Issuu on Google+

CUADERNILLO Nยบ3

Ambiente y Recursos Naturales


pรกg. 2

DOCUMENTO: O.G.M. Y PROPIEDAD INTELECTUAL: CONFLICTOS LOCALES Y GLOBALES

Ambiente y Recursos Naturales

Aldo Pedro Casella Fac. de Derecho-UNNordeste Argentina


O.G.M. y propiedad intelectual: conflictos locales y globales Aldo Pedro Casella Fac. de Derecho-UNNordeste Argentina

1.- La introducción de los Organismos Genéticamente Modificados en la producción agraria y alimentaria ha planteado diversas cuestiones por sus derivaciones ambientales y en la seguridad alimentaria. Paralelamente, notorio es también que la posibilidad de utilización de la ingeniería genética para aquellas finalidades de trascendente significación económica, impactó profundamente en el sistema científico. Tampoco puede obviarse la alteración de las estructuras sociales y productivas que ha acompañado en muchos casos a la difusión de los cultivos transgénicos. Es suficiente recorrer la abundante literatura vinculada a los organismos genéticamente modificados para advertir la importancia que se ha otorgado a esas cuestiones. Ahora bien, en esta intervención me ocuparé de otra cuestión que la nueva tecnología colocó en primer plano, esto es, la de los derechos intelectuales sobre innovaciones biotecnológicas de aplicación agrícola, incluyendo las derivadas de la biotecnología tradicional pero con especial referencia a las propias de la biotecnología moderna, caracterizada por valerse de la tecnología del ADN recombinante y por ello estrechamente vinculada al tema de los organismos genéticamente modificados1 .

1

Como enseña Munoz de Malajovich, María Antonia en Biotecnología, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2006, pag. 151, con la tecnología del ADN recombinante se puede transferir un gen de una especie a otra, uniendo moléculas de ADN de diferentes orígenes, y obtener una combinación nueva que no existe en la naturaleza. La utilización de esta herramienta distingue la biotecnología moderna de la tradicional. Al menos, así se intentó marcar la diferencia al redefinir el concepto de biotecnología ante el impacto de la ingeniería genética reemplazando la expresión “intervención de organismos vivos” por “empleo de procesos celulares y moleculares”. Sin embargo, nos advierte la autora citada – ividem, pag.26 - “debido a la enorme difusión de las técnicas de manipulación genética, ambas acabaron superponiéndose, y fuera del contexto histórico resulta difícil distinguir el limite entre ambas”. Esta observación justifica que al abordar cuestiones sobre propiedad intelectual y organismos genéticamente modificados debamos tomar en consideración tanto las que aparecen más relacionadas con innovaciones obtenidas con métodos tradicionales

No hay duda que la biotecnología moderna y la impresionante repercusión económica que acompañó su aplicación en el campo de la producción agraria promovió la reformulación del sistema de propiedad intelectual en innovaciones vegetales. Como es sabido, el asunto fue incluido en las negociaciones comerciales internacionales, y sigue siéndolo en las de carácter regional, a impulso de las compañías con intereses en ese sector y sus potencias de origen, que persiguen una profundización de la protección que les garanticen mayor control y seguridad de retorno de sus inversiones. No es casual que el ámbito actual de discusión sobre estas nuevas pautas sea el de las negociaciones comerciales, pues es allí donde la presión de la superioridad económica logra los mejores resultados. La prueba está en la celebración en el marco de la Ronda Uruguay del GATT de 1994 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP), que incluye también para las innovaciones biotecnológicas las reglas básicas que se obligan a adoptar todos los países, y la invariable referencia incluida en los tratados regionales de libre comercio (TLC)que comprometen a los signatarios a incorporar en sus derechos normas aún más protectivas que las previstas en aquél. Resulta así evidente la relevancia asignada a la propiedad intelectual, lo que se justifica pues es el instrumento que permite el dominio y control de todo el sistema económico surgido en torno a las nuevas tecnologías. Por ello, en un tratamiento sistémico de las cuestiones suscitadas en como las adjudicables a la biotecnología moderna, que, como se verá en el texto, resultan finalmente intimamente entrelazadas, lo que coincide con la observación de la autora. Ella luego define “de una manera amplia” a la biotecnología “como una actividad basada en conocimientos multidisciplinarios , que utiliza agentes biológicos para hacer productos útiles o resolver problemas”(ividem, pag. 27).

pág. 3


Ambiente y Recursos Naturales

pág. 4

torno a los organismos genéticamente modificados, el régimen de propiedad intelectual ocupa un lugar central. Para apreciar las alternativas de su configuración y aplicación actual, los interrogantes que plantea y las posibles consecuencias, es ilustrativo hacerlo, previa reseña de su cuadro normativo, a partir de los grandes conflictos en curso, algunos en instancia judicial. Con la salvedad de que responden a problemas comunes, al punto tal que presentan una relación de continuidad entre ellos, los distinguimos en locales y globales. Los primeros son los que se desarrollan entre agricultores y titulares de propiedad intelectual sobre semillas e innovaciones biotecnológicas, o compañías semilleras y de biotecnología, por el uso de las semillas. Tienen como gran escenario el de los países de Sud América de producciones extensivas, como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, en relación principalmente a las semillas de variedades transgénicas, y entre ellas las de soja resistente a glifosato, más conocida como soja RR. Los conflictos globales afectan al comercio internacional de productos o subproductos de organismos genéticamente modificados; en los casos que relataremos, se trata de harina de soja producida en Argentina a partir de soja transgénica e importada a países de la Unión Europea, en los cuales la compañía MONSANTO demanda a los importadores invocando patentes sobre genes incorporados en la mercadería. 2.- La protección de las innovaciones vegetales comparte con la reconocida en otros ámbitos de la tecnología la finalidad de otorgar al titular un derecho de exclusividad temporario sobre las mismas, con el alcance reconocido por la ley. Ello no obstante, en el ámbito vegetal presenta en su origen y en la configuración actual características propias, y consecuentemente contenidos, soluciones y problemas particulares. Como es sabido, el derecho de patentes se presenta desde siempre como el paradigma de protección intelectual de invenciones. Las innovaciones vegetales estaban originariamente excluidas de la protección por patentes, exclusión que todavía rige en la mayoría de los países. A instancias de los fitomejoradores y para acceder a una

