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CONTENIDO !

DIRECTOR MIGUEL BADILLO oficiodepapel@contralinea.com.mx ASISTENTE DE DIRECCIÓN JANETT ALBA janett@contralinea.com.mx SUBDIRECTOR JOSÉ RÉYEZ jreyez@contralinea.com.mx RELACIONES PÚBLICAS MARCELA YARCE marcelayarce@contralinea.com.mx JEFE DE INFORMACIÓN ZÓSIMO CAMACHO zosimo@contralinea.com.mx COORDINADORA DE EDICIÓN NANCY FLORES nancy@contralinea.com.mx COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ julio@contralinea.com.mx COORDINADOR DE DISEÑO MIGUEL MINERO mimiga@contralinea.com.mx REPORTEROS ANA LILIA PÉREZ analilia@contralinea.com.mx DAVID CILIA cilia@contralinea.com.mx ÉRIKA RAMÍREZ erika@contralinea.com.mx MAYELA SÁNCHEZ mayela@contralinea.com.mx NYDIA EGREMY nydiaep@contralinea.com.mx PAULINA MONROY paulina@contralinea.com.mx RUBÉN DARÍO BETANCOURT ruben@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA ÁLVARO CEPEDA NERI cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR JORGE MELÉNDEZ PRECIADO jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS ABEL BARRERA abel.barrera@tlachinollan.org ALFREDO JALIFE-RAHME EDGAR GONZÁLEZ RUIZ edgargr@prodigy.net.mx GUILLERMO GARDUÑO VALERO gavg@xanum.uam.mx JORGE LUIS SIERRA jlsierra@hotmail.com JOSÉ REVELES jreveles@prodigy.net.mx JUAN MANUEL BUENO SORIA MARCOS CHÁVEZ mchm1995@gmail.com MIGUEL CONCHA MALO educacion@derechoshumanos.org.mx CORRESPONSALÍAS BAJA CALIFORNIA LORENA ROSAS CHIAPAS GABRIEL REYES GUERRERO JUAN CARLOS GONZÁLEZ HIDALGO SERGIO ISLAS SONORA ÁLVARO CEPEDA TAMAULIPAS HUGO JIMÉNEZ VERACRUZ • MICHOACÁN • PUEBLA • QUINTANA ROO TABASCO • ZACATECAS • CAMPECHE • OAXACA DISEÑADORA

ANTONIO NIETO

RELACIONES INSTITUCIONALES JAIME GUERRERO jaime@contralinea.com.mx PRODUCCIÓN

LUIS KUAN

CIRCULACIÓN

ANTONIO DE LA TORRE

PÁGINA DE INTERNET GONZALO MONTERROSA www.contralinea.com.mx REDACCIÓN: 9149-9808 • PUBLICIDAD: 9149-9830 SUSCRIPCIONES: 9148-5538

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EMITE CNDH NUEVA RECOMENDACIÓN POR DISCRIMINACIÓN PUBLICITARIA La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acredita que el gobierno de Guanajuato, encabezado por Juan Manuel Oliva Ramírez, discrimina a los diarios A.M. y Al Día en la contratación de la publicidad oficial. Enrique Gómez Orozco, director general de A.M., no tiene duda: el gobierno estatal “utiliza el presupuesto público para premiar o castigar a los medios de comunicación” Redacción

26 CONDENAN ONG REPRESIÓN A CONTRALÍNEA Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que la recomendación 57/2009 de la CNDH –en la que se acredita que fueron vulnerados los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión de periodistas de Contralínea– es “un paso a favor” en la defensa del ejercicio periodístico. Además, urgen a los legisladores a que emitan una ley que garantice la transparencia en la asignación de los recursos publicitarios de los gobiernos Érika Ramírez

PORTADA

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SAGARPA: APOYOS MILLONARIOS A EMPRESAS DE MAYORGA De 2000 a 2008, dos empresas de Francisco Mayorga –recién nombrado por Felipe Calderón titular de la Secretaría de Agricultura– recibieron “apoyos” económicos de esa dependencia, de Economía y del Conacyt. En ese lapso, el funcionario federal dirigió Aserca y la propia Sagarpa. Industrias Melder y Semillas Caloro, propiedad del secretario, obtuvieron 2 millones 855 mil 683 pesos del erario Érika Ramírez

MARLENE CAMACHO

CARTONISTA DAVID MANRIQUE manrique@contralinea.com.mx CORRECTOR

MEDIOS

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A OCHO COLUMNAS

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CONTRAINSURGENCIA, GOLPES A LA POBLACIÓN: ERPI “Guerra sicológica”, paramilitarización e intensificación de las labores de inteligencia, las características que el ERPI observa en la política contrainsurgente que se desarrolla en Guerrero. De acuerdo con uno de los grupos guerrilleros más numerosos del país, los gobiernos federal y estatal han implantado un modelo de sofocación de la insurgencia que combina las doctrinas de la estadunidense Escuela de las Américas (ahora WHISC) y el Mossad israelí, en las cuales los golpes a la población civil son el principal instrumento para minar a los grupos subversivos Zósimo Camacho

CONTRALÍNEA


EDUCACIÓN

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FRACASA CONAFE EN LLEVAR EDUCACIÓN A COMUNIDADES RURALES En México más de 700 mil niños de comunidades campesinas, indígenas y de jornaleros migrantes no reciben ningún tipo de educación formal, revela la Auditoría Superior de la Federación. El Conafe –institución que debe garantizar el derecho a la educación en estas localidades– deja sin atención al 70 por ciento de su población objetivo. Además, los recursos presupuestarios son asignados principalmente a las regiones con menor índice de marginación, como la ciudad de México Mayela Sánchez

Portada: Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Sagarpa Foto: Federico Guerrero / Cuartoscuro

CARTÓN

SOCIEDAD

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HÍBRIDO Manrique

MÉXICO, “ESTADO CAPTURADO” AL ESTILO COLOMBIA La fórmula es sencilla: corrupción a gran escala hasta debilitar la estructura económica de un país a la que se suman maniobras para formular leyes, normas, decretos y regulaciones a su favor; se añade un intenso accionar entre los actores políticos legales para acceder al control político y territorial, y el resultado es la captura del Estado. Esa ruta, que fue exitosa en Colombia, parece reproducirse en México, aunque con una diferencia: “Aquí están aprendiendo más rápido”, señalan analistas del país suramericano Nydia Egremy

DEFENSOR DEL PERIODISTA LAS HOJAS SUELTAS Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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Álvaro Cepeda Neri

OPINIÓN LA ERA DEL AUTORITARISMO

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Guillermo J. R. Garduño Valero

RADAR GEOPOLÍTICO RUSIA Y BRZEZINSKI SE OPONEN AL ATAQUE ISRAELÍ CONTRA IRÁN

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Alfredo Jalife Rahme

OPINIÓN

LÍNEA GLOBAL

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11 DE SEPTIEMBRE: FALSEDADES AL DESCUBIERTO A ocho años de la caída de las torres gemelas, se derrumban elementos de la versión oficial: un libro de Eric Raynaud –que retoma investigaciones anteriores, algunas de ellas de la Red Voltaire– concluye que ningún avión de pasajeros se estrelló contra el Pentágono y que las torres no se derrumbaron por el impacto de los aviones Thierry Meyssan / Red Voltaire

PARAMILITARES CON TESÓN

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Jorge Luis Ubertalli / Prensa Latina

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

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Miguel Concha Malo

EX LIBRIS KANT: LA INSOCIABLE SOCIABILIDAD

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Álvaro Cepeda Neri

OPINIÓN NO EXISTÍA POLÍTICA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: SZÉKELY

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Jorge Meléndez Preciado

CONTRALUZ

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CIUDADES PERDIDAS La capital de México alberga más de 69 ciudades perdidas: asentamientos irregulares que se formaron al calor de la expansión de la mancha urbana y, en otros casos, de numerosos predios situados en zonas céntricas de la ciudad. Alrededor de 40 mil 367 personas subsisten en los reducidos espacios, que carecen de los servicios básicos

CONTRALÍNEA es una publicación semanal. Teléfonos: 9149-9829, 9149-9826, 9149-9830. Los textos aquí publicados están reservados y su reproducción y publicación son derechos privados. Editor responsable, Miguel Badillo. Número de reserva al título de derecho de autor 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud de título 12264, y de contenido 8918. Distribuido por CITEM, SA de CV, y la Unión de Voceadores de México, despacho Gloria Santillán. Impreso en Policromía, SA de CV

CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores.

Circulación certificada por Romay Hermida y Cía. SC, folio: 00010-RHY

David Cilia

www.contralinea.com.mx CONTRALÍNEA

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CARTÓN ! Híbrido

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MEDIOS ?

EMITE CNDH

nueva recomendación POR DISCRIMINACIÓN

PUBLICITARIA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acredita que el gobierno de Guanajuato, encabezado por Juan Manuel Oliva Ramírez, discrimina a los diarios A.M. y Al Día en la contratación de la publicidad oficial. Enrique Gómez Orozco, director general de A.M., no tiene duda: el gobierno estatal “utiliza el presupuesto público para premiar o castigar a los medios de comunicación” Redacción 8

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na nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acredita que autoridades mexicanas utilizan el erario para “castigar” o “premiar” el ejercicio periodístico. Se trata de la 60/2009, emitida el 29 de septiembre pasado y dirigida al gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez. De acuerdo con la recomendación, el poder Ejecutivo local ha incurrido en “la aplicación de procedimientos y criterios discrecionales, poco transparentes y discriminatorios en la contratación de publicidad oficial por parte de la Coordinación de Comunicación Social” en perjuicio de A.M. y Al Día. La recomendación de la CNDH se suma a la emitida el 20 de septiembre pasado, dirigida a autoridades del gobierno federal, en donde se acredita la discriminación publicitaria y el acoso judicial contra la revista Contralínea. El debate sobre los “premios” y “castigos” que reparten los gobiernos estatales y federal a medios de comunicación que consideran “afines” o “críticos” podría reavivarse en los próximos días, cuando la oficina del saliente ombudsman José Luis Soberanes emita una recomendación similar a favor de la revista Proceso. El director editorial de A.M., Enrique Gómez Orozco, sentencia: “Juan Manuel Oliva utiliza el presupuesto público para premiar o castigar a los medios de comunicación. A.M. no sucumbirá”. El caso se remonta al 8 de julio de 2007, cuando A.M. publicó un desplegado donde daba cuenta de la suspensión de toda contratación de publicidad gubernamental con ese diario y con Al Día, ambos de la misma casa editorial, ordenada por el propio Juan Manuel Oliva. El diario consideró que la medida no era otra cosa que “imposición de restricciones a la libertad de expresión”. Entonces, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició una queja de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos. Aunque el 17 de abril de 2008 el ombudsman estatal determinó que “existió supresión y reducción de información CONTRALÍNEA

oficial por parte del gobierno de Guanajuato (…) como medio indirecto de afectar la libertad de expresión”, el gobernador no aceptó la recomendación. Por ello, el 14 de junio de 2008, Mario Humberto Dávila García, representante legal de los periódicos, presentó ante el ombudsman local el recurso de impugnación en que manifiesta su inconformidad por la respuesta de la autoridad, mismo que radicó la CNDH. La comisión nacional, por su parte, concluye que “la falta de procedimientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de las dependencias y entidades del gobierno del estado de Guanajuato para la distribución de publicidad oficial, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la asignación de recursos

públicos con objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial”. Agrega que con tales prácticas se vulneran los derechos humanos a la libertad de expresión y a la información. “Por ello, la CNDH en su Recomendación 60/2009 solicita al gobernador de Guanajuato dar cumplimiento en todos sus términos a la Recomendación emitida por el ombudsman local el 17 de abril de 2008, y se informe a esta comisión nacional de su cumplimiento.” Ante ello, Enrique Gómez Orozco, director general de A.M., “espera que el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez cumpla la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y deje de utilizar los recursos públicos para coartar la libertad de expresión”. Ataja que “nada hará cambiar la política editorial de A.M. Nuestra lucha es por la transparencia y la legalidad”. Sobre las razones del veto publicitario a A.M., el director de uno de los rotativos con mayor circulación en el estado explica: “Guanajuato está secuestrado por una secta que llegó al poder, llamada El Yunque, cuya característica primordial es la oscuridad”. Según el análisis de las evidencias, realizado por la CNDH, se “confirma que el gobierno de esa entidad a través de su Coordinación de Comunicación Social suprimió y redujo la publicidad oficial que otorgaba a esas publicaciones, como un medio indirecto de afectar la libertad de expresión prevista en los artículos sexto, párrafo primero, y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

El debate sobre los “premios” y “castigos” que reparten los gobiernos estatales y federal a medios de comunicación que consideran “afines” o “críticos” podría reavivarse en los próximos días, cuando la oficina del saliente ombudsman José Luis Soberanes emita una recomendación similar a favor de la revista Proceso 4 DE OCTUBRE DE 2009

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DEFENSOR DEL PERIODISTA !

Las hojas sueltas y la libertad de expresión Álvaro Cepeda Neri

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stamos en vísperas de celebrar el bicentenario de la iniciación de la Independencia (o tal vez, como Revolución inconclusa) de 1810, para su continuación por los mismos u otros medios en la alternativa violenta o pacífica si esta última conduce a la llevada y traída reforma del Estado que tan-

tea el Senado. Mientras vemos el desenlace de la actual crisis, recordemos que la conquista de la libertad de expresión comienza con la irrupción violentísima de la lucha por la Independencia. Las “hojas sueltas” que se imprimían clandestinamente convocaban a participar e informaban con veracidad, respecto del movimiento abortado la noche del 15 de septiembre, cuando Hidalgo, en el atrio de la iglesia de Dolores, pronunciaba a todo pulmón: “Mexicanos: ¡Mueran los gachupines! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América libre!” Los campesinos reunidos (y sorprendidos) repitieron las encendidas expresiones en ese momento glorioso y durante 11 años más, hasta la consumación de la Independencia, agregando lo de “¡Viva la Independencia... viva la América... muera el mal gobierno!” En ese contexto aparecieron las “hojas sueltas” con textos, proclamas e información sobre la lucha social que forjan la libertad de expresión, de crítica, propuestas y reclamos en forma de demandas. También en la metrópoli peninsular, para combatir la invasión napoleónica, daban los pasos para conquistar esos derechos (ver el libro de José Álvarez y Gregorio de la Fuente, El nacimiento del periodismo político. La libertad de imprenta en las cortes de Cádiz: 1810-1814). Esas hojas circularon de mano en mano con la llegada de los insurgentes, y en

los pueblos se reunían en torno al que sabía leer para escuchar la lapidaria frase “¡Muera el mal gobierno!”, que en todas las versiones del “grito de Dolores” que se conocen no dejó de figurar como el motivo principal de esa gesta heroica. Con ellas nace la libertad de expresión. Se publicaban casi simultáneamente a la llegada de la imprenta en 1539. El más antiguo testimonio periodístico “es una hoja volante fechada el 10 de septiembre de 1541” (Humberto Musacchio, Historia gráfica del periodismo mexicano). Ya el 20 de diciembre de 1810 circuló el periódico El Despertar Americano. Estas “hojas sueltas” fueron el vehículo del movimiento social que encabezaron los Hidalgo, los Morelos, los Allende, las Josefa Ortiz... apoyados y seguidos por el naciente pueblo republicano asido al patriotismo de la tierra donde los conquistadores establecieron las encomiendas, con los mexicanos en situación de esclavos. Y si la lucha por la independencia corrió como pólvora encendida (en el doble sentido de la expresión), fue por esas “hojas sueltas” que pusieron los cimientos para la libertad de expresión. Los revolucionarios de 1810-1821 imprimieron esos “primeros textos informativos que por su oportunidad pueden ser considerados periodísticos, aparecieron en las llamadas relaciones, hojas volantes, traslados, nuevas o noticias. Éstos eran papeles sueltos que se publicaban cuando lo ameritaban los acontecimientos”, escribe Musacchio. Y el estallido y su década de acción ameritaron que la revolución de Independencia hiciera uso de las “hojas sueltas” para publicitar su dramática hazaña. Y así es que los mexicanos, sobre la marcha de su naciente nación y manifestaciones republicanas a través de una democracia directa, pusieron los cimientos de la libertad de expresión, desde entonces duramente defendida.

cepedaneri@prodigy.net.mx 10

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OPINIÓN !

