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Evaluación de diseño del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal Síntesis Ejecutiva

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO COORDINACIÓN DE HUMANIDADES PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD Rector Coordinadora de Humanidades Directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad Secretaria Técnica Académica del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad

Dr. José Narro Robles Dra. Estela Morales Campos Dra. Alicia Ziccardi Contigiani Mtra. Fabiola Cedillo Espín

Coordinadores académicos Mónica González Contró Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM Óscar Torres Arroyo Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM Equipo de investigación y análisis Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM Mónica González Contró Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM María Cristina Bayón Chernicoff Héctor Castillo Berthier Natividad Gutiérrez Chong Verónica Montes de Oca Zavala Patricia Ramírez Kuri Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, UNAM Alberto Carrera Portugal Arsenio E. González Reynoso Alicia Ziccardi Contingiani Equipo de integración Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM Enrique Mauricio Padrón Innamorato Instituto de Investigaciones Sociales – UNAM Fernando Díaz Pérez Catalina Villarraga Pico Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad – UNAM Víctor Manuel Castillo Alvarado Carolina Maldonado Pacheco


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Contenido Introducción

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1. Marco metodológico

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1.1. Fases de recolección de información y análisis 2. Resultados 2.1. Núcleo Democracia y Derechos Humanos

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2.1.1. Análisis interdisciplinario

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2.1.2. Análisis intersectorial

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2.1.3. Análisis participativo

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2.1.4. Recomendaciones

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2.2. Núcleo de Sistema de Justicia

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2.2.1. Análisis interdisciplinario

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2.2.2. Análisis intersectorial

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2.2.3. Análisis participativo

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2.2.4. Recomendaciones

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2.3. Núcleo de Seguridad Humana

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2.3.1. Análisis interdisciplinario

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2.3.2. Análisis intersectorial

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2.3.3. Análisis participativo

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2.3.4. Recomendaciones

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2.4. Núcleo de Grupos de Población

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2.4.1. Análisis interdisciplinario

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2.4.2. Análisis intersectorial

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2.4.3. Análisis participativo

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2.4.4. Recomendaciones

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Introducción El presente Informe Ejecutivo integra las principales observaciones, conclusiones y recomendaciones generales por derecho y grupo de población que surgieron en las tres etapas de análisis –interdisciplinario, intersectorial y participativo- para la evaluación de diseño del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF). Al final de este Informe las conclusiones se ven reforzadas por recomendaciones globales y por dos tablas de evaluación, que de manera gráfica presentan el grado de congruencia de los objetivos, estrategias y líneas de acción con base a los criterios1 empleados en la lectura analítica del Programa, y de las estrategias transversales. Los resultados de la presente evaluación demuestran que el Programa representa un gran avance en el esfuerzo por sistematizar las acciones que derivan de las estrategias para el cumplimiento de todos los derechos2 en el marco de una política pública de derechos humanos en el Distrito Federal, y como resultado de un proceso participativo a nivel local en el que convergen autoridades, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, también los resultados muestran que es necesario contar con un Programa en donde todos los derechos estén correctamente identificados y la ruta crítica para su cumplimiento se encuentre claramente trazada. El diseño del Programa es irregular, pues mientras que algunos de los derechos tienen una justificación bien construida, así como objetivos, estrategias y líneas de acción bien definidas, otros presentan serias deficiencias3. Esto parecería natural por dos razones: la primera, por el proceso de construcción mismo del Programa que fue elaborado y redactado por actores muy diversos, y la segunda, por la naturaleza de los derechos, algunos de los cuales tienen un mayor camino recorrido en la Ciudad de México, 1

Revisar el Marco metodológico del presente Informe Ejecutivo. Los criterios son: claridad, especificidad, enfoque integral, orden, coherencia, pertinencia y factibilidad. 2 Derecho a la igualdad y a la no discriminación; derecho al acceso a la información; derecho a la libertad de expresión; derechos políticos; derecho al acceso a la justicia; derecho al debido proceso; derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales; derechos de las personas privadas de la libertad en centros de reclusión; derecho a un medio ambiente sano; derecho al agua; derecho a una vivienda adecuada; derecho a la educación; derecho al trabajo y derechos humanos laborales; derecho a la salud; derechos sexuales y reproductivos; derechos de las mujeres; derechos de la infancia; derechos de las y los jóvenes; derechos de los pueblos y comunidades indígenas; derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersex; derechos de las poblaciones callejeras; derechos de las personas adultas mayores; derechos de las personas con discapacidad; derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; derechos de las víctimas de trata y explotación comercial. 3 Ver Tabla de Evaluación

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mientras que otros –generalmente los DESCA- se habían considerado hasta hace muy poco como derechos programáticos, es decir, no justiciables. En muchas ocasiones en los distintos capítulos del Programa, la redacción no es coherente y tiene como consecuencia la poca claridad de los objetivos, las estrategias o las líneas de acción. Además, los plazos que se establecen en principio parecerían razonables, sin embargo, muchos de éstos no consideran el periodo real que se requiere para cumplir con las líneas de acción dado que implican diversas tareas que se enfrentan a una complejidad de procesos –por ejemplo, legislativos o políticos como la alternancia en el poder que es inherente a todo sistema democrático-. En algunos apartados sería conveniente la utilización de un lenguaje más técnico que elimine la posibilidad a equívocos. En otros casos los derechos no están bien definidos, lo que da lugar a confusiones en las estrategias y líneas de acción porque no queda clara la problemática que se debe atender, o quién está obligado para el cumplimiento de los derechos, ni tampoco se percibe una ruta clara a seguir para alcanzar los objetivos. Cabe señalar que la jerarquización de prioridades no es necesaria en todos los atributos, especialmente cuando se trata de cierto tipo de derechos que exigen inmediatez en su aplicación y la puesta en marcha de todo el aparato gubernamental para su eficacia. En las estrategias transversales resalta que se pierde también un poco de vista la necesidad de generar una cultura de respeto a los derechos humanos hacia el interior de las dependencias responsables, no sólo en la inclusión y permanencia en el empleo o respecto al trato con las ciudadanas y los ciudadanos, sino entre los mismos servidores públicos. Sólo así se garantizaría un adecuado cumplimiento derivado de una experiencia vital y una profunda convicción. Es innegable que en los centros de trabajo –públicos y privados- se continúan viviendo conductas contrarias a la dignidad de la persona y la vigencia plena de los derechos humanos. Asimismo se carece de un planteamiento sobre la necesidad de impulsar mecanismos de coordinación y articulación horizontal y no jerárquica de las instancias gubernamentales para generar dinámicas de interdependencia en la gestión pública y atender el conjunto de las necesidades y demandas sociales en materia de los derechos humanos de manera oportuna y eficaz.