protección similar a la que se otorgaba en otros ámbitos de la innovación se concibió el sistema alternativo cuya denominación más difundida es el Derecho del Obtentor Vegetal (DOV). En su concepción se tuvieron en cuenta diversos condicionantes : el carácter incremental de la innovación, con el precedente y secular aporte de los agricultores a la conservación y mejoramiento de las variedades, la reproducibilidad del producto, el interés público en la continuidad del mejoramiento y la vinculación de la producción con la satisfacción de necesidades fundamentales, que podían arriesgarse por eventuales consecuencias monopólicas en el caso de protección por patentes, entre otros 2. Por ello, el DOV protege las variedades vegetales pero se distancia sensiblemente del sistema de patentes en aspectos centrales, como la restricción de la protección exclusiva al material de reproducción, la situación del agricultor como usuario del material de reproducción reservado de su propia cosecha, y la posibilidad de los fitomejoradores de utilizar la variedad protegida para obtener nuevas variedades. Luego, como diremos, sobre este esquema originario se ofrecerán alternativas que se acercan más al derecho de patentes, y contemporáneamente se planteará la posibilidad de patentar las variedades, con respuesta positiva en algunos países, como es el caso de EE UU de América, que además lo promociona en los tratados de libre comercio (TLC). El dominio de la tecnología de ADN recombinante y la generalización de su utilización para transferir genes que otorgan calidades adicionales a las variedades vegetales, introdujo nuevas alternativas en la configuración de derechos intelectuales en el ámbito de las innovaciones vegetales, dando lugar al complejo y aún no totalmente resuelto problema de los derechos de propiedad intelectual sobre organismos genéticamente modificados. El patentamiento de genes y en general de las “invenciones biotecnológicas”, de por sí plantea interrogantes aun subsistentes acerca de la conveniencia e idoneidad de la aplicación del sistema general de patentes, y los conflictos que

2

Vignoli,G, Aspetti giuridici delle attivitá genetiche in agricoltura, Giuffré, Milano, 1986, pags.118 y 119 , y, asimismo, pags.23 y siguientes.


analizaremos revelan que la respuesta está lejos de ser unívoca y satisfactoria3. Luego su incorporación en variedades vegetales, caracterizadas a partir de allí precisamente como “variedades vegetales transgénicas”, agrega el problema de la convivencia, armonización o absorción con el sistema de derechos del obtentor. Actualmente las reglas generales en la materia a nivel internacional residen en el mencionado ADPIC o TRIP, más propiamente en su art. 27. Esta norma, en primer lugar y como principio general, en su apartado 1 reconoce la patentabilidad de todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, “en todos los campos de la tecnología” , siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, lo que implica superar todas las objeciones a su aplicación en el campo de la biotecnología. Luego , en el apartado 2 b), prevé que los Miembros podrán excluir de la patentabilidad a “las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste”. Para el cumplimiento del compromiso del último párrafo, el D.O.V. constituye un sistema “sui generis” alternativo al de patentes para la protección de obtenciones vegetales. A nivel internacional fue consagrado por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1961 , con la creación de la respectiva Unión (UPOV), adoptándose luego dos versiones, las del Acta de 1978 y la de 1991 . Diferenciándose del derecho de pa-

3

Bergel, Salvador Darío, Las patentes biotecnológicas frente al sistema general de la propiedad industrial, Rev. Jurídica LA LEY, Bs.As.,2/11/2009. En este reciente trabajo, el autor somete desde una perspectiva crítica a riguroso examen la concurrencia de los requisitos objetivos de patentabilidad en biotecnología , como así también la condición de divulgación suficiente y repetibilidad de la invención , el ámbito de protección y el agotamiento de los derechos acordados, concluyendo en que debería conformarse un régimen jurídico propio en materia de creaciones biotenológicas, como en su momento se elaboró para los obtentores vegetales.

tentes, en ambas versiones la innovación protegida es una variedad vegetal caracterizada por su entero genoma que cumpla con las condiciones de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. Pero la exclusividad de la explotación de la innovación protegida se restringe a su material de reproducción, no alcanza a toda la planta ni a sus productos . Esta característica es sumamente trascendente frente a la más amplia exclusividad conferida por el derecho de patente, pues implica que el titular del D.O.V. no puede imponer condiciones sobre el producto de la cosecha, que es libremente disponible por el agricultor sin precisar autorización de aquél. De la restricción de la exclusividad al material de reproducción o propagación , también resulta que el sistema del derecho del obtentor no protege el germoplasma en cuanto tal, de modo que los derechos del obtentor no confieren derechos específicos con respecto a ciertos genes o combinación de genes, lo que permite el uso de la variedad con el propósito de investigación y fitomejoramiento, incluyendo su utilización para la creación de una nueva variedad; la particularidad se expresa en la vigencia de la “exención del fitomejorador”4 Aunque mantienen estos núcleos comunes, las versiones de 1978 y 1991 se distancian luego , mostrando en primer lugar diferencias en cuanto al alcance de la exclusividad reconocida al obtentor sobre el material de reproducción, ya que en la primera, más coincidente con la concepción original, se limita a su producción o reproducción con destino a su comercialización “en calidad de tal”, mientras la más reciente extiende la exclusividad a todo uso del material de reproducción, lo que según veremos constituye un aspecto central de los conflictos en curso. En cuanto a la “exención del fitomejorador”, resulta atemperada en la versión de 1991 con la introducción del concepto de “variedades esencialmente derivadas”. Las excepciones optativas a la patentabilidad no alcanzan, como surge del texto del art. 27,3 del ADPIC, a

4

Correa, Carlos, Patentabilidad de materiales vegetales y el Convenio de UPOV 1991, en Banchero, Carlos B., La difusión de los cultivos transgénicos en la Argentina , Editorial Facultad Agronomia, Universidad de Buenos Aires,2003, pag.43

pág. 5


Ambiente y Recursos Naturales

pág. 6

los microorganismos ni a los procedimientos no biológicos o microbiológicos para la producción de animales o vegetales. Compromete así la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas desarrolladas sobre la base de técnicas de ingeniería genética, pudiendo incluir el patentamiento de genes o secuencias de genes. Este es el ámbito de las denominadas “patentes biotecnológicas”, nueva figura que en las legislaciones nacionales se rige, en principio, por las normas generales sobre patentes, sin perjuicio de las adaptaciones o actualizaciones de leyes, reglamentaciones o directivas técnicas de los órganos de aplicación. La Unión Europea, aunque siempre en el cuadro de las normas generales de patentes, ha dictado una de las pocas normativas específicas del derecho comparado, la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. La Directiva presenta especial interés, pues además de ser una normativa específica de patentes biotecnológicas que asume y da respuesta a varias de las cuestiones que se plantearon en torno a estos patentamientos, más allá de que puedan o no compartirse, se vincula directamente con el conflicto MONSANTO/ ARGENTINA. Entre las cuestiones abordadas interesa destacar la definición de invenciones biotecnológicas patentables, la solución adoptada para la utilización del producto de la cosecha para reproducción por el agricultor relacionada directamente con el régimen de derecho del obtentor sobre variedades vegetales, y el alcance de la protección cuando el producto patentado se incorpore a una materia , cuestión ésta que constituye el meollo de aquella. La definición de invención biotecnológica patentable tiene ante todo sustento en lo que la norma entiende por “materia biológica”, esto es, la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico , y por “procedimiento microbiológico”: cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica , aclarando luego que un procedimiento de obtención de vegetales o animales es esencialmente biológico si consiste integramente en fenómenos natu-