La era del autoritarismo Guillermo J R Garduño Valero*

Dios entrego al hombre la verdad, vino el diablo y la convirtió en religión Proverbio hindú

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Que es el autoritarismo? Ante todo es un síndrome engendrado en una cultura y contenido en un sistema complejo de relaciones sociales, consistente en el sometimiento irracional a la autoridad. Theodor Weisengrund Adorno, quien estudió con la mayor profundidad sus rasgos en la Personalidad autoritaria, lo asoció a diversas manifestaciones: etnocentrismo, que es la creencia en la visión limitada que no va más allá de sus relaciones inmediatas y, por tanto, desecha en su ignorancia cualquier forma de vida alterna; prejuicio, cuya mejor definición es la de Gordon Allport, como el rechazo a personas o grupos de los cuales se conoce poco o nada; narcisismo, que se concentra en una visión idealizada de sí mismos sin correspondencia con la realidad cotidiana que les rodea; integrismo, que supone la idea de posesión de una verdad absoluta, autoevidente e indiscutible; exclusión, donde el mundo se clasifica entre su comunidad inmediata y los otros; mesianismo, donde el sujeto siente ser un predestinado y se somete a la realización de cualquier acto, por irracional que sea, si lo ordena el líder o la organización. En sí la diferencia entre la esquizofrenia y el autoritarismo es que la primera se define como la ruptura de contacto de un individuo con el medio ambiente que le rodea, y donde a pesar de tener una percepción normal, la va a interpre-

tar dentro de su lógica personal que lo lleva a definir el mundo como caótico, si es que no responde a su voluntad. El autoritarismo está más allá del individuo: puede ubicarse como un síndrome social que, para desarrollarse, agudizarse y extenderse, requiriere, además, de condiciones de crisis. El autoritarismo tendrá múltiples pretextos para justificarse y conformarse como ideología a ser insertada en el mundo social y puede adquirir los signos de lo político o lo religioso, aunque no son sus únicas manifestaciones. En el primer caso encontraríamos a figuras como Hitler, Mussolini y Stalin; ellos transformaron las ideologías políticas en mitos y símbolos que condujeron a la guerra, la eliminación de sus adversarios y la destrucción más terrible que hasta ahora ha conocido el mundo y donde el problema central después de 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial es responderse a ¿por qué tantos se sometieron ciegamente a tan pocos? Otra variante es el integrismo religioso, y si el siglo XX giró en torno a lo político, lo religioso parece ser la pieza fundamental de nuestro tiempo. Recordemos tan sólo el 11 de septiembre de 2001 y las dos guerras que se libran hoy en día en Afganistán e Irak y cuyo desenlace aún no se avizora. Todo ello se acentúa con la crisis que a fin de cuentas es un proceso de transición, pues si algo es inherente a estos periodos es que liquidan desde prácticas estúpidas hasta los fundamentos de un proceso civilizatorio. Curiosamente, al aproximarse el siglo XI de nuestra era y estar próximo a la llegada del año 1000, surgió un movimiento conocido como los milenaristas, que predicaban despojarse de todos sus bienes, enrolarse para la reconquista de

La diferencia entre la esquizofrenia y el autoritarismo es que la primera se define como la ruptura de contacto de un individuo con el medio ambiente que le rodea, y donde a pesar de tener una percepción normal, la va a interpretar dentro de su lógica personal que lo lleva a definir el mundo como caótico, si es que no responde a su voluntad. El autoritarismo está más allá del individuo: puede ubicarse como un síndrome social que, para desarrollarse, agudizarse y extenderse, requiriere, además, de condiciones de crisis gavg@xanum.uam.mx 12

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En nuestra cultura mexicana el autoritarismo ha venido por la vía militar y religiosa. La conquista se realiza bajo la cruz y la espada. La colonia se justifica por sus monasterios, fueros y castas. La independencia, por el abismo existente entre criollos y peninsulares que se traducía en clero y milicia de mando o subordinación. La Reforma es el dilema entre Estado oligárquico autoritario contra clero y autonomías indígenas. La Revolución en su etapa final corrió a cargo de la Guerra Cristera (1926-1929). Y el autoritarismo del partido oficial por 71 años va ligado de manera indisoluble a los acuerdos entre el clero y la nueva clase política “tierra santa” y esperar el juicio final en la propia Jerusalén. Lo importante no es que haya habido gentes que con todo fanatismo profetizaron el desastre final, que nunca llegó, sino los vivales que se quedaron con los bienes de los otros y enriquecieron al papado, a la jerarquía eclesiástica, sus órdenes religiosas, a los mercaderes venecianos, a la nobleza inescrupulosa, y a toda suerte de aventureros que terminaría despojando a reyes, príncipes y crédulos de cuanto poseían. De lo anterior ya conocemos la historia, de lo que viene aún no. Pero recordemos que en nuestra cultura mexicana el autoritarismo ha venido por la vía militar y religiosa. La conquista se realiza bajo la cruz y la espada. La colonia se justifica por sus monasterios, fueros y castas. La independencia, por el abismo existente entre criollos y peninsulares que se traducía en clero y milicia de mando o subordinación. La Reforma es el dilema entre Estado oligárquico autoritario contra clero y autonomías indígenas. La Revolución en su etapa final corrió a cargo de la Guerra Cristera (1926-1929). Y el autoritarismo del partido oficial por 71 años va ligado de manera indisoluble a los acuerdos entre el clero y la nueva clase política. La redefinición de lo eclesiástico frente al Estado fue a raíz del fraude electoral del salinismo –que pagaría generosamente su intermediación con las reformas al artículo 130 constitucional, dejando a estos estamentos sin control alguno e iniciándose la era de la intolerancia que aún vivimos y cuyos efectos finales aún están por venir, al privar al Estado de su capacidad regulatoria frente a los administradores de la fe. Sin embargo, el problema religioso en México tiene hoy nuevos matices: mientras que en 1960 las personas se confesaban pertenecer en un 97 por ciento a la fe católica, hoy el problema central es la extensión de las sectas que operan sin control desde hace, por lo menos, dos décadas. Ello no tendría mayores efectos sino por la intolerancia y división comunitaria que generan, puesto que si bien toda creencia corresponde a la esfera íntima del sujeto, cuando se asocia a posturas autoritarias termina en la negación de los otros, lo que deriva en enfrentamiento inevitable e imposibilita cualquier planteamiento de convivencia democrática. Curiosamente es en la frontera Sur, y en particular en Chiapas, donde estos grupos ya rebasan a los tradicionalistas católicos y son sustituidos por otros tradicionalismos fundaCONTRALÍNEA

mentalistas, tanto de carácter religioso, como político, el primero representado por la visión de salvación de pastores donde la división comunitaria se ha traducido en la expulsión por los católicos de miles de indígenas, y la otra variante es el milenarismo de retorno al México prehispánico que pregona el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y donde la promesa democrática no existe, pues los administradores de creencias son los únicos actores en la dirección de estos procesos. Al mismo tiempo, tan sólo en este año hemos tenido el asesinato de dos líderes religiosos: el de la Santa Muerte en Neza y el de los mormones en Chihuahua, sin que éstos hayan sido aclarados a profundidad. El 9 de septiembre un sujeto perteneciente a una secta secuestró un avión de Aeroméxico bajo consigna de dar un mensaje de un terremoto próximo en la ciudad de México, situación que por obvia no debió García Luna permitir su difusión, pues en toda zona telúrica el que tiemble es algo que no necesita profetizarse ni depende de voluntad alguna su ocurrencia, por lo que cabría recordarle al cuestionado secretario de Seguridad Pública que dónde tendría rentado su cerebro para hacerle el juego a estos grupos al darles un foro mundial, pues, como en los casos anteriores, las sectas están ávidas de mártires. Pocos días después y ante el éxito obtenido por la estupidez policiaca, otro sujeto con las mismas características asesina a mansalva a dos personas y deja heridas a 10 en el metro de la ciudad de México. Después de su captura, también con Biblia en mano, se justifica diciendo: “Me reprimieron y no me dejaron decir la verdad”. En ambos casos se quiere hablar de locos. El problema no es ése, sino quién los mandó y a qué intereses sirven, pues estos sujetos tienen su voluntad sometida a sus pastores, por lo que una incitativa de esta naturaleza no está en sus manos idearla, sino tan sólo cumplirla al pie de la letra, semejante a la respuesta que tuvo toda la camarilla nazi al inquirirles por sus excesos en el juicio de Nuremberg donde sólo acertaron decir: “Hitler así lo ordenó...” *Catedrádico de la UAM Iztapalapa experto en seguridad nacional y fuerzas armadas; doctor en sociología por la UNAM y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh 4 DE OCTUBRE DE 2009

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RADAR GEOPOLÍTICO !

Rusia y Brzezinski se oponen al ataque israelí contra Irán Alfredo Jalife-Rahme

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uando dos personalidades del más alto nivel mundial –como el presidente ruso Dimitry Medvédev y Zbigniew Brzezinski, exasesor de seguridad nacional de Carter e íntimo de Obama– evalúan un probable ataque israelí a las instalaciones nucleares civiles de Irán significa que el gobierno del primer ministro “Bibi” Netanyahu, del partido fundamentalista hebreo del Likud, desea desencadenar una guerra mayúscula en Medio Oriente. En fechas recientes han ocurrido eventos extraños que apenas se filtran en los multimedia internacionales, como dos visitas intempestivas a Moscú –una oficial, del presidente israelí Shimon Peres, y otra “secreta” del primer ministro Netanyahu–, en el marco del extravío rocambolesco del barco “Ártico” de tripulación rusa que supuestamente transportaba armamento sofisticado destinado a Irán y que pudo haber sido secuestrado en alta mar por los servicios de inteligencia israelíes del Mossad, como han dado a entender publicaciones tanto de Israel como de Rusia. Sea lo que haya sucedido con el extravío y/o secuestro del barco con tripulación rusa, lo más relevante ha sido que repentinamente Rusia se volvió el centro de tratativas tanto con el presidente como con el primer ministro de Israel, lo que posteriormente dio lugar a que el presidente Dimitry Medvédev se atreviera a revelar a la opinión pública mundial que Shimon Peres le había dado “garantías” de que Israel no atacaría a Irán, ya que prefería agotar la opción diplomática en curso que puede desembocar en severas sanciones contra la teocracia chiíta iraní que todavía no resuelve satisfactoriamente su polémica elección presidencial que ha fracturado a su clase dirigente.

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En dicho contexto incandescente, ha destacado la postura del presidente Medvédev, quien se ha pronunciado sin tapujos contra la aventura israelí de bombardear las instalaciones nucleares civiles de Irán que pudiera desembocar en una catástrofe regional. Tampoco se debe soslayar que un ataque israelí podría dañar no solamente los intereses rusos en la planta nuclear civil de Bushehr (Irán) que construyeron, sino que, también, pudiera cobrar la vida de los científicos rusos adscritos al lugar. Cabe señalar que Rusia e Israel llevan una relación muy “compleja” y “ambivalente” (de odios y amores). La nada improbable aventura de Israel –que ha sufrido en fechas recientes severos descalabros en Líbano Sur (con la guerrilla chiíta de Hezbolá), Gaza (con la guerrilla sunnita palestina de Hamas) y en Georgia (en su alianza militar con el presidente Mikhail Saakashvili, quien sufrió una paliza de parte del ejército ruso en Osetia del Sur)– no será un paseo dominical, ya que la teocracia iraní esconde bajo la manga una carta muy vista para aplacar a sus enemigos: el cierre del Estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico, donde atraviesa el transporte de petróleo destinado al noreste asiático (China, Japón y Sur-Corea), Europa y Estados Unidos, lo cual elevaría el precio del oro negro a la estratósfera y tendría severas repercusiones en la economía global en momentos en que a duras penas lucha por salir de su recesión. Nadie en la región medio oriental (obviamente, con la excepción de Israel) –ni en Rusia, India y China, para citar a las potencias más relevantes– se traga el cuento de que el Estado hebreo podría atacar unilateralmente las instalaciones nucleares civiles de

CONTRALÍNEA


Irán sin la complicidad y/o la anuencia tácita de la administración de Obama, que está sufriendo horrores en poder controlar a su desobediente aliado israelí. Dicho en forma diáfana e inequívoca: el hipotético ataque “unilateral” israelí a Irán será calificado por los afectados y los actores regionales como una agresión militar de su tutor estadunidense cuando Obama se ha esforzado en borrar la islamofobia de su antecesor Baby Bush mediante una política de manos tendidas para una nueva colaboración que pasa ineluctablemente por la resolución del estancado contencioso árabe-israelí. Toda la nueva política medio oriental de Obama quedaría así descarrilada, para no decir descuartizada, y, más que afectar a Israel por las consecuencias subsecuentes, dañaría los intereses regionales y globales (por el alza del petróleo) de Estados Unidos, además de dejar como retórica vacía la muy plausible propuesta del nuevo orden mundial del presidente estadunidense, que recitó recientemente ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido cobra una relevancia mayúscula la reciente entrevista de Brzezinski a Gerald Posner del The Daily Beast (18 de septiembre de 2009) sobre las consecuencias desastrosas de “una colisión estadunidense-iraní”. Brzezinski no pierde su rusofobia, por lo que sus escenarios, que no necesariamente compartimos, arrojan mucha luz de quienes, a su juicio, resultarían vencedores y vencidos. Estados Unidos y China saldrían seriamente afectados, mientras Rusia emergería como el gran triunfador: “Rusia resiente amargamente (sic) el éxito de Estados Unidos en la Guerra Fría”, por lo que la primera consecuencia se resentiría en que “Estados Unidos pagaría un alto precio en Irak y en Afganistán, y en forma masiva (sic), en referencia al precio del petróleo”. El íntimo de Obama contabiliza la enorme preponderancia de Irán sobre la mayoría chiíta en Irak, lo cual pondría en peligro la retirada del atribulado ejército de Estados Unidos, así como la nada despreciable influencia de la teocracia chiíta iraní en Afganistán, donde Estados Unidos se encuentra empantanado. Pareciera que Israel no toma en consideración los sufrimientos de su tutor estadunidense, y el exasesor de seguridad nacional de Carter expone brutalmente las limitaciones de la otrora superpotencia unipolar que resultaría la gran perdedora en el escenario de una conflagración con Irán. En segundo término, otro perdedor sería China, “a quien los rusos envidian (sic) y ven como una amenaza en el largo plazo”. China “importa más petróleo del Medio Oriente que Estados Unidos”, por lo que “un precio estratosférico del petróleo 16

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dañaría más a China que a Estados Unidos”. Esto es muy discutible por su relatividad, ya que a China le sobra el dinero (su excedente de dólares-chatarra) y a Estados Unidos le falta, por lo que podría comprar el petróleo necesario al precio que fuere (que no es el caso de Estados Unidos). En tercer término, “Estados Unidosropeos occidentales se volverían totalmente (sic) dependientes de Rusia” (nota: se refiere a sus hidrocarburos). En cuarto término: “El Kremlin se indigestaría de obtener enormes ganancias” provenientes del alza del petróleo. Brzezinski, quien no deja de lado su genética polaca que lo conduce a su permanente rusofobia, no cesa de atribuirle a Rusia una perversidad infinita, que demostró todo lo contrario durante la guerra fría frente a Estados Unidos, es decir, una ingenuidad ilimitada, lo cual desembocó en su suicidio y en el desmantelamiento del imperio soviético. Más allá de su rusofobia, lo relevante de la opinión de Brzezinski se centra en su oposición geoestratégica al bombardeo unilateral israelí y aduce que Estados Unidos “no se sentará impotente como niño” a contemplar los eventos por lo que “debe prohibir seriamente (sic) el vuelo de los aviones israelíes en el espacio aéreo de Irak”, que controla Washington. Viene la parte nodal del rechazo de Brzezinski: “Si los aviones israelíes optan por sobrevolar el cielo de Irak para atacar a Irán, entonces Estados Unidos tendrá que detenerlos y confrontarlos (¡super-sic!)”, ante lo cual los israelíes “tendrán la opción de regresarse o no. Nadie desea esto, pero puede ser un Liberty en reversa”. Vale una explicación: durante la Guerra de los Seis Días en 1967, los aviones y botestorpedo israelíes bombardearon “por equivocación” al barco USS Liberty en las aguas internacionales, cerca de la Península del Sinaí, que resultó en la muerte de 34 miembros estadunidenses de la tripulación, además de 171 heridos y el daño al barco. Es decir, Brzezinski propone propinar a Israel una sopa de su propio chocolate (“un Liberty en reversa”) en caso de su aventura unilateral y el sobrevuelo sin permiso del cielo iraquí bajo control estadunidense. ¿Se saldrán los halcones israelíes con la suya, sin importarles las consecuencias catastróficas que generaría su unilateralismo bélico en el mundo entero, o finalmente prevalecerá la serena prudencia tanto de Rusia como de Brzezinski para resolver diplomáticamente el contencioso nuclear iraní? CONTRALÍNEA


OPINIÓN !

Paramilitares con tesón Jorge Luis Ubertalli / Prensa Latina

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a importación de paramilitares colombianos por parte de empresarios hondureños se conjuga con la existencia de fuerzas especiales de ambos países, creadas para la guerra sucia. Ambas expresiones, ilegales y legales, forman parte del arsenal represivo montado para la nueva etapa de la guerra antipopular contra nuestra América, recreada una vez más por Estados Unidos y sus aliados regionales.

nacionales venidos a menos a través de sicarios implicados con el cártel colombiano del Valle y del mexicano de Sinaloa. Desaparecidas las AUC, transfigurados en Águilas Negras y apoyados por el Estado colombiano, los narcoparamilitares hoy se infiltran desde los bordes fronterizos en territorio venezolano para masacrar, contrabandear cocaína y desestabilizar al gobierno bolivariano de Hugo Chávez.