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La participación de las organizaciones de la sociedad civil en algunos de los capítulos del Programa está vagamente formulada, sin especificar los mecanismos concretos de colaboración. Además pareciera limitarse la participación sólo a las organizaciones de la sociedad civil cuando existen diversos grupos sociales o sectores en situación de discriminación que también pueden participar. Sería necesario ampliar este concepto y visualizar formas más incluyentes de participación de quienes no necesariamente están insertos o representados por una organización de la sociedad civil, pero que ven cotidiana y sistemáticamente violados sus derechos humanos en el Distrito Federal. También se debe especificar quién es la autoridad responsable de convocar e integrar a las organizaciones de la sociedad civil en el cumplimiento de las líneas de acción concretas, así como los medios para su selección, el financiamiento en las colaboraciones y los criterios de selección cuando esto sea procedente. Esto resulta muy importante para consolidar un proceso democrático que se inició con el diseño del Programa, y continuar con la retroalimentación entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil, expertas en distintos temas relacionados con los derechos humanos y que conocen el trabajo de campo. En relación a las atribuciones de los entes ejecutores en muchos casos el Congreso de la Unión aparece como responsable de las líneas de acción, sin que se especifique por qué se le considera como tal. Es necesario tener en consideración que dicho poder legislativo tiene competencia federal y por tanto no es una autoridad del Distrito Federal, sin perder de vista también el estatus especial que tiene la capital, al ser sede de los poderes federales y tener menor autonomía en rubros como el legislativo dado que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) carece de facultades plenas como los Congresos de las entidades estatales de la República.

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1. Marco metodológico La evaluación del diseño del Programa se efectuó a partir de tres tipos de análisis: a) interdisciplinario que se basó en la lectura crítica del Programa; b) intersectorial en el que se aplicaron entrevistas a informantes clave que participaron en la elaboración del Programa; y c) participativo en el que organizaron grupos de discusión con académicos, servidores públicos y representantes de organizaciones civiles involucrados en el Programa. La evaluación se centró en analizar la congruencia de los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como el abordaje de las estrategias transversales. De igual manera, se buscó indagar sobre las atribuciones de los entes ejecutores, y valorar la coherencia interna de las líneas de acción para analizar la viabilidad de las mismas, lo que en conjunto con lo anterior permitió realizar diversas recomendaciones de adecuación y mejoramiento del diseño del Programa. Las dinámicas de trabajo en la evaluación de diseño del Programa se realizaron por un equipo de investigadores, bajo la coordinación de dos expertos en materia de derechos humanos que fungieron como coordinadores técnicos y estuvieron encargados de programar la secuencia de tareas a realizar, proveer retroalimentación a lo largo del proceso y promover la resolución grupal de problemas. Las tareas de los coordinadores técnicos también consistieron en apoyar el trabajo de los investigadores, estableciendo los criterios de trabajo y la metodología a seguir en el análisis del diseño del Programa, así como llevar a cabo el análisis y síntesis de los resultados de cada investigador o investigadora para la integración del informe intermedio y documento final de la evaluación. Los resultados de la lectura analítica del Programa, de las entrevistas y de los grupos de discusión se sistematizaron en fortalezas y aciertos, y debilidades e inconsistencias, lo que permitió realizar recomendaciones de reforzamiento y de adecuación del Programa.

1.1. Fases de recolección de información y análisis Fase I. Análisis interdisciplinario En una primera fase se realizó el análisis interdisciplinario con una lectura crítica del Programa para valorar la congruencia de los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como examinar el planteamiento y lógica de dos o más estrategias transversales y líneas generales de acción en cada derecho y grupo de población. Para ello se 4


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determinaron criterios de análisis a partir de las justificaciones de los objetivos específicos, de la ruta a seguir de las propuestas para cumplir con estos objetivos, de los conceptos planteados y de los elementos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos (disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, entre otros). Los criterios fueron los siguientes: a) la claridad del planteamiento de las propuestas; b) la especificidad de las propuestas para reconocer el tipo de acción a la que pertenecen; c) el enfoque integral de las propuestas para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos; d) el orden establecido de las acciones para establecer una jerarquización de prioridades; e) la coherencia para detectar la relación entre las líneas de acción, las estrategias y el objetivo planteado; f) la pertinencia para reconocer una lógica apegada a los derechos humanos; y g) la factibilidad para cumplir con las acciones según los plazos y entes ejecutores señalados. Fase II. Análisis intersectorial y participativo En la segunda fase de la evaluación el equipo de investigadores procedió en el análisis intersectorial en el que se planteó indagar sobre las atribuciones de los entes ejecutores con la finalidad de ubicar su responsabilidad en la implementación de las líneas de acción. Para ello se realizaron entrevistas a servidores públicos o miembros de organizaciones sociales y civiles que participaron en el proceso de elaboración del Programa y expertos en los temas. También se realizó un análisis participativo para conocer la percepción de la sociedad civil sobre la coherencia de las líneas de acción del Programa para evaluar la viabilidad de las propuestas planteadas en él. En este análisis se organizaron grupos de discusión con miembros de organizaciones civiles, representantes del sector público y académicos que participaron en las mesas intersectoriales durante la elaboración del Programa. El método que se utilizó consistió en discusiones semidirigidas relacionadas 5


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con las estrategias transversales y las líneas de acción. La dinámica de trabajo permitió, por medio de preguntas abiertas, que los participantes enriquecieran la discusión con las experiencias y los resultados del propio proceso de creación del Programa, así como la implementación de las líneas de acción. Fase III. Integración de los resultados finales En esta última fase cada investigador e investigadora desarrolló sus evaluaciones y recomendaciones finales en matrices de acuerdo a los tres tipos de análisis realizados y elaboró una valoración global de los resultados. Una vez integrada esta información, los coordinadores técnicos del proyecto procedieron a la conformación de una matriz general de las evaluaciones y de las recomendaciones para el conjunto de los derechos y grupos de población, así como a la integración del Documento Final y del presente Informe Ejecutivo con los principales resultados y conclusiones, que se reflejan también de manera gráfica en unas tablas de evaluación.

