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Nº 652, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2016

a las necesidades de la población; igualmente, es muy preocupante que actores tanto públicos como privados, de aseguramiento y de prestación de servicios, hayan producido descalabros o ineficiencias como los que hoy se conocen de Saludcoop, Cafesalud, Caprecom y de hospitales y clínicas. En cierta forma, el país está abocado a cumplir la promesa de la cobertura universal y a hacer valer principios de ética pública para alcanzar mejores resultados. En medio de estas contradicciones y del debate inacabado y poco convergente, el principal reto que enfrenta el país está marcado por la Ley Estatutaria de Salud. Tenemos la oportunidad de avanzar hacia un sistema más maduro, haciéndolo compatible con el derecho fundamental a la salud, o bien, de dar paso al sistema que pudiera ser necesario para este propósito. Mientras tanto, el tiempo parece agotarse, y a tan sólo diez meses de formalizar uno de los cambios más destacados que pudieran darse, no se tiene claridad y no hay un pronunciamiento oficial que permita despejar las dudas o interpretaciones diversas sobre su alcance. Se trata de pasar la página del POS e iniciar una nueva etapa centrada en un plan integral de salud. El plan integral de salud, a diferencia del POS que está basado en una lista de inclusiones, sería un plan implícito que permitiría el reconocimiento de las tecnologías disponibles, excepto aquellas que sean expresamente excluidas. En términos de sostenibilidad financiera, parece muy difícil de lograr un propósito como estos y tal vez lo que aumente aún más sea la insatisfacción y la exclusión indeseable que perjudica a las personas más vulnerables. Como he participado en diferentes escenarios de debate académico y de política y no he encontrado una respuesta clara y de consenso, mantengo entonces como preguntas o hipótesis los siguientes aspectos: ¿A partir de febrero de 2017, no hablaremos más en el país del POS y de verdad contaremos con un plan que permita a los médicos formular con mayor autonomía? Si es así, ¿cómo se financiará dicho plan y quiénes estarían dispuestos a administrarlo? * Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e integrante del Grupo de Economía de la Salud Referencias • GES, Grupo de Economía de la Salud (2015). El gasto y la prioridad de la salud en Colombia. Observatorio de la Seguridad Social N°. 31. Medellín, diciembre, pp. 1-13. • OECD, Organization for economics and cooperation development (2015). OECD Reviews of Health Systems: Colombia 2016, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi. org/10.1787/9789264248908-en • OPS/OMS, Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (2014). Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. 53º. Consejo Directivo y 66ª. Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. Washington, D.C., 29 de septiembre al 3 de octubre.

Asoprudea. Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. Ciudad Universitaria. Bloque 22, oficina 107. Teléfono 2195360. Fax 2636106 • http//Asoprudea.udea.edu.co • La columna “Ágora” es responsabilidad de Asoprudea.

El proceso rectoral de reforma de la UdeA Por CARLOS ENRIQUE RESTREPO Comisión sobre Planes y Gobernabilidad Asamblea General de Profesores UdeA

P

asada la traumática experiencia de ensayo y error que fue el Acuerdo Académico 480, por primera vez desde que dio a conocer su Plan de Acción Institucional 2015-2018, el rector de la UdeA Mauricio Alviar se refirió públicamente a la reforma de la Institución que cursa bajo su administración. Lo hizo en el marco de la Jornada de debate sobre gobierno universitario: democracia, representación y participación en la universidad pública convocada por la Asamblea General de Profesores a través de la Comisión sobre Planes y Gobernabilidad y por la Asociación de Profesores, con apoyo de la Secretaría General, los días 10 y 11 de marzo de 2016. El encuentro fue una valiosa oportunidad para debatir los procesos de reforma universitaria en los contextos global, nacional y regional, en diálogo con experiencias análogas presentadas por el rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte, y los profesores Leopoldo Múnera de la Universidad Nacional, María Elena Erazo de la Universidad de Nariño, y Carlos Gamboa de la Universidad del Tolima. De la intervención del rector Alviar en dicha Jornada, queda claro que la reforma universitaria es un proyecto en firme, que se tramita en las instancias de dirección, pero del que apenas sí se ha informado a la comunidad universitaria sobre sus principios y contenidos. En particular, el rector Alviar se refirió al Objetivo 7º de su Plan de Acción que consigna la llamada “actualización normativa”, en nombre de la cual pretenden ser reformados todos los reglamentos y normas de la Universidad comenzando, según lo dio a conocer, por los Estatutos General y Profesoral y por el Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos. Si bien las declaraciones del rector Alviar ratifican los anuncios de su Plan de Acción, resultan elusivas e imprecisas, máxime cuando no se logra entrever en ellas el derrotero indispensable de una idea de universidad. Hasta ahora no hay mayor claridad sobre los motivos y contenidos que sustentan el proceso, ni sobre las metodologías implementadas para su realización. Argumentos como que los estatutos actuales —expedidos en 1994— son ya viejos o que tienen vacíos de ilegalidad respecto a la normativa nacional son desde todo punto de vista insuficientes. Pero más preocupante aún es que las iniciativas de reforma se limiten para el rector a una cuestión de trámite, sin una convocatoria amplia a los distintos actores de la comunidad universitaria, mantenidos al margen como meros espectadores y receptores de un proceso que implica

enormes decisiones políticas. Ciertamente, la reforma universitaria puede apertrecharse en la legalidad de su trámite, lo cual no implica necesariamente su legitimidad. Ésta sólo puede provenir de la participación amplia de los estamentos universitarios reconocidos como actores constituyentes dotados de la autonomía formal y real para darse a sí mismos sus normas y reglamentos. En este aspecto, no hay que olvidar que el principio de la autonomía universitaria es extensivo a la idea de que los universitarios están facultados para su autodeterminación. Por eso, al principio de la autonomía es correlativa la puesta en práctica de una democracia universitaria, que debe ir más allá de la forma limitada y frágil de la democracia representativa, hasta alcanzar su dimensión constituyente en procesos de construcción colectiva. En esa medida, el anuncio rectoral de las reformas estatutarias es una oportunidad que corresponde a los universitarios no dejar escapar, para hacer valer su condición de actores concernidos por un proceso que, en razón de su alcance, no puede ser dejado a la suerte de un simple trámite comandado al capricho de las instancias de dirección. Para los estamentos universitarios es el momento de congregarse en una dinámica de organización asamblearia, que pueda dotar a los futuros andamiajes normativos de una visión de universidad pluralista, participativa y democrática, cuya premisa ha sido y debe seguir siendo el rasgo distintivo de la institución universitaria desde sus orígenes. Por parte del rector Alviar, esta posibilidad exige dar un solo paso: aportarle al proceso voluntad política. Experiencias como la de la asamblea universitaria que orientó las reformas en la Universidad de Nariño y los intentos de una constituyente universitaria en la Universidad del Tolima son ejemplos claros de que los procesos de reforma pueden conocer otros caminos que los transitados actualmente en la UdeA, los cuales exigen apuestas mucho más valerosas que la de iniciativas reformistas meramente burocráticas, por ello mismo pálidas y deslucidas. Los riesgos y retos de un proceso de reforma universitaria son enormes, pero son los que vale la pena correr si en su fondo pulsan genuinas intenciones transformadoras. Corresponde a los universitarios apersonarse y apropiarse de dicho proceso, en uso legítimo del principio de la autonomía, para que una polifonía concurra en la decisión del destino de la Universidad.

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