Camándulas

Tercerizaciones La tercerización represiva orquestada desde el aparato del Estado burgués no es nueva ni en Colombia ni en Honduras, tampoco en el resto del subcontinente. La lista incluye organizaciones como Patria y Libertad, en Chile; Escuadrones de la Muerte, en Brasil, Paraguay y El Salvador; Novios de la Muerte, en Bolivia; Mano Blanca, en Guatemala; Comando Libertadores de América y Alianza Anticomunista, en Argentina, y Policías Chulavitas y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre otras. Fueron, al igual que todas las demás existentes en Centro y Suramérica, financiadas con fondos reservados del Estado, latifundistas y grandes industriales, comerciantes y financistas, empresas trasnacionales e instituciones vinculadas a los servicios de inteligencia civiles y militares estadunidenses y de otros países capitalistas y, también, ahora más que nunca, con fondos derivados del narcotráfico. Álvaro Uribe, a través de la fundación de las cooperativas de seguridad Convivir, auspició a mediados de la década de 1990, desde su cargo de gobernador de Antioquia, el paramilitarismo encarnado en las AUC, que desde 1977 y hasta 2003 asesinaron, desaparecieron y torturaron a 15 mil personas, y se apropiaron de 6 millones de hectáreas. Uribe, ducho en eso de operar desde blancas alturas, había sido director de Aeronáutica Civil desde marzo de 1980 hasta agosto de 1982. En ese tiempo construyó pistas de aviación utilizadas por el entonces número dos del cártel de Medellín, Jaime Cardona, para transportar cocaína. Ahora, supuestamente en retirada, los paramilitares colombianos han decidido trasladarse hacia otras geografías para ejercer su oficio de sostenedores del orden de los cuchillos y la cocaína en el marco de “democracias” como la de Honduras, teñidas por la impronta del golpe cívico-militar del 28 de junio o de la nuestra (Argentina), donde participaron en el asesinato de varios con18

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El 11 de julio de 1977, una camioneta F-100 blindada fue embestida por el Renault del entonces obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, a quien el coronel Fernando Saint Aman, jefe de la zona militar de esa jurisdicción del Norte bonaerense, había amenazado pocos días antes con que “no pasaría de julio” por dar refugio y defender a los perseguidos de la dictadura. Vinculado a inteligencia del Ejército, Saint Aman calificó en varias oportunidades a Ponce de León de “obispo rojo” y actuó conjuntamente en la represión de esos años con el comisario Jorge Chiche Muñoz, verdugo popular en la cercana Villa Constitución de Santa Fe. Saint Aman también fue especialista en blindados cuando revistaba en Orden Urbano de la Policía Federal y cofundador más tarde de la organización parapolicial de ultraderecha Triple A. Relacionado con los blindados y los accidentes fatales, Saint Aman apareció asimismo vinculado a otros ciudadanos no tan conocidos, aunque efectivos en sus emprendimientos. El propietario del vehículo acorazado que cruzó al Renault del obispo aquel 11 de julio, Carlos Sergio Bottini, fungía como directivo de la empresa Agropolo, SRL, emprendimiento ligado, según se investigó, al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Un año más tarde del “accidente”, que terminó con la vida del obispo, se agregaron a la empresa, que comenzó a operar en el ramo de las construcciones de obras públicas y privadas, los hermanos Domingo Nicolás Gabriel y Nicolás Antonio Di Tullio. Ellos prácticamente se quedaron con la mayoría de las acciones de la empresa, trasladando su domicilio a Viamonte 1866, 7º A, de Capital Federal, a metros del entonces Centro de Reunión de Información del Batallón 601 y domicilio legal de Carlos Sergio Bottini. Los Di Tullio fueron acusados a fines de la década de 1990 de lavar dinero del cártel mexicano de Juárez, conjuntamente con el titular de Mercado Abierto, SA, Aldo Ducler. Todos los implicados se hallaban involucrados en ese moCONTRALÍNEA


mento con las corrientes de los ahora expresidentes Carlos Menem y Eduardo Duhalde. El entramado narcoempresarial-represivo signó estos hechos, como tantos otros, bajo la cobertura de acciones legales de empresarios y uniformados, que utilizaron sus prerrogativas para terminar con la vida de opositores a la dictadura. Lo mismo sucedió en Bolivia el 11 de septiembre del pasado año, cuando en el marco de un golpe de Estado “civil”, tal cual lo calificó el presidente Evo Morales (quien por ello ordenó la expulsión del país del embajador estadunidense Philip Goldberg), empresarios y cívicos del departamento de Pando financiaron a sicarios bolivianos y brasileños que asesinaron a más de 119 campesinos e hirieron a otros tantos. Y en abril de este año fueron ultimados por la policía boliviana los mercenarios paramilitares Eduardo Rosza Flores, el húngaro Mayarosi Ariad y el irlandés Guayar Michel Martín, integrantes de una banda armada ultraderechista que, teniendo como base la Exposición Ferial de Santa Cruz, organizada por la organización empresarial Cainco (Cámara de Industria, Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia), preparaban atentados terroristas y los asesinatos del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. La tercerización de los paramilitares (aún llamados por algunos contrainsurgencia), utilizados contra gobiernos populares en los países latinoamericanos, pivotea actualmente sobre dos ejes. Por un lado, el ocultamiento, tras las sombras, de sectores empresariales y elementos reaccionarios de la policía y las Fuerzas Armadas en relación con acciones provocadas por mercenarios que minen la gobernabilidad de estos gobiernos, hasta que las circunstancias lo aconsejen. Por otro lado está la utilización de los paramilitares para actos de provocación, frente a la actitud de miembros de las fuerzas armadas y policiales que se resisten a seguir siendo furgones de cola de las oligarquías y burguesías locales asociadas al imperialismo.

“Tesones” y otras semejanzas El último 13 de septiembre, El Tiempo, de Colombia, informó sobre el ofrecimiento de empresarios hondureños a paramilitares colombianos para que “cuidaran” predios de plantaciones de caña y palma, pagándoles 751 dólares mensuales, casa y comida. Los mercenarios, que según se dice ya comenzaron a llegar en grupos a Honduras, cobrarán para que sus patrones se deshagan de indeseables trabajadores y dirigentes sindicales que laboran en los terrenos explotados por latifundistas catrachos. Siempre, según el diario bogotano, “los paras”, reclutados en el Magdalena Medio, departamento de Caldás, fueron agrupados en talleres ubicados en un predio denominado “El Japón”, de 1 mil hectáreas, que perteneció al narcotraficante Jairo Correa Alzate “y que hoy, en teoría, está en manos del Estado a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes” y de otras instituciones públicas. Según el periódico, los irregulares ultraderechistas serían también utilizados para custodiar pistas de aterrizaje clandestiCONTRALÍNEA

nas hondureñas montadas para operaciones del narcotráfico hacia Estados Unidos. Como si esto no bastara, la información concluye que en esta hacienda estatal, “El Japón”, ya hubo anteriormente concentraciones de paramilitares. Por otra parte, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras denunció que en el país se formaron ya 120 paramilitares financiados por empresarios. Citó como partícipes del terrorismo de Estado de la década de 1980 y de la represión actual a las Tropas Especiales de Selva y Operaciones Nocturnas (TESON), conformadas por especialistas en guerra sucia entrenados por las estadunidenses Fuerzas Especiales de Operaciones (SOF, por sus siglas en inglés), en la base de Soto Cano y Tamara, cercana a Tegucigalpa. De la misma tónica que los Rangers del ejército de Estados Unidos, los TESON tienen hoy como misión principal combatir al “narcoterrorismo”, en el marco de la impronta impuesta por sus orientadores estadunidenses del Comando Sur. A mediados de abril de este año, poco antes del golpe del 28 de junio, el embajador estadunidense Hugo Llorens participó de ejercicios del 15 Batallón de Fuerzas Especiales de Río Claro, departamento de Colón, que fue apoyado por material aéreo de la Armada estadunidense. Discípulos de las SOF, cuyo Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales se ha desplazado por 19 países latinoamericanos en lo que va del año, entre ellos Honduras, donde han montado dos bases, los TESON son duchos en artes de agresión oculta. Algunas de sus especialidades son tiro de oportunidad para francotiradores, tiro de precisión para francotiradores, tiro a distancias desconocidas para francotiradores y asalto combinado/francotiradores. Una de estas modalidades fue puesta en práctica al asesinar el 5 de julio desde los parapetos del aeropuerto de Tocontín –cuando el presidente Manuel Zelaya pretendía regresar al país– al adolescente Isis Obed Murillo, además de dejar un tendal de heridos. Lindantes con el paramilitarismo en relación con su doctrina de guerra encubierta, los TESON son la elite de las Fuerzas Armadas de Honduras, que hoy se dedican a hacer acción cívica en el marco de Operaciones Psicológicas tendientes a conseguir el apoyo popular para sus aventuras golpistas, tal cual las conciben los manuales SOF del Pentágono. Creadas para las guerras de inteligencia, estas fuerzas fueron financiadas desde las incursiones de los paracaidistas franceses en Argelia e Indochina y sus posteriores discípulos estadunidenses en Lejano Oriente, y fundamentalmente Vietnam, con operaciones de trasiego de divisas, narcotráfico y contrabando. Hoy, los “tesones” son apoyados y adiestrados por los halcones pentagonales, quienes desde la base de Soto Cano y bajo la cobertura del Programa Denton, administrado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Pentágono y el Departamento de Estado, brindan ayuda económica y militar al régimen de Roberto Micheletti y compañía. Narcoparamilitares y TESON: más de lo mismo para el regreso del gran vecino que no quiere verse derrotado en su patio trasero, es lo que se vislumbra en el horizonte de la reacción. 4 DE OCTUBRE DE 2009

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OPINIÓN !

El derecho a la alimentación Miguel Concha Malo*

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l pasado 15 de septiembre se realizó un foro académico con motivo de la visita del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, señor Olivier De Schutter. El evento fue convocado y organizado por la Campaña Sin Maíz No Hay País, formada por organizaciones civiles y movimientos sociales. Debemos aclarar que no se trató de una visita oficial, sino de un primer acercamiento en espera de la confirmación de una invitación oficial por parte del gobierno mexicano en 2010. El foro fue celebrado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Allí diversas organizaciones civiles e instituciones académicas expusieron sus preocupaciones y demandas en torno al derecho a la alimentación. Entre los temas abordados estuvieron: el estado nutricional de la población, en el que se destacó que persisten los problemas de desnutrición, junto con problemas de obesidad y sobrepeso; la situación de las mujeres campesinas e indígenas frente a los programas de gobierno, así como su papel como productoras de alimentos; un panorama general del derecho a la alimentación desde el punto de vista de las políticas públicas; la importancia de su reconocimiento constitucional; la pérdida de la soberanía alimentaria; los aspectos culturales vinculados a la alimentación; los peligros que se observan ante el uso de semillas genéticamente modificadas; y la importancia de preservar el maíz criollo y a México como lugar de origen de este grano. Al final del evento se leyó un pronunciamiento de la Campaña Sin Maíz No Hay País, en el que se reiteró la importancia de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y al maíz como un producto originario de tierras mexicanas. En el foro, la maestra Ana Luisa Nerio, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, informó al relator que, desde hace casi dos décadas, un grupo de organizaciones de derechos humanos han impulsado el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación. Señaló que éste es mencionado de manera indirecta o vinculada a la obligación de los padres a dar alimentos a sus hijos o en relación con el derecho a la salud. 20

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Recordó que la alimentación tal y como está actualmente contemplada en el artículo 4 de la Constitución no toma en cuenta sus aspectos no nutricionales como son la cultura, la producción agrícola, la soberanía alimentaria y el acceso económico a los alimentos. La ponente también dijo ante los más de 250 asistentes al foro que, en México, 19 millones de personas (18.2 por ciento del total de la población) viven en pobreza alimentaria: a penas pueden adquirir los productos de la canasta básica de alimentos. Después de escuchar las exposiciones, el relator señaló que existe disposición del gobierno mexicano para que se realice una visita oficial en 2010 (cosa que celebramos y esperamos), y que mientras tanto, se mantendría en contacto con las organizaciones mexicanas para recabar información. Al día siguiente, en un desayuno convocado también por estas mismas organizaciones civiles, De Schutter pudo conocer algunos casos más específicos sobre violaciones al derecho a la alimentación en México. Durante los dos días de su visita, el relator indicó que la pobreza es uno de los más grandes obstáculos para erradicar el hambre en el mundo y expresó que en el mundo existen 2.4 mil millones de personas con desnutrición, lo que a su vez impacta en la salud de las personas. Subrayó que alrededor de 6.5 millones de niñas y niños mueren por desnutrición o causas relacionadas con ella a nivel mundial. También señaló que muchas personas consumen productos “chatarra” porque, pese a no ser ricos en nutrientes, son energéticos y más baratos que los saludables. El señor De Schutter apuntó que el hambre no es un problema de producción de alimentos, pues a pesar de que las cosechas de los dos últimos años fueron más abundantes que nunca, la malnutrición ha aumentado y afecta a 1 mil millones de personas en el mundo. Algo muy interesante que expresó el relator fue que, sin pronunciarse en específico por el caso mexicano, no consideraba que imponer impuestos a los alimentos contribuyera a reducir el hambre y la pobreza y, que en todo caso, los alimentos que deberían estar gravados son los considerados “chatarra”, como los refrescos. *Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC CONTRALÍNEA


EX LIBRIS !

Kant: La insociable sociabilidad Álvaro Cepeda Neri

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a insociable sociabilidad, de Enrique Serrano Gómez, con el subtítulo El lugar y la función del derecho y la política en la filosofía de Kant (en 250 páginas) es de esos libros que debe uno ir leyendo y estudiando. Su autor –sin asegurarlo– parece que es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha publicado Legitimación y racionalización, Consenso y conflicto y Filosofía del conflicto político. Los tres están bajo el mismo sello editorial, y sé que localizarlos y obtenerlos resulta más o menos fácil en el mercado del libro mexicano. En cinco grandes apartados con 16 macizos capítulos, su autor se adentra (y, de la mano de él, sus lectores) al trabajo jurídico y republicano de Immanuel Kant quien, como pensador universal y original, dejó sus deslumbrantes reflexiones sobre la práctica de la voluntad humana en los quehaceres del Estado, la sociedad y el poder, que realizamos, individual y colectivamente como sociedad, quienes a pesar de nuestras resistencias a convivir (sociabilidad) estamos en tensión constante con la insociabilidad. La alternativa, relativizada para mantenerla como tal, fue planteada por el riguroso pensamiento de Kant, dado que los seres humanos somos los únicos que hemos creado las condiciones para vivir-sobrevivir en la sociable-insociabilidad como constante pugna. Y la sociabilidad se presenta como regulación de las conductas individualidades, por medio del derecho y su sistema jurídico

que constituye al Estado dentro del cual se organiza el poder (que en Kant es republicano) y va regulando, a su vez, como insociabilidad. Serrano Gómez explora, plantea y despeja en las interrogantes kantianas cómo es posible la sociedad en el contexto de la insociable sociabilidad, donde gobernantes y gobernados mantienen, sin violencia como regla general (las revoluciones son la excepción, cuando no es posible la reforma de las instituciones), recíprocas relaciones de convivencia social y pacífica. Nos entrega un trabajo de primerísima calidad. Nos explica la aseveración de Kant, cuando éste se refiere al “antagonismo la insociable sociabilidad de los seres humanos, es decir, su inclinación a formar sociedad que, sin embargo, va unida a una resistencia constante que amenaza disolverla”. Dar cuenta y razón de ese principio de la naturaleza humana de vivir en sociedad y a la vez de aislarse en la insociabilidad. Y la política y el derecho, en una relación de medios y fines (lo jurídico como medio, en los términos de la obra de Hans Kelsen, a lo que no le da suficiente crédito Serrano Gómez), resuelve esa antinomia. Una política republicana y un derecho, integrado jerárquicamente como un orden de normas o leyes, que permite su reforma para evitar que la insociable sociabilidad se rompa por la violencia. Es necesario meterse a este libro y, con sus explicaciones, comprender la alternativa.

Ficha bibliográfica: Autora: Enrique Serrano Gómez Título: La insociable sociabilidad Editorial:Anthropos

cepedaneri@prodigy.net.mx 22

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OPINIÓN !

No existía política en educación media superior: Székely Jorge Meléndez Preciado

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uego de varias explicaciones vista diciendo: “Teníamos que empezar ¡No había política! acerca de lo que pretende por el final. ¿Qué debe saber hacer un Teníamos de distintos hacer la Secretaría de Edujoven de 18 años o menos?” cación Pública (SEP) en la Bajo de estatura pero inquieto al mátipos: Conalep, educación media superior, ximo, recibe llamadas a cada instante, no interculturales y más le preguntamos, asombraen los teléfonos rojos de su escritorio, sino dos, al doctor Miguel Székely Pardo, enen el celular. de 200 planes de estudio cargado de dicho sector: —La prueba Enlace 2008 nos dio las diferentes y —¿De verdad no existía política en ese herramientas para el corto y el largo plaramo? zo. La variable determinante fue las caliprácticamente inconexos, —¡No había política! Teníamos de ficaciones en secundaria, lo mismo que con más de distintos tipos: Conalep (Colegio Naciolas preguntas a los maestros. Por lo tannal de Educación Profesional Técnica), to, tenemos la medida de los docentes y 25 modalidades, incluso interculturales y más de 200 planes de las propuestas para que sepan qué hacer dentro de la propia SEP estudio diferentes y prácticamente incoéstos, amén de las inversiones y becas nexos, con más de 25 modalidades, in(asunto inmediato). Además pasamos y de los colegios cluso dentro de la propia SEP y de los del modelo educativo memorístico al de Bachilleres colegios de Bachilleres. Por ejemplo, alconceptual y crítico. El alumno, por su guien que estudiaba refrigeración no poparte, entenderá sus necesidades. Pero día continuar sus estudios si de habrá que llevarlo a cabo según el conChihuahua se mudaba a Sinaloa, no obstante que continuara texto de cada lugar, las condiciones geográficas, con una serie en idéntica carrera. Es en 2007 cuando ponemos las bases de de puntos comunes. También debe invertirse en el equipauna educación media y superior conjunta, lo que posibilitó miento, de acuerdo con las características de la selva al mar, por mejorar los niveles de productividad y competitividad de Mé- decirlo gráficamente. Prioritariamente, hacer operativos de xico, así como hacer menos propensos a la violencia, las adic- acuerdo con el perfil de los docentes y de los directores, con ciones y otros riesgos a los inscritos en dicho plan. materiales apropiados y buscando su participación; es imporAgrega que el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) no tante, asimismo, revalidar sus estudios y prácticas. propone un bachillerato único ni un plan de estudios homogé—¿Había mucha dispersión y atraso? neo, sino un marco de organización común que promueva los —Tenemos 240 mil profesores en instituciones públicas y distintos tipos de bachillerato. 40 mil en privadas; 40 por ciento de ellos de áreas distintas y De mirada viva, atenta, haciendo énfasis con las manos, ex- un número similar no titulado. No existía preparación para el plicador al máximo de lo que sabe de memoria, inició la entre- docente de educación media y superior. jamelendez44@gmail.com 24

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David Cilia

Evocó que en las preparatorias de la Tenemos 240 mil profesores en instituciones públicas y 40 mil Universidad Nacional Autónoma de Méen privadas; 40 por ciento de ellos de áreas distintas y un xico el maestro es un “viajero” constante, pues va de una unidad a otra para lograr número similar no titulado. No existía preparación para el un salario aceptable y tiene grupos de más docente de educación media y superior de 50 alumnos. Sigue adelante Miguel: “Los 31 estados firmarán la reforma, pues nos beneficia a todos”. donde se aborda la sexualidad con organizaciones de la sociedad —¿Existirá intercambio entre universidades? civil; no es una guía estrecha de lo que se debe ver o no ver, sino —De eso se trata, claro. Se utilizará la capacidad instalada algo abierto que posibilita una mayor comprensión del mundo de cada institución para ahorrar y no hacer más burocracia. Es- que habitamos. tamos ante la tercera generación de esta reforma, con 80 mil —¿Será realidad el programa de becas o simplemente algo en profesores. Para 2011, todos estarán capacitados. Habrá diplo- el papel? mados de seis meses y tendrán un certificado los asistentes. Tres —Hemos otorgado esos estímulos desde 2007, de acuerdo efectos se producirán: se formará una red de docentes, se dig- con la eficiencia, el rendimiento y la condición económica, todo por medios electrónicos para evitar favoritismos. Los resultados han sido ¡maravillosos! (sube la voz por primera vez): de 40 por ciento de deserción que teníamos en bachillerato, pasamos a sólo 1 por ciento en este caso. Afirma Székely: “El mejoramiento en el logro educativo de los estudiantes es, a final de cuentas, el objetivo central de la iniciativa de transformación y modernización de la educación media superior de México”. —Estamos en la sede de José Vasconcelos y hace poco los resultados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mostraron que estamos reprobados y casi al último en lectura, ¿qué hacer al respecto, máxime si antes existieron SEP setentas y otras colecciones de libros? —Próximamente, el secretario Alonso Lujambio presentará un programa ambicioso de lectura, en conmemoración del bicentenario de la Independencia. nificará la actividad de los mismos incluso con titulación y se La despedida es necesaria porque una secretaria dice que el darán herramientas nuevas para la actividad que no será única- funcionario está atrasado en una importante reunión, pero hay mente de pizarrón. concertado un próximo encuentro para seguir con el inquietante —Hay un mundo fuera de la escuela con el que debe traba- tema: la educación media superior y sus retos. jarse: Instituto Federal Electoral, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, medios audiovisuales y un largo etcéteSe utilizará la capacidad instalada de cada institución para ra, ¿se incluirá en los programas? ahorrar y no hacer más burocracia. Estamos ante la tercera —Es necesario reconocer las realidades y los riesgos que tenemos. Actuaremos angeneración de esta reforma, con 80 mil profesores. Para 2011, te lo que haya necesidad, no con planes cetodos estarán capacitados. Habrá diplomados de seis meses y rrados, sino tomando lo mejor o más importante de cada cual. Tenemos un caso tendrán un certificado los asistentes importante, el programa Constrúyete, CONTRALÍNEA

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MEDIOS ?