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2. Resultados 2.1. Núcleo Democracia y Derechos Humanos 2.1.1. Análisis interdisciplinario En el equipo interdisciplinario se concluyó que la problemática de la falta de precisión de ciertos conceptos en algunos objetivos específicos dificulta el planteamiento de las propuestas y la ausencia de una ruta clara para su cumplimiento. De hecho esto se refleja en la falta de una jerarquización de prioridades en el ejercicio de la función pública para cumplir con las tareas asignadas. Se consideró que la participación de la sociedad civil es muy importante para el seguimiento y la evaluación del Programa, por lo que se deben establecer mecanismos y concretar diversos espacios de participación ciudadana para vigilar el desempeño de los entes ejecutores. También se reconoció el papel que tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación para el seguimiento de las políticas públicas de derechos humanos. También se abordó que no son suficientes las medidas hacia los sectores en situación de vulnerabilidad o grupos tradicionalmente discriminados que difícilmente tienen acceso directo a los procedimientos de justiciabilidad de los derechos. También se señaló que las propuestas del Programa no identifican la totalidad de los grupos en situación de exclusión y discriminación y el trato específico que requieren para el ejercicio pleno de sus derechos. Se observó que se plantean algunos mecanismos de coordinación y articulación de las instancias públicas para la implementación de las acciones, sin embargo, no se determina la forma en que los entes ejecutores deben coordinarse o articularse, ni tampoco los mecanismos que se requieren.

2.1.2. Análisis intersectorial En torno al derecho a la igualdad y la no discriminación, la primera línea de acción de la estrategia planteada es ambigua y muy general ya que no queda claro a quién se dirige la sensibilización. Asimismo se observó que el Programa establece al Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal (Copred) como instancia responsable para coordinar la prevención y eliminación de la discriminación. No obstante, el Copred no tiene las atribuciones para el efectivo cumplimiento de estas responsabilidades porque la normatividad interna no se lo permite. 7


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En relación al derecho al acceso a la información se argumentó que en los atributos de generación, organización y conservación de la información pública, y la difusión proactiva o focalizada de la información pública no se identifican los responsables para garantizar el cumplimiento del derecho y no se entiende si la difusión debe estar dirigida hacia los grupos o debe ser realizada por éstos. También se concluyó que existe una gran cantidad de líneas de acción muy generales relacionadas con políticas públicas sobre capacitación y sensibilización pero sin estrategias diversificadas. Por otro lado, por la cantidad de líneas de acción existe un reto de priorización, pero con una visión integral que se centre en el principio de máxima publicidad, en las obligaciones de las autoridades en materia de generación de información y en el desarrollo de nuevas tecnologías para hacer accesible la información. En materia de libertad de expresión se señaló que se carece de acciones encaminadas a impulsar campañas focalizadas para sensibilizar a los diferentes sectores de la población dado que los límites de este derecho y su exigibilidad se viven de diferente forma de acuerdo a contextos sociales distintos. Al respecto, el Programa no establece campañas en el que se escuche y se dialogue con las personas a las que van dirigidas. Asimismo la capacitación no se plantea desde un enfoque multisectorial mediante talleres impartidos por organismos autónomos de derechos humanos, sociedad civil y periodistas, sin que sea necesaria la creación de un órgano específico. La ampliación del espectro radiofónico tampoco es fundamental para abrir más espacios a radios comunitarias y garantizar la pluralidad y la diversidad de la información. En torno a los derechos políticos se resaltó que el objetivo debió centrarse en ampliar las libertades políticas y no en impulsar baterías hacia el logro de la autonomía de la capital, dadas las dificultades históricas y estructurales que se presentan. La falta de políticas públicas integrales se debe a que el Instituto Electoral de Distrito Federal y el Tribunal Electoral no cuentan con atribuciones para desarrollar programas de difusión en escuelas y centros comunitarios para promover los derechos políticos. Si bien estas instancias públicas tienen concursos y actividades para sensibilizar y promover los derechos políticos, la ciudadanía no se entera de ello por la falta de difusión. Asimismo se argumentó que el núcleo fundamental del fortalecimiento del Programa es a nivel delegacional, pero las delegaciones tienen escasos recursos para realizar las acciones señaladas por el Programa. También se señaló la falta de planteamiento de acciones prioritarias en las estrategias, y la necesidad de una reforma a la Ley de Participación Ciudadana con la finalidad de ampliar las libertades políticas de la ciudadanía y/o para establecer las bases de una cultura cívica de la solidaridad. 8


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2.1.3. Análisis participativo En general, se encuentra que las líneas de acción, las estrategias y los objetivos específicos planteados en los atributos son viables. No obstante, es necesario contemplar la normatividad interna de algunas instancias públicas para adecuar sus atribuciones con el cumplimiento de las acciones planteadas, así como homologar los términos con los que se identifica a los responsables. Todo esto es necesario con miras a que las líneas de acción sean factibles. Para los casos específicos en donde no se encuentra coherencia entre las estrategias y las líneas de acción con el objetivo, se requiere revisarlos y adecuarlos, así como acotar los objetivos específicos lo más posible para que no se pierda la pertinencia en las líneas de acción. En términos generales se puede decir que los tiempos marcados en este núcleo del Programa son cortos para la complejidad de algunas de las líneas de acción planteadas, sobre todo para aquellas que proponen reformas legislativas o que requieren la coordinación de dos o más entes. También es necesario establecer prioridades con respecto a las estrategias y las líneas de acción para identificar la ruta que se pretende seguir para el cumplimiento de los objetivos y discernir los mecanismos necesarios para atender a la población en condiciones de exclusión y discriminación. En particular, en el capítulo de los derechos políticos se identifica como viables las propuestas en materia de participación ciudadana pero la reforma al Estatuto del Distrito Federal para lograr la autonomía de esta entidad depende del Congreso de la Unión. En este sentido, se considera más útil matizar el planteamiento en el sentido de que el Gobierno del Distrito Federal fomentará el ejercicio pleno de los derechos políticos de los capitalinos y proponer un amplio proceso participativo que involucre a diversos actores políticos y sociales en las delegaciones. En el derecho a la igualdad y no discriminación se plantea que, tal cual como se encuentra actualmente establecido, el Copred no tiene una amplia capacidad para el efectivo cumplimiento de las líneas de acción, lo cual limita la viabilidad de muchas de ellas.

