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“Brasil: No es solo fútbol, es lucha social”

Encuentranos en… Quito | Libreria “Bibliotek” Ante Nº 259 y Juan Larrea | Almacén “Universitaro” Hall Teatro Universitaro UCE | Cafelibro Leonidaz Plaza N23-56 entre Wilson y Vintimilla | Pluma libreros Editores Estrada 412 y Luis Felipe Borja | Librería Progreso Guayaquil y Oriente | Librería Española Triángulo San Rafael valle de Los Chillos | Sabor a Tierra kiosko Patria y Juan León Mera esq. | Librería libros Andinos Ulpiano Páez N19-70 y 18 de Septiembre Guayaquil | UNE Guayas Carchi y San Martín esq Telf.: 042 454 325 | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas Asociación de escuela | Mercado Machala 2º piso Sección libreria | Puestos de revistas 9 de Octubre y Carchi | 22 y la B (Mercado San Vicente de Paúl) | 9 de Octubre y Escobedo Sra. María Ocampo | Chile y Aguirre Sr. Sergio Antonio puesto 43 | Chile y Sucre Sr. Carlos Urgilés | Boyacá y 10 de Agosto Sr. Juan Ochoa Edif. diario “El Telégrafo” | Don Bustamante Chile entre 9 de Octubre y Vélez | Jessica Patiño Telf.: 0987756194 Cuenca | Sr. Esteban Mendieta Telf.: 0996123337

Ambato | Coop de Vivienda Amanecer Popular Edif.: Aso Empleados 2º piso Of. 202 calle Cevalos y Mera | FEUE predios de Ingahurco | Mercado Mayorista Oficina de presidencia Loja | Mercado Central 18 de Noviembre y 10 de Agosto | Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano Rocafuerte entre Olmedo y Juan José Peña

Babahoyo | Sr. Gustavo Freire Telf.: 099 247 613 | Sr. Luis Tiutiven Ingreso al Mercado Central | Sr. Avilés Bolívar y García Moreno esq

AÑO 12

QUINCENARIO

N o 261

ECUADOR | 1 AL 15 DE JULIO DE 2013

D E L A / O S E C U AT O R I A N A / O S P O R L A V E R D A D

US$ 0,30

0993174401 Esmeraldas | Alex Loayza Telf.: 0981975932

Sucumbios | UNE de Sucumbios Sr. Luis Merino Telf.: 099 102 568 Baeza | Publiposter Telf.: 062 320 654 El Coca | Sr. Marco Tandazo

Ibarra | Edificio UNE Calle Luis Fernando Villamar y Sánches y Cifuentes | Sr Byron Rosero Telf.: 062 643 623

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

Tulcán | Puesto de Periódicos La cuencanita Parque Central | Sr. Wilson Domínguez 2981 039

Tena | Une de Tena Casa del maestro Av. 15 de Noviembre 456 y 9 de Octubre Telf.: 2886 279

Latacunga | Sra. Geovanna Herrera Telf. 0987292818 | Volcán Café libro Belisario Quevedo 556 y Padre Salcedo

Puyo | Sr. David Ortiz Telf.: 087 418 724 El Carmen | Sr. Pedro Chila Zamora Telf.: 0992020661

El Oro | Mercado Central Olmedo entre 9 de Mayo y Juan Montalvo Lic. Guillermo Castillo | UNE de El Oro Guayas entre Boyaca y Pasaje

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 0998155170

Machala | Sr. Aldo Duarte Telf.: 072 938 950

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.:

2/3. POLITICA| Ley de Comunicación: Estado totalitario versus libertades democráticas.

11. POLITICA.| Defensoría del Pueblo ¿o del gobierno?. El pueblo en la total indefensión.

12/13. ESPECIAL. | ¡Ni un solo ojo de agua para la Hidrotambo! La lucha del pueblo de San Pablo de Amalí en defensa del agua.


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POLÍTICA

ECUADOR | 1 AL 15 DE JULIO 2013

Ley de Comunicación: Estado totalitario versus libertades democráticas POR Franklin Falconí

Está hecho…,

la Ley de Comunicación se publicó. en el Registro Oficial. Ahora a esperar el Reglamento que especificará los mecanismos de aplicación de esta normativa, que ha encendido un debate de carácter filosófico, político, jurídico y comunicacional sin precedentes en el país. Libertad de expresión: ¿límites?, ¿hasta dónde? Según el considerando número 11, los ciudadanos ecuatorianos habríamos apoyado mayoritariamente, en la consulta popular del 7 de mayo del 2011, entre otras cosas: “…el establecimiento de las consecuencias jurídicas para evitar un uso abusivo e irresponsable de la libertad de expresión”. Afirmación que, si aplicamos las mismas normas que la Ley de Comunicación establece, peca de “imprecisa”, por decir lo menos, ya que el texto de la pregunta número 9 de la mencionada consulta popular, que obtuvo el más bajo respaldo de todas las diez preguntas (44,9%) decía: “¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores?” Como se puede ver, en ningún mo-

mento los ecuatorianos decidimos que el gobierno y su mayoría de asambleístas establezcan “consecuencias jurídicas para evitar el uso abusivo e irresponsable de la libertad de expresión”. Y es particularmente importante esta frase por cuanto expresa la intencionalidad de fondo: limitar este derecho humano fundamental, caminando en materia jurídica muchos pasos hacia atrás, en relación a lo que la normativa de derechos humanos y en particular del derecho a la libertad de expresión ha caminado a nivel internacional, pues como señalan tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH): “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”1. En estas instancias, la diversidad de denuncias que se han recibido, procedentes de toda la región, han dado como resultado que la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sea favorable al respeto casi absoluto a la libertad de expresión, por sobre los criterios de “responsabilidad ulterior”, que el mismo artículo establece. Comunicación, “servicio público” La Ley convierte a la comunicación en un servicio público, contraviniendo la normativa internacional y la propia Constitución, que la ven como lo que realmente es: un derecho inalienable de todos y todas. Al establecérsela así, la comunicación será

directamente otorgada y administrada por el Estado, que como lo hace con los otros servicios, como el del agua potable por ejemplo, puede cortarla en cualquier momento a determinado ciudadano, o a todos, como ocurre con el Art. 77 que establece la suspensión de la información y la imposición de la censura previa en casos de declaratoria de estados de excepción. La lógica de lo que implica la denominada “revolución ciudadana” es que el Estado es todo, y que el Presidente de la República es el Estado, por tanto es él quien en última instancia definirá hasta dónde puede alguien expresarse, así como también de qué forma ha de ejercerse el periodismo. El proyecto se convierte, en este sentido, en una especie de manual de estilo para los periodistas. Veamos por qué: ¿Qué es “información de relevancia pública”? El Artículo 10 establece las normas “deontológicas” para la utilización de este “servicio”; es decir, los principios o parámetros éticos que los ciudadanos deben seguir para expresarse. En el numeral 2 se sostiene que los profesionales del periodismo deben “respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general”. Pero: ¿qué significa exactamente: “información de relevancia pública o interés general”? Según uno de los referentes teóricos de los intelectuales que elaboraron la Ley: Pie-

rre Nora, historiador francés, fundador de la denominada “nueva historia”: “Todas las sociedades establecidas bus-

can perpetuarse por un sistema de noticias que tiene por finalidad última negar el acontecimiento, ya que el aconte-


1 AL 15 DE JULIO 2013 cimiento es precisamente la ruptura que pondría en cuestión el equilibrio sobre el cual ellas se fundamentan. Como la verdad, el acontecimiento es siempre revolucionario”. Es decir, por esencia, el acontecimiento no es impuesto desde el Estado, a conveniencia política de quien lo dirige, como se pretende con la nueva Ley; es más bien la consecuencia de la disputa de diversas fuerzas actuantes en ese escenario públi-

que ser muy ágiles y cuidadosos para poder cumplir con los demás requisitos, como aquel de la “oportunidad”, que además de ser un absurdo en plena época de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), que han impuesto a la información el requisito de la instantaneidad, es un concepto relativo y puede prestarse a interpretaciones, puesto que si tengo un diario que publica al día siguiente un

hablarse a solas es locura, escucharse delante de otros será doblada locura”

“Si

Baltasar Gracián co. Por ello, el periodismo se mueve siempre bajo la lógica del conflicto, no de la normalidad. Imponer los acontecimientos desde el Estado solo era posible, según lo explica el catedrático español sobre teorías de la comunicación Miquel Rodrigo Alsina, en la Edad Media, donde “al adquirir importancia política, la información pasó celosamente a ser controlada por el poder religioso y civil. Pero este control no solo hay que entenderlo como la censura de determinados acontecimientos, sino también como elemento capital en la creación de acontecimientos ‘convenientes”2. El periodismo controlado por censores Los medios, ahora, no solo que se han puesto a revisar su logística para tratar de multiplicarse y poder cubrir todo lo que desde el Estado se definirá como de “relevancia pública”, sino que tendrán

hecho, luego de que todos los demás medios han emitido ya esa información, bien podría ser sancionado por no cumplir de manera oportuna con la difusión de la información. Está también el problema de la verificación, que según la Ley en su Artículo 22, “implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido”. De este modo se termina con la posibilidad de la denuncia periodística, o de la denuncia ciudadana a través de los medios. Lo que ha ocurrido hasta hoy es que si un periodista accedía a cierta información sobre algún hecho de corrupción, podía transmitirlo citando la fuente de origen de esa información, lo cual activaba las alarmas de las instancias de control y de la justicia, que finalmente descubrían el caso, lo juzgaban y lo sancionaban. Ahora el periodista tendría que esperar hasta que exista sentencia ejecutoriada para recién poder trans-

mitir la información, es decir, cuando ya no tenga sentido de “oportunidad”. Se cierra la posibilidad de que un ciudadano acceda a un medio a denunciar algún hecho de corrupción, porque el medio simplemente estaría impedido de transmitir esa información por no contar con la verificación propia de que esos hechos son reales. Es decir, con esto se enseñorea la impunidad y se da pábulo al crecimiento de la corrupción. En cuanto a la contrastación que se exige, solo habría que saber si todo funcionario, empezando por el Presidente de la República, va a facilitar su número telefónico para que los cientos y miles de periodistas de todo el país que elaboren alguna nota que implique a las políticas estatales puedan llamarlos inmediatamente para poder contrastar. ¿Irá a atender todas esas llamadas el Presidente? Por otro lado, ¿cómo saber hasta dónde debe contextualizarse cada hecho?, considerando que en la sociedad todos los fenómenos están relacionados. Por estas razones es que la integración de la Superintendencia de Comunicación así como del Consejo de Comunicación es clave. En el primer caso, siendo un funcionario directamente nombrado por el Presidente de la República, que tiene, según los Artículos 55 y 56, la facultad de “vigilar”, “auditar”, “intervenir”, “controlar”, “supervisar”, “investigar” y “resolver” sobre el ejercicio de la comunicación, tanto de ciudadanos como de medios de comunicación, será definitivamente un hombre o mujer con súper poderes y de entera 1 2

La Colegiación obligatoria, CIDH, párraf. 70 Alsina, Miquel Rodrigo. “La construcción de la noticia”. Paidós, Barcelona, 1989, pág. 3.

confianza de Rafael Correa. Leída literalmente la Ley, sin necesidad aún de Reglamento, este Superintendente podría ahora mismo intervenir a cualquier medio de comunicación para “supervisar” todo lo que hace y todo lo que dicen los periodistas, podría tranquilamente sentarse al lado del redactor a mirar cómo cita fuentes, cómo estructura la nota. Y si no es a través de esta intervención, puede ha-

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cerlo a través del “defensor” de audiencias y de lectores que la Ley (Art. 73) establece. Serán funcionarios nombrados por concurso público llevado adelante por el Consejo de Participación Ciudadana, que ya sabemos con qué lógicas actúa. Ahí estarán cargos para la militancia de Alianza País, que podrán ser los censores oficiales que el gobierno requiere en esta nueva etapa de la “revolución ciudadana”.