CONDENAN ONG represión a Contralínea Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que la recomendación 57/2009 de la CNDH –en la que se acredita que fueron vulnerados los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión de periodistas de Contralínea– es “un paso a favor” en la defensa del ejercicio periodístico. Además, urgen a los legisladores a que emitan una ley que garantice la transparencia en la asignación de los recursos publicitarios de los gobiernos Érika Ramírez 26

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cuentran a la espera de la terminación de su análisis y sea emitida una recomendación a la administración de Felipe Calderón, dice el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. No obstante que el defensor de los derechos humanos reconoce el trabajo de la CNDH, critica que ésta no haya emitido un exhorto en la revocación de sentencias que hay entorno al caso de Contralínea y no especifique el modo de prevenir el acoso judicial a los integrantes de este medio de comunicación. Violaciones constitucionales La recomendación dirigida a Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), “establece que los agraviados fueron objeto de violaciones a sus derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que se transgredieron los arDavid Cilia

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a recomendación 057/2009, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acredita que fueron vulnerados los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y a la libertad de expresión de la revista Contralínea y de los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y otros integrantes de esta publicación. El reconocimiento sienta precedentes en materia de libertad de expresión, aseguran organizaciones civiles defensoras de derechos humanos. Brisa Maya, directora de la asociación civil Centro Nacional de Comunicación Social, dice que con la recomendación “la CNDH está atendiendo uno de los casos que las organizaciones promotoras de los derechos humanos consideramos el más importante en los últimos dos años. El gran aporte, visto desde la garantía de libertad de expresión, es el veto de la contratación de publicidad oficial, ya que generalmente es un elemento que no es tomado en cuenta y que sí limita este ejercicio”. Frank La Rue, relator especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explica que el manejo de la pauta oficial es una de las formas de “censura sutil” y una “violación a la libertad de prensa”. Por ello, dice que es necesario que en cada uno de los países del continente se establezca un reglamento, en función del público al que llega el medio de comunicación, para que así sea ésta la determinante de la contratación de espacios publicitarios, y no las simpatías que tienen con políticas públicas o con el partido en el gobierno. Puntualiza que la reglamentación debe cubrir todos los niveles de gobierno, desde el municipal o delegacional, hasta el que ejerce el Poder Ejecutivo. Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, enfatiza que un tema medular en la recomendación es que la CNDH reconoce el acoso judicial como forma de coartar la libertad de expresión, y ante esto las autoridades del país deberían prevenir esta práctica. El 10 de febrero pasado, la organización que representa Arriaga Valenzuela presentó ante la Relatoría Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas un informe sobre el hostigamiento que viven el director y los reporteros de la revista Contralínea, “por considerar coartados los derechos de los periodistas y afectar a la sociedad mexicana en su derecho a estar informada. En el marco del primer Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el centro entregó la información con el fin de que el organismo internacional exhorte al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias para asegurar la integridad personal de los periodistas de esta revista y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información”. También presentaron un informe a la colombiana Catalina Botero, relatora especial para Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, de los que se en-

 Es importante que la recomendación de la CNDH reconoce el acoso judicial como una forma de coartar la libertad de expresión: Arriaga Valenzuela

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Iván Méndez / Cuartoscuro

Veto publicitario

 México necesita una ley que fije criterios específicos para la asignación de recursos públicos en materia de publicidad: diputado Corral Jurado

tículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que imponen la obligación al Estado mexicano de respetar el derecho al debido proceso, a la legalidad y a la seguridad jurídica”. El primer artículo constitucional señalado por la CNDH hace referencia a que “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. En tanto que en el segundo explícitamente dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional,

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. La transgresión de las autoridades y funcionarios públicos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos está relacionada con que “la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.

Del análisis realizado a los informes rendidos por Pemex a la CNDH “no se desprenden otros elementos o criterios objetivos y definidos que justifiquen la suspensión en la contratación de la publicidad oficial con la revista Contralínea. De hecho, de la información obtenida se observa que la contratación de publicidad en los últimos dos años otorgada a diversas revistas cuyo perfil de lectores es parecido al de Contralínea, de acuerdo con los datos públicos del Padrón Nacional de Medios Impresos Certificados de la Secretaría de Gobernación, no ha disminuido y, en un caso, ha aumentado”. Según la recomendación, “se desprende que la suspensión en la contratación de publicidad con la revista Contralínea puede ser consecuencia de su línea editorial, si se considera, como ha quedado acreditado ante esta comisión nacional, a partir de las evidencias e información que se allegó, que dicha suspensión no se genera a partir de algún impedimento legal o característica específica de la publicación, como podría ser el perfil de audiencia, la cobertura geográfica, el tiraje o circulación de la revista, o de una reducción en general de la contratación de publicidad por parte de la paraestatal con revistas similares”. Brisa Maya critica: “No puede ser que los medios que están marcando pauta en el periodismo de investigación sean sancionados a través del otorgamiento de la publicidad oficial. Hasta el momento no existe ninguna ley que controle y regule el uso de los recursos públicos en materia publicitaria, por lo que es urgente que se haga algo en la materia. “Sin duda, esta recomendación nos va a servir para defender y promover estos canales indispensables para que

Brisa Maya critica: “No puede ser que los medios que están marcando pauta en el periodismo de investigación sean sancionados a través del otorgamiento de la publicidad oficial. Hasta el momento no existe ninguna ley que controle y regule el uso de los recursos públicos en materia publicitaria” 28

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CONTRALÍNEA


el otorgamiento de publicidad sea transparente. Hay otros garantías a la legalidad y seguridad jurídica que debe revestir el casos, como el de Proceso, que también hace periodismo de procedimiento judicial civil”. investigación. Este ejercicio periodístico es fundamental paLa comisión también acreditó que “la falta de procedira el avance de la pluralidad de voces que necesitamos en el mientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no dispaís.” criminatorios por parte de Pemex para la contratación de Raúl Trejo Delarbre, doctor en sociología por la Facultad publicidad oficial deja abierta la posibilidad de incurrir en de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Au- prácticas discrecionales para la distribución de recursos pútónoma de México, coincide con la promotora de la libertad blicos con el objeto de premiar o castigar a los medios según de expresión y agrega que si hubiera una reforma audaz y com- su línea editorial, lo que afecta no sólo al pluralismo inforpatible con la democracia y la modernidad, habría que tener mativo y el debate público, ambos elementos esenciales de pautas para que lo que se gasta en materia publicitaria se haga una sociedad democrática, sino también se viola los derecon criterios claros. chos humanos a la igualdad, seguridad jurídica y a la liberEl legislador federal panista Javier Corral Jurado acepta la tad de expresión”. urgencia en materia legislativa sobre el tema: “Urge una legislación, pero sobre todo que reglamente el (artículo) 134 constitucional para definir el alcance de la prohibición en el uso del gasto público a la promoción personal de gobernantes y sobre todo a los convenios indebidos que condicionan diversidad de publicidad con cobertura informativa. “México necesita entrar a una ley que desarrolle criterios objetivos para la asignación de recursos públicos en materia de publicidad. Hay que hacerlo, porque el dinero dedicado a la publicidad se ha utilizado para castigar o premiar a los medios; se premia cuando hay un manejo favorable o amable, cómodo y complaciente, pero se castiga cuando un medio de comunicación hace un ejercicio crítico. “Esta ley, sin embargo, no debiera sólo pensarse para el gobierno federal, urge fundamentalmente para los gobiernos de los estados, que es donde se dan las mayores zonas de opacidad, simulación y dispendio de los recursos públicos en el manejo de la publicidad gubernamental”, concluye el diputado panista. El 12 de septiembre de 2008, los periodistas de Contralínea presentaron la queja ante la CNDH en contra del acoso de funcionarios del gobierno federal y de contratistas de Petróleos Mexicanos. Entre los agravios se encuentran el allanamiento a las instalaciones de la revista, el arresto del director Miguel Badillo y el veto publicitario e informativo. De acuerdo con la recomendación signada por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, la instancia encargada de proteger los derechos humanos y la libertad de expresión en México “acreditó que Petróleos Mexicanos no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la asignación de publicidad oficial”. Además de que “pudo acreditar irregularidades administrativas cometidas por personal del Juzgado Décimo Terce-  Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA ro de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, que vulneran las CONTRALÍNEA

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29

Rubén Darío Betancourt

Trejo Delarbre: si hubiera una reforma audaz y compatible con la democracia y la modernidad, habría que tener pautas para que lo que se gasta en materia publicitaria se haga con criterios claros


PORTADA -

Sagarpa: APOYOS MILLONARIOS

A EMPRESAS DE MAYORGA De 2000 a 2008, dos empresas de Francisco Mayorga –recién nombrado por Felipe Calderón titular de la Secretaría de Agricultura– recibieron “apoyos” económicos de esa dependencia, de Economía y del Conacyt. En ese lapso, el funcionario federal dirigió Aserca y la propia Sagarpa. Industrias Melder y Semillas Caloro, propiedad del secretario, obtuvieron 2 millones 855 mil 683 pesos del erario Érika Ramírez

F

rancisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha sido beneficiado con casi 3 millones de pesos mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el gobierno federal. Más del 60 por ciento de los recursos le fue transferido cuando se desempeñaba como servidor público en la administración de Vicente Fox. Como empresario, Mayorga Castañeda, recibió recursos públicos de la secretaría donde él mismo era servidor público: primero, como director de 30

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Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), y después, cabeza de la secretaría. Los padrones de beneficiarios de Aserca –órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa– revelan que Industrias Melder –empresa familiar del secretario de Estado–, obtuvo 1 millón 727 mil 33 pesos en 2000, 2005 y 2006, con 10 traspasos monetarios. Durante el primer año en que esta agroindustria obtuvo recursos por 36 mil 600 pesos –del organismo dedicado a impulsar a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo mexicano–,

Mayorga Castañeda fue invitado por Vicente Fox a formar parte del equipo de Javier Usabiaga Arroyo, entonces secretario de la Sagarpa. Es así como el empresario jalisciense ocupa el puesto de director en jefe de Aserca, cargo en el que se mantuvo hasta 2002. El 28 de septiembre de 2005 releva al llamado Rey del Ajo y asume la responsabilidad de encabezar la dependencia. En este año, y hasta finalizar el primer sexenio panista, Industrias Melder es dotada con la mayor parte de los “apoyos” obtenidos en tres años. Sólo en 2006 recibió 1 millón 690 mil 433 pesos. CONTRALÍNEA


Miguel Dimayuga / Procesofoto

CONTRALÍNEA

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Beneficios entregados por Aserca a Industrias Melder Concepto

Estado

Producto

Año

Monto (pesos)

Montos totales por año fiscal

Programa de apoyos a la comercialización Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios Subprograma de apoyos para la adquisición de coberturas de precios agropecuarios

Jalisco Chihuahua

Maíz Maíz

2000 2005

36,600.00 11,854.85

36,600.00 11,854.85

Chihuahua

Maíz

2006

29,614.46

Chihuahua

Maíz

2006

143,639.89

Jalisco

Maíz

2006

84,197.57

Jalisco

Sorgo

2006

735,975.63

2006

223,524.72

Luego de que el 7 de septiembre pasado el presidente Felipe Calderón colocara por segunda ocasión a Mayorga Castañeda al mando de la Sagarpa –en sustitución de Alberto Cárdenas Jiménez–, en el portal de internet de la compañía continúa el nombre del secretario de Estado, bajo el cargo de director general de la empresa, iniciada en 1949 por su padre, Salvador Mayorga.

Los apoyos de Sagarpa De acuerdo con los padrones de beneficiarios de Aserca, de los que Contralínea posee copia, Industrias Melder obtuvo 14 partidas en apoyos en los periodos 2000, 2005, 2006 y 2007, que ascienden a 1 millón 994 mil 755 pesos. A través del Programa de Apoyos a la Comercialización, la empresa dirigida por Francisco Mayorga obtuvo 36 mil 600 pesos, cuando el jalisciense ascendía 32

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Sinaloa Tamaulipas

Sorgo

2006

72,764.25

Tamaulipas

Sorgo

2006

32,378.41

Tamaulipas

Sorgo

2006

16,189.21

Tamaulipas

Sorgo

2006

340,294.46

Jalisco

Maíz

2007

11,227.18

Chihuahua

Maíz

2007

134,726.11

Chihuahua

Maíz

2007

121,768.45

267,721.74

Total

1,994,755.19

1,678,578.60

Fuente: Listados de beneficiarios del Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios de Aserca, 2000-2004 y 2005-2008

Estímulos fiscales del Conacyt Empresa

Clave del proyecto

Mexicana Industrial de MII8405159L2-2008-1 Insumos Agropecuarios (Caloro)

Año

Monto (pesos)

2008

845,999.97

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 27 de febrero de 2009

Apoyo Pyme Empresa

Estado

Año

Monto (pesos)

Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios (Caloro)

Jalisco

2004

14,928

Fuente: Secretaría de Economía

a la dirección del órgano desconcentrado de la Sagarpa. Un segundo apoyo fue dotado en 2005, por 11 mil 854 pesos, mediante el Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agrope-

cuarios, para cubrir las cuotas de 508 toneladas de maíz. No fue hasta 2006, justo cuando asume la titularidad de la Sagarpa, cuando la empresa del secretario registra un incremento en las cifras de los subsidios CONTRALÍNEA


El Diario Oficial de la Federación da cuenta de los apoyos asignados a Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios por el Conacyt entregados. Los montos fueron de los 16 mil pesos hasta superar los 700 mil pesos, en el mismo año fiscal. La comercialización de 635 toneladas de sorgo proveniente de Tamaulipas fue lo que le permitió obtener 16 mil 189 pesos. Luego, las transferencias se incrementaron a 29 mil 614 pesos, por 1 mil 16 toneladas de maíz de Chihuahua. Le siguieron 32 mil 378 pesos por la comercialización de otras 1 mil 270 toneladas de sorgo de origen tamaulipeco y otras 2 mil 794 toneladas de la misma semilla sumaron 72 mil 764 pesos para la empresa. Del estado natal del funcionario se comercializaron 762 toneladas de maíz, lo que dejó en las cuentas de Industrias Melder 84 mil 197 pesos. El mismo producto, ahora originario de Chihuahua, CONTRALÍNEA

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Conacyt, entre las instituciones públicas que entregaron sumó 143 mil 639 pesos a las cuentas de la compañía, por la cobertura de 3 mil 48 toneladas del cereal. Además, le fueron depositados 223 mil 524 pesos derivados de las operaciones realizadas con 2 mil 540 toneladas de maíz de Sinaloa, más 340 mil 294 pesos por 4 mil 699 toneladas de sorgo de Tamaulipas. El Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios de Aserca dejó en los activos de la empresa jalisciense la cifra más alta registrada en las 14 operaciones, 735 mil 975 pesos, por cubrir la adquisición de 4 mil 953 toneladas de sorgo, cosechadas en el mismo estado. Ya en 2007, fuera de los cargos públicos, los subsidios registraron una reducción en sus operaciones. El total de tres de los movimientos financieros fue de 267 34

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CONTRALÍNEA

rec


ron recursos a las empresas del secretario de Agricultura

mil 721 pesos. El menor de ellos derivó de la comercialización de maíz, por 11 mil 227 pesos. También administraron 121 mil 768 pesos por 2 mil 32 toneladas de maíz de Chihuahua y otras 3 mil 48, del mismo producto, por 134 mil 726 pesos, indican los montos aportados por Aserca para la cobertura de semillas. El programa está bajo la Coordinación General de Comercialización, que ordena a la Dirección General de Operaciones Financieras.