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2.1.4. Recomendaciones Derechos a la igualdad y no discriminación 1. Adecuar las líneas de acción para que se contemplen acciones centradas en el papel de la denuncia como vía para fortalecer una cultura de los derechos humanos y respeto hacia los sectores en situación de vulnerabilidad o grupos tradicionalmente discriminados (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes, pueblos y comunidades indígenas) que difícilmente tienen acceso directo a los procedimientos de justiciabilidad de los derechos. 2. Identificar a los sectores sociales a quienes se debe garantizar de manera especial el ejercicio de los derechos por las condiciones específicas de vulnerabilidad en las que viven, y su situación de desventaja social y económica. 3. Contemplar el diseño de un órgano local con atribuciones en materia de campañas y capacidad de influir o incidir en campañas de otras instancias públicas de la capital para armonizarlas con la promoción de una cultura de derechos humanos. 4. Atender la presencia del sector privado en el Programa para que se involucren en el proceso de implementación de las políticas públicas, dado que se relaciona con prácticas discriminatorias en el ámbito laboral especialmente. Derecho al acceso a la información 5. Identificar la forma en que los entes ejecutores deben coordinarse con una visión integral que contemple fortalecer las dinámicas en el ámbito de las generación, organización y conservación de la información. 6. Fortalecer dinámicas en el ámbito de la generación, organización y conservación de la información porque no existe un parámetro definido entre los diferentes órganos de control a fin de fincar responsabilidades de manera homogénea por infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF). 7. Promover acciones más proactivas dentro del INFODF para generar y brindar información –sobre programas, recursos, diagnósticos, espacios de participaciónque les interese a los diversos sectores de la población y grupos específicos 10


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(madres solteras, indígenas migrantes, adolescentes embarazadas, jóvenes con VIH). 8. Enfatizar sobre el principio de máxima publicidad de la información, respetando las diferentes etapas: conservación, archivo, diferentes formatos, y distintos lenguajes de señas y lenguas indígenas para garantizar la accesibilidad de la información en los distintos sectores de la población. Derecho a la libertad de expresión 9. Proponer mecanismos de participación de la sociedad civil para apoyar en los trabajos de seguimiento y evaluación de las políticas en materia de derecho a la libertad de expresión. 10. Plantear diversas alternativas para garantizar a los distintos sectores de la población un efectivo y equitativo acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación desde un enfoque de género, igualdad y no discriminación para el seguimiento de las políticas públicas de derechos humanos. 11. Contemplar que la administración pública debe analizar y mejorar su sistema de archivos para poder tener acceso a las versiones públicas de los documentos de manera eficiente, oportuna y eficaz. Derechos políticos 12. Replantear las líneas de acción relacionadas con la reforma política del Distrito Federal dado que no depende de las autoridades locales y el Congreso de la Unión tiene competencia federal. 13. Integrar en las estrategias acciones prioritarias como la necesidad de lograr mayor transparencia en el proceso de selección de representantes vecinales o comunales, y establecer una cultura cívica de la solidaridad. 14. Adecuar las líneas de acción en materia de participación de la sociedad civil para que se impulsen programas y proyectos a nivel local. 15. Asignar recursos a las Delegaciones para atender las líneas de acción señaladas en el Programa y en el reparto presupuestal anual contemplar aquellas que alcancen mejores calificaciones y evaluaciones en la implementación del Programa. 11


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2.2. Núcleo de Sistema de Justicia 2.2.1. Análisis interdisciplinario En el análisis interdisciplinario se identificó como una cualidad en las líneas de acción el planteamiento de la necesidad de impulsar reformas como las planteadas en el derecho al acceso a la justicia en el sentido de transformar el sistema penal de inquisitorio a acusatorio y oral, a través de la promulgación de nuevas leyes. Además se plantean reformas para reconocer el derecho específico de las personas con discapacidad. También son planteadas otras reformas en el derecho al debido proceso a través de modificaciones al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, el Código Penal del Distrito Federal y la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, entre otros. Finalmente en el derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal se proponen reformas sobre los lineamientos de actuación de agentes del Ministerio Público y demás servidores involucrados en la impartición de justicia. En general, se encuentra que las reformas que se proponen son adecuadas para el mejoramiento y modernización del sistema de justicia. Asimismo se proponen medios para garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos, tales como asegurar la diligencia y eficacia en la investigación de delitos; impulsar el funcionamiento eficaz de los mecanismos alternativos de justicia a fin de favorecer una justicia pronta y expedita; aumentar y optimizar los recursos humanos, económicos y materiales para dar atención especializada a mujeres en los sistemas de procuración y administración de justicia; e impulsar la utilización de los instrumentos internacionales de derechos humanos entre las y los servidores del sistema de procuración y administración de justicia en su actuar y sus resoluciones, entre otros. No obstante, se identificaron estrategias y líneas de acción que no corresponden a dicha categoría porque las primeras dan lugar a acciones muy específicas y las segundas se plantean de manera muy amplia. Esto dificulta la implementación de las acciones y la asignación de responsables porque no existe claridad en la ruta que se desea seguir para el cumplimiento de los objetivos. También se encontró que algunas propuestas que pertenecen a una determinada estrategia transversal se encuentran dispersas, y esto no permite identificar los mecanismos que se requieren para alcanzar las estrategias.

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Se resaltó como algo muy específico de este núcleo la falta de una definición sobre seguridad pública y seguridad ciudadana, así como la necesidad de implementar medidas especiales o incluir acciones específicas para determinados grupos sociales que enfrentan prácticas discriminatorias de manera sistemática. De hecho, algo que se advierte claramente es la invisibilización de niñas, niños y adolescentes ya que no están contemplados en los distintos derechos y, por tanto, no se plantean estrategias y líneas de acción específicas para la garantía de los derechos. En relación al derecho al acceso a la justicia, en el atributo derecho a la no discriminación e igualdad se advierte que las líneas de acción vinculadas con la actuación jurisdiccional son muy limitadas y enfocadas solamente a las mujeres, pese a que la justificación establece un enfoque que incluye a otros grupos en situación de discriminación.

2.2.2. Análisis intersectorial De las entrevistas realizadas a diversos actores, especialmente funcionarios, involucrados en el diseño del Programa, se desprenden algunas coincidencias como la importancia de la armonización legislativa, dado que las leyes son el instrumento necesario para garantizar los derechos humanos, acompañadas de políticas públicas destinadas a su cumplimiento. Se hizo especial énfasis en la necesidad de difusión y educación en materia de derechos humanos, ya que deben ser los mismos ciudadanos los responsables de exigir el cumplimiento de sus derechos. Además de campañas de promoción y sensibilización en la materia, se mencionó la conveniencia de incluir en los programas de educación primaria y secundaria contenidos de derechos humanos. Se estableció que es indispensable también incluir la formación en derechos humanos como materia obligatoria y carrera profesional a nivel de educación superior. Se señaló también que en muchas de las estrategias y líneas de acción no se requiere necesariamente la asignación de más recursos, basta con cambiar algunas leyes y prácticas. Esto podría hacerse a corto plazo, pues implica simplemente la voluntad de incorporar acciones concretas tendientes a la realización de los derechos. Sería conveniente identificar estas líneas de acción concretas a fin de priorizar su cumplimiento. Los entrevistados coincidieron en la importancia de incorporar a la academia en el cumplimiento del Programa y aunque en el diseño intervinieron diversas instituciones académicas, es necesaria su participación en el seguimiento de las estrategias y líneas de acción. Algunas de las ventajas que brinda la academia son la neutralidad, credibilidad y conocimientos técnicos sobre los diversos temas de derechos humanos. 13


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Se requiere especialmente en los derechos relativos al sistema de justicia, un cambio radical en las estrategias de seguridad pública en el Distrito Federal. Contrario a lo que establece la doctrina y el derecho internacional, México se caracteriza por utilizar el derecho penal para sancionar todo tipo de conductas. Es decir, el derecho penal no es considerado como ultima ratio. Una de las propuestas consiste, por ejemplo, en eliminar pena privativa para delitos patrimoniales. Esto tendría como consecuencia, entre otras cosas, la despresurización de los centros de reclusión. Los grupos identificados como destinatarios de las acciones afirmativas por la mayoría de los entrevistados fueron: migrantes, mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas y personas en reclusión.

