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Nº 652, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2016

De la justicia penal para la paz

Por JOHN E. ZULUAGA T.*

E

l acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz —JEP— dado a conocer el pasado 15 de diciembre de 2015, propone un modelo de justicia que se aplicará a los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Esta jurisdicción se concibe junto a otros mecanismos y medidas dirigidos a componer el llamado Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición —SIVJRNR—. El acuerdo sintetizó aquel optimismo que ha marcado el desarrollo de la justicia transicional —JT— en Colombia sobre el uso de la pena y del derecho penal como medidas de transición, frente a las que se ha subordinado la terminación del conflicto armado, es decir, una de las condiciones de probabilidad de la paz en Colombia. Paradójicamente, con el protagonismo que se le otorga al procedimiento penal en la JEP se podrían encontrar, una vez más, razones para explicar cómo ésta terminará por extraer y minimizar la maniobrabilidad y posibilidades adaptativas de otras condiciones para la resolución del conflicto armado colombiano. El acuerdo para el desarrollo de una JEP prevé un trámite para quienes reconozcan verdad y responsabilidad y otro diferente para quienes no la reconozcan (num. 45). El reconocimiento de verdad y responsabilidad es el factor determinante para definir el tipo de sanción a aplicar (num. 28 y 47). Dicho reconocimiento puede ser pleno, tardío o nulo. En el primer caso habrá una pena de 5 a 8 años

de restricción de la libertad, en el segundo caso de 5 a 8 años de cárcel y en el tercer caso hasta 20 años de cárcel. Precisamente por concebir la continuidad del trámite ante la existencia o ausencia de reconocimiento es que el dualismo procesal se consagra como esencial a la JEP. La continuidad del sujeto procesal es preponderante frente a la pretensión de verdad y la permanencia del mismo prima sobre ésta, de tal manera que el reconocimiento de verdad y responsabilidad podría terminar siendo prescindible. La ambigüedad en la delimitación del objeto procesal que arrastra aquel dualismo, sin duda, impactará los rendimientos de la JEP. No solo porque la JEP se propone abordar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, sino, además, por la necesidad que habría de investigarlos y juzgarlos ante la falta de reconocimiento de los mismos. A la (desbordada) dimensión ratione materiae y a la sub-especialización procesal dentro de la JEP, se suma el retorno del escriturismo como método de reconocimiento de verdad y responsabilidad (pág. 30 num. 47; pág. 32, num. 48 (g)). La relativización de los rendimientos de la JEP tampoco encuentra en las cláusulas del acuerdo relativas a la selección y priorización de casos un parámetro de compensación procesal. La interpretación de las cláusulas abiertas sobre criterios de selección y priorización de casos no solo exige cierta complementariedad con otros parámetros normativos, sino, también, conduce a que el futuro desarrollo legislativo del acuerdo integre sistemáticamente todas estas pautas. La pregunta es hasta qué punto el acuerdo es susceptible de una integración normativa, por ejemplo, con el artículo transitorio 66 de la Constitución (véase al respecto nuestro trabajo sobre justicia transicional y Constitución Nacional, pp. 168 ss.). Si así fuese, el desarrollo legislativo del acuerdo debería someterse a la ley estatutaria que debe regular el inciso 4 del artículo transitorio 66 de la CN.

Respecto a esta integración normativa y, concretamente, frente a los parámetros de la Corte Constitucional en la sentencia C-579 de 2013, resulta algo problemática la concepción de la responsabilidad por mando y, en ese sentido, la determinación de máximos responsables que promueve el acuerdo (pág. 29, num. 44; pág. 39, num. 59). Se establece que no habrá responsabilidad por mando fundada en rango, jerarquía o ámbito de jurisdicción, sino, basada en el control efectivo y el conocimiento suficiente de la conducta de sus subordinados (pág. 29, num. 44; pág. 39 num. 59). En ese sentido, bajo los criterios de “control efectivo” y “conocimiento suficiente de la conducta”, parecería que la noción de máximo responsable se equipara a la de autor según el criterio del dominio del hecho, lo cual excluiría a los determinadores como máximos responsables. Last but not least deben examinarse las condiciones que se derivan del SIVJRNR para la definición de los ámbitos de aplicación de la JEP. En la determinación de estos ámbitos se concretan los núcleos de verdad sobre el conflicto. El asunto esencial en la JEP es la definición de los combatientes que se concentrarán, y, posteriormente, vincularán a dicha jurisdicción y en los que se soporta el reconocimiento de verdad y responsabilidad. Frente a esto será determinante tanto la intervención del mecanismo tripartito aprobado en la Resolución 2261 del 25.01.2016 (párag. 2) del Consejo de Seguridad de la ONU (véase al respecto Ambos, 01.02.2016), como también el diseño de un adecuado mecanismo de verificación de identidades por parte de los organismos judiciales y administrativos que intervengan en la fase de concentración y desmovilización. * LL.M y doctorando de la Georg-AugustUniversität Göttingen (Alemania). Investigador adscrito al Centro de estudios de derecho penal y procesal penal latinoamericano de la misma Universidad.

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El currículo sitiado

Está en circulación el libro El currículo sitiado, escrito por José Ramiro Galeano Londoño, profesor de la Universidad de Antioquia y Magíster en Educación. “El Departamento de Antioquia —la región antioqueña— ha venido viviendo, al igual que Colombia, en medio de una de las confrontaciones de más de cincuenta años, —para solo contar la última con la guerrilla de las FARC— y ve la educación como opción de movilidad social para salir del círculo vicioso de la pobreza y la violencia. Pero por más que se mueve con programas como Medellín la más educada, Antioquia la más educada 2012-2015, Colombia las más educada 2013-2017 como se quiere mostrar a través de indicadores en la última década, no alcanza a generar un movimiento por la pertinencia de la educación. Para esta investigación ‘El Currículo sitiado. Un modelo de observación de objetos y procesos curriculares’, el profesor Galeano tomó el periodo 2008-2011 en los cuatro niveles de planificación de la educación: Departamental, Metropolitana, Medellín y Universidad de Antioquia. El profesor muestra su preocupación en datos como: cobertura, deserción, calidad, pertinencia, pobreza y miseria. (…)”. (Fragmento del prólogo, escrito por Queipo Franco Timaná Velásquez, exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia)

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