aguas analizadas. En relación con el color, las muestras se encuentran también fuera de los límites permisibles de acuerdo a la NOM-127-SSAI-1994, en un rango del 100 al 700%. El ácido sulfhídrico se detectó en concentraciones altas.

En el segundo estudio, elaborado también por Microanálisis de Occidente, SC. de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994, solicitado por el diputado Manuel Villagómez en junio de 2004, se hace el comparativo del ICA (índice de calidad del agua) en el río Verde, en el Canal del Ahogado y en partes del Río Santiago, en período de estiaje, dando como resultado lo siguiente:

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Índice de Calidad del Agua Lugar

Calificación

Presa de Poncitlán 50 Cascada de Juanacatlán (lluvias) 47.45 Puente de Matatlán 50.41 El Vado 48.50 Miraflores 44.45 Puente del Ahogado 29.57 Canal de salida de la Presa del Ahogado 31.11 Fraccionamiento Los Ciruelos 39.82 El Muelle 31.29 Cascada de Juanacatlán (estiaje) 48.57

6.

Pruebas técnicas consistentes en dos video grabaciones editadas por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, de los lugares antes descritos, así como material fotográfico. Asimismo, la videograbación en la que consta la visita a la zona de la entonces delegada de la PROFEPA en Jalisco Martha Ruth del Toro.

b) Derecho a la Salud 1. Documental privada, consistente en el acta circunstanciada levantada por personal del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. en la que se hace constar el número y causas de defunciones del 2005 en el municipio de Juanacatlán Jalisco, con los siguientes resultados: Tabla 1

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Tipo de afecciones Infartos Insuficiencia renal crónica Diversos tipos de cánceres Enfermedades respiratorias Diabetes mellitus Otros Total

No de casos 4 4 10 13 1 7 37

(en dos casos se presentaron dos afecciones en la misma la misma persona)


2. Documental privada consistente en las copias de la Tesis que para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Universidad de Guadalajara, sustentó Juan Gallardo Valdez, titulada: “Estudio Ambiental del Ácido Sulfhídrico como contaminante del aire en las comunidades de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, 2004-2005”. Para efectos del estudio, se seleccionó un radio de 1.5 kilómetros alrededor de la cascada de El Salto de Juanacatlán, particularmente en sitios públicos tales como: parques, deportivos y escuelas (jardín de niños, primarias y secundarias). Del muestreo realizado se encontró que en la mayor parte de los puntos el promedio fue de 2 ppm152, aproximadamente el 10 % de los registros oscilaron entre 4 y 6 ppm; sólo en una ocasión se detectaron 7 ppm, en la toma del puente de la cascada. Los efectos fisiológicos más significativos de la exposición prolongada al ácido sulfhídrico son:  Lesión grave ocular  Parálisis olfativa  Peligro inmediato para la vida y salud (IPVS)  Edema pulmonar  Colapso inmediato y parálisis respiratoria El estudio contiene asimismo, 166 entrevistas a niños de las localidades del Salto y Juanacatlán, en 100 viviendas cuyo resultado se advierte a continuación: en promedio el 50 % manifestó tener enfermedades (73 % diagnosticadas por un doctor); los padecimientos mayores fueron enfermedades de tipo respiratorio, 49.2%, con gripa, 44.6 % dolor de garganta, y el 4.6 % enfermedades de la piel, como salpullido. Al mismo tiempo se reportaron padecimientos crónicos; el 83 % dijo tener fuertes dolores de cabeza y un 7.69 % náuseas. En sus conclusiones el académico refiere: 1.

En el aire, la presencia de ácido sulfhídrico representa un riesgo por su reactividad al transformarse, favoreciendo la lluvia ácida. 2. Más de un tercio de la población de estos municipios manifiesDerechos ta el padecimiento de problemas respiratorios. Económicos, Sociales, 3. La generación y emisión a la atmósfera del ácido sulfhídrico, Culturales y Ambientales puede ser considerado como una fuente fija, lo que en México responsabiliza a la autoridad federal de su control.

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3. Documental privada consistente en la propuesta de decreto formulada por la Doctora Raquel Gutiérrez Nájera del Instituto de Derecho Ambiental AC en la que se declara: Por causa de utilidad pública e interés social, zona de acción extraordinaria en materia de salubridad general, reglamentada y de restauración ambiental la región territorial correspondiente al municipio de Juanacatlán, del estado de Jalisco y que se encuentra en la Región Hidrológica XII formada por los ríos Lerma-Chapala-Santiago, con el objeto de recuperar la salud ambiental e hidrológica de los habitantes del municipio de Juanacatlán, Jalisco de tal manera que se garantice el derecho de la población a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 4. Prueba técnica consistente en la videograbación realizada por TV Azteca, respecto de la situación de salud en El Salto.

III. Justificación (motivación y fundamentación) a) Derecho a un Medio Ambiente Sano

Motivación Se concibe al derecho a un medio ambiente sano como “una potestad que tenemos todos para exigir un cambio en las formas de tenencia, propiedad, aprovechamiento, destino, producción y desperdicio de los recursos naturales”153 Partiendo de la base que las afectaciones a cualquier tipo de fuente de agua154 o manto acuífero es una afectación al medio ambiente sano, entonces podremos determinar la existencia de violaciones a este derecho humano, además de las consecuentes afectaciones a la existencia de flora y fauna en su interior. Se viola este derecho, cuando se omite realizar aquellas conductas que impidan la incidencia negativa o que fomenten la incidencia positiva, de los componentes físicos, químicos, biológicos y sociales en los seres vivos, en las Informe actividades humanas y el medio ambiente, impidiendo el disfrute a Alternativo de la una vida digna y a la salud; asimismo, al no crear y mantener la infra111 Sociedad Civil estructura de servicios ambientales, o no prestarlos de manera efi1997 2006 ciente y oportuna.


En atención a ello, se comprobó la violación al derecho humano, que se refiere a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues las condiciones de la calidad del agua del río Santiago, a la altura de las poblaciones de Juanacatlán y El Salto, rebasan los límites permisibles según la NOM 001 ECOL 1996, que establece los límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, a que hace referencia la evidencia dos de este derecho, y las autoridades encargadas de acatarla poco o nada hacen al respecto. Estos problemas requieren una solución pronta y definitiva antes de que su dimensión sea incontrolable para toda la sociedad, en especial para dichas autoridades.

Descargas de agua residual municipal La Zona Conurbada de Guadalajara (ZCG) es, con mucho, la más importante fuente de contaminación de tipo municipal en la zona de estudio. Los emisores por los que se vierten sus aguas residuales al río Santiago, a través del arroyo del Ahogado, hacia la presa del mismo nombre son: 1. Emisor Garabatos 2. Cárcamo Las Juntas Según los resultados del informe del estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los Ríos Santiago y Verde, realizado por AYMA Ingeniería y Consultoría a solicitud de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) de Jalisco (evidencia uno), se observó que las descargas de agua residual al Ahogado, se encuentran por arriba del límite permitido por la NOM-001-ECOL-1996 (evidencia dos). Mientras que la referida norma permite para ríos de uso público urbano tipo B155 (en este caso el Santiago) un promedio mensual y diario respectivamente de 75 y 150 miligramos por litro de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la muestra de descargas de agua que deriva de la Zona Metropolitana de Guadalajara es de 331 mg/l. Lo mismo podemos decir del parámetro de los Sólidos Suspendidos Totales (SST), como se muestra en la siguiente tabla:

Parámetro

Descarga de la ZCG

Prom.mensual

Prom. diario

DBO SST

331 mg/L 404 mg/L

75 75

150 125

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Por “demanda bioquímica de oxígeno” (DBO), entendemos el requerimiento de oxígeno necesario para la vida acuática. En los procesos naturales de purificación de ríos y corrientes, la materia orgánica se oxida debido a la acción de micro organismos utilizando el oxígeno disuelto en agua, por lo que cuando hay una alta carga de DBO, el agua se encuentra contaminada con materia orgánica, disminuyendo el oxígeno necesario para la vida acuática normal. En cambio, con “sólidos suspendidos totales” (SST), nos referimos a aquella materia sólida que al quedar suspendida en el agua, provoca la disminución de la eficiencia del proceso natural de purificación, llegando a contribuir en el fenómeno de la eutrofización o pérdida del oxígeno.

Descargas no domésticas (industrial) En el estudio a que se refiere la evidencia uno, se realizó un muestreo de la calidad del agua de las descargas no domésticas de industrias de la región, caracterizadas por cuatro grandes empresas. Cómo se advierte en el primer capítulo de este estudio, (antecedentes y hechos página 6), de los resultados se observó que ninguna de las descargas, satisface los límites máximos permitidos según la NOM-001 ECOL 1996 (evidencia dos). Estas descargas refiere el propio informe, contienen elementos contaminantes de difícil remoción y asimilación en los sistemas de tratamiento biológico y en los ecosistemas acuáticos que causan una afectación total al medio ambiente, razón de más para probar la violación a éste derecho. En relación a la evidencia cuatro, consistente en los resultados de los estudios realizados por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, AC. (Ciatej) el 18 de junio de 2004, a los lodos ubicados en la laguna negra del crucero el Verde-Castillo el Salto, se advierte que si bien es cierto que no existe en México norma oficial que regule los límites máximos permitidos de contaminantes en sedimentos (lodos), podemos afirmar por simple lógica, que las concentraciones de algunos contaminantes son mayores que en el agua, por lo que los resultados de referencia en cuanto a la presencia de Arsénico, Cadmio, Cromo, Cobre, Plomo, Informe Mercurio, Níquel, Zinc y Coliformes Fecales, en el lodo, son alarmantes. Alternativo

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de la Sociedad Civil 1997 2006

Asimismo, se hace evidente la violación al derecho a un medio ambiente sano, en los resultados de los estudios a que se hace referencia


en la evidencia cinco, en los que se concluye que según el ICA (índice de calidad de agua), índice en el que se otorgan categorías a los diferentes valores que aparecen, según el grado de contaminación: de 50 a 40: contaminado fuerte, dudoso para consumo; de 40 a 20: contaminado en exceso, inaceptable para consumo humano. El índice de calidad del agua (ICA) es un valor de escalas de 0 a 100 para determinar si un cuerpo de agua es apto o no para determinado uso: abastecimiento público, recreación, pesca, industria y agricultura. La Comisión Nacional del Agua (CNA) establece que los cuerpos de agua que se utilicen como fuentes de suministro de agua cruda para potabilización deben tener un valor mayor de 50 puntos. El ICA se obtiene de los índices de calidad individual de 18 parámetros de importancia sanitaria (oxigeno disuelto, coliformes, grasas y aceites, demanda bioquímica de oxigeno, detergentes, sustancias activas al azul de metileno, etc.). Un exceso en el rubro de Grasas y Aceites, disminuye la capacidad de vida acuática, ya que estos elementos, son causantes de la poca disolución de oxígeno en el agua, siendo éste indispensable en el proceso biológico de purificación natural de las aguas residuales. Estos datos demuestran que en los diversos puntos de las tomas que se realizaron en el Canal del Ahogado los niveles de contaminación del agua son alarmantes. En cuanto a el acta de investigación 23/03/III, de la CEDHJ, (evidencia tres), se advierte de su contenido, que las diversas autoridades requeridas se “lavan las manos” y no responden respecto del fondo del problema o lo hacen parcialmente, refiriendo la no competencia de su dependencia para aportar a la solución del mismo. La CEDHJ, en lugar de dar seguimiento al hecho originario de la posible afectación a la salud derivada de la contaminación del río, se desvía poniendo su atención en el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de ambas poblaciones, sin que éstas constituyan parte del problema. b) FFundamentación undamentación jurídica del derecho al medio ambiente sano Según se advierte de lo anterior, se violan los siguientes instrumentos jurídicos:

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Derecho Interno Constitucional La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en sus artículos 4 y 133 respectivamente que: “[…] Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. […]”. “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. Derecho Internacional de los Derechos Humanos a) Declarativos La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano adoptada el 16 de junio de 1972, proclama: 1. […] Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma. 2. La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos. 3. […] A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del hombre, en el medio ambiente por él creado, especialmente en aquél en el que vive y trabaja. 4. […] En los países industrializados, los problemas ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo tecnológico. 6. […] Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos Informe e irreparables al medio ambiente terráqueo del que dependen Alternativo de la nuestra vida y nuestro bienestar. […] Para llegar a la plenitud de su 115 Sociedad Civil libertad dentro de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conoci1997 2006 mientos para forjar, en armonía con ella, un medio ambiente mejor.


7.

La defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas. Para llegar a esta meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la labor común. […] Corresponderá a las administraciones locales y nacionales, dentro de sus jurisdicciones, la mayor parte de la carga en cuanto al establecimiento de normas y la aplicación de medidas en gran escala sobre el medio ambiente.[…].

Principios: Expresa la convicción común de que: Principio 1 El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras […]. Principio 6 Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones tales que el medio ambiente no puede neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada en junio de 1992, proclama que: Principio 10 […] En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones […]. Derechos Principio 13 Económicos, Sociales, Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la 116 Culturales y Ambientales responsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la conen México taminación y otros daños ambientales. […]


Principio 15 Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Principio 16 Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. La Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, establece en su artículo 25. a) “La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los planos nacional e internacional para la protección y mejora del medio humano”; b) La utilización y explotación, de conformidad con regímenes internacionales apropiados, de los recursos existentes en regiones del medio ambiente […] con el objeto de complementar, en todo el país, sea cual fuere su situación geográfica, los recursos naturales disponibles para la consecución del progreso y desarrollo en lo económico y lo social, prestándose especial consideración a los intereses y necesidades de los países en desarrollo. b) Convencionales El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del 16 de diciembre de 1966, en vigor en México desde el 23 de junio de 1981, refiere en su artículo 12.1. “Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.” “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: [...] b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo Informe y del medio ambiente”. Alternativo

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Asimismo, la observación general número 15 sobre el derecho al agua, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, creado por


el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1985 con el objeto de interpretar el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), refiere sobre derecho al agua: la higiene ambiental, como aspecto del derecho a la salud amparado por el apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto, entraña la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias nocivas y microbios patógenos. Análogamente, los Estados Parte deben supervisar y combatir situaciones en las que los ecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para vectores de enfermedades que puedan plantear un riesgo para el entorno humano. En los principios de Limburgo, relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junio de 1986, cuyo propósito fue el considerar la naturaleza y el alcance de las obligaciones de los Estados Parte del Pacto, se advierte: 10. “Los Estados Partes del convenio son responsables ante la comunidad internacional y ante sus propios pueblos por el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del Pacto”. 17. “Los Estados Parte deberán hacer uso, a nivel nacional, de todos los medios apropiados […] con el fin de cumplir con las obligaciones por ellos aceptadas bajo el Pacto”. 21. “La obligación de alcanzar el logro progresivo de la completa aplicación de los derechos exigen que los Estados Parte actúen tan rápidamente como les sea posible en esa dirección…” 70. “El fracaso de un Estado Parte del Pacto de cumplir con una obligación del Convenio será considerado como una violación al Pacto en Derecho Internacional”. Dada la inminente situación de urgencia ambiental y de salud pública que prevalece en la zona de estudio, se advierte que el estado mexicano, en sus respectivos ámbitos de competencia, no ha implementado aun todos los medios apropiados para cumplir con las obligaciones derivadas del PIDESC y otros instrumentos jurídicos, en materia medioambiental y de salud, lo que según el principio 70 de los Principios de Limburgo, implica una violación al Pacto mismo.