rales como los de cruce o la selección , y remitiendo en cuanto al concepto de variedad vegetal al correspondiente Reglamento (CE 2100/94). Luego de aclarar estos terminos (art. 3) define como patentables las invenciones que tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice la materia biológica, determinando que también podrá ser objeto de una invención la materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico aun cuando exista anteriormente en estado natural , lo que significa admitir la discutida procedencia del patentamiento de un gen con una función definida cumpliendo el solo requisito de haber sido aislado 5 . En cuanto a la utilización de semillas por el agricultor y al alcance de la protección , es preciso ante todo tener en cuenta que como regla general los artículos 8 y 9 establecen que la protección patentaria de una materia biológica que por el hecho de la invención posea propiedades determinadas se extenderá a cualquier materia biológica obtenida a partir de la misma por reproducción o multiplicación y que posea esas mismas propiedades, criterio que se extiende a las patentes de procedimiento, y , asimismo, que la protección conferida por una patente a un producto que contenga información genética o que consista en información genética se extenderá a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética. Pese a las consecuencias que normalmente se derivarían de estas normas, la Directiva contempla la situación del agricultor y admite el uso de semilla propia, normalmente excluído en un sistema de patentes. En efecto, el art. 11 dispone al respecto que no obstante lo dispuesto en los art. 8 y 9 la venta, o cualquier otra forma de comercialización, de material de reproducción vegetal por el titular de la patente , o con su consentimiento, a un agricultor, a efectos de explotación agrícola,

5

Correa, C “Patentabilidad de materiales vegetales y el Convenio de la UPOV 1991”, en Banchero, Carlos B.(coordinador) La difusión de los cultivos transgénicos en la Argentina , Ed. Facultad AgronomiaUBA,Buenos Aires,2003,27


implicará el derecho de este último a utilizar el producto de su cosecha para reproducción o ulterior multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación . En los considerandos de la Directiva se explica que era necesario prever una primera excepción a los derechos del titular de la patente autorizando al agricultor a utilizar el producto de su cosecha para la nueva siembra, sujetándola al alcance y modalidad del Reglamento (CE) nº 2100/94 sobre protección de obtenciones vegetales, que no le impone límites cuantitativos a la reutilización y contempla la forma de retribución, exceptuando a los pequeños agricultores . Esta norma , relevante en los cultivos transgénicos, soluciona precisamente el supuesto de coexistencia de sistemas de protección cuando se trata de una variedad protegida por derecho de obtentor que a la vez incorpora un material patentado como invención biotecnológica, aunque no se limita a ese supuesto, sino que como reza la norma incluye todos los supuestos en los que un material de reproducción vendido o comercializado de cualquier forma a un agricultor tuviera protección patentaria por aplicación de los arts. 8 y 9 . Constituye una notable alteración del sistema general de patentes, manifestación de la particularidad de los inventos a que refiere este régimen específico. La otra cuestión de interés es la del alcance de la protección conferida por una patente a un producto cuando la norma dispone que se extiende a toda materia a la que se incorpore el producto. No se trata solamente de los materiales de reproducción ni de la posibilidad de uso del obtenido en la cosecha producida a partir del producto patentado o del material que lo incorpore, sino de todos los casos en que una materia “contenga” el producto patentado, como puede ser el caso del grano destinado a materia prima industrial o a consumo que lo contenga , o incluso los subproductos de esos granos , como , precisamente, el caso de las harinas de soja que contengan el producto patentado, o sea el gen de las sojas transgénicas . Si, de acuerdo a la regla que referimos, la protección por una patente a un producto que contenga información genética o que consista en información genética se extien-

de a toda materia a la que se incorpore el producto, cabe preguntarse si la protección actúa en todos los casos en que una materia contenga el producto patentado o bien determinar hasta donde se proyecta la extensión de la protección conferida por la presencia del producto en otra materia. La Directiva contempla la cuestión, y la resolución que adopta tiene que ver con el rol o la función que cumple la información genética del producto en la materia que lo contiene. Efectivamente, es lo que resulta de la última frase del art. 9 de la Directiva, cuando luego de consagrar la extensión de la protección a toda la materia a la que se incorpore, agrega, “y en la que se contenga y ejerza su función la información genética”. Es decir, la protección subsistirá, y por lo tanto el titular podrá continuar ejerciendo los derechos derivados de su exclusividad, si en la materia a la se incorporó el producto está contenida la información genética y ejerce su función de acuerdo a la patente. La interpretación y aplicación de esta condición es una cuestión central en el conflicto MONSANTO/ARGENTINA, donde se invoca el derecho de patentes sobre el gen de resistencia a herbicida presente en las harinas de soja de origen argentina que se importan en Europa. 3.- Los conflictos locales, hemos dicho, comienzan cuanto la industria semillera pretende limitar y hacer oneroso el uso de semilla propia por los agricultores, que hasta el momento era pacífico bajo la vigencia de normas que seguían las líneas originales del Derecho de Obtentor. Coincidió con la introducción y enorme expansión de los cultivos de soja transgénica en la década de los ‘90 , y las acciones consistieron , por un lado, en impulsar la modificación de las legislaciones nacionales de semillas para alinearlas a las reglas de la versión de 1991 del Convenio UPOV, actuando sobre los gobiernos, y por otro, lograr el pago de remuneraciones por el uso de semilla reservada a partir de acuerdos con multiplicadores , distribuidores o acopiadores, o bien imponerlas como condiciones de venta, bajo una modalidad que generaron las compañías semilleras en Argentina denominándola de “regalía extendida”, no obstante la incompatibilidad con el régimen vigente