Empresa hermana Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios o Semillas Caloro es otra de las empresas que han obtenido recursos públicos por más de 850 mil pesos, y en la que el ahora secretario figura como presiCONTRALÍNEA

La página de internet de Melder da cuenta del cargo que aún desempeña Francisco Mayorga en esa empresa dente del Consejo de Administración, según muestra el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, del 16 de abril de este año. Semillas Caloro, dedicada a la producción de semillas híbridas de sorgo, maíz y alfalfa, obtuvo 845 mil 999 pesos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que preside el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks. Los recursos fueron transferidos bajo la justificación de incentivar los gastos en investigación y desarrollo de tecnología. El proyecto MII8405159L2-2008-1 fue autorizado el último año en que se entregaran este tipo de estímulos. Su ob-

jetivo, muestran los archivos del Conacyt, era “incrementar la capacidad de la empresa para realizar la investigación y desarrollo de semillas híbridas, a través de la ampliación de su Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, y estar así en condiciones de satisfacer las necesidades del sector agrícola, diversificando la oferta de semillas híbridas de hortalizas más propicias para su utilización en México y a un menor costo”. Este tipo de estímulos fueron entregados durante la administración de Vicente Fox y los primeros dos años de Felipe Calderón a trasnacionales de diversos sectores 4 DE OCTUBRE DE 2009

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La pequeña empresa La Secretaría de Economía fue otra de las entidades que dotó de recursos a Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios. En 2004 asignó 14 mil 928 pesos, según muestra el listado de beneficiarios del Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas. Los recursos entregados por la Secretaría de Economía, entonces al mando de Fernando Canales Clariond, se enmarcaron en el proyecto FP2004-3220 Aplicación Web, Materiales y Contenidos Electrónicos, que operó el organismo intermediario Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico. Semillas Caloro, indica información publicada en su página de internet, fue constituida en 1984 por un grupo de industriales agroprocesadores, en Guadalajara, Jalisco –justo un año después de que Francisco Mayorga Castañeda ocupara el cargo de coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. La compañía dice tener como “misión”: abastecer al campo mexicano de

neficio que se les había asignado a los corporativos internacionales. Una nota del reportero Emir Olivares, del diario La Jornada, indica que “por recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Conacyt remplazará el Programa de Estímulos Fiscales por el Fondo de Innovación Tecnológica. Uno de los problemas principales que presentó el programa, dijo Leonardo Ríos, director adjunto de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación del Conacyt, “fue que casi la mitad (47 por ciento) de los 14 mil millones de pesos que se destinaron a éste durante sie-

Extracto del padrón de apoyos de Aserca del ejercicio 2005 36

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Rubén Darío Betancourt

Padrón oficial de apoyos otorgados en 2006 de la producción. Tan sólo en la agroindustria, se asignaron 598 millones 923 mil 998 pesos durante 2007 y 2008. En tanto, se dejaron de lado a más de 25 millones de agricultores que subsisten en la extrema pobreza, y carecen de mecanismos tecnológicos para incrementar la producción en este sector. Junto con Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios se registran los nombres de Bimbo, Bachoco, Sabritas, Gamesa, Nestlé, Hérdez, Monsanto y Dow Agrosciences de México, entre otras. El programa del Conacyt fue cancelado a inicios de este año ante la queja de investigadores y organizaciones del be-

www.panoramio.com

te años no se aplicaron, debido a que las empresas no pagaron impuestos”.

El nuevo titular de la Sagarpa, Fracisco Mayorga, mantiene CONTRALÍNEA

su d


Los apoyos beneficiaron la comercialización de maíz y sorgo

“agroproductos con semillas para siembra, de alta calidad y desarrollo tecnológico, para hacer que sus cosechas sean competitivas en un entorno de apertura comercial e internacional”.

La ley y el tráfico de influencias

ene su dualidad de funcionario y empresario

CONTRALÍNEA

El capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Indica que el servidor público podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”. En tanto, el inciso A del artículo 9 de la misma ley indica que “el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior”. Se solicitó entrevista con el secretario a través de Martín Guardián, director de Comunicación Social de la Sagarpa. Aunque éste dijo no ver problema alguno en la asignación de recursos públicos a favor de Mayorga, “toda vez que antes de ser funcionario era empresario”, se comprometió a agendarla. Al cierre de edición no hubo respuesta. 4 DE OCTUBRE DE 2009

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CONTRAINSURGENCIA golpes a la población:

ERPI

“Guerra sicológica”, paramilitarización e intensificación de las labores de inteligencia, las características que el ERPI observa en la política contrainsurgente que se desarrolla en Guerrero. De acuerdo con uno de los grupos guerrilleros más numerosos del país, los gobiernos federal y estatal han implantado un modelo de sofocación de la insurgencia que combina las doctrinas de la estadunidense Escuela de las Américas (ahora WHISC) y el Mossad israelí, en las cuales los golpes a la población civil son el principal instrumento para minar a los grupos subversivos Zósimo Camacho

E

n entrevista, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) –la guerrilla con mayor presencia en Guerrero, pero que también se encuentra en otras entidades federativas– señala que la política contrainsurgente que los gobiernos federal y estatal desarrollan en el estado del Sur de la República 38

incluye operativos contra la población. Según el grupo subversivo que apareció en 1998 como una escisión del Ejército Popular Revolucionario, “la contrainsurgencia en México utiliza los métodos más avanzados” que se imparten tanto en la estadunidense Escuela de las Américas (desde 2001 renombrada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, WHISC,

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por siglas en inglés, y que la guerrilla tilda de “escuela de asesinos”) como en el Mossad israelí (el Instituto Central de Operaciones y Estrategias Especiales del Estado judío). En efecto, el 14 de agosto de 2008, en conferencia de prensa, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, anunció que quien fuera procurador General de Justicia del Estado hasta el 14 de septiembre

pasado, Eduardo Murueta Urrutia, viajaría, junto con un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), al Estado de Israel. El objetivo: “recibir capacitación” y “comprar equipo que tenga que ver con la investigación, de inteligencia”. El gobernador agregó que “las herramientas” que obtendrían los policías en Israel se utilizarían contra la delincuencia orgaCONTRALÍNEA


Julio César Hernández

OCTUBRE DE 2009

El gobierno amedrenta a las comunidades de Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica: ERPI

nizada, “incluida la guerrilla”. Los agentes capacitados quedaron bajo el mando del director de la PIM, Érit Montúfar Mendoza. Además, el 21 de julio de 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que había autorizado al gobierno del estado la compra e importación de armamento proveniente de Estados Unidos, Israel, Alemania “y otros países”. Las armas, entre las CONTRALÍNEA

que se incluyen lanzagranadas, serían entregadas a la policía estatal y a las policías de los 81 municipios.

Los ejes de la contrainsurgencia La Dirección Nacional del ERPI dice a Contralínea que en las comunidades de Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica (tres de las siete regiones en que se divide geográfica y cul-

turalmente el estado de Guerrero) “se amedrenta a la población” y se busca “dividirla y convertirla en colaboradora de los órganos de represión política de los órganos en manos del Estado”. Explica que, en términos generales, en eso consiste el primer eje o “modo”: el de la “guerra sicológica”. Además, se avanza en el segundo eje, el de la integración, entrenamiento y acción de grupos paramilitares.

—Esto es: grupos de la población civil, particularmente formados por jóvenes, que cumplen una labor de agentes de información (actividades de inteligencia), pero también grupos de operación táctica de persecución, hostigamiento y ejecución extrajudicial de las personajes que ellos les decían antes peligrosos, subversivos, y ahora terroristas o delincuentes.

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Óscar Alvarado / Cuartoscuro

www.enlace-erpi.org

Según el ERPI, el tercer eje de la política contrainsurgente que el gobierno federal desarrolla en Guerrero “y en todo México” es el del fortalecimiento e intensificación de los operativos de inteligencia. Agrega que toda la estrategia del espionaje está controlada directamente por el Ejército Mexicano, incluso aquella que realizan las dependencias civiles facultadas para tales ac- Eduardo Murueta Urrutia, exprocurador de Guerrero; el gobernador Zeferino Torreblanca; y el director de la Policía Investigadora Ministetividades. rial, Érit Montúfar —Ya no sólo obtienen información o difunden informes y rumores contrainsurgentes la Sedena habló de “un enfren- nas insurgentes de Guerrero (propaganda negra, la llaman), tamiento” entre militares y que se escindieron del Ejército sino que ahora planean opera- guerrilleros. En la mochila del Popular Revolucionario el 8 tivos contra la población, lu- capitán José se encontraron de enero de 1998, fue descuchadores sociales y políticos o, cartas y otros documentos que bierto a los cinco meses de su incluso, contra bienes y locales daban cuenta de los motivos integración. de organizaciones populares de separación del EPR y la que resisten o simplemente no constitución de la nueva orga- Chiapas, Oaxaca, Guerrero son afines a la política oficial. nización subversiva. En estos operativos participan Así, el ERPI, formado La Dirección Nacional del moen coalición fuerzas militares y principalmente por las colum- vimiento armado señala que paramilitares. La existencia del ERPI se conoció de manera fortuita luego de que un integrante del grupo guerrillero, a quien se identifica como el capitán José, fuera abatido a balazos la madrugada del 7 de junio de 1998 en la escuela Caritino Maldonado de la paupérrima comunidad nu’saavi El Charco, ubicada en los pliegues de tierras rojizas del municipio de Ayutla, en la Costa Chica. Junto con el guerrillero, que en ese momento se encontraba desarmado y participaba en una reunión para el impulso de proyectos productivos en la región, fueron asesinadas 10 personas más. Para los pobladores, se trató de una masacre perpetrada por el Ejército Mexicano en contra de campesi- “La contrainsurgencia en México utiliza los métodos más avanzados” que nos indefensos. Oficialmente, se imparten en la Escuela de las Américas y en el Mossad israelí 40

4 DE OCTUBRE DE 2009

aunque las políticas contrainsurgentes se aplican en todo el país, tres entidades de la república se encuentran bajo una violenta “guerra de baja intensidad”: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La causa: “los levantamientos indígenas y populares de 1994, 1996 y 1997”. Agrega que, desde 1994, en Chiapas se desarrolla un laboratorio contrainsurgente del que uno de sus resultados es la masacre de Acteal. El objetivo de las políticas de represión son las comunidades zapatistas “y las zonas de resistencia indígena y campesina”. Según el ERPI, los objetivos de los cuerpos contrainsurgentes en Oaxaca son los pueblos “en resistencia”, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos y los movimientos magisteriales, campesinos y comunitarios. —Y, finalmente, en Guerrero se sigue una ruta para sembrar informantes en las comunidades e infiltrar a los grupos de promoción y operación política de todos los partidos. Esto con el fin de vigilar, acosar o incluso ser cómplices para atentar contra las vidas de defensores de derechos humanos y líderes de comunidades.

Delegados partidistas, informantes del Ejército La clandestina dirección nacional del ERPI dice que no hay un sólo partido que no tenga dentro de sus filas a informantes de la Sección Segunda del Ejército Mexicano, el área castrense encargada de la inteligencia y contrainteligencia. Incluso, señala que delegados CONTRALÍNEA


planean operativos contra la población, luchadores sociales y políticos”

del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, “así como muchos elementos de base de otros partidos políticos”, en realidad sirven a las oficinas de inteligencia militar. Según el grupo guerrillero, asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos han sido “enmascarados como acción de delincuentes y narcomenudistas”. Acota que no es que los asesinos no estén vinculados al negocio del narcotráfico, lo están, pero ahora también tienen otras funciones: son informantes “y verdaderos sicarios a sueldo de caciques y de cuerpos dirigidos por la policía política y la inteligencia militar”. En la “guerra de baja intensidad” que según el ERPI se vive en Guerrero, las funciones de estos grupos de sicarios supuestamente al servicio del narcotráfico CONTRALÍNEA

y al mismo tiempo de los oficinas de inteligencia militar son: hacer pasar como enemigos de las instituciones a los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos; romper el tejido comunitario y familiar; “descomponer socialmente las conductas de jóvenes desempleados y empobrecidos atrayéndolos a la delincuencia que ellos organizan”; atemorizar a pueblos y comunidades, y “ubicar y ejecutar a quienes vislumbren como líderes naturales o políticos y defensores de derechos humanos”. Para ello, asegura e ERPI, se valen de los levantones.

cuñas en la espalda a familias y comunidades honestas. Cuando se les quiere meter en su seno guachos, policías, sicarios y narcomenudistas, pasan a ser motivo de vergüenza familiar y llaman al orden: a que quien se vea inmiscuido abandone esas bandas o cuerpos represivos o, bien, se vaya lejos de la región para no afectar a propios y parientes. Entonces el pueblo se defiende, se organiza, imparte desde mero abajo la justicia. Finalmente, la Dirección Nacional del ERPI reconoce que la solución a los problemas del pueblo de México no necesariamente la tiene el movimiento armado “ni que obligadamente pase por el uso de las armas”. —La solución está en el pueblo organizado desde abajo y a su modo. Está en el pueblo, el cual tiene la memoria viva de tanta guerra en su contra. Ante esta contrainsurgencia que hoy los poderes económico militares llaman “guerra preventiva”, se requiere de la prevención y previsión de la autodefensa integral del

Julio César Hernández

www.enlace-erpi.org

“Ahora

líder hasta su detención el 19 de octubre de 1999 en la ciudad de México, dice que frente a la contrainsurgencia basada en la delincuencia organizada se opone un “arma eficaz”. —En las áreas rurales, los valores de solidaridad, sinceridad, de hablar franco, de respeto a la familia y a la comunidad permiten que se cuiden los territorios, que se reserven los nombres de los luchadores sociales que persigue el gobierno o que odian los caciques, y que no se vengan abajo los proyectos de solución en común a sus problemas. De acuerdo con el ERPI, la cooptación contrainsurgente necesita de la publicidad y propagación de la ideología individualista y de la cultura de la corrupción y el abuso, pues lo que ofrece a los jóvenes que se convierten en sicarios e informantes del Ejército es una “fórmula” sencilla “para salir de pobres”. —Hemos visto y aprendido cómo el respeto a padres y madres hace que se resuelvan esos intentos del poder de clavarle

La cultura de los pueblos, defensa ante la contrainsurgencia El grupo guerrillero del cual Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, era el principal

En

las acciones de contrainsurgencia “participan en coalición fuerzas militares y paramilitares”. En la imagen, una mujer muestra casquillos percutidos por un comando armado en contra de civiles

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Rubén Darío Btancourt

EDUCACIÓN ?

E

n 2007, 1 millón 36 mil 400 niños residían en pequeñas comunidades rurales y en campamentos de población agrícola migrante, de acuerdo con los resultados de la revisión superior a la Cuenta Pública de ese año. Sin embargo, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (Conafe) se propuso atender sólo a 325 mil 440 personas, que no son atendidas por el sistema formal de la Secretaría de Educación Pública (SEP). De esa meta, que apenas representa la tercera parte de quienes requerían servicios educativos, el consejo atendió únicamente a 299 mil 200 alumnos. Ese año, más de 700 mil niños y jóvenes no recibieron educación. La situación no es nueva, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al fiscalizar la Cuenta Pública 2005, asentó que el número de personas que demandaban servicios de educación comunitaria era de 654 mil 500, pero el consejo atendió entonces sólo a 294 mil 400 (aun cuando su previsión era de 324 mil 400). Las personas que quedaron fuera de todo sistema educativo ese año sumaron las 360 mil 100. El documento también dejó ver que la cobertura de los programas de educación comunitaria decrecía significativamente en los niveles primaria y secundaria, pues mientras para preescolar fue de 83.4 por ciento, en primaria fue de 28.7 por ciento y en secundaria, de 34.1 por ciento. De acuerdo con las Reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación de los programas de educación comunitaria y de fomento educativo que opera el Conafe, vigentes en 2007, para que una población accediera al servicio de preescolar debía tener menos de 500 habitantes; para la primaria y secundaria, menos de 100 habitantes; en este último caso, también debía de contar con servicio de primaria comunitaria. Ello podría explicar por qué de las 71 mil 300 localidades donde había niños y jóvenes en edad escolar, el Conafe

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4 DE OCTUBRE DE 2009

identificó como objeto de atención únicamente a 34 mil 900, menos de la mitad de las localidades carentes de servicios educativos. Aun cuando las reglas de operación también indican que los grupos deben tener un mínimo de cuatro alumnos, el informe de la ASF contiene datos otorgados por el propio consejo en los que refiere que ese año operaron 1 mil 182

grupos con menos de tres alumnos, equivalente al 4 por ciento de los 29 mil 533 grupos existentes. Las reglas de operación también establecían que los servicios de educación comunitaria se ofrecerían preferentemente en localidades que registraran altos niveles de marginación y carecieran de servicios de educación regulares, y que se daría preferencia a las CONTRALÍNEA


FRACASA CONAFE EN LLEVAR EDUCACIÓN a comunidades

rurales

En México más de 700 mil niños de comunidades campesinas, indígenas y de jornaleros migrantes no reciben ningún tipo de educación formal, revela la Auditoría Superior de la Federación. El Conafe –institución que debe garantizar el derecho a la educación en estas localidades– deja sin atención al 70 por ciento de su población objetivo. Además, los recursos presupuestarios son asignados principalmente a las regiones con menor índice de marginación, como la ciudad de México Mayela Sánchez

localidades ubicadas en los 1 mil 338 municipios señalados por la Estrategia de Atención a Municipios Prioritarios o Microrregiones Prioritarias, especialmente en los 101 municipios con el menor Índice de Desarrollo Humano, los cuales son encabezados por Metlatónoc, Guerrero, y al que siguen cuatro municipios de Oaxaca, tres de Chiapas y dos de Veracruz, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano municipal en México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, la distribución de los recursos se hizo por deCONTRALÍNEA

legación estatal y no basándose en el nivel de marginación de las localidades en cada entidad. De esta forma, Coahuila, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal recibieron en conjunto el 30.1 por ciento de los recursos destinados a los programas de educación comunitaria (498 millones 939 mil 700 pesos) para atender a 14 mil 600 personas, aun cuando dichas entidades reportaban el menor índice de marginación. Casi la totalidad de este monto (454 millones 53 mil 600 pesos) lo obtuvo el Distrito Federal para dar servicio solamente a 300 personas. 4 DE OCTUBRE DE 2009

