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Especial 7

p QUINCENARIO DEL 28 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2012 las EPS y aquellos que son ‘incomodos’ para la privatización serán vacados. Desplazando de esta manera a las actuales juntas de accionistas y directorios que eran manejados y digitados acorde a los intereses de los alcalde de Huancayo y el Tambo (en el caso de Sedam Huancayo). También dice este proyecto: “Emitirán lineamentos y protocolos de obligatorio cumplimiento” lo que se traduce como un manejo burocrático desde Lima a todas las EPS, tomando el control total. También tendrá como objetivo: “Promover la fusión de varias EPS… evaluaran la solvencia técnica económica y financiera para promover inversión privada sobre la misma” Lo que quiere decir que aquellas pequeñas EPS serán fusionadas con otras y manejadas económicamente desde Lima por funcionarios puestos a dedo por Ollanta Humala. Pero aquí viene lo peor, dice los objetivos de la (OTASS): “Elegirá a los miembros del directorio y gerentes de las EPS” con lo que desplaza de un plumazo a los alcaldes de la junta general de accionistas y les quita la gallina de los huevos de oro.

Clasificación de las EPS para intervenirlas

Según el proyecto de ley, las EPS se clasificaran en 3, a).EPS que no incurran en causal para la aplicación del régimen de apoyo transitorio b).- EPS

EL pueblo saldrá una vez más a las calles para defender el agua. que incurran en causal para la aplicación del régimen de apoyo transitorio y c).- EPS que incurran en causal para el inicio de procedimiento concursal. Como se ve, esta clasificación es puro formalismo porque ninguna EPS está en la clasificación (a) la gran mayoría está en la clasificación (b) y (c). En pocas palabras, están para la intervención o la venta. En el artículo N° 27 de este proyecto de ley son más avezados y señalan de

manera directa: “Quedaran suspendidos los derechos y atribuciones de la Junta General de Accionistas o Junta de Socios de las EPS” con lo que los alcaldes perderán su agencia de empleos y caja chica (como el caso de Sedam Huancayo), pero no queda allí, va mas allá cuando señala también: “Serán removidos de sus cargos y funciones los miembros del directorio de las EPS”. Es más, finaliza apropián-

dose de la propiedad municipal cuando puntualiza: “Serán transferidas las acciones de las EPS de la titularidad de las municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales al fideicomiso de garantía. En palabras simples, los alcaldes pierden el control de las EPS, los miembros del directorio serán designados en Lima y para colmo las propiedades muebles e inmuebles pasan al poder de la (OTASS), listas para someterlas a la venta, sin

¡NO A LA VENTA DE SEDAM HUANCAYO!

duda un negocio bien planificado al estilo de los gánster y mafiosos.

Así se rematara las EPS, el agua será propiedad privada.

Las EPS que están en un estado calamitoso técnica y financieramente (caso Sedam Huancayo) serán sometidos a la venta bajo la denominación de ‘Procedimiento Concursal’ para promover dice la inversión privada, dice su artículo N°

37: “De acuerdo al Art. 47 de la ley general de servicios de saneamiento, Ley N° 26338 las EPS pueden propiciar la participación del sector privado para mejorar la gestión empresarial” con lo que queda claro que la finalidad de este gobierno ‘nacionalista’ no está contento con rematar el oro de Cajamarca, si no que ahora le ha puesto el ojo al agua. Ante esta situación urge el inmediato pronunciamiento de las fuerzas vivas de la región Junín que en reiteradas oportunidades se han opuesto a la privatización del agua con gigantescas marchas de protesta, de igual manera los sindicatos de Sedam Huancayo y los socios accionistas de esta empresa monopólica que de concesionarse a privados será sin duda una puñalada artera del gobierno de Ollanta Humala al pueblo que confió en el y votaron por el cambio. Sedam Huancayo con todas sus falencias y problemas, es nuestra la empresa de los Huancaínos y no vamos a permitir que ahora el gobierno pretenda vender el agua apropiándose de los recueros de los huancaínos. La Verdad, en su lucha tenaz por los sagrados intereses del pueblo pone en alerta pública este nuevo mecanismo del Gobierno para vender el agua que tomamos. El pueblo ahora tiene la palabra ¿Permitiremos que vendan el agua? La respuesta la tiene usted amable lector.

Privatización del agua fracasó en el mundo Javier Briceño

CASO COLOMBIA

En Colombia se han producido dos recientes noticias en torno al agua. La primera, la enérgica protesta de los trabajadores del Acueducto de Bogotá, contra la profundización del modelo de contratación de gestores privados para el manejo de la comercialización y algunas operaciones técnicas y, la segunda, el inicio del Referendo del Agua, una iniciativa popular legislativa para que, el líquido sea un bien público, y el acceso de los ciudadanos a él sea un derecho fundamental. La privatización del agua en diversas modalidades se impuso, entre otras, en Bogotá (la operación comercial), Tocaima, Agua de Dios, Cúcuta, Neiva, Chía, Melgar, Maicao, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Corozal, Montería, Tunja, Girardot, Tuluá, Palmira, Puerto Colombia,

Dato , En Buenos Aires, la empresa Aguas Argentinas incrementó las tarifas 88,2% entre 1993 y 2002, periodo durante el cual la inflación aumentó solo 7,3%.

Florencia y Soledad, En casi todos están quienes se han convertido en oligopolio de talla nacional. Ninguna de ella ha solucionado el problema, al contrario la ha agudizado.

CASO ARGENTINA

En los años noventa, la mitad de las provincias argentinas (12 de 24) transfirieron al capital privado, bajo el régimen de concesión, la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las principales áreas geográficas de sus respectivas jurisdicciones. Lo propio realizó el Estado Nacional en lo relativo

al mayor sistema integrado de ambos servicios casi nueve millones de habitantes. Se trató, mayoritariamente, de consorcios bajo control accionario de importantes empresas transnacionales del agua (Suez, Vivendi, Azurix, Saur, Dragados, Thames Water, Anglian Water, etc.) En un escenario caracterizado por cambios radicales en el contexto macroeconómico y político local, la salida de operadores internacionales emergió como un fenómeno generalizado que, en muchos casos, devino de la rescisión de los respectivos contratos de concesión.

CASO BOLIVIA

La evidencia empírica también demuestra que la privatización fracasó en este país, como ocurrió, por ejemplo, en Cochabamba, donde los servicios de agua y saneamiento fueron privati-

zados en 1999 mediante una concesión a la empresa Aguas del Tunari. Luego de efectuado el traspaso, una de las primeras decisiones de la compañía fue elevar las tarifas 35% en promedio. A pesar de que el incremento supuestamente estaba orientado a los usuarios de mayores ingresos, en la práctica los más afectados fueron los sectores pobres. Éste fue uno de los elementos detonantes de la movilización social que en marzo de 2000 resultaría en la renuncia del gabinete nacional y en la cancelación del contrato de privatización. La empresa ha demandado al Estado boliviano y el caso se discutió en un tribunal internacional. Tras varios meses de conflicto, la concesión fue cancelada pero la empresa concesionaria reclamó una indemnización, de 300 millones de dólares. Una muestra más que las privatizaciones no funcionaron.

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