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EDITORIAL

ECUADOR | 1 AL 15 DE JULIO 2013

La doble moral del capitalismo en el tema del espionaje El espionaje

se puso de moda en el debate político a nivel internacional y local. Pero hay una doble moral desde el poder capitalista al abordar este tema: es malo dicen las normas que sus estados aprueban, como la cuarta y quinta. Enmienda de la Constitución norteamericana, o como el Artículo 31 de la Ley de Comunicación del Ecuador; pero cuando se descubre, por filtraciones de información, que esos estados no solo que espían sino que invierten millones de dólares en sofisticados aparatos y sistemas para saber qué hacemos, qué decimos y con quién hablamos los ciudadanos, inmediatamente dicen que espiar es bueno, necesario para la seguridad del Estado. Lo paradójico es que las mismas armas ideológicas que sostienen al sistema capitalista: los monopolios de

comunicación, se vuelven en ocasiones contra él, debido a que funcionan precisamente bajo las lógicas del capital; es decir, convierten a la información en mercancía y, por lo tanto, espectacularizan los hechos y ponen en aprietos a los aparatos de seguridad de los estados imperialistas cuando informan sobre sus secretos. El tema de portada ahora es el pedido de asilo político a Ecuador que Edward Snowden ha planteado desde su encierro voluntario en un aeropuerto de Rusia, y la gran cantidad de información ultra secreta que dice tener, cuya posible difusión, según analistas norteamericanos, significaría un hecho potencialmente devastador para la seguridad nacional de ese país. La denuncia que este ex agente de los aparatos de

seguridad estadounidenses hizo, respecto a la intervención a los teléfonos y redes sociales de millones de personas, y su posterior fuga, generó una disputa interimperialista digna de las películas de James Bond, en la que están involucrados Rusia, China y los Estados Unidos. Ecuador también, pero en un papel marginal; es un simple comodín de esos activistas informáticos o agentes arrepentidos, que luego del asilo de Julian Assange ven al Ecuador como el hotel al que hay que arribar luego de dar el golpe. Assange causó más de una molestia al gobierno ecuatoriano, por convertir a la embajada de nuestro país en Londres en un auténtico centro de operaciones de su política. Desde ahí hace declaraciones que solo corresponderían a la Cancillería ecuatoriana, tal vez para

presionar al régimen a actuar como él desea. Eso ocurrió con el anuncio de Assange acerca de que el gobierno ecuatoriano habría extendido un salvoconducto de refugiado a Snowden para que viaje a Ecuador. Correa, más allá de estas molestias, no desaprovecha ocasión para la fanfarria mediática internacional, mientras a lo interno hace exactamente lo contrario de lo que dice. Es así que mientras se muestra como defensor de la libertad de expresión, capaz de enfrentarse a potencias imperialistas como Inglaterra o Estados Unidos para supuestamente precautelar los derechos y la vida de ciudadanos como Assange o Snowden, a lo interno construye un marco jurídico profundamente punitivo y controlador, de limitación a la libertad de expresión. Critica al gobierno

norteamericano por espiar a sus ciudadanos, justifica que su gobierno compre equipos e implemente sistemas de espionaje, con cualquier otro nombre que la “revolución” le dé. Mientras habla de antiimperialismo a nivel internacional, en el Ecuador abre las puertas a las transnacionales mineras, busca la firma de un TLC con la Unión Europea, intenta renegociar la dependencia y mantener, en los hechos, la matriz primario-exportadora y la política fiscal asistencialista, populista. Persigue a la organización social, limita o elimina derechos de los trabajadores, acusa, juzga y sanciona como terroristas a activistas y líderes sociales y políticos. En los hechos construye un Estado fuerte, concentrador, para representar en mejores condiciones los intereses de las transnacionales.

rector general y gerente general del BIESS del IESS, en contubernio con cierta prensa que difundió al mundo entero: cayó red de corrupción del IESS y del BIESS, causándonos un daño moral y patrimonial irreparable e irrenunciable a 14 familias ecuatorianas Hoy el “juez Pilatos”

mira para otro lado, tratando de que este delito quede en la impunidad. Por eso yo afirmo que el espíritu de cuerpo de los corruptos aflora para crear más impunidad.

El abuso de poder A propósito de la judicialización de la protesta social de estudiantes del colegio Central Técnico, una encuesta de la Universidad dice que es tanta la inseguridad ciudadana que los mismos defensores del pueblo y público se han convertido en defensores del delincuente y niegan justicia a gente ino-

cente. A fines del 2012, yo viví en carne propia una pesadilla que aún no termina, cuando las autoridades del IESS y del BIESS, con la venia de algunos operadores de justicia, inventaron una falsa denuncia contra mi cónyuge y la encerraron 84 días abusando de las medidas caute-

lares y protegiendo a los verdaderos culpables, y cuando yo requerí el seguimiento del caso, estos funcionarios apéndices del gobernante de turno, pretextaron que el reglamento de admisibilidad les impedía actuar. Ese es un caso de linchamiento mediático de los falsos denunciantes: ex. Di-

Dr. Manuel Posso Zumárraga Redes sociales


OPINIÓN

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Las mujeres no somos una carga Por Patricia Huiracocha

Debido a la división del

trabajo dada por la sociedad patriarcal, las labores domésticas son tareas realizadas mayoritariamente por mujeres, en el Ecuador el 80 % de niñas entre 5 y 17 años de edad realizan tareas domésticas (1). Pero ¿Cuál es el problema de tal división? Este radica en que el trabajo de la mujer no es valorado y casi nunca remunerado, lo que implica una dependencia económica de la mujer respecto al hombre, no solo en el presente sino en el futuro, preanunciando desprotección y pobreza en su vejez. El trabajo no remunerado que se realiza en los hogares es una actividad de mucha importancia para el desarrollo del país, pues gracias a los quehaceres domésticos todos/ as podemos llegar a nuestros trabajos, escuelas, colegios, universidades limpios/as, alimentados/as, en buenas condiciones físicas, sicológicas, emocionales para realizar nuestras labores. Pero sin em-

bargo el trabajo doméstico no remunerado, es invisibilizado y quienes lo hacen no cuentan con los mismos derechos de todo trabajador o trabajadora, pese a que la Constitución en el art 333 reconoce el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares como una labor productiva. Las personas que realizan este tipo de labores, en caso de enfermar o sufrir algún accidente y de requerir atención hospitalaria o aparatos de ortopedia y prótesis, simplemente tendrían que ir a una Clínica privada y pagar, ¿Con que dinero? Si su trabajo no es remunerado. Por esto es importante que la Asamblea Nacional viabilice la aplicación del Art. 34, 333 y 369, para la creación de la Ley de Seguridad Social para las Mujeres Amas de Casa, trabajadoras autónomas, y Jefas de familia, no como una limosna o un regalo dado por el gobierno sino en reconocimiento al aporte

“El error es un arma que acaba siempre por dispararse contra el que la emplea”. Concepción Arenal significativo que las mujeres por siglos han hecho al progreso del país. Por justicia social y sin titubeos el Estado debe ser quien cubra los aportes de seguridad social de las mujeres amas de casa, como lo señala la Constitución en el Art. 369. “...Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado...” Si contabilizamos todo Caricatura e Ilustraciones Avispa | Kata Radio Opción Mayra Caiza Santiago Vinueza Stalin Vilatuña Luz Elena Cadena

EL EQUIPO Director Ramiro Vinueza Editor Franklin Falconí Coordinadora Amparo Sigcha Equipo de Redacción José Villarroel Nancy Rosero Paola Pacheco Luis Merino

Consejo editorial Oswaldo Baez Edgar Isch Guido Proaño Marcelo Andocilla Arturo Quishpe Remo Cornejo Francisco Garzón Gustavo Reyes

Corresponsales Venezuela | Noel Martello España | Yolanda Casternado Europa del este | Zoe Petrova Opción opina a través del editorial. El contenido de los demás artículos corresponde exclusivamente al punto de vista de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de este medio de comunicación. Los Trabajos que aparecen en Opción pueden ser reproducidos, siempre que se cite la fuente y la fecha de la edición

Dirección: Sta. Prisca Oe3-26 y Pasaje San Luis Of. 102 - 103 Telf.: 2282011 | Quito - Ecuador

lo que realizamos las mujeres en el hogar: -preparación de alimentos (Chef), - cuidado y aseo de la vivienda (Ama de llaves), -cuidado de niños/ as y enfermos/as (enfermera, niñera), - aseo y dotación del vestido, - generación de espacios y condiciones de recreación y descanso, - cuestiones que implican la creación de bienes materiales y espirituales indispensables para el desarrollo humano (orientadora familiar), - traslados, compras, gestiones y pagos de servicios (conserje), planificación y control de los recursos económicos de la familia (administradora). Y consideramos la última encuesta del uso del tiempo del INEC dónde se constata que las mujeres ecuatorianas trabajamos en promedio semanal 18 horas más que los hombres, horas que no son remuneradas y representan entre el 24 y el 50% del PIB en Ecuador (2) entonces el país tiene una deuda social y económica con las mujeres de grandes proporciones, la misma que no puede seguir acumulándose. No somos, ni seremos ja-

más carga para nadie, por eso no admitimos que sea el cónyuge quien tenga que pagar un porcentaje adicional del 3,41% para afiliar a su esposa, cuando somos las mujeres las que con sudor, trabajo y amor las que conquistamos este derecho irrenunciable. Aceptar esta locura sería institucionalizar la dependencia y opresión de las mujeres, ya que de acuerdo a esto las amas de casa debemos estar casadas para acceder a la Seguridad Social. . . . ¿Y qué va a pasar con las 1 093.000 jefas de hogar del Ecuador? ¿Con las amas de casa divorciadas, madres solteras, viudas? (3). ¿Será que las mujeres tenemos que empezar a buscar marido para acceder a las seguridad social? El objetivo de la Seguridad Social para las Amas de Casa debe ser transformar ideas, relaciones y costumbres patriarcales a favor de las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres en miras de una sociedad sin explotación ni opresión de ningún tipo y no naturalizar la subordinación de la mujer como lo plantean esta última propuesta de cambios a la Ley de Seguridad Social que está preparando el IESS. ¡Basta de violencia social! Las mujeres nos negamos a sostener con nuestro sudor y trabajo el sistema capitalista, las mujeres exigimos seguridad social financiada con aportes y contribuciones del Estado como una justicia social por el trabajo que hemos realizado por siglos.


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ECOLOGÍA

ECUADOR | 1 AL 15 DE JULIO 2013

La crisis del extractivismo en América Latina deja sin piso la tesis de Correa POR Redacción OPCIÓN

El 21

de junio en varios portales se difundió que “América Latina ya no recibe las inversiones mineras con brazos abiertos”, haciendo mención a los conflictos de “pueblos indígenas chilenos y campesinos peruanos que pusieron en crisis, con sus denuncias ambientales, a dos de los mayores proyectos mineros de la región: Pascua Lama, en Chile, y Conga, en Perú. En Chile, una comunidad indígena diaguita logró paralizar el proyecto binacional (Chile-Argentina) Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, la mayor mina de oro del mundo, con una inversión de más de 8.000 millones de dólares, por las acusaciones de daño irreversible de los cursos de agua con los que se ha alimentado

y desarrollado la ganadería y agricultura por miles de años, tras la construcción de una gigantesca mina a cielo abierto a más de 5.000 metros de altura, en la frontera chileno-argentina. El proyecto fue multado también con 16 millones de dólares -la multa más alta que se haya impuesto en ese país-, tras constatar 23 incumplimientos a la resolución ambiental que aprobó su construcción en 2006. En Cajamarca, en el noreste de Perú, grupos de campesinos opuestos a la construcción del proyecto Conga, de la estadounidense Newmont, que con una inversión de 4.800 millones de dólares prevé la extracción de oro y cobre en cuatro lagunas naturales, lograron paralizar dicho proyecto el año pasado, con

los enfrentamientos entre policía y comunidades que dejaron como resultado cerca de una decena de muertos. Sin embargo, las comunidades denuncian que la construcción sigue avanzando y realizan permanentes marchas de oposición y vigilancia de las lagunas. En Costa Rica la justicia canceló en estas semanas el proyecto de una mina de oro de la canadiense Infinito Gold por potencial daño ambiental, incluida la destrucción de un bosque nativo. La publicación también hace referencia al catastro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina que informa de 197 proyectos en conflicto, que involucran a 276 comunidades, en su mayoría asentadas en Chile,

Perú, México y Brasil. El aumento de la conflictividad en la región notoriamente se registra a la par del auge de la minería de oro y cobre en la región, donde hay 300.000 millones de dólares proyectados de inversión hasta 2020, concluye la publicación. En el Ecuador el presidente Rafael Correa, en su sabatina 312 del 9 de marzo de este año, sostuvo “utilizar el extractivismo para salir del extractivismo. No podremos salir del extractivismo sin ese extractivismo, porque es ahí donde están los recursos para desarrollar talento humano, ciencia y tecnología e hidroeléctricas”, y agregó: “ Se trata de ir de esa economía con recursos finitos a la economía de recursos infinitos”. En ese contexto, Alber-