2.2.3. Análisis participativo En el grupo de discusión se comentó que la coordinación y articulación de las dependencias se planteó de manera acertada y las propuestas reconocen la importancia de la capacitación en los derechos humanos de las y los servidores públicos. No obstante, algunas de las propuestas de capacitación en derechos humanos resultan inviables cuando se considera la dimensión, el número de personal y la complejidad de ciertas instituciones públicas como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En lo que respecta a la coordinación entre áreas internas, e incluso dependencias, las actividades que se plantean en el Programa suelen resultar confusas, ya que en repetidas ocasiones las acciones no corresponden a las atribuciones e injerencia de las instituciones. Finalmente se puede observar un cierto desconocimiento de las situaciones y funciones que desarrolla el personal y cuerpos de policía que son parte del sistema de justicia.

2.2.4. Recomendaciones Derecho al acceso a la justicia 1. Replantear algunas estrategias y líneas de acción de acuerdo a su categoría para facilitar la implementación de las acciones planteadas, e identificar la ruta que se pretende seguir para el cumplimiento de los objetivos.

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2. Definir las facultades de los entes ejecutores involucrados en la realización de las líneas de acción. 3. Concentrar las propuestas referentes a determinadas acciones sustantivas como la generación de información o creación de diagnósticos. Derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal 4. Crear mecanismos de participación para que las y los no ciudadanos puedan participar en la cultura de la seguridad ciudadana y especificar las diferencias entre seguridad pública y seguridad ciudadana. 5. Incluir diversos protocolos en los procedimientos técnicos y de atención mediante equipos multidisciplinarios que incluyan a las y los expertos en la materia, a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, y a las y los servidores públicos. Derecho al debido proceso 6. Especificar la forma en la que se daría la participación de la sociedad civil, así como las reformas o modificaciones a la ley que se deben dar para cumplir los objetivos. 7. Involucrar a la sociedad civil en la capacitación, el diseño de cursos y las campañas de sensibilización para las personas pertenecientes a las instituciones de procuración e impartición de justicia. 8. Formular estrategias y líneas de acción en materia de justicia para adolescentes dado que el debido proceso tiene características diferentes a las de la justicia penal para los adultos. Derechos de las personas privadas de la libertad en centros de reclusión 9. Considerar a los grupos que tradicionalmente han sido discriminados con medidas especiales (jóvenes, personas con VIH, personas con discapacidad, mujeres), e incluir acciones específicas para las y los adolescentes.

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2.3. Núcleo de Seguridad Humana 2.3.1. Análisis interdisciplinario En el equipo interdisciplinario se argumentó que existen ideas concretas e innovadoras para atender a los diferentes grupos sociales. Sin embargo, los criterios para el planteamiento de estrategias y líneas de acción no son homogéneos dado que determinadas estrategias se apegan más a la lógica de las líneas de acción por ser muy específicas, y algunas líneas de acción esbozan ideas innovadoras e integrales que fungen como estrategias. También se identificó que gran parte de las estrategias y líneas de acción referentes a una estrategia transversal se encuentran dispersas lo que dificulta su implementación. Incluso se observó que algunas líneas de acción son repetitivas y deben fusionarse para complementarse como son los casos del derecho a una vivienda digna en el atributo de seguridad jurídica de la tenencia, el derecho a la educación en erradicación del analfabetismo y el derecho al trabajo en el derecho a la justicia laboral. En algunos capítulos los términos empleados en los objetivos específicos no se definen ni tampoco se plantean estrategias integrales con criterios claros de atención hacia los sectores de la población en situación de discriminación y exclusión como en los casos del derecho a la vivienda y los derechos sexuales y reproductivos. En el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano también se encontró que el planteamiento de las propuestas se inclina más hacia lo técnico y se pierde el enfoque de derechos humanos, lo que implica un inconveniente a la hora de implementar las acciones porque se pierde la oportunidad de la transversalización de la política pública de derechos humanos en el andamiaje institucional que se relaciona con dichos derechos. También es importante considerar una jerarquización de prioridades en el que se identifique una ruta a seguir para el cumplimiento de las acciones y se pueda brindar una mayor coherencia en el diseño de las propuestas.

2.3.2. Análisis intersectorial En general en las entrevistas se tiene una muy buena opinión del Programa, ya que se reconoce que es una muy buena política y un esfuerzo extraordinario del gobierno, la sociedad civil y la academia. Sin embargo, uno de los problemas que se encuentran es que las responsabilidades de los entes ejecutores se tienen que definir de manera 16


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adecuada porque no están asignadas correctamente al no tener atribuciones para el cumplimiento efectivo de las líneas de acción, lo cual es un obstáculo en la implementación del Programa. Esto se puede observar en los casos del derecho a la vivienda digna y el derecho a la educación dado que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal sólo tiene facultades estrictamente en materia de vivienda sin poder impulsar o promover acciones relacionadas al entorno urbano, y la Secretaría de Educación del Distrito Federal no tiene competencia en el ámbito de la educación básica. Sin embargo, también se resalta que en los casos en que las dependencias o instancias públicas no tengan atribuciones para implementar determinadas líneas de acción deberían buscar los canales o los mecanismos para su cumplimiento. Un comentario general de los entrevistados fue que es importante simplificar la redacción del Programa, así como realizar las reformas necesarias a la normatividad que involucra a los entes ejecutores para que puedan implementar las líneas de acción de manera más sencilla y ágil. Los entrevistados sugirieron que a pesar de que el Programa está organizado de manera sectorial, las propuestas deben verse como parte de una política pública integral con enfoque de derechos humanos. Aunque esta sectorialización también se señaló como un problema al momento de asignar responsabilidades y atribuciones en el marco de una coordinación interinstitucional para la tranversalización de las políticas públicas de derechos humanos para enfrentar los enormes desafíos que representa combatir la desigualdad, la exclusión social y la discriminación en el Distrito Federal. Se identificó el trabajo de difusión como una acción prioritaria para todos los derechos, especialmente al nivel de tomadores de decisión, ya que se ha encontrado un desconocimiento profundo en el tema de los derechos humanos. De manera paralela, deben establecerse y campañas de información y sensibilización para la sociedad en general, que promuevan no sólo el conocimiento, sino la exigibilidad de los derechos. De igual manera, resalta la importancia de seguir apoyando proyectos de la academia y la sociedad civil, que aporten nuevas visiones sobre como avanzar en el cumplimiento de los derechos del Programa y que ayuden a generar una estrecha colaboración entre gobierno y sociedad civil. También se reconoció la importancia de las acciones afirmativas como medio para alcanzar la igualdad y satisfacer las necesidades más básicas de los grupos vulnerables.

