Es notorio que el crecimiento de la matrícula estatal (169% de crecimiento acumulado) se ha producido a un ritmo sustancialmente mayor al de la población en general (106% de crecimiento acumulado) y al de la población en edad de ingresar a la Primaria en particular (47% de crecimiento acumulado y con una tendencia a la reducción desde 1998). Esto muestra dos fenómenos concurrentes de gran relevancia para el país: por un lado, el incremento de la cobertura en general; y, por otro, el incremento de los años de escolaridad de la población, que en efecto han crecido a un ritmo importante, lo que supone un mayor acceso así como una mayor permanencia de la población en los servicios educativos9. Es fundamental anotar esto ya que, como se prueba in extenso en el capítulo III, Estructura y dinámica de la matrícula en los años noventa, las perspectivas futuras respecto de la matrícula estarán marcadas por una tendencia al crecimiento de la matrícula en Educación Inicial y Secundaria y una reducción paulatina de la matrícula en Educación Primaria. Por otra parte, estos crecimientos en cobertura y nivel de escolaridad han estado acompañados de una caída en el gasto estatal por alumno matriculado. Dicho gasto ha evolucionado de manera bastante similar a la asignación presupuestal para las labores edu-
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La escolaridad promedio de la población de 15 años y más, medida en años de estudio logrados, era la siguiente: 1,9 años en 1940; 3,1 años en 1961; 4,4 años en 1972; 6,0 años en 1981 y 7,7 años en 1993. La información de las Encuestas de Hogares (ENAHO) muestra que este índice se ha elevado a 8,7 para 1999. 10 Rodríguez y Silva (“Decisiones de política...”, op. cit.) dan cuenta de que la asignación presupuestal es, para este período, la variable más fuertemente asociada a la asignación del gasto por alumno, mostrando así la relevancia de las decisiones de política en la determinación de la magnitud de los servicios que la población recibe. 11 Peru. Education at a Crossroads: Challenges and Opportunities for the 21st Century. Report 19066PE, dos volúmenes. Washington DC, diciembre de 1999. 12 Estimado por la Oficina de Planificación del MED a partir de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (en adelante ENNIV) 1997.
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cativas, mostrando una recuperación en la última década, aunque ésta se inicia con el nivel más bajo de gasto observado en el período considerado10. Como lo señala un reciente estudio del Banco Mundial11, los logros en cobertura se habrían pagado con una merma en la calidad de los servicios que los estudiantes reciben (empezando por la remuneración y desempeño docentes), en tanto ésta depende directamente del nivel de gasto público correspondiente. También es importante destacar que la asignación presupuestal a la Educación se ejecuta mediante un esquema pretendidamente igualitario que asigna los recursos sin establecer mayores diferenciaciones para compensar diferencias socioeconómicas que condicionan el nivel de logro de los objetivos educativos. Las principales diferencias se dan entre la asignación por niveles educativos y son independientes de la situación socioeconómica de los estudiantes. Este esquema de asignación “igualitaria” de una cantidad exigua lleva a que los servicios de educación estatal que, por ley, son gratuitos requieran para su sostenimiento un gasto familiar que asciende aproximadamente a un punto porcentual del PBI12, es decir a casi un tercio de lo que asigna el Estado a la educación pública. Ahora bien, este gasto familiar no es igual para todos los estudiantes en la medida en que depende directamente de las posibilidades económicas de cada familia. Así, el servicio público que cada estudiante recibe depende de la asignación “igualitaria” del Estado y del gasto familiar proporcional a las posibilidades económicas de las familias. Asimismo, debe tomarse en cuenta la capacidad de los centros y programas educativos para obtener fondos adicionales, la cual también está asociada de modo directo al nivel socioeconómico del entorno social en el que operan; un entorno mejor dotado económicamente es más propicio para obtener ingresos adicionales. Es decir, la exigua asignación estatal por alumno es ajena a las disparidades sociales existentes, de las que, en último término, depende el servicio educativo efectivamente prestado. El actual esquema de asignación presupuestal pretendidamente “igualitario” no contribuye a la creación de igualdad de oporP R O G R A M A MECEP