Alberto Acosta to Acosta menciona que la solución para salir del extractivismo no es abriendo la puerta a más extractivismo, y asemeja con el tratamiento de rehabilitación de un médico: “aplicando una sobre sobredosis para salvar a un paciente drogadicto, no se le va a curar de la adicción”. No se trata solo de utilizar los recursos que vamos obtener con la ampliación de la frontera pe-


1 AL 15 DE JULIO 2013 trolera, o de la mega minería para cambiar la matriz productiva, no; el tema es mucho más complejo, el extractivismo genera en sí una modalidad de acumulación muy perversa, mucho más perversa que cualquier otra que conocemos y eso lo tenemos suficientemente estudiado en la historia. El extractivismo vive en esencia de una mayor destrucción de la naturaleza y de los seres humanos, mucho más que otra práctica capitalista. “Tampoco podemos estar satisfechos porque el Estado interviene más en las actividades extractivistas, o porque tenemos una mayor participación en la renta minera o petrolera, porque esos recursos sirven para incrementar la inversión social. No estoy en contra de esa inversión social, sino en que eso se hace sacrificando la madre tierra, sacrificando las comunidades, profundizando el capitalismo; entonces de qué socialismo se está hablando en los países donde se extraen recursos minerales, oro en particular, si en realidad ese oro va a seguir alimentando el proceso especulativo del proceso del capitalismo global; y no hay que olvidar que más del 80% del oro que sale del subsuelo,vuelve al subsuelo, a las bóvedas de los bancos, para seguir financiando el capitalismo especulativo mundial. ¿Esa es la salida del extractivismo y la salida del capitalismo? De ninguna manera!. “Creo, que se debe construir alternativas posibles, sin perder de vista la vocación utópica del futuro, aletrnativas donde tengamos espacio de desarrollo, pero no sacrificando la vida de otras personas y menos de la naturaleza; y desde esa perspectiva debemossumar los esfuerzos de resistencia que hay en el planeta, y si hay que construir la resistencia como en el caso de Quimsakocha, el caso de

la cordillera del Cóndor, el caso de Sarayaku, del golfo de México, hay que hacerlo sin bajar la guardia, igualmente en el caso del ITT, sin perder la esperanza que es lo más importante.¨ Patricio Chávez, de Acción Ecológica, dice que la lógica del oficialismo se debe mirar en un contexto internacional, donde actualmente hay una disputa de poderes a nivel mundial: está el imperio de los Estados Unidos y por otro lado el imperio Chino, y el resto de los emergentesBRICS, tratando de arrebatarse el control económico geopolítico; y en ese contexto las piezas se van uniendo en el tablero, y una de esas piezas clave es el Ecuador para el poder chino, no solo por la explotación de los recursos naturales simplemente, sino también por el contexto de legitimidad de su influencia en la región. Si se analizan las política extractivas del Perú o Colombia, no tienen diferencias con el Ecuador, los presidentes son de derecha y aliados de los Estados Unidos, mientras que el Ecuador es aliado de la China con discursos de democracia pero que no sale del contexto de la derecha, con la diferencia que aquí hay un marcado fortalecimiento del Estado, que aparece para cumplir el papel histórico que no pudieron hacer los gobiernos neoliberales como es realizar la explotación del petróleo en zonas protegidas y la megaminería, para lograr imponer esas prácticas neoliberales, utilizando es el asistencialismo pero también incluso la represión como política contra los activistas sociales. En el tema del Yasuní fueron las empresas extranjeras como la Texaco y otra que se enriquecieron con la extracción del petróleo de esa zona; mientras el discurso actual es que ahora vamos a explotar los recursos naturales

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El discurso de la izquierda de este gobierno le ha permitido conseguir lo que la larga noche neoliberal pudieron hacer

El proyecto binacional Pascua Lama, suspendido por comprobarse daños irreversibles en las fuentes de agua. en el Yasuní con la empresa estatal de forma responsable, con el cuidado necesario y la tecnología de punta, para el beneficio de la población; pero en el fondo no hay cam-

bios, los recursos naturales van a seguir siendo explotados con los consiguientes daños a la naturaleza y a las comunidades. No es una oposición sin

razón, afirma el ecologista, el asunto es que no existe una tecnología que pueda garantizar que no haya afectaciones terribles a la naturaleza, acota Chávez.


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POLITICA

ECUADOR | 1 AL 15 DE JULIO 2013

“Se terminó con la expresión de la soberanía popular” POR Soc. Fausto Giraldo

La sociedad, históricamente ha tenido diversas formas de organización, muchas de ellas agrupan a la gente por sus aspiraciones y necesidades, otras por su creencia social, económica, cultural, étnica, política, deportiva, educativa, electoral, identidad sexual, género, religión; y todas las demás que hayan o puedan existir en el contexto del movimiento social, cuyos fines y objetivos se consideren lícitos, legales y/o legítimos. Cada sector poblacional que se ha agrupado en una organización social ha definido en el ámbito jurídico cómo se ha de considerar: organización de derecho u organización de hecho. Las primeras son todas aquellas que han decidido registrarse en algún ministerio o entidad del Estado autorizado para el efecto, y para lo cual han reunido los requisitos de Ley, desde su Constitución hasta la documentación correspondiente; mientras que las que se originan en función de un interés común que les moviliza y no registran su identidad en las instituciones estatales son organizaciones de hecho. Tienen incidencia y son reconocidas por la población en sus respectivos territorios e incluso por las autoridades a nivel local, nacional e internacional. El Decreto Presidencial comienza por desconocer la capacidad de autodeterminación organizativa de la sociedad, incluso violentando el mismo artículo 96 de la Carta Magna, en el que dice: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad,

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación (…); organizaciones que podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, (…)”. ¿Qué dice el Decreto No. 16 al respecto? El artículo 3 define a las organizaciones sociales como: “… conjunto de formas organizativas de la sociedad, a través de las cuales las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, tienen derecho a convocarse para constituirse en una agrupación humana organizada, coordinada y estable (…) y se regula por normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos. Aparentemente el artículo es correcto hasta cuando se manifiesta que “se regula por normas establecidas”, porque que las normas establecidas serían las formuladas en el presente Reglamento, que más adelante en el Articulo 5, identifica los Tipos de Organizaciones, señalando que son: 1. Corporaciones, 2. Fundaciones, 3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras. Y una incorporación en la que entra en juego el rol intervencionista y manipulador del gobierno: 4. “ORGANIZACIONES CON FINES DE GESTION Y CONTROL SOCIAL, CONSTITUIDAS POR INSTITUCIONES O FUNCIONES DEL ESTADO. El mismo Decreto, en la Transitoria Sexta, párrafo segundo manifiesta: “Aque-

llas organizaciones que no hayan obtenido el registro no podrán operar en el país”. Esta disposición aparenta ser inofensiva, pero en realidad tiene algunos alcances que deben ser despejados en el análisis socio-político de esta tácita eliminación de la soberanía popular. Prácticamente eliminó la organización de hecho de la sociedad, ya no se pueden constituir los comités de padres de familia, ya no

la CRIMINALIZACION DE LA ORGANIZACIÓN DE HECHO. Claro, esto tiene concordancia con el artículo 3 del mismo Reglamento, en el que se manifiesta “…objetivos lícitos de las organizaciones”, entendido como el cumplimiento de la Ley, lo que implicaría que al no ser “lícitas” deberán ser enjuiciadas civil o penalmente por infringir la Ley. Se entiende entonces por qué también se ha formulado el nuevo Código Integral

DE GESTION Y CONTROL SOCIAL, CONSTITUIDAS POR INSTITUCIONES O FUNCIONES DEL ESTADO”. ¿Acaso están diciendo con este artículo que ahora una de las funciones del Estado es dedicarse a constituir organizaciones sociales? También lo que sugiere es que al poder le interesa crear las organizaciones que favorezcan sus postulados, ideología, política o actividades que ejecuten o que actúen en

se pueden conformar comités barriales, comunitarios o sociales emergentes que promuevan el BIEN COMÚN frente a los permanentes atentados de las políticas implementadas desde el poder o por incumplimiento de una u otra obra por parte de las autoridades. Lo más grave es que al determinar “… no podrán operar”, para un buen entendedor se pone de manifiesto

Penal, en el que se judicializa la lucha social; es decir, toda la superestructura jurídica se va concatenando en función del interés del poder, incluso atentando en contra de lo consagrado en la Constitución del Ecuador, que hoy es un estorbo para ese “transitorio poder”. El numeral 4 del artículo 5 define como un “tipo de organización” a las “ORGANIZACIONES CON FINES

contraposición a sectores y organizaciones sociales que cuestionan políticas de autoritarismo u ocultamiento de la corrupción. Constituye una metedura de mano al movimiento social en su conjunto, porque prácticamente el régimen, cualquiera que fuese, incidirá en la organización del movimiento social. Un segundo aspecto tiene que ver con la misma disposición constitucional, en


1 AL 15 DE JULIO 2013 su artículo 96, en el que al reconocer todas las formas de organización de la sociedad establece también, en la parte pertinente, que uno de los roles de éstas es: “… incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos…”. Sin embargo, en el decreto 16 que expide el Reglamento de Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, se habla en distintas partes de dos temas concretos: Uno tiene que ver con lo señalado en el artículo 26, numeral 7, de las causales de disolución, que textualmente señala en una parte: “Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral,…”. Sin duda, presentar e inscribir candidatas y candidatos a cualquier dignidad, hacer promoción electoral a través de los medios de comunicación, vallas, pancartas, mítines y todas las formas permitidas por la ley les corresponde a los partidos y movimiento políticos, nadie discute aquello, el tema está en ¿cuáles son los indicadores o aspectos que se considerarán como “intervención en política partidista”?, esto quedaría a discreción de la Secretaría de Gestión Política, cuyo gobierno surgió de un proceso electoral y por tanto representa a un movimiento político, identificado como partido político, así no sea esa su declaración estatutaria. Por el mismo sentido es manifiesto que todo ser humano, individual o colectivamente, tiene necesidades y aspiraciones, busca la forma de resolverlas y satisfacerlas, una de ellas es precisamente el incluir en sus debates y discusiones las propuestas

programáticas de los partidos y movimientos políticos y definir cuál es la mejor opción para sí y para sus integrantes; esto implica adoptar o asumir una posición política frente a uno u otro proceso electoral. Incluso en unos casos, hasta la posición de varias organizaciones fue respaldar abiertamente al actual régimen, pero con su viraje en la política económica y social, decidieron no respaldarlo más. Es decir, el gobierno que responde a un partido político disolvería, bajo sus criterios, a las organizaciones por supuesto proselitismo partidista. Se constituirían organizaciones sociales desde distintas funciones del Estado y éstas en los comicios electorales futuros, simplemente tendrían la anuencia del régimen, como organizaciones apéndices que respaldan su política, entre tanto las organizaciones sociales, principalmente de izquierda y revolucionarias, serían sacadas del escenario por cualquier argumento que justifique para el gobierno su disolución. El segundo aspecto del numeral 7 del artículo 26 de este Decreto, en su segunda parte, como causal de disolución, señala: “Dedicarse a actividades (…) de injerencia en políticas públicas QUE ATENTEN CONTRA LA SEGURIDAD INTERNA (…) DEL ESTADO…”. Pregunta: ¿Cuáles (o qué) son los aspectos considerados como injerencia que atenten contra la seguridad interna? Queda a discreción de quien tiene todos los poderes, pues para él la injerencia puede ser entendida como que una organización manifieste, por ejemplo, su rechazo a la focalización del subsidio al gas de uso domestico y la consecuente elevación del valor de compra. Cosa curiosa, si solo la escasez incide en la estabilidad social a nivel nacional, peor el incremento del pre-

