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Nº 652, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Medellín, abril de 2016

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Cartografías para la autonomía territorial Por ÁNGELA AGUDELO

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uchas comunidades en Colombia se han vuelto más visibles e inciden en las políticas públicas, gracias al ordenamiento que hacen de su territorio a través de la cartografía. “Hay veces, si uno mira los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi —Igac—, que es el ente rector de la información geográfica y cartográfica en el país, que no existen los nombres de unas comunidades, no existen unos ríos, hay unas zonas que están dudosas…”, afirma Willinton Murillo, profesional del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato —Cocomacia—, que trabaja por 45 mil habitantes de dos departamentos, representados en 124 consejos comunitarios locales. Él, como muchos otros líderes, es consciente de que se requiere hablar el mismo lenguaje de los otros para que todos entiendan y puedan ayudar. “A través de la cartografía social —agrega— pudimos dibujar nuestros ríos, nuestras quebradas con sus nombres; dónde están ubicados nuestros asentamientos realmente, saber qué teníamos en el entorno en cuanto al tema del bosque, de la flora, de la fauna, las zonas de conservación que visionábamos”, explica. Pero, ¿qué es la cartografía social? “Es un proceso que implica la apropiación de métodos y enfoques de la cartografía convencio-

nal, pero a partir de intereses y de enfoques que tienen las comunidades sociales”, responde la docente Johana Herrera, del Observatorio de Territorios Étnicos, de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana. Los dos expertos fueron ponentes del IV Seminario internacional de estudios socioespaciales “Nuevos mapas y contra-mapas”, que realizó el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en Medellín, del 16 al 18 de marzo.

Necesidades El propósito de este ejercicio, en palabras de Willinton Murillo, es “incidir y ver cómo de una u otra forma ayudan desde el Gobierno a transformar ese poco de necesidades que tenemos”. Por eso, recurren a lo técnico, para que el Gobierno conozca las condiciones en las que viven y las amenazas que han tenido en el marco del conflicto armado y de los desastres naturales, entre otras dificultades. Se trata de comunidades que están en procesos de disputa por la tierra, por los recursos naturales y que hacen sus propias representaciones de los lugares que habitan, intentando con éstas, en la mayoría de los casos, acceder a derechos de uso o de propiedad sobre estos lugares, según la investigadora de la Universidad Javeriana. “Es un proceso muy complejo que implica por supuesto la elaboración de mapas, pero también la elaboración de narrativas históricas sobre el devenir de estas comunidades y sus posibilidades a futuro”, resalta. En su opinión, el Estado está en mora de reconocer a los afros y la posibilidad de propiedad colectiva en el Caribe. “Eso

es una urgencia y es un derecho que tienen estas poblaciones”. La experta compara las titulaciones otorgadas, desde la promulgación de la Ley 170, a comunidades negras en el Pacífico, que poseen más de 5 millones 200 mil hectáreas y más de 170 títulos colectivos, en contraste con el Caribe, donde “hay dos mil y pico de hectáreas y cuatro títulos colectivos”. Si la población afro del Caribe hiciera uso de estas figuras de uso preferente, podría proponer un mayor control a la industria minera que hay, así como al tema de plantaciones forestales y de cultivo de palma africana allá, según Johana Herrera.

Conflicto y paz Entre las tres cartografías que se han podido realizar en la región —Valledupar, Montes de María y la zona insular de Cartagena—, destaca los avances en Montes de María. Estos habitantes “fueron priorizados en los procesos de restitución de tierras con enfoque étnico, y eso fue gracias a todo el trabajo de visibilidad que ellos hicieron con su trabajo de cartografía social”, dice. Reconoce que Valledupar también está siendo tomado por el Estado como un caso de reparación colectiva. “Pensamos que toda esta legislación de la transición hacia la paz puede ser la oportunidad para saldar esas viejas deudas que se tienen con las comunidades en torno a la tierra. Es la posibilidad de que sean “casos emblemáticos, que se pueden trabajar a profundidad, pues tienen que ver con más de seis, siete, ocho años de mapeo social participativo en estas zonas”, resalta.

En el Pacífico, por su parte, Willinton Murillo señala que el ejercicio de la cartografía social es prioritario para Cocomacia, porque genera orden y éste, a su vez, permite el empoderamiento y el desarrollo de procesos que les para ser más analíticos y precisos a la hora de tomar de decisiones. “Se ha ido generando una autonomía gracias al conocimiento del territorio, más allá de la aplicación de lo técnico, que ha servido también para el empoderamiento y que la gente quiera permanecer en su territorio”, expresa. La Asociación de Cabildos Indígenas Nasachacha, que trabaja por 17 resguardos (34 mil pobladores) en 168 mil hectáreas de PáezBelalcázar, también estuvo en el seminario. Según su representante, Guillermo Santamaría, hay en esta zona del sur del país, un conflicto natural por erupción volcánica, un conflicto sobre el manejo de la tierra, que es no apta para la agricultura, y el conflicto armado. “Nosotros somos pioneros en el ejercicio de la cartografía; fuimos creadores del ejercicio de la cartografía social desde 1984. Hemos ido indagando, y ahoritica construimos escenarios de poligrafías sociales porque ahora, en vez de una, hay múltiples maneras de ver”, afirma. En su concepto, las comunidades tienen una manera diferente de establecer el escenario y pueden construir territorios autónomos que “declaramos nosotros de hecho”. De ahí que tanto él como el líder del Atrato Medio manifiesten sus temores frente al posacuerdo Gobierno-Farc. “Las condiciones de un conflicto inactivo es guerra; un conflicto dinámico genera paz”, observa.

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