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tros señalamientos relacionados con la adquisición de bienes fueron asentados en la auditoría al Programa Comunitario de Educación Inicial y Básica para la Población Mestiza, Indígena y Migrante. En ella se menciona que durante la adquisición de mobiliario que el Conafe realizó en 2007, la empresa Suministros Comerciales de Oaxaca, SA de CV, ganó las partidas 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 11 de la licitación internacional 11150036-001-07. En noviembre de 2007 celebró con el Conafe el contrato número PIEC I001-07-F, por 9 millones 445 mil 800 pesos, monto que más tarde aumentaría a 11 millones 333 mil 200 pesos, por un acuerdo modificatorio en el que se incrementaban los bienes 20 por ciento; asimismo, la fecha de entrega (prevista para el 15 de diciembre siguiente) se pospuso para el último día del año. De acuerdo con lo reportado en el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2007, el Conafe no proporcionó la póliza de fianza que garantizara el cumplimiento de los convenios modificatorios. Tres días antes de cumplirse el tiempo de entrega, el Conafe solicitó a la empresa proveedora, mediante Acta Circunstanciada, el resguardo de 15 mil 376 bienes –por 1 millón 675 mil 500 pesos–, pues no tenía la capacidad necesaria para recibirlos en su almacén. Pero el acta presentaba

O

incongruencias: los funcionarios del Conafe se presentaron en la empresa Lary, SA de CV, ubicada en Puebla, y no en el almacén de Suministros Comerciales de Oaxaca, SA de CV, localizado en el Distrito Federal; además la empresa no proporcionó la documentación que avalara la entrada de los bienes a su almacén, con lo que no demostró que para el 31 de diciembre contaba con ellos. Esto se corrobora con la solicitud para ampliar el plazo de entrega que el proveedor hizo al Director de Administración y Finanzas del Conafe. A estos señalamientos hechos por la Auditoría, se suma la solicitud que el 1 de octubre de 2008 hizo al Conafe del documento que comprobara la entrada de los bienes a su almacén, posterior al 31 de diciembre de 2007. La respuesta del consejo, a través del oficio DAF/SRM/1521/2008 del 3 de octubre, fue que no contaba con dicha documentación. El órgano fiscalizador concluyó al respecto que “el Conafe debió aplicar una pena convencional a Suministros Comerciales de Oaxaca, SA de CV, por no acreditar que los bienes se recibieron en el plazo establecido; además no debió considerar estos bienes como devengados al 31 de diciembre de 2007”. La ASF también comprobó que cinco proveedores que habían participado en la

De acuerdo con un análisis hecho por la ASF, Guerrero, Chiapas y Oaxaca fueron los estados con el mayor nivel de marginación. En conjunto recibieron un presupuesto de 325 millones 246 mil 200 pesos para atender a una población de 80 mil 400 personas, de modo que mientras el Distrito Federal gastaría 1 millón 513 mil 512 pesos por alumno, en tres entidades con carencias significativas se erogarían apenas 4 mil 45.35 pesos. En el informe se indica que 5 mil 200 localidades (15.7 por ciento) presentaron un nivel de marginación de medio a muy bajo, mientras que en otras 7 mil 200 (21.7 por ciento) éste no se 44

4 DE OCTUBRE DE 2009

definió. Se trata de 12 mil 400 localidades (37.4 por ciento) que no necesariamente pudieron necesitar el apoyo. En cuanto a la cobertura del servicio, el máximo órgano de fiscalización también detectó irregularidades. En Coahuila y Tlaxcala, las poblaciones objetivo del Conafe eran superiores a las que cuantificó como carentes de servicio educativo. Al final del año, en Tlaxcala se había atendido a 1 mil 800 personas más de las detectadas, mientras que en Coahuila se contabilizaron 7 mil 400 personas necesitadas, se registraron 8 mil 300 como población objetivo y se atendió apenas a 6 mil 300. Sólo en 11 entidades la cobertura fue

Rubén Darío Betancourt

Irregularidades en adquisición de mobiliario por más de 14 MDP

misma licitación en la que resultó ganador Suministros Comerciales de Oaxaca, SA de CV, le vendieron a éste a un precio menor del que cotizaron al Conafe. Las empresas fueron Maquinado de Maderas Diana, SA de CV; Mobiliario, SA de CV; Compañía Mueblera Escolar, SA de CV; Catres Tubulares, S de RL de CV; Codinsa Electromecánica, SA de CV; y Suministros Lary, SA de CV. La cotización que éstas hicieron al Conafe en conjunto ascendía a 18 millones 514 mil 600 pesos, mientras que sus precios de venta a Suministros Comerciales de Oaxaca, SA de CV, sumaban 10 millones 706 mil 500 pesos. Pero ése no fue el precio que Suministros Comerciales de Oaxaca, SA de CV, cotizó al Conafe por más de 56 mil bienes, sino que la empresa encareció su propuesta 626 mil 700 pesos, elevándola a 11 millones 333 mil 200 pesos.(MS)

superior al 50 por ciento. De ellas, Chiapas, Hidalgo y Estado de México agrupaban a 124 mil 900 personas que carecían de servicios educativos, de 1 millón 36 mil 400 que se registraron a nivel nacional. Entre los 10 estados en los que la cobertura fue menor al 20 por ciento, figuran Oaxaca con 100 mil 200 personas sin atención y Sinaloa con 142 mil 500; de éstas sólo se brindaron los servicios requeridos a 13 mil 600 y 14 mil 900 personas, respectivamente.

Ahorrando en la enseñanza El Conafe ofrece servicios de educación CONTRALÍNEA


comunitaria en los niveles preescolar, primaria y secundaria en pequeñas localidades rurales o que por su vulnerabilidad no son atendidas por el sistema educativo formal. Las clases son impartidas por jóvenes mayores de 15 años que han concluido la secundaria o el bachillerato y realizan así su servicio social. Para 2007 el número de instructores comunitarios era de 37 mil 100, no obstante que el número de grupos en operación fue de 29 mil 300, de acuerdo con las cifras consignadas en el informe de la Auditoría. Los instructores reciben una capacitación de siete semanas durante julio y agosto y se les dota de materiales para apoyar su trabajo en el salón de clases. La ASF asentó que en 2007 el Conafe no acreditó el cumplimiento en la formación de instructores ni la entrega de los materiales pedagógicos. El profesor e investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Guillermo Campos y Covarrubias, concibe al Conafe como “una organización alterna con una serie de programas no bien definidos. Es alterna en cuanto a la contratación de profesores, que son jóvenes que no tienen experiencia didáctica y que a través de un curso los pones a instruir a los niños, cuando había profesores encargados de ello. Anteriormente había escuelas normales rurales, donde preparabas a los maestros y los mandabas al medio rural”. Campos y Covarrubias afirma que el sistema de instructores comunitarios del Conafe deja en desventaja al normalismo rural, pues resulta más atractivo para los jóvenes que quieren dar clases tomar un curso corto en lugar de estudiar la carrera magisterial por varios años. “Pero el joven no tiene una preparación didáctica, pedagógica, sicológica”. Para los cursos de secundaria, los instructores debían tener cubierta la educación media superior y contar con un año pre-

vio de servicio social como instructor; empero hubo 100 casos en los que a pesar de tener sólo estudios de secundaria, los jóvenes instructores impartieron clases a población del mismo nivel. Además, la ASF señaló que el Conafe no proporcionó información para acreditar que los jóvenes que impartieron la secundaria comunitaria contaban con un año previo de servicio social. Para Campos y Covarrubias, especialista en educación, el sistema de instrucción comunitaria “sustituye un gasto de formación de profesores normalistas que realmente son preparados para ser educadores”. Y menciona que la constante rotación de los instructores es otro obstáculo para la instrucción comunitaria. —Los profesores rurales tenían la ventaja del arraigo, pero rompen con todo eso. México era un bastión de educación rural que se desapareció en los años setenta. El Conafe indicó que en 2007 el gasto por instructor de preescolar y de primaria comunitaria fue de 18 mil 600 pesos, si es que se encontraba en su primer año, y de 20 mil 600 pesos para los de segundo año. Este gasto era anual e incluía los apoyos para la formación inicial y para la actualización del instructor. El consejo brinda un apoyo económico mensual a los instructores de este nivel de 1 mil 135 pesos en su primer año; éste se incrementa 10 pesos durante el segundo año. Considerando que tras 10 meses de trabajo este estímulo equivalga a 11 mil 350 pesos y 11 mil 450 pesos, según corresponda, significaría que la inversión real en capacitación fue de 7 mil 250 pesos en los instructores de primer año y 9 mil 150 pesos en los que ofrecían su servicio por segunda vez. Para los instructores de secundaria, la ayuda era de 1 mil 368 pesos, no importando si era su primera o segunda partici-

Conafe, deficiente control interno: ASF

E

n la auditoría 07-1-11L6W-07-0492, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que los sistemas de control interno del Conafe son deficientes, ya que no permitieron verificar los siguientes aspectos:

-Correcta focalización de la población objetivo de la educación comunitaria -Cumplimiento del calendario escolar y de las horas clase establecidas -Entrega de apoyos económicos y paquetes de material didáctico a los instructores comunitarios -Entrega de lotes de mobiliario escolar y bibliotecas comunitarias a los centros de trabajo Rubén Darío Betancourt

-Nivel de escolaridad de las figuras docentes -Asistencia de las figuras docentes al curso de formación y capacitación -Número de beneficiarios de los programas Financiamiento Educativo Rural y Sistema de Estudios a Docentes, fecha de entrega de los apoyos y mecanismo de pago de los mismos

CONTRALÍNEA

4 DE OCTUBRE DE 2009

45


Proveedores que le vendieron a Suministros Comerciales Oaxaca (SCO), SA de CV

Falta de control en Fiducar Otro señalamiento que la Auditoría hace respecto de la falta de control interno del Conafe es al programa Financiamiento Educativo Rural (Fiducar), con el que se apoya a estudiantes que residen en localidades donde no es viable instalar grupos de educación comunitaria, de manera que los niños tienen que trasladarse a otras comunidades donde sí se ofrezca el servicio. La ayuda que el Conafe otorga a los niños y jóvenes es de 187.5 pesos mensuales, dinero que puede ser utilizado para transportación o para gastos de alimentación y hospedaje. Al respecto, Campos y Covarrubias valora que estos programas del Conafe son compensatorios y, por tanto, su alcance es mínimo. —En ese tono de la compensación, el dinero que le pagas al niño se lo gasta 46

4 DE OCTUBRE DE 2009

Maquinado de Maderas Diana, SA de CV

Mesas para alumno

Maquinado de Maderas Mesas para Diana, SA de instructor CV

9,757

6,418,200

3,250,900

3,422,300

171,400

4,438

2,796,800

1,934,600

2,036,400

101,800

Mobiliario, SA de CV

Sillas para alumnos

19,866

3,267,000

1,542,800

1,622,300

79,500

Mobiliario, SA de CV

Sillas para instructor

4,438

1,178,900

671,900

709,400

37,500

Compañía Mueblera Escolar, SA de CV

Sillas para alumnos

8,956

1,956,900

1,066,500

1,122,700

56,200

Catres Tubulares, S de RL de CV

Sillas para alumnos

8,688

1,798,400

1,165,100

1,288,900

123,800

Suministros Lary, SA de CV

Muebles para computadora

615

1,098,400

1,074,700

1,131,200

56,500

Total 56,758 18,541,600 10,706,500 11,333,200 626,707 Fuente: Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 CONTRALÍNEA

Rubén Darío Btancourt

pación. Sin embargo, el gasto por instructor sí variaba, ya que los de primer año significaban para el Conafe una erogación de 34 mil 700 pesos cada uno, y de 38 mil 900 pesos los de segundo, es decir que en ellos se gastaba 21 mil 20 pesos y 25 mil 220 pesos, respectivamente. Como una estrategia para incentivar a los jóvenes instructores a continuar con sus estudios, el Conafe les ofrecía además un apoyo mensual de 862 pesos una vez acabado su servicio. El investigador Campos y Covarrubias, quien también es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, considera que el gobierno apuesta por este tipo de instrucción  Más de 700 mil niños de comunidades rurales indígenas y campesinas no reciben educación de ningún tipo no únicamente porque supone un ahorro en el gasto educativo (un profesor licenciado en educación primaria gana entre 7 mil y 9 mil pesos mensuales), sino que “implícitamente éste trae una traba para el corporativismo sindical. Todos estos jóvenes que son educadores ya no están dentro del sindicato de maestros y es una población que puePrecio de Precio venta de des controlar. Es una forma de irle quiPrecio de cotizado SCO a venta a tando demarcación al sindicato a Conafe (en pesos) Diferencia Conafe Proveedor Concepto Cantidad SCO nacional”.


Asignación presupuestaria de los programas de educación comunitaria en 2007 Índice de marginación:

Entidad

Población objetivo

Monto asignado (pesos)

Guerrero

18,600

72,054,100

Chiapas

44,600

176,630,600

Oaxaca

17,200

76,561,500

Veracruz

33,400

110,878,900

Hidalgo

22,600

59,596,400

San Luis Potosí

11,200

49,530,200

Puebla

13,600

47,392,600

Campeche

2,500

14,994,200

Tabasco

7,200

22,875,100

Michoacán

22,100

86,465,800

Yucatán

3,500

20,933,600

Nayarit

4,200

22,665,900

Zacatecas

4,900

26,203,600

Guanajuato

13,600

37,248,500

Durango

7,000

32,185,600

Tlaxcala

4,900

12,106,000

Querétaro

10,200

25,283,400

Sinaloa

15,600

56,946,300

Quintana Roo

1,200

8,362,200

Morelos

2,300

9,136,100

Estado de México

13,000

39,291,100

Tamaulipas

8,000

25,189,400

Chihuahua

8,600

38,142,600

Baja California Sur

1,500

9,681,300

Colima

1,400

9,075,500

Sonora

3,800

14,580,600

Jalisco

11,500

46,358,300

Aguascalientes

2,600

10,186,500

Coahuila

8,300

19,330,700

Baja California

1,600

8,995,600

Nuevo León

4,400

16,559,800

300

454,053,600

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Distrito Federal

Fuente: Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 CONTRALÍNEA

la familia; en lugar de que le ayudes al niño a desarrollarse con la beca, pasa a ser como una parte del gasto suplementario para la subsistencia de la familia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2006 el gasto trimestral por familia para el rubro de “Transporte y comunicaciones” representaba el 18.9 por ciento del gasto total, mientras que en “Alimentos, bebidas y tabaco” era del 29.4 por ciento, y para “Vivienda y combustible”, 8.9 por ciento. Tomando como referencia el ingreso trimestral que el Instituto reporta para localidades de menos de 2 mil 500 habitantes en ese año (6 mil 432 pesos), una familia que residiera en una comunidad pequeña gastaría en promedio 630 pesos mensuales para alimentarse, 405 pesos para transportarse y 190 pesos en vivienda y combustible. La Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2008 del Inegi señala que el año pasado el ingreso trimestral por hogar en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes había decrecido a 5 mil 892 pesos (es decir 1 mil 964 pesos por mes). Para entonces, el monto de las becas de Fiducar seguía siendo el mismo. En el informe de 2005, el propio Conafe había señalado que algunos beneficiarios de Fiducar se daban de baja voluntariamente “porque el gasto para acudir a cobrar el apoyo económico es superior al monto que se les otorga”. En 2007 se asignaron 66 millones 284 mil 800 pesos al Fiducar, de los que se erogaron 51 millones 986 mil 500 pesos, monto inferior en 21.6 por ciento al asignado originalmente. Sin embargo, los beneficiarios del programa sumaron 27 mil 700, con lo que la cifra erogada en apoyos económicos debió ser de 51 millones 937 mil 500 pesos, 49 mil pesos menos de la cifra reportada. El Conafe había considerado como población objetivo del Fiducar 19 mil 700 comunidades de las 33 mil 200 atendidas ese año. Al final sólo atendió a 8 mil 800, es decir, el 44.7 por ciento de su meta estipulada. Al igual que en los otros casos, el consejo no pudo acreditar que los apoyos fueron entregados. Contralínea solicitó al Conafe una entrevista para conocer su postura respecto de las observaciones que les hizo la ASF. El director de Medios y Publicaciones, Fausto Márquez, respondió que el consejo no podía fijar una postura y que correspondía hacerlo al Órgano Interno de Control. Campos y Covarrubias reconoce que la existencia del Conafe cuando menos asegura que llegue educación a poblaciones muy apartadas, pero también se cuestiona qué tanto peso se le está dando a la formación de las comunidades rurales indígenas dentro del campo educativo. —¿Qué te interesa? ¿Que sepan leer, escribir y las operaciones fundamentales para convertirlos en mano de obra que los incorpore a la explotación del capitalismo así de momento? ¿O es la tendencia de que el mundo rural no debe entrar dentro del mundo urbano, que se tiene que ir desintegrando conforme avance la expansión industrializadora del país? 4 DE OCTUBRE DE 2009

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SOCIEDAD ?

