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El Paro judicial, un paro objetivo El reclamo de los jueces no solo tiene que ver con una promesa que se les hizo hace 20 años, y todavía hoy no se les ha cumplido, sino que deja al descubierto uno de los problemas dentro de la rama judicial.

El paro de los jueces en Colombia comenzó el 11 de octubre y solo tres semanas después el país comenzó a preocuparse por él. Ese dato en sí mismo, que muestra el escaso interés que despierta la justicia en la agenda pública. Las cúpulas de los tres poderes Legislativa, Ejecutiva y Judicial llevan ya diez años de constante diálogos tratando de hacer una reforma a la justicia que esencialmente se ha intentado para ver cómo se vuelve a barajar el poder; en lapsos de tiempo se proponen reformas que le recortan independencia a la justicia, otras veces el texto intenta blindar al Congreso e incluso, como en el último intento, se trata de dejar contentos a los tres. Pero a pocos de ellos se les ha ocurrido meterle el diente a la nivelación de salarios que se les prometió a los jueces, por ley, hace 20 años. En 1992 fue expedida la Ley 4, que le da facultades al gobierno para fijar los salarios de los empleados públicos. Esta ley dice que el gobierno "revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad". Pero esa ley nunca fue establecida. Las aspiraciones de los jueces de entonces, hace dos décadas, son las mismas de ahora. La brecha entre los salarios de la cúpula de la rama, es decir los magistrados de las altas cortes y los de la base, los jueces, es casi abismal. Mientras un magistrado puede ganar 22,1 millones de pesos, un juez de circuito o un juez municipal pueden ganar entre 6 y 4 millones de pesos, respectivamente.

Esa inequidad se ve en toda su extensión en casos de la vida diaria de la justicia. Por ejemplo, mientras al juez de circuito que le toca seguir las audiencias de un


delincuente como Salvatore Mancuso y preparar y dictar el fallo le pagan 6 millones de pesos, a cada uno de los tres magistrados que revisan esa misma sentencia, en caso de que llegue a la Corte, les pagan 25 millones. El paro también afecta a sus colegas litigantes

La situación ha llevado a que los abogados litigantes de la ciudad de Medellín y su área Metropolitana,

colocan

su voz de protesta y rechazan

el cese de

actividades, pese a que lo apoyaron en un principio, por los graves efectos sobre su trabajo. “El paro me afecta porque los fallos en que yo esperaba me salieran antes de que inicie la vacancia judicial ya no van a salir, ya firmaron un acuerdo con el Gobierno y deben respetarlo”, dijo la abogada Luisa Rengifo Botero. Por su parte, el también abogado litigante, Santiago Yepes Estrada señaló que “el paro constituye una situación irregular ya que se convierte en un inconveniente económico para nosotros, dado que derivamos nuestro sustento y el de nuestras familias del litigio; estamos en un limbo jurídico, tenemos que empezar de cero nuevamente porque al paro se le suma la vacancia judicial que inicia el próximo 19 de diciembre, no sabemos si van a recuperar ese tiempo o si se van a ir de vacaciones enseguida”. José Guevara, usuario de los servicios de la rama judicial teme que se siga dilatando un proceso de sucesión del cual es doliente y que cursa en el Juzgado Quinto de Familia. “Tenemos un negocio de una sucesión que mi papá falleció, llegamos a un acuerdo con mi madrastra de venderle la parte a ella, pero la plata está en el Banco Agrario y estamos esperando un papel del Juzgado para poder llevarlo al banco pero no hemos podido por el paro judicial”, expresó Guevara.


Asonal defiende su paro pero está dividido El martes 6 de noviembre se llego a un acuerdo por parte de las directivas de Asonal judicial y el ministerio de justicia sobre la nivelación salarial, pero este acuerdo a creado un inconformismo por parte de jueces, fiscales y demás personas que hacen parte de el sindicato. El presidente de Asonal Judicial Medellín , Fernando otálvaro manifestó que los trabajadores rechazaron la propuesta de nivelación salarial de 1 billón 220 mil millones de pesos, por lo que exigen que esta cifra sea aumentada. “Este preacuerdo ha sido totalmente rechazado ante la avalancha, casi que unánime de la comunidad judicial, pues nosotros no vamos a suscribir ese acuerdo ”, Otálvaro aseguró que dicho acuerdo no llenó las expectativas que tenían los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, indicando que el presupuesto para la nivelación salarial no puede ser menor a los 3 billones de pesos. Muchas personas pertenecientes a asonal judicial, creen en el sindicato pero no en las personas que los representan, ya que en anteriores paros se han visto como los directivos son beneficiados con cargos codiciados fuera y dentro de el país.


El Paro judicial, un paro objetivo