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Nº 624, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, septiembre de 2013

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Voz y voto en el escenario del posconflicto Por JUAN DIEGO RESTREPO

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esde la génesis del conflicto con las Farc, la participación en política de esa guerrilla ha sido uno de sus aspectos más sensibles y politizados. No solo porque quienes dejen las armas podrían ser elegidos como senadores, concejales, alcaldes, representantes, incluso presidentes, sino también porque la integración de las Farc a la vida democrática colombiana exige definir mecanismos de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición, para que efectivamente se pueda hacer política sin armas. Cuando surgieron las Farc en 1964, la política colombiana estaba ocupada por el Frente Nacional, una coalición entre liberales y conservadores que se alternó el poder hasta 1974. Y es que, históricamente, la participación política en Colombia estuvo restringida hasta la Constitución de 1991, cuando se abrió el espectro político, tras la dejación de las armas de movimientos guerrilleros como el M-19 o el Quintín Lame, para quienes hubo amnistía e indulto. Hoy, a diferencia de aquellos acuerdos, los indultos totales parecen no ser un camino viable, pues Colombia ha suscrito una serie de tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma —que no contempla ningún tipo de amnistía—, que señalan que tratándose de crímenes de lesa humanidad, los estados adquieren la obligación de castigar a los responsables. “Pero aquí el conflicto se ha degradado tanto que ninguno de los actores, incluido el Estado, está exento de haber incurrido en delitos de lesa humanidad, es decir, secuestros, desapariciones forzadas, violaciones sexuales o ataques a la población civil. Me parece que si hay un real ánimo de resolver el conflicto, Colombia tendrá que ser muy imaginativa”, manifestó Julio González, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para quien la Corte Penal Internacional es un organismo burocrático, lejano y discriminatorio, pues no juzga a países como Estados Unidos. González advirtió que si el país desarrolla una respuesta institucional fuerte, la comunidad internacional va a tener que respetar esos acuerdos. La Corte Penal Internacional ha expresado que en un proceso de paz los países pueden llegar a medidas excepcionales, sin que signifique impunidad para estos crímenes. “Pero debe haber un consenso mayoritario, representativo de la sociedad, apoyado por las víctimas, sobre la necesidad de esa justicia transicional, donde los crímenes de lesa humanidad sean sancionados”, explicó el senador Iván Cepeda. “El asunto problemático radica en que es posible que habiendo sanción de los crímenes haya medidas de suspensión de penas, un ‘sapo’ grande que tragar, porque en ningún proceso de paz en el

mundo, las fuerzas que han depuesto las armas las han dejado para no participar en política”, dijo. Según Julio González, el concepto de justicia está muy ideologizado porque tradicionalmente se considera que es indispensable la cárcel. Por su parte, el director del Instituto de Filosofía, Francisco Cortés, indicó que la negociación va a requerir ciertos grados de perdón. “Creo que las Farc no pueden pretender una amnistía total, van a tener que aceptar ciertas privaciones de la libertad. Esto haría posible que las víctimas sientan que se está haciendo justicia. Si se imponen totalmente las exigencias de justicia, entonces no hay paz y si se imponen completamente las exigencias de paz, las víctimas van a sentir que es algo injusto, asunto que será perjudicial para la historia del país, porque será motivo de nuevas guerras y violencias”. Los expertos coinciden en que por primera vez las víctimas aparecen en el escenario. Iván Cepeda sostuvo que se necesita que las víctimas sean reconocidas, primero por los autores de los hechos criminales, sean de las guerrillas, los paramilitares o el Estado; segundo, por la sociedad, para visibilizarlas ante los distintos actores; y tercero por las víctimas mismas, un asunto que según Cepeda es complicado, pues “no es fácil que alguien levante la mano y diga: yo fui objeto de violaciones y necesito que mis derechos me sean reconocidos”. Antonio Navarro Wolff, quien perteneció al M-19 y ha ocupado diferentes cargos públicos y de elección popular, advirtió que la participación política es el corazón de una paz negociada. También explicó que la búsqueda de una solución jurídica, aunque compleja, es necesaria. Un ejemplo de ello es que se necesitan cinco leyes estatutarias para que el Marco Jurídico para la Paz sea práctico. Dicho marco es una de las herramientas que dispuso el Gobierno Nacional para facilitar la reintegración a la vida civil de los desmovilizados. Finalmente, reducir la participación política a la presencia de excombatientes en los organismos de representación es una mirada simple, pues desconoce aspectos como la financiación de los partidos políticos, las campañas electorales, el acceso a los medios de comunicación y la seguridad de estas personas, quienes corren el riesgo de ser exterminadas como ocurrió con los miembros de la Unión Patriótica en los años ochenta. Por el momento, el histórico problema de la participación política se debate en una mesa de diálogo ad portas de unas elecciones presidenciales inminentes. “Esto va a traer más problemas de los que ya hay, porque todos van a querer sacar provecho de eso, además, dependiendo de quién sea el nuevo presidente, el proceso sigue o no”, advirtió Cortés.

Diplomacia para la paz Por PEDRO CORREA OCHOA

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n las actuales conversaciones de La Habana, como en los anteriores procesos, la comunidad internacional juega un papel importante en la búsqueda de la paz. Que la negociación tenga un especial eco en los medios internacionales y que los gobiernos y organismos de otros países se pronuncien sobre el tema no es gratuito: el colombiano es el último conflicto armado del continente y lograr que en Colombia se estrechen las manos de la paz, le daría un respiro a la región ante una problemática que ha sido recalcitrante. Por ello, la llamada diplomacia para la paz es una pieza clave en las mesas de diálogo. Sin embargo, la actual negociación da cuenta de lecciones aprendidas. “Parece que las partes negociantes, con base en proceso anteriores, llegaron a la conclusión de que la participación internacional es algo que tiene que manejarse con mucho cuidado”, advirtió Sandra Borda, politóloga, internacionalista y docente de la Universidad de Los Andes. Mientras que el actual proceso de paz ha mantenido una moderada participación de la comunidad internacional, los diálogos del Caguán involucraron con vehemencia la participación de representaciones de varios países y organismos internacionales. Según Borda, operó la lógica del mientras más, mejor. “Era ese intento por traer a mucha gente, gente de muy alto perfil como el presidente de la Bolsa de Nueva York, gente que realmente no se sabía qué venía a hacer”, señaló Borda. En esta nueva oportunidad de paz la selección de participantes internacionales ha sido cuidadosa. Cuba y Noruega —cada uno con cualidades particulares para las partes del proceso—, no solo han actuado como sedes, sino también que participaron desde el inicio del proceso y continúan como garantes. Venezuela y Chile, en cambio, actúan en calidad de acompañantes del proceso. “Creo que se aprendió que si Estados Unidos está tan inmerso en el proceso de paz, a ojos de la insurgencia le quita legitimidad y produce una tensión difícil de manejar para el gobierno”, dijo Borda. Si en el Caguán hubo incluso reuniones del Departamento de Estado estadounidense y la guerrilla, en este proceso de paz las reuniones y declaraciones de ese

PERIÓDICO ALMA MATER 624 SEPTIEMBRE DE 2013  

PERIÓDICO ALMA MATER N° 624 SEPTIEMBRE DE 2013

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