A finales de la década de los noventa la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME) organizó un taller entre académicos, dirigentes políticos, representantes de la Junta Central Electoral y de la sociedad civil
para la discusión de un estatuto jurídico relativo a los partidos políticos. El resultado fue la propuesta de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que comenzó a ser objeto de debate en los diferentes círculos políticos y académicos del país, llegando a ser sometida formalmente ante la Cámara de Diputados por la legisladora Licelott Marte de Barrios