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cio. Se ajusta a lo dicho anteriormente: con la reforma al Código Penal se criminaliza la acción social, el régimen declara que la oposición de la gente a la focalización del gas y elevación de su costo es injerencia en la política pública y afecta a la seguridad interna y por tanto, en “aplicación de la ley”, la organización social es disuelta con las respectivas implicaciones judiciales. ¿En dónde quedó la capacidad de las organizaciones sociales de incidir en las decisiones y políticas públicas, y el control social, como lo dispone la Constitución? si de antemano en este Reglamento se termina con la expresión de la soberanía popular. Ahora, toda política pública: incremento de pasajes, costos de los combustibles, impuestos,

huelga, la protesta desde todos los espacios, incluido “la calle”. Este Decreto interviene en ello argumentando, como causal de disolución, el hecho de que una organización social se dedique a actividades que “afecten la paz pública”. Preguntas: ¿Qué es PAZ PÚBLICA?, ¿Cuáles son o serán los criterios para identificar qué actividad altera la paz pública? Ellos tienen “todos los poderes”, derrumban la posibilidad de queja, exigencia u oposición a las políticas arbitrarias, impositivas y de discriminación que acostumbran a implementarlas. Es más, no se podría realizar expresiones de combate social contra la corrupción, porque tiene quién la defienda, o al menos así lo han demostrado en casos sonados, que duer-

los ministerios cuando las organizaciones incumplan sus objetivos u obligaciones, para que “adopten los correctivos”. Este Decreto, en el mismo aspecto, sostiene que el sistema puede reportar la gestión de la organización y los incumplimientos de la misma a través de informes, reportes u otros actos para que las instituciones reguladoras puedan contar con información; es decir, que han de designar personas encargadas de todo el tiempo estar vigilando qué hacen o dejan de hacer las organizaciones sociales. Dispone que las organizaciones sociales entreguen toda la documentación e información en forma completa y clara, incluyendo la que se genere a futuro producto del funcionamiento de la acción

reducción de derechos ciudadanos a la salud, educación, vivienda, movilidad y los actos de corrupción gubernamental, entre otras, carecerán de la intervención ciudadana para impedir su aplicación. Las sociedades han desarrollado múltiples formas organizativas como instrumentos de expresión y opinión social: el debate, el discurso, la asamblea, el mitin, la marcha, la paralización, la

men el sueño de los justos mientras sus autores están de “shopping” en las potencias extranjeras con el dinero de las y los ecuatorianos. Por último y no menos importante, prácticamente con el Decreto convertirían en “INSTITUCION PESQUISA” a la entidad responsable del registro de las organizaciones, ya que entre varios artículos se dispone y norma, por ejemplo, que el sistema informe a

organizativa, es decir quieren que proporcionen información para su análisis y posible disolución, de acuerdo a lo manifiesto en el párrafo anterior incluso convirtiendo en “informantes” a las mismas organizaciones. Pueden también disolver la organización acusándola de falsedad o adulteración de la información proporcionada, ellos determinarán cuando es verás o falsa.


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POLÍTICA

Organizaciones sociales: historia de lucha Durante

la historia del Ecuador, las organizaciones sociales conjuntamente con sus bases, filiales y líderes han sido protagonistas de grandes acciones. Su papel ha sido importante para la reivindicación de los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, maestros, campesinos, de los indígenas, de los afro ecuatorianos, de las mujeres, de las minorías sexuales, de los profesionales y artistas. Su acción organizativa, el involucramiento en la vida política del país ha sido decisiva para alcanzar una sociedad más justa, equitativa, una sociedad con más derechos; han defendido la educación pública y gratuita, el derecho al trabajo y a la organización sindical, la cultura y el arte nacionales. En el Ecuador pueden contarse diversas y trascendentes gestas de las organizaciones populares en la lucha contra la penetración extranjera y en defensa de nuestros recursos naturales, contra la deuda externa. Han jugado un rol de primera línea en la lucha

por las libertades democráticas, frente a gobiernos despóticos y dictatoriales, a los cuales han combatido sin tregua incluso hasta su caída. Las organizaciones sociales del país, definitivamente, son un importante instrumento para visibilizar y plantear propuestas ante la diversidad de problemas y carencias a las que los pueblos están sometidos, por el sistema capitalista y el poder político que lo sustenta, que impera en el país cualquiera sea la forma o el nombre que adopte. Son parte de esa corriente de fuerzas que buscan la libertad, el bienestar y la emancipación definitiva. Son su voz y su acción, establecidas de hecho y de derecho, legitimadas por su práctica consecuente Es por ello que hemos visto la necesidad de presentar a nuestros lectores un breve perfil de algunas de las organizaciones sociales que han hecho historia en la defensa de los derechos humanos, laborales, estudiantiles y de la naturaleza.

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Defensoría del Pueblo ¿o del gobierno? POR NANCY ROSERO

El pasado 5 de junio, Ramiro Rivadeneira, actual defensor del pueblo, dio una sorpresa a todos los asistentes a la audiencia que se instalaba en contra del diario Hoy, pues actuó de oficio para interponer una demanda a ese medio de comunicación; según él, porque el diario tergiversó a Correa violando “el derecho a recibir información veraz, verificada y contextualizada” y el “derecho a la correspondiente rectificación”. Entonces nos quedó una gran interrogante: ¿a quién mismo defiende el Defensor, al pueblo o al gobierno? El del diario Hoy no es el único caso en que el Defensor del Pueblo actúa a favor de los intereses del poder antes que de los ciudadanos. Basta recordar, hace pocos meses, en el proceso judicial de los jóvenes profesionales, estudiantes y activistas sociales denominados como “Los 10 de Luluncoto”acusados de “terrorismo” por el Estado, con una sentencia de un año y que fueron apresados de forma violenta, sin cumplir las garantías del debido proceso y en medio de una serie de irregularidades que se cometieron a lo largo de este proceso- la Defensoría sólo emitió una carta abierta en la que decía: “la Defensoría del Pueblo del Ecuador hace un llamado a la Administración de Justicia para que en cumplimiento del principio constitucional de independencia interna y externa que le cobija, proceda con la más profunda imparcialidad y sin demora; base su análisis en los hechos y en las pruebas puestas a su consideración en consonancia con el Derecho;

sin restricción alguna, alejado de influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas, de cualquier actor dentro del proceso o del contexto social, político o mediático”. Es decir, nada en concreto. ¿Y las violaciones a los derechos humanos que fueron denunciadas constantemente, dónde se quedaron? Otro caso es el de los doce jóvenes del Colegio Central Técnico, que fueron detenidos el pasado 22 de febrero y a quienes se los acusó de “rebelión”, pasaron meses encarcelados sólo por estar en el lugar y hora equivocados. Ahora enfrentan un juicio que los podría condenar de tres a ocho años de prisión. Hace poco fueron embargados por una deuda de trescientos dólares, que según el juez Nelson de la Cadena no habían cancelado, ¿en dónde estuvo el Defensor para estas familias, que muchas veces no tienen ni para los pasajes? Claro, estuvieron presentes dos delegados de la Defensoría para decir que no tenían nada a favor de los jóvenes. El tercer caso son los hechos ocurridos recientemente en San Pablo de Amalí, donde delegados de la Defensoría del Pueblo salieron en favor de la empresa privada Hidrotambo (ver tema central). En declaraciones a la prensa, con fecha 11 de diciembre del 2012, Rivadeneira, sobre el caso de los “10 de Luluncoto”, manifestó que “la Defensoría del Pueblo no hace activismo de derechos humanos, no es abogado de ninguna de las personas detenidas...”

¿Tienen coherencia estas declaraciones con la misión de la Defensoría?: “Somos la Institución Nacional de Derechos Humanos que promueve, divulga y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país (…)” Volviendo al tema del diario Hoy, tras la publicación del titular “Correa califica de novelería al matrimonio homosexual” y que según el De-

ría del Pueblo es del Pueblo? Yo como lesbiana activista no me sentí afectada por el titular del diario Hoy (si bien reconozco que el titular no recogió textualmente los dichos del presidente Correa, es más: los tergiversó), me sentí y me siento afectada por las declaraciones del Presidente en esa entrevista, donde reiteró su negativa de apoyar reformas para implantar el matrimonio homosexual; donde, además, dijo: “No estoy de acuerdo con

cuado de un titular, pero no lo consideramos un delito o un acto de discriminación”. Por su parte, Jaime Hernández, ex defensor del pueblo de Pichincha y docente de Derechos Humanos en la Universidad Central, dice que esta institución debe promover la vigencia de los derechos humanos y que hoy “brilla por su ausencia”, ya que se ha convertido en un poder más en manos del gobierno y que utiliza organismos de Justi-

fensor, “ofendió al pueblo y a las minorías”, se debe decir que colectivos y organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales) no hicieron escuchar su voz de protesta en contra de este diario sino de las declaraciones que hizo el Presidente en la entrevista radial, de la cual se desprendió la nota. Como lo dice Pamela Troya, lesbiana activista, en su artículo publicado en www. gkillcity.com: “¿La Defenso-

la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, porque creo que la naturaleza algo de razón debe tener y que los niños deben estar en la familia tradicional, conformada por hombre y mujer”. Por su parte, Efraín Soria, presidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad, asegura que “como comunidad en realidad no presentamos ninguna queja oficial a ningún operador de justicia, la razón en vista de que se hace uso inade-

cia para perseguir y enjuiciar a sus opositores”. Añade que cuando estuvo en sus funciones, en el año 2011 y un poco del 2012, elaboraron el informe de “criminalización de la lucha social”, donde se evidenciaba a más 200 personas, entre defensores de derechos humanos, laborales y de la naturaleza, que fueron acusados de “sabotaje y terrorismo”, así como de obstrucción a la vía pública y atentado contra el Estado.


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ESPECIAL

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¡Ni un solo “ojo de agua” para la Hidrotambo! POR POR: AMPARO SIGCHA | ENVIADA ESPECIAL DE OPCIÓN

Con el

alba salimos de Quito, eran las 5 de mañana cuando esquivando algunos de los mega baches capitalinos nos enrumbamos por la Panamericana Sur hacia la provincia de Bolívar. Luego de 2 horas de camino, el imponente Chimborazo nos daba la bienvenida, su resplandor nos hipnotizaba, y a lo lejos se divisaban unos pocos ponchos rojos de los comuneros de la zona, como pequeños puntos movibles que se contrastaban con el páramo y la cabeza blanca del coloso. El asombro se mezclaba con tristeza, cuando recordaba que solo hace 5 años, en ese mismo sitio, la nieve se tomaba la carretera y un poco más, pero en estos días solo se ve un pequeño sombrero blanco que tiene el majestuoso volcán; al parecer el calentamiento global le pasó una factura muy costosa al Chim-

borazo. Ya en Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, y más repuestos del frío, continuamos con la travesía por esas renovadas carreteras principales que permitían observar los hermosos y ricos paisajes de la serranía, que mostraban extensiones grandes de sembradíos de maíz, como principal producto de la provincia. Chillanes, uno de los cantones de Bolívar, fue la siguiente parada, ahí ya se evidencia que las obras de la denominada “revolución” del presidente Correa no son para todos, y ni mencionar las estrechas y polvorientas vías, que en esta temporada obligan a los choferes a realizar maniobras de acróbatas para poder transitar, cuando dos vehículos se encuentran en doble vía. El mismo camino cruza por varias comunidades

hasta llegar al Tambo. En San Pablo de Amalí, parroquia de Chillanes, el hermoso cuadro natural cambia su tonalidad, y penosamente contrasta con los restos del río Amalí, que fue dragado y encauzado a unos 200 metros de su origen por la empresa Hidrotambo, que construye una gran represa hidroeléctrica. Don Manuel Trujillo vive desde 1996 en la zona, es agricultor y sobrevive junto con su familia de lo que da su tierra. Es presidente de la Comunidad de San Pablo de Amalí, y uno de los tantos campesinos afectados. Sin evidencias de ser un saboteador, menos un terrorista, nos recibe en su pequeña casa de madera que ahora, debido al dragado del río, se encuentra a menos de 30 metros del nuevo cauce, y mientras conversa con las visitas, INRED (la Fundación

Regional de Asesoría en Derechos Humanos), Acción Ecológica y OPCIÓN, vemos cómo el río golpea y debilita su nueva rivera, mientras 3 elementos de la Policía Nacional, a unos 300 metros, resguardan a los trabajadores de la empresa privada Hidrotambo, de las posibles reacciones de los moradores que no están de acuerdo con esos trabajos que afectan la vida y el desarrollo agrícola del sector. Los policías, al vernos, nos dan las espaldas cuando fotografiamos los destrozos causados en el río y en algunas fincas debido a esa construcción. Nos cuenta que ha sido amenazado de muerte de algunas formas, ha estado encarcelado por dos ocasiones, tiene 42 procesos en su contra, y ha sido dos veces amnistiado por la Asamblea; ahora se defiende del juicio por Sa-

botaje y Terrorismo, que está en curso. Dice que en las mañanas al irse a trabajar en la tierra no sabe si regresará; a los hijos también les han golpeado de igual forma el gobernador les desprestigia y solo les conocen como los terroristas o tira piedras. “No tenemos autoridades que cumplan la ley, menos que nos defiendan”. Al mirar el río, con nostalgia dice “la razón nos asiste, todo lo hecho por la compañía es ilegal, no tiene su licencia ambiental actualizada, el ministerio del ramo no la otorgó sino el CONELEC, algo incomprensible; en el 2008 dejaron olvidado el proyecto para luego cambiar de modalidad -para venta de electricidad al Estado-, algo más ilegal todavía. ¡Nos aferramos al río porque es nuestra madre que nos da de comer”!.

