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D E B A T E

Hacia una Pol铆tica Integral de Ordenamiento y Desarrollo Integral para la Protecci贸n Ambiental y el Aprovechamiento Econ贸mico Sustentable de la Zona de Reserva Forestal de La Magdalena

P I E D A D Z U C C A R D I Senadora


Origen de este debate En diferentes oportunidades y distintos escenarios, hemos manifestado nuestra preocupación por la problemática que afecta a los municipios del departamento de Bolívar ubicados en la Zona Reserva Forestal de la Magdalena. Fue así como desde el año 2010, a través de diferentes comunicaciones, le manifestamos a los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, de Minas, del Interior, al Incoder, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Gobernador de Bolívar, nuestro interés en la política de tierras que viene impulsando el Gobierno del Presidente Santos y su componente de formalizar predios rurales que hoy no tienen títulos y suman más de 6 millones de hectáreas en todo el país. Igualmente, expresamos nuestro interés en que se promueva el PROYECTO PILOTO DE SUSTRACCIÓN Y TITULACIÓN DE TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR dada las limitaciones que para el progreso del mismo y sus municipios impone la declaratoria de esta zona de reserva de la Magdalena, la cual fue creada por la ley 2ª de 1959, ya que incide en 1.141.547 hectáreas localizados en la Serranía de San Lucas, su área de influencia y algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Cesar, Sucre, Boyacá, Santander y Norte de Santander.


El por qué de este debate -Es necesario que al interior del Gobierno Nacional haya una adecuada coordinación y articulación entre las distintas dependencias del nivel central y descentralizado que de una u otra manera ejercen competencias decisionales relacionadas con el manejo de los recursos ambientales del país. Se observa cierta desarticulación entre los Ministerios del Medio Ambiente, el de Minas y Energía y el de Agricultura, generada a su vez por intereses institucionales muchas veces contrapuestos, que suelen producir frecuentes choques de trenes.

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-Es evidente la vetustez, inocuidad e inoperancia de algunas normas que regulan el sector ambiental del país, como la Ley 2ª de 1959, que creó y reguló siete (7) zonas de reserva forestal con las que en ese momento se pretendió fomentar la industria maderera nacional a la vez que proteger nuestros recursos naturales renovables, en un país donde el 70% de la población era rural y sólo el 30% urbano. No obstante, esta ley ,así como el art. 209 del Decreto 2811 de 19974 (Código de Recursos Naturales) hoy le niegan a millones de colombianos pobres el derecho al acceso a la tierra, a la titulación de sus predios urbanos y rurales, a ser sujetos de crédito y a beneficiarse de las inversiones sociales del Estado, mientras en cambio, no ha servido para impedir la entrega de miles de hectáreas de las zonas de reserva forestal para la explotación minera, tan necesaria como la actividad


-Millones de colombianos que habitan cientos de centros poblados (urbanos y rurales) ubicados al interior de las Zonas de Reserva Forestal del país tienen vulnerados su derecho constitucional a la PROPIEDAD (artículos 58 y 60 Constitucionales), porque la ley 2ª de 1959 y el art. 209 del Decreto 2811 de 1974 imposibilitan titularles sus viviendas y parcelas y garantizarles el acceso con cobertura y calidad a los servicios sociales de educación, salud, deporte, recreación, agua potable y saneamiento básico, entre otros, por la prohibición que hace de permitir cualquier tipo de intervención en estas zonas. -En el Sur de Bolívar, 283.146 colombianos que habitan en los 15 municipios de la ZRF de la Magdalena tienen vulnerados estos derechos, de los cuales 116.419 habitan las cabeceras municipales y 166.727 los centros poblados rurales.


-Mientras a esos colombianos que habitan las ZRF se les niega el derecho a la titulación de las tierras y viviendas que por muchos años han poseído, alegándoseles la condición de INADJUDICABLE (ley 2ª de 1959), el Ministerio de Minas y Energía ha otorgado cientos de títulos de concesiones mineras desconociendo la prohibición de dicha ley. Sólo a partir de la Ley 1382 de 2010 se exige para la iniciación de las actividades de exploración y explotación minera, la sustracción previa de los predios concesionados.


-No obstante que las resoluciones 0763 de Julio de 2004 y otras que la complementan, expedida por el Ministerio de Ambiente permiten sustraer las cabeceras municipales de las ZRF, el trámite para la sustracción implica altos costos para los municipios que les son imposibles de financiar por sus limitados recursos, igual que para las entidades como el IGAC e INCODER, lo que explica la inoperancia de esta medida. Además, no permite sustraer los centros poblados rurales, que en el caso del Sur de Bolívar alojan al 60% de la población, ni sus respectivas zonas suburbanas y rurales adyacentes de donde obtienen su seguridad alimentaria.


-Si el Gobierno Nacional en buena hora ha anunciado la creación de nuevas Zonas de Reservas Campesinas en el país (EJ: Montes de María) como mecanismo de sustracción y adjudicación de baldíos a campesinos, afrodescendientes e indígenas ¿por qué más el 70% de las tierras baldías de la ZRC de Morales-Arenal y el 100% de las de la ZRC de Cimitarra no han sido adjudicadas?


-A pesar de estar ubicados en una zona privilegiada por su riqueza forestal, agropecuaria y minera, la población que habita las ZRF del país, especialmente de La Magdalena, registran los mayores índices de miseria y pobreza. Adicionalmente, por muchos años, han sido víctimas del conflicto armado.


-Por la ineficacia de la política de SUSTRACCIÓN DE TIERRAS de las ZRF, los municipios del país que quedan ubicados en ellas, por demás los más pobres, tienen una base tributaria muy precaria: su catastro inmobiliario es muy reducido y por tanto poco reciben por el recaudo del impuesto predial. La falta de titulación de sus tierras urbanas, suburbanas y rurales impide también la diversificación de su base productiva y el recaudo de otros impuestos como el de Industria y Comercio.


Senadora Piedad Zuccardi