Durante la década de los 90, se inició en la República Dominicana la primera ola del proceso de reformas tendente a la modernización del marco legal y económico bajo el cual operan las empresas en el país, a fin de (i) promover el flujo de capitales extranjeros al país, (ii) adaptar su economía a los nuevos esquemas de competitividad que iban surgiendo en el ámbito internacional y (iii) facilitar su inserción en grupos económicos a nivel global y regional . Este proceso mantiene su dinamismo y, con una segunda ola iniciada durante esta década, se ha buscado modernizar estructuras legales que regulan diferentes sectores específicos de la economía, tales como el sistema bancario y bursátil, así como las reglas corporativas, de competencia y protección al consumidor que atañen a todos los sectores por igual. Las principales reformas ejecutadas incluyen nuevas leyes en materia de propiedad industrial, derecho de autor, reactivación de las exportaciones, medio ambiente, en materia tributaria y arancelaria, una legislación especial para atraer a los jubilados, fideicomisos y el desarrollo de proyectos de bienes raíces a bajo costo, lavado de activos, prevención de riesgos de las entidades financieras, entre otras. Se han adoptado también medidas legislativas necesarias para la puesta en vigencia del DR-CAFTA sobre todo en el área de la propiedad intelectual. Las reformas sociales también han ocupado un lugar en la agenda legislativa. En efecto, las reformas más significativas fueron la adopción del código de protección de niños, niñas y adolescentes y la ley de seguridad social. En realidad, se ha ido avanzando en su implementación y ya se advierten logros importantes. Recientemente también se modificó la Constitución Dominicana con el objetivo de modernizar el Estado y las disposiciones que lo regulan. Entre las reformas que se han logrado en los últimos años a los fines de promover la modernización de los sectores más importantes en la economía dominicana y para promover y proteger la inversión, tanto local como extranjera, podemos mencionar las siguientes:
MERCADO DE VALORES La legislación que regula el mercado de valores en la República Dominicana tiene el objetivo de incentivar el desarrollo de un mercado local de bolsas de valores, propiciando un aumento en la oferta y demanda de valores, en un clima de seguridad y transparencia. El marco regulatorio vigente en la materia define lo que se considera una colocación privada de valores y la regulación de la oferta pública de valores, desde su entrega hasta su colocación en el mercado. La ley regula a los participantes autorreguladores, tales como las bolsas de valores, bolsas de productos e intermediarios de valores, y a los participantes no autorreguladores, como las cámaras de compensación, el depósito centralizado de valores, las calificadoras de riesgo, los fondos de inversión, las administradoras de fondos, los fondos mutuos, y las titularizadoras. También impone penas y sanciones a las personas y participantes del mercado que violen las regulaciones y crea los organismos gubernamentales encargados de supervisar y regular el sistema y a sus agentes que son la Superintendencia de Valores y el Consejo Nacional de Valores. Dentro de sus principales disposiciones, la ley crea exenciones impositivas (para personas físicas nacionales y personas físicas o morales extranjeras) por los beneficios que resulten de inversiones realizadas en instrumentos de renta fija y otras inversiones ubicadas físicamente en el mercado local.
SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO Las regulaciones aplicables al sistema monetario y financiero dominicano buscan, con relación al sistema monetario, mantener la estabilidad de precios a nivel nacional y, con relación al sistema bancario, regular a las
Guía de Negocios en la República Dominicana
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