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Fermín Galeas Blanca García, de 62 años, vecina de Trujillo, es otra afectada y demandada por sabotaje y terrorismo; muestra cómo su pequeño rancho, que está a unos 20 metros de la nueva orilla. Por la noche, parecía que pues iniciaba alguna festividad, desde el centro de la comunidad los sonidos y las luces se percibían a lo lejos, pues eran las detonaciones que la Hidrotambo realiza para romper las inmensas rocas de las montañas y continuar con las excavaciones. Esas detonaciones tienen en zozobra a los pobladores diariamente, sobre todo cuando ven cómo las piedras caen en sus tierras y en sus casas y no hay ley ni autoridad que lo verifique o los proteja. ¡Qué impotencia! La mañana del martes 18, los pobladores y las organizaciones asistimos a la convocatoria hecha a los dirigentes de San Pablo por la delegada de los Derechos Humanos y Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, Consuelo Cano, para tratar la “supuesta afectación” al derecho al agua. Sin embargo de ser una convocatoria de un ente público, y la información de interés público también, solo cuatro campesinos afectados y su abogado pudieron ingresar y eso después de la presión de la comunidad y luego que los ánimos de la delegada de la Defensoría del Pueblo debieron obligadamente calmarse. Los delegados de DH, ambientalistas y prensa fuimos impedidos de ingresar a

Manuel Trujillo esa reunión, no así los delegados de la compañía, el gobernador de Bolívar, delegados del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Seguridad y de la misma Defensoría del Pueblo, que junto con los trabajadores sumaban cerca de 300 personas, que pretendían arrinconar a los afectados y reforzar la tesis del “desarrollo”. En las entradas al proyecto, dos patrulleros y guardias privados hacían lo propio. Lo raro, y que no conoce la sociedad ecuatoriana, es que la Policía Nacional, con recursos del Estado, da seguridad a una empresa privada, por disposición del encargado de esa institución gubernamental en la provincia, y que logos de la Policía se muestran en vehículos privados, que son utilizados por hombres armados para amedrentar y hostigar a los pobladores de San Pablo. Pero lo más curioso era la posición que hizo pública la delegada de la Defensoría del Pueblo, cuando mencionó que nada tiene que ver con las afectaciones a las tierras, que su investigación es únicamente por el agua; perspectiva que generó muchas dudas sobre el papel de la Defensoría del Pueblo, que supuestamente está para hacer respetar los derechos de los ecuatorianos, consagrados en la Constitución; y más aún, que el ingreso a ese sitio solo puede autorizarlo Hidrotambo. Con esas palabras, el pueblo corroboró la indefensión en la que se encuentran frente a los atropellos del po-

Blanca García der privado, con el aval del gobierno, que se hizo visible en las dos visitas del actual vicepresidente, Jorge Glass, al alcalde de Chillanes para que “se ponga la camiseta de Hidrotambo y de la 35”; ya que el funcionario municipal inicialmente no autorizaba el uso de suelo ni la expropiación de los terrenos para dicho proyecto, pero luego de la orden, cedió. Aunque, como dice un refrán popular: mal paga el diablo a sus devotos, en estos días el entonces alcalde fue destituido por presión gubernamental. Freddy Galeas nos contó que le habrían ofrecido 300 mil dólares y también un carro para que no siga con la defensa de sus tierras y de su progenitor. A pesar de tanto dinero que se denuncia ha ofrecido la empresa, la voluntad de la po-

blación no ha sido quebrantada, dice Freddy, y se mantiene en constantes reuniones para definir estrategias de defensa en lo jurídico y también organizativas, y no están dispuesto a ceder ni un “ojo de agua” para la Hidrotambo, porque no se ha consultado a la población, se han violentado los Derechos Humanos, al tratar de impedir el libre acceso al agua para consumo humano y del agro, y a los niños de las escuelas de las comunidades que no tienen ni el agua entubada y que, según el Presidente Correa, son tierras áridas. Fermin Galeas vive desde los 15 años en San Pablo de Amalí, actualmente pasa de los 70 años, y con su mirada triste cuenta que su trabajo de años lo ha pisoteado la empresa, sus huertas están en el piso, y todo esto lo han hecho sin papeles, sin autorización o expropiación, “abusivamente se entraron con las máquinas y apresaron a mis dos hijos (Socorro y Danilo) que estaban en la plantación”. David Reyes y Freddy Galeas nos mostraron lo ilegal de lo actuado; según el contrato entre el Gobierno y la Hidrotambo se concesiona el Río Amalí y todas sus servidumbres (vertiente, nacien-

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te u ojo de agua), esto es 39 mil 500 ha. de tierras, por 50 años y la liciencia ambiental está otorgada a la parroquia San Pablo de Amalí, que es una comunidad de la parroquia El Tambo. Además, el estudio técnico para medición del caudal se hizo sin ninguna técnica o equipo. Por su lado la compañía se comprometió a no talar árboles, a no perjudicar los sembrados de las fincas, a no utilizar dinamita, y fue con eso que derrumbaron la montaña y rompen las piedras del antiguo cauce unas 4 o 5 veces al día. El presidente Correa suele decir que el hombre está sobre el capital, pero Hidrotambo es la muestra de que más allá del discurso florido la realidad es totalmente contraria. Después de esta visita, convencidos de que San Pablo de Amalí y esa región necesitan vías y apoyo para el agro, para poder abastecer de frutas y otros productos a la mayoría del Ecuador, así como el fomento del turismo, y de ver que la neblina celosa ocultaba tanta belleza y el dolor también de la debastación, ascendíamos y mirábamos solo las cimas de las montañas que rodean esos paraísos.

En la gráfica: el antiguo cauce del Río Amalí, hoy ocupado por las máquinas de Hidrotambo.


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DERECHOS HUMANOS

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El nuevo Código de relaciones laborales, un atentado contra la clase obrera Ii PARTE

Basta solo

analizar de manera adecuada la propuesta del gobierno para darse cuenta que tras el mensaje populista, demagogo y seudo izquierdista de Rafael Correa sobre la necesidad de un nuevo Código de Relaciones Laborales están escondidas las verdaderas intenciones de eliminar y afectar principalmente los derechos colectivos de los trabajadores, sus conquistas sindicales que, de paso, para Correa son abusos de los sindicatos y no derechos sociales y humanos, como contemplan las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ejemplo, en el caso de la estabilidad laboral, que hoy ya no es pisoteada solamente por los empresarios, banqueros o grandes industriales, sino también por el gobierno, por orientación directa del presidente Correa, con la aplicación de medidas como el Decreto 813, que según lo señalado por su asesor jurídico, el abogado Alexis Mera, y por el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza -en la audiencia de comparecencia en la Corte Constitucional sobre la demanda planteada por la Federación de Servidores Públicos (FEDESEP) y las centrales sindicales: CEOSL, CEDOCUT Y UGTE, así como también por el Movimiento Popular Democrático- el despido intempestivo es una figura legal y un derecho de los patronos para terminar con las relaciones laborales entre las partes. Según ellos, no había diferencia entre los patronos, llámense empresa-

POR NELSON ERAZO, PRESIDENTE DE LA UGTE rios, banqueros, industriales, hacendados, con el patrono Estado, y si los patronos privados despedían, pues ellos, el gobierno de la “revolución ciudadana”, también podía hacerlo, y eso provocó que más de 15.000 trabajadores del sector público sean despedidos, bajo la modalidad de la compra de renuncias obligatorias. Esto, además, hizo que los empresarios privados vean al despido intempestivo como algo normal, motivando incluso los despidos de los trabajadores de Trinipuerto, Acromax, Reysac, SINOHYDRO, Hacienda San Antonio. Estos hechos también se han suscitado en las empresas incautadas: Ecudós, Maxigraf, Megagraf, entre otras. Dentro de la propuesta del régimen, además de los aspectos que planteamos en la anterior entrega, se encuentran las pretensiones de que los obreros con los recursos que estarían obligados a recibir por la mensualización de los décimos, cubran el 75% del aporte a la seguridad social de las amas de casa. La mensualización buscaría también inyectar capital al mercado y la banca, pues se estarían poniendo en circulación 800 millones de dólares anuales, sin importarles las consecuencias que esto podría acarrear para los trabajadores y sus familias, quienes ya no tendrían estos recursos para poder comprar los uniformes y listas de útiles de sus hijos, de igual manera se verían afectados en el mes de diciembre para las fiestas navideñas y de fin de año. Por otro lado, el gobierno

,aprovechándose de las viejas aspiraciones de los trabajadores, que han sido impedidos de organizarse como consecuencia de la persecución de la patronal y de la misma ley, plantea la organización de los sindicatos por rama de trabajo, para lo cual establece que todas las organizaciones tienen que volver a registrarse, tratando así de desaparecer la organización ya existente,

con el objetivo de desmovilizarlas ideológica y políticamente, razón por lo que establece a la par de la elaboración del Nuevo Código de Relaciones Laborales, el Decreto Presidencial número 16, que reglamenta la libertad de organización; en el cual, entre algunas cosas, plantea que las organizaciones sociales que hagan o participen en actividades con fines políticos

lentando lo que establece la Constitución de la Republica y los convenios internacionales de la OIT y los DDHH. Es por ello que los trabajadores, organizados en las distintas centrales sindicales y gremiales, estamos impulsando un proceso de discusión al interior del movimiento obrero en general, para exigir se abra el debate con todos los sectores del país, en la pro-

pues en gran medida es la que ha venido resistiendo a las políticas y a las prácticas anti obreras de la revolución ciudadana. Las verdaderas intenciones de establecer este tipo de organización es la de cooptar a la dirección sindical, para controlar a las masas trabajadoras, corporativizándolas en favor del correísmo, pero principalmente tiene que ver

serán ilegalizadas, así como también quienes participen de movilizaciones que pongan en riesgo la seguridad del Estado, la intromisión de otras funciones del Estado en el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales; lo que evidencia que las verdaderas intenciones del régimen totalitario de Correa son mantener el control de los trabajadores y pueblos, vio-

yección de que se garanticen los derechos laborales como parte de los derechos sociales y humanos. Está claro que los trabajadores estamos conscientes de que nunca la derecha, los gobiernos y patronos nos han regalado nada, todo lo que tenemos lo hemos conquistado con la unidad y la lucha, postulamos que hoy más que nunca se encuentran vigentes.


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“Tengo mi valentía, que es incalculable” POR Rafaela Beltrán

Caminar junto a Mery Zamora por las calles de Manabí es caminar junto a la heroína popular, junto a quien muchos han catalogado como la ‘mujer de acero’, por su firmeza y frontalidad. Los abrazos cálidos, las palabras de apoyo, el saludo de su gente en cada una de las esquinas de los barrios por los que camina, denotan que esa personalidad fulgurante, coherente y esa valentía destellante han sido pilares y motivos para que la gente aprecie a la maestra del pueblo, a la madre que con una mirada puede entregar el amor y la esperanza de una vida mejor, siempre que luchen por ello, pero que también puede expresar toda su indignación cuando la injusticia se ha hecho ley. ¿Cómo está Mery Zamora en este momento? Yo estoy tranquila, y lo digo con la mayor sinceridad; estoy bien como mujer, maestra y dirigente social, primero porque soy inocente, porque la verdad me asiste. No soy delincuente, no soy terrorista, no soy corrupta, no soy saboteadora, porque no estoy involucrada en los casos de corrupción del gobierno. La serenidad que demuestra mi rostro, la seguridad que expresan mis palabras y la alegría que inunda mi sonrisa, son la expresión de que soy inocente, de que estoy con la conciencia tranquila. Hoy más que nunca, mi compromiso firme para enfrentar al gobierno es la razón de mi vida. Camino con la frente en alto, camino por mi provincia sin el temor de ser

señalada por mi pueblo como corrupta o mentirosa. Voy a resistir, Correa debe saber que Mery Zamora no es una mujer que se arrodilla, que se doblega. Soy una mujer que no se vende, porque la diferencia entre esos jueces y yo es que ellos tienen un precio cualquiera, yo tengo mi valentía, que es incalculable. Sigo en mi escuela, en mi hogar, explicándoles a mis hijos que éstas son las cosas que en la vida debemos enfrentar para dejar un legado de dignidad. ¿Cómo han recibido la noticia de la sentencia sus alumnos y padres de familia? En mi escuela ‘Lorenzo Luzuriaga’, de Portoviejo, las madres de familia, que están llenas de carencias, están muy preocupadas, apenas se conoció la sentencia pasaron escribiéndome, llamándome, y el día lunes para mí fue muy emotivo, porque a primera hora la mayoría de madres de familia de mi grado llegaron preocupadas a decirme que rezaban por mí, que habían hecho misas por mí; un sinnúmero de cosas propias de nuestro pueblo. Todo eso hacía que me llene de energía positiva, me decían que confíe en que la justicia tarda, pero llega. Incluso ellos me decían que “lo que escuchamos es que terroristas son los que matan y secuestran y usted no hace eso, a nuestros hijos les enseña, les da respeto, valores”. Mis alumnos me dicen: señorita, si se la llevan presa nosotros nos vamos con us-

ted, y dígales a las cámaras que nosotros queremos hablar de que usted es nuestra maestra y que es buena. ¿Qué siente Mery Zamora frente a la solidaridad de la gente? Hoy más que nunca siento que estoy en el camino correcto, por la solidaridad que me entregan mis compañeros de las organizaciones sociales, gremiales, sindicales. El pueblo está despertando; en el pueblo ecuatoriano existe

la conciencia de que los derechos humanos son vulnerados. El que no piensa igual que el régimen correísta es judicializado, criminalizado, y encarcelado. El derecho a pensar diferente ha sido vetado para que no denunciemos la corrupción, la violación de derechos humanos, como en el caso de los chicos del Colegio Central Técnico, cuyo único delito ha sido defender una educación de calidad.