Sistema Interamericano a) Declarativos En la Declaración en México sobre la Preservación del Medio Ambien-

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te en América Latina y El Caribe, fruto de la Primera Conferencia Interparlamentaria sobre el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de México, del 23 al 25 de marzo de 1983, se apunta: “[...] III. La encrucijada actual reclama solidaridad activa y participativa de la comunidad internacional y, en consecuencia, es preciso destinar fondos para hacer posible el desarrollo y la protección del medio ambiente en forma paralela”. La conclusión final de la conferencia refiere: Promoveremos que nuestros gobiernos desarrollen un sistema de planeación democrática relativo al medio ambiente y adopten medidas de evaluación del impacto ambiental de las obras de infraestructura para proteger los mantos acuíferos, cuidar las zonas de captación de las presas, preservar los bosques y conservar el suelo, como condiciones para que se den normalmente procesos hidrológicos locales y regionales y como la mejor forma de asegurar el desarrollo de estos recursos naturales. Para ello, deseamos señalar la conveniencia de ordenar los asentamientos urbanos, los establecimientos industriales y las explotaciones agropecuarias. Nos proponemos regular las descargas industriales y domésticas no controladas sobre el medio biótico y abiótico; establecer reservas en sitios de recarga de los acuíferos, e incorporar sistemas de tratamiento y reutilización del agua, que en los últimos años ha sido uno de los recursos más vulnerados. b) Convencionales En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 17 de noviembre de 1988, se establece: artículo 11: “1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

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Derecho Interno Federal y Local Este derecho se encuentra tutelado, a su vez, en el ámbito nacional, en el artículo 1 y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA) y en el estatal, en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 4o; y en el artículo 9o, fracción X, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que reza:


“Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, así como el deber de protegerlo y conservarlo. Las autoridades, en los términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para preservar ese derecho». En materia de medidas de seguridad, la LEGEEPA refiere en su artículo 170: Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: I.

II.

III.

La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especimenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo; El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especimenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

Derecho a la Salud a) Motivación Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades” (preámbulo de la Constitución de la OMS).

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La conjunción de evidencias, por un lado, los datos de la Secretaría de Salud Jalisco en cuanto a las causas de mortandad en Juanacatlán y El Salto en 2002 (antecedentes y hechos, p. 12); el listado de enfermedades según el Sistema Nacional de Salud en el 2003 presentadas en ambos municipios (antecedentes y hechos, p. 13); las causas de defunción en el 2005 en Juanacatlán (evidencia uno) y la tesis de maestría de Juan Gallardo (evidencia dos), muestran la relación existente entre la contaminación comprobada en la zona de estudio y las principales causas de muerte y enfermedades. En relación con el ácido sulfhídrico (H2S) en el aire, aún cuando existen normas para ciertos gases presentes en el ambiente, no lo hay para ciertos olores como el que produce el ácido sulfhídrico. En el mismo sentido la legislación ambiental en nuestro país adolece de parámetros para determinar los valores máximos permitidos de concentración para este contaminante en particular en espacios abiertos. En México, la ley y la normatividad en materia de olores es ambigua respecto de aquellos que son perjudiciales a la salud. Éste es el caso del ácido sulfhídrico que puede ser tóxico en concentraciones elevadas y dañino en periodos de larga exposición. De hecho el H2S en estado gaseoso se cataloga en el primer listado de actividades altamente riesgosas, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUE) en 1990 y 1992.156 Como se advierte en la evidencia dos, el ácido sulfhídrico derivado de la caída del agua del río Santiago afecta de manera directa a varias escuelas ubicadas en las cercanías de la cascada. Los niveles del ácido son mayores a los que cualquier persona podría estar expuesta sin tener una repercusión en su salud. De acuerdo al parámetro de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency-EPA)157 de Estados Unidos de Norteamérica, los límites de concentración máxima promedio en 8 horas sin efecto adverso son de 2 pm. En la evidencia 2 se muestra que en la Cascada se detectaron 7 pm., y entre 6 y 2 pm. en el resto de la zona de estudio. La toxicidad del H2S es similar a la del cianuro, pues bloquea la capacidad de carga del oxigeno en la sangre, inhibe el centro respiratorio en el cerebro y bloquea el metabolismo aerobio de las células.158 El H2S en concentracioInforme nes mayores puede provocar paros respiratorios y hasta la muerte en Alternativo de la casos de exposiciones a altos niveles. Además las personas con pro121 Sociedad Civil blemas cardiacos o del sistema nervioso son más susceptibles a los 1997 2006 efectos de dicho ácido159.


Finalmente se advierte una relación entre las afecciones que resultan de la exposición prolongada al H2S (evidencia 2) con las causas de defunción en Juanacatlán en 2005 (evidencia uno), ya que en esta se advierte que de 37 personas, 10 muestran como causa el cáncer, lo que representa el 27 %; mientras que las afecciones varias respiratorias (bronquitis, bronconeumonía, asma, fibrosis quística, virus sincicial, gripe, infecciones respiratorias y neumonía) representaron el 35 %. b) FFundamentación undamentación jurídica del derecho a la salud

Derecho Interno Constitucional La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su artículo 4. “[…] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución. […]”. Derecho Internacional de los Derechos Humanos a) Declarativos La Declaración Universal de los Derechos Humanos; aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948., refiere en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...”. b) Convencionales El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) del 16 de diciembre de 1966, en vigor en México desde el 23 de junio de 1981, refiere en su artículos 2 y 12 respectivamente: “Los Estados deben adoptar medidas, mediante la asistencia […] hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, […] la plena efectividad de los DESC.” 12. “Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y Derechos mental.” Económicos, “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las

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necesarias para: a) la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños [...] c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, la lucha contra ellas.[…]” En este sentido, la observación general número 14 sobre el derecho a la salud, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, creado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1985 con el objeto de interpretar el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), refiere en su párrafo 1: “El derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente“.

Sistema Interamericano a) Declarativos En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptada en México el 2 de mayo de 1948, se establece en su artículo Xl: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales ...“; b) Convencionales En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 17 de noviembre de 1988, se establece en su artículo 10: 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Parte se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: […]

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d) La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. […] f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean mas vulnerables.


Derecho Interno Federal y Local La Ley General de Salud, manifiesta en su artículo 2º las siguientes finalidades del derecho a la protección de la salud: “I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; […] V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población…” En su artículo 3, se refiere: “En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: […] XV. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre”. Finalmente el artículo 27 expresa: “Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente y II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes […] ”. IV IV.. Conclusiones y Recomendaciones 









Existe una violación sistemática del derecho a un medio ambiente sano, provocada por la contaminación de las fuentes hídricas como el Río Santiago, que llevó a la afectación y en su caso desaparición de su flora y fauna. Aunado a que las descargas de aguas industriales se encuentran por encima de la norma, es importante señalar que los contaminantes de éstos vertidos se van acumulando con el tiempo en los sedimentos y que no existe para ello norma mexicana que los regule. Las autoridades en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) han omitido enfrentar la problemática con acciones contundentes, dirigidas y sistemáticas. En la praxis, existe desconocimiento y falta de claridad en las diferentes instancias de gobierno, respecto de las competenDerechos cias y responsabilidades que éstas tienen en materia ambienEconómicos, Sociales, tal, frente a la contaminación del río Santiago. Culturales 124 y Ambientales Existe en los municipios de Juanacatlán y El Salto un estado de en México Emergencia Sanitaria, derivado de los casos de cáncer y




enfermedades respiratorias graves (entre las más importantes) provocadas por el contacto directo con las fuentes hídricas; subterráneas y superficiales que pasan por la zona. Por ello, existe una sistemática violación al derecho humano a la salud, garantía considerada como primordial por los mecanismos universales más importantes del derecho internacional de los derechos humanos. Los niveles de concentración de ácido sulfhídrico en el aire de la zona de intersección entre los municipios mencionados, está fuera de parámetro para su inhalación humana; hace falta asimismo, una profunda investigación por parte de las autoridades sanitarias respecto de las consecuencias que produce dicho ácido en la salud humana, y la forma en que se pueden revertir los daños que produce.

Recomendaciones General. El Estado, en sus tres niveles de gobierno, deberá tomar medidas precautorias urgentes e inmediatas, tendientes a la restauración sanitaria y ambiental de los municipios de El Salto y Juanacatlán, debido a la comprobación de daño grave e irreversible a la salud y al medio ambiente.

Específicas 1. Saneamiento  



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Que se implemente un programa de saneamiento de todas las fuentes hídricas, en las poblaciones cercanas al río Santiago y a la cuenca del Ahogado. Que de manera coordinada: autoridades federales, estatales, municipales y empresas privadas, construyan las plantas de tratamiento necesarias para las descargas de las industrias que afectan a la región. Que las autoridades competentes del fuero federal y estatal, realicen de manera coordinada el completo saneamiento de las descargas de aguas residuales que llegan a la Cuenca del Ahogado, con el objeto de evitar que éstas desemboquen al río Santiago en ese estado.

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2. Monitoreo  Que se establezca un Programa Interinstitucional de Monitoreo Permanente de la calidad del agua y del aire en el Río




Santiago, que verifique que las descargas de agua, los lodos y las emanaciones de H2S, sobre todo en las inmediaciones de la cascada, existente entre las cabeceras municipales de El Salto y Juanacatlán, cumplan con la legislación ambiental, y en caso contrario, se implementen los programas de control requeridos según el caso. Que en dicho Programa Interinstitucional de Monitoreo permanente, se incluyan las descargas de los efluentes que aportan su caudal al cauce del río Santiago, sobre todo de las cuencas directas existentes en la región.

3. Atención al problema de salud  Que las autoridades competentes del fuero federal, estatal y municipal en materia de salud, establezcan las acciones urgentes necesarias para atender la emergencia sanitaria de El Salto y Juanacatlán.  Que las autoridades de salud que corresponda, realicen los estudios epidemiológicos necesarios para determinar si la exposición permanente de H2S en la zona tiene relación con las afecciones causantes de la emergencia sanitaria.  Que las autoridades de protección civil, establezcan un Programa tendiente a desalojar y evacuar a la población en casos de emergencia sanitaria derivada de la emanación de ácido sulfhídrico, poniendo especial atención en los niños.  Que el ejecutivo federal, declare por causa de utilidad pública e interés social: zona de acción extraordinaria en materia de salubridad general, reglamentada y de restauración ambiental la región territorial correspondiente al municipio de Juanacatlán, del estado de Jalisco, ubicada en la Región Hidrológica XII formada por los ríos Lerma-Chapala-Santiago, con el objeto de recuperar la salud ambiental e hidrológica de los habitantes de dicho municipio según se refiere en la evidencia tres del apartado del derecho a la salud del presente informe. 4. Establecimiento de parámetros ambientales  Que se cree la normatividad necesaria para establecer los parámetros que permitan verificar los límites máximos permisibles de contaminación en lodos y de concentración de ácido sulfhídrico Derechos generado de forma natural en espacios abiertos, que tenga Económicos, Sociales, repercusión en la salud de la población expuesta permanenteCulturales 126 y Ambientales mente al mismo. en México  Que las autoridades ambientales en los tres niveles de gobier-


no, así como los poderes legislativos respectivamente, actualicen los reglamentos, normas y leyes, en materia ambiental y de salud, de tal manera que permitan a cabalidad, la preservación de la vida, el ambiente y la salud. 5. De la responsabilidad.  Que las autoridades correspondientes en materia de responsabilidad penal y administrativa en sus respectivos ámbitos de competencia, finquen la responsabilidad a que haya lugar a las instituciones públicas o privadas, derivada de las acciones u omisiones en materia de salud y medio ambiente, que se han evidenciado en el presente informe, tomando en cuenta en cada caso, la reparación del daño producido en beneficio de toda la población y en particular de quien haya resultado afectado. Referencias a) Bibliográfícas Ambiente y Derechos Humanos. Eduardo Morales Sierra (coordinador). Centro “Fray Julián Garcés”. Derechos Humanos y Desarrollo Local. México, 2004. 1er Taller Popular “En defensa del agua”. Carpeta Informativa. Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, AC (CASIFOP). México, abril de 2005. Informe de Resultados de estudio de Aguas. Microanálisis de Occidente S.C. Junio de 2004. DFensor. Revista de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Número especial dedicado al Derecho a la Salud. México D.F. Marzo de 2005. Manual sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y DECA Equipo Pueblo. Septiembre de 2004. Manual de orientación jurídica para la defensa del medio ambiente. Luis Octavio Martínez Morales. The John D. And Catherine T. Mac Arthur Fundation. México, 2000. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Enrique Cáceres Nieto. Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 2005. Derechos en relación con el medio ambiente. Carmona Lara, María del Carmen. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001.. Introducción al estudio del derecho ambiental. Raquel Gutiérrez Nájera. Porrúa México, 1998.

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b) Telemáticas www.cedhj.org.mx. Recomendación pública 2/1999.


La situación de los derechos económicos, sociales y culturales en territorios específicos

Introducción En este apartado se refieren territorios donde se han violado varios derechos como: Derecho al salario digno, a la alimentación, a la asistencia médica, a la educación, a la protección ala infancia, a la protección a la maternidad, a la salud, ala seguridad social, ala vivienda, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado, al trabajo, al descanso y tiempo libre, al trabajo, al vestido, al progreso y desarrollo en lo social, a la igualdad, a la tierra, entre otros. Los territorios donde se documenta las violaciones a los DESC:  

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Sayula, Jalisco Chipas

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1. En el caso de Sayula la violación a los derechos antes mencionados se manifiesta principalmente por la invasión de empresas trasnacionales que avasallan a los trabajadores (30,000 jornaleros) ofreciendo condiciones dignas de empleo, diversas empresas empacadoras y agro exportadoras de hortalizas (tomate, pimiento, brócoli, cebolla, jalapeños, pepino).