pág. 7


Ambiente y Recursos Naturales

pág. 8

Se comprende porqué las compañías pretenden ese cambio en la legislación, ya que si bien como arriba dijimos en ambas versiones del Convenio UPOV el obtentor tiene la exclusividad de explotación del material de reproducción, en el Acta de 1991 el ámbito de exclusividad es mucho más amplio pues, a diferencia de la versión de 1978 , no se restringe a su explotación, producción, uso y disposición, con fines comerciales o para su comercialización, sino que alcanza toda utilización prescindiendo de su finalidad. Ello es así ya que el art. 5 de UPOV’78 declara que el derecho concedido al obtentor tendrá como efecto someter a su autorización previa :la producción con fines comerciales, la puesta en venta, la comercialización ,del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal , de la variedad ; en cambio, el ACTA de 1991, en su art. 14, omitiendo ya la finalidad de comerciarlo, establece muy ampliamente que se requerirá la autorización del obtentor para realizar respecto del material de reproducción o de multiplicación los actos de producción o reproducción (multiplicación), preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación, la posesión para cualquiera de los fines mencionados anteriormente, agregando que el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y limitaciones . La diferencia en relación al uso de su propia semilla por el agricultor es notoria. Mientras en el sistema originario que prosigue con la version de UPOV’78 el material de reproducción, o “semilla”, obtenido de su propia cosecha puede ser libremente utilizado por el agricultor para su nueva siembra , ya que es evidente que es una utilización sin finalidad de comerciarlo “en su calidad de tal” , y por lo tanto no es un acto alcanzado por la exclusividad del obtentor, en el sistema de UPOV’91, con su amplitud y la omisión de la finalidad de comercialización, la utilización en la nueva siembra puede, en principio, ser considerado como un acto incluido en la exclusividad del obtentor, sujeto a su autorización, con sus limitaciones y condiciones, salvo cuando la legislación haya previsto la facultativa

y restrictiva “excepción del agricultor” , y en la medida otorgada 6 . Obviamente la adopción de esta última versión del D.O.V. resulta más ventajosa para los intereses de las compañías semilleras, ya que les permite limitar y condicionar el uso de semilla propia por los agricultores y legitima las rentas permanentes por imposición de remuneraciones o “regalías”. En Argentina sus pretensiones de reforma legislativa tuvieron eco en muchos funcionarios, y fue así que se presentaron sucesivos proyectos de leyes que con diversas características y modalidades tenían en común adoptar las reglas de UPOV’91, derogando la legislación actual que adscribe a las de UPOV’787. No obstante, los intentos de reforma no tuvieron éxito hasta la fecha. Tampoco, salvo algunas reglamentaciones, lo han logrado en los demás países sudamericanos afectados. Alternativamente los semilleros continúan en el empeño de cobrar por el uso de la semilla reservada por el agricultor para su siembre, implementando en el caso Argentino la referida “regalía extendida”. Parten de sostener la posibilidad de derogar por acuerdo privado las normas vigentes sobre utilización de semilla por el agricultor8. Las compañías semilleras, y en particular Monsanto, publicaron inicialmen-

6

Sobre el derecho del obtentor y el agricultor, las fuentes internacionales , como así también la legislación argentina y comparada, remito a Casella, A. “Los derechos del obtentor y del agricultor: la cuestión en Argentina a la luz de los convenios internacionales y del derecho comparado”, en IV Encuentro de Colegios de Abogados sobre temas de lDerecho Agrario-Rosario, 2002, pag. 190 ; también incluído en Patentamiento y regalías en semillas-Un pais que resigna soberanía, publicación de Federación Agraria Argentina, Rosario, 2005, pag.68 y ss.

7

Los diversos proyectos son reseñados y analizados en Casella, A. “Regalía Individual y Regalía Global:perspectivas de reformas al régimen de propiedad intelectual sobre variedades vegetales”, al que remito, en “Patentamiento y regalías en semillas-Un país que resigna soberanía”, publicado por Federación Agraria Argentina, Rosario, 2005,pag. 144 y ss El libro referido contiene la reseña y documentos de la acción de la organización mencionada en contra de la modificación de la legislación de semillas, el patentamiento y el cobro de regalías por uso de semilla propia..

8

Se trata , fundamentalmente, del art. 27 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas n.20.247, que dispone que “no lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivar..quien reserva y siembra semilla para su propio uso..”. Concuerda la norma con la ley 24.376 de aprobación del Convenio UPOV de 1978.


te avisos en diarios de gran difusión con “ofertas de licenciamiento” que establecían las modalidades de reserva de semillas propias y el pago correspondiente, con el evidente error de pretender “licenciar” un uso no comprendido en su exclusividad, es decir el de sembrar la semilla obtenida de la cosecha por el agricultor. Luego fue cambiando y las ofertas públicas establecían modalidades de “comercialización”, que llevaban a iguales condiciones. También recurren a contratos de adhesión que se suponen aceptados al abrir la bolsa y utilizar la semilla, o simplemente a leyendas estampadas en las facturas de venta. Solamente a partir de una situación monopólica o al acuerdo concertado entre pocas compañías que concentran la producción de semilla puede pretender imponerse el sistema. Lo cierto es que no se trata de auténticos convenios sino de imposición encubierta de condiciones sobre el uso de semilla propia a los agricultores que los obtentores y licenciatarios no están legitimados para establecer pues se trata de una utilización que está fuera de su exclusividad. La viabilidad de la alteración por esta vía del sistema de propiedad intelectual sobre variedades vegetales es en consecuencia cuestionable, como lo es también la validez de las cláusulas predispuestas e, incluso, la existencia de la vinculación contractual. Los agricultores se resisten en general a formular las declaraciones juradas de semilla reservada que se les intima esgrimiendo la vigencia de este sistema privado, como así también a efectuar los pagos de “regalías” requeridos, y las compañías semilleras han montado verdaderas organizaciones profesionales dedicadas a lograrlo. 4.- Ese conflicto “local” sobre uso de semillas propia tuvo también como actor principal a MONSANTO, introductor del gen de resistencia a glifosato utilizado en las variedades de soja RR, que actuó junto o detrás de las demás compañías semilleras y sus asociaciones . Su expectativa, obviamente, era percibir gran parte de las “regalías” que se pretendían cobrar a los agricultores por el uso de su propia semilla, a partir de las reformas legislativas impulsadas. Pero al no lograrlo en el año

2004 anunció públicamente su propuesta de cobrar una retribución por toneladas exportadas de granos de soja y subproductos, ofreciendo en tal caso eximir de pago de licencias a los obtentores y semilleros, pese a que no patentó el gen en Argentina, pero advirtiendo al mismo tiempo que de no llegar a esa solución iniciaría demandas ante los países importadores , en base a las patentes vigentes en los mismos . Como se sabe, el derecho de exclusiva determina que también la importación del invento patentado está sujeto a la autorización del titular de la patente. Monsanto concreta su amenaza iniciando demandas de cesación e indemnización en varios países europeos en 2005 (Dinamarca, Países Bajos, España, Inglaterra),por infracción a las patentes sobre el gen resistente a glifosato vigentes en esos países. El primer paso fue interdictar embarques de harina de soja provenientes de Argentina, utilizando las atribuciones conferidas a las autoridades aduaneras por el Reglamento (CE) n. 1383/2003, relativo a la intervención en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual, y luego inició las demandas. En ellas, resumidamente, alega que la importación de los subproductos de soja de los embarques interdictados viola los derechos derivados de las patentes vigentes en el país sobre genes de resistencia a glifosato o células modificadas resistentes a glifosato, contenidos en la mercadería importada, y exige el pago de una indemnización. Las demandas judiciales están dirigidas contra las empresas importadoras de subproductos de soja proveniente de Argentina, que a su vez ingresa en los procesos como tercero interesado. Si bien no es el argumento central de la defensa, es preciso tener en cuenta como presupuesto para comprender acabadamente el litigio, el relativo a la introducción y difusión de la soja transgénica en Argentina, la omisión de patentar el gen que otorga la resistencia al glifosato por parte de Monsanto, y también la inacción y falta de utilización de los medios de tutela a sus derechos ofrecidos por el ordenamiento nacional. En efecto, como estrategia inicial para la venta de semi-