¿Cómo está el proceso legal levantado en su contra? Luego del 14 de junio, cuando el que el Tribunal de Garantías Penales decidió ponerme una pena de 8 años de prisión, junto a mis abogados y compañeros decidimos plantear un recurso de aclaración y ampliación antes de la apelación. Lo hacemos porque esta sentencia luego de 31 días, con 109 fojas que tiene, no tiene pies ni cabeza, está llena de irregularidades. Esta sentencia en toda la redacción

de criminalística de la Policía Nacional ratificaron que no lo pudieron transcribir por problemas técnicos. Esta es una sentencia que se presume fue hecha fuera de ese tribunal.

que tiene menciona a tratadistas internacionales, que en lugar de sustentar la sentencia más bien son un argumento para la defensa de mi inocencia. Hemos planteado que se haga toda una argumentación de toda la sentencia, porque hay el testimonio de lo que se denomina en jurídico ‘testigos que no son idóneos’, porque fueron testigos declarados enemigos personales y políticos de la procesada. Además han hecho valer el audio que los peritos

se somete, leal y de grandes principios, somos personas que no nos dejamos comprar por un plato de lentejas; la lealtad y la consecuencia de quienes luchamos para que las familias vivan dignamente sigue. Si pese a agotar todas las instancias Mery Zamora va a la cárcel, así sea, desde el silencio entregaré mi vida por las causas justas de mi país, 8 años no son nada comparados con todos estos años que he peleado por la transformación en mi país.

¿Qué mensaje le deja a su pueblo? Quiero decirles que la lucha continúa y es de los valientes, que los prepotentes y autoritarios hacen gala de su bravuconada cuando los valientes lo permiten. Este pueblo es de gente que no


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CULTURA

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¿Industrializar la cultura? POR José Villarroel Yanchapaxi

En el Ecuador han transcu-

rrido casi siete años de la mal llamada revolución ciudadana, que controla casi todas las instancias de poder. Las políticas estatales en relación a la cultura adolecieron de falta de visión y con demasiado clientelismo electoral, además de la incapacidad de gestión, como en el caso de la ex ministra Erika Silva. El poder sabe que de alguna manera el arte, la literatura y la cultura en suma van a cuestionar las diversas instancias y las relaciones de poder, por lo que el cometido es que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Comunicación y la de Cultura para cerrar un cerco en el que la industrialización de la cultura juega su rol. Con origen en el vocablo latino industria, el concepto hace referencia al conjunto de operaciones que se desarrollan para obtener, transformar o transportar productos naturales. Se llama industrialización al proceso a partir del cual un Estado o Comunidad Social pasan de ostentar una economía basada en la agricultura a otra que se basa en el desarrollo industrial. En mi apreciación, este proyecto pretende desde el Estado la banalización de la expresión artística en sí misma, una nueva forma de elitización de la cultura, pero esta vez en pro de un proyecto político, basado en la uniformización de la creatividad, con la consiguiente petrificación del acto creativo. La política cultural de un Estado que ejerce un control social al puro estilo de un neo fascismo, en relación al arte es

la de vigilar y castigar. Vigilar la creación artística para que el arte pierda el carácter de subversivo y castigar a quienes se nieguen a esta política cultural del control. Por supuesto que en este proceso hay un castigo: el de no acceder a los fondos concursables, dirigidos a quienes sean detractores del régimen. El Estado es el que dicta las directrices de la estética, es decir, obliga a hacer una obra por encargo o en serie como si las obras fueran artículos de vidriera, lo que deriva en empobrecimiento de la obra artística y en el afinamiento de los mecanismo estatales que coartan la facultad de expresar libremente y convirtiendo a los artistas en apéndices de la política en general, a quienes un todopoderoso Consejo de Cultura dictaminará quien es un artista o no lo es. La industrialización de la cultura pretende, al igual que la postmodernidad, vaciar de contenidos a los símbolos y a los íconos. Una forma de maniatar el arte, la cultura y a los artistas, una especie de censura previa con responsabilidad ulterior. Quien haga arte para el proyecto político del gobierno será considerado artista y el que no, será un paria enemigo de la revolución ciudadana. La civilización del consumo requiere una industria del entretenimiento, una industria cultural en la que el empresario invierte un capital financiero y en la que los grandes medios de comunicación crean necesidades, principalmente para los niños y los jóvenes. Detrás de la industria cultural están megacorporaciones, incluso

fundaciones de interés social en las que existe un monopolio cuando no un oligopolio. Para permanecer en el mercado estas megaempresas tienen que conseguir grandes éxitos

conglomerados mediáticos manufacturan tal vez no puedan calificarse como grandes contribuciones al mundo de la cultura, pero en un negocio del entretenimiento que se ali-

los intelectuales. La figura del “intelectual” surgió como conciencia crítica ante el poder. La industria del espectáculo se ha encargado de desprestigiarlos provocando lo que yo llamo la

comerciales, best-sellers de cualquier tipo: cinematográfico, literario, musical,etc. Un reciente informe de “The Economist” termina diciendo: “Los éxitos que estos

menta de éxitos, estas grandes corporaciones son las que están mejor situadas para crearlos y explotarlos”. Lo que preocupa es la calidad artística y el papel de

farandulización del crítico de arte, y así maquillar con términos ambiguos: nuevas masculinidades, nuevas sensibilidades, etc, haciendo olvidar a la verdadera obra de arte.


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Junio: mes del orgullo LGBTI POR REDACCIÓN OPCIÓN

Cada año, en el mes de junio, colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, celebran el mes del “orgullo LGBTI” a nivel mundial, eso como una forma de mostrar la diversidad que tiene la humanidad y, sobre todo, la tolerancia e igualdad que estos grupos, alejados de los patrones de género impuestos socialmente para lo masculino y lo femenino, exigen. Un poco de su historia Orgullo LGBTI conmemora los primeros ‘disturbios’ reivindicativos de estas personas, luego de los excesos cometidos por la Policía de Nueva York en una ‘redada homosexual’ en junio de 1969, en el bar gay Stonewall Inn. Según algunos historiadores, estas protestas fueron el germen de los movimientos LGBTI alrededor del mundo. En el Ecuador, los movimientos LGBTI tienen entre 25 y 30 años de trayectoria. Para 1997, año en que el Tribunal Constitucional resuelve declarar la inconstitucionalidad del inciso primero

del Artículo 516 del Código Penal, que criminalizaba las relaciones sexuales entre dos hombres, el trabajo de individuos y colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales, ya era un paso importante. Actividades Para este año, grupos LGTBI desarrollan un sinnúmero de actividades culturales, artísticas y académicas a nivel nacional, como: exposiciones de arte, carrera de tacones, campeonatos de fútbol, cineforos, charlas, entre otros. Sin olvidar la fiesta: “Yo soy Ecuador”, donde se elige a la Grag Idol del año y se realiza la presentación de artistas. Esta fiesta para este año se inició en Portoviejo, con la Marcha del Orgullo LGBTI (cuyo recorrido fue en la intersección de las Avenidas Quito y Manabí), seguida de la Fiesta ‘Yo soy Ecuador’, que se concentró en la explanada del aeropuerto Reales Tamarindos. Siguiendo con el cronograma establecido, también

“Entristece pensar que la naturaleza habla, mientras el género humano no escucha”.

se han realizado actividades en Santo Domingo de los Tsáchilas y en Cuenca. El sá-

bado 28 será en Guayaquil. El próximo 6 de julio tendrá lugar en Quito, por lo

cual a continuación les presentamos el programa de actividades en esta ciudad:


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POLÍTICA

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CUPRE o la gran cumbre del periodismo correista POR Marco Villarroel

Algunos de entre las de-

cenas de trabajadores (“utileros” los llamó Fernando Alvarado, secretario Nacional de Comunicación) comenzaron a desmontar las enormes estructuras de metal, cortinas, amplificadores, pantallas gigantes, centenares de metros de cables, cámaras de todos los tipos, instalados desde tres semanas antes en los espacios del Parque Histórico de Guayaquil, con motivo de la “Primera Cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos”, CUPRE, desarrollada el 19 y 20 de junio pasado. Asistimos miles de estudiantes, periodistas, docentes a esta especie de Disneylandia de la Comunicación, nuevos medios, sociedad de la información y, en otras palabras, al inicio de la edad de oro de la comunicación luego de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Comunicación. Así pudo entenderse luego de la intervención “académica” del presidente Rafael Correa y de algunos de los nuevos gurús del periodismo, nacionales y extranjeros. Es que la creación de la Superintendencia de Comunicación, del Consejo de Regulación y Desarrollo, la novísima creación del principio del “linchamiento mediático” (ópera prima de María Augusta Calle) dibujan desde el discurso oficial la nueva era que vivirá el Ecuador. El asunto no fue tan sencillo, así se explican los esfuerzos, los millonarios esfuerzos gubernamentales llevados desde hace cuatro años para diseñar e implantar un

modelo comunicacional autoritario disfrazado de democrático. En los minutos finales del evento supimos que los preparativos del mega congreso demoraron dos años, pero tuvieron cabal realización seis días después de la ultrarápida resolución de la Asamblea y siete días después que Correa la ponga en vigencia, además, el justo día que el “Mashi” llega a Guayaquil. Azorados, los funcionarios administrativos, que de ninguna manera quisieron identificarse, dieron a entender que “solamente” se gastaron tres milloncitos de dólares en la CUPRE. Es decir que para lanzar al mundo la tesis correísta de que los medios son malvados en la medida que no le respalden y de paso, solo de paso, inserten narconovelas, concursos inhumanos, realitys obscenos, fue necesario invertir semejante suma de dinero. En paralelo, los estrategas comunicacionales de la SECOM y de las agencias contratadas habían planificado que se levantaran carpas, de buen tamaño, donde se siguiera, ad nauseaum, promoviendo la televisión digital, el apagón tecnológico, el alucinante proyecto de la universidad Yachay, el famoso y ambiguo “buen vivir” y otras iniciativas que se muestran en cada sabatina. Los funcionarios de la agencia Maruri, especialmente de su línea de comunicación estratégica para instituciones públicas y privadas, acuciosos coordinaban el trabajo de los comunicadores y comunica-

doras de las instituciones públicas de todo el país. Para el efecto no se tomó en cuenta el perfil político nada amigable de Eduardo Maruri. Después de todo tuvo mucho éxito en el mercadeo de Bill Clinton, Mijail Gorvachov, José María Aznar, Al Gore y la mismísima Rigoberta Menchú. “Se demorarán seis meses en pagar”, señala resignado un transportista contratado por Rivas & Herrera Publicidad S.A., otro gigante

comunes que se repiten cada semana. Florence Saintout, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, quien entregara el premio Rodolfo Walsh (¡!) a Correa, al mirar el descomunal despliegue mediático del recinto, especialmente la señal en vivo a través del satélite, recordó que “el horizonte que abre el uso de las tecnologías digitales no garantiza una participación democrática de la información,

revolución está en el Ecuador, que el líder máximo de esta nueva era es Rafael Correa. “Hemos escuchado la voz de un Presidente que con energía y vitalidad ha señalado el papel que vienen jugando (los medios) en Ecuador para desestabilizar el proyecto revolucionario”, dijo muy suelto de huesos. Dijo que las cosas cambiarán para siempre con una cumbre de presidentes para tratar temas de comunicación y propuso “hacer

del mundo de la publicidad y marketing contratado por el gobierno. No sabemos si lo hizo con el sistema de contratación pública o por alguno de los numerosos decretos de estado de emergencia. El famoso discurso de orden que, acorde a lo que se requiere en estos casos, tuvo larga duración y estuvo a cargo del primer mandatario, fue un claro ejemplo de linchamiento mediático y lugares

porque en la red existen dueños y visitantes”. “Quienes visitan no pueden poner las reglas de las páginas”. (CUPRE, Boletín, junio 19) Pero la corona de laurel al adulo se la llevó Fernando Buen Abad, recientemente nombrado (sin concurso) gran profesor de la nueva fábrica del pensamiento oficial, el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Autotitulado marxista, cree que la

un ejercicio de chismografía” para que el chisme llegue a la Asamblea y al Ejecutivo. En conocimiento que de lo que se trata es de legitimar la Ley de la Comunicación, actos como esta cumbre de Periodismo Responsable no será el último para lo cual la chequera está lista. Hay una lista de profesores nacionales e internacionales que están dispuestos a sacrificarse por unos dólares más.