Por otro lado se denuncia que han modificado notablemente el hábitat de la zona mermando el derecho a la salud en los habitantes de Sayula. Durante 2001 y 2002 comenzaron a presentarse diversos casos de infecciones respiratorias y algunos de enfermedades graves como leucemia, la causa de esto es la fumigación aérea, la instalación de cañones destructores de granizo. Este texto también da a conocer diversas violaciones del derecho al trabajo que implica salario, prestaciones, seguridad social, descanso, incluyendo en algunos casos el trabajo infantil y de mujeres, algunas de ellas embarazadas o en situación de posparto. La higiene y seguridad en el trabajo se ve afectada debido a la exposición de los trabajadores a los pesticidas. En cuanto al Derecho a la Vivienda se investigó que cuentan con “albergues”. Se dice que durante la temporada 1999 la empresa Chajoma albergó a cerca de 1100 trabajadores en dos albergues en pésimas condiciones. En el informe se señala las a las autoridades responsables funcionarios municipales y estatales así como las empresas implicadas .la comisión estatal de derechos humanos de jalisco realizó diversos señalamientos a las autoridades las cuales no han sido atendidos, ni por dichas empresas ni por las autoridades para que presionen en su cumplimiento. 2. En el caso de Chiapas se presenta un informe alternativo de la sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales y culturales en México en 2006 específicamente sobre el estado de Chiapas. Se refiere a diversos programas gubernamentales que se han basado en la asistencia y fomentan la dependencia. En cuanto a migración Chiapas desplazó al estado de Zacatecas como la entidad de origen con más migrantes indocumentados que cruzan la frontera norte, la ruptura del tejido social constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de los DESC en Chiapas. Desde la aparición del EZLN en 1994 el estado se ha militarizado afectando sustancialmente la forma de vida de la población si como su seguridad, han perdurado durante varios años estos efectos de la in-

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terferencia militar por medio del Programa de Labor Social del Ejército y la ocupación militar del Hospital de Guadalupe Tepeyac. Finalmente vamos a encontrar en este apartado la solicitud al comité DESC de la ONU que recomiende al gobierno mexicano: Que se asegure que los programas sociales fortalezcan la participación comunitaria, no sean utilizados con fines político- electorales, que eviten la dependencia, que respeten el derecho a decidir si se inscriben a dichos programas, a la consulta de las comunidades, que se investiguen los casos a las violaciones a los derechos humanos por la intolerancia política y religiosa y que continúe observando las regiones en conflicto.

4.1 Informe sobre Violaciones a los DESC en la Población de Sayula Jalisco160 IMDEC I Presentación Unos 30,000 jornaleros llegan cada año al estado de Jalisco, a municipios como Autlán, Casimiro Castillo, El Grullo, Cihuatlán o Sayula para trabajar en empresas tomateras, en los campos de caña de azúcar y en otras hortalizas161. En los 80, el municipio de Autlán era el principal productor de la hortaliza en el estado. Sin embargo, a finales de la década prácticamente desapareció la producción por problemas fitosanitarios y financieros, derivados de una deficiente planeación de la producción, hecha con una visión a corto plazo.

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Muchos de los empacadores que estaban en Autlán y que cayeron en bancarrota se trasladaron a Sayula con el fin de continuar con mejores expectativas. Empero no siempre han cambiado la forma de producir, y en algunos casos reproducen los errores cometidos anteriormente. El estado de cosas cambia sobre todo a partir del 92, con la llegada de


las agroempresas que llegan a comprar o rentar tierras. Sobre todo se mencionan cuatro: Bonanza 2001 (que en 1988 era “Empaques Carmelita”) es empresa exportadora; Santa Anita que inicia en 1992 y deja de trabajar temporalmente en 1999; Chajoma y Pony162. En la población de Sayula Jalisco, ubicada en el occidente de México, se establecieron diversas empresas empacadoras y agro exportadoras de hortalizas (tomate, pimiento, brócoli, cebolla, jalapeños, pepino) desde hace más de una década. La dinámica comercial, laboral y social que desencadenan a su alrededor ha modificado notablemente el hábitat de la zona. No solo ha generado ingresos por renta de tierras, sino que ha contribuido al establecimiento de una red de servicios secundarios, propiciado la migración de jornaleros, implementado los modelos de cultivo con semilla manipulada genéticamente (para obtener una mayor cosecha en menos cortes), la fumigación aérea, la instalación de cañones destructores de granizo. La utilización de métodos de cultivo de riego ha modificado el medio ambiente, influido en el cambio climático y la degradación del suelo de cultivo así como el agotamiento de los mantos freáticos. A continuación un desglose de los diversos impactos que en los derechos económicos y sociales y también civiles han sufrido tanto los jornaleros agrícolas de Sayula como los habitantes originarios del poblado. Ahora bien, si nos referimos a un solo municipio, es por el requerimiento mínimo de concretizar situaciones y personas que este informe requiere, pero ello no excluye la responsabilidad de visibilizar esta situación que se repite en cada uno de los estados del país que tienen clima, tierra fértil, mano de obra y condiciones político económicas favorables para el establecimiento de empresas agro exportadoras. La situación de los jornaleros migrantes agrícolas en México son un caso paradigmático de violaciones a los derechos humanos, tanto a los derechos civiles como a los económicos, sociales y culturales; asimismo los sistemas de cultivo que implementan las empresas atentan contra la salud y el medio ambiente de las zonas donde se instalan. Ubicación geográfica El municipio de Sayula se encuentra ubicado en la región sur del estado de Jalisco, tiene una extensión territorial de unos 2,500 Km., ana altura de 1,360 msnm. El 42% de subsuelo es plano y el 50 es semiplano. La precipitación de lluvias es de un promedio de 811 mm2 nuales y la temperatura es de alrededor de 21 grados. El suelo es salitroso. Su

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superficie de labor es de alrededor de 10,612 hectáreas, 3,156 de riego y 7,456 de temporal. Este entorno geográfico y climático es el ideal para la producción de hortalizas. La población, según el censo del 2000, es de 30, 995 habitantes, de los que se considera como población ocupada un 42% en servicios, 31% en el sector industrial y un 26% en el agropecuario163. (En el siguiente mapa la figura de color negro ubica el municipio de Sayula y en el recuradro también)

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II. Acciones violatorias de derechos Derecho a la salud en los habitantes de Sayula Durante 2001 y 2002 comenzaron a presentarse diversos casos de infecciones respiratorias y algunos de enfermedades graves como leucemia. El Dr. Leonardo Lamas Silas, profesionista de la salud (habitante de Sayula, ex regidor, ex vicepresidente municipal y luchador social activo) se ha dedicado a investigar a fondo esto y ha constatado que los médicos de base, responsables de la clínica municipal perteneciente a la Secretaria de Salud Jalisco, no han levantado registro de los casos porque no quieren perder tiempo en el papeleo que esto implica, así que diagnostican simples gripes o afecciones respiratorias y cuando la gente empeora se traslada a Guadalajara, y es donde registran las consecuencias graves. Los resultados clínicos de algunos de los pacientes contactados le indican al Dr. Lamas que la afección es provocada por el contacto constante de plaguicidas o insecticidas y esto lo corrobora al detectar la cercanía de plantíos de tomate colindando con la zona habitacional, o a una distancia muy cercana con la vivienda del paciente. Otras afectaciones se han dado cuando se emplean fumigaciones con avioneta, esto no solo afecta a los colindantes del plantío sino a toda la población. Casos concretos que tiene el Dr. Lamas debidamente documentados son:  El día 15 de marzo del 2002 murió la niña OLIMPIA ANGUIANO con el diagnóstico de leucemia aguda. Ella vivió en la colonia del ISSSTE ubicada muy cercana a los campos de cultivo intensivo de hortalizas. Los especialistas que la atendieron en Guadalajara dijeron a sus papás que su enfermedad con mucha posibilidad estaba relacionada con el contacto frecuente de pesticidas  El día 5 de diciembre del 2001 murió la Sra. ROSA ADRIANA CAJITA también con el diagnóstico de leucemia aguda. Ella trabajaba para una empresa que realiza cultivos intensivos de hortalizas (BONANZA 2001 SA CV). Los especialistas del Centro Médico de Occidente, clínica de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se estuvo atendiendo, dijeron a sus familiares que con mucha posibilidad su enfermedad estaba Derechos relacionada con el contacto con pesticidas. Económicos, Sociales,  El día 15 de agosto del 2001 falleció con el diagnóstico de Culturales 134 y Ambientales leucemia aguda el maestro ROBERTO PARRA SÁNCHEZ que en México vivía en la calle Bernabé Bobadilla 24, domicilio muy cercano a




los campos de cultivo intensivo de hortalizas. En el hospital Valentín Gómez Farías de Zapopan donde se estuvo atendiendo los especialistas en la materia dijeron a sus familiares que la enfermedad de su hijo pudo haber estado en relación con el contacto frecuente de pesticidas aplicados en los campos de cultivo cercano a su hogar. Diversos han sido los escritos que los directores de las escuelas secundarias y técnicas avecindadas en el lugar han enviado a la Dirección Municipal de Protección al Medio Ambiente, al regidor de Ecología y a la Presidencia de Sayula para solicitar su intervención para investigar el uso de agroquímicos en cultivos cercanos a los centros educativos.

Derecho al trabajo que implica salario, prestaciones, seguridad social, descanso, la cadena de violaciones se da como sigue: Contratación y Prestaciones Con fecha 11 de agosto del año 2001, en Santa María Tonatlapa de Comonfort Guerrero, el Ing. Luis Fernando Cárdenas Chávez, contrató a 37 trabajadores para la empresa Big Produce (que se dedica a cultivo y producción de jitomate). El Ing Cárdenas se comprometió a darles trabajo por cuatro meses; proporcionarles lugar para vivir o en su defecto pagar la renta del lugar donde vivirían; pagar el viaje redondo de Jalisco a Guerrero; el pago de tres comidas durante los 3 días de camino; les asignó un horario de labores de 7:00 a 16:00 hrs. De lunes a sábado. Al llegar recibieron como salario $ 77 pesos diarios, no fueron dados de alta en el Seguro Social, y los que tuvieron necesidad de consulta médica cubrieron ellos ese gasto, sin que el encargado de la fuente de trabajo les hubiese reembolsado el mismo. Trabajaron los domingos 2, 9 16, 23 y 30 de septiembre y los días 4, 11, y 18 de noviembre domingos todos del año 2001 sin que les fueran cubiertos como lo estipula la ley federal del trabajo, a razón de tres veces el salario diario por día festivo o de descanso laborado, Asimismo la empresa no cubrió el pago de la renta de vivienda. En lo que respecta a la parte proporcional de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo antigüedad, la empresa se negó en todo tiempo a cubrirlas alegando que el trabajo es temporal y que no tieInforme nen derecho a estas prestaciones. El día 18 de noviembre de 2001, Alternativo de la para concluir la relación laboral la empresa en voz del Ing. Luis Fer135 Sociedad Civil nando Cárdenas Chávez, se limitó a informar a los trabajadores, que 1997 2006 se terminó la cosecha y que no se les iba a pagar el viaje de regreso y


la comida del mismo, amenazándolos de que si acudían ante cualquier autoridad no los recontratarían en Sinaloa para la otra cosecha. Así como la anterior situación se desarrollan cada año otras más. Todo inicia en Tlapa Guerrero, a través de la radio comunitaria “La voz de la montaña” se anuncia que hay trabajo. Quien se anima toma en ese lugar el transporte. Son muchos los menores que migran, un 30% de los habitantes de los albergues son menores de 9 años, un 15% están entre 10 y 15 y un 10% entre 16 y 19 años. (Periódico Público 06/9/99) Debo hacer mención que cuando hablo de jornaleros migrantes estoy incluyendo MUJERES y MENORES de edad, algunas de ellas embarazadas o en situación de posparto. Cuando los enganchadores contratan a los jornaleros, se comprometen a proporcionar casa habitación, apoyo para despensa, mínimo salario base, transporte desde su lugar de origen hasta el lugar de trabajo (viaje redondo). Sin embargo en la mayoría de los casos las condiciones cambian al llegar, los lugares son galerones, ex-gallineros, bodegas, o simples casas de láminas de asbesto. No existe agua potable entubada ni letrinas, sino que son comunes. Y muchas veces son cuartos pequeños, algunos de dimensiones que van desde los 3 x 3 metros, compartidos entre familias de 6 o más integrantes. Salario Por jornada, de entre 10 y 12 horas, según la empresa, la plantación y la destreza reciben entre $45.00 y 100.00 aunque la mayoría no superan los $60.00, es decir unos $240.00 semanales (Periódico Mural 1/9/99). El salario mínimo impuesto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos señala para la zona B, a la que pertenece esta región, un mínimo de $43.73 pesos diarios por jornada de 8 horas más prestaciones. Se han interpuesto denuncias ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pero prevalece la tibieza de las autoridades y el incumplimiento de los empresarios a las multas impuestas. Se ha documentado ampliamente la existencia de mano de obra infantil, tanto por parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)164 así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ)165. Jornada “Algunos investigadores que han estudiado los mercados de trabajo en este modelo de agricultura de exportación afirman que, desde 1984, se realiza una reestructuración productiva en las empresas hortícolas,

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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que iba en función de bajar costos y según Hubert de Grammont166 esto se logró a partir de dos hechos fundamentalmente: el uso de semillas manipuladas genéticamente para obtener una maduración del fruto más homogénea, que permite cosechar más toneladas en menos cortes e incrementa el ritmo de trabajo de los cosechadores. Eso produjo que de 1984 a 1994 se obtuviera por jornada de trabajo de 85.6 a 131.2 kilos, es decir, un incremento en la productividad del 65%. Y en el mismo tiempo el costo del salario, frente a los costos totales de producción, pasaron del 27 al 16%. Según las teorías de flexibilización del trabajo, se arguye que entre mayor productividad es mayor el salario, sin embargo en este caso la relación parece inversa. Para de Grammont la causa de este efecto es el llamado salario de oportunidad, es decir, los jornaleros indígenas migrantes no miden su remuneración en función de su trabajo, sino en comparación con el ingreso que tendrían en sus lugares de origen, que sin duda sería menor y que sigue siendo una eficaz estrategia de contención salarial. Esta excesiva precarización del empleo es una fuerte estrategia de reducción de costos y por lo tanto, de penetración en el mercado”.167 Higiene y seguridad en el trabajo En este rubro es preocupante la exposición al impacto de los plaguicidas en el campo de cultivo, no sólo de los adultos, jóvenes y niños jornaleros, sino también de los niños lactantes que traen las madres colgados a sus espaldas que acuestan en el surco durante la jornada de trabajo. La mayoría trabajan sin equipo de protección porque no se respetan los tiempos de entrada señalados para después de la aplicación de cada una de estas sustancias. Aunado a lo anterior constatamos la cercanía de los albergues con los campos de cultivo, por lo que el tiempo de exposición de los trabajadores a los pesticidas es más largo por la dirección de los vientos que las arrastran hacia las viviendas. Derecho a la Vivienda Las empresas Bonanza 2001 y Chajoma cuentan con “albergues”. Durante la temporada 1999 la empresa Chajoma albergó a cerca de 1100 trabajadores en dos albergues en pésimas condiciones. Inicialmente con sólo 8 letrinas instaladas y sin agua potable, durmiendo en el suelo con abundancia de insectos peligrosos (pulgas, diferentes ácaros, alacranes ratas y cucarachas), sin espacios para Informe aseo personal, en hacinamiento y promiscuidad, y sin suficiente comAlternativo de la bustible para la preparación de los alimentos. Gracias a la presión 137 Sociedad Civil ciudadana, junto con autoridades locales, uno de los albergues fue 1997 2006 mejorado. El resto resulta deplorable: casas de cartón, suelo de tierra,


falta de servicios, hacinamiento.