MÉXICO “Estado capturado”

al estilo Colombia La fórmula es sencilla: corrupción a gran escala hasta debilitar la estructura económica de un país a la que se suman maniobras para formular leyes, normas, decretos y regulaciones a su favor; se añade un intenso accionar entre los actores políticos legales para acceder al control político y territorial, y el resultado es la captura del Estado. Esa ruta, que fue exitosa en Colombia, parece reproducirse en México, aunque con una diferencia: “Aquí están aprendiendo más rápido”, señalan analistas del país suramericano Nydia Egremy 48

4 DE OCTUBRE DE 2009

E

l negocio ilegal y la corrupción extendida no fueron hechos aislados o individuales, sino parte de un proceso de transformación social, económica y política denominado “captura del Estado”, un proyecto por el cual los grupos ilegales colombianos se valieron de alianzas con grupos legales para lograr “legitimidad social”, influencia en el Estado y cambios fundamentales en el régimen político. “Y eso es lo que queremos advertir a los mexicanos”, expresan los investigadores Jorge Luis Garay Salmanca, Isaac De León Beltrán y Eduardo Salcedo Albarán. Ellos pertenecen a la organización colombiana Fundación Método, un grupo interdisciplinario de investigación en ciencias sociales que descifró la fórmula por la que los grupos ilegales colombianos obtuvieron el control del país suramericano. Garay Salamanca, director académico del grupo, precisa que aunque la situación de Colombia y México difiere en el entorno y los procesos, en ambos países “el proceso de captura del Estado no ha concluido, sólo se transformó, pues vienen nuevos actores y nuevos procesos”, ya que la rotación de sus actores es una de las claves de las mafias y del crimen organizado; “ésa es su esencia”. Para conocer el alcance de la captura del Estado colombiano, los analistas examinaron numerosos procesos judiciales contra los involucrados en la denominada narcoparapolítica, un CONTRALÍNEA


David Cilia

término que refiere a la expansión de los paramilitares y del narcotráfico y a su fusión y que en su primera parte alude a la infiltración de las mafias del narcotráfico en el ámbito político: Congreso, gobierno local y nacional, en la justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía, así como en grupos económicos nacionales y trasnacionales. En su segunda parte, apunta al proceso ocurrido en 223 municipios colombianos entre 1999 y 2003 y que se fortaleció en 12 departamentos donde surgieron movimientos políticos que reunían a candidatos tradicionales con otros desconocidos y que ganaron en las urnas desde donde proyectaron su influencia. Esos partidos o movimientos políticos tornan muy difusa cualquier infracción penal y “así comienzan a transitar hacia esa captura que trasciende el ámbito económico hasta consolidar el poder territorial o, incluso, hasta la cooptación del Estado”, manifiesta Garay Salmanca. CONTRALÍNEA

Durante la investigación La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, los integrantes de la Fundación Método descubrieron que a medida que los grupos ilegales acceden a más poder económico, más poder territorial y más poder militar, buscan la legitimación social. Dice Jorge Luis Garay: “Las fronteras morales frente a lo legal e ilegal se transforman” y mayor es su capacidad de innovación y transformación e influencia. Esto es posible porque en algunas instancias se considera que el narcotráfico es un crimen aislado, una anomalía, pero en la medida en que avanza el proceso de captura del Estado los fenómenos asociados a ese delito ya no son sólo un tema de narcotraficantes. Al prosperar económicamente, los grupos ilegales aliados a instancias legales actúan a la manera de la mafia italiana porque necesitan blanquear sus ingresos y acceder simultáneamente a actividades “legales” de legitimación social. De ese modo se busca que su base de capital y de poder tenga un carácter legal, por lo que no se trata ya de casos aislados de corrupción y delitos, sino de una tendencia por acceder al poder. Para avanzar en ese proyecto, se combinan las diferentes instancias y formas de intervención: financian campañas políticas, fundan movimientos o crean partidos para asegurar lealtades. Eduardo Salcedo, del grupo de investigadores entrevistados, recuerda que como parte de ese proyecto de captura, Pablo Escobar Gaviria fungió en 1982 como representante suplente del Congreso por el Partido Liberal. En la investigación se muestra cómo en el período de 2006 a 2007 en Colombia se aprobaron leyes que favorecían a los victimarios. Un producto de esa pesquisa fue la localización de un pacto firmado por una aspirante a la alcaldía de una ciudad colombiana, quien se comprometió a brindar canonjías a los narcoparamilitares: otorgarles el control del 10 por ciento de las obras públicas que realizara su administración y servicios de salud. Ese compromiso (traducido en un documento firmado) es la expresión de un proyecto que combina todas las ins-

tancias y formas de intervención para, en primer lugar, arrancar a los gobiernos locales parte de los recursos públicos a través de la corrupción administrativa sistemática, y a nombre propio (de los grupos ilegales) decirle a la población “yo le aseguro la salud porque yo administro esos recursos”, como ocurrió con los paramilitares que dominaban una región y sustituían las funciones sociales del Estado en su beneficio, apunta Salcedo. Adicionalmente se presenta otro mecanismo fundamental para la captura del Estado, el de proveer seguridad en medio del clima de violencia. Así lo corroboraron los investigadores tras los encuentros que sostuvieron con magistrados, funcionarios de órganos de control, congresistas, periodistas, expertos y ciudadanos, así como con instituciones como Transparencia por Colombia y la Fundación Avina, que fomenta vínculos entre líderes sociales y empresarios para el desarrollo sostenible de América Latina.

Captura y reconfiguración Desde la última década del siglo pasado, el Banco Mundial introdujo el concepto de “captura del Estado”aunque lo acotó a los intereses económicos de empresas y corporativos. En contraste, los colombianos Garay, De León y Salcedo detectaron que en la captura del Estado, tal como se manifiesta en su país, hay actores ilegales en busca de poder e influencia y que solos o aliados con grupos legales logran que se emitan leyes, normas, conductas y políticas favorables a sus intereses no sólo económicos, sino también judiciales (penales), políticos y sociales. En esa nueva fase se apunta a transformar el entorno político hacia un Estado mafioso con procedimientos sofisticados conocidos como la “captura instrumental de los partidos políticos”, que consiste en recurrir a partidos y movimientos políticos, es decir, instituciones democráticamente legítimas para acceder al núcleo sistémico del Estado. Es entonces cuando los grupos criminales se plantean que esa ilegalidad avance hacia una legitimación social, que sean aceptados por la sociedad. 4 DE OCTUBRE DE 2009

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Julio César Hernández

En el caso colombiano, ese proceso de captura fue rápido por el narcoparamilitarismo y su influencia que llegó a cooptar las regiones y departamentos donde el Estado era más débil. “Es una especie de fruto o resultado del lobby empresarial”, dice Garay. Agrega que los procedimientos a los que se recurrió en Colombia para capturar el Estado fueron “drásticos, efectivos y más sofisticados que el soborno, como la intimidación y delitos contra la vida que les permitió operar efectivamente en el corto plazo”. Si en la captura del Estado se utilizaron mecanismos como la coacción, la intimidación o la financiación de campañas y políticos para comprar y asegurar lealtades –que a su vez son temporales–, la “reconfiguración cooptada del Estado” es un proyecto político económico y social más profundo que se apuntala en las normas y leyes que favorecen de modo más perdurable sus intereses para penetrar en el aparato estatal y en la sociedad con el objetivo estratégico de hacer un Estado a modo. Para ello, se cooptan las instancias más avanzadas del Estado. Esto fue evidente de 2006 a 2007 cuando en Colombia se aprobaron leyes que favorecían a los victimarios (paramilitares, narcotraficantes y grupos señalados por violar derechos humanos) “con la anuencia o no del gobierno central o por lo menos con su no oposición”; ese proceso reconfiguró normas fundamentales del estado social de derecho.

 En un Estado capturado, el ejército deja de ser el actor neutral del monopolio de la fuerza

Los mexicanos

David Cilia

En el proceso de captura del Estado, los grupos ilegales extienden su influencia al exterior o establecen alianzas con grupos extranjeros para lograr su objetivo, explica Isaac De León, autor del libro El crimen como oficio: ensayos sobre economía del crimen en Colombia (2007). Es entonces cuando tuvo lugar el pacto entre grupos ilegales colombianos y mexicanos. Afirma

 Para la “captura del Estado”, grupos ilegales colombianos se aliaron a grupos legales y lograron legitimidad social. El modelo ya se aplica en México, advierten expertos

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que en este momento “los criminales mexicanos están aprendiendo”, aunque ese proceso de aprendizaje criminal es más acelerado que el de los colombianos. “Va mucho más rápido porque, primero, ya hay una división internacional del trabajo en el mercado de las drogas, donde los colombianos han cedido su posición de acceso en el mercado norteamericano a favor de los mexicanos”. —¿Qué han aprendido los colombianos? —Que no necesitan manejar toda la cadena de abastecimiento y, por ende, decidieron introducir la droga a México en lugar de hacerlo hasta Estados Unidos; aunque ganan menos, se evitan disparar todas las alarmas de las autoridades mexicanas y estadunidenses. Ellos tienen un conocimiento muy especializado en tecnologías de desarrollo de submarinos y de transporte de carga marítima; traen la droga a México aprovechando su gran zona marítima-pesquera y dejan la distribución a los grupos ilegales mexicanos. El razonamiento tras ese pacto mutuo fue “que los mexicanos se ganen más plata a cambio del riesgo de enfrentarse a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés). Con esa forma de operar, los colombianos se quitan la tensión de los estadunidenses y la ponen sobre México. En esa nueva organización, los mexicanos “están aprendiendo a administrar la fuerza” bajo la lógica de que no se desarrolla para enfrentarse a la fuerza pública, sino para controlar territorio y población, y cuando lo logran, así como sostener una economía legal e ilegal eficaz, su pensamiento es: “Ya eres CONTRALÍNEA


un criminal exitoso, por eso no te confrontas con el Ejército, más tarde lo vas a cooptar, a hacerlo parte de ti”. Por su parte, Garay Salmanca, también autor de Repensar a Colombia: hacia un nuevo contrato social y director del Proyecto de verificación sobre las políticas públicas de los desplazados forzosos en aquel país, refrenda que los cárteles mexicanos aprendieron “muy rápido que la capacidad de intimidación está en la fuerza y lograron doblegar a los cárteles colombianos”. A pesar de que en un inicio intentaron utilizar el territorio mexicano para sus fines, las organizaciones locales los detuvieron cuando apelaron a la fuerza que tienen por las redes locales que han construido y por el poder que les da su presencia en todo el espacio nacional. “Fue parte negociación y parte imposición. Claro que ha habido fuerza, eso no es gratuito”.

Militares contra las drogas La actuación del Ejército en el combate a la delincuencia es un tema que provoca debate en México y Colombia. En aquel país, la discusión sobre la militarización de la política antidrogas ha sido compleja, indican a Contralínea los integrantes de la Fundación Método, pues en Colombia la coca se comenzó a producir en la década de 1990 en respuesta a la demanda del mercado estadunidense. Esto ocurrió a diferencia de México, en donde no se produce la planta de coca, cocaína ni heroína y sí algunas drogas sintéticas. Al lanzarse en aquel país la “lucha antinarco” se propuso militarizar el combate contra la producción de la base y el procesamiento desde las policías y el Ejército (pues la comercialización se realiza en el exterior) y entonces entró el

Ejército en un combate que se hizo más abierto con el Plan Colombia en 2000. En ese momento, el debate se centró en las posiciones a favor de la participación de las fuerzas armadas contra el narcotráfico y los grupos ilegales aliados, y en contra de esa intervención, porque el Ejército sólo debía resguardar la seguridad nacional. Sin embargo, explica Garay Salmanca, la insurgencia colombiana se desenvolvía en un medio rural. Después de los ataques del 11 de septiembre, los temas del narcotráfico y el terrorismo ingresaron en una lógica simbiótica a la luz de los intereses estadunidenses y entonces el Ejército comenzó a ejercer funciones de control ciudadano, en el campo y la ciudad. En ese escenario, el Ejército deja ser el actor neutral del monopolio de la fuerza del Estado y “pasa a tener inter-

Otros Estados capturados riginalmente, Joel Hellman y Daniel Kaufmann, en su investigación La captura de Estado en las economías en transición (septiembre de 2001), describían que, en esas economías, la corrupción “ha forjado una nueva imagen: la de los llamados oligarcas que manipulan la formulación de las políticas e incluso configuran las nuevas reglas del juego para su propio beneficio”. Agregaban que esa captura se logra a través de intentos de las empresas para influir en el marco legal y reglamentación del Estado a cambio de pagos ilícitos –con carácter privado– a funcionarios públicos. Ambos desarrollaron un método para medir esa forma de corrupción a gran escala al analizar 4 mil empresas en 22 países en transición. Los autores partieron de datos de la encuesta Business environment and enterprise performance surrey, realizada conjuntamente por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, de 1999 y 2000. La información se recolectó por medio de entrevistas personales en 22 países con gerentes o propietarios de entre 125 y 150 empresas, aunque en Polonia se realizaron muestras aleatorias en 250 empresas, 550 en Rusia y 250 en Ucrania, en las que se determinó el tamaño de la empresa y el régimen de propiedad. El trabajo de los autores se concentra en una gráfica que aparece bajo el título “Medición de la captura del Estado en 1999”, y en la que figuran los nombres de países como Azerbaiyán (con un índice de captura del 40 por ciento), Belarús, Bulgaria,

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 Daniel Kaufmann, coautor Croacia (con un índice de 29 y 28 por ciento, respectivamente), la República Checa, Eslovenia, Estonia, Georgia, Kazajastán, Moldavia (un índice de 38 por ciento) Hungría, Rusia (índice de 31 por ciento), Ucrania y Uzbekistán. Al pie de esa gráfica se aclara que ese índice se construye como “la proporción media de empresas que respondieron que sus operaciones se habían visto directamente afectadas por pagos privados efectuados a funcionarios públicos” con el fin de influir sobre las decisiones que debían adoptarse en instituciones como el Parlamento, Poder Ejecutivo, banco central, tribunales civiles y penales y partidos políticos.(NE)

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venciones en favor de ciertos intereses que no son necesariamente los del Estado constitucional”. Por esa razón observa en México una tendencia a considerar que la corrupción de algunos agentes o funcionarios es el tema principal del debate sobre las fuerzas armadas, “y no debe serlo, pues así sólo se legitima la actuación militar en esas tareas”. En su opinión, en el caso del Ejército Mexicano el debate va más allá, pues la lucha contra los grupos ilegales se libra en terrenos urbanos, “y esto lleva a un problema muy grave que es la presencia permanente del Ejército en las ciudades no por razones de seguridad nacional, entendidas como la defensa de la soberanía tradicional, sino en la lucha contra el crimen organizado”. Garay advierte que “hay que tener claro que esa intervención implica la institucionalidad del monopolio de las armas, lo que significa un cambio muy importante, pues en un estado de derecho esa presencia no puede ser de carácter permanente” porque acarrea problemas complejos de violaciones, muchas veces de derechos humanos y de relación ciudadanoejército que puede ocasionar, incluso, hasta desestabilizaciones.

Ciudadanos inmovilizados

Julio César Hernández

Ya en esta fase del proceso el ciudadano de la calle no tiene na-

da que hacer, afirma Isaac Beltrán. “Está a merced de estructuras organizacionales muy grandes y muy ricas, quedan de sándwiches”. Por su parte, Eduardo Salcedo describe que, en etapas de corrupción normal, no sistémica a gran escala, sí se puede esperar que la sociedad civil juegue un papel muy activo en las exigencias y cumplimiento de los planes de gobierno, pero cuando ya avanzó el proceso de captura y reconfiguración cooptada, el ambiente es muy violento y sería irresponsable achacarle a la sociedad civil la posibilidad de intervenir, “aunque debe intentarse fortalecerla siempre”. En la lógica del crimen organizado y la élite crecientemente ilegal, la única forma de cooptar al Estado es a partir de desactivar la movilización ciudadana para evitar que sirva de contrapeso a este movimiento. Y en la primera etapa para desactivar esa resistencia se recurre a la intimidación y el miedo, aunque, paradójicamente, a mediano y largo plazo se da un proceso sostenido de corrupción sistémica en el que incluso los grupos criminales comienzan a usar a la sociedad civil para legitimarse a sí mismos. Fuera de la coacción, simultáneamente ejercen funciones sociales del Estado para su beneficio, agrega Garay Salmanca, y advierte que también la seguridad se convierte en un bien que se ofrece o rechaza.