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Un Estado al estilo del ‘Gran Hermano’ POR Redacción Opción

El Vigilar y Castigar, de Michell Foucault, de alguna manera se ha trasladado de los panópticos a las telecomunicaciones del siglo XXI, pues la idea del poder disciplinario que “en efecto, es un poder que, (..) tiene como función principal <<enderezar conductas>>” se manifiesta a través de la vigilancia en cada una de sus formas. Así, la relación que se ha hecho entre el caso de Snowden y el tema del espionaje informático en nuestro país, provocó una serie de reacciones por parte del gobierno, quien inmediatamente, a través de una rueda de prensa encabezada por el ministro del Interior, José Serrano, y por el secretario de Comunicación, Vinicio Alvarado, no negó la existencia de equipos electrónicos de vigilancia y aclaró que están dedicados a la investigaciones del “crimen organizado”. Un asunto poco conocido es que en realidad el gobierno ecuatoriano sí tiene un sistema de vigilancia técnica electrónica y que éste está jurídicamente establecido desde abril del 2012 a través de los compromisos con la DEA de EE.UU. Lo paradójico es que el gobierno, que cuestiona la vigilancia que hace su par norteamericano, use la colaboración de los aparatos de inteligencia de EE.UU para lo mismo. En el Registro Oficial N° 678, del 9 de abril de 2012, se expide el Reglamento para la Implementación y Funcionamiento del Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica; en la página 13, en sus

considerandos se mencionan elementos que vincularían al gobierno nacional en acuerdos con Estados Unidos para la administración y entrega de estos equipos: “(...) el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, representado por la DEA* y el NAS** en Ecuador, se comprometen a entregar en dotación el software y hardware, para instalar el sistema de vigilancia electrónica (…) a los trece días del mes de enero del año dos mil doce, se ha firmado el ACTA DE COMPROMISOS, entre los señores Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, Dr. José Serrano Salgado, Ministro del Interior y Bruce E. Golberg, Asistente del Director Regional de la DEA, en cuyo contenido se comprometen, la Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones a administrar el sistema de vigilancia técnica y electrónica (..)” Y es que este Registro Oficial, al parecer no solo que autoriza la compra de los instrumentos tecnológicos para la implementación del sistema de vigilancia electrónica (SVT-E) sino que también marca los lineamientos para su aplicación. Por una parte se menciona en uno de sus capítulos que: “(..) su aplicación será inmediata a todo lo relacionado con interceptación de comunicaciones fijas, móviles, e inalámbricas; así como la vigilancia electrónica, cur-

sadas a través de redes o servicios de telecomunicaciones, o de cualquier otro tipo a nivel nacional (..)”, lo que implicaría que las llamadas telefónicas, mensajes de texto o mensajes cortos, mensajes multimedia, IP, telefonía convencional, telefonía móvil, telefonía satelital, entre otras, estarían bajo la vigilancia de este nuevo sistema de interceptación, mencio-

Todo este aparataje levantado para el seguimiento a través de interceptación de comunicaciones será financiado desde el presupuesto asignado al Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, así como la capacitación del personal operativo correrá de cuenta de dicha cartera de Estado. Lo que sí queda claro, además,

sujetos los ciudadanos norteamericanos. * Drug Enforcement Administration (D.E.A. en sus siglas en inglés) es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos. ** La Sección Antinarcóticos (NAS) es la oficina

nadas en el Registro Oficial. El proceso para intervenir cualquier forma de comunicación estará emitido a través de una orden judicial de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, y ésta será remitida al Fiscal asignado al Sistema de Vigilancia Técnica y Electrónica para activar la interceptación de las telecomunicaciones. (Art. 18 Del procedimiento General)

es que solo personal de confianza será destinado para esta labor, pues se especifica que de ninguna manera la información levantada será pública, salvo cuando se llamare a juicio. La preocupación obvia de todo ciudadano es cuánto se va a respetar el derecho a la intimidad, cuando es un escándalo mundial el sistema de espionaje al que están

de la Misión principalmente responsable por la administración y coordinación de los recursos que el gobierno de Estados Unidos proporciona al gobierno del Ecuador para fortalecer su capacidad de hacer cumplir las leyes, y a las fuerzas armadas y otras instituciones públicas para combatir el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.


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PAÍS ADENTRO

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Agua limpia, mi derecho Por: Luis Merino y Wilson Suárez/SUCUMBIOS

Habitantes de

la parroquia Pacayacu y de la vía Tetetes - Puerto Nuevo se movilizaron el martes 4 de junio, para exigir que el Municipio de Lago Agrio (dirigido por AP) les dote de agua potable de buena calidad y en cantidad suficiente, porque el líquido vital no lo tienen en sus hogares y el cabildo, de manera apresurada, inició las obras del proyecto sin tener los análisis de agua necesarios para conocer si apta para el consumo o no. Los estudios de agua presentados por el Municipio son elementales y se requiere de otros que verifiquen o no la existencia de hidrocarburos, metales pesados y radioactivos, pues en el campo Libertador operó la transnacional Texaco y se conoce que la zona está contaminada. Además existen pozos petroleros cerca a las fuentes de captación que se han propuesto. El proyecto es rechazado por los pobladores organizadores en el Comité de Afectados por la actividad petrolera. El proyecto se ejecuta con dinero asignado por Petroamazonas, para dotar de agua potable, como compensación por las actividades petroleras que allí se ejecutan. Los análisis de agua, de manera inicial, son elementales, y el Municipio de una forma irresponsable, sin tener los estudios adecuados, entregó el contrato de 1 millón 800.000 dólares el 27 de marzo y la muestra de agua para la realización de otros estudios la tomaron recién el 24 de abril. Lo cual demuestra la ineficiencia municipal y la falta de respeto por la salud de la

población de esa parroquia. Sumado a esta inoperancia municipal, los pobladores preguntan: ¿qué sucederá con las aguas servidas de los proyectos?, ¿dónde se las arrojará?, porque no existe alcantarillado. Pues obligatoriamente deberán arrojarlas al campo, a los ríos y esteros, porque no existe ningún proyecto para este servicio básico; es decir, se continuará contaminado el agua que otros pobladores aguas abajo usan. Por ello, los habitantes se movilizaron en una importante delegación. Pese al torrencial aguacero llegaron a instituciones como la Gobernación, el Ministerio de Ambiente y el Municipio de Lago Agrio, donde se plantaron y demandaron atención a sus necesidades. Las comunidades plantearon que quieren agua limpia y propusieron alternativas, como que se hagan captaciones en otro sitio, como podrían ser las cabeceras del río Cuyabeno, lo cual no se ha tomado en cuenta. Otra de las propuestas es la pavimentación de la carretera Dureno - Puerto Nuevo, que en época seca levanta polvo mezclado con hidrocarburos, pues así se mantenía la carretera, lo cual afecta a la salud de los pobladores. Esto sigue postergándose. Al cierre de esta edición, los habitantes de las comunidades campesinas manifestaron su inconformidad, porque luego de haber convenido reuniones entre las autoridades del gobierno local y otros, estos no acudieron, y ya son varios meses en que se dialoga y se establecen compromisos que

no se cumplen. Estudios.El 16 de julio del 2010, a través de LIAB – CEAS y del Ing. Orlando Felicita N., jefe de Laboratorio, se realizó la “Evaluación de la concentración de Hidrocarburos Aromáticos Policílicos en el agua de consumo de la parroquia Pacayacu”, demostrando que el 99% de las 23 muestras indicaron que tienen valores de hasta 8, 9, 10, 11 y 12 veces más altos de la norma, por lo tanto se determina que el agua no es apta para el consumo humano. En febrero del 2011 se realizó el Análisis del Impacto en la Salud ocasionado por la contaminación petrolera en los habitantes de la parroquia Pacayacu, análisis coordinado por el Dr. Adolfo Maldonado, Dra. Alexandra Almeida, Soc. Carolina Valladares y la Dra. María Fernanda Soliz, Instituciones participantes: la Universidad Estatal de Cuenca - Facultad de Ciencias

La naturaleza es un

regalo, que debe ser recibido con gratitud y no explotado. Médicas–Maestría en Salud con enfoque de Ecosistema; Acción Ecológica y la Universidad Andina Simón BolívarÁrea de Salud. Se estudió a 237 personas, primer grupo mayoritario entre los 16 y 65 años (50%), segundo grupo entre los 6 y 15 años (31%), y los grupos vulnerables de infantes y de la tercera edad que corresponden al 14.5%. Los resultados de los análisis de aguas en el río San Miguel – Puerto Nuevo de la parroquia Pacayacu, muestreo realizado el 25 de noviembre del 2011 por la Bioq. Alexandra Almeida de Acción Ecológica, análisis con Equipo

Multipárametro por Wilson Suárez, activista ecologista, estudios de laboratorio realizados por LABSU, determinaron lo siguiente: el agua del río San Miguel en ese sitio se encuentra contaminada por vertimientos de aguas de formación, que son un desecho de la industria petrolera que se realiza en Colombia. También los resultados nos demuestran que las aguas del río ya mencionado en este sitio tienen contaminación orgánica, por lo tanto estos resultados nos indican claramente que se trata de aguas no aptas para el consumo humano por estar muy contaminadas.


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¿Derecho de Carpa? POR PATRICIO ALDÁZ

Así podría entenderse la orientación de una de las propuestas de reforma al Código del Trabajo, difundida por el Ministerio de Relaciones Laborales, en cuyo resumen se lee: “Actualmente la huelga se la realiza con la entrega de las instalaciones de la empresa al Comité de trabajadores, previo inventario. Con la propuesta se pretende que la ejecución de este derecho se lo haga sin la entrega de instalaciones y se realice fuera de las mismas, con el fin de precautelar la integridad de los trabajadores y a su vez evitar que no haya peligro de desmanes o daños en las instalaciones del empleador.” Si la propuesta es ésta, y siendo el objetivo “precautelar la integridad del Trabajador” fuera de las instalaciones de la empresa, se pensaría que debería facultarse la instalación de “carpas”, al estilo de las que llevan apostadas un grupo de ex trabajadores de la Cervecería Nacional en el parque del El Arbolito, frente a la Corte Constitucional, desde hace varios meses. El derecho de huelga, que se concreta en la capacidad de los trabajadores de paralizar las actividades productivas de la empresa, posesionándose de las instalaciones para garantizar que dichas actividades no se renueven, tiene el objetivo de otorgar a los obreros (sector más débil en una disputa obrero – patronal) un recurso extraordinario que equilibre las fuerzas y posibilite una solución más equitativa en las controversias laborales entre trabajadores y

empresarios. Concebido además como un derecho social y universal, refrendado en los Convenios Internacionales que el Estado Ecuatoriano ha suscrito con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instancia oficial de la ONU en materia de protección de los derechos laborales, el derecho de huelga constituye una conquista histórica de los trabajadores, resultado de numerosas batallas en contra de los abusos, la arbitrariedad y los atropellos de la explotación capitalista. Esa es la razón por la que en el Numeral 14 del Artículo 326 de la Constitución del Ecuador se estipula: “Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos.” De otro lado, el diccionario de la lengua española define a este término como la “Interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta”. Por tanto, la pretensión de que “la ejecución de este derecho (de huelga) se la haga sin la entrega de las instalaciones y se realice fuera de las mismas”, no implicaría únicamente una variante de forma sino, en los hechos, una anulación de ese derecho y su mutación hacia un “derecho de carpa”. La huelga, entendida como la interrupción colectiva de la actividad laboral de los trabajadores, se convertiría en uno más de los preceptos

inutilizados, que rezan formalmente en la legislación pero que en los hechos serían letra muerta. De esta forma, la vieja aspiración de patronos y empresarios de acabar con esta conquista histórica, para consolidar sus ventajas en las disputas con los obreros, la estarían concretando, nada menos que con el actual gobierno de la “revolución ciudadana”. Ojalá no repita que ésta es una acción de un gobierno de los trabajadores, o que esta propuesta ha surgido de la decisión de los trabajadores. En relación al “derecho de carpa”, que es el que sustituiría al de huelga, cabe únicamente una reflexión: cierto es que el derecho a instalar una carpa fuera de la empresa tendría un efecto propagandístico en beneficio de la denuncia y la difusión del conflicto laboral de la empresa. Podría, si se quiere, avergonzar al empresario que ha obligado a dicha medida de los trabajadores,

lucha del hombre con el poder es la lucha de la memoria con el olvido. La

mas, como la acumulación capitalista, que ensancha fortunas en base a la explotación de la fuerza de trabajo de los obreros, no avergüenza para nada a nuestros capitalistas (más bien, cuanto más explotan resultan más “eficientes”), con toda seguridad mirarán a sus obreros en “huelga” (en carpa fuera de la empresa) con una mueca de desdén y regocijo al mismo tiempo, ya que su actividad productiva estará a buen recaudo y ejecutada por otros trabajadores