Derecho a un medio ambiente sano 





Con fecha 17 de enero de 1998 un periódico de Sayula “Horizontes”, informa a la población de la quema de llantas que esa semana han estado haciendo las empresas jitomateras para conservar el calor y evitar que la helada afecte el cultivo de sus hortalizas. La consecuencia directa es sobre la población Sayulense al aspirar las toxinas. La empresa AEROFUMIGACIONES DEL VALLE fue autorizada por las autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca para realizar fumigación aérea durante el ciclo agrícola del 13 de julio de 1999 al 13 de septiembre de 1999, en el aeródromo de uso agrícola denominado Usmajac en el municipio de Sayula. El 02 de mayo de 2002 se reporta un incendio de material de desechos plásticos de tipo cintillas, en terrenos del Rancho La Estación, propiedad del Sr. Carlos Fernández Vázquez, produciendo una gran cantidad de tóxinas y contaminantes los que por efectos de los vientos en sentido sur a norte contaminaban las instalaciones y zona habitacional del 9 batallón de Infantería destacado en la zona. El predio en donde se registró el incendio no contaba con las mínimas medidas para el almacenaje de este tipo de desechos, lo que provocó que se afectara además del material, parte de pastizal y debido a la radiación las ramas de árboles al interior de las instalaciones del batallón.

Estos son sólo una muestra de los constantes hechos que se repiten cada año en Sayula Jalisco, todos ligados de una u otra manera con la falta de aplicación y vigilancia de las autoridades estatales y federales sobre las empresas agroexpor-tadoras que tienen su inversión en la zona. Sin incluir en este señalamiento a las autoridades municipales debido a que en diversas ocasiones han mostrado su preocupación y respondido con acciones concretas para preservar la vigencia de los DESC Derechos en el valle de Sayula; sin embargo se han visto rebasadas en su intenEconómicos, Sociales, to de aplicar las amonestaciones a las empresas por el poder, la gran Culturales 138 y Ambientales capacidad económica y de gestión política que éstas tienen ante las en México autoridades estatales y federales.


III. Derechos violados Derechos Humanos Protegidos Derecho a igual salario por trabajo igual Derecho a la alimentación Derecho a la asistencia médica Derecho a la educación Derecho a la protección de la infancia Derechos a la protección de la maternidad Derecho a la salud Derecho a la seguridad social Derecho a la vivienda Derecho a un medio ambiente sano Derecho a un nivel de vida adecuado Derecho al descanso y al tiempo libre Derecho al trabajo Derecho de libre sindicalización y asociación Derecho a huelga Derecho al vestido Derecho al progreso/ desarrollo en lo social Derecho a la igualdad

Instrumento Internacional ratificado por el Estado Méxicano DUDH

DADDH CADH

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14

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11

11

25

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7

25

7

10

11 b)

25 22,25

11 16

12 9

10 d)

25

11

11

10 f)

7,19

PIDCP PIDESC

24

DPDS

DEMAH DUEHM

10 b)

1,4

10 e)

10

1 25

11

11

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15

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14

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10 c)

6 8

10 a9

8 25

7

11

11 1,2 8 2,12 B) 1

Siglas en la siguiente página


DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos DADDH: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos PIDCP: Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos PIDESC: pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales DPDS: Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social DEMAH: Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano DUEHM: Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición

IV. Autoridad responsable Delegado Estatal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación Subdelegado Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social Comisión Estatal de Ecología Director General de Trabajo y Previsión Social del Estado Secretario de Salud Jalisco Secretario de Desarrollo Rural Jalisco Secretario de Educación Jalisco Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable Jalisco Secretario General de Gobierno Gobernador del estado de Jalisco Presidente Municipal de Sayula, Junta de Cabildo Municipal de Sayuia Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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V. Empresas implicadas

Desde 1994 hasta la fechas 2004. Las siguientes empresas se han establecido en las inmediaciones de Sayula para la producción yo empaque de tomate. EMPRESA

REPRESENT ANTE REPRESENTANTE

Empaque Bonanza 2001SA CV Sr. Arturo Javier Jiménez Cárdenas Empaque Santa Anita Sr. Alejandro Peñuelas Cota Empresa Ojo de Agua Sr. Carlos González González Empaque San Francisco Sr. David Ramírez Alvarado Frigorizados La Huerta Sr. Guillermo de la Cruz Nieves Empaque Camichin II Ing. Alfonso Aréchiga Guzmán Empresa Chajoma Ing. Everardo Cazares Medina Productora Agrícola San José (La Costeña) Mirna Y. Reyes G. Big Produce Antolín Domínguez López Berenjena Empresa Pony Empresa TUSA Rancho La Estación Jalapeños, Pepino Empaque Rancho El Coco Agrícola Cueto Produce SA CV Cebolla, Maíz y otros La Urraquita SA CV Empaque Rancho Alegre Grupo Exportador de Occidente SA CV Dessert Glory

CUL TIVOS CULTIVOS Tomates y pimientos

Chile Jalapeño Tomates, Pimientos

Brócoli Pimientos,

Pimientos, Brócoli, Tomates y pimientos Tomates

Antecedentes Desde 1994 se han establecido en el municipio de Sayula y poblados circunvecinos varias empresas dedicadas al cultivo de hortalizas que, en su política de reducción de costos se ven beneficiadas con la aplicación del salario Informe de oportunidad Contratando jornaleros migrantes (en su mayoría indíAlternativo de la genas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En la temporada baja (mayo141 Sociedad Civil agosto), aproximadamente unos 6,000 y en la temporada alta (sep1997 2006 tiembre-diciembre) aproximadamente unos 10,000.


El tiempo que pasan trabajando para las empresas que los contratan viven en condiciones poco propicias para un ser humano. Contratación (enganchadores). La mayoría de las empresas recurre a la contratación por medio de "enganchadores" con el fin de organizar los procesos de migración desde los lugares de origen. Así también para asegurar la contratación de determinados perfiles de jornaleros que pueden serles más útiles al trabajo. Los jornaleros son contratados en las comunidades. La desesperante situación económica en que viven las familias migrantes en sus lugares de origen, facilita la labor de enganchadores poco confiables, ya que a la mayoría de los jornaleros no les interesa constar si las promesas son sinceras: correr el riesgo representa una posibilidad de mejora quedarse significa la seguridad de pasarla mal.168 En 1994 Teresa a de Jesús Michel, presidenta del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos en Sayula, presenta la queja 1774/94 ante la CEDHJ recibida el 10 de octubre de 1994, de la cual se derivo la investigación CEDH/94/1774; en contra de las autoridades que resultaran involucradas en violaciones de los derechos de los indígenas, jornaleros y demás población establecida en Sayula Jalisco relacionados con la igualdad y trato digno, la protección de la salud, vivienda digna y decorosa, trabajo digno y socialmente útil, derecho a un medio ambiente sano, a la educación, alimentación y servicios públicos. Sin embargo no fueron suficientes ninguno de los acuerdos y actuaciones de las autoridades tanto municipales como algunas estatales. El 17 de mayo de 1997, mediante escrito dirigido al C Presidente Municipal, Primitivo Curiel García, un grupo de sayulenses envía una serie de propuestas encaminadas a plantear soluciones para el bienestar de los jornaleros migrantes. Acción derivada de una serie de oficios previamente dirigidos al C. Gobernador del Estado en los que se daba cuenta de la situación de precariedad en la que vivían los trabajadores agrícolas, éste mediante oficio 0476-02-97-MPLA solicita a los denunciantes que envíen sus propuestas directamente al presidente municipal de Sayula. El 25 de febrero de 1998 acudió anónimamente un denunciante a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar su intervención por las condiciones inhumanas en que vivía y laboraba un grupo de jornaleros migrantes del estado de Guerrero.

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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Esta denuncia anónima motivó la queja CEDH/98/428/JAL de la cual se derivó la recomendación 15/98 de ésta se desprenden los siguientes señalamientos las autoridades:

Derecho a la Salud Se recomendó iniciar el procedimiento administrativo al director general de regulación sanitaria, Dr. Juan Alfredo Riebeling Guerrero, a los Jefes de Jurisdicción Sanitaria número 6 de Ciudad Guzmán Dra. María Estela Ramírez Nuño y Dr. Héctor Olivares Álvarez en 1998 de la Secretaría de Salud visitas de verificación integral en las empresas agrícolas y sus campamentos, estudiar lo referente a la salud ocupacional, el manejo, almacenamiento y uso de plaguicidas; dictar criterios para el registro e informe de casos por intoxicación por plaguicidas y que se investiguen. Dictar las medidas de seguridad necesarias, no sólo para los jornaleros sino para la población en general. Derecho al Trabajo Se recomendó al Secretario General de Gobierno y al Director General del Trabajo conocer los antecedentes y comportamiento de las empresas respecto del cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Abrir un programa de vigilancia y supervisión de las empresas que emplean mano de obra de trabajadores migrantes. Verificar el cumplimiento de los ddhh en vivienda, transporte y medidas de seguridad que deben ser garantizadas por los patrones, pero vigilados y sancionados por las autoridades laborales competentes. Determinar la responsabilidad de los funcionarios de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social por omisión en el cumplimiento de su deber. Respecto al medio ambiente Poner en marcha un programa de atención respecto de las zonas que requieran uso intensivo de plaguicidas y pesticidas o que contaminan el medio ambiente por medio de la quema de llantas, para aplicar las sanciones o medidas de seguridad convenientes.

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Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006

De la vivienda Que la junta de cabildo ordene una investigación por los permisos para construir los albergues y se sancione a los responsables de autorizarlos. Enviar inspectores a los albergues de jornaleros y dictar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.


VI. Recursos intentados a raíz de las violaciones detectada 1.

2.

3.

4.

5.

6.

El 30 de enero de 1998, el C. Presidente de Sayula Samuel Rivas Peña solicita mediante oficio 02, dirigido a la Dra. Luz María Cueto Sánchez Sociedad Mexicana de Toxicología, informes sobre el posible impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas que puedan producir la quema intensiva de llantas. Con fecha 8 de febrero de 1998, el C. Presidente Municipal de Sayula, solicita la intervención del C. Director General de la Comisión de Ecología del Estado, para obtener apoyo técnico, iniciar la reglamentación y monitorear el impacto de plaguicidas y quema de llantas por parte de empresas agroexportadoras. Con fecha 17 de nov de 1999, el director de ecología municipal de Sayula dirigió escrito a la Comisión Legislativa de Protección y Mejoramiento Ambiente, en el que se solicita intervención de los diputados para solucionar el problema de la aspersión de plaguicidas y fumigación aérea que algunas empresas tomateras están implementando en el valle de Sayula, asimismo la cercanía que algunos cultivos tienen con los centros educativos rurales motivó constantes malestares en la población escolar. A través de la Dirección Municipal de Protección al Ambiente se solicitó al Secretario de Salud en el estado de Jalisco (a través del oficio 13/2002 de fecha 08 de abril de 2002) su intervención para atender el problema de las afecciones a la salud ocasionados por los campos de cultivo que rodean al poblado de Sayula y por la constante quema de plásticos y llantas para mantener el clima cálido para los cultivos del tomate. Con fecha 26 de abril de 2002, el Dir. Municipal de Protección al Ambiente de Sayula, presenta una DENUNCIA ante la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable Jalisco, la cual quedó registrada bajo el número 0120/02, misma que por su competencia Federal y Estatal fue turnada a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, al Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Rural. El 18 de junio de 2002 un grupo de profesionistas de la salud Derechos de la localidad, hicieron llegar a la Dr. Armando Pimentel, Económicos, Sociales, Director de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Jalisco, Culturales 144 y Ambientales un diagnóstico que realizaron entre todos ellos para documenen México tar la incidencia de afecciones respiratorias en la localidad.


VII. Resultados de los recursos anteriores 1.

2.

3.

145

Respuesta de la Sociedad Mexicana de Toxicología, Con oficio de fecha 02 febrero de 1998, la Sociedad Mexicana de Toxicología contesta el oficio 02 del Dr. Rivas Peña, mediante el cual informa que la quema al aire libre produce una combustión incompleta generando los siguientes productos tóxicos: Partículas Suspendidas, Negro de Humo, Monóxido de Carbono, y Óxidos de Azufre entre otros. Los efectos del monóxido de carbono, dependiendo de su concentración en el ambiente, son: Efectos en la conducta, efectos en el sistema nervioso central, cambios funcionales cardíacos y pulmonares dolores de cabeza, somnolencia, falla respiratoria, incluso hasta la muerte. Los óxidos de azufre por su parte pueden producir: bronco constricción, irritación de la garganta, en concentraciones altas puede ser mortal. Respuesta del Congreso del Estado. Acuerdo económico 566/2000 del Congreso del estado de Jalisco con fecha 14 de enero del 2000, en el que se solicita a la Secretaría de Salud, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano y Promoción Económica integrar la Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y uso de Plaguicidas Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, su intervención será para atender el problema de contaminación y daños a la salud por la aplicación de plaguicidas y agroquímicos, así como tomar las acciones necesarias en las poblaciones de Usmajac, El Reparo y Tamaliagua del Municipio de SAYULA. Acuerdos de autoridades laborales. La Dirección General de Trabajo y Previsión Social y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de Jalisco, con fecha 16 de febrero del 2000, establecen un acuerdo donde establecen las "Acciones para el programa de Trabajo en el Campo". Tal programa establece una serie de disposiciones mínimas como condiciones de posibilidad para el funcionamiento de empresas: a. No deben trabajar menores de 14 años. b. Los mayores de 14 y menores 16 años; sólo podrán trabajar con la autorización de la Dirección del Trabajo y bajo las condiciones de salud e higiene que determinen las autoridades. Informe c. Se suministre gratuitamente a los trabajadores habitaciones Alternativo de la adecuadas e higiénicas proporcionadas al número de familiares. Sociedad Civil d. Que se mantengan por el Patrón las habitaciones en buen estado, 1997 2006 haciéndose en su caso las reparaciones necesarias y convenientes


4.

5.

6.