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2.3.3. Análisis participativo En el grupo de discusión se señaló que el Programa debe servir para comenzar a pensar todas las estrategias de política pública y dar seguimiento a la coherencia de la política pública de derechos humanos. Se reconoció que desde el punto de vista de la ciudadanía o desde el eje transversal de género iba a ser posible cumplir con muchas de las líneas de acción del programa porque muchas de las estrategias y líneas de acción se enfocan a atender a grupos en situación de vulnerabilidad, y sectores sociales en condiciones de desventaja social y económica. No obstante se señaló la necesidad de esclarecer lo que le corresponde a cada instancia pública para cumplir con las acciones planteadas en el Programa. Asimismo se resaltó que la voluntad política tiene que ir en el sentido de querer cumplir con las líneas planteadas, aún cuando no estén completamente dentro de las facultades del ente al que se asignaron. Por último se señaló que los mecanismos para hacer cambios y ajustes al Programa deben ser consensuados con representantes de todos los sectores que participaron en la elaboración del mismo.

2.3.4. Recomendaciones Derecho a un medio ambiente sano 1. Agrupar todas las líneas de acción referentes al presupuesto en una estrategia para evitar la dispersión de las acciones relacionadas con este aspecto ya que ayudaría a identificar una ruta a seguir para la gestión de recursos en materia de medio ambiente. 2. Incorporar un enfoque de derechos humanos que oriente a determinados atributos –calidad de aire, contaminación visual y auditiva, salud pública ambiental, manejo de residuos sólidos y peligrosos- en el derecho a un medio ambiente sano porque el planteamiento es muy específico y alejado de las necesidades de inclusión y no discriminación de los sectores de población en condiciones de vulnerabilidad, y segregación urbana. 3. Reforzar las campañas de difusión para prevenir la generación de basura a través de talleres en zonas específicas de la ciudad, los cuales puedan ser transmitidos a través de Internet o en medios públicos y universitarios. 18


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Derecho al agua 4. Incorporar en una estrategia específica todos aquellos elementos vinculados a la capacitación de los servidores públicos relacionados con el derecho al agua para tener claridad sobre las acciones y la ruta a seguir. 5. Articular acciones de comunicación entre los observatorios, los estudios y los diagnósticos, vinculando en los mensajes y contenidos el enfoque de derecho humano con el de sustentabilidad, así como realizar diagnósticos que contemplen las fugas domésticas de agua. 6. Definir líneas de acción jurídicas en el atributo de accesibilidad económica para hacer que el derecho humano al agua se cumpla. 7. Incluir reformas como la descentralización de Sistema de Aguas de la Ciudad de México para darle mayor autonomía en la compra de los insumos necesarios. Derecho a una vivienda digna 8. Realizar una definición del derecho a una vivienda adecuada desde un enfoque del derecho a la ciudad para el establecimiento de criterios claros de atención a determinados sectores de la población en situación de discriminación y exclusión. 9. Establecer medidas específicas y afirmativas para atender a la población femenina, infantil y otros sectores que enfrentan condiciones de desalojo y definir las acciones que permitan garantizar el derecho a la vivienda ante posibles desalojos y lanzamientos. 10. Plantearse la accesibilidad a la vivienda desde un abordaje más integral para atender las necesidades de los sectores en condiciones de exclusión social, discriminación y segregación urbana, y no sólo desde los enfoques de accesibilidad física y accesibilidad a la justicia en materia de derecho a la vivienda. 11. Establecer cuáles serán los mecanismos legislativos y jurídicos necesarios con el objetivo de asegurar el pleno y efectivo aprovechamiento del suelo urbano, de los inmuebles públicos y privados no utilizados, sub-ocupados o desocupados para que se pueda cumplir con una función social de la propiedad.

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Derecho a la educación 12. Enfatizar en el atributo sobre calidad y adaptabilidad sobre las adquisiciones y los resultados efectivos del aprendizaje, y no sólo prestar atención en la matricula, la participación continua en los programas de instrucción y en el certificado final. 13. Plantear acciones específicas en el atributo de educación inicial para atender a sectores vulnerables de la población y en condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión social. Derecho al trabajo y derechos laborales 14. Replantear acciones para promover la generación de empleos de calidad (ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social) dado que son las características mínimas que deber reunir el empleo de calidad. 15. Promover y desarrollar programas de sensibilización, información y educación para las y los trabajadores en materia del derecho al trabajo y derechos humanos laborales. 16. Resaltar la necesidad de un sistema de justicia laboral independiente, transparente e imparcial, que actualmente no existe y que se vuelve indispensable por la tendencia de existir condiciones precarias en el ámbito del trabajo que afectan seriamente a los sectores vulnerables de la población. Derecho a la salud 17. Contemplar la perspectiva de género, igualdad y no discriminación en el atributo de disponibilidad de establecimientos, personal, equipo y medicamentos para adoptar medidas especiales orientadas a eliminar cualquier práctica discriminatoria en el ámbito de la atención médica. 18. Plantear acciones que contemplen en el atributo sobre accesibilidad física y sin discriminación a los establecimientos, bienes y servicios de salud, la participación de la sociedad civil no sólo para promover el derecho a la salud, sino también para plantearse soluciones sobre la accesibilidad física y sin discriminación a los establecimientos, bienes y servicios de salud.

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Derechos sexuales y derechos reproductivos 19. Dar una clara definición sobre términos relacionados a los derechos sexuales y derechos reproductivos, ya que la falta de ello repercute en el planteamiento de acciones integrales. 20. Definir y abordar la problemática de la violencia familiar y de género como un problema de salud pública prioritario, e incluir el tema de prevención de abuso sexual infantil, que merece una atención especial y estratégica para combatir este fenómeno. 21. Plantearse la difusión permanente de programas sectoriales en espacios abiertos de amplia consulta (transporte, centro de salud, escuelas) para que no represente un obstáculo de acceso a la información.