(los esquiroles o rompehuelgas), que para eso existen miles de desempleados. Una suerte parecida a la que enfrentan los ex trabajadores de la Cervecería, quienes, desde su carpa en el parque de El Arbolito, miran todos los días pasar a los vocales de la Corte Constitucional (algunos de los cuales hasta debieron depositarles un aporte “solidario” en sus ánforas), mientras su demanda duerme el sueño de los justos.

La trampa de impedir la toma de las instalaciones en una huelga es impedir, en últimas, que haya huelga.


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MUNDO

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Snowden: nueva fanfarria mediática en medio de la disputa interimperialista POR EDUARDO SUÁREZ

El asilo

político, que el gobierno de Rafael Correa dio a Julian Assange hace un año, le pasa la factura (¿o le genera más réditos?) de una manera insospechada. Ahora el líder de Wikileaks opera desde ese estrecho lugar y trata de convertir al Ecuador en el refugio de activistas informáticos que han ganado notoriedad a nivel mundial por sus denuncias, que han puesto en aprietos a las potencias imperialistas, especialmente Estados Unidos. Bajo su dirección, el ex agente Edward Snowden, retenido en un área de tránsito del aeropuerto de Sheremetievo de Moscú, Rusia, es quien ahora intenta llegar al Ecuador como asilado político (o probablemente como refugiado), luego de haber filtrado información secreta sobre actividades de espionaje que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) llevan adelante para intervenir las comunicaciones telefónicas y de internet de millones de ciudadanos en el mundo. La disputa de alto nivel que ha provocado este tema es la que Estados Unidos mantiene con Rusia y con China, con todo lo que ello implica a nivel geopolítico, puesto que, según se ha dado a conocer, Snowden tendría en su poder miles de documentos secretos que, por palabras de senadores y más funcionarios norteamericanos, podrían significar un grave peligro para la seguridad del Estado. El gobierno ruso se ha negado a entregar al ex agente,

tal como se negó China en su momento. En este escenario de disputas, Ecuador aparece en un papel marginal, “insignificante”, como lo dijo el mismo Assange en noviembre de 2012 a la periodista Erin Burnett, de la CNN. Ella le citó un pasaje de un reporte del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), que señalaba que “en menos de cinco años Rafael Correa volvió a Ecuador en uno de los países más restrictivos para la prensa”. Assange respondió que en el mundo hay problemas mucho más importantes, pero ante la insistencia de la periodista acabó diciendo: “Ecuador es insignificante”. Burnett -sorprendida- le recordó que el Ecuador evitó que fuera a parar a la cárcel. En ese momento, Assange agregó: “(Ecuador) es muy importante para mí y su gente ha sido muy generosa conmigo, pero no es un actor mundial importante”. Es decir, para él, así como para Snowden y otros espías arrepentidos o activistas informáticos que puedan aparecer, Ecuador no es sino un comodín en sus juegos de guerra contra el poder. Mientras que la preocupación central de los norteamericanos es qué tanto puede develar Snowden, para el gobierno ecuatoriano la preocupación central es cómo sacarle provecho mediático internacional. El canciller Ricardo Patiño ha tenido su momento de gloria al dar una rueda de prensa sobre el tema mientras visitaba Malasia, y el presidente Correa (que jamás podría dejarse quitar protagonismo) anunció, con toda

la acostumbrada fanfarria supuestamente antiimperialista, que Ecuador renunciaba “unilateral e irrevocablemente” a las preferencias arancelarias conocidas como ATPDA, en respuesta a las declaraciones de senadores norteamericanos que sugirieron que esa podría ser una sanción si Ecuador resolviera otorgarle el asilo a Snowden. Fanfarria porque, en primer lugar, sabe que para el país esas famosas preferencias no representan más de 25 millones de dólares, y como ya se terminaban este año, preparaba el subsidio por este monto a los empresarios afectados; y en segundo lugar, porque con medidas como esa queda bien ante los funcionarios que negocian con su gobierno la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. A nivel informativo, o propagandístico valdría decir, el gobierno ecuatoriano busca ponerse al centro de una expectativa mundial en sectores populares y progresistas, pues se muestra como un gobierno de izquierda, antiimperialista y defensor de la libertad de expresión, lo cual a lo interno se ha evidenciado como una doble moral, puesto que los sucesos alrededor de Snowden surgen en el contexto de la aprobación de unas reformas a la Ley Minera que entregan en bandeja de plata los recursos naturales a las transnacionales; así como la aprobación de la Ley de Comunicación, que convierte al Estado en un auténtico censor de lo que los medios publiquen y en quien impon-

drá las agendas informativas a nivel nacional. Doble moral porque dicen, para el show, que Ecuador se tomará todo el tiempo para analizar el pedido de asilo político, cuando están conscientes de que acaban de imponer una Ley en la que se prohíbe expresamente el espionaje telefónico a la información personal: Art.31 de la Ley de Comunicación: “Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento electrónico”. Doble moral porque, mientras la Ley dice eso, según lo ha denunciado el portal www.Buzzfeed.com, con-

Edward Snowden tratan servicios tecnológicos para armar un sistema de espionaje propio contra los ciudadanos, bajo el argumento de que es para combatir la delincuencia y el crimen organizado, pero que todo el mundo entiende servirá principalmente para realizar un seguimiento a los líderes sociales y políticos de la oposición. Doble moral porque, en suma, un discurso es el que se hace por los medios y otra es la práctica que se tiene contra los pueblos.


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Brasil: la alegría de millones, que luchan juntos por cambiar las cosas POR Rolando Castro

Los millones

de personas movilizadas en Brasil en las últimas semanas, sobre todo de la juventud, son la expresión de un descontento que paulatinamente se va acumulando en la población, que tiene como causa el sistema capitalista, donde la colosal riqueza de ese país está concentrada en unos pocos monopolios empresariales y financieros, que han acumulado tal riqueza sobre la base de la explotación y la pobreza de millones de brasileños, víctimas de las injusticias, la corrupción, la ausencia de participación y democracia que el poder político ha pretendido opacar con los altos índices de popularidad de sus gobernantes. En el artículo: “Los brasileños desnudan en la calle el falso milagro económico”, escrito por el equipo del portal web Otramérica, se recogen varias opiniones como la siguiente: “El comunicador y bloguero Flavio Siqueira cree que estas protestas son algo más que una explosión más o menos multitudinaria de insatisfacción, sino que visibilizan el déficit democrático de un Brasil devorado por el pragmatismo, la corrupción y los silencios”. La ostentación de los índices de aprobación de los gobiernos servía como máscara, el discurso oficial de que ‘nunca antes en la historia de este país’ el pueblo había estado tan feliz, eran la excusa para frenar cualquier señalamiento de la necesidad de cambios, servía para instalar la percepción de que el descontento era un tema restrin-

gido a ‘golpistas mediáticos’ o ‘reaccionarios conservadores’, mientras que los casos de corrupción se acumulaban sin mayores consecuencias y/o explicaciones, la deuda, el enriquecimiento de los bancos, la inmensa carga tributaria, los intereses, los juegos políticos, los grupos alrededor del poder… todo esto, de alguna manera, inhibía el grito de insatisfacción generalizada y provocaba, al menos en parte de la población, una sensación de que no había esperanza, de que todo está perdido, como si el pueblo hubiera sido tragado por una máquina publicitaria y asistencialista, corrupta, demagógica, dogmática, populista y, especialmente, fagocitadora de mentes, aspiraciones e ideales. “En los últimos diez años, el brasileño tuvo que vivir con la “metamorfosis ambulante”, no sólo la de Lula contradiciendo el discurso de toda su vida en nombre de un pragmatismo egoísta, sino del PT como un partido de “trabajadores” que lo dejó de ser, movimientos sociales -como UNE, CUT, los sindicatos y muchos otros- que simplemente no lograron articularse con la sociedad convirtiéndose en perchas de empleos, organismos gubernamentales, fomentando un discurso alineado con el statu quo. Nuestra democracia retrocedió, no había espacio para la crítica, el desacuerdo, la oposición o los cuestionamientos –sin que el cuestionador se convirtiera en objeto de ataques ideológicos, jurídicos o, en algunos casos, físicos. La puerta estaba cerrada con llave y la llave se la

habían tragado”. Esta mezcla y suma de situaciones que relata este comunicador son las razones por las cuales millones de brasileños, sobre todo los jóvenes, se han tomado las calles de ese inmenso país. En Brasil… “hoy tenemos “una” política que sólo ha propuesto un modelo neo desarrollista basado en la explotación de recursos naturales y un estímulo al consumo, que también se revela como insufi-

Charles Trocate, dirigente del MST. (http://lavaca.org/) El aumento de 10 centavos de dólar en los pasajes de un transporte público caro y malo, que dejaba a cerca de 37 millones de brasileños sin el derecho a movilizarse, sumado a los millonarios gastos en infraestructura para realización de mega eventos, como la Copa Mundo de Fútbol, y la de Confederaciones, organizadas por la FIFA, fueron una nueva bofetada que disparó la indig-

cambiar la historia, ha desarrollado la seguridad y la fortaleza para elevar sus demandas. Este despertar, que dista mucho de ser espontáneo y puntual, tiene a grupos como “Pase Libre” y otras organizaciones que venían desde antes convocando a diversas acciones. “Antes, en cualquier acto éramos 50 personas. De pronto hay millones”, dice Gabriel Strautman. Por ello, los alcances de esta gran movilización ahora son más altos, pues pese a que ya

ciente. Podés tener tele nueva, pero no significa que la sociedad sea menos desigual”, explica Gabriel Strautman, de la organización de derechos humanos Justicia Global… “No hace ninguna ruptura, hay mucho asistencialismo, la corrupción es enorme, y ha pactado con todos los grandes grupos concentrados de la economía, las finanzas, el transporte, la minería y el agronegocio, por ejemplo”. Señala por su lado,

nación y movilización. La respuesta del gobierno ha sido “la tolerancia cero” y declarar una zona de exclusión de 2 kilómetros militarizada alrededor de los estadios, donde se realiza la Copa Confederaciones, y la represión a los manifestantes. Las inmensas movilizaciones le han dado a la población la alegría de sentirse juntos, la sensación de que unidos y movilizados pueden hacer algo por ellos mismos para

logró una primera victoria, haciendo que el gobierno retroceda en el alza de pasajes, ahora exige la “tarifa cero” en el transporte público y van por el incremento de presupuesto para educación salud, por democracia y participación. Es sin duda un movimiento de masas que deja un mensaje positivo para la lucha de los pueblos de América Latina, y que recién empieza.


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“Brasil: No es solo fútbol, es lucha social”

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2/3. POLITICA| Ley de Comunicación: Estado totalitario versus libertades democráticas.

11. POLITICA.| Defensoría del Pueblo ¿o del gobierno?. El pueblo en la total indefensión.

12/13. ESPECIAL. | ¡Ni un solo ojo de agua para la Hidrotambo! La lucha del pueblo de San Pablo de Amalí en defensa del agua.


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