Además se establece la condición de proporcionar asistencia médica, la del cumplimiento de normas laborales y la de vigilancia que compete a diversas instituciones (Sistema Integral de la Familia, Dirección del Trabajo y la Secretaría de Salud). Seguimiento a la recomendación 15/98. El seguimiento que la CEDHJ ha dado a la recomendación 15/98 arroja lo siguiente: "A lo largo de 2001 fueron visitados diferentes albergues y municipios donde se ubican los jornaleros migrantes en Jalisco... Las visitas se efectuaron en compañía de personal de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Salud. Se observó que las condiciones en las que viven los migrantes allí aún no son totalmente aceptables, incluidas sus percepciones salariales. Sin embargo, se ha logrado comprometer a las autoridades correspondientes para que le den seguimiento a la situación y a los posibles abusos por parte de las empresas. Durante la supervisión de los albergues destinados a los jornaleros en Sayula, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo y El Grullo personal de este organismo advirtió anomalías tales como la falta de sanidad en las instalaciones o abusos laborales, que se derivaron a las dependencias gubernamentales correspondientes". Seguimiento a la denuncia ante Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable Jalisco. Bajo oficio 070326 de fecha 10 de diciembre de 2001, se notificó la resolución 2001/11/370/82, en la cual se declara INCOMPETENTE la procuraduría y ordena TURNAR el expediente a Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, al Delegado Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Rural las Secretarías mencionadas en el punto anterior así como a la Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. Acciones del Cabildo de Sayula. Con fecha 31 de marzo del 2001 fue publicado el reglamento Municipal para la Protección del Medio Ambiente y equilibrio Ecológico. en la Gaceta Municipal de Sayula, el cual establece las normas para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y conservación del medio ambiente. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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VIII. Conclusiones Sin embargo a pesar de los acuerdos antes mencionados, a pesar de existir una reglamentación municipal para control de las actividades agrícolas; a pesar de los acuerdos del Congreso Estatal y del Cabildo Local; y por sobre de los múltiples convenios, tratados y legislación internacional que México ha firmado en materia de Desarrollo, Medio Ambiente y de DESC ha quedado la irresponsabilidad del estado en vigilar el respeto, proveer los mecanismos de defensa de los mismos y adoptar medidas que faciliten la efectividad de cada derecho humano. Por todo lo anterior podemos determinar que no ha habido un cumplimiento cabal a la recomendación 15/98 de la CEDHJ por parte de las autoridades del estado, Que aunque se han establecido reglamentaciones municipales que pueden regular ciertos derechos de los trabajadores agrícolas, de los acuerdos del Congreso Estatal y del Cabildo Local, en la práctica, las violaciones a los derechos económicos y sociales causados por estas empresas agroexportadoras no han sido atendidos, ni por dichas empresas ni por las autoridades para que presionen en su cumplimiento. El gobierno federal elegido en 2000 y el actual gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña no han ayudado al cumplimiento de dicha recomendación, estas administraciones no aseguran la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes y campesinos de nuestro país, en particular de sus condiciones de salud, vivienda, vida y trabajo en las empresas agroexportadoras, las cuales cada día se expanden más en nuestro país, bajo el cobijo y protección de leyes y autoridades. Del mismo modo vemos que se siguen presentando casos de afecciones a la salud en pobladores del municipio de Sayula169, y de los campesinos que trabajan en estos campos, es muy necesario que la Secretaría de Salud ponga especial atención en la documentación de casos de enfermedades respiratorias y leucemia que se presenten entre los pobladores. Del informe Alternativo que entró en vigor 1997 contiene elementos que descargan al gobierno de su responsabilidad en la Informe higiene y seguridad en los trabajos, tal y como se le obliga, tanto en la Alternativo de la Constitución Mexicana como en el PIDESC. "Bajo la lógica de desregular 147 Sociedad Civil para evitar trabas a la inversión, el... reglamento elimina una serie de 1997 2006 disposiciones que protegían a los trabajadores"170, confiriendo a las


empresas la verificación de las normas contenidas en el reglamento, y que no deja claro quienes y bajo que criterios se hará dicha verificación. El gobierno mexicano hizo caso omiso a los señalamientos del Comité DESC en su respuesta al Informe de 1998, respecto de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. La afectación al medio ambiente sigue causando impactos graves y deterioro del suelo, del agua y ambiental: el tratamiento de los desechos plásticos no está claramente regulado, la combustión de llantas para mantener la temperatura en los cultivos de jitomate y evitar las heladas provoca altos niveles de Partículas Suspendidas, Negro de Humo, Monóxido de Carbono, y Óxidos de Azufre; la salinidad del suelo de cultivo aumenta provocando el agotamiento de las tierras y la erosión; la modificación de los ciclos naturales de cultivo da pie a la aparición de problemas fitosanitarios, derivados de la constante humedad en el subsuelo; la deforestación que hacen los agricultores hortaliceros para extender sus campos de cultivo es una mas de las consecuencias. Los impactos se dejan sentir también en el ámbito económico afectando a productores locales: la aplicación de insecticidas, fungicidas, plaguicidas y productos químicos utilizados por las empresas hortícolas han afectado a los Apicultores de Sayula al ser afectados los polinizadores naturales y causar mortandad en las abejas, debemos hacer hincapié en que fácilmente se contaminan por agroquímicos los productos para consumo humanos derivados de esta actividad. Es necesario que las autoridades federales y estatales tomen cartas en el asunto para evitar la actuación impune de este tipo de empresas de exportación en deterioro de la salud y del medio ambiente, para lo cual hacemos algunas propuestas, y solicitamos al Comité DESC retomar las propuestas del Diagnóstico Nacional de Derechos Humanos (2003): 1. A las autoridades federales: 



Impulsar la reforma del a Ley Federal del Trabajo en los artículos 280, 280B, 282 A, 283 respectivos a la inclusión del término jornalero migrante agrícola para garantizar sus derechos laborales. Promover la reforma del sistema de aplicación de justicia laboral, esto implica que las Juntas de Conciliación y Arbitraje

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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dependan del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo como hasta ahora. Garantizar el respeto, aplicación y acceso a los sistemas de valuación de las legislaciones internacionales, tratados y pactos que el gobierno mexicano ha firmado en materia de Libre Comercio e Intercambio tecnológico, garantizando la equidad de condiciones para los trabajadores del estado mexicano respecto de los trabajadores de otros países. Garantizar el acceso a la justicia ambiental, Garantizar el acceso al derecho a la salud y la seguridad social de los jornaleros migrantes agrícolas y de sus familias

2. A las autoridades estatales: 



Establecer acuerdos de coordinación con el gobierno federal para aplicar la normatividad correspondiente y evitar las trabas jurisdiccionales y de competencia jurídica. Promover iniciativas de regulación y control en materia de inversión en el estado para uso de recursos naturales para producción y exportación.

3. Al Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales le solicitamos el seguimiento y vigilancia de las recomendaciones dirigidas al Estado Mexicano, con especial énfasis respecto de las condiciones medioambientales, laborales y de seguridad social de los trabajadores migrantes, así como de los sistemas de salud dirigidos a la población rural.

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Informe Alternativo de la Sociedad Civil 1997 2006


4.2 Informe Alternativo de la Sociedad Civil sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en México, 2006 Capítulo sobre Chiapas

La red de organizaciones civiles que elaboró el informe alternativo decidió nuevamente incluir un capítulo sobre Chiapas debido al particular interés que manifestó el Comité DESC sobre la situación en esta entidad. En este sentido, hacemos un reconocimiento al Comité DESC de la ONU por la claridad y la contundencia de los puntos 25 y 44 de sus recomendaciones al Gobierno Mexicano, los cuales contribuyeron decididamente a disminuir uno de los mecanismos que más contribuyeron a la exclusión y a obstaculizar el goce de los DESC de la población indígena en las regiones afectadas por el conflicto armado en el Estado de Chiapas.

I. Reducción de la pobreza y la desnutrición Frente a la preocupación del Comité DESC respecto a los limitados servicios de salud, educación, empleo, nutrición adecuada y vivienda entre las poblaciones indígenas de los Estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, el Gobierno de México responde en su informe que para la atención de estas zonas se están implementando diversos programas sociales, entre los que destaca Oportunidades.172 En realidad los programas gubernamentales federales no han logrado mejorar significativamente las condiciones materiales de vida de los indígenas del país, en especial los que viven en el estado de Chiapas. La información generada por el mismo Programa Oportunidades reconoce que los niveles de desnutrición de los menores de cinco años beneficiados por el programa no han sido reducidos. A nivel nacional, oficialmente se reporta que la desnutrición crónica afecta al 17.7% de los menores de cinco años y que el 27% padecen anemia173. Sin embargo, otros estudios recientes han reportado para Chiapas un 39%174 de menores de cinco años con déficit de talla grave y moderado. Otros indican que en las regiones afectadas por el con-

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flicto armado, una cifra de desnutrición crónica en la población indígena menor de cinco años del 54.7%.175 Algunos programas estatales de cobertura limitada han logrado reducir la desnutrición grave casi un 50% en localidades de extrema pobreza, mediante acciones multisectoriales176. Sin embargo, limitaciones presupuestales han impedido que alcancen una mayor cobertura. Los programas gubernamentales dirigidos a combatir la desnutrición están casi exclusivamente basados en la asistencia y no en el apoyo a la seguridad alimentaria y no contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación, por lo que fomentan la dependencia y desalientan la producción local. Los alimentos de estos programas son poco adecuados culturalmente, los cuales son frecuentemente revendidos en los mercados o utilizados para alimentar animales de traspatio. La escasa continuidad y la falta de un enfoque ambiental y culturalmente adecuado de los programas para el apoyo a la producción agropecuaria favorecen la persistencia de la desnutrición. El Programa Oportunidades está basado en la focalización individual, en la que una parte –generalmente pequeña–, de la comunidad queda excluida, lo que genera con frecuencia, diferencias y divisiones comunitarias. Por otro lado, al carecer de criterios de calificación que consideren mejorías graduales, la población beneficiaria de Oportunidades tiene que demostrar que sigue viviendo en condiciones de extrema pobreza, para seguir recibiendo el apoyo en efectivo del Programa. Es decir, la población se ve obligada a refrendar y demostrar su nivel de extrema pobreza para seguir siendo incluida en el padrón de beneficiarios. Debido a esta condición, con frecuencia se observa que las mujeres y familias que reciben los beneficios de este programa rechazan otros programas para el mejoramiento de sus condiciones materiales de vida. De este modo, el Programa Oportunidades se convierte en un freno para alcanzar mejoras progresivas en el disfrute de los derechos, pues la necesidad impuesta de seguir siendo y apaInforme reciendo como pobres, constituye una fuerza opuesta a las mejoras Alternativo de la materiales a nivel comunitario, reproduciendo así un esquema de de151 Sociedad Civil pendencia en torno a los recursos gubernamentales que, en lugar de 1997 2006 promover derechos, otorgan subsidios.


II. El PROCEDE vulnera los derechos de los pueblos indígenas El derecho a la consulta establecido y aceptado por el gobierno de México al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, no ha sido regulado para garantizar la participación y la decisión de los pueblos indígenas en México, para la definición y aplicación de programas de desarrollo. La consulta no ha sido establecida como obligatoria y en los casos en que se ha aplicado ha sido de manera arbitraria, es decir, sin criterios ni metodologías adecuadas. El derecho a la información y la consulta, como base elemental para la libre decisión de las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas no es considerado suficientemente en la gestión de los programas y proyectos gubernamentales. En este sentido, es importante referirse al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos –PROCEDE– que tiene como objetivo dar seguridad legal a los campesinos, entregándoles certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común de su ejido, así como títulos de los solares urbanos. El PROCEDE inicia sus acciones a principios de 1993, como consecuencia directa de las reformas al Artículo 27o de la Constitución Federal177. Cabe señalar que desde antes de la existencia de la nueva Ley Agraria, la mayoría de los ejidos y comunidades ya contaban con los documentos que acreditan la posesión legal de sus tierras. Hay que señalar que la aplicación del PROCEDE contempla seis etapas, que pueden ser aceptadas todas o parcialmente a partir de un proceso de información, consulta y decisión en asamblea ejidal o comunal. En la última de ellas los integrantes de un ejido o comunidad pasan al llamado régimen de "dominio pleno", que es cuando legalmente los ejidatarios se convierten en propietarios privados individuales de su parcela y de su terreno urbano (antes solar), con lo que se termina por destruir el sentido comunitario de los pueblos, acabándose así el valor de la asamblea y los trabajos comunitarios de beneficio social, además de que, en esos casos, las tierras de uso común, al ya no existir el ejido, pasan de nuevo a propiedad del gobierno, en calidad de Terrenos Nacionales. Chiapas es una de las tres entidades que presenta menor avance en la aplicación del Programa: sólo el 43% del total de hectáreas en manos de ejidos y comunidades están incorporadas de manera parcial o

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total, pues la mayoría de las comunidades indígenas no están de acuerdo en modificar sus formas tradicionales de tenencia de la tierra178. En los últimos años ha habido una fuerte presión por parte de las autoridades federales y estatales para que los campesinos acepten el programa, estas presiones han incluido la información parcial o tendenciosa acerca del PROCEDE, amenazas de cortar los subsidios gubernamentales como el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y Oportunidades a quienes lo rechacen y sobornos a las autoridades ejidales y comunales. Preocupadas por esta situación, diversas organizaciones civiles y sociales del Estado de Chiapas, realizaron a finales de 2005 un estudio en 35 ejidos y comunidades agrarias de diversos municipios con alta presencia indígena, para analizar las formas en que el Estado Mexicano, a través de sus dependencias agrarias, está instrumentando dichos programas179. De los resultados del estudio y de otros análisis sobre el Programa se desprendieron las siguientes conclusiones:  PROCEDE y PROCECOM están afectando profundamente las formas tradicionales de uso del suelo, la organización social comunitaria y el acceso a los recursos naturales que tradicionalmente se consideran de uso común. Estos programas son contrarios a los derechos de los pueblos indígenas porque están claramente enfocados en la privatización de la propiedad ejidal y comunal, favoreciendo los intereses económicos del sector empresarial nacional y extranjero.  Que con la Nueva Ley Agraria se concluye el reparto agrario y se legaliza el latifundio. El patrimonio de las familias campesinas, indígenas y no indígenas, queda a disposición del mercado. Por tanto, es del todo contraria a diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, especialmente del Convenio 169 de la OIT y de la jurisprudencia que el Sistema Interamericano ha emitido a favor de los pueblos indígenas; lo cual implica una situación de regresividad en los derechos económicos, sociales y culturales de la población más marginada.  Que PROCEDE y PROCECOM, además de poner en riesgo el Informe patrimonio y medio de subsistencia de las familias campesinas, Alternativo de la constituye un acto del Estado que afecta culturalmente a las comuni153 Sociedad Civil dades indígenas en particular, introduciendo prácticas individualistas 1997 2006 contrarias a las ancestrales basadas en la tenencia colectiva de la








tierra y trabajo y convivencia comunitaria; provocando desintegración familiar, comunitaria e intercomunitaria y ha generado conflictos intergeneracionales al interior de las comunidades; alterando de igual modo sus instituciones y sistemas normativos tradicionales. Que PROCEDE y PROCECOM afectan el acceso a los recursos naturales que tradicionalmente han sido de uso común, convirtiéndolos ahora en propiedad individual, afectando el acceso al agua, bosque, y otros recursos naturales indispensables para la vida de las familias. Que PROCEDE y PROCECOM reproducen en la vía de los hechos las prácticas de exclusión a las mujeres, al no ser tomadas en cuenta en las Asambleas ni con su voz y mucho menos con su voto, negándoles su derecho a la posesión de la tierra y a decidir sobre su destino. Por otro lado, el ingreso a estos programas gubernamentales elimina la obligatoriedad ejidal o comunal de otorgar una parcela productiva para las mujeres (Unidad Agrícola Industrial de la Mujer). Que las instancias encargadas de instrumentar el PROCEDE/PROCECOM, lo hacen mediante engaños, manejo parcial o distorsionado de la información, y amenazas y condicionamiento de otros programas sociales.