pág. 9


Ambiente y Recursos Naturales

pág. 10

llas y de su herbicida Round Ready, cuyo componente principal es el glifosato, Monsanto por acuerdos con terceras compañías introdujo sus productos transgénicos en el país, sin patentar el gen utilizado, y cuando pretendió patentarlo no pudo hacerlo por haber sido liberado. De modo que el gen RR ha estado y está en el domino público en Argentina, por lo que pudo ser libremente utilizado por las empresas semilleras en el desarrollo de sus variedades de soja transgénica sin necesidad de autorización de Monsanto y sin obligación de efectuar pagos en compensación9. Aún así, Monsanto percibe regalías de empresas semilleras que le han reconocido la titularidad de la patente en acuerdos privados10. Merece subrayarse esta situación, pues siendo así Monsanto no tenía, ni tiene, derecho a exigir pagos por la utilización del gen ni a restringir el uso de semilla propia por los agricultores. Pero el eje principal de la defensa y la controversia es la negativa de que el derecho de patente sobre el gen se extienda a la importación de la harina de soja. La controversia se relaciona con el alcance de la exclusividad cuando el producto patentado que contenga información genética se incorpora a otra materia, es decir la hipótesis que vimos en los artículos 8 y 9 de la Directiva 98/44/CE . El argumento de rechazo argentino se funda en el criterio que establece la parte final del artículo 9 de la Directiva, y en forma similar las legislaciones nacionales, esto es, que la extensión de la protección de la patente del producto que contenga información genética a toda la materia a la que se incorpore requiere que en ella “se contenga y ejerza su función la información genética” . Es cuestionable que la condición se cumpla en este caso en que se invoca la presencia del gen patentado en la harina de soja importada. El cuestionamiento tiene también en cuenta que , más allá de que las

9

Correa,C “Monsanto vs.Argentina”, en Le Monde diplomatique/el Dipló/Abril 2006, pag.4 y5 . Al respecto, también Trigo y ots, op. cit. pag. 119, coinciden expresando:”Por ende, no existieron, en ningún momento, las condiciones para que la empresa de origen (Monsanto),pudiese cobrar el ‘technology fee’, ni restringir el uso de la semilla del propio agricultor, como sí ocurre en los EEUU”.

10

Correa, C “Monsanto vs. Argentina”, loc.cit. pag. 5; Trigo y otros, op.cit. ,119.

pericias determinen o no la existencia del gen patentado en las harinas interdictadas, luego del proceso de producción de la harina de soja, que es lograda sometiendo a las semillas crudas a condiciones extremas , difícilmente puedan subsistir células vegetales con vida como para contener información genética. De cualquier modo, aunque así no fuera, la función que requiere el art. 9 de la Directiva 98/44 no se verifica en la harina de soja. Efectivamente, la función de la información genética del producto patentado, el gen RR, es otorgar resistencia al glifosato a las plantas de soja durante la siembra y desarrollo; si la planta de soja ha sido genéticamente modificada por incluir el gen patentado, resiste a este herbicida, que de otro modo mataría la planta, lo que facilita al agricultor el control de las malezas. De modo que es en vida de la planta cuando cumple su función la información genética contenida en el producto patentado, el gen RR. Las harinas de soja no pueden ser utilizadas con fines de cultivo, y ni siquiera es hipotetizable aislar el gen allí contenido para su utilización. En definitiva, el gen patentado no cumple ni podría cumplir su función en la harina de soja, que necesariamente debe ser cumplida en una planta viva o en una célula vegetal viva y requiere que en la semilla de soja exista un genoma completo y funcional. No se cumpliría entonces la condición para extender la protección patentaria a las harinas interdictadas11. El primer respaldo a su posición lo obtuvo Argentina en la respuesta de fecha 9 de agosto de 2006 que la Dirección de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea le hizo llegar al Embajador Argentino ante la Unión Europea, quien había

11

Los demandados agregan razones vinculadas con la inutilidad del producto patentado en las harinas importadas. Alguno de ellos a partir de las afirmaciones del propio demandante que señala en su presentación que la ventaja y el efecto tecnológico de las semillas de soja RR está limitado al cultivo , ya que en cuanto al valor alimenticio es idéntico al de la semilla convencional ; esta consideración, que por otra parte es pública y reiteradamente sostenida ante los cuestionamientos al uso de transgénicos en alimentación, descarta que a los exportadores e importadores le signifique ventaja alguna la presencia del gen patentado en las semillas de soja sembradas en Argentina y más precisamente en las harinas de soja. Por el contrario, agregan , la desconfianza del consumidor europeo y las normas para el consumo en los países de destino hace que , si fuera posible, los importadores eligirían importar semillas y harina de soja libre de transgénicos.


informado la situación y la interpretación sostenida por los importadores y Argentina. La respuesta coincide con las razones esgrimidas para el rechazo de las demandas, opinando, textualmente, que “no es suficiente que la información genética se haya incorporado en el producto y que esté siempre presente en el mismo, sino que además es necesario que esta información genética ejerza su función. Así, pues, el alcance de la protección no depende de la utilización del producto patentado, sino del hecho de que en la utilización del mismo, la información genética que lleva incorporada sea igualmente utilizada. En otros términos, el producto patentado vendría explotado en virtud de la función específica aportada por la información genética descrita en la patente. Por consiguiente – finaliza - , la protección de la patente no puede extenderse a los productos derivados en los cuales la información genética es residual y no ejerce ya su función génica”. En el año 2007 se dictaron dos sentencias favorables a la postura argentina, en Inglaterra en el caso MONSANTO TECHNOLOGY LLC/CARGILL INTERNATIONAL S.A., y en España en MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra SESOSTRIS SAE. La sentencia española fué dictada el 27 de julio de ese año por el Juez a cargo del Juzgado Mercantil n. 6 de Madrid, D. Javier Garcia Marrero. La misma aborda exhaustivamente los aspectos de hecho y derecho de la contienda, de los que podemos anotar ahora solamente los que nos parecen más trascendentes. En primer lugar determina la reivindicación que la actora considera infringida por la demandada, quien importa harina de soja procedente de Argentina que contiene la secuencia de ADN patentada. La reivindicación es, sintéticamente, enunciada como una secuencia de ADN aislado que codifica una enzima que tiene como principal utilidad favorecer la tolerancia al herbicida glifosato, permitiendo usar ese herbicida en las plantas que incorporan la secuencia genética, sin que resulten por ello dañadas . Caracterizándola como “patente biotecnológica”, descarta en principio que la infracción pueda sustentarse en la importación de harina de soja, no incluida en la reivindicación. Sin embargo inmediatamente advierte que la infracción sí se ha-