 “En la lógica del crimen organizado y la élite crecientemente ilegal, la única forma de cooptar al Estado es a partir de desactivar la movilización ciudadana para evitar que sirva de contrapeso”

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11 DE SEPTIEMBRE:

falsedades al descubierto

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A ocho años de la caída de las torres gemelas, se derrumban elementos de la versión oficial: un libro de Eric Raynaud –que retoma investigaciones anteriores, algunas de ellas de la Red Voltaire– concluye que ningún avión de pasajeros se estrelló contra el Pentágono y que las torres no se derrumbaron por el impacto de los aviones Thierry Meyssan* / Red Voltaire

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cho años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el periodista Eric Raynaud publica un libro que disecciona la versión gubernamental que Estados Unidos ofreció al mundo. Aunque las autoridades se aferran a su versión de los hechos, ningún experto se arriesga ya a apoyar los detalles de ésta. El enfoque despolitizado de Raynaud permite, efectivamente, la reconstrucción de un consenso en el seno de la sociedad y colmar el abismo existente entre la prensa y el público. —Usted acaba de publicar 11-septembre, les vérités cachées (11-septiembre, las verdades ocultas). En este libro usted pasa en revista numerosos temas. Pero ¿cuáles son, en su opinión, los elementos más importantes de los que disponemos actualmente y que no se conocían hace ocho años? —Un hecho esencial ha sido la divulgación del informe de la comisión investigadora instaurada por la administración de Bush-Cheney en el verano de 2004. Sus conclusiones eran tan inaceptables, en el plano intelectual, que han despertado la curiosidad de los pensadores, los científicos, los universitarios, los expertos, etcétera. Los rigurosos trabajos de estos últimos han dado como resultado que hoy, ocho años después de los hechos, están demostrados dos elementos fundamentales: ningún avión de pasajeros se estrelló contra el Pentágono y los derrumbes de las torres gemelas (del World Trade Center) no se debieron a los impactos de los Boeing 767 ni a los incendios provocados por el combustible de éstos. En realidad, la versión oficial sobre los dos hechos esenciales más espectaculares de aquel 11 de septiembre de 2001 está hoy descalificada. —Es cierto, pero esos elementos ya esCONTRALÍNEA

taban descalificados antes de la publicación de ese informe. ¿Por qué la publicación del informe cambió la percepción de la opinión pública sobre el tema y dio lugar a las asociaciones de ideas que usted menciona en su libro? Quisiera que se entienda bien el sentido de mi pregunta: ¿Por qué lo que yo (Thierry Meyssan) escribía en 20012002 era inaceptable en Estados Unidos y por qué, por el contrario, a partir de 2004 una parte de la opinión pública estadunidense consideró que lo inaceptable era la versión gubernamental? —En efecto, esos hechos ya eran conocidos. Pero sólo lo eran para aquellos que estaban buscando la verdad, cada uno por su lado. Y estaban totalmente marginados. Las familias de las víctimas, los bomberos de Nueva York, todos los que habían expresado dudas desde el primer día estaban a la espera de ese informe. Ante esa maraña de verdades falsas, de deformaciones de la verdad, de “olvidos” particularmente molestos, toda esa gente saltó a la palestra, por decirlo de alguna manera. Sobre todo porque la credibilidad de gente como David Ray Griffin o Richard Gage y de sobrevivientes que dieron sus testimonios les permitió hacerlo. Desgraciadamente para la administración de Bush, ese momento coincidió más o menos con la aparición de la web 2.0, que fue un instrumento decisivo en esa lucha. Todos, eficazmente agrupados en asociaciones muy específicas y serias, intercambiaban sus informaciones, sus estudios, análisis. La suma de ese enorme trabajo tenía que arrojar como resultado, efectivamente, un cambio en la actitud de la opinión pública ante hechos que se habían vuelto evidentes. Me parece que usted cometió el error de haber tenido razón demasiado temprano sobre el atentado contra el Pentágono. Después de haber tratado de desmontarla por todos los medios, una cantidad considerable de periodistas estadu-

nidenses aceptaron la tesis que usted había presentado. Y ellos mismos lo confiesan hoy en día, como David von Kleist que, después de haber sido un adversario de la tesis que usted expresara anteriormente, se encuentra hoy entre los Truthers (partidarios del movimiento estadunidense por la verdad sobre el 11 de septiembre. Nota del traductor) más activos. —¿No sería posible considerar las cosas desde otro ángulo? Cuando yo emití las primeras críticas no existía una versión gubernamental coherente, sino un montón de información fragmentaria proveniente de diversas agencias. Siempre me respondían que yo no había entendido nada. Al tratar de unificar toda esa información fragmentaria en una versión única, la Comisión Presidencial se encontró ante la cuadratura del círculo. Su trabajo demostró esencialmente que era imposible contar esa historia de forma coherente. La comisión incluso evitó abordar numerosos problemas, llegando al extremo de olvidar el derrumbe del edificio siete. —De todas formas el informe de la comisión investigadora estaba condenado al destino que finalmente ha tenido: al rechazo puro y simple por parte de los que estaban esperando lo que iba a decir la administración de Bush. Los atentados fueron un conjunto de hechos tan grandes, todos de carácter único, con algunos que parecen lógicos y otros que parecen menos lógicos, que resultaba una tarea imposible. Por cierto, George Bush se había dado cuenta de eso cuando rechazó, desde el principio, la creación de aquella comisión. Y cedió únicamente ante la presión popular, pero lo hizo tratando de minimizarlo: nada de medios, nada de dinero, poco tiempo y un hombre de confianza como director ejecutivo. A pesar de eso, si dos conocidos periodistas que trabajan para las mayores cadenas, entre ellos 4 DE OCTUBRE DE 2009

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el corresponsal de la CNN en el Pentágono, dicen en vivo en los minutos siguientes al famoso suceso que “ningún avión se ha estrellado aquí”, parece difícil que una comisión investigadora gubernamental pueda citarlos cuando el gobierno afirma exactamente lo contrario. El problema de la comisión es que las palabras se las lleva el viento mientras que las imágenes y el sonido grabados van a perdurar. Y se pueden consultar. La misma preocupación existe en el caso del edificio siete. En un informe preliminar, la Federal Emergency Management Agency estipula que “no tiene explicaciones sobre las razones de la caída de este edificio de 186 metros de altura”. La agencia gubernamental encargada de continuar la investigación, el NIST, tampoco tiene explicación para esto… Así que se “olvida” la caída de un edificio prácticamente del mismo tamaño que la Torre Montparnasse (de París) a la velocidad de caída libre –6.5 segundos– en un informe de casi 600 páginas. Finalmente, en agosto de 2008, el NIST encuentra una explicación truculenta que no convence a nadie. Se trata, en efecto, de lograr la cuadratura del círculo. Por cierto, el presidente y el vicepresidente de esta comisión expresaron su desacuerdo en un libro que escribieron juntos posteriormente. Al igual que el abogado que fungía como consejero de esa misma comisión, un exfiscal federal, que escribió recientemente en un libro que el gobierno lo había obligado a mentir, para llamar las cosas por su nombre. —En un asunto de Estado como éste, los testigos dicen ahora lo contrario de lo que habían dicho anteriormente. Usted citaba hace un instante a Jimmy McIntyre, el corresponsal de la CNN en el Pentágono. El 11 de septiembre él es categórico: ningún avión de pasajeros se estrelló contra el edificio. Pero ese mismo Jimmy McIntyre organiza en abril de 2002 un largo programa especial de la CNN en el que asegura que cuando yo me expreso como lo hago es por antiamericanismo y que es imposible poner en duda que el vuelo 77 se haya estrellado contra el Pentágono. La comisión escuchó sólo a dos testigos, que se retractaron, y descartó a todos los que insistían en contradecir la versión de la administración de Bush. A mí me costó mucho trabajo que la gente incorporara a sus análisis el derrumbe del edificio siete. Varios días después de los atentados, aquel hecho había desaparecido de la memoria colectiva. Y observo que la especulación Evidencias fehacientes descalifican la versión dada por el entonces gobierno de Bush. Nin bursátil anterior a favor de la baja, que antecedió al 11 de septiembre, testimonios telefónicos de los pasajeros son falsos, no hay explicación lógica y oficial de la c 56

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también cayó en el olvido y, como señala usted en su libro, sólo fue mencionada nuevamente debido al escándalo de Madoff. Además, a pesar de todos mis esfuerzos, todo el mundo –incluyendo a los Truthers en Estados Unidos– se obstina en ignorar el incendio del anexo de la Casa Blanca y la comunicación de los atacantes con la Casa Blanca, en la que se usaron los códigos presidenciales, dos hechos ampliamente probados –el primero fue incluso filmado por ABC– y que impulsaron al consejero antiterrorista Richard Clarke a poner en marcha el Programa de Continuidad del Gobierno. ¿Cómo se explican todos esos ejemplos de amnesia colectiva?

ush. Ningún avión se estrelló en el Pentágono, las torres gemelas no se derrumbaron por el impacto de los aviones, los ial de la caída del edificio siete

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—Sí, James McIntyre se contradijo sin el menor escrúpulo en CNN. A pesar de lo cual sus declaraciones del primer momento siguen estando accesibles. En cambio, el otro colega, Bob Plugh, nunca ha modificado en lo más mínimo su versión. El 11 de septiembre de 2001, McIntyre, corresponsal permanente de la CNN en el Pentágono, reporta en vivo que ningún avión se había estrellado contra el edificio. Posteriormente habrá de retractarse para convertirse en uno de los defensores de la versión gubernamental. En cuanto a la memoria colectiva, ya se sabe que es selectiva y que retiene únicamente –me refiero al público– lo que oye o lee en los medios de prensa. Y los medios estadunidenses, a pesar de tenernos acostumbrados a un mejor desempeño, sólo hicieron su trabajo durante los dos, tres o cuatro días posteriores a los atentados. Lo dice el propio Walter Pinkus, del Washington Post, uno de los veteranos más curtidos de la profesión. Hubo un tránsito muy rápido hacia la perorata controlada por el gobierno. Lo dramático es que se habla ante todo de las dos torres gigantes que se habían derrumbado y de los 3 mil muertos. Tuvo que pasar, en efecto, mucho tiempo antes de que se admitiera que el derrumbe del edificio siete tenía una importancia fundamental, y que era incluso el talón de Aquiles de la versión (del gobierno de) Bush. Hoy en día, toda la gente que tiene que ver con el tema sabe eso. Pero es verdad que tuvo que pasar mucho tiempo. A pesar de eso, todavía hoy, cuando usted pregunta de pronto en una conversación con un grupo de personas, en sociedad, “¿cuántos edificios se cayeron el 11 de septiembre?”, nueve de cada 10 respuestas será “dos”. En cuanto al incendio en el anexo de la Casa Blanca y la utilización de los códigos presidenciales, quizá sea un poco temprano todavía. No porque se trate de información sin importancia, todo lo contrario, sino porque, como dicen, puede ser que haya que darle tiempo al tiempo. —No son ésos los únicos hechos que han caído en el olvido. ¿Sabía usted que ninguno de los magnates que tenían sus oficinas en el World Trade Center se encontraba allí aquel día porque estaban en Nebraska, precisamente en la base militar de Offutt, donde Bush se unió a ellos al mediodía? Esa información no estaba en mi li4 DE OCTUBRE DE 2009

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bro. La publiqué poco después en el principal diario español, El Mundo, que es también mi editor en España. ¿Por qué la gente sigue sin querer tomar en cuenta todos los hechos? —Sí, supe que cierto número de “consejos de administración” fueron “descentralizados” del World Trade Center aquel día… lo cual es un elemento realmente importante, sobre todo junto con la información que usted menciona. En eso también creo que cuando la máquina se ponga en marcha –y a mí me parece que está empezando a moverse– todo eso saldrá a la luz. Por mi parte, yo tomé una decisión con mi libro: la de contar lo que realmente sucedió el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, en función de lo que hoy es materia de consenso y con elementos irrefutables que el lector puede verificar por sí mismo. Digamos que creo haber redactado una obra de “sensibilización” sobre lo más espectacular que la gente recuerda de aquellos hechos. Y, según las primeras reacciones que he podido conocer, hay muchos que se han quedado muy sorprendidos. Todo eso es muy duro de admitir, pero es real. Se trata de una etapa. Como yo le decía hace un instante, lo demás tiene que venir detrás; pero es bueno tener todo esto en mente. —Su libro nos muestra que, aunque algunas instituciones defienden aún la versión gubernamental sobre los atentados o algunos expertos apoyan en general las conclusiones (de esa versión), ningún profesional se arriesga ya a defender ningún aspecto en par-

Lo sucedido el 11 de septiembre no fue otra cosa que la fabricación de una justificación para emprender operaciones ya planificadas contra Afganistán y, después, contra Irak ticular. Por ejemplo, se sigue diciendo que Al Qaeda atacó el Pentágono, pero ya ningún experto se atreverá a decir que identificó los restos de un Boeing en el lugar del crimen. O se habla, e incluso se lleva a la pantalla de cine, la rebelión de los pasajeros del avión desaparecido en Pensilvania, pero ya ningún experto se atreve a citar como auténticas las llamadas telefónicas en las que los pasajeros supuestamente dejaron testimonio de esa rebelión. ¿Cómo explica usted que sigan aferrándose a la versión gubernamental cuando no existe ya ningún elemento que la corrobore? —Yo creo que simplemente no pueden hacer otra cosa. Yo digo en mi libro que la posición de esa gente se ha hecho ya absolutamente insostenible, pero ¿qué alternativa les queda? Ninguna que no sea persistir en la negación o, en el caso de algunos, ser condenados a varios cientos de años de cárcel. Además, eso es exactamente lo que está pasando: ya nadie se arriesga a defender un punto específico (de la versión oficial). Vi un documental sobre el vuelo 93 y sus numerosas llamadas telefónicas. Es posible que el realizador lo haya hecho de buena fe. Su documental es anterior al proceso contra Moussaoui, donde el propio FBI, al tener que presentar los informes sobre esas conversaciones telefónicas, explicó que en 2001 era técnicamente 58

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imposible llamar a tierra con un teléfono celular desde la altitud a la que se encontraba el vuelo 93. Así que, después de una confesión de esa magnitud, es muy difícil encontrar un “experto” que se atreva a discutir eso. No tiene nada de sorprendente que los partidarios de la versión oficial se sigan aferrando a ella a pesar de estar irremediablemente atrapados por pruebas como ésa. En cambio, que los medios de prensa que disponen de esas informaciones mantengan ese juego, ya perdido de antemano, sí resulta mucho más sorprendente –si se quiere considerar esa posición como sorprendente–. Aunque he notado, en los cuatro o cinco últimos meses, algunos síntomas, intermitentes pero perceptibles, en algunos colegas. —Usted puso especial cuidado en recapitular hechos sin ofrecer ninguna interpretación. Tres hipótesis se distinguen a menudo: o la administración de Bush no tenía conocimiento previo de los atentados o tenía conocimiento pero permitió que se perpetraran, o está implicada en su realización. ¿Cómo se sitúa actualmente la opinión pública en Estados Unidos? —La posición de los Trutherts, como David Ray Griffin, uno de sus inspiradores, con quien tuve la oportunidad de reunirme, es muy clara: “It’s an inside job”, me dijo sin pestañear. Es decir que se trata de un golpe preparado desde adentro, la tercera hipótesis que usted menciona. Estábamos solos, tomando un café, y me impresionó esa confidencia porque venía de un hombre tan preciso como prudente y astuto en sus declaraciones públicas. Aunque dejo casi siempre que mi lector se forme su propia opinión, tengo que decir que mi convicción al cabo de años de estudios sobre este tema es que la administración de Bush estaba perfectamente al corriente de lo que iba a suceder. No son pruebas lo que hace falta. Pero también un sector de esa administración –del lado de los neoconservadores, claro está– había “acompañado” los atentados. No me imagino a un grupo de islamistas manejando toneladas de nanotermita e instalándolas a su gusto por los tres edificios destruidos. Pero la convicción de Griffin me impresionó, porque yo sé que él tiene mucho que escribir aún sobre el tema, y que tiene informaciones de primera mano. —En Estados Unidos, el Movimiento por la Verdad sobre el 11 de septiembre de 2001 reclama la “reapertura de una investigación”. Esos ciudadanos estadunidenses parecen pensar que se trata de un hecho de crónica roja que pudiera ser juzgado algún día por tribunales civiles y que la razón de Estado no existe. Sin embargo, sea cual sea la interpretación que podamos dar a esos hechos, está claro que esos atentados no sólo rebasan el marco del derecho nacional estadunidense, sino que caen en el campo del derecho internacional, y que la administración de Bush ha hecho de todo para esconder la verdad, ya sea directamente o a través de la comisión investigadora presidencial. ¿Qué significa entonces ese reclamo de una investigación judicial? —Yo soy exactamente de la misma opinión que usted. Lo sucedido el 11 de septiembre no fue otra cosa que la fabricación de una justificación para emprender operaciones ya planificadas contra Afganistán y, después, contra Irak. Y en mi opinión, ese tipo de cosas cae dentro de la jurisdicción de un tribunal penal internacional. También pienso que los líderes del Movimiento por la Verdad tienen en mente eso mismo desde hace tiempo. Pero, mientras tanto, los cientos de miles de Truthers anónimos tienen, por su parte, sus proCONTRALÍNEA

“Los a

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os a tentados del 11 de septiembre y los responsables de ellos se deben juzgar en un tribunal penal internacional”

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pias cuentas que saldar en el terreno judicial y han trabajado como locos para eso: abrir una nueva investigación nacional, lograr que sean condenados todos los que mataron o dejaron matar a 3 mil estadunidenses. Es evidente que eso puede ser un inicio ideal para pasar a una fase internacional, pero también es cierto que se corre el riesgo de que se convierta en una etapa muy, muy larga. ¿A pesar de ello, piensan los líderes de los Truthers insistir en ese sentido antes de una nueva investigación seguida de grandes juicios? Me parece que no es imposible. Y, en todo caso, nada se opone a una acción de ese tipo, dados los argumentos y pruebas de los que actualmente disponen. —El 11 de septiembre es un hecho estadunidense de consecuencias mundiales. Usted prefirió tratar ampliamente el Movimiento por la Verdad en Estados Unidos y dedicar unos pocos párrafos a las reacciones en el resto del mundo. ¿Significa eso que lo único importante o creíble es lo que pasa en el corazón del imperio? —Por supuesto que no. Yo escribí este libro precisamente porque los hechos mundiales que fueron consecuencia del 11 de septiembre me parecen absolutamente insoportables. Simplemente, adopté como punto de vista el que en Francia no se conoce suficientemente la génesis de este catastrófico principio del tercer milenio. En la Europa francófona, en particular en Francia, sólo se habla de aquel hecho a través del anatema, del insulto y la imprecación. Yo quise proporcionar elementos que sirvan de base a una discusión sana, entre adultos, sobre un hecho que cambió totalmente el mundo. Así que es muy evidente que yo observo con la mayor atención lo sucedido y lo que está sucediendo, la intrusión en el Medio Oriente y los próximos blancos del plan, Rusia y China, por ejemplo. Traté de poner a la gente al tanto de lo que realmente sucedió el 11 de septiembre de 2001. Ahora es probable que me dedique a estudiar otros aspectos del problema. Hay tanto que escribir… *Analista político francés. Fundador y presidente de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Última obra publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008) 4 DE OCTUBRE DE 2009

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David Cilia

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a capital de México alberga más de 69 ciudades perdidas: asentamientos irregulares que se formaron al calor de la expansión de la mancha urbana y, en otros casos, de numerosos predios situados en zonas céntricas de la ciudad. Alrededor de 40 mil 367 personas subsisten en los reducidos espacios, que carecen de los servicios básicos. Generaciones enteras pasan y heredan el mismo futuro a los que llegan. El abandono del gobierno y el oportunismo de los partidos políticos son conocidos por los habitantes: no confían ya en quien les promete la regularización de sus predios y se protegen de los acaparadores. Aseguran que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal es una institución inalcanzable, controlada por lo que llaman “las mafias de las agrupaciones políticas”.

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CIUDADES perdidas

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CONDENAN ONG REPRESIÓN A CONTRALÍNEA