III. Migración y DESC en Chiapas Hasta hace diez años, Chiapas era una región de atracción para migraciones provenientes de Centroamérica y de otras regiones del país. Actualmente, a pesar de que existen aún migraciones laborales estacionales de jornaleros guatemaltecos en la región del Soconusco, Chiapas se ha convertido en una región de expulsión demográfica: una de cada tres familias de esta entidad depende económicamente de las remesas enviadas por los migrantes chiapanecos radicados en Estados Unidos, y al menos 79 por ciento de quienes deciden emigrar a ese país, no regresa. De acuerdo con estudios elaborados por el Consejo Estatal de Población180, durante los últimos años, Chiapas desplazó al estado de Zacatecas como la entidad de origen con más migrantes indocumentados que cruzan la frontera norte. Los indocumentados centroamericanos transmigrantes en Chiapas sufren, sin embargo, incesantes extorsiones y violencias, tanto por parte de los cuerpos policíacos y de migración, como de grupos criminales

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como los maras, grupos de jóvenes centroamericanos y mexicanos que han formado pandillas que roban, violan y asesinan a los migrantes provenientes de países centroamericanos. Las maras son un subproducto de las guerras en Centroamérica181 y de la falta de políticas gubernamentales para dar opciones económicas a los jóvenes. La conducta delictiva de las maras ha sido aprovechada y refuncionalizada como instrumento disuasivo de la migración, así como para el tráfico de personas, armas y estupefacientes. Su crecimiento fue propiciado por la impunidad y tolerancia de las autoridades policíacas y migratorias. No obstante, el flujo estacional de jornaleros migratorios guatemaltecos sigue llegando a Chiapas. Aproximadamente la mitad de ellos son documentados, mientras que la otra mitad sufre de condiciones laborales injustas y riesgosas para su salud182. Cálculos conservadores indican que anualmente entre 80 y 150 mil trabajadores temporeros guatemaltecos cruzan a México para trabajar en cultivos de banano, café, soya, caña de azúcar y diversos frutales en el estado fronterizo de Chiapas. Otros 15 mil se desplazan a otros estados mexicanos colindantes como Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán183. La liberalización de la importación del maíz y frijol acordada por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá y calendarizada para el 2008, sin duda profundizará esta crisis y expulsará a un mayor número de campesinos de la región.

IV. La ruptura del tejido social y el ejercicio de los DESC Los conflictos intra e intercomunitarios son propiciados por el uso discriminatorio y clientelar de los programas sociales del gobierno, pues potencian la intolerancia política y religiosa, la que se han exacerbado –y fomentado– como consecuencia del conflicto armado iniciado en 1994. La ruptura del tejido social constituye un obstáculo para el pleno ejercicio de los DESC en Chiapas.

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La división interna de las comunidades ha sido la expresión más tangible de la polarización y ha favorecido un grave fenómeno de fragmentación y atomización demográfica. A este proceso han contribuido el crecimiento poblacional, la presión por la tierra cultivable y el


desmantelamiento de la economía campesina. Las poco más de 16,000 localidades que existían en 1990 aumentaron a 19, 453 en el censo del 2000184. En la actualidad se calcula que existen más de 22,000. La creación de nuevos asentamientos implica casi invariablemente, la llegada a sitios más alejados y de difícil acceso. La cantidad de asentamientos, su enorme dispersión y difícil acceso constituyen obstáculos difíciles de flanquear para la dotación de servicios básicos de agua entubada, energía eléctrica, caminos, escuelas y clínicas, entre otros. En algunas regiones este crecimiento ha sido exponencial, ya que se han podido observar casos en que comunidades que surgen de divisiones, vuelven a subdividirse. Las expulsiones por motivos religiosos y políticos han sido una de las expresiones más violentas de la intolerancia. Con frecuencia, están precedidas de otras agresiones, que incluso han llegado al asesinato, a la violación y la quema de viviendas. El conflicto armado iniciado en 1994 agravó los niveles de intolerancia política y religiosa: en diferentes momentos hubo desplazados que salieron –y siguen– fuera de sus localidades viviendo en campamentos en los que tienen que depender de la ayuda externa para su sobrevivencia, además de vivir bajo una noción de transitoriedad que les impide bienestar mental y el ejercicio de sus derechos culturales. En diferentes momentos, la cifra de desplazados en Chiapas ha alcanzado los 30,000. Actualmente hay alrededor de 6,000. La situación más frecuente se encuentra, sin embargo, en comunidades que sin desplazamientos importantes se encuentran divididas por razones políticas, religiosas o ambas. Estas comunidades se caracterizan entre otras cosas, por el hecho de tener más de un grupo de autoridades y por existir entre éstas una tensión social no exenta de manifestaciones violentas. Un diagnóstico de salud diferenciado entre las comunidades que se encuentran divididas y las que no, en tres regiones de Chiapas afectadas por el conflicto (Selva, Altos y Norte) mostró a través de diferencias estadísticamente significativas que las condiciones de salud de las comunidades que se encontraban divididas eran comparativamente peores185. Los indicadores de mortalidad general, mortalidad infantil, nutrición en menores de cinco años, tuberculosis pulmonar, lesiones y morbilidad mostraron las mismas diferencias. Cuando hay una emerDerechos gencia gineco-obstétrica, por ejemplo, en una comunidad dividida, no Económicos, Sociales, existen ya los lazos de apoyo recíproco que favorecen la llegada rápiCulturales 156 y Ambientales da a un hospital. Se encontraron diez intentos de suicidio, de los cuaen México les ocho terminaron en muerte, los cuales se concentraron en las co-


munidades divididas de la región Norte. Este hallazgo da cuenta de las graves tensiones y problemas emocionales que ha traído consigo la ruptura del tejido social como consecuencia del conflicto. En este estudio, todos los indicadores fueron contrastados con comunidades no divididas, con servicios públicos o en resistencia civil. Es importante hacer notar que no hubo diferencias significativas entre comunidades no divididas que recibían servicios públicos gubernamentales y las no divididas que por razones políticas rechazan los subsidios gubernamentales. Las principales conclusiones que se derivan de este estudio apuntan a que la capacidad de respuesta organizada y la cohesión de las comunidades son más importantes que la presencia o no de servicios de salud para determinar las condiciones de salud de sus habitantes. La salud no es el único problema afectado por las divisiones comunitarias. Durante los años 2003 y 2004 se conocieron múltiples denuncias en los Altos de Chiapas de comunidades en las que no se permitía que los niños de un grupo político o religioso asistieran a la escuela187. Las comunidades indígenas se habían caracterizado tradicionalmente por su cohesión. Esta era especialmente notoria en las localidades de la selva, que habían desarrollado fuertes estructuras organizativas que les permitieron responder colectivamente a los problemas de salud y a muchas otras necesidades comunes. El panorama que se vive en muchas regiones actualmente es el de comunidades sin fuerza y con una capacidad de gestión empobrecida. Ante necesidades importantes, como el agua o la salud no hay capacidad de convocatoria ni de participación. Aunada a las tensiones políticas y religiosas, la migración de los jóvenes hacia el norte también disminuye la capacidad de respuesta colectiva.

V. Interferencia de las fuerzas armadas en los programas de desarrollo

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La interferencia de las fuerzas armadas en los programas sociales fue uno de los factores que mayor incidencia tuvieron sobre el proceso de polarización social que ha dividido a cientos de comunidades indígenas que ahora sufren las consecuencias materiales y emocionales de la ruptura del tejido social.


La interferencia de las fuerzas armadas y la aplicación condicional y clientelar de los programas sociales fue el signo distintivo de la política gubernamental estatal y federal durante el periodo de 1995 a 1999. Durante el gobierno de Pablo Salazar ha persistido, aunque de manera más sutil, el apoyo selectivo a las organizaciones y "bloques regionales" que le son políticamente afines, en detrimento de los otros grupos. Dos factores incidieron positivamente para disminuir la política de exclusión de la cual fue parte la interferencia militar. Estos dos factores fueron: 



Las recomendaciones del Comité DESC de la ONU en noviembre de 1999 respecto a la interferencia de las fuerzas armadas en los programas sociales. Estas recomendaciones fueron ampliamente difundidas por organismos de la sociedad civil y fueron el eje central de acciones de observación ciudadana Las observaciones y recomendaciones fueron convertidas en instrumentos de observación ciudadana188, cuyos resultados fueron dados a conocer de manera amplia por la prensa nacional. Los gobiernos estatal y federal coincidieron en llevar a cabo algunas acciones que incidieron positivamente en la reducción de la interferencia militar en los programas sociales. Uno de los rasgos sobresalientes fue el desmantelamiento del Programa de Desarrollo de la Región de Las Cañadas, el cual fue suspendido por el gobierno de Chiapas por su carácter contrainsurgente y discriminatorio.

Sin embargo, han perdurado durante varios años los efectos de la interferencia militar por medio del Programa de Labor Social del Ejército y la ocupación militar del Hospital de Guadalupe Tepeyac. A pesar de los rasgos positivos arriba señalados, la desconfianza en los servicios públicos persiste. Las divisiones intracomunitarias fueron en gran medida acentuadas por el carácter discriminatorio y excluyente que prevaleció por varios años con la participación de las fuerzas armadas. Efecto similar tuvieron los bloqueos y retenes que el ejército mantuvo en las regiones indígenas durante varios años.

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VI. Militarización En el territorio de mayor presencia indígena en el estado de Chiapas, que coincide con la denominada "zona de conflicto" existen, hasta septiembre de 2005, 84 instalaciones militares. Este número supera por mucho lo aceptable para una normalidad democrática. Existe una contradicción entre la política militar en Chiapas y las razones fundadas en la ley para justificar su presencia. Cabe mencionar que en ningún momento del conflicto se ha decretado un estado de excepción y la simple ocupación de tierras indígenas por parte del Ejército mexicano y la Marina mexicana, contraviene lo dispuesto en la Constitución y en las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el gobierno mexicano. La falta de voluntad para el diálogo por parte del gobierno mexicano para atender los acuerdos suscritos entre éste y el EZLN en los llamados "Acuerdos de San Andrés" de 1996, hacen que la aplicación de políticas y programas públicos de gobierno resulte necesariamente en una atención sesgada a la población y en una fuente permanente de tensiones, confrontaciones y en no pocos casos de violencia. Los grupos paramilitares que todavía operan en algunas zonas de Chiapas, siguen tendiendo el control político de los municipios, a través de los cuales se distribuyen cuantiosos recursos destinados a programas de desarrollo e infraestructura. Se ha documentado la forma en la que estos recursos han sido canalizados de manera prioritaria a los simpatizantes de los grupos paramilitares. Incluso, existen evidencias de que algunos de estos recursos se han desviado para mantener a los propios grupos paramilitares. Estos hechos han sido ampliamente documentados en el juicio por peculado y ejercicio indebido de funciones públicas en contra de Carlos Torres López (proceso penal 378/2002), presidente municipal de Tila (1999-2001) y miembro del grupo paramilitar Paz y Justicia. La falta de un acuerdo entre el Gobierno federal y el EZLN sigue siendo una fuente importante de tensión social y un impedimento para la instrumentación de una política social sin exclusiones. El Gobierno federal insiste en que ha cumplido con las tres demandas establecidas por el EZLN para reanudar el proceso de Informe paz. Estas tres condiciones se refieren a la liberación de presos, a la Alternativo de la aprobación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos y 159 Sociedad Civil Cultura Indígenas propuesta por la Comisión de Concordia y Pacifica1997 2006 ción -COCOPA-, y al desmantelamiento de puestos militares en varios


puntos del estado. Esta última condición fue la única cumplida puntualmente durante las primeras semanas de la presente administración. Sin embargo, además de que existen aún varios presos zapatistas189, el punto de mayor confrontación se debe a que la ley indígena aprobada contraviene la propuesta original de la COCOPA que había sido ya aceptada e impulsada por el EZLN. Una de las principales diferencias es que la ley aprobada limita la autonomía indígena al no considerar a los Pueblos Indígenas como "sujetos de derecho público", sino como "sujetos de interés público" (para la aplicación prioritaria de programas de atención). Al no haberse aprobado el proyecto de ley propuesto por la COCOPA190 se incumplió con un compromiso de Estado firmado y establecido en los Acuerdos de San Andrés. Al aprobar una ley distinta el Estado mexicano rompió el acuerdo, cerró las puertas al diálogo y permitió la perpetuación del conflicto armado en Chiapas. En este contexto, el Comisionado Federal para la Paz no realiza ninguna acción efectiva para la reanudación de un proceso de diálogo o distensión. Desde su designación, no ha podido establecer comunicación alguna con el EZLN y se ha limitado a hacer intentos por menoscabar la posición de resistencia civil de grupos aislados ofreciendo beneficios de los programas sociales. Diversos medios de comunicación, organizaciones de las sociedad civil y partidos políticos han señalado que su papel ha sido más en la lógica de la contrainsurgencia que en el de la auténtica búsqueda de soluciones pacíficas y negociadas al conflicto. En este sentido es lo apuntado por algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en junio del 2004 quienes señalaron que ante la falta de resultados para el diálogo con el EZLN se pretende "premiar" a quienes no simpatizan con el movimiento191. Igualmente miembros de la COCOPA, como Bernardino Ramos, han comentado que "Es penoso y preocupante que ahora el comisionado para la paz tenga como papel la entrega de láminas para la construcción de viviendas, reuniones con grupos antizapatistas y de corte violento como Paz y Justicia"192. El motivo de esta denuncia está relacionado con el hecho de que el 1º de junio de ese Derechos mismo año, el comisionado ingresó en la comunidad La Realidad (uno Económicos, Sociales, de los centros políticos de los zapatistas) para entregar dinero y apoCulturales 160 y Ambientales yos a familias priístas de ésa y otras comunidades vecinas. A puerta en México cerrada, el encargado gubernamental realizó reuniones con familias


priístas para gestionar ayuda de las autoridades federales. Eventos como éste forman parte de una estrategia que el Comisionado ha repetido en diferentes puntos de la zona de conflicto193.