bría producido si se verificara el supuesto del art. 50.4 de la Ley de Patentes española, que es transcripción literal del referido art. 9 de la Directiva 98/44/CE, que prevé la extensión de la protección a la materia que incorpora al producto patentado y en la que contenga y ejerza su función genética. Partiendo de aceptar que la harina de soja importada contiene la secuencia de ADN patentada, el fallo discurre en torno a la cuestión fundamental relativa al “alcance” de las patentes biotecnológicas: si la extensión implica una aplicación de la protección de las patentes biotecnológicas, se entiende que en relación al derecho general de patentes, y qué debe entenderse por “función” de la información genética en la materia que la incorpora. Monsanto, da cuenta el fundamento del fallo, sostuvo la tesis de la ampliación y que la “función” exigida para extender la protección a la materia a la que es incorporada no tiene por qué ser la función “eficaz y activa” de la secuencia patentada. Es decir, que es suficiente la mera incorporación, la presencia del material genético patentado, que pudo haber cumplido antes la función eficaz o pueda hacerlo posteriormente. El Juez rechaza esta interpretación acudiendo, como primer argumento, al imperativo de interpretación restrictiva de la legislación de patentes, que en tanto crea un monopolio legal constituye una excepción al principio de libertad de empresa. Acude luego al Considerando 23) de la Directiva que aclara que “una mera secuencia de ADN, sin indicación de función biológica alguna, no contiene enseñanzas de carácter técnico; que, por consiguiente, no constituye una invención patentable”, de donde deriva que la invención no consiste en la secuencia de ADN , sino en la función que desempeña. Además de que la pericia demuestra que por el proceso que se utiliza para la obtención de la harina el material genético está degradado en su casi totalidad, en relación a la función del gen patentado en la harina de soja el perito señala que el mismo no aporta ningún valor añadido a la harina, ya que la resistencia al herbicida glifosato es una característica valiosa para la planta mientras se desarrolla. En definitiva, con esos antecedentes y considerando especialmente relevante que se acredite que la


Ambiente y Recursos Naturales

pág. 12

información genética incorporada a la nueva materia siga ejerciendo su función, desestima la demanda. En el año 2008 fue planteada ante el Tribunal de Justicia Europeo una petición de decisión prejudicial, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del 6 de diciembre de ese año, dentro del caso MONSANTO TECHNOLOGY LLC/CEFETRA, proveniente de los Países Bajos. Son cuatro las cuestiones sometidas al Tribunal de Justicia vinculadas con la resolución de la causa, pero en este trabajo interesa destacar la primera relativa al alcance de la protección en “patentes biotecnológicas”, propuesta en los siguientes términos : ¿Debe interpretarse el artículo 9 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas , en el sentido de que la protección conferida en dicho artículo puede invocarse también en una situación como la que se da en el presente asunto, en el que el producto ( la secuencia de ADN) forma parte de una materia ( harina de soja) importada en la Unión Europea y no ejerce su función en el momento en que se produce la supuesta infracción, pero sí la ejerció ( en la planta de soja) o posiblemente podría volver a ejercerla después de haber sido asilado de dicha materia y ser introducido en la célula de un organismo? . El 9 de marzo de 2010 presentó sus conclusiones el Abogado General Sr. Paolo Mengozzi, y en cuanto a esa cuestión nuevamente se expide negativamente, aunque aborda el problema en forma parcialmente distinta al fallo español, a la vez que agrega nuevos y enriquecedores elementos de interpretación. Evalúa inicialmente la interpretación circunscripta al tiempo verbal utilizado en el art. 9 de la Directiva, al determinar que solo concede la protección si la información genética “ejerce su función”, de donde resulta que en su aplicación cada uno de los momentos debe ser considerado en forma independiente. De tal modo, solo el ejercicio “presente” de la función hace aplicable la disposición citada, y en una situación en que la función no se ejerce no puede existir infracción a la norma, aunque naturalmente en el momento en que la secuencia comenzara de nuevo a

ejercer su función, la protección volvería a ser aplicable. Sin perjuicio de ello, considera que la cuestión se aborda así en términos restrictivos, sin responder exhaustivamente la cuestión. Recuerda que Monsanto alegó que la protección de la patente que invoca no se deriva del art. 9 sino de la protección “tradicional” que, con arreglo al derecho ordinario de patentes y a la propia Directiva, debe reconocer a la secuencia genética en cuanto tal. En cuanto a ello, opina que el art. 9 parte del presupuesto de que el ADN es protegido en cuanto tal y constituye una ampliación de la protección de la patente, pero con la condición de que ejerza su función. Considera, concretamente, que según el texto y la finalidad de la Directiva , una secuencia genética debe considerarse protegida, en cuanto producto en sí mismo, únicamente si ejerce la función para la que ha sido patentada, estimando que la Directiva admite una interpretación según la cual la protección conferida a la secuencia genética es una protección “vinculada al objetivo”(“purpose-bound”), y lo fundamenta en numerosos elementos ligados al sistema de patentes biotecnológicas que por su profundidad no puedo obviar. El primer argumento respaldando esa interpretación, es que diversas disposiciones de la Directiva ponen de manifiesto la necesidad de indicar la función específica que la secuencia desempeña para poder obtener una patente relativa a la misma. También, agrega más adelante, puede razonarse que siguiendo la tesis de Monsanto el art. 9 perdería su efecto útil en cuanto disposición de ampliación de la protección de patente, pues si la secuencia disfrutase de protección en cuanto tal aunque no ejerciera su función , no se advierte por qué motivo la norma debería supeditar la ampliación al ejercicio de una función por la secuencia. Además, y esta apreciación ayuda significativamente a avanzar en torno a la delimitación del alcance de las patentes biotecnológicas, la gran importancia reconocida por la Directiva a la “función” que una secuencia genética ejerce persigue permitir una distinción entre el “descubrimiento” y la “invención”, pues la identificación de una secuencia genética sin que se indique su función constituye un mero


