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Nº 652, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2016

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¿El Acuerdo sobre víctimas expresa la capitulación ante las Farc?

En una sociedad en transición de la guerra a la paz se produce una contradicción entre las demandas de justicia y las exigencias de paz, de manera que ambos valores deben ser ponderados de forma tal que los imperativos de justicia no hagan imposible la negociación del fin del conflicto.

Por FRANCISCO CORTÉS RODAS*

L

os logros conseguidos en el proceso de negociaciones entre el gobierno y las Farc en estos últimos tres años, con los acuerdos de desarrollo rural, drogas ilícitas, participación política, se amplían mucho más con el “Acuerdo sobre víctimas del conflicto” —AV—. Estos acuerdos nos permiten ver el proceso con un cierto optimismo, sin embargo, hay asuntos complicados que profundizan las diferencias en la sociedad, radicalizan el conflicto y ahondan la polarización. Uno de estos asuntos difíciles es el de la impunidad frente a los graves crímenes cometidos por los miembros de las guerrillas. Para Human Rights Watch — HRW—, la propuesta de una jurisdicción especial para la paz —JEP—, contenida en el AV, no es más que la expresión de una política de impunidad. Así escribe: “El acuerdo prevé que el Tribunal aplicará un régimen de sanciones, que no reflejan los estándares

aceptados sobre el castigo adecuado frente a abusos graves, y hacen que sea prácticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho internacional de asegurar justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”.1 Esta crítica es importante y debe ser tenida en cuenta, pero la aseveración de su vocero José Miguel Vivanco, según la cual el acuerdo es un pacto de impunidad, debe ser cuestionada con razones jurídicas y políticas. La impunidad es un hecho frecuente que se ha dado de múltiples formas en todo el mundo; significa, por ejemplo, que los ataques y violaciones de los derechos humanos contra la población civil en Argentina, Chile, Siria, Ucrania, Palestina y Colombia no han tenido consecuencias penales ni para los jefes de Estado, ni para los militares, ni para los paramilitares, ni para las guerrillas involucradas en masacres y graves crímenes. Significa también que las violaciones de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, encubiertos, iniciados o promovidos por el Estado en distintos países del mundo, quedan sin castigo. La definición jurídica de impunidad, “implica la no persecución penal de conductas (acciones y omisiones), que encuadran en principio en el derecho penal nacional material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que —por razones más bien fácticas que normativas— no resultan castigadas.»2 La idea aquí es que el imperio de la ley requiere que ninguna persona esté por encima de ella y que todos estén sujetos al mismo tratamiento frente a ésta. Enjuiciar a criminales reafirma el principio de que nadie

está más allá del alcance de la ley y que los ciudadanos tienen derechos. El argumento del Estado de derecho es que si un Estado tiene el deber de perseguir los crímenes, es de pura lógica concluir que no puede eximirlos de castigo, por ejemplo, mediante una amnistía que permita la impunidad.3 En este sentido, si por leyes de impunidad se hace referencia a las disposiciones de amnistía y otras resoluciones especiales que impiden la penalización de los criminales, podemos decir, entonces, refiriéndonos al AV, que este no es expresión de una “piñata de impunidad”, como afirma HRW, porque está basado en el aseguramiento de la justicia en el ordenamiento estatal. Este incluye mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de graves crímenes, y un mecanismo extrajudicial, la comisión de la verdad. En el AV se diferencian los amnistiables, que son aquellas personas acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos, que serán la mayoría de los guerrilleros, y los no amnistiables, que son aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y otros graves crímenes. Estos últimos serán investigados por el “Tribunal para la paz” que los procesará e impondrá las sanciones que incluirán restricciones efectivas de la libertad o pena privativa de la libertad, dependiendo de si las personas en el proceso de investigación reconocen o no su responsabilidad. Para quienes reconozcan su responsabilidad habrá restricciones efectivas de la libertad de 5 a 8 años, para los segundos, penas privativas de la libertad (cárcel) de 15 a 20 años en el caso de conductas muy graves.

Con esto se cumple una responsabilidad del Estado de derecho que es el ejercicio del ius puniendi, que significa el derecho o facultad del Estado para castigar. Los opositores del proceso de paz consideran que si los guerrilleros no son juzgados en el marco del derecho vigente, estaremos ante el proceso de legalizar la capitulación ante las Farc. Contra esta afirmación debo argumentar, basado en los artículos 40 y 41 del AV, que los perpetradores de delitos atroces no quedarán en la impunidad. Esta solamente se da cuando los criminales quedan libres de toda sanción, no cuando ellos están sujetos a un sistema alternativo que los juzgue y determine su responsabilidad. Muchos consideran que si los criminales no son procesados y juzgados ellos quedan libres de toda culpa y responsabilidad, y que la justicia no ha sido realizada. Pero debe quedar claro que tanto el Marco jurídico para la paz, como las sentencias de la Corte C-579 de 2013, C-577 de 2014 y el AV plantean las condiciones legales y constitucionales para el procesamiento y juzgamiento de los perpetradores de graves crímenes. Con estos argumentos queda demostrado que la tesis de HRW y de otros críticos, según la cual la jurisdicción especial para la paz no es más que un pacto de impunidad, es una invención infundada y falsa. * Director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia 1. https://www.hrw.org/es/news/2015/12/21/ analisis-de-human-rights-watch-sobre-elacuerdo-sobre-las-victimas-del-conflicto 2. Ambos, K., El marco jurídico de la justicia de transición, Temis, Bogotá, 2008, p. 37. 3. Ambos, K., El marco jurídico de la justicia de transición, Temis, Bogotá, 2008, p. 35.

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