VII. Recomendaciones Con base en lo anteriormente expuesto solicitamos al Comité DESC de la ONU recomendar al Gobierno Mexicano: 1. Que asegure que los programas sociales que se llevan a cabo en las comunidades rurales y, en especial las indígenas, fortalezcan la universalidad de derechos y los mecanismos de participación comunitaria. 2. Que se garantice que los programas y recursos públicos no sean utilizados con fines político-partidarios, sobre todo en coyunturas electorales, evitando el condicionamiento de la prestación de servicios públicos y el acceso a programas, entre otros. 3. Que los programas sociales dirigidos a mejorar las condiciones de la población indígena se orienten al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades locales y eviten la dependencia. 4. Que los programas de desarrollo social incluyan mecanismos de participación de la población en el diseño, monitoreo y evaluación de su aplicación, así como criterios de pertinencia cultural y estacional. 5. Que se incrementen los apoyos para el desarrollo de programas integrales de impacto positivo comprobado, permitiendo una gradual mejoría de las capacidades locales y la infraestructura comunitaria. 6. Que se asegure que el Estado mexicano respete el derecho de los ejidos y bienes comunales a decidir si se inscriben o no en el PROCEDE Y PROCECOM y que no establezca condicionamiento alguno para continuar recibiendo los beneficios de los servicios y programas públicos. 7. Que sea respetado el derecho a consulta de las comunidades indígenas establecido y aceptado por el gobierno de México al Informe ratificar el Convenio 169 de la OIT. Alternativo de la 8.Que los programas sociales promuevan y apoyen activamente la 161 Sociedad Civil inclusión, la tolerancia y que sean diseñados y ejecutados en consulta 1997 2006 con todos los integrantes de las comunidades, sin distinción de


9.

10.

filiación política o religiosa. Una política social que coadyuve a la reconstrucción del tejido social es la mejor contribución para crear mejores oportunidades para el goce de los DESC. Que las divisiones comunitarias sean consideradas como un factor de riesgo y que los programas sociales evitan una mayor polarización, promoviendo activamente la no condicionalidad, la no discriminación y la tolerancia como condiciones para su ejecución, sobre todo en regiones de alta conflictividad social. Que se investiguen y castiguen los casos de violación a los derechos humanos producidos por intolerancia política y religiosa y que se lleven a cabo campañas intensivas de educación sobre la tolerancia, el respeto a las diferencias y la resolución pacífica de conflictos.

Finalmente, solicitamos al Comité DESC que continúe observando, particularmente en las regiones de conflicto, el carácter civil de quienes implementan la política social.

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notas 1

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Investigadora del Centro Antonio Montesinos AC, Secretaría Técnica programa DESC de la Convergencia de Organismos Civiles. Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Este apartado sobre pobreza y política social en México fue elaborado por el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), y el Programa Diplomacia Ciudadana de DECA Equipo Pueblo, A.C., con aportes de FUNDAR Centro de Análisis e Investigación. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pronunciamiento sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafos 1 y 8. Adoptado por el Comité durante su 25 período de sesiones en mayo de 2001. E/C.12/ 2001/10 (10 de mayo de 2001) El documento se encuentra en la página web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (www.unhchr.ch). Observación general Nº 3 (E/1991/23), párrafo 10 (www.unhchr.ch).

6

Secretaría de Desarrollo Social y Comité Técnico para la Medición de la Pobreza. Evolución y características de la pobreza en México en la última década del siglo XX. Agosto de 2002, 31 pp. (www.sedesol.gob.mx). 7 Secretaría de Desarrollo Social y Comité Técnico para la Medición de la Pobreza. Op. cit. pp.9 y 15. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Presentación sobre Medición de la Pobreza 2002-2004, por los siguientes miembros académicos: Fernando Cortes (Colmex), Rodolfo De la Torre (UIA), Luís Felipe López Calva (ITESM), Graciela Teruel (UIA), Luís Rubalcava (CIDE), Enrique Hernández Laos (UAM), John Scott (CIDE). México, junio 14, 2005. Disponible en la página web de la Secretaría de Desarrollo Social: www.sedesol.gob.mx. 11 Elaboración propia con base en la presentación del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, Op. Cit. 12 Ibid.


13

Datos de la pagina de Internet de SEDESOL www.SEDESOL.gob.mx. 14 Periódico, La jornada. 14 de abril de 2000. pag. 32). 15 Comisión Económica para América Latina (CEPAL)/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Instituto de Pesquisa Económica Aplicada. Hacia el objetivo del Milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe, 2003. 16 Gobierno de la República. Gabinete de Desarrollo Humano y Social. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avance 2005. (Elaborado en colaboración con el Sistema de Naciones Unidas en México), citado en Informe Social Watch 2005. Rugidos y murmullos. Género y Pobreza: más promesas que acciones, capítulo sobre México, disponible en www.socialwatch.org. 17 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano México 2002 e Informe sobre Desarrollo Humano México 2004. 18 Como se expone en los apartados correspondientes al derecho a la alimentación, a la salud, a la seguridad social, y a la educación, se han reducido o eliminado subsidios, se ha fragmentado y desmantelado el sistema de protección social, se han reducido recursos públicos. 19 Secretaría de Desarrollo Social y Transparencia Mexicana. Manual Ciudadano. SEDESOL a los ojos de todos. México, junio de 2002, p. 71. 20 Los derechos económicos, sociales y culturales. Informe del Seminario de expertos sobre los derechos humanos y la extrema pobreza, celebrado del 7 al 9 de febrero de 2001 (E/ CN.4/2001/54/Add.1, disponible en: www.unhchr,ch). 21 Ibid. 22 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pronunciamiento sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Op cit.

23

Sandoval Terán, Areli. Estudio sobre estrategias de reducción de la pobreza en México, DECA Equipo Pueblo, A.C.; Red Regional de Social Watch. Pobreza y Sociedad Civil. Análisis y Desafíos desde la perspectiva de la Sociedad Civil en Centro América y México. El Salvador: Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso, 2004, pp. 108-129. 24 Un ejemplo concreto puede encontrarse en el apartado especial sobre Chiapas de este Informe Alternativo. 25 Presentación y material distribuido en el Seminario de Consulta y Retroalimentación organizado por la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 7 y 8 de noviembre de 2002. (CD titulado “Presentaciones”). 26 El análisis sobre presupuesto y gasto social recogido en este informe fue elaborado por investigadores de FUNDAR: (www.fundar.org.mx). 27 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003, Resultados Generales, Desarrollo Social y Humano. p. 205. 28 Moreno Pedro, Ortiz Claudia, Veinticinco años de políticas de desarrollo social en México. Mimeo, México, 2003. 29 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales al Estado mexicano (E/C.12/1/Add.41), párrafos 16, 17, 20, 24, 20, 31, 33 (disponible en: www.unhchr.ch) 30 Observación general Nº 3del Comité de DESC, párrafo 9. 31 Secretaría de Salud Jalisco, Dirección General de Planeación, principales causas de mortalidad. Sistema EpidemioDerechos Económicos, lógico y Estadístico de Sociales, Defunciones (CIE-10). Culturales 164 32 y Ambientales Parker, Susana W (2002). en México Evaluación de Resulta-


dos de Impacto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Instituto Nacional de Salud Pública, CIDE. 33 ONU (2003). Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, DF. 34 SEP (2003). Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras 20022003. México, DF., en www.inegi.gob.mx. 35 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2004). Presupuesto de Egresos de la Federación 2004. Análisis Administrativo Económico,en www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/ presupuesto_egresos/temas/pef/2004/ por_ramos/temas/tomos/11/r11_aae.pdf. 36 NU (2003) . Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, D.F. 37 INI (2002). Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2002. México DF., Cuadro número 4. 38 Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígena en México. Fundación Rigoberta Menchú Tum, México DF. 39 Ibid. 40 ONU (2003). Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, D.F. 41 Ibid. 42 INEGI (2000a). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos, en www.inegi.gob.mx. 43 Ibid. 44 Ibid. 45 INI (2002). Indicadores Socioeconómicos de los Informe Pueblos Indígenas de Alternativo México 2002. México D.F., de la Cuadro número 5. 165 Sociedad Civil 46 Ibid. 1997 47 2006 Ibid.

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Ibid. Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígena en México. Fundación Rigoberta Menchú Tum, México D.F. 50 Ibid. 51 Ibid. 52 INEE (2003). La Educación Indígena: El Gran Reto. Los Temas de La Evaluación. Colección de Folletos. Folleto número 1 en: w w w. c a p a c i t a c i o n . i l c e . e d u . m x / i n e e / acerca.htm 53 Ibid. 54 CONAPO (2001). Estimación del Índice de Marginación Municipal 2000 en Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 (INI, 2001), en www.cdi.gob.mx. 55 INEE (2003). La Educación Indígena: El Gran Reto. Los Temas de La Evaluación. Colección de Folletos. Folleto número 1 en: w w w. c a p a c i t a c i o n . i l c e . e d u . m x / i n e e / acerca.htm 56 INEGI (2000b). XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos, en www.inegi.gob.mx 57 Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígena en México. Fundación Rigoberta Menchú Tum, México D.F. 58 Martínez Rizo, Felipe (2002). Nueva visita al país de la desigualdad. La distribución de la escolaridad en México, 1970-2000. Revista Mexicana de Investigación Educativa, septiembre-diciembre 2002, vol.7, número 16. México D.F. 59 INEGI (2000a). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos, en www.inegi.gob.mx. 60 INEGI (2000b). XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos, en www.inegi.gob.mx. 61 INI (2001). Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, en www.cdi.gob.mx. 62 DGEI (2001) en www.sep.gob.mx. 49


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ONU (2003). Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, D.F. 64 Conafe (2004) en www.conafe.edu.mx. 65 World Bank (2004). Education for All: Compensating for Disadvantage in Mexico en www1.worldbank.org/education/pdf/ edunotes_Mexico2.pdf. 66 SEDESOL (2003). Diario Oficial, Miércoles 5 de Marzo, Segunda Sección. México D.F. 67 Parker, Susana W (2002). Evaluación de Resultados de Impacto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Instituto Nacional de Salud Pública, CIDE. 68 Rojo Alem, Alfonso (2002). La niñez indígena en México. Fundación Rigoberta Menchú Tum. México D.F. 69 Tales como la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, septiembre de 1995; en 100j, 106 (e, k, r, y), 108 (i). B). Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Declaración de los Compromisos, 2(b), y 6(p), Programa de Acción, 36(d), 37(e). Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, septiembre de 1994, 8.20(a,b), 8.21, 8.22, 8.24, 8.26. Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, Programa de Acción, 47. Convención sobre los Derechos del Niño, 24.2(d). Y Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 12.2 y 14.2(b). 70 Programa de Acción “Arranque Parejo en la Vida”. Subsecretaría de Prevención y Protección a la Salud. Secretaría de Salud. México, 2002. p.14. * N.V.R. Nacidos Vivos Registrados. 71 Programa de Acción “Arranque Parejo en la Vida”. Subsecretaría de Prevención y Protección a la Salud. Secretaría de Salud. México, 2002. p.21. 72 Anexo del Tercer Informe de Gobierno. Desarrollo Humano y Social. Salud. P.76.

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Presentación de la Subsecretaría de Innovación y Calidad. Dirección General de Información en Salud. Rafael Lozano. III Conferencia Nacional sobre Maternidad sin riesgos en México. 21-23 de julio del 2003. 74 FUNDAR. La Mortalidad Materna: Un problema sin resolver. México, 2002. P.2. 75 Ver CIMAC. Cristina Martín. “Tienen México y África cifras similares en muerte materna” . 9-15 de septiembre del 2003. 76 Programa Arranque Parejo en la Vida. Impacto APV. P.21. 77 Nota de CIMAC, Silvia Magalli, 8 de mayo del 2002. 78 El Universal, 24 de mayo del 2002. Nuevo Mundo. P.2. 79 El Universal, 12 de agosto del 2000. Nación. P.12. 80 Citado en nota de CIMAC, Silvia Magalli, 8 de mayo del 2002. 81 Catherine Menkes del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias(CRIM) de la UNAM, citada en nota de CIMAC, por Silvia Magalli, 8 de mayo del 2002. 82 Ibídem. 83 México: Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 1994-2003. Comité Técnico para la revisión de avances. Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional de Población, Senado de la República LIX Legislatura y Cámara de Diputados LIX Legislatura. México, Marzo del 2004. P.225 84 Ibídem. p.21 85 Instituto Nacional de las Mujeres: www.inmujeres.gob.mx/pprincipal/En “Indicado-res”. 86 Blanco Muñoz, Julia. “El Aborto Inducido: ¿Un problema legal o de saDerechos Económicos, lud?. Centro de Salud PúSociales, blica Poblacional del InsCulturales 166 y Ambientales tituto Nacional de Salud en México Pública en:


www.insp.mx/salvia/9712/sal97121 Afirmó la Secretaria General de CONAPO, Elena Zúñiga en nota de La Jornada, 23 de abril del 2003. 88 En “Aborto. Las Cifras Disponibles en México” GIRE. Agosto 2003. www.gire.org.mx/aborto 89 En el debate acerca del aborto suelen utilizarse los términos «despenalizar» y «legalizar» como sinónimos, pero hay una diferencia importante. Despenalizar significa que el aborto deje de ser un delito, es decir, que la ley deje de contemplar un castigo para la mujer que se lo practica y para quien colabore con ella. Legalizar el aborto implica modificar las leyes necesarias para que el aborto sea considerado parte del derecho a la protección de la salud y, por lo tanto, se ofrezca un servicio médico seguro dentro de los servicios de salud públicos y privados. Para información más amplia sobre el aborto ver: “Miradas sobre el aborto”, GIRE, 2000. “Los Hombres y el aborto”, Temas para el debate No1, GIRE, 2001. “Paulina en el nombre de la ley”, Temas para el debate No2, GIRE, 2000 “Trazos de una polémica. El aborto en 1998”, Temas para el debate No3, GIRE, 2001 90 FUNDAR. La Mortalidad Materna: Un problema sin resolver. México, 2002. y Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población. Morbimortalidad Materna: Monitoreo y Elaboración de Propuestas para Políticas Públicas en México. Octubre, 2002. 91 FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A. C. “Presupuesto Público y Mortalidad Materna: Seguimiento al programa Arranque parejo en la Vida”. México, 2003. 92 Acuerdo por el que se establece la aplicación Informe obligatoria de las institucioAlternativo nes públicas y privadas del de la Sistema Nacional de Salud, 167 Sociedad Civil de los componentes sus1997 2006 tantivos y estratégicos del 87

Programa de Acción de Arranque Parejo en la Vida y de vigilancia epidemiológica activa de las defunciones maternas. Publicado el 1º de noviembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación pp. 70-74. 93 Informe Periódico que rinde el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Derechos Humanos y Democracia. 2004. 94 Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: México. 08/12/99. E/C.12/1/Add.41. (Cloncluding Observations/Comments). 8 de diciembre de 1999. 95 Informe Periódico que rinde el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Derechos Humanos y Democracia. 2004. P.242. 96 Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales : México. 08/12/99. E/C.12/1/Add.41. (Concluding Observations/Comments). En “C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto” Nº 14. 97 Ver GIRE. “Leyes sobre el Aborto. Los avances en la Ciudad de México” Hoja Informativa. Marzo del 2004. 98 De las 150 ANPs existentes, han sido registradas en el Diario Oficial de la Federación 53: 31 Reservas de la Biosfera, 13 Parques Nacionales, 8 Áreas de Protección de Flora y Fauna y 1 Monumento Natural). 99 La REBIMA cuenta con 331,200 has. que abarcan los siguientes ecosistemas: selva alta perenifolia y mediana sudcaducifolia, bosque de pino-encino, bosque ripario de galería, timbales y sabana. 100 Stavenhagen, Rodolfo. Informe del Relator Especial sobre situación de los derechos hu-


manos y las libertades fundamentales de los indígenas. Misión a México, diciembre de 2003. 101 La REBIMA fue la primera Reserva de la Biosfera creada en México, incluso antes del establecimiento del SINAP. 102 Cf. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, México, varias ediciones. 103 Cf. los “Agradecimientos” en el Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Montes Azules, INE, México, D.F. 2000. 104 Cf. Las “Reglas Administrativas de la Reserva de la Biosfera”, en Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Montes Azules, Op. Cit. 105 Programa de Manejo, Op. Cit. p. 104. 106 GEF es una agencia implementada conjuntamente por el Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA. Cf. México. Mesoamericano Biological Corridor Project, GEF-World Bank, 2000. 107 bidem. 108 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes, 1989, varias ediciones. 109 Corredor Biológico Mesoamericano-México. Informe anual de avances 2003-2004, CONABIO-Nafinsa. Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad, México, 2004. 110 Ibid. pp. 133-134. 111 Enlace, Comunicación y Capacitación, AC. “Montes Azules, el asedio a los recursos estratégicos y la defensa india del territorio”, doc. de trabajo, Comitán, Chiapas, 2003. 112 A este respecto, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indios “recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés”, en Stavenhagen, Rodolfo, Op. Cit. p. 20.