descubrimiento; al contrario la indicación de la función que desempeña la secuencia la transforma en una invención . Pero seguramente el argumento que por último merece destacarse sobre todos, en cuanto devela el dilema que envuelve el alcance que pretende otorgarse al derecho de propiedad intelectual en organismos genéticamente modificados , es que seguir la interpretación sostenida por Monsanto llevaría a reconocer una protección excesivamente amplia al punto que no sería posible determinar hasta qué momento y en qué punto de la cadena alimentaria y de los productos derivados pueden detectarse aún restos del ADN originario de la planta genéticamente modificada : la mera presencia de la secuencia, sin cumplir ya función alguna , sometería un número indeterminado de productos derivados al control de quien ha patentado la secuencia genética de una planta. Se podría entonces razonar, como sostuvo el gobierno argentino, que si en el estómago de un bovino se encontrasen restos de la secuencia, como resultado de la alimentación del animal con productos derivados de la planta genéticamente modificada, también la importación de dicho bovino podría ser considerada una vulneración del derecho del titular de la patente. Su conclusión es contundente: proponer al Tribunal de Justicia que responda “declarando que, en el sistema de la Directiva, la protección concedida a una patente relativa a una secuencia genética se limita a las situaciones en que la información genética ejerce efectivamente las funciones descritas en la patente. Esta conclusión es válida tanto para la protección de la secuencia en cuanto tal como para la protección de la materia en que dicha secuencia está contenida”. Hasta hoy el Tribunal de Justicia no se ha expedido. Como hace notar el dictamen, el hecho de que la sociedad Monsanto limite las acciones judiciales a los productos procedentes de Argentina constituye una mera decisión comercial, pues si el Tribunal de Justicia le diera razón nada le impediría invocar derechos análogos sobre la harina procedente de otros países. Por lo tanto, su interpretación se aplicará con carácter general, en todos los casos en

que se haya importado en el territorio de la Unión Europea un producto derivado de la transformación de una planta genéticamente modificada sobre la cual existe una patente válida . Lo que indica tanto la trascendencia del fallo como el carácter global del conflicto, aunque hoy se manifieste en litigios que afectan solamente a los productos de un país. 5.-Aunque he caracterizado estos casos alternativamente como “locales” y “globales” en relación a problemas de propiedad intelectual, se advierte fácilmente que responden a una matriz común, esto es, la profundización que a partir de la presión de las potencias y empresas que dominan la biotecnología y su rentable negocio se pretende dar a los derechos de propiedad intelectual sobre innovaciones biotecnológicas, entendidas tanto en sentido tradicional como moderno. En realidad esta distinción se ha esfumado y así se refleja en las controversias relatadas. En efecto, si bien la cuestión atinente a las variedades vegetales y los derechos del agricultor a la utilización de la “semilla propia” aparece como más vinculada al régimen de derechos del obtentor sobre innovaciones vegetales de biotecnología tradicional, es fácilmente verificable que la fuerte embestida para restringirlo o eliminarlo es contemporánea a la introducción de cultivos transgénicos logrados por la biotecnología moderna y a la consecuente consolidación del esquema productivo y económico que se desenvuelve en torno a ellos. De hecho al aprobarse el Convenio original de UPOV en 1961 no se tenía en miras el impacto de la tecnología de ADN recombinante en la producción agraria ni estaba aun vigente la concentración de empresas de base biotecnológica e integrantes también de la industria química. Ni siquiera resultan factores subyacentes a la versión de 1978, aunque sí ya pesaron en la de 1991, lo que explica su acercamiento al sistema de patentes. Al imponerse ese nuevo modelo agrícola en el que la producción depende de la disposición de “paquetes tecnológicos” que integran como elemento principal las variedades transgénicas ( semillas, herbicidas, sistemas culturales) 12 ,especialmente en

12

Se alude como “paquete tecnológico” , tanto en el lenguaje técnico como en las promociones de

pág. 13


Ambiente y Recursos Naturales

pág. 14

las grandes producciones extensivas como las sudamericanas, es cuando se avanza en el control de las semillas a través del expediente de la propiedad intelectual, se cuestiona definitivamente el uso para la siembra de semillas obtenidas por el agricultor y se desatan los conflictos por la pretensión de eliminarlo o condicionarlo al pago anual de “regalías”. Como se ha visto, hay una continuidad entre estas controversias y los reclamo por presencia de genes patentados en productos derivados de esas cosechas, radicados en la Unión Europea. Como se ha hecho notar en varios pasajes de la sentencia española y del dictamen sobre la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo, la interpretación del alcance de los derechos de propiedad intelectual debe tener en cuenta su efecto sobre la libertad de empresa, la competencia, y las situaciones monopólicas. En las controversias que acompañan estos conflictos y las propuestas de reforma legislativa sobre régimen de propiedad intelectual en innovaciones vegetales, cuando se trata de afectar la disposición de sus propias semillas por el agricultor no se tiene suficientemente en cuanta el carácter privilegiado, y por lo tanto restrictivo de la exclusividad que otorga todo derecho de propiedad intelectual. De allí que estos regímenes prevén contrapesos antimonopólico, para equilibrar las eventuales consecuencias negativas del monopolio legal, y este es uno de los roles que cumple el derecho del agricultor. Generalmente quienes postulan la restricción o eliminación del derecho del agricultor a disponer de sus semillas invierten, deliberadamente o no, el punto de partida en el análisis y caracterizan ese derecho liminarmente como una excepción cuyo alcance es de interpretación restrictiva, ayudados en su error o intención por la equívoca denominación de “privilegio” o “excepción” del agricultor que, no inocentemente, se le reserva en leyes y convenios internacionales. Contrariamente, se debe partir de considerar que la eventual limitación por aplicación de derechos de propiedad intelectual es excepciolos proveedores, al integrado por las semillas transgénicas y los agroquímicos funcionales, que han permitido simplificar la labor cultural reemplazando las tareas mecánicas y facilitando las labranzas mínimas y la llamada “siembra directa”.

nal y merece ser restrictivamente admitida e interpretada, pues los derechos de propiedad intelectual que otorgan un monopolio legal son de por sí excepcionales. Como ha observado agudamente Perez Miranda, la facultad del obtentor de impedir el aprovechamiento del material de propagación plantea una contradicción entre la propiedad tradicional protegida por la legislación civil y la propiedad intelectual, pues el agricultor que siembra semilla registrada y protegida es propietario de las semillas que resultan de la cosecha, en tanto frutos naturales, por lo que tiene el derecho pleno y absoluto de aprovechamiento y disposición del bien del cual es propietario 13 . De modo que cualquier impedimento o condicionamiento a la disposición implica, ante todo, poner límites excepcionales a los derechos de propiedad del agricultor y debería ser considerado con criterio restrictivo. En el uso y disposición de semillas en las variedades transgénicas entra en juego la problemática solución acerca de la aplicación de normas de derecho de obtentor en variedades vegetales y derecho de patentes en la materia biológica incorporada cuando se trata de variedades transgénicas. . Mientras la UE ha tenido la plausible iniciativa de prever la solución a favor de la aplicación del régimen de protección de variedades vegetales en cuanto al uso por el agricultor, allí donde aun no se ha adoptado una solución de derecho positivo, se oscila entre la interpretación a favor de la convivencia o la prevalencia de un régimen sobre otro. Debería en mi opinión considerarse, aunque seguramente no será una interpretación compartida por los titulares de patentes, que el registro de una variedad bajo el régimen protectivo de D.O.V. somete la misma a su normas, aunque se trate de una variedad transgénica, especialmente en cuanto a los derechos de terceros, y por lo tanto el agricultor que la adquiere conserva la libertad de disponer la

