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el eslabón | ciudad

desvío de recursos públicos hacia punteros políticos que responden al líder radical de Cambiemos. La norma aprobada por la Legislatura también extiende de seis a doce meses el plazo máximo del procedimiento de remoción y diluye en una junta de fiscales la facultad que hasta ahora ostentaba sólo el fiscal general de crear unidades especializadas de investigación. Nada sustancial, esto último.

Las quejas A través de un comunicado la Junta de Fiscales acusó recibo de la aprobación de la ley. “La nueva norma conforma un avasallamiento a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal en tanto modifica el régimen de remoción de los fiscales y fiscales adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo, circunstancia que refleja su dudosa constitucionalidad conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional”, señalaron. Además, la Junta manifestó su “preocupación por el modo sorpresivo e intempestivo de la sanción de la norma”. “Llama poderosamente la atención que una ley de tanta importancia fue sancionada sin debate previo, en tiempo récord y en la última sesión ordinaria del año”, gruñieron los fiscales. Consideraron también que “las modificaciones aprobadas la semana pasada colocan a los fiscales y fiscales adjuntos en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley”. La Junta de Fiscales recordó que “la versión original de la ley 13.013 (la que creó el MPA) preveía un modelo disciplinario innovador en el cual un Auditor de Gestión –que accede al cargo por concurso de antecedentes y oposición, dura en el mismo seis años,

viernes 8 de diciembre de 2017 | página 7

es seleccionado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Poder Legislativo– es quien investiga y acusa a los fiscales”. Además, siguió, “establecía que un tribunal integrado por distintos estamentos institucionales –un diputado; un senador; un representante de los colegios de abogados; un fiscal regional; y el fiscal general (con voto solamente en caso de empate)– era el encargado de juzgar”. En términos similares se pronunciaron contra el avasallamiento de un poder sobre otro la Asociación del Pensamiento Penal; el Consejo Federal de la Defensa Pública; la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal; la Asociación de Fiscales del MPA; el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia; y siguen las firmas. Una de las causas que molestaron al poder político es en la que por pedido de un fiscal y autorización de un juez se interfirió el teléfono celular del ministro Pullaro. Como muestra del desdén con que en ocasiones cumplen su rutina, el magistrado Nicolás Falkenberg explicó después que la fiscal Martí no le había informado que uno de las líneas correspondía al ministro. Así se captó la siguiente conversación entre Pullaro y el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, demostrativa de los límites que en la realidad posee la independencia de poderes. —Pullaro: ¿Qué haces Jorge? Che, ahí me informan que detuvieron a Adrián Rodríguez, el Jefe de la 5ta. —Baclini: ¿Adrián Rodríguez? —Pullaro: El jefe de la 5ta, un tipo que fue jefe de la Capital. —Baclini: Ah, en Capital. No, no sabía nada. —Pullaro: Che, bueno, no. Qué se yo, ¿eh? —Baclini: Ahora voy a preguntar. ¿Quién lo detuvo, Apullán? —Pullaro: Apullán, tengo entendido que es por las Ospe (horas extras policiales).

—Baclini: Y sí, Arietti (Carlos, fiscal regional de Santa Fe) yo estuve hablando el otro día y me dijo que tenía, pero que no sabía que lo iban a detener. —Pullaro: A mí me dijo que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones a todos. No sé porque han apurado. —Baclini: Sí. Dejame que lo llamo y te averiguo, te averiguo bien. Averiguo bien y te digo.

Control político Lo que se puso en cuestión con la ley es quién controla a los fiscales. Fundados en las normas que crean órganos similares en otras jurisdicciones y en el orden federal, ellos aseguran que son los que están en mejores condiciones para auto regularse. Por cierto, mientras el gobierno de Cambiemos con el presidente Mauricio Macri a la cabeza avasalló sin tapujos la autoderminación de la Procuración General hasta conseguir la renuncia de Alejandra Gils Carbó, desde el MPA no advirtieron que se estaba conformando un peligroso antecedente. Hasta que el agua los tapó. La mirada política es otra. El senador radical Lisandro Enrico (General López) dijo que “se estableció un sistema de control de poderes, a partir del problema que hubo con algunos fiscales en los últimos momentos”. Cuestionó el resultado de la auditoría interna del MPA al señalar que “por lo menos estaban con un control deficiente”. “Los diputados, los senadores, los gobernadores, los políticos nos sometemos cada cuatro años a la voluntad popular –abundó–. Si el sistema de control de los fiscales va a ser una corporación de fiscales para que pase como con el caso de Parodi (Milagro, una fiscal de Venado Tuerto que según Enrico liberó rápidamente a un ladrón), donde no hubo ni un llamado de atención en un hecho gravísimo, esto no funciona”.

Y finalizó: “Ahí vi cómo funciona la corporación de los fiscales”. Desde otro ángulo ideológico, el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade coincidió con Enrico en que “la auditoría que tenía el MPA de sí mismo era muy endeble frente a diferentes presiones”. Por ese motivo explicó que el control disciplinario debe realizarse “desde el Poder Legislativo que tiene una mayor fortaleza al momento de pensar en esas presiones”. “Nos parece más transparente y democrático que sea la Legislatura antes que la auditoría. Es más difícil involucrar a los 69 legisladores que a tres o cinco integrantes de la auditoría”, resumió el diputado. En la misma línea, Del Frade dijo que “de lo que tienen miedo los fiscales es de una persecución política”, fantasma del que según el legislador no podrán escapar. “Lo que yo les decía a los fiscales es que con o sin modificaciones la persecución política va a estar, pero lo que les garantiza la Legislatura es que siempre va a haber voces que los van a acompañar y los van a defender, tal como pasó con Ganón, con los fiscales Apullán y Martí, con las denuncias que hicimos de la colonización que hizo el Ejecutivo del Poder Judicial”. Para Del Frade, “siempre va a haber voces que van a salvar por lo menos la idea de la independencia y la transparencia, cosa que con un órgano propio no daba la idea de que lo fuera. Más que independencia daba la sensación de feudo sin mayores controles”. La polémica ley fue sancionada por unanimidad. Puede ser vetada por el gobernador, pero el uso de ese instrumento luce estéril si se tiene en cuenta que la votaron los 69 diputados y senadores, y para rechazar un posible veto alcanza con las dos terceras partes de ambas cámaras. Si ese camino no fuera conducente para regresar el esquema anterior, la cabeza del MPA tiene en mente otro sendero: el planteo de inconstitucionalidad de la ley.

el eslabon 329  
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