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2.4. Núcleo de Grupos de Población 2.4.1. Análisis interdisciplinario En el equipo interdisciplinario se planteó que algunas estrategias y líneas de acción son poco claras y ambiguas, precisar términos y ajustar de manera más realista la temporalidad de las líneas de acción como en los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, trasvesti e intersex (LGBTTTI) y los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. También se presentan términos en los objetivos, estrategias y líneas de acción que no ayudan a precisar lo que se busca y se desea realizar como son los casos de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, los derechos de las y los jóvenes, y de nuevo en los derechos de la población LGBTTTI. Se señaló que en una buena parte de los derechos el planteamiento de las estrategias transversales es confuso como los casos en materia de perspectiva de género, igualdad y no discriminación en los derechos de las personas adultas mayores y personas migrantes, y participación de la sociedad civil en los derechos de las mujeres, la infancia y la población LGBTTTI por mencionar algunos. Se comentó que no existen mecanismos claros de participación para incorporar la opinión y la organización de los distintos sectores de la población contemplados en todos los procesos de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. También se consideró que la problemática de la discriminación y exclusión no se aborda de manera integral en algunos derechos porque las estrategias y líneas de acción parecen limitarse a la desigualdad de trato, dejando a un lado el planteamiento de acciones que se dirijan a atender la desigualdad de oportunidades. Cabe señalar que la discriminación puede darse de muchas maneras y en diversos ámbitos –en la familia, en el trabajo, en la escuela- lo que repercute seriamente en el pleno disfrute de los derechos humanos. También se resaltó la falta de más políticas afirmativas y acciones para promover la capacitación y sensibilización de servidores públicos con el fin de eliminar prejuicios, estigmas y estereotipos en torno a diferentes sectores de la población en condiciones de discriminación y exclusión social. También se reflexionó sobre la ambigüedad y generalización de ciertos términos como en los casos de los derechos de las y los jóvenes en los atributos de derecho a la salud y derecho a un nivel de vida adecuado cuando se habla del disfrute al “más alto nivel 22


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posible de la salud física y mental” y de un “nivel de vida adecuado”, en los que cabe interpretar casi cualquier cosa. En los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersex (LGBTTTI), en el atributo derecho a la educación se encontró que el último párrafo de la justificación es muy confuso en torno al problema que se debe atacar. Para los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo se encuentra que en el objetivo específico en materia de legislación y políticas públicas integrales se hace mención de un amplio proceso de consulta y participación de la sociedad civil, pero en las estrategias y líneas de acción no se especifica ningún mecanismo.

2.4.2. Análisis intersectorial En general, las entrevistas dejaron ver que se tiene una percepción positiva del Programa porque se reconoce como un ejercicio interesante e innovador, lo cual se debe valorar e intentar replicar. Se consideró que es innovador por tomar en cuenta a varios actores con diferentes visiones. Varios entrevistados notaron que se dejaron fuera del texto final del Programa muchos de los acuerdos que se lograron durante las mesas de discusión en relación a la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres, y la necesidad de implementar no sólo políticas universales sino también políticas focalizadas para los grupos sociales con características específicas (como las adolescentes y jóvenes embarazadas, los niños y las niñas trabajadoras, y las mujeres indígenas migrantes y víctimas de trata, etc.). En relación a las atribuciones de los entes ejecutores, opinaron que no se consultó ampliamente a las instancias correctas, ya que muchas líneas de acción señalan como responsables a dependencias que no tienen competencia sobre lo que se establece, o bien hay dependencias que podrían implementar las líneas de acción pero que no están señaladas como responsables en el Programa. Asimismo se planteó que en la actualidad se presenta un grave problema por no existir protocolos de atención que guíen el trabajo de las dependencias y servidores públicos desde un enfoque de derechos humanos porque se tiene una incipiente experiencia en el desarrollo de dichos protocolos. Además se reflexionó sobre la necesidad de un rediseño institucional que incorpore la perspectiva de género y la visión de los derechos humanos en las dependencias gubernamentales. Asimismo se requiere identificar a los

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diferentes grupos sociales con características muy específicas para la implementación de políticas focalizadas.

2.4.3. Análisis participativo En el grupo de discusión se resaltó que el Programa es un reconocimiento del Gobierno del Distrito Federal de la necesidad de impulsar políticas públicas de derechos humanos como una manera de comenzar a tomar medidas o encontrar soluciones ante la problemática de la desigualdad, exclusión social y discriminación. . El Programa representa una buena manera de concretar los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en torno a los instrumentos internacionales de derechos humanos para después lograr que se reconozcan constitucionalmente, que haya armonización y que se redistribuyan los presupuestos mediante la consolidación de un programa en materia de derechos humanos. Incluso para las organizaciones civiles que no participaron en el diagnóstico y diseño del Programa, éste representa un marco a partir del cual pueden establecer sus estrategias de trabajo. De hecho el primer paso sería convocar a organizaciones sociales y civiles no participantes en el Programa; después llevar a cabo sesiones de sensibilización y difusión del Programa con estas organizaciones y posteriormente buscar la posibilidad de que participen en acciones a desarrollarse como parte de la ejecución del Programa. Sin embargo, en el Programa se encontraron con una serie de deficiencias y errores como líneas de acción que ya fueron cumplidas y mala asignación de atribuciones. Las y los participantes del grupo de discusión también argumentaron que se deben atender los problemas estructurales que impiden la implementación de las líneas de acción del Programa. No existe una cultura del servicio público y no hay una profesionalización. Hay grandes vicios estructurales como la falta de áreas de planeación, no ejercer el presupuesto de manera eficiente y la falta de transparencia. Se debe institucionalizar y trabajar con los tomadores de decisiones pero también con los trabajadores de base del servicio público, que no cambian cada tres años y que únicamente reciben capacitaciones muy básicas. También se debe cambiar la percepción que tienen los legisladores locales sobre que los instrumentos internacionales comprometen sólo a los poderes Federales, y que ellos no están vinculados a estas obligaciones. 24


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2.4.4. Recomendaciones Derechos de las mujeres 1. Revisar la redacción de los objetivos específicos dado que se mezclan y se plantean diversos objetivos (diseñar, instrumentar y evaluar) lo que permitiría darle una mayor claridad a las estrategias planteadas. Derechos de la infancia 2. Dar prioridad a las acciones para generar diagnósticos y atender a los grupos de población vulnerables. 3. Integrar una estrategia específica que permita consolidar los mecanismos de participación de la sociedad civil en las políticas sobre la niñez para transformar la cultura tutelar que aún prevalece en los servidores públicos. 4. Dar paso a ejercicios de diagnósticos de la niñez trabajadora en el Distrito Federal en el grave problema que representa en la violación a los derechos de las niñas y niños, y la necesidad de encontrar soluciones a corto y mediano plazo. Derechos de los y las jóvenes 5. Definir claramente e incluir la “perspectiva juvenil” en el conjunto de las líneas de acción y estrategias que se proponen como se plantea en el objetivo general. 6. Dar prioridad a la creación de mecanismos que incentiven y faciliten la generación de “primeros empleos” en el corto plazo y que permitan la denuncia y el monitoreo de las condiciones laborales de la juventud capitalina en el mediano plazo. 7. Describir con claridad los mecanismos de participación juvenil y el alcance que estos tendrían, particularmente en lo referente a la incidencia en la política pública. 8. Plantear como una prioridad la atención de la salud sexual de adolescentes por ser un grupo que enfrenta importantes retos en el acceso a métodos anticonceptivos y/o a servicios de educación y salud sexual de calidad.

