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Nº 624, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, septiembre de 2013

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Justicia transicional y Comisión de Verdad y Reparación

L Foto cortesía Periódico El Colombiano

gobierno han sido mesuradas. En una reciente visita oficial a Colombia, el Secretario de Estado, John Kerry, contó que se había reunido con el equipo negociador del gobierno y que su país estaba dispuesto a apoyar una etapa de posconflicto. La relación del gobierno colombiano con Estados Unidos hoy tiene diferencias importantes. Desde el último año de la administración Bush, la cooperación económica para Colombia empezó a reducirse. Además, mientras que en el Caguán una de las principales quejas de las Farc era que el gobierno jugaba a dos bandas al negociar por un lado y conseguir financiación militar por otro, en el proceso actual esa discusión no tiene tanto protagonismo. Analistas como Borda han señalado que el Plan Colombia fue un plan B para el fortalecimiento militar del Estado en caso de que ese proceso fracasara, como en efecto sucedió. A esos aspectos, que evidentemente evitan asperezas con el grupo guerrillero, se suma la propuesta revisionista del presidente Santos frente a la lucha contra las drogas ilícitas en Latinoamérica. Otra participación importante en el proceso es la de Venezuela. Según Borda, el país vecino tuvo una labor decisiva en la etapa previa de la negociación, especialmente en propender el acercamiento entre las Farc y el gobierno. “Santos insultaba a Chávez constantemente cuando era ministro de Defensa, y de un momento a otro se mostraron como los mejores amigos. “Ahora sabemos que el objetivo del gobierno era una relación mucho más cordial con Venezuela para evitar que ese país le metiera ruido al proceso y se convirtiera en un actor adverso del Estado”, dijo Borda. Según la politóloga —autora del libro La internacionalización de la paz y de la guerra en Colombia durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe—, el tema más preocupante para la comunidad internacional es el de violaciones a los derechos humanos. Sin duda, bajo su lupa estará la discusión frente a la responsabilidad de la guerrilla y del Estado en este tipo de acciones y cómo serán juzgadas. Pero también vigilará las condiciones en las que se dé el posconflicto. El caso centroamericano es bastante elocuente en ese sentido. El Salvador, que terminó por la vía del diálogo con su conflicto armado, ha sufrido una ola de inseguridad gigantesca. “Se necesitó consolidar las fuerzas armadas para enfrentar el crimen organizado. Entonces esa será una gran cuenta a deber de Colombia en el escenario internacional”, advirtió Borda. Este, como los gobiernos anteriores, se ha ufanado de la convicción constitucional de Colombia por la defensa de los derechos humanos. Así que en la arena del posconflicto vendrá una prueba de fuego: si el conflicto está saldado, no habría excusa entonces para que esa defensa sea intachable. “Se va a necesitar un tercer actor para cerciorarse de que ese acuerdo no será letra muerta y solamente papel”, dijo Borda. En ese sentido, el gran desafío, más que el proceso mismo, es la implementación del acuerdo como tal. En ello, la verificación internacional será un garante fundamental del cumplimiento de lo acordado, no solo en la esfera democrática, sino también en materia de transformaciones sociales y eso, desde luego, implicará también un respaldo económico internacional importante.