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La Jornada, 1 de diciembre de 2001. La Jornada, 6 de abril de 2002. 115 La Jornada, 6 de enero de 2003. 116 Ibidem. 117 CDHFBC, Boletín de prensa. Quemadas 23 casas en Nuevo San Rafael, 23 de enero de 2004. 118 La Jornada, 20 de febrero de 2003. 119 SEMARNAT, Comunicado de prensa Núm. 124/04, 7 de julio de 2004. 120 La Jornada, 12 de noviembre de 2004. 121 Secretaría de Desarrollo Social-Gobierno del Estado de Chiapas, Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva, junio de 2002. 122 UAM-Xochimilco, Evaluación externa del Plan de Desarrollo Microregional Amador Hernández, abril de 2004. 123 Secretaría de Desarrollo Social-Gobierno del Estado de Chiapas, Programa Integral de Desarrollo Sustentable de la Selva. Desarrollo Local-Inversión 2003, 2003. 124 UAM-Xochimilco, Op cit. 125 Ibidem. 126 Ibidem. 127 En www.mexiko-koordination.de. 128 Ibidem. 129 Plan Operativo Global, diciembre, 2004, p. 67. 130 Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, Recomendaciones CIDH 2003, México, 2003. 131 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, México, D.F., 2004. 132 Barrios Hernández, Martín Amarú. “El Calzón de Manta y los Levi´s: Los indios detrás de las transnacionales”. Mimeógrafo, 2002. s/p. 133 Observación General Derechos Económicos, No. 15 del Comité DESC Sociales, de la ONU. Culturales 168 134 y Ambientales Datos del INEGI Censo de en México Población 2000. 114


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Las actividades de la planta de Ciba se enfocan en la producción y distribución de colorantes básicos, ácidos y dispersos; productos para proceso y acabado textil, así como abrillantadores ópticos. 136 Informe del estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los Ríos Santiago y Verde del estado de Jalisco, realizado por AYMA Ingeniería y Consultoría, octubre de 2003, a solicitud de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) de Jalisco, Capítulo 1, página 8. 137 Ibidem. Informe del estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los Ríos Santiago y Verde del estado de Jalisco. Capítulo 4, página 7. 138 Ibidem Informe del estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los Ríos Santiago y Verde del estado de Jalisco, Capítulo 4, página 19. 139 Ibidem. Informe del estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los Ríos Santiago y Verde del estado de Jalisco, Capítulo 4, página 41. 140 Ibidem. Informe del estudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los Ríos Santiago y Verde del estado de Jalisco, Capítulo 4, página 25. 141 Acta de hechos no. 1, visita realizada por personal del IMDEC el 24 de agosto de 2005. 142 Juan Gallardo Valdez. Estudio Ambiental del Ácido Sulfhídrico como contaminante del aire en las comunidades de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, 2004-2005. Tesis de Maestría en Ciencias UDG, página 35. 143 http://www.ine.gob.mx/dgicurg/sqre/ sustancias_amb.htlm. Instituto Nacional de Ecología (INE). 144 Entrevista realizada a Informe Rodrigo Saldaña, PresidenAlternativo te del Instituto Vida AC, de la Juanacatlán, 26 de octubre 169 Sociedad Civil de 2005. 1997 145 2006 Ibidem. Informe del es-

tudio de monitoreo y modelación de la calidad del agua de los Ríos Santiago y Verde del estado de Jalisco, Capítulo 4, pagina 39. 146 Coliforme fecal:: Bacteria común en el intestino de los vertebrados, entre ellos por supuesto, el hombre. Su presencia en las aguas, con índices altos se toma como indicador de contaminación por excremento humano. Relativo a la bacteria “Escherichia Coli” y otras especies. 147 Denuncia presentada a la Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio para América del Norte por el Instituto de Derecho Ambiental A.C e Instituto Vida respecto de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico. Mayo de 2003. 148 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 1966. 149 Juan Gallardo Valdez. Estudio Ambiental del Ácido Sulfhídrico como contaminante del aire en las comunidades de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, 2004-2005. Tesis de Maestría en Ciencias UDG, pág. 25. 150 Nota del diario ���El Occidental”, del 17 de marzo de 2003. 151 Secretaría de Salud Jalisco, Dirección General de Planeación, principales causas de mortalidad. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (CIE-10). 152 Ppm; partículas por milímetro. 153 Carmona Lara, María del Carmen. Derechos en relación con el medio ambiente, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001, pp.3-5. 154 La calidad del agua ha de ser salubre, es decir, no puede suponer una amenaza a la salud. Para proteger la calidad del abastecimiento de agua, es de especial importancia contar con un saneamiento adecuado, dado que la contaminación con bacterias fecales es la principal causa de enfermedades asociadas al agua. Observación General 15 del Comité DESC sobre agua, ONU.


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En función de sus características hidrológicoambientales y del uso y aprovechamiento de agua, la Ley Federal de Derechos en materia de agua clasifica como cuerpo tipo “B”, los ríos con uso público-urbano y estuarios, y humedales naturales. 156 Tesis de Maestría Estudio Ambiental del Ácido Sulfhídrico como contaminante del aire en las comunidades de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, 2004-2005 de Juan Gallardo Valdez, Zapopan, Jalisco, agosto de 2005. Página 28. Universidad de Guadalajara. 157 El parámetro de la Enviromental Protection Agency (EPA), señala el valor de 2 ppm en concentración promedio en 8 horas, 15 ppm en exposición a corto plazo, y 300 ppm como peligro inmediato a la vida. 158 Idem. Juan Gallardo Valdez. Página 102. 159 Los investigadores Kilburn y Legator presentaron dos investigaciones para demostrar la naturaleza tóxica del ácido sulfhídrico, confirmando que la exposición permanente a concentraciones extremadamente bajas puede causar daño permanente al sistema nervioso. Idem, página 104. 160 Referido concretamente a los efectos que la actividad productiva de las empresas agroexportadoras y empacadoras del tomate. 161 Jornaleros, Sayula y Migración/Investigador Jesús Michel Cuen, / Centro de Investigación y Formación Social del Iteso, Universidad Jesuita en Guadalajara. 162 Ibid. 163 Ibid. 164 Reporte Evaluativo Periodo Julio de 1999 a Enero del 200 / DIF Jalisco mimeo.pág 3. 165 Recomendación 15/98, Pág. 141 / Compilación de Recomendaciones 1998 de la CEDHJ. 166 Dr.hubert Cartón de Grammont es Profesor Investigador de la UNAM. 167 Rocha Quintero, Jorge Enrique, ¿Y cómo está eso de los derechos humanos..; CIFS-ITESO 2004. 168 Dr. Hubert Cartón de Grammont/Perfil Socio-

económico de Jornaleros Migrantes en sayula Jal. 1999 2000 Investigación-UNAM. 169 Que de hecho, en el informa alternativo de las ONG al Comité DESC de la ONU aparece una alusión al municipio de Sayula Jalisco, en el artículo 11, del derecho a la Alimentación, sobre algunos ejemplos de violación a este derecho, página 76, Editado por Oxfam-Gran Bretaña, Noviembre 1999. 170 Informe Alternativo de las ONG al Comité DESC de la ONU artículo 7: Derecho a condiciones de trabajo equitativo y satisfactorio, apartado sobre seguridad e higiene en el trabajo, página 48. 171 Este capítulo fue elaborado por las siguientes organizaciones civiles: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ENLACE Comunicación y Capacitación, Foro Chiapas para el Desarrollo Sustentable y el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/Defensoría del Derecho a la Salud. 172 Programa federal operado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuyo objetivo es “Mejorar las condiciones de educación, salud y nutrición de las familias en pobreza extrema en zonas rurales y urbanas, otorgando becas educativas, suplementos alimenticios, servicio médico y apoyos monetarios”. SEDESOL y Transparencia Mexicana, A.C., Manual Ciudadano 2003. Sedesol a los ojos de todos, México, DF., 2003. 173 Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Nutrición, 1999. 174 Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas, Diagnóstico nutricional en niños menores de 12 años de las zonas rurales del estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Marzo 2003. 175 Sánchez, Héctor Javier; Derechos Económicos, Arana, Marcos; Yamin, Sociales, Alicia; y Ford, Douglas, Culturales 170 y Ambientales Excluded People, Eroded en México Communities: Health,


Conflict and Citizenship in Chiapas, Ibid. Gobierno de Chiapas, Programa Vida Mejor para las Mujeres, las niñas y los niños de Chiapas. Programa multisectorial en 270 microrregiones de muy alta marginalidad. 177 Estas reformas significaron para los campesinos el fin del reparto agrario, levantar la prohibición legal para la venta o renta de tierras ejidales o comunales, así como permitir y fomentar la participación en sociedades mercantiles de los ejidos y comunidades que posean valiosos recursos naturales, “asociándose” con empresas o con bancos, aportando los campesinos sus tierras o sus bosques y montañas, los cuales ahora sí pueden ser embargados o hipotecados y enajenados. Además del PROCEDE, existe también el PROCECOM, que es el Programa de Certificación de Derechos Comunales, y que se aplica a los pueblos con figura de comunidades, los cuales se manejan por bienes comunales. 178 Maderas del Pueblo del Sureste. “12 años después, el PROCEDE… ¿procede?”, Chiapas, 2005. 179 Los resultados del estudio indican que en el 51% de las comunidades fueron visitadas por funcionarios del gobierno federal para promover PROCEDE/PROCECOM, registrando diversas irregularidades. Al 44.4% de las comunidades visitadas no se les informó que se trata de un programa voluntario. Al 77.7% no les explicaron las seis etapas de implementación. En el 83.3% de los casos les dijeron que sólo con PROCEDE/PROCECOM iban a poder acreditar que son ejidatarios o comuneros; y que todos los documentos de la Carpeta Básica quedaban sin valor jurídico. Al 83,3% les dijeron que sólo al aceptar el prograInforme ma el gobierno les otorgaAlternativo ría proyectos productivos y de la construcción de obras pú171 Sociedad Civil blicas. Al 94.4% les dijeron 1997 2006 que si no entraban al pro176

grama, dejarían de recibir el subsidio a la producción agrícola denominado PROCAMPO y al 50% les dijeron que si no entraban al PROCEDE las mujeres dejarían de recibir el programa asistencial Oportunidades. En el 30% de los casos la cantidad de votos para aceptar el programa fue menor a las 2/3 partes del total de los ejidatarios o comuneros que exige la ley, y en el 20% el programa se aprobó indebidamente fuera de la Asamblea, en el 50% de los casos no se respetó el derecho de quienes no quisieron entrar al Programa. 180 La Jornada, 24 de diciembre de 2005. 181 Grupo México Guatemala sobre Migración y Desarrollo. Documento interno, Mimeo., 2004. 182 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. Trabajo de la Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. 183 Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH y Jurisprudencia del Sistema Interamericano, 2005 MENAMIG. 2001. Rodolfo, Martha Vicente Castro y Claudio González Cartes.1996. Migrantes Centroamericanos en México. Un Análisis Global. Facultad de Ciencias Sociales/Centro de Análisis de Políticas Públicas, Universidad de Chile, pp., 27-41. 184 INEGI, Censos Generales de Vivienda y Población de 1990 y 2000. 185 Sánchez, Héctor Javier; Arana, Marcos; Yamin, Alicia; y Ford, Douglas, Excluded People, Eroded Communities: Health, Conflict and Citizenship in Chiapas, Mexico. Physicians for Human Rights-Ecosur-CCESC, 2006 (en prensa). 186 En un estudio de salud con enfoque de derechos humanos llevado a cabo por la Defensoría del Derecho a la Salud y El Colegio de la Frontera Sur, en colaboración con Physicians for Human Rights, en tres regiones de Chiapas afectadas por el conflicto armado (Altos, Selva y Norte) en 2,997 hogares de 46 localida-


des, se obtuvieron, entre muchos otros, los siguientes resultados: Una tasa de desnutrición crónica (bajo peso para la talla) en menores de cinco años del 54.7%. En las comunidades divididas, la tasa encontrada fue del 58.6%. Se encontró una tasa de mortalidad materna de 60.7 por 10,000 nacidos vivos. Las 8 muertes encontradas fueron encontradas en comunidades divididas. Los esquemas completos de vacunación en los niños en las comunidades divididas también fueron los que tuvieron más baja cobertura. 187 Diario Milenio,27 de noviembre de 2005. El Universal, 18 de marzo de 2005. 188 2ª Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz, Informe por la Paz en Chiapas. 18 a 23 de mayo y 16 al 25 de agosto de 2000. 189 Existen aún presos zapatistas en Tabasco y otras cárceles del país. La Jornada, enero 27 de 2006.

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La COCOPA es una instancia creada a través de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas del 9 de marzo de 1995. De acuerdo con el artículo 8 de esta ley, la COCOPA está “integrada por los miembros de las Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas”. 191 La Jornada, 7 de junio de 2004. 192 Citado en Ibidem. 193 La Jornada, 2 de julio de 2004. 194 De acuerdo al estudio “La Ocupación Militar en el Territorio Indígena de Chiapas: EL Dilema de Prisionero” del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas AC de febrero de 2004, y actualizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC.

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México

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