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Derechos de los pueblos y comunidades indígenas 9. Se sugiere la eliminación de conceptos que no están legislados. 10. Implementar políticas afirmativas de reconocimiento y programas de atención diferenciada a mujeres indígenas que son víctimas de trata de personas. 11. Promover la capacitación y sensibilización de funcionarios con el fin de eliminar estereotipos. Derechos de la población lesbiana, gay bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) 12. Se deben incorporar propuestas que reflejen un presupuesto específico para garantizar el cumplimiento de las líneas de acción. 13. Delinear mecanismos de participación de la sociedad civil con el objetivo de brindar mayor certeza y eficacia a la implementación de las líneas de acción 14. Se recomienda incluir la estrategia transversal de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos en distintos atributos, pero en especial en relación al derecho al trabajo y los derechos humanos laborales, y el derecho a la salud. 15. Se recomienda integrar todas las acciones sobre capacitación y sensibilización de funcionarios públicos en una sola estrategia específica. Derechos de las poblaciones callejeras 16. Se debe definir claramente qué se entiende por población callejera. 17. Cabría incluir la creación de algún tipo de acción afirmativa para insertar a la población callejera en redes laborales, en el sector público y privado, por medio de la realización de convenios y alianzas que favorezcan el propósito que persigue el atributo del derecho al trabajo y los derechos laborales. 18. Incluir a la sociedad civil, específicamente organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema de poblaciones callejeras, en la vigilancia y acompañamiento de las líneas de acción.

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Derechos de las personas adultas mayores 19. Se debe mejorar el diagnóstico sociodemográfico de este grupo de población. 20. Se recomienda crear estrategias que promuevan una cultura de derechos humanos y no solamente de denuncia y castigo. Derechos de las personas con discapacidad 21. Se propone reformar leyes, procedimientos y metodologías de trabajo para garantizar la atención de las personas con discapacidad en su calidad de sujetos de derechos autónomos e independientes, lo que incluye que no se requiera la presencia de acompañante para prestarles el servicio. 22. Para el derecho a accesibilidad se recomienda llevar a cabo un mayor número de campañas para fomentar una cultura de respeto a la accesibilidad de las personas con discapacidad. 23. Reconocer la plena capacidad jurídica de este sector de la población, y que la voluntad de cualquier persona con discapacidad prevalezca siempre sobre la voluntad del responsable de asistirlo. Derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo 24. Plantear de manera clara y precisa líneas de acción que reflejen la incorporación de las estrategias transversales y especificar mecanismos de coordinación con el gobierno federal. 25. Diferenciar líneas de acción dirigidas a funcionarios, a la ciudadanía en general y a los grupos de población para garantizar derecho a la igualdad y a la no discriminación. 26. Impulsar una iniciativa de ley que le otorgue a la personas migrante un status jurídico para que pueda disfrutar de un conjunto de servicios y derechos. Derechos de las víctimas de trata y explotación sexual comercial 27. Capacitar y sensibilizar a servidoras/es públicos, en particular al personal especializado que debe atender el conjunto de acciones de acuerdo a las necesidades de salud física y mental de las víctimas, y en consecuencia, el tratamiento a adicciones. 27


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En síntesis a nivel de los objetivos, estrategias específicas y líneas de acción se sugiere: •

Replantear algunas propuestas para eliminar ambigüedades, precisar términos y ajustar de manera más realista la temporalidad de las líneas de acción.

Eliminar términos en el planteamiento de objetivos, estrategias y líneas que no ayudan a precisar lo que se busca y se desea realizar.

Matizar la formulación de algunos objetivos, estrategias y líneas porque no es competencia de las autoridades locales.

Jerarquizar las prioridades para distinguir la ruta que se pretende seguir para alcanzar el objetivo, así como para cumplir de manera eficiente con las tareas asignadas.

Precisar ciertos conceptos en algunos objetivos específicos para facilitar el planteamiento de las propuestas.

Homologar el planteamiento de estrategias y líneas de acción bajo un mismo criterio para evitar la dispersión y la heterogeneidad de niveles.

A nivel de las estrategias transversales se recomienda: • Reunir las líneas de acción relacionadas a una estrategia transversal en una estrategia específica para identificar su prioridad, la ruta establecida para cumplirse y el impacto que se espera. • Contemplar la implementación de políticas públicas de inclusión social en la estrategia transversal de igualdad y no discriminación. • Considerar métodos alternativos de capacitación sobre los derechos humanos y la réplica de conocimientos para apegarse más a las necesidades y características específicas de cada una de las dependencias públicas. • Contemplar la participación más activa del personal operativo de las instancias públicas, ya que tienen el trato directo con la población.

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• Impulsar la gestión de los recursos realizada por las instituciones, y que se solicite a las áreas de finanzas en los Presupuestos Operativos Anuales (POA) que se emitan lineamientos y metodologías con el diseño transversal en derechos humanos. • Asignar el presupuesto proporcionalmente por sectores de población y optimizar los recursos mediante mecanismos de transparencia y rendición de cuentas ya que permite vigilar en qué y cómo se están aplicando en los programas. • Generar información estadística, diagnósticos e indicadores verídicos y confiables para que los derechos sean exigibles. En torno a las responsabilidades de los entes ejecutores, se propone: • Especificar las atribuciones que le corresponden a cada entidad de manera adecuada y consensuada. • Realizar las reformas necesarias a la normatividad interna para lo que los entes ejecutores puedan tener amplias atribuciones en torno a la implementación de las líneas de acción. • Fomentar un trabajo cercano con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y crear espacios permanentes de discusión y colaboración con organizaciones de la sociedad civil y la academia.

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Sintesis Ejecutiva Final 10 Dic 2010  

Sintesis ejecutiva

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