Por FRANCISCO CORTÉS RODAS Director del Instituto de Filosofía

a idea de justicia transicional ha recibido una creciente atención en los últimos años en las sociedades en conflicto y postconflicto y puede ser definida como la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizada por las respuestas legales para confrontar los daños de los regímenes represivos anteriores. La justicia transicional puede incluir mecanismos judiciales y no judiciales con diferentes niveles en el tratamiento del juzgamiento de los individuos, y puede comprender persecuciones individuales, reparaciones, búsqueda de la verdad, reforma institucional, descalificación y destituciones, o una combinación de ellas. Se ha dicho algunas veces que la justicia y la paz no pueden coexistir. Se mostrará que no hay incompatibilidad entre esos dos valores en la medida en que pueda señalarse que la verdad está vinculada con cierta forma del reconocimiento público de los actos criminales. Uno de los componentes de la justicia transicional es la justicia restaurativa, que ha sido concebida para rectificar profundas injusticias mediante la restauración de la dignidad humana y civil de las víctimas. En las situaciones de transición, afirman los teóricos del modelo restaurativo, las sociedades deben buscar otros caminos para realizar algunos de los fines de la justicia, como el de proveer algunas medidas de justicia para las víctimas a través de permitirles expresar sus historias, reconocer su sufrimiento, investigar la verdad sobre lo que pasó y restaurar el orden moral a través de establecer alguna medida de responsabilidad por parte de aquellos comprometidos en las graves violaciones de los derechos humanos (Rincón, 2010, 45-121). Para algunos defensores de la justicia restaurativa, el tipo de justicia que se puede alcanzar en una situación de transición es una justicia alternativa. Ésta constituye el tipo de justicia posible debido a la imposibilidad o dificultad de procesamiento y castigo. De este modo, uno de los problemas fundamentales que resolvieron, tanto la Comisión Sudafricana de Verdad y Reconciliación como las comisiones de verdad en Argentina, Chile, Perú, Timor East y Sierra Leona, consistió en justificar moralmente el intercambio de la justicia retributiva por la verdad. Para hacer esto sus defensores mostraron que existen bienes morales como la reconciliación social y el establecimiento de la verdad histórica que son equiparables al bien moral de la justicia retributiva (Tutu, 1999). En una sociedad que avanza hacia el post-conflicto es necesario plantear que, tras el fin de las negociaciones entre el gobierno y los actores armados, se debe conformar una comisión de la verdad que pueda hacer viable lo que en otros países se denominó un intercambio de la justicia centrada en el pasado por una centrada en el futuro. Para esta comisión, el asunto de la concesión de la amnistía a los miembros de las organizaciones rebeldes debe estar enmarcado en los instrumentos de justicia transicional. El Estado en las acciones de juzgamiento, proferidas en el marco de una comisión de la verdad, debe poder suspender la ejecución de penas, aplicar sanciones extrajudiciales y establecer penas alternativas bajo el aspecto recíproco del cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, la contribución al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados y el reconocimiento de la responsabilidad de los autores de actos criminales. Para una sociedad en transición constituye por tanto una prioridad política insistir en procesos de reconocimiento público de las atrocidades políticas y de las violaciones de los derechos humanos. Olvidar no es una buena estrategia para sociedades que transiten hacia la consolidación de instituciones democráticas o que busquen la paz. Fallar en no reconocer las injusticias del pasado conduce a las sociedades a producir ciclos de desconfianza, odio y violencia. El propósito de recordar públicamente daños específicos es hacer que los perpetradores admitan el conocimiento y asuman la responsabilidad por los crímenes cometidos por ellos. Así, el reconocimiento de que se cometieron graves daños en el pasado, que mucha gente fue severamente victimizada y que individuos, grupos y comunidades enteras han sido identificados como responsables por esos crímenes, hace posible la restauración de la dignidad humana y civil de las víctimas, el surgimiento de un nuevo orden moral y político; y esto da a las víctimas la confianza requerida para entrar como participantes normales del orden político emergente. De todo esto se sigue que no debe ser sobreestimado el efecto restaurativo de la amnistía, ni subestimado el poder reconciliador de la justicia penal. La cuestión de cómo hacer frente a los crímenes y autores de un antiguo régimen o de un conflicto armado interno es demasiado difícil y compleja como para darle soluciones fáciles y rápidas. Toda transición es diferente y requiere tomar en consideración las circunstancias particulares de cada proceso de transición.

PERIÓDICO ALMA MATER 624 SEPTIEMBRE DE 2013  

PERIÓDICO ALMA MATER N° 624 SEPTIEMBRE DE 2013

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