13

Perez Miranda, Rafael , Derecho de la Propiedad Industrial- Editorial Porrua, México, 2006, pag. 234. El a. plantea incluso que la “limitación de tal derecho por una ley general, sin el otorgamiento de una retribución adecuada, podría ser considerada, en pricipio, inconstitucional”, y advierte que siendo un importante limite al derecho de propiedad una prohibición debe ser precisamente definida, teniendo además en cuenta que es un límite que diferencia al derecho del obtentor respecto der la protección mediante patentes.


semilla de su producción y utilizarla para la nueva siembra. Esta interpretación se sustenta también en el principio de accesoriedad, en cuya justificación acude el exacto rol que hasta hoy cumple la transgénesis en tanto metodología que complementa el mejoramiento vegetal, incorporando variabilidad genética novedosa en cultivares cuyo genoma es el que determina la performance14. Se advierte entonces que la inversión de perspectiva en el derecho a la utilización de las semillas o su eventual eliminación y la expansión del derecho de patentes de genes sobre el derecho de obtentor en las variedades vegetales, constituyen aspectos centrales de la profundización de derechos intelectuales pretendida. Ahora bien, si estas postulaciones afectan el momento de la producción y permiten condicionarlo, las pretensiones de Monsanto en los pleitos europeos, invocando derechos de patentes biotecnológicas sobre genes presentes en productos o subproductos elaborados a partir de variedades genéticamente modificas, afectarían la etapa industrial y comercial. De aceptarse esas orientaciones sobre propiedad intelectual en biotecnología, se permitiría consolidar así una situación de control y dominio total sobre el entero ciclo económico y productivo por parte de pocas compañías. Vuelvo a recordar las advertencias sobre las consecuencias que acarrearía, aceptando la interpretación de Monsanto, reconocer derechos excesivamente amplios, y la trascendencia que tendría una decisión favorable del Tribunal de Justicia Europeo. Como bien se ha dicho, para esa compañía estas acciones revisten el carácter de “litigios estratégicos”15, que antes que buscar una satisfacción económica por la sentencia - de hecho, son pocas demandas de cuantías poco significativas en relación a los enormes volúmenes que totalizan las importaciones de harina de soja argentina a la Unión Europea - , persiguen generar riesgos e incertidumbres y lograr una sumisión a condiciones

14

Banchero, Carlos, Desafios agronómnicos asociados a los cultivos transgénicos en Banchero, Carlos (Coordinador), La difusión de los cultivos transgénicos en la Argentina -Editorial Facultad agronomía, Universidad de Buenos Aires, 2003,pag.8.

15

loc.cit.

Correa, C, “Monsanto vs. Argentina”,

comerciales sin fundamento legal. En definitiva, se pretende lograr que los derechos de propiedad intelectual en innovaciones biotecnológicas sean el eje de control y dominio de las cadenas productivas por parte de las compañías concentradas que los detentan. Podemos ilustrar el paradigma que persiguen con una reciente propuesta de acuerdo marco sobre la cadena de producción de algodón en la Argentina, donde las que se denominan “empresas proveedoras de tecnología”, eufemismo para designar a Monsanto o las empresas que por acuerdo con esa compañía disponen del gen RR, “autorizaran” la utilización de variedades transgénicas que lo incorporen por licencia a los agricultores, quienes les deberán pagar “un reconocimiento económico” a ellas y otro a los obtentores de las variedades, teniendo también la potestad de designar las desmotadoras, cooperativas, empresas de acondicionamiento y tratamiento de semillas y/o semilleros y multiplicadores que prestarán los servicios de desmote, multiplicación, acondicionamiento, tratamiento y distribución del producido de la semilla de algodón. Es decir, a partir de sus derechos sobre la “tecnología”, dominarán toda la cadena productiva y comercial del algodón. Se comprende porqué al inicio de esta exposición propuse a la discusión sobre los derechos de propiedad intelectual como la cuestión central en los aspectos jurídicos de la producción y comercio de Organismos Genéticamente Modificados.

pág. 15


PROYECTO DE LEY CONTRATOS AGRARIOS

Aldo Pedro Casella

TENENCIA DE LA TIERRA POR CONTRATO

DIAGNOSTICO ACTUAL

Concentración de tenencia por contratos. • • •

“Agricultura sin Agricultores”. • • • •

 

Desplazamientos de agricultores familiares. Desplazamientos de productores agropecuarios tradicionales. Tercerización de labores por contratistas. Cambios de actores.

Inestabilidad Contratos por cosecha Alza en los precios (e imprevisibilidad). •

Emprendimientos de gran escala. Inversores financieros. Fondos de inversión, fideicomisos, sociedades anónimas, pooles, etc.

Discusión anual. Previsión de inversores.

Despoblamiento y la crisis de pueblos y comunas rurales. Deterioro de recursos naturales. • •

Monocultivos. Agricultura “extractiva”

Necesidades de una nueva ley de contratos agrarios      

Estabilidad. Equidad. Favorecimientos a la agricultura familiar y tradicional. Favorecimiento a la distribución de tenencia por contrato. Límites y gravamen a formas de concentración (fideicomisos, pooles, etc). Favorecimientos a la reinstalación de productores excluidos, pequeños propietarios e instalación de jóvenes, profesionales, etc. Protección y recuperación de recursos naturales.

INSTRUMENTOS PARA UNA NUEVA LEY DE CONTRATOS AGRARIOS 

Restitució Restitución, actualizació actualización y nuevas normas sobre: sobre: • Plazo (estabilidad). • Precio o porcentajes (equidad). • Buena Té Técnica y agricultura sustentable.

    

 

Diversidad de opciones contractuales. Restricció Restricción al contrato por cosecha. Contratos promovidos para la pequeñ pequeña empresa agraria. Gravá Gravámenes y lí límites a la Concentració Concentración por contrato. Organismos de contralor regionales (o zonales) integrados por productores, autoridades locales, entes profesionales, INTA, etc. Solució Solución arbitral de controversias. Regionalizació Regionalización reglamentaria.


Cuadernillo 3