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Respuestas del personero de Medellín, Rodrigo de Jesús Ardila Vargas 1. ¿Está el PP de Medellín cooptado por grupos al margen de la ley? ¿Los estudios de la Personería permiten hablar de algún porcentaje de estos recursos públicos apropiados por las organizaciones delincuenciales? R/ En los Informes Anuales de Derechos Humanos de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, la Personería de Medellín ha llamado la atención sobre el manejo y destinación del Presupuesto Participativo, como programa de la administración municipal que requiere un especial seguimiento en la forma de apropiación de estos recursos públicos: Personería de Medellín. Informe Anual de Derechos Humanos en Medellín, año 2005. Pág. 16. “3.2 A continuación reseñamos una serie de casos que permiten identificar graves situaciones asociadas al accionar de grupos que se cobijan bajo la sigla AUC, los cuales constituyen graves vulneraciones de los derechos humanos en nuestra ciudad. Caso 4. Existen graves denuncias sobre acciones de intimidación contra organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias que se han enfrentado a las organizaciones influenciadas por los grupos de desmovilizados en el proceso de discusión del presupuesto participativo para Medellín. Las acciones empleadas son rumores, tergiversaciones y difamaciones, así como amenazas veladas e intimidación a los líderes que trabajan con estas organizaciones.” Es de resaltar que el período en que se presentó el mayor número de atenciones por parte de la Personería de Medellín en temas relacionados con Planeación Local y Presupuesto Participativo, fue en la vigencia 2008 a 2011, en total se reportaron 241 atenciones, entre los cuales se presenta la solicitud de investigaciones por los procesos de selección oferentes y contratación de las empresas u operadores, la calidad de los servicios y la adquisición de bienes, otro elemento es la referencia a la ejecución de los recursos y los cambios en las fichas priorizadas por las comunidades, en todos los casos se exponen presuntas irregularidades, las cuales son objeto de estudio e investigación por la Personería. En lo que respecta a la vigencia 2004 -2007 se presentaron 81 negocios y en la vigencia actual, con corte al día 30 de julio de 2013 se han presentado 126 solicitudes, de las cuales dos fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación por amenazas a líderes sociales que participan en los procesos de Planeación Local y Presupuesto Participativo, entre otras. Realizando un consolidado general de la tipología de los servicios prestados por la Personería de Medellín se identificó que el seguimiento a los derechos de petición representa el 28% de las atenciones adelantadas durante el período 2012 -2013, seguido de las asesorías a la ciudadanía con el 23%, la vigilancia a los actos de la administración con el 19% y otros servicios como participación


en rendición de cuentas, consejos consultivos, encuentros ciudadanos, rendiciones de cuentas y acompañamiento a comisiones temáticas reportaron el 12%, las averiguaciones disciplinarias representan el 7%, el registro de veedurías ciudadanas constituye el 5%, la elaboración de tutelas el 6% y los conceptos jurídicos el 1% del total de 108 atenciones de la Personería de Medellín durante el periodo de enero de 2012 al 31 de julio de 2013. 2. Si hay tal cooptación, ¿a través de qué mecanismos o modalidades presuntamente delictivas se da? R/Personería de Medellín, Informe Semestral de Derechos Humanos en Medellín, junio 30 de 2006. Pág. 12 “Mención especial merece la denuncia de varios líderes comunitarios de sectores como Caicedo las Mirlas, de Moravia, de la comuna de Robledo, de la comuna 4, del Corregimiento de Altavista, y de sectores de la comuna 2, en torno a las presiones indebidas realizadas por los líderes de los grupos de desmovilizados en contra de los representantes de las comunidades, en la pugna por el control de los recursos públicos y la asignación de contratos de inversión social en diferentes comunidades, lo cual se puso en evidencia durante el proceso de discusión y aprobación de los proyectos de Presupuesto Participativo, que incluso en sectores del Doce de Octubre suscitaron la retención ilegal de dos líderes, y amenazas de muerte de otros tres, para que se marginaran de los debates cruciales en los cuales se iba a hacer la aprobación de los proyectos.” Personería de Medellín, Informe Anual de Derechos Humanos en Medellín, año 2007, pág. 43 “9. En algunos barrios de Medellín los reinsertados montaron organizaciones y grandes proyectos con el fin de tomarse el presupuesto participativo y las juntas de acción comunal. Igualmente existen quejas de que la Secretaría de Desarrollo Social, ha hecho caso omiso a esta problemática y por tanto no controla a las directivas de Asocomunal. En una de las comunas es reiterada la denuncia sobre corrupción en algunos de los proyectos sociales.” Los mecanismos van desde la extorsión, coacción o intimidación y desplazamiento forzado intraurbano, no obstante se ha dicho que algunas personas afines a los grupos participan del proceso de postulación, presentan proyectos, se hacen elegir, pero las comunidades expresan su limitación en su capacidad de denuncia y solo se atreven a hablar con protección de sus datos. Es de resaltar que el problema no es de la política Pública de Planeación Local y Presupuesto Participativo, este fenómeno es el mismo que sucede en todo el país en los procesos electorales. La situación de orden público debe permitir una participación sin coacción, sin amenazas, sin intimidaciones. Es necesario


brindar más garantías legales, sociales, educativas y comunitarias para blindar el derecho fundamental a la participación de todas las personas. Algunas personas dicen que hay grupos que se postulan y participan del proceso que se hace legítimamente, porque permite mayor control, esto se hace constituyendo organizaciones, lo cual les permite acceder a los escenarios de participación como delegados en los consejos consultivos y comisiones temáticas, (sólo por inscribirse) directamente a los consejos consultivos, diferente a los que se postulan de manera personal -líderes naturales- los cuales deben obtener una votación de 25 en la zona urbana y 15 en la zona rural. Se reitera: No es un problema de la política pública de Planeación Local y Presupuesto Participativo, se trata de las garantías en el ejercicio democrático que ofrece el Estado para que los ciudadanos puedan participar sin consecuencias de intimidación o marginación. De otra parte se ha identificado el cambio de modalidad permanente que han tenido éstos grupos para operar al margen de la ley sin que quede evidencia de manera directa de su intromisión y es así como algunos espacios son cooptados, estas organizaciones tienen estrategias previas, planifican y conocen de los procedimientos para legitimarse en el contexto de la política pública. Se logra establecer que para estos grupos lo importante es tener control del territorio en diferentes aspectos. Por tanto son muchos los factores externos que inciden en la operatividad de la Política Pública asociados a los roles de los actores sociales, porque son roles diferentes de estos actores y en el ejercicio del poder dentro de los escenarios de participación como por fuera de éstos escenarios los que inciden de manera directa e indirecta. 3. La Contraloría de Medellín afirma que el PP es débil en Planeación y en interventorias. ¿Comparte la Personería ese concepto? ¿Qué consecuencias se derivan de tales falencias? R/Es conocido que la planeación está en cabeza de la Secretaría de Participación, y las otras secretarias deben acoger los parámetros por ella establecidos, sin embargo, a la hora de ejecutarse el recurso y la contratación de los proyectos quien responde y tiene el control de dicha ejecución es cada Secretaría, por lo cual no existe una articulación vinculante de una sola Secretaría en todo el proceso y se tiene la ejecución de manera autónoma. Existen atrasos en la contratación, también existen espacios donde interviene la corresponsabilidad de la ciudadanía a través de sus delegados, que los representan en los escenarios de deliberación como son los segundos consejos consultivos, en los cuales se define qué proyectos definitivamente se priorizaran y se someterán a ser elegidos en las asambleas barriales y veredales. Por tanto si hay una dilatación en este espacio de los consejos consultivos que depende de la voluntad de sus integrantes, atrasa toda la agenda de la zona o territorio; para finalizar la programación de los consejos consultivos y su realización efectiva según la programación de la


administración no depende de la Secretaría de participación, sino de cada una de las secretarias que ejecuta y contrata. La Personería de Medellín viene trabajando para reforzar el tema de los controles y por ello esta capacitando y acompañando a las comunidades para fortalecer o crear veedurías ciudadanas y/o grupos de control social; lo cual permite que a través de este mecanismo democrático de representación, los y las ciudadanas o las diferentes organizaciones comunitarias, puedan ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el municipio y estén encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público en relación a la política publica de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Con relación a la conformación de veedurías en PP se tiene en el año 2012 la creación de 2 veedurías y a julio 31 de 2013 se han conformado 4. 4. ¿Cuántas denuncias sobre irregularidades en el manejo del PP ha recibido la Personería durante la presente administración municipal? ¿Cómo son, en cantidad y gravedad, frente a las registradas en las administraciones de Sergio Fajardo y Alonso Salazar? ¿Esas denuncias se han traducido en algún tipo de castigos para los infractores? Personería de Medellín, Informe Anual de Derechos Humanos 2008. pág. 13. En el Informe del año 2008 se realizó la siguiente recomendación: * Que la Secretaría de Desarrollo Social realice un mayor control y seguimiento a los proyectos de presupuesto participativo, Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias, en tanto algunos de los casos de los móviles de amenazas y asesinatos de líderes sociales parecen estar asociados al control del presupuesto público.” Esta recomendación estuvo sustentada en un caso conocido por esta entidad y otros testimonios, según los cuales los grupos armados ilegales en la comuna 1 (Popular), no solo ejercerían una violencia de carácter delincuencial, sino también de carácter social y político. Esto evidenció un interés de los grupos violentos por controlar la participación, la representación local y el acceso a los recursos públicos. En esta comuna se propagaron panfletos con el ánimo de intimidar a la población a nombre de las “Águilas Negras”, amenazando a personas reconocidas de la comunidad en vísperas de la inscripción de candidatos en las planchas de elección de Juntas de Acción Comunal (JAC). Un líder desmovilizado amenazó y arremetió contra un líder comunitario, representante de una corporación, por el ejercicio del liderazgo relacionado con acceso y manejo del Presupuesto Participativo. Se ha denunciado el control de la participación social con injerencia directa de la Corporación Democracia (de desmovilizados) en espacios de participación y de actuación política de organizaciones sociales. También fue asesinado el día martes 13 de mayo al reconocido líder comunitario CARLOS ALBERTO


OSPINA OSORIO, presidente de ASOCOMUNAL, a quien se le conocía con el apodo de “El Cabo”. Los barrios más afectados en la comuna 1 por los grupos armados ilegales fueron Villa Guadalupe, Granizal, San Pablo y Santo Domingo Savio Nº 1. Se informa de la presencia de Desmovilizados reincidentes, Águilas Negras y Paramilitares. En la Comuna 8 (Villa Hermosa), paramilitares desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara (BCN) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que después fueron condenados por concierto para delinquir y otros graves delitos, como Edwin Tapias y John William López Echavarría alias “Memín”, ejercieron liderazgos comunitarios, políticos y de participación en la comuna 8, Edwin Tapias como presidente de la JAC de Las Mirlas y John William López como edil y presidente de la Junta Administradora Local (JAL). Los barrios Las Mirlas y La Sierra han sido emblemáticos en lo que sucedió con los recursos de Presupuesto Participativo y la cooptación de organizaciones por desmovilizados para su control, sin saber si actualmente estas estructuras mantienen dicho control, el cual al parecer venía dándose desde el 2005. Esta situación que ocurrió con la participación política y social de desmovilizados en Medellín a través de JAC, JAL, Organizaciones Sociales y Comunitarias, y del Presupuesto participativo, evidenciada en el 2008, hicieron que se recomendara poner en “cuarentena” a todas las organizaciones y fundaciones y que se comprendiera que la paz no se compra, sino que sólo se compran las treguas. Esta estrategia ha demostrado por más de 10 años su ineficacia y su incapacidad para solucionar el conflicto. Fue esto lo que generó la recomendación enunciada en el informe del 2008. Algunas de las situaciones advertidas fueron:  Aprovechamiento y uso de espacios y recursos municipales por desmovilizados reincidentes en la conformación de estructuras armadas ilegales y otras actividades delictivas.  Incidencia indebida de desmovilizados en instituciones y sedes públicas. (“Cerro de los Valores”, Casa de la Cultura, Sede del Sena, Las granjas, la corporación cultural Chiminangos, el Vivero, instituciones educativas, otros contratos con JAC, etc.).  Incidencia indebida de desmovilizados en programas y espacios de participación local: Juntas de Acción Comunal y el programa de presupuesto participativo. Los desmovilizados controlan o manipulan las ofertas educativas y laborales obtenidos a través de los recursos de Presupuesto Participativo (canalizado con algunas organizaciones comunitarias a través de la cooptación por la Corporación Democracia y la permisividad del programa de Paz y Reconciliación) y de la JAC, entre otros espacios. Desde hace varios años, la Personería de Medellín ha recibido quejas y solicitudes de investigaciones sobre irregularidades en el manejo,


administración y ejecución del Presupuesto Participativo, las cuales fueron remitidas a la Unidad para la Vigilancia de la Conducta Oficial –UVCO- de la entidad para las respectivas averiguaciones. Muchas de estas solicitudes y quejas tienen que ver con la selección o no de propuestas, deudas, elecciones de delegados, recursos no ejecutados del presupuesto participativo, el no respeto a la priorización realizada por las comunidades y quejas contra algunos de los funcionarios relacionados con el programa. Otras solicitudes de información sobre el Presupuesto Participativo han sido destinadas a la Unidad para la Protección del Interés Público – UPIP. En el año 2012 el tema de la incidencia de los grupos armados ilegales en el presupuesto participativo vuelve a salir a la luz pública, cuando la Personería de Medellín conoció las denuncias que realizaron algunos Concejales de la ciudad sobre el uso y cooptación del presupuesto participativo en algunas comunas, motivo por el cual recibieron amenazas algunos de ellos. El Secretario de Gobierno y Derechos Humanos actual, Jorge Mejía, anteriormente Secretario de Desarrollo Socia al inicio de este periodo de Gobierno, reconoció la incidencia de la ilegalidad tanto en el Presupuesto Participativo como en las Juntas de Acción Comunal. En lo corrido de los últimos 4 años se tuvo conocimiento de casos en las comuna 13 (San Javier), 6 (Doce de Octubre) y 4 (Aranjuez). Así mismo, en lo corrido del año 2013 la entidad ha conocido casos en las comunas 1 (Popular), 3 (Manrique) y 7 (Robledo) en los que han resultado amenazados y víctimas de atentados y desplazamiento intraurbano líderes sociales y comunitarios, así como las organizaciones a las que pertenecen, por el cobro de extorsiones a obras que se ejecutarían con presupuesto participativo, hacer parte de las organizaciones sociales que las ejecutarían, actuando a través de Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones, y cobrando un porcentaje de los recursos que se ejecutarían en cada territorio. De estas formas de actuación han sido responsables grupos identificados como adscritos a la “Oficina de Envigado”, “Los Urabeños” y “Los Pesebreros.” La Personería no obtiene esta información necesariamente a través de quejas formales por el miedo generalizado que existe en la población a sufrir atentados contra sus vidas e integridad o verse forzados a desplazarse, y debido a la desconfianza en algunas de las instituciones de seguridad y justicia del Estado; sin embargo se atreven a brindar esta información de manera informal y confidencial a través de testimonios anónimos y a la vez escasos. Finalmente, la Personería no tendría la capacidad de conocer o calcular el monto económico que se ve afectado del presupuesto participativo por la influencia de los grupos armados ilegales. Tampoco podría establecer la gravedad del fenómeno en las tres últimas administraciones de la ciudad, sin


embargo se podría aventurar la hipótesis de que los mecanismos que han utilizado para incidir en el Presupuesto son más sofisticados en tanto ha transcurrido el tiempo para que lo realicen de una manera especializada e indirecta, y que por lo tanto el fenómeno parece ahora más silencioso, saliendo a la luz de manera muy efímera. Cabe agregar que las medidas institucionales que se han tomado como la vigilancia durante las elecciones de delegados y de propuestas del presupuesto participativo, no parecen ser eficaces toda vez que el proceso de cooptación se realizaría a través de organizaciones y liderazgos con anterioridad o con extorsiones posteriores a la realización de dichos procesos. 5. Entre 2005 y 2013 se han destinado al PP más de $1 billón. ¿Conoce la Personería alguna evaluación del costo-beneficio de semejante inversión? No 6. ¿Se justifica la existencia del PP? ¿Por qué? R/ El Presupuesto Participativo representa una política pública fundamental para adquirir mayor grado de conocimiento y de corresponsabilidad. Es por ello que se recuerda que la participación constituye un proceso continuo, colectivo, de largo plazo, que conlleva a la madurez democrática si se ejerce con responsabilidad, si se cuenta con los medios idóneos y de control para su desarrollo. La participación implica el reconocimiento del Estado Social y Democrático de Derecho que somos, por lo que la Política Pública de Prepuesto Participativo apunta a la concreción de los fines del Estado y esto conlleva a que a todos los ciudadanos seamos corresponsables en las decisiones en la vida económica, política, administrativa, educativa y cultural de nuestro territorio. No se puede olvidar que la participación es un derecho fundamental y dicha política permite el legítimo derecho como ciudadanos a construir nuestro ente territorial. Rodrigo de Jesús Ardila